El  “socialismo del siglo XXI” ha marcado una profunda impronta cultural al conjunto de la sociedad. Los anti valores de la corrupción, el autoritarismo, centralismo, y la vocación hegemónica, que han caracterizado a esta corriente política, han permeado  a los sectores llamados a suplantar su presencia en la conducción del estado y de la sociedad. Veinticinco años de hegemonía y control absoluto del poder, les ha permitido destruir el tejido social creado en la democracia y contaminar, de forma negativa,  la vida social y política de la nación.

De entrada se ha profundizado un relativismo ético. Perdimos como sociedad el respeto al valor del trabajo honrado y el respeto a lo ajeno. Existe una tentación a la riqueza fácil, a apropiarse de forma indebida de los bienes ajenos. El saqueo perpetrado en estos años de la revolución, con absoluta y total impunidad, por la amplia legión de activistas revolucionarios y de unos cuantos militares, devenidos en altos funcionarios de la administración pública, no tiene precedentes en el último siglo de vida Republicana.

En el campo político propiamente dicho, el anti valor más extendido es el de la vocación hegemónica y autoritaria.  La tentación por perpetuarse en las funciones de control político y/o del estado. De usar las instituciones para el ejercicio personal y familiar de un poder ilimitado. Esa conducta ha entrado hasta los tuétanos en buena parte de nuestra sociedad. Cada dirigente siente que está llamado a ejercer las funciones de dirección de forma indefinida. Vale decir los valores del pluralismo político y doctrinario,  y de la alterabilidad democrática los hemos desechado.

De ordinario, todo el que asume una representación política siente que debe perpetuarse en su ejercicio. Y si las circunstancias no le permiten su permanencia en las funciones, entonces se las arregla para que su familiar más próximo (hijos o pareja) ejerza en su nombre dichas funciones. Esto nos trajo la figura de la reelección indefinida para el ejercicio del gobierno y de otras funciones públicas.

Hugo Chávez, en su ambición de poder absoluto y eterno, estableció primero, usando sus operadores en la Asamblea Constituyente de 1999, la reelección inmediata del Presidente y demás cargos ejecutivos de elección popular.  Doce años le parecieron muy poco. Las ilimitadas atribuciones establecidas al Presidente de la República también le parecieron pocas. Aquel traje a la medida confeccionado con la estructura del poder público en la Constitución de 1999 ya en el 2007 le quedaba muy ajustado. Entonces presentó el proyecto de reforma constitucional para avanzar al Estado Socialista o Comunal, donde los poderes conferidos a su autoridad le fuesen ampliados y donde su permanencia en el poder se estableciera de forma indefinida. Los 33 artículos del proyecto de reforma constitucional del 2007 pusieron en evidencia el talante autoritario que le caracterizó. La lucha de la sociedad democrática impidió su aprobación y en el memorable referéndum del 2 de diciembre del 2007 se rechazó la propuesta. El comandante no aceptó la decisión mayoritaria de la sociedad. Continuó maniobrando para impulsar sus pretensiones.  Dos años más tarde propone una enmienda para garantizar su permanencia en el poder. Es así como El 15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum y se aprobó la primera enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida.

Chávez logró su objetivo garantizar su permanencia y la de su camarilla en el poder. Solo que él pensó que sería eterno. Pocos años pudo hacer uso de su pretensión, pero la nación venezolana ha sufrido de forma dramática la permanencia en el poder de la cúpula ineficiente y corrompida instalada por él en el poder.

No tengo duda alguna que esa figura de la reelección ha sido una causa fundamental en la destrucción de nuestro país porque ha impedido la alterabilidad, no solo en el poder nacional, sino en otros niveles y sectores de la sociedad. Lo lamentable de esta figura y de esta conducta es que ella agrada a sectores que se oponen a los sucesores de Chávez en el poder.

Varios de ellos luchan para derrotarlos política y electoralmente, pero sueñan que esa norma les permitirá a ellos establecerse, junto a sus equipos, por muchos años en el poder. La tentación hegemónica no solo está presente en los partidarios de la revolución bolivariana. Está ahí subyacente en muchos de los que se le oponen. Sería muy trágico para nuestra sociedad que salgamos de una hegemonía para caer en otra.

Es esa la razón que me viene moviendo desde hace ya casi 10 años de impulsar un cambio de la estructura del poder público nacional para garantizar su equilibrio y su alterabilidad. Mi propuesta de eliminar, para los cargos ejecutivos, la reelección indefinida, y para el cargo de presidente consagrar la no reelección absoluta, tiene que ver con nuestras debilidades instituciones y culturales, y con nuestro compromiso de garantizar que la democracia sea una realidad cultural, jurídica y política para nuestro país.

Por eso considero fundamental, en el marco del debate que estamos adelantando, con miras al proceso de elecciones primarias,  para seleccionar una candidatura unitaria que enfrente al actual aspirante a la reelección “eterna”; precisar si tenemos la voluntad política de vacunar a la sociedad venezolana contra el virus de la hegemonía política y personal del poder.

He sido persistente, reiterativo y sistemático en estos años con esta materia, porque la considero un elemento esencial para restablecer la democracia y garantizar su estabilidad en el tiempo. Percibo en sectores importantes poca receptividad a la tesis. Pareciera que varios de ellos añoran el poder por largo tiempo. De forma directa o indirecta evaden el tema, o expresan sus dudas. Algunos argumentan que cinco años es muy poco tiempo “para reconstruir al país”, como si esa tarea fuese solo la labor de una persona en ejercicio del poder. Otros sostienen la tesis de un periodo de cuatro años, con una  reelección inmediata, al estilo norteamericano, como si aquí tuviésemos el desarrollo institucional y cultural de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir gobernar ocho años. Pocos recuerdan que en el siglo XX el periodo de 5 años era suficiente para adelantar, como en efecto se adelantaron, importantes gestiones de gobierno.

Venezuela debe abandonar el síndrome del caudillismo, del líder único. Venezuela necesita un liderazgo plural para impulsar una sociedad de instituciones que sustituya la cultura caudillista reforzada y potenciada  por el “socialismo bolivariano”.

La Universidad Central de Venezuela ha estado en el centro de la opinión pública nacional durante las últimas semanas. Luego de años sin poder elegir sus autoridades, se logró convocar a la comunidad universitaria para seleccionarlas en todos los niveles. La alternabilidad en el ejercicio de las funciones conductoras  es vital para el crecimiento de las organizaciones.

La universidad venezolana en general  ha sido víctima, en estos años de la revolución, de un cerco institucional y financiero que ha limitado severamente el ejercicio de su  democracia interna y el pleno desarrollo de sus funciones. La cúpula gobernante ha querido controlar y someter a la institución universitaria, pensando que con ello puede avanzar en el control absoluto de la sociedad. Se han encontrado con un sólido muro de resistencia. En cada casa de estudios superiores hemos contado con mujeres y hombres de elevados principios y de recio carácter, que han resistido la embestida autoritaria contra la libertad de cátedra, la autonomía de la academia y la defensa de los valores democráticos de la sociedad y de la universidad.

En la UCV una de esas voluntades indoblegables ha sido el Profesor Nelson Chitty Laroche. Su recia personalidad ha estado presente en su seno para defender la República y  la Universidad, pero sobre todo defender el derecho de nuestra juventud a la educación y al crecimiento intelectual y social.

Nelson Chitty La Roche es un destacado ciudadano, jurista, tribuno, figura pública por muchos años, escritor y articulista de fina pluma y densos contenidos, que ha hecho de su cátedra en la Universidad Central de Venezuela un apostolado por la nación, por su juventud, por los valores superiores de la justicia, la libertad y la democracia. Cuarenta años ininterrumpidos entregados a la juventud venezolana, en las aulas de nuestra alma mater,  constituyen un testimonio de servicio que ha sido recientemente reconocido por un segmento significativo de la comunidad universitaria y nacional.

En efecto, con ocasión del proceso electoral, cumplido en su primera vuelta,  para elegir a las nuevas autoridades de la UCV, el Profesor Nelson Chitty Laroche se postuló para el cargo de Vice Rector Administrativo recibiendo un respaldo que lo colocó en primera plana de la comunidad universitaria y de la comunidad nacional. Ahora, el próximo 30 de junio, tendrá lugar la segunda vuelta, en la que le deseamos y recomendamos su elección. En todo caso, cualquiera que sea el resultado de esa votación, lo que deseo colocar de relieve es el recio compromiso con el país y con la universidad que ha caracterizado a este distinguido amigo y compañero de luchas por la dignidad humana, la justicia social y la democracia.

Chitty no se ha limitado a ser un excelente docente que va de su casa a la universidad, al escritorio profesional y de nuevo a su entorno privado. Ha sido a lo largo de su existencia un hombre de pensamiento, de ideas y de luchas sociales y políticas. Ha ejercido con brillo, sencillez y también densidad científica su cátedra jurídica, especialmente en el área del Derecho constitucional. Pero su magisterio no solo es técnico y científico, es además una pedagogía ciudadana, para una juventud universitaria que llega a las aulas buscando conocimientos, experiencias y relaciones humanas con las cuales construir sus propias vidas.

Pero más allá de la Universidad ha estado presente,  en primera línea, desde muy joven, en las luchas de nuestra nación para construir una sociedad donde el derecho y no la arbitrariedad, sea el ordenador de la vida social. Abrazó la causa de la democracia cristiana, allí se sumergió en el estudio del pensamiento judeo cristiano. Conoció la evolución de la filosofía y de las ideas que han movido al mundo y han producido la arquitectura social de estos tiempos. Allí entendió, con el estudio de la historia, la complejidad de la vida humana y de la evolución de la humanidad.

Su presencia en las comunidades populares de Caracas, Petare y en la vasta e intrincada geografía nacional aceró su espíritu, fortaleció su carácter y lo hizo parte de ese tejido humano que es nuestra sociedad, con sus virtudes y sus limitaciones, con sus grandezas y sus miserias.

En ese quehacer ciudadano, político y partidista se sembró en el corazón de muchos compatriotas que le reconocemos su bonhomía, su talento, su honestidad y su compromiso con los valores superiores del humanismo.

Esas cualidades lo llevaron por tres periodos consecutivos al parlamento nacional, donde ejerció con brillo la representación de los ciudadanos. Destacó como diputado y líder parlamentario, en la presidencia de comisiones importantes, como la de Contraloría, en los tiempos en los que el Parlamento ejercía a plenitud sus funciones de representación, legislación y control de los demás poderes del estado. Fue jefe de bancada parlamentaria, y como tal, factor fundamental en la conducción del poder legislativo nacional.

Nelson Chitty en la UCV, en la cátedra, en el Consejo Universitario, en el Vice Rectorado,  y/o  en los pasillos es y será un testimonio de autenticidad, una voz que habla a la conciencia, un científico del derecho, una cátedra de civismo, civilidad y ciudadanía, un ejemplo de sencillez, honestidad y autenticidad.

César Pérez Vivas

El pasado lunes 29 de mayo, el presidente de Brasil recibió en Brasilia a Nicolás Maduro en un gesto destinado a reinsertar su gobierno antidemocrático en la comunidad internacional, especialmente en la de nuestro continente. Para cumplir ese objetivo, Lula se inventó una cumbre de los presidentes de los países suramericanos, una suerte de nueva versión de Unasur.

En la antesala de la cumbre, en una reunión bilateral, “Lula calificó de ‘narrativas’ las acusaciones de dictadura en el país. ‘Maduro sabe la narrativa que construyeron contra Venezuela durante tanto tiempo’, dijo el presidente brasileño». (https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/maduro-llega-a-brasil-para-participar-de-una-cumbre-regional-convocada-por-lula-nid29052023/?outputType=amp)

Más allá de las afinidades ideológicas y de los intereses comunes que ambos personajes defienden, hay una realidad que nadie puede ocultar, por muy grande y poderoso que Brasil sea.

La magnitud de la tragedia y la claramente documentada conducta autoritaria de Maduro, hacen que las palabras de Lula no hayan logrado el objetivo de limpiarle su rostro,  marcado por la constante violación a los derechos humanos de nuestros ciudadanos.

Por el contrario, Lula ha logrado nuevamente recordar en todo el continente, la cruda verdad que padecemos en esta nuestra Venezuela.  Desde el mismo seno de la cumbre se alzaron las voces de los presidentes de Chile y Uruguay para expresar el rechazo de sus gobiernos, al intento de crear una nueva “narrativa” de nuestra tragedia.

Si bien las palabras de los dignatarios citados retumbaron en todo el continente y allende el Atlántico, más impacto generaron los silencios. Es de la naturaleza de los encuentros políticos en todos los niveles, máxime en una cumbre de presidentes, la fijación de criterio por parte de los participantes. Cada sector, en este caso, cada país se pronuncia respecto de los temas en debate para dejar sentados sus puntos de vista, los cuales finalmente se convierten en elementos para los documentos con los cuales se asumen acuerdos y se comunican decisiones importantes.

Uno de los silencios más elocuentes fue el de Gustavo Petro, el presidente de la hermana y vecina Colombia y el de Alberto Fernández, el presidente argentino. El ocupante del Palacio de Nariño no acompañó el planteamiento de Lula. No partió lanzas para acompañar la tesis, según la cual, a Maduro le han creado una imagen ficticia e injusta de autócrata. ¿Porque el silencio de Petro?

Recordemos que él ha solicitado, en público y privado, el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de los derechos  humanos. Al formular tamaña solicitud está presentando una tesis totalmente distinta a la de Lula. Está proponiendo un retorno a la legalidad democrática. No otra cosa significa el Pacto de San José y las decisiones de los órganos establecidos para hacer efectiva su vigencia, vale decir,  la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Lula quería extrapolar la narrativa del canal 8, es decir crear las condiciones mínimas para ofrecer y promover una versión de Alicia en el país de las maravillas. Vale decir, comunicarle al mundo que Venezuela es una democracia ejemplar, respetuosa de los derechos humanos, un sistema trasparente que administra con honradez, en bien de sus ciudadanos, los recursos de que dispone. Además de que  viven a plenitud una época de bienestar y justicia, gracias al eficiente gobierno que encabeza Nicolás Maduro.

Para Lula lo que el mundo ha visto es una “narrativa distorsionada”. Es decir, aquí no hemos asistido a eventos arbitrarios, desconocedores de las más elementales reglas de la democracia, como por ejemplo, el desconocimiento absoluto a la Asamblea Nacional elegida en diciembre del 2015, tras la cual se impulsaron procesos electorales con fraude a la constitución, como aquel que convocó una inconstitucional Asamblea Constituyente, o el que eligió una Asamblea Nacional incorporando 120 diputados de una circunscripción nacional no establecida en la constitución. También le parece al Señor Lula una “narrativa”, es decir un cuento, el adelanto de las elecciones presidenciales en 2018, dejando sin garantías a la oposición política.

Lula, en su afán de maquillar a la “revolución bonita” olvidó el monumental expediente preparado por la oficina de la alta Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, sobre la ejecución de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Por supuesto que también omitió el proceso en curso en el seno de la Corte Penal International. Los hechos son tantos y tan protuberantes que no hay forma de ocultarlos.

No se trata de un tema de un tema de contradicciones o disputas políticas e ideológicas. De cuentos o narrativas pre fabricadas. Se trata de hechos y comportamientos públicos y notorios. Una líder de la izquierda latinoamericana como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, jamás se hubiese prestado para montar “una narrativa distorsionada”. Su oficina documentó minuciosamente ese proceso y se trata de crímenes cometidos contra la ciudadanía venezolana.

Lula ha logrado el efecto contrario. No pudo limpiar a Maduro de sus responsabilidades políticas. Al contrario ha comenzado mal su nuevo gobierno al asumir la defensa de un régimen político causante de la tragedia humanitaria más  numerosa y dolorosa del siglo XXI latinoamericano. No logró integrar en un solo bloque a la izquierda continental, por el contrario, quedaron en evidencia las divergencias y los severos cuestionamientos que explican porque el régimen “bolivariano” se ha ganado el repudio de la comunidad internacional.

 César Pérez Vivas

Los venezolanos buscamos con afán un cambio en la conducción del Estado. Cada uno de nosotros sueña con un país mejor. Quien esto escribe ha luchado a lo largo de su vida por una nación moderna, próspera, justa, eficiente y solidaria.

La dinámica de nuestra vida republicana nos lanzó al abismo de la pobreza, la amoralidad, la corrupción, la incultura, la autocracia, la desintegración familiar, en fin, a la barbarie.

Tal situación nos obliga con mayor fuerza a soñar de nuevo la nación amada. Soñar y actuar. Porque lo que no se crea en la mente y no se siente en el corazón, en primera instancia, no puede hacerse realidad.

Sueño y lucho por una Venezuela donde se respeten los derechos humanos de todos sus ciudadanos.  Donde la ética sea un eje transversal en su vida social y política. Donde las personas (todas las personas) tengan derecho a los bienes materiales y espirituales básicos para la vida posmoderna. Esto significa una nación donde todos puedan alimentarse sin dificultades, contar con asistencia de salud de calidad, educación integral, servicios de primera, recreación y capacidad de realización social.

Ese sueño, consciente estoy, no se logra por decreto, ni se alcanza por arte de magia. Para ello se requiere una inmensa voluntad de toda la nación y muy especialmente de los diversos sectores dirigentes de la sociedad.

Para alcanzar ese sueño es menester recuperar la democracia. Reinstaurar un Estado de Derecho que garantice igualdad frente a ley y justicia oportuna para todos. Un Estado de Derecho que garantice la libertad en todas sus formas. Requerimos recuperar la libertad de asociación, la de prensa, la económica y la  de todos los presos políticos.

Un Estado de Derecho garante de la propiedad privada y promotor de la inversión nacional y extranjera, para que pueda establecerse una economía de mercado próspera.

Un Estado de Derecho que garantice el acceso a la justicia de forma limpia y eficiente. Para que existan tribunales honestos capaces de “dar a cada quien lo que le corresponde”.

Para alcanzar esa democracia, ese Estado de Derecho, esa primacía de la libertad, hay que transformar el Estado autoritario, creado a la sombra de la Constitución de 1999, y construir un estado verdaderamente democrático. Tal desafío significa hacer importantes cambios constitucionales. Entre otros consideró fundamental consagrar los siguientes:

1. Fortalecer al parlamento.

2. Limitar el presidencialismo.

3. Crear una justicia independiente.

4. Hacer realidad el Estado Federal.

Para fortalecer el parlamento es fundamental instaurar el Congreso Bicameral, regresándole atribuciones históricas que la Constitución de 1999 le suprimió. La más importante: el control de la política militar, mediante la autorización del Senado a los ascensos de los altos grados militares.

Eliminar la figura de la habitación legislativa, mediante la cual se ha vaciado en buena parte de este siglo la razón de ser del cuerpo legislativo, como es precisamente la de dictar las leyes. Constituye una aberración que un parlamento renuncie a su más importante facultad, la de dictar las leyes, para transferírselas al presidente de la República.

Al fortalecer la institución parlamentaria se reduce a su justa dimensión la institución presidencial.

Pero para un mayor equilibrio de los poderes será fundamental, además, impulsar los siguientes cambios:

a. Reducir el período presidencial a cinco años.

b. Establecer la no reelección absoluta del presidente de la República.

c. Consagrar la doble vuelta presidencial.

La necesidad de crear una justicia independiente requiere la designación conforme a la Constitución de los magistrados del TSJ y la creación de un Tribunal Constitucional con competencias claramente determinadas.

Para lograr un desempeño eficiente del Estado y poder alcanzar las metas aquí enunciadas es muy importante salir del asfixiante centralismo, y establecer el Estado Federal que le permita a las diversas regiones, municipios y comunidades de nuestra Venezuela, impulsar su desarrollo sin tener que estar implorando a la burocracia centralista atender una problemática que le es ajena y que no está en capacidad de resolver.

Como podemos apreciar, la miseria, el colapso de los servicios públicos y la estampida humana que hemos sufrido tiene su causa en un Estado ineficiente y centralista. Se trata de un problema político, que sumado al grave problema ético de nuestra sociedad, hacen de nuestra sufrida nación un país colapsado. Soñemos y luchemos. Cambiemos el Estado autoritario, construyamos democracia para alcanzar el desarrollo.

 César Pérez Vivas

La tragedia de la nación venezolana regada por el mundo registra cada día un episodio más doloroso. Venezuela está en cada ciudad y en cada país donde las oleadas humanas de nuestros compatriotas han huido para buscar sobrevivir a la debacle creada por “la revolución bolivariana”.

Las cifras de los organismos internacionales establecen en más de 7 millones, los ciudadanos que han abandonado el territorio venezolano. Es tan voluminosa la masa humana que deambula por el mundo, y muy especialmente por este continente americano, que hemos impactado la vida de nuestros vecinos.

La tristeza nos embarga cuando recibimos noticias de ese peregrinaje, a pie, o en precarios transportes, para tratar de llegar a algún destino.  Son ya incuantificables las víctimas venezolanas en las carreteras, caminos y selvas del continente americano. Desde la Patagonia hasta Canadá tenemos casos de venezolanos tramontando caminos para ir a buscar un trabajo, un familiar o un amigo con el cual rehacer su vida, luego de haber dejado familia, bienes y amistades en esta tierra.

El tapón del Darién, la selva panameña, que sirve de muro de contención a las oleadas humanas del sur hacia el norte, registra historias dramáticas de amigos que, desafiando la furia de sus ríos, lo intrincado de la selva, el acecho de las fieras y la extorsión de los grupos delictivos, han logrado sobrepasarla para avanzar hacia el sueño americano.

Superando obstáculos de todo tipo, son miles, los que han logrado ingresar al territorio de Estados Unidos. Muchos han podido instalarse en el coloso del Norte, otros han sido devueltos.

La semana pasada la opinión pública recibió con indignación y pesar la noticia del asesinato de 8 compatriotas migrantes alojados en un centro de acogida en Estados Unidos de América, concretamente en Brownsville, Texas. Un personaje enfermo, transmutado en criminal, lanzó su vehículo contra un grupo de venezolanos que compartían frente a ese albergue. Perdieron la vida luego de haber realizado el riesgoso recorrido hasta el norte. Sobrevivieron a las vicisitudes del camino y vienen a morir, cuando ya había entrado al territorio norte americano.

El mismo dolor, la misma indignación sufrimos en el incendio provocado el pasado 28 de marzo en México, donde murieron calcinados y asfixiados ocho compatriotas.

Otro evento lamentable ha sido la presencia de centenares de compatriotas en la frontera de Chile con Perú. Agobiados por la falta de acceso a un estatus de legalidad, en territorio chileno, decidieron regresar hacia su país la mayoría, y otros buscando avanzar hacia  Estados Unidos. Semanas retenidos en esa frontera. Una campaña de muchos sectores, en la cual me involucré, logró que ese contingente humano avanzara a nuestro país.

La diversidad de problemas y episodios surgidos a las familias de la diáspora, y a las comunidades afectadas, dan para una investigación y un documento de amplio alcance. Ahora solo pretendo dejar constancia de mi dolor por tanto sufrimiento. De la necesidad de parar esa hemorragia humana. Venezuela no puede seguir perdiendo su población, por la miseria y la barbarie que se ha instalado en nuestro territorio.

Resulta existencial superar el actual cuadro de postración que vivimos. Para ello es fundamental lograr el cambio político. La presencia en el poder de la camarilla dominante constituye un aliciente diario para la huida del país. Es nuestro deber abrirle cauce a la esperanza. Para ello el proceso electoral del año 2024 es determinante.

Nuestro deber es prepararnos en todos los órdenes para enfrentarlo. Los riesgos sobre ese proceso son muy elevados. Conocemos muy bien la capacidad de alevosa destrucción de la camarilla gobernante. No por eso debemos dejar el campo solo.

En la sociedad democrática debemos estar listos para hacerle frente a Maduro y su camarilla en el escenario electoral. Si él decide confiscar el proceso, abortarlo o desconocerlo, que sea de su absoluta responsabilidad. No podemos, quienes nos oponemos a su continuismo, facilitarle la tarea.

La responsabilidad de los dirigentes y de los ciudadanos debe ponerse de manifiesto en esta hora. Cada uno asumiendo su rol.

Esa nación que existe más allá de nuestras fronteras, y la que aún continúa en nuestro territorio, no puede seguir sufriendo la precariedad, la miseria y la prepotencia de una camarilla tan voraz y malévola como la que nos oprime.

 César Pérez Vivas

La indignación causada por la ausencia de una política salarial y los anuncios del programa de bonos del régimen aún está haciendo estragos en el alma de la nación.

La tristeza cundió en el alma nacional. Las luchas de los educadores y de los trabajadores, del sector público, libradas durante todo lo que va del año, exigiendo salarios dignos, fue absolutamente desoída por la cúpula gobernante.

Maduro no fue capaz de preparar un plan que le permitiese anunciar una política medianamente aceptable.

Su presentación al país, el pasado Primero de Mayo, constituyó una bofetada para los trabajadores activos y jubilados que guardaban la esperanza de una recuperación, aunque fuese leve, de su capacidad adquisitiva.

Al comparar la triste situación de los trabajadores con la opulenta vida de los jerarcas de la revolución la indignación crece exponencialmente.

Pareciera un plan deliberado de destrucción de la economía y de saqueo de las riquezas nacionales, así como de las finanzas públicas.

No hay otra forma de entenderlo.

Lo cierto es que el ajuste económico adelantado por Maduro es inédito en la historia de la economía contemporánea. No ha habido ningún gobierno, en el hemisferio occidental, que haya aplicado un plan de estrangulamiento de los ciudadanos, y muy especialmente de los trabajadores, como el que estamos experimentando los venezolanos.

Mientras la camarilla gobernante exhibe sin pudor una riqueza ofensiva, la inmensa mayoría carece de lo más elemental para vivir: alimentos y medicinas.

Hechos los anuncios de bonos y la no recuperación del salario, se procedió después a anunciar cambios en el valor de dichos bonos. Ello sólo demuestra la falta de seriedad y planificación de quien hoy dirige la hacienda pública nacional.

Se le pasaron los días y los meses y no hubo capacidad para organizar las finanzas públicas. Se percataron del inmenso desfalco de la banda delictiva establecida en Pdvsa, cuando la calle denunciaba la miseria y exigía salarios, pero ni daban respuesta, ni ordenaban la casa, ni mucho menos se dispusieron a preparar una política efectiva para atender la dramática situación de los trabajadores, por lo menos para esa fecha emblemática del Día del Trabajador.

La economía es un tema que poco importa a Maduro. Para él lo fundamental es perpetuarse en el poder. Por eso ha permitido el saqueo de las riquezas nacionales. Por eso ha permitido que cada uno de esos personajes, integrantes de su camarilla, hagan con los recursos lo que se hizo en Pdvsa.

Esa es la razón por la que he sostenido la necesidad de  la salida de Maduro y su camarilla del poder.

Lo ideal sería que fuese ya. Que él asumiera su responsabilidad y llamara a construir un gobierno de emergencia. Que apelara a un ciudadano con capacidades para organizar el caos existente y con autoridad moral para armar un gobierno con personalidades capaces de atender la emergencia. Para ello, Maduro mismo, procedería a designarlo vicepresidente, y acto seguido presentaría su renuncia de modo que opere el dispositivo constitucional previsto en el artículo 233 de nuestra carta fundamental.

De esa forma la nación venezolana podría aprovechar más de año y medio para iniciar el proceso de reestructuración necesario a los fines de reconstruir material y espiritualmente al país.

La inercia que hoy tenemos es definitivamente disolvente. Los efectos demoledores de la tragedia tocan la humanidad entera de nuestra sociedad. Tenemos un ambiente cargado de rabia, frustración y desesperanza.

Nuestra lucha está orientada a sostener la esperanza, a abrirle caminos al trabajo societario, pero la precariedad lo limita cada día.

Los ciudadanos apenas logran levantarse cada día para sobrevivir. El tiempo y el espíritu para pensar soluciones políticas o fórmulas alternativas no existe. La mayoría inmensa se encuentra en la base de la pirámide que con certera agudeza creó y describió el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, en 1943, en su libro Una teoría sobre la motivación humana.

En medio de esa realidad continuamos una lucha difícil y desafiante orientada al cambio cultural, pero fundamentalmente al cambio político. Él es fundamental para lograr salir de la anomia y de la pobreza que nos embarga.

Llegamos al Primero de Mayo, Día del Trabajador, en la peor situación de nuestros trabajadores en toda la historia venezolana. La jornada no se ejecutó para celebrar, se convocó  para reclamar la destrucción del salario y la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Mientras en buena parte del mundo el espíritu de la celebración es festivo, aquí fue absolutamente reivindicativo.

La dramática situación socio económica de los trabajadores venezolanos, fruto del monumental fracaso del socialismo del siglo XXI, hace que esta fecha tenga un significado especial. Estamos frente a un salto hacia atrás, una regresión absoluta de los derechos básicos de los trabajadores.

Paradójicamente es en el gobierno de quien se autoproclamó como el “presidente obrero” que los trabajadores vieron destruir su salario y sus derechos laborales, hasta el punto de un nuevo esclavismo. En tiempos de la colonia los esclavos por los menos tenían aseguradas las  tres comidas diarias, ahora con el salario que paga la revolución no hay forma de cubrir ese requerimiento existencial.

Este Día del Trabajador debemos asumirlo para elevar el nivel de consciencia de todos los ciudadanos respecto de importancia de rescatar la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de un estado democrático. Solo de esa forma podremos rescatar desde el derecho a la vida hasta el derecho a la recreación,  pasando por el derecho a un salario digno, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, al de libre asociación de los trabajadores, vale decir el derecho a afiliarse a sindicatos que les representen y adelanten la contratación colectiva. Todos esos derechos desconocidos por la cúpula roja atornillada en el poder.

Por muy fanático que se pueda ser en la defensa de un régimen inepto y corrompido como este, no es posible ocultar la triste verdad que hoy padecemos los ciudadanos, pero muy especialmente los trabajadores del sector público.

En efecto la destrucción de la administración pública, la híper burocratización y el asalto continuado de las finanzas del Estado,  han terminado por abolir el salario como el ingreso fundamental de los trabajadores de acuerdo con el artículo 91 de la constitución, que textualmente expresa:

“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”

En este Primero de Mayo el país esperaba que Nicolás Maduro anunciara un verdadero ajuste salarial. Que luego del desmantelamiento de la banda de Pdvsa, responsable del robo de más de 20.000 millones de dólares, hubiese detenido la sangría y estuviese en condiciones de elevar el salario mínimo.

Para mayor indignación y frustración de todos los trabajadores, incluidos los que estaban en la marcha gobiernera, Maduro no elevó el salario y apenas hizo un anuncio de un incremento de 13 dólares mensuales a través del bono de alimentación y de un bono denominado de guerra económica.

Una brutal burla a la clase trabajadora venezolana que hoy guardaba la esperanza de un mayor ajuste, y sobre todo de un incremento del salario para que el mismo pudiese tener efecto en las vacaciones, aguinaldos y prestaciones.

Si algún sector del país aún tenía dudas de la incapacidad de Maduro para gobernar, hoy han debido despejarla. Hasta el punto de que en la misma asamblea donde el ocupante de Miraflores hizo el anuncio, se mostró rechazo abierto a esa medida.

Entramos ahora en una nueva etapa de decepción y desesperación de la población. Es imposible para un trabajador vivir con un ingreso mensual de 65 dólares. Mucho más dramática es la situación de los jubilados y pensionados, a quienes no se les paga el bono de alimentación, y cuyo ingreso queda reducido a la ínfima suma de 5 dólares.

Asistimos a una política de exterminio por hambre contra un segmento significativo de la población, la de mayor edad, la que entregó su vida al trabajo, y a la que ahora se le somete a semejante vejación.

A todo ese cuadro socioeconómico debemos agregar la política de hostigamiento y persecución a la que ha sido sometida la dirigencia de los trabajadores.  Dirigentes presos injustamente, desconocimiento de los derechos contractuales de los trabajadores hasta el punto de hacer nugatorio el derecho a la contratación colectiva.

Esa es la realidad del mundo del trabajo en este Primero de Mayo. Para cambiar ese cuadro hay que sacar del poder, voto a voto, en la próxima elección presidencial a Nicolás Maduro.

Sin un cambio político será imposible lograr un cambio económico que permita contar con los ingresos suficientes para alcanzar un salario digno, con un respeto a todos los derechos de los trabajadores, como lo ordena la constitución.

En honor, y por  los  trabajadores venezolanos, libramos esta lucha promotora del cambio en Venezuela.

 César Pérez Vivas

La tragedia venezolana ha sido un tema recurrente en la agenda internacional. Hemos tenido momentos de alto interés y actividad de la comunidad de naciones y sus organismos,  buscando la restitución del estado de derecho en Venezuela, promoviendo el dialogo entre los diversos sectores políticos y sociales; así como etapas de alta tensión por la ruptura de relaciones diplomáticas con diversos países, y por las sanciones que importantes personajes de la cúpula gobernante han recibido, además de las aplicadas al estado como resultado de la deriva autoritaria por la que se deslizó el régimen encabezado por Nicolás Maduro.

La conducta tozuda, inflexible e irreverente del ocupante de Miraflores, su reiterada ambición de perpetuarse en el poder ha impedido una rectificación. Las consecuencias de dicho comportamiento han significado un incremento de la pobreza y de las calamidades de nuestros ciudadanos, la continuación del proceso migratorio y de la violación de los derechos humanos.

Ese comportamiento antidemocrático, los cambios de gobierno en nuestro continente, la explosión de la guerra en Ucrania, y el surgimiento de la pandemia del corona virus, hicieron que nuestra situación pasara a un segundo plano en la agenda internacional. El caso Venezuela se relativizó, las iniciativas implementadas no produjeron  los frutos deseados, la alternativa de cambio perdió impulso por graves errores estratégicos de los actores internos y externos. Se hizo presente un agotamiento, un cansancio o un hastío con nuestra tragedia.

En tanto esa realidad se hacia presente en la agenda internacional, en el plano interno la dictadura ha continuado en la misma dirección de soberbia y desprecio para todos quienes no compartimos su presencia en el poder. Con el control absoluto de todo el poder ha sembrado el mito de su invencibilidad. No obstante, su propia naturaleza autoritaria les ha producido el mas brutal fracaso en la gestión de los asuntos públicos, sobre todo en el manejo de la economía. El cáncer de la corrupción avanzó de tal forma que la gobernabilidad lograda con el modelo hegemónico y autoritario se viene tambaleando de forma peligrosa. Por las razones que fueren,  a Maduro no le tocó otro camino que reconocer ante el país y el mundo la existencia de la trama de corrupción,  que venía apropiándose de forma directa de la renta petrolera.

En efecto, la incapacidad para responder a la explosión social presente en las calles exigiendo salarios y servicios, las graves presiones existentes en el seno del gobierno y de su partido, lo llevó a sancionar a una parte de los agentes de la corrupción para rescatar dinero y justificar la ausencia de respuesta a las exigencias de la sociedad.

Todo ese cuadro ha llevado al presidente Gustavo Petro a adelantar una serie de gestiones, casi como su enviado especial o canciller, para tratar de ayudar a Maduro a salir del atolladero.  Los une su militancia en ese variopinto mundo de la izquierda latinoamericana, desde donde busca lanzarle un salvavidas para lavarle la cara manchada fruto de nuestra tragedia. Pero también lo mueve el efecto de la diáspora venezolana en su territorio y su interés en conseguir la ayuda de Maduro para lograr el acuerdo con el Ejército de Liberación de Colombia (ELN).

Petro le solicita a Maduro regresar al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es decir, acatar el Pacto de San José. Al formularle esa solicitud está admitiendo la grave violación de los mismos. Si esa solicitud fuese aceptada por Caracas buena parte de los temas de nuestras exigencias como demócratas se verían atendidos.

Maduro se ha hecho el desentendido con la petición de Petro respecto a su regreso al sistema interamericano, poniendo como excusa el tema de las sanciones de Estados Unidos. El inquilino del Palacio de Nariño ha gestionado con el presidente Biden atención especial a dicha petición, hasta el punto de lograr una reunión en Washington el pasado jueves 20 de abril para platear la solicitud, y ha convocado una cumbre sobre Venezuela este martes 25 de abril de 2023, para restablecer un diálogo con un importante sector de la oposición venezolana.

No soy optimista respecto de los resultados a lograrse en esa cumbre. La misma no puede volver a repetir el esquema de la reunión celebrada en México donde la delegación opositora firmó un acuerdo para liberar 3.000 millones de dólares (mucho menos de lo robado en la trama de corrupción de Pdvsa) congelados en una cuenta del gobierno en Estados Unidos, sin recibir como contraprestación ninguna concesión de parte del régimen madurista.

Como venezolano me agradaría que en esa cumbre de Bogotá se lograse de inmediato la liberación de los presos políticos y un compromiso de la cúpula roja de respetar y oír a toda la sociedad democrática, no solo a la Plataforma Unitaria. Esa sería una señal clara de querer rectificar por parte de la camarilla roja.

Si la cumbre de Bogotá se convierte en otra de las tantas reuniones donde dicha camarilla participa para ganar tiempo y burlarse de nuestra sociedad y de los países amigos, habrá quedada ratificada su naturaleza autoritaria, irrespetuosa y falaz.

Hago votos porque los actores políticos presentes en dicha cumbre sean claros y precisos, ante los gobiernos presentes, respecto de nuestras prioridades. Casi que se reducen a dos: liberar los presos políticos y garantizar plenamente nuestros derechos políticos, básicamente el derecho a elegir y ser elegido en unos comicios con los estándares internacionales.

La libertad a los presos políticos debe ser inmediata. Debe ser la señal de Maduro de que esta vez podemos abrir un compás de credibilidad en su palabra, de que será serio en el cumplimiento de los acuerdos.

Los derechos políticos son el eje transversal de la negociación de fondo. No se trata de suscribir una declaración genérica y retórica. Se trata de acordar en forma precisa y cronológica las tareas a cumplir para llevar adelante el próximo proceso electoral previsto en la agenda constitucional, que no es otro que la elección presidencial.

En ese marco debe exigírsele a Maduro a través de Petro, el respeto al derecho de la oposición democrática a celebrar sus elecciones primarias y el deber constitucional que tienen de respetar y cooperar con su celebración. Rechazar, allí en esa reunión, la pretensión del CNE de apoderarse del proceso exigiéndole al régimen poner de lado su comportamiento intrigante y manipulador.

Por supuesto, acordar con precisión los mecanismos para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, residan o no en el territorio de la República, así como la pulcritud del proceso y el pleno respeto al derecho a la acción política y electoral, dejando de lado la censura y el hostigamiento a los dirigentes opositores.

Esta semana tendremos nuevamente el tema del diálogo en la mesa. De nuevo, gracias a las gestiones de Petro, el caso Venezuela aparece en la agenda internacional. Me temo que Maduro terminará burlando nuevamente esta iniciativa. Ojalá y sea yo el equivocado.

Entre tanto nos toca a nosotros, a los ciudadanos venezolanos, sacar fuerza de nuestras entrañas para continuar la lucha, construir la alternativa democrática, y estar preparados para plantearle la batalla a la dictadura en el único terreno donde nos podemos medianamente desenvolver, en el político y electoral.

Pensar en la abstención y en una “solución de fuerza” es seguir pastoreando nubes.

 César Pérez Vivas 

La camarilla roja se ha especializado en inventar leyes para reducir la transparencia de la función pública y para asumir poderes contrarios a los principios fundamentales del derecho y de la justicia. Son leyes para el hacer el mal. Hoy quiero destacar fundamentalmente dos, una con la que se ha logrado robar a manos llenas, denominada Ley Antibloqueo; y otra con la que van a robar y a hostigar a muchos, la llamada Ley de Extinción de Dominio.

Con la primera, la llamada Ley Antibloqueo, han dejado sin vigencia todas las normas dictadas por la democracia para hacer transparente y auditable el manejo financiero del estado. Bajo el pretexto de buscar evadir las sanciones impuestas por la comunidad internacional al gobierno de Maduro, se inventaron este conjunto de nomas mediante las cuales evaden los procesos abiertos de contrataciones públicas, las normas lógicas y universalmente aceptadas de la contabilidad financiera, que obliga a contar con presupuestos equilibrados con previsión y ordenación de los gastos, tramites de pagos a través de instrumentos financieros auditables, y otras normas sobre trasparencia y seguridad en el manejo de las finanzas publicas. Todo eso se lanzó al cesto de la basura. Ahora se veden, regalan, arriendan, prestan y permutan bienes y activos del Estado venezolano en absoluto secreto.

Los beneficiarios de esos actos son personas del entorno político y económico de los jefes de la cúpula roja, tal como termina de evidenciarse con la forma como se apoderaron de los dineros provenientes de la venta del petróleo, sin que aún se conozca el volumen de crudo, oro, coltán y otros activos saqueados al país. Llegó a tal nivel la informalidad de las operaciones, bajo el amparo de esta nefasta ley, que en Pdvsa, ministerios y gobernaciones se pagan bienes y servicios en efectivo, con dólares y euros. Adiós a las órdenes de pago, a la prueba del mismo, mediante cheque o transferencia. En efectivo, es más eficiente el dicho según el cual “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

Tratan de justificar su grotesca inmoralidad con la supuesta ausencia de normas severas para “proteger los bienes de la nación”. Con ocasión del escandaloso robo en Pdvsa salieron corriendo a implantar otra normativa, titulada “Ley Orgánica de Extinción de Dominio”. Tratan de construir una narrativa para mostrar al régimen como doliente y eficiente en la lucha contra la corrupción.

Ahora quieren convencer al país que necesitan poderes especiales y expeditos para recuperar lo robado por sus más cercanos colaboradores y camaradas. Otra farsa más a las que nos tienen acostumbrados. Aquí el saqueo, la corrupción y el robo de las riquezas nacionales se convirtieron en forma de vida normal de toda la nomenclatura del poder porque así se planificó desde la cabeza del gobierno, cuando aún estaba en vida el comandante de Sabaneta. Dejar robar a los cabecillas civiles y militares para tenerlos controlados. Hasta que la situación se ha hecho insostenible. El saqueo ejecutado no tiene precedentes, ni parangón en ningún país del mundo.

Lo cierto es que aquí no se puede sostener que la corrupción se debe a la ausencia de leyes. El país tiene normas suficientes para castigar a los corruptos y corruptores. También cuenta con normas suficientes para recuperar para el estado, todo lo robado que esté en el territorio nacional, y da atribuciones suficientes a las autoridades para gestionar en otros países la devolución de lo robado.

Aquí lo que ha faltado es voluntad política para enfrentar la corrupción. La revolución bolivariana estableció la impunidad como política. Por eso el mal se expandió hasta hacer la metástasis que hoy apreciamos.

Esa nueva ley de Extinción del Dominio es fundamentalmente un arma para la guerra existente entre los bandos que pugnan por el poder dentro del gobierno. Es un mensaje a los que aún están dentro del poder de confiscarles, sin fórmula de juicio, lo robado si no se alinean a críticamente a las instrucciones de la cúpula roja. Pero también podrá ser utilizada contra cualquier ciudadano ajeno a las tramas corruptas del régimen. Basta que algún jefe de la revolución se enamore de un bien existente en el territorio nacional, para que de forma expedita se lo confisquen, bajo la acusación de provenir de actos de corrupción. Después de que se lo ocupen, lo desvalijen, lo destruyan, ya esos bienes habrán perdido su valor fundamental y las víctimas no tendrán ni Fiscalía, ni Defensoría del Pueblo, ni mucho menos un tribunal donde acudir a demostrar su inocencia. Adiós a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho de propiedad. Todos esos derechos derogados de un plumazo por el derecho revolucionario.

Esa ley busca robar a los que ya robaron. Porque junto a la Ley Antibloqueo facilitan unas operaciones expeditas y oscuras de ocupación y venta de todos esos activos. Se trata de una normativa contraria a los principios generales del derecho.

El derecho como ciencia ordenadora de la vida social ha generado, en todo su proceso de formación, una serie de teorías y principios sobre los cuales se ha construido el moderno estado democrático en las sociedades occidentales.

Entender la ley como parte importante de la ciencia jurídica significa adecuarla a las instituciones que por siglos ella ha construido. Un conjunto de normas vaciadas en el papel, por tener la forma y la autoridad para imponerla no adquiere la categoría de ley justa y democrática.

La ley en el estado social de derecho debe dictarse respetando los derechos fundamentales de la persona humana, buscando ordenar la vida social de forma tal de garantizar la paz, la justicia, la equidad y el bienestar general de los ciudadanos.

Cuando una ley se dicta para desconocer esos principios, cuando detrás de un texto normativo hay un espíritu de venganza, de arbitrariedad, de parcialidad hacia intereses bastardos estaremos frente a una ley injusta, contraria al bien común y generalmente contraria a la constitución.

Es eso lo que estamos apreciando en estos tiempos de la revolución.

Leyes para el robo, la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos.

No estamos frente a una evolución positiva del derecho. Al contrario estamos en un proceso de involución dictando normas bastardas. Es lo que cierto sector de la doctrina conoce como “derecho penal del enemigo”. Leyes dictadas para atacar al adversario, para someter al contrario, no para ordenar la vida de la sociedad.

Rescatar el estado de derecho, retomar el desarrollo de la ciencia jurídica moderna, basada en los principios generales del estado social de derecho y de justicia, constituye una tarea para los juristas y políticos democráticos.

César Pérez Vivas 

El último escándalo del largo proceso de saqueo al que ha sido sometida la República, en estos años de  Revolución, ha vuelto a colocar en el tapete de la opinión pública el tema de la corrupción en la vida pública. La gravedad de la tragedia humanitaria había desplazado el tema de las principales preocupaciones de los ciudadanos.  La pulverización del salario, el desempleo, el hambre y la ausencia de medicamentos son los temas que más angustian a nuestros compatriotas en el día a día. La mayoría no se detiene a pensar las causas de esa tragedia.  No obstante cada día son más los ciudadanos conscientes de la responsabilidad del gobierno madurista en ese drama. Por eso toman la calle para exigir salarios y servicios de calidad.

Ahora que la cúpula roja no ha tenido más remedio que aceptar la verdad del robo abierto y descarado de los recursos financieros y minerales del país, nuestra ciudadanía  ha entendido que buena parte de su tragedia está en la corrupción desatada y sistematizada en toda la estructura del poder. Estamos ante un gobierno corrompido en casi todas sus áreas y niveles.

Ciertamente el problema de la corrupción no es nuevo, existe desde que el hombre es hombre. La tentación a apropiarse de lo ajeno, de convertirse en “Judas”, es decir a vender la conciencia siempre ha estado presente en muchas personas. La sociedad precisamente se organiza para frenar esa conducta y para castigarla cuando se hace presente.

Frenar la corrupción supone una sociedad educada y organizada en un estado de derecho, un proceso de concienciación, de formación cívica, espiritual y cultural que inserte en el alma y en la mente de las personas valores apegados a la honestidad, la verdad y la paz.  Esa tarea debe completarse con las sanciones a quienes se desvían por el camino de la corrupción y el crimen. La primera sanción debe estar en el  entorno social y por supuesto, la más importante, la sanción de un estado  que no permita un hecho tan perverso y disolvente como ese.

En Venezuela se abandonó la tarea formativa en la axiología, nuestra sociedad relativizó los valores y a mucha gente no le importa aceptar socialmente a personas que saben han incurrido en el robo y el crimen.  Todo ello ha terminado en una institucionalidad establecida para la impunidad, haciendo que el cáncer de la corrupción haga metástasis en nuestra sociedad.

Cuando al poder político ascienden personas sin ética personal habrá sin lugar a dudas consecuencias graves en la ética de la sociedad.  Se ha hecho un lugar común la expresión que dice: “el pode corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.”

Hablar del poder es hablar de política, aunque el poder no se limite exclusivamente a la conducción del estado, pero es este fundamentalmente el poder por excelencia.  De ahí la necesidad de que el poder no sea absoluto. No es bueno para una sociedad que todo el poder esté en manos de una persona o de un grupo de ellas, sea partido político o sector social.

Al producirse la desviación de la persona en funciones de poder, es decir en el ejercicio de la política, la ciudadanía asume que toda la política está contaminada y que esta tarea es en esencia dañina, corrompida y perversa, de la cual debe apartarse, dejando ese campo, precisamente, a las personas menos indicadas. No en vano es un lugar común oír la expresión. “la política es sucia”. “político es sinónimo de ladrón”.

Frente a esa creencia es fundamental educar en relación con la esencia  de la ciencia y la actividad política, para dejar muy claro que no es la política la corrompida, es la persona sin ética la que en función de la política o  en cualquier otra actividad humana, será capaz de corromperse. Son diversas y elevadas las  actividades del ser humano como el comercio, el ejercicio profesional, el trabajo personal, la actividad deportiva, religiosa y/o cultural que se ven a diario impactadas o afectadas por el comportamiento amoral de sus actores. Lo importante es, entonces, mantener vigilancia sobre los actores políticos y funcionarios para evitar las desviaciones.

Es bueno recordar a tales efectos la expresión del papa Juan Pablo II: “Las acusaciones de arribismo, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública” (Juan Pablo II, Exhortación apostólica, Christifideles laici, n. 42.). Nos invita a luchar rectamente y con prudencia contra los sistemas políticos injustos, a dejar de ser espectadores y lamentadores de la injusticia, corrupción,  absolutismo, intolerancia o cualquier atentado contra el bien de la persona y la sociedad civil. Más bien se trata de ayudar a construir una política recta y apropiada en favor de todos.

La corrupción metástasica que hoy vive Venezuela es el resultado de la concentración de todos los poderes en las manos de la cúpula roja. La impunidad se hizo regla. En los países con separación de poderes, con plena libertad de prensa, con vigencia del estado de derecho también hay corrupción. Solo que ahí las instituciones funcionan, la sociedad, gracias a la plena libertad de prensa, ventila abiertamente cada caso y se busca la verdad. De esa forma se logra castigar a los culpables y evitar que el mal se expanda de forma agresiva como nos ha ocurrido.

El escándalo del robo del petróleo y el oro nos debe enseñar y comprometer a todos en la urgente necesidad de sanear la administración del estado venezolano, pero fundamentalmente de sanear el alma de nuestra enferma sociedad. Para ello es fundamental el cambio del modelo político y cultural de nuestra nación. Un compromiso moral para la conducción de la sociedad debe ser el eje transversal de la Nueva Venezuela que debemos construir.

César Pérez Vivas