El día 24 de septiembre del presente año 2023 nuestra sociedad fue sacudida por la noticia de la toma, desalojo y demolición de la famosa cárcel de Tocorón, situada en el municipio Zamora del estado Aragua. Esta cárcel se había convertido en el modelo de la política penitenciaria y de seguridad de la revolución bolivariana.

Si algún analista de políticas de seguridad quiere evaluar,  en términos reales,  cómo han sido a lo largo de los últimos 23 años los principios, elementos y contenidos del sistema penitenciario y de la forma como la cúpula roja trata al mundo del delito, sólo debe examinar lo ocurrido en este centro penitenciario.

He sostenido, y este desalojo así lo corrobora, que desde el mismo momento de la instalación de la revolución bolivariana en el poder, se generó de forma deliberada una relación de tolerancia, connivencia y apoyo a delincuentes y grupos delictivos. A mediados de 1999 recibí la primera señal de lo que sería una política sostenida en el tiempo. Un personaje del mundo delictivo, conocido en mi ciudad natal por su prontuario criminal, apareció en diciembre de 1999 por varios espacios de esa comunidad exhibiendo credenciales como integrante de la escolta presidencial. El conocido delincuente exhibía y se ufanaba de su armamento, ahora oficial.

Luego empezamos a conocer los grupos de choque, bautizados como “círculos bolivarianos”, donde hacían vida activa sujetos de reconocida trayectoria delictiva. Estos personajes fueron utilizados para tomar una serie de edificios en el centro de Caracas e instalados allí con carta blanca para delinquir, pero con la precisa instrucción de enfrentar violentamente cualquier manifestación ciudadana que se hiciera presente para ejercer el derecho a la protesta exigiendo atención del poder público.Es decir se constituyó un círculo de protección del epicentro del poder, con activistas armados, pranes y delincuentes, para luego hacer la propaganda de la defensa de la revolución por los ciudadanos. Esto deriva luego en los llamados colectivos, grupos violentos constituidos para ejercer la violencia contra los sectores sociales no alineados con el poder.

Esa política de introducir a los grupos delictivos como factores de defensa de la revolución los llevó a la creación de las llamadas “Zonas de Paz”, que no ha sido otra cosa que la autorización del gobierno para que determinados espacios urbanos y rurales estén bajo el control de delincuentes vinculados con la revolución, a los que se les asignaba la tarea de defender el proceso ante cualquier tentativa de rebelión que pudiese afectar su estabilidad. La situación se les salió de las manos, por los graves excesos cometidos, hasta que se vieron obligados a someterlos con el uso de la fuerza pública. Esto fue lo que pasó con los conocidos casos  de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, alias Wilexis, en Petare y Luis Revete, más conocido por su alias el Koki, en la Cota 905, en pleno centro de Caracas.

Esa utilización de los sectores delictivos para la violencia política se extendió a una permisividad con los mismos en las cárceles. Estas dejaron de ser los centros destinados al castigo y corrección de los ciudadanos infractores de la ley para convertirse en centros para la planificación del delito, captura y formación de nuevos delincuentes y lugar para la lujuria, la prostitución, drogadicción, esclavismo y violación de todo tipo de derechos.

Ese era el caso de Tocorón. Una cárcel que poseía piscinas, zoológico, canchas deportivas, pequeñas viviendas privadas, restaurantes, estadio de beisbol,  gallera, locales de expendio de drogas, motocicletas y armas de fuego. Dicho centro era controlado por un personaje del mundo del delito, que protegido en dicho búnker dirigía una agrupación criminal que operaba en varios países de Suramérica.

Mientras los más peligrosos delincuentes tenían esas comodidades en Tocorón, y la siguen teniendo en otros penales, los presos políticos son sometidos a torturas, vejaciones y privaciones; y son recluidos en las más precarias condiciones tanto en el Helicoide, como en La Tumba de Plaza Venezuela, así como en otros centros de reclusión.

El régimen socialista es tolerante y encubridor de los grupos delictivos, pero es severo y vengador cuando se trata de un preso político, hasta el punto de haber llegado a torturas que han producido muerte y dolor en la familia venezolana. Apenas ayer recordamos el 5º aniversario de la muerte, en la sede del Sebin en Plaza de Venezuela, del concejal de Caracas Fernando Albán.

Venezuela necesita recuperar la honestidad y la seguridad. Necesitamos  someter a la ley a los grupos delincuenciales y liberar a los presos políticos. Hay que tener verdaderas cárceles para castigar a los delincuentes y cerrar las mazmorras donde se recluyen, torturan y vejan a quienes luchan por la libertad, los derechos humanos y la democracia.

César Pérez Vivas

La historia nos ha enseñado que las  dictaduras apelan al nacionalismo cuando están en dificultades, cuando las sociedades en las que actúan las repudian y cuando en su propia estructura de poder surgen fisuras y contradicciones. La cúpula roja apela en esta hora de elevado rechazo, por el estruendoso fracaso de su modelo de sociedad y por la catastrófica gestión de los asuntos públicos, a despertar un sentimiento nacionalista que le permita un respiro y un aliento en su verdadero objetivo, que no es otro que su permanencia en el poder.

Para ello se han inventado la celebración de un referéndum consultivo “para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto secreto y directo, tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, según expresó Jorge Rodríguez, buscando levantar un respaldo a su fracasado gobierno;  apelando a una materia, de la cual su gobierno y su partido han hecho dejación,  de forma deliberada, a lo largo de los 24 años de su permanencia en el poder.

En efecto el tema de la defensa de nuestra histórica y justa reclamación sobre el territorio Esequibo fue abandonado de manera irresponsable por el actual régimen político de nuestro país, en tanto que el gobierno de Guyana ha avanzado otorgando  contrataciones para explorar y explotar recursos naturales, como maderas e hidrocarburos, en dicho territorio en reclamación.

Es un hecho público y notorio que  el extinto comandante Chávez y su canciller, hoy en ejercicio de la presidencia, se hicieron de la vista gorda y desoyeron múltiples observaciones de sectores de nuestra sociedad que exigieron en diversas oportunidades, actuar en el campo diplomático y jurídico, ante este tipo de actos adelantados desde el gobierno guyanés.  Es decir, estos ciudadanos en ejercicio de vitales funciones de estado, hicieron dejación de sus obligaciones constitucionales y legales al no asumir, como era su deber, las acciones pertinentes para defender nuestros legítimos derechos sobre esos territorios. Postura asumida por la influencia ejercida desde La Habana por parte del difunto dictador Fidel Castro.

Los venezolanos conocemos la histórica postura  de hostilidad de la dictadura cubana frente a nuestra legítima reclamación del territorio Esequibo. Ese no fue impedimento para que Chávez y Maduro se convirtieran en aliados  políticos y agentes promotores del modelo político e ideológico impulsado por Fidel Castro y además le entregarán cuantiosos recursos financieros y energéticos, así como cedieran importantes funciones de nuestra gestión pública.

De modo que ahora, buscan disfrazar su responsabilidad frente al avance en la explotación de los recursos existentes en la zona en reclamación, apelando a la celebración de un referéndum a todas luces innecesario y contrario a derecho. Es innecesario, y además tendencioso y manipulador, porque para que las autoridades del país defiendan la integridad de nuestro territorio no requiere de ninguna consulta ciudadana. Ese es su deber, es su obligación por mandato de la propia constitución, que en su artículo 1 consagra de forma taxativa ese mandato. Recordemos su texto:

Artículo 1. “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”

La iniciativa solo busca de nuevo dividir a la sociedad entre patriotas y traidores, entre partidarios o no de la defensa de nuestro territorio, en tanto que no apoyemos la maniobra distraccionista lanzada para impedir la celebración de las elecciones primarias de la oposición democrática, y para colocar un tema en la agenda pública que nos distraiga de nuestra legítima lucha para impulsar el cambio político anhelado por la aplastante mayoría  de nuestros ciudadanos. Es decir, Maduro y su agente de la manipulación, Jorge Rodríguez, buscan que no haya oposición a su fracasado y catastrófico gobierno, que no se construya la alternativa democrática que habrá de sacarlos del poder. Quieren distraer al país en un evento absolutamente innecesario, inútil y contrario a nuestra constitución.

Ese referéndum significa poner en duda nuestra integridad territorial y la obligación que tenemos de defenderla. Ese es un mandato ya existente en el citado artículo 1 constitucional, parte fundamental de una carta magna que fue, además, aprobada por un referéndum.

Ese referéndum además implicaría dejar sin efecto o modificar el Acuerdo de Ginebra, el cual fue aprobado por una ley. La Constitución es taxativa respecto a la improcedencia de los referéndum para derogar leyes aprobatorias de tratados internacionales. Así lo consagra el tercer aparte del artículo 74 de la Constitución: “No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.”

En el fondo esa absurda propuesta de Jorge Rodríguez implica dejar sin efecto los mandatos de ese tratado internacional. Lo que debe hacer la Asamblea Nacional es exigir al Ejecutivo cumplir con el mandato constitucional de defender esos territorios de forma real y efectiva, en el marco del derecho internacional. De modo que estamos frente a una iniciativa temeraria, manipuladora y contraria a la Constitución de nuestro país, que sólo busca distraernos apelando a un falso e hipócrita nacionalismo.

 César Pérez Vivas

La semana pasada, en mi artículo de opinión, examiné el problema del círculo de la pobreza en nuestro país. Me referí a la imposible recuperación de la economía en tanto se mantengan  las actuales circunstancias políticas y económicas implantadas por el régimen madurista. Hoy quiero examinar una de las facetas de ese proceso de destrucción de la economía, fruto de 24 años de hegemonía socialista: la  tragedia humanitaria sin precedentes en último siglo de vida venezolana.

En una conversación sostenida el pasado domingo 16 de agosto del 2023, después de oficiar la misa de rigor, el obispo emérito de Guanare, monseñor Trino Valero, me comentaba su conclusión sobre la conversión de nuestra nación en una “sociedad de mendigos”; acotando el prelado su preocupación por la profundidad y expansión alcanzada por la pobreza.

El tema afecta de forma más directa y dramática a los ancianos y  niños. En efecto la caída brutal del ingreso, como resultado de la pulverización del salario y la devaluación, significa una carencia absoluta de recursos para acceder a los bienes elementales que una persona necesita para sobrevivir, fundamentalmente alimentos y medicinas. Las jubilaciones, en todas las empresas públicas o privadas, y en todas las dependencias de la administración pública, se han reducido a una simple limosna con la cual no se puede cubrir los alimentos de una jornada.

Muchos jubilados apenas pueden cubrir sus alimentos y medicinas gracias a las remesas que sus hijos, desde el exterior, le aportan. Hay, sin embargo, un contingente significativo que no tiene quien les ofrezca ese auxilio, y están consumiendo su vida en la orfandad. Hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio de nuestro país en diversas áreas, que con sus trabajos lograron acceder a viviendas de calidad, que disfrutaron en sus tiempos de bienes y de oportunidades de recreación, hoy no tienen cómo alimentarse. Se trata de la más brutal caída de una clase media, en toda América Latina, durante el último  siglo.

La opacidad de las estadísticas y  la censura a la información no nos permiten establecer con precisión el elevado volumen de fallecimientos registrados como consecuencia de la falta de atención médica, de las enfermedades propias del envejecimiento y derivadas de la mala o ausente alimentación. Los venezolanos, fundamentalmente niños y personas de la tercera edad, mueren de mengua en sus hogares o a las puertas de los hospitales.

Los pocos que sobreviven a esta grave situación deben recurrir a la caridad pública para poder costear sus tratamientos o recibir el auxilio en alimentos. Solo hay que revisar las redes sociales para apreciar el volumen de solicitudes de ayuda, de eventos como rifas, vendimias, fiestas etc destinadas a recaudar fondos para cubrir el tratamiento de un amigo, familiar o vecino.

Nuestra sociedad, en muchos años, no había llegado a ese volumen de afectados por la pobreza extrema. Revertir ese cuadro no es una tarea sencilla, pero no tengo duda que es el gran desafío de estos tiempos. Para quienes entendemos la política como una acción orientada al bien común, como un apostolado para elevar la dignidad de la persona humana y propender a su entera realización espiritual y física, esta debe ser la prioridad fundamental.

Lograr ese bien común y esa elevación de la dignidad humana supone la plena vigencia de los derechos humanos, vale decir que solo es posible alcanzar esos objetivos en una sociedad democrática. Una dictadura representa la negación absoluta de esos valores.  Por eso nuestra lucha se orienta a rescatar la plena vigencia de los derechos humanos mediante el restablecimiento de la democracia para nuestro país.

En paralelo al rescate democrático, es menester impulsar el establecimiento de una economía productiva capaz de generar la riqueza mediante la cual superar la pobreza. No hay forma de salir de la pobreza en una sociedad sin inversiones, sin educación y salud, sin empresas, sin respeto por la propiedad y la iniciativa privada.

Alcanzar esas metas supone, en nuestra Venezuela, cambios estructurales que toman su tiempo. Entretanto, debemos atender la emergencia humanitaria compleja. Por esa razón, en el marco de mi campaña a las primarias presidenciales he propuesto un Plan de Emergencia alimentario y sanitario que atienda de forma inmediata la situación de precariedad de los adultos mayores y de los niños.

Atención Inmediata será un programa que impulsaremos con la cooperación del sector privado nacional y de la comunidad internacional para poder ofrecer alimentación y atención médica a los ancianos y a los niños que hoy están padeciendo esta grave situación. Esperar hasta que recuperemos el crecimiento económico para que esos sectores accedan a la salud y a la alimentación adecuada significa condenar a muerte a una población superior a los 3 millones de seres humanos. De ahí la prioridad que para mí representan estos sectores de nuestra sociedad y la importancia que le asigno a una política social integral de esta naturaleza. Los avances a lograr con su implementación se irán solidificando con el avance del programa de reformas estructurales que en paralelo impulsaremos desde la próxima administración democrática del país.

 César Pérez Vivas 

El resultado del control político del socialismo del siglo XXI sobre el estado y la sociedad venezolana ha sido la instauración de una economía de la pobreza. Hoy somos una de las naciones más pobres del hemisferio occidental.

La miseria existente es resultado directo del autoritarismo de inspiración marxista. La fatal combinación de las tesis  económicas comunistas, donde el estado es dueño de los medios de producción y el gran contralor de la actividad económica, con los métodos de control absoluto del poder político y social termina generando la más brutal miseria con sus consecuencias humanitarias.

No somos los venezolanos la primera sociedad víctima de este explosivo cóctel. Ya en el siglo pasado naciones como Cuba en América Latina, y el eje de los países de Europa del Este, fueron arrastrados a la miseria con la implantación de este modelo.

En nombre de los pobres se llega al poder, en nombre de los pobres se expropia y confiscan los medios de producción y los bienes privados, en nombre de los pobres se roban las finanzas públicas y se violan los más elementales derechos humanos.

Un país rico como el nuestro termina siendo una nación pobre. Al destruirse el Estado de Derecho e instaurarse el régimen autoritario se forman las mafias para el robo, el pillaje y el saqueo de las finanzas y de los activos del país, impidiendo el libre desenvolvimiento de la iniciativa y de la actividad económica privada.

La economía de la pobreza, fruto de esta forma de conducir al estado y a la sociedad, se convierte en un círculo perverso que cada día hunde hacia una mayor precariedad a toda la sociedad. Solo se salvan los pequeños grupos conectados con el poder y usufructuarios de la extracción de minerales, del comercio o tráfico de productos y sustancias ilegales.

Los voceros de la dictadura llaman a sus propios funcionarios, afectados como el resto de los ciudadanos por la miseria circundante, a asumir el rol de “emprendedores” para completar los escuálidos salarios que les pagan.

En una sociedad, con el modelo político aquí descrito, donde el 90 % de las personas están en pobreza (la mayoría en pobreza extrema) es imposible que el esfuerzo, el trabajo y el emprendimiento de buena parte de ellos logré sacarlos de esa lamentable situación. Buena parte de las iniciativas terminan fracasando porque están ubicadas en un contexto de pobreza. Lo que unos producen nadie lo puede comprar por carecer de dinero, los que invierten algún ahorro en producir un bien o servicio lo pierden por la misma razón. Sobran los ejemplos. Ya ni los productores de alimentos logran cubrir sus costos, siendo estos una necesidad existencial; los venezolanos no tienen como cubrir la cesta básica alimentaria.

La semana pasada conversando con un productor agropecuario de los llanos me comentaba cómo era más económico no ordeñar las vacas y dejar la leche para los becerros. Ordeñar y hacer queso termina costando más el traslado a los mercados, que lo pagado por el mismo. El queso se estaba vendiendo en los mercados aledaños entre 1,5 y 2 dólares el kilo. Hay quienes preparan alimentos para vender en sus comunidades y terminan perdiéndolos porque sus vecinos no tienen cómo comprarles.

Los trabajadores formales reciben salarios miserables. Si bien en la mayoría de las empresas el salario está muy por arriba del salario mínimo, tampoco es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los hogares. Las empresas no pueden pagar más porque sus costos de producción son muy elevados y sus productos terminan siendo más costosos que los importados, todo lo cual limita su desarrollo y en consecuencia su capacidad de generación de recursos para pagar mejores salarios. Todo un círculo vicioso.

El tema de la superación de la pobreza, en estos tiempos del siglo XXI, requiere inexorablemente un cambio del modelo político. En una sociedad autoritaria de inspiración marxista es imposible generar una economía productiva, competitiva y moderna. La falta de reglas claras, de plena vigencia del Estado de Derecho impide  la presencia de empresas con capital y tecnología, capaces de generar riqueza y por ende con posibilidades de generar empleos estables y bien remunerados. No hay forma de que un Estado saqueado, como es el caso de nuestro país, pueda reactivar el aparato productivo con recursos propios; además de la ya probada necesidad de contar con un sector privado vigoroso y competitivo, como base sine qua non para que sea el eje motriz de una nueva economía.

Por eso he sostenido, y acá lo ratifico, que no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza mientras la camarilla socialista de Maduro esté en el poder. Así la propaganda del régimen quiera evadir su responsabilidad en esta tragedia, no hay forma de justificar la ruina que padecemos.

Desde el mismo comienzo de su presencia en el poder han evadido su responsabilidad en la creciente evolución de su política destructiva. Los responsables de su ineficiencia y de la ruina han sido el capitalismo, la 4ta, la oligarquía, el imperio, Bush, Obama, Trump, Biden, Uribe, las sanciones, el bloqueo y pare usted de contar.

Jamás aceptarán su responsabilidad. Jamás reconocerán que ha sido su pérfida moral, sus decimonónicas ideas comunistas, y fundamentalmente el saqueo que le han hecho a nuestra nación las causas verdaderas de la pobreza y de la tragedia humanitaria que padecemos.

De ahí la importancia de lograr la salida, voto a voto, de Maduro y su camarilla del poder.

Avancemos entonces en la construcción de la alternativa democrática para enfrentar en el terreno electoral a quienes han destruido nuestra vida. Preparémonos para lanzar el gran plan de reconstrucción de nuestra amada Venezuela.

César Pérez Vivas

En estos días de agosto ha circulado con profusión la especie de supuesta convocatoria a elecciones generales, o por lo menos, de cargos ejecutivos en el próximo año 2024.  Hasta algunos dirigentes de partidos de la oposición lo dan ya como un hecho, afirmando que en “2024 tendremos megaelecciones de presidente, gobernadores y alcaldes”.

La especie y la idea tienen a su vez fundamento, en declaraciones ofrecidas por los miembros de la cúpula roja, quienes en tono de burla hacen afirmaciones que revelan sus perversas intenciones y su premeditada conducta violadora de las más elementales normas y principios de la vigente constitución y de un estado de derecho.

El pasado viernes 11 de agosto Nicolás Maduro, en un acto militar, expresó: “Va a haber elecciones en Venezuela (…). ¿Este año hay elecciones, Diosdado?”.

¿Qué busca Maduro con esa afirmación? Crear más incertidumbre, burlarse de la sociedad, reafirmarnos que él es el dueño del poder y que habrá elecciones cuando a él le parezca, cuando a él le convenga.  Cada vez que hace ese tipo de comentarios nos reafirma su condición de autócrata, de gobernante al margen de la Constitución y de la ley.

No es ni Maduro, ni mucho menos Diosdado quien determina cuándo hay elecciones. Es la Constitución la que establece el tiempo de los procesos electorales. No es la primera vez que Maduro siembra dudas de la fecha de la elección presidencial. El pasado mes de abril del presente año afirmó: “No sabemos si las elecciones presidenciales serán este año o el próximo. Guárdenme ese secreto”, lo dijo durante la conmemoración del 13 de abril de 2002.  (https://elpais.com/america-colombia/2023-04-14/maduro-no-descarta-un-adelanto-de-las-elecciones-presidenciales-para-este-ano.html?outputType=amp)

A esa siembra de la incertidumbre le siguen los demás voceros de la camarilla roja. Diosdado Cabello también dio su aporte para sembrar la duda, el pasado 4 de agosto, en los siguientes términos: “Ustedes saben que en cualquier momento el CNE va a llamar a elecciones. ¿Están preparados para las elecciones?”. (https://www.eluniversal.com/politica/161180/diosdado-cabello-en-cualquier-momento-el-cne-va-a-llamar-a-elecciones)

Esa campaña de los voceros del régimen forma parte de una estrategia para sembrar la zozobra en la sociedad y crear las condiciones para lanzar un zarpazo adicional contra la Constitución.

La campaña de Maduro y su camarilla viola los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional. Principios que le ordenan ajustar su conducta, y la de todos los poderes del Estado,  a la “ética, la igualdad, la democracia, la solidaridad, la democracia y a las normas de la Constitución y la ley. No al capricho o a los intereses oscuros de los jerarcas. Estos principios están en los artículos 2 y 5 de la Constitución que a la letra dicen:

Artículo 2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

A la luz de esos principios, la propia Constitución establece la total prohibición de cambiar las reglas del juego electoral, mediante la modificación de la ley en los seis meses anteriores a la celebración de unas elecciones. De modo que la cúpula roja, salvo cometiendo una flagrante violación a la Constitución y a la ley, no puede adelantar las elecciones presidenciales, ni mucho menos las de gobernadores y alcaldes, porque la Constitución establece el periodo de cuatro años para estos funcionarios, y estos aún no llegan a la mitad de su mandato. La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que la convocatoria a las elecciones debe ajustarse al vencimiento del periodo de los poderes públicos.

Veamos las normas que le prohíben a la camarilla roja adelantar esas elecciones:

Artículo 298 (CN).La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.

Principios establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) . Veamos su Artículo 3: “El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad y eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional”.

TÍTULO  IV DE LA LOPE: Artículo 42. “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos. En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deben ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley. La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela.”

Veamos cuáles son los períodos de los poderes públicos:

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia

Artículo 160. (primer aparte) “El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez, para un nuevo periodo”.

Artículo 174. “El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.

En conclusión solo por un acto arbitrario Maduro podría adelantar esas elecciones y efectuarlas conjuntamente con las regionales. Legalmente no es posible hacerlo.

 César Pérez Vivas

América Latina fue conmocionada el pasado jueves 9 de agosto con la lamentable noticia del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La campaña electoral del hermano país se tiñó de sangre y muerte con este abominable crimen. Lo que debió ser una contienda cívica, pacífica y moderna, nos ha sumido en la tristeza y la angustia por la acción violenta, bárbara y primitiva de unos sicarios que terminaron con la existencia de un hombre que quería conducir los destinos de su nación.

Esa violencia física tiene su precedente en la violencia verbal que sectores antagónicos vienen impulsando, no solo en ese país, sino en todo nuestro continente. Un lenguaje verbal y corporal que introduce una dinámica de intolerancia y agresividad detrás de la cual se esconde una infinita ambición de poder y riqueza.

Desde estas líneas condeno una vez más ese crimen, pero también formuló mis votos porque este comportamiento no se extienda hasta el punto de poner en peligro la convivencia pacífica de la hermana nación ecuatoriana.

Ya América Latina ha vivido bastantes episodios de violencia, guerra civil y confrontación fratricida. Recordar las guerras centroamericanas en la segunda mitad del siglo XX, o las de Colombia, hoy en proceso de negociación final, nos puede colocar en la dimensión del daño que esta perversión genera a una  sociedad.

Lo ocurrido en Ecuador nos debe llevar a la reflexión en nuestro país.

“Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, dice el viejo adagio popular. En estos mismos tiempos hemos asistido, en nuestro país, a una serie de eventos violentos contra los ciudadanos que ejercen liderazgo y muy especialmente contra quienes participamos como candidatos a las primarias presidenciales de la unidad democrática nacional.

Diversos voceros de la cúpula gobernante han estado azuzando la violencia, unos de forma disimulada y otros de forma explícita y directa. Un caso recurrente de violencia verbal es la de Diosdado Cabello, quien ordena a sus huestes prepararse para impedir el libre desenvolvimiento de quienes estamos en la calle convocando a la participación ciudadana. Otro caso relevante, en los últimos días, ha sido el discurso del gobernador de Trujillo contra todos los candidatos presidenciales y especialmente contra María Corina Machado. La situación ha ido más allá de la incitación a la violencia. Tenemos una serie de eventos en los cuales se ha hecho presente una violencia física de baja intensidad, pero violencia al fin. Cierre de vías, empujones, golpes e insultos para varios de los líderes de la oposición democrática. De ahí al asesinato hay un pequeño trecho. En cualquier momento se puede salir de control la situación y terminar en una tragedia. Por ello es necesario visibilizar cada discurso, cada amenaza y cada evento promotor de la violencia.  No podemos olvidar, con el ánimo de evaluar a los actores políticos, el origen violento de la llamada revolución bolivariana. Su aparición en la vida pública de nuestro país se produjo a sangre y fuego el 4 de Febrero de 1992, cuando la logia militar pretendió apoderarse por la fuerza del poder.

Desde entonces no han cesado de amenazar a la sociedad democrática. “Somos una revolución pacífica, pero armada…” solía afirmar el extinto Comandante de Sabaneta.  A lo largo de estos 23 años ha existido una constante violencia verbal y física contra quienes no comulgamos con el marxismo castrista que nos han impuesto. Sería muy largo recordar la larga lista de eventos y víctimas de esa violencia, que hoy tienen bajo investigación de la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y su cadena de mando. De modo que no exageramos al afirmar que nosotros estamos en grave riesgo de violencia,  por la naturaleza de quienes controlan el poder.

Maduro y su entorno son responsables de la vida y la integridad física de quienes estamos involucrados en la lucha política para ofrecer al país una alternativa de cambio en el campo político y electoral.

Desde la sociedad democrática debemos asumir con toda firmeza el rechazo a esa violencia, dando testimonio permanente de nuestra búsqueda de un cambio pacífico y electoral. No podemos pisar el peine de la violencia que muestra a cada instante la cúpula roja. Vamos a insistir en nuestra determinación de concurrir al proceso electoral presidencial que por mandato constitucional debe efectuarse a finales del próximo año 2024. En la medida que la estrategia y la táctica de la barbarie roja no logré sacarnos de la ruta electoral, en esa misma medida se consumara su derrota política.

 César Pérez Vivas

El pasado viernes 4 de agosto de 2023, en las instalaciones del Teatro Chacaíto de Caracas, firmamos los aspirantes a la candidatura presidencial unitaria un acuerdo programático que deberá ser el compromiso básico de conducción de la sociedad venezolana, una vez derrotada electoralmente la dictadura y elegido el nuevo gobierno democrático para nuestro país.

Si bien el documento es bastante bueno, porque recoge consensos en materias sustantivas para la reordenación de la vida de nuestra sociedad, quedaron temas por trabajar para garantizar un cambio más profundo y más duradero para el futuro de nuestra sociedad.

Desde el 12 de agosto de 2022, cuando expresé mi determinación de ser aspirante a la candidatura presidencial unitaria, presenté a la opinión pública nacional un decálogo de propuestas a impulsar en el momento que logremos el cambio en la conducción del gobierno. Ese documento se lo presenté también a la Comisión de Primarias. Buena parte de ellas han sido aceptadas en el documento firmado el pasado viernes. No obstante, hay temas medulares que aún no lograron consenso y por los cuales continuaré luchando desde la tribuna ciudadana.

Vale la pena poner de relieve lo positivo del compromiso para la instalación de un gobierno de unidad nacional. El próximo no debe, ni puede ser un gobierno partidista, o representativo de un sector social o económico exclusivo de nuestra sociedad. Va a ser un gobierno de unidad nacional. A eso nos hemos comprometido.

Un gobierno con ciudadanos de elevadas cualidades, virtudes y capacidades capaces de impulsar las políticas públicas requeridas para ordenar la administración y ordenar la vida socio económica de la nación.

Un gobierno de unidad nacional que restablezca la vigencia del orden constitucional democrático, libere a los presos políticos, garantice la plena libertad de asociación, expresión, tránsito y sobre todo el derecho a una vida con dignidad. Eso además supone garantizar las libertades económicas comenzando por una garantía total a la propiedad privada.

Otro tema medular del documento tiene que ver con la atención a la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Formular las políticas concretas e ir preparando los equipos para abordarla es una tarea a la que debemos dedicar tiempo y esfuerzo.

En el documento firmado se asume el compromiso de garantizar, en el futuro, la alternancia en el ejercicio del poder con el establecimiento de la no reelección. Queda pendiente por definir los alcances de este compromiso y sus elementos complementarios, como la duración del período de los poderes públicos, la doble vuelta presidencial y la forma de su implementación.

En mi propuesta programática hay temas medulares pendientes. Por ahora no tienen suficiente apoyo. Espero avanzar en la tarea pedagógica de ilustrar sobre su importancia y necesidad.  Me refiero al tema del equilibrio de los poderes del Estado, el modelo de parlamento, el sistema de justicia y el Estado federal municipalizado. Seguiré insistiendo en la necesidad de quitarle poder a la presidencia de la república, en materias como la potestad de dictar leyes por vía de la habilitación legislativa, la de someter a control parlamentario la política militar, sobre todo lo relativo a los ascensos a los grados superiores y el manejo adecuado de la hacienda pública nacional. Para ello es menester darle más poder al parlamento, estableciendo la figura de un Congreso Bicameral. Solo así podremos lograr un Estado democrático garante de un Estado de Derecho. Con su establecimiento vamos a poder instaurar una economía de mercado capaz de generar la riqueza con la cual superar la galopante pobreza existente

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 César Pérez Vivas 

La tragedia humanitaria que padecemos los venezolanos ha afectado la esperanza de densos sectores de nuestra sociedad llevándolos a tomar la decisión de abandonar el país, dejando atrás residencia, familia y amigos para ir a otros confines buscando mejorar su calidad de vida. La pérdida de la esperanza afecta también a millones de compatriotas aún residentes en nuestro territorio. Piensan que no hay posibilidad alguna de lograr un cambio capaz de ofrecerles mejores oportunidades.

Esa pérdida de la esperanza representa un desafío monumental para el liderazgo político y social del país. Rescatar la esperanza es nuestro desafío.

Con esperanza en cada corazón venezolano podemos construir una fuerza ciudadana capaz de motorizar el cambio político para abrirle cauce a la democracia y para impulsar un poderoso movimiento espiritual capaz de transformar la cultura decadente de las últimas décadas en nuestra nación. El desafío del cambio político y cultural debemos asumirlo para poder lograr el gran cambio del modelo económico,  con el cual devolver a nuestros compatriotas calidad de vida.

De ordinario la mayoría de las personas centran su atención en el problema económico, en el colapso de los servicios públicos y en los efectos externos de la galopante pobreza que nos arropa cada día.  Es natural que así sea. Los seres humanos nos enfocamos, en primera instancia, en atender los problemas existenciales y luego atendemos otros asuntos. Especialmente los relativos a la vida en sociedad.

Ya esa realidad la estudió y la documentó el sociólogo y psicólogo norteamericano Abraham Harold Maslow, quien formuló su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. La conocida pirámide de Maslow ubica la atención de las personas a sus necesidades fundamentales para vivir, tales como la alimentación, hidratación, descanso, integridad física y seguridad de vida. Eso hace que densos sectores de la sociedad no se detengan a examinar las causas de la tragedia humanitaria, sino que coloquen su atención en poder sobrevivir a la misma.

No obstante, los sectores sociales que tienen medianamente resueltos los problemas existenciales están obligados a examinar la problemática más allá de sus manifestaciones externas y, en consecuencia, a trabajar para atacar las causas que producen esa situación.  Y no hay duda de que la primera tarea es de orden espiritual. Levantar la esperanza, persuadir y crear el estado de ánimo de que sí podemos lograr un cambio y una vida de calidad, con justicia y equidad. Educar respecto de las causas de la tragedia, para poder crear, igualmente, las condiciones con las cuales atacar la compleja problemática en la que estamos inmersos.

Estamos entonces ante un desafío de orden político y cultural de grandes dimensiones. No cabe duda de la urgencia del cambio del sistema de gobierno para abrir el cauce a la democracia y con ella insuflar un aliento cultural motivador, constituido por una línea ética y espiritual que movilice a la ciudadanía para reconfigurar los valores de la convivencia y para insuflar un aliento motriz, capaz de despertar una conducta proactiva en la búsqueda del bien común.

Un país con Estado de Derecho, con una población altamente motivada y con políticas económicas racionales, tiene la oportunidad de superar un cuadro de estancamiento y ruina económica. Pero si ese país es uno como el nuestro, dotado de riquezas y activos naturales, así como de recursos humanos de valía, puede lograr, más rápidamente, salir de la precariedad.

Venezuela puede lograr un milagro económico en un tiempo relativamente breve. El nivel del daño causado ofrece la posibilidad de aprovechar sus riquezas con una agresiva participación del capital privado, ello hará necesaria la reconstrucción de toda su infraestructura de servicios. Esa descomunal tarea ofrece otro gran desafío para toda nuestra sociedad. El mismo debe involucrar a las universidades, a los gremios, empresarios, trabajadores, partidos, iglesias, en fin a toda organización de la sociedad. En la medida que la población internalice que el cambio económico está estrechamente vinculado al cambio político y cultural, en esa misma medida sumará su esfuerzo a la inmensa tarea de derrotar política y electoralmente a la autocracia dominante. Abramos cauce a la esperanza y asumamos el desafío de reconstruir a nuestra Venezuela.

César Pérez Vivas

El  “socialismo del siglo XXI” ha marcado una profunda impronta cultural al conjunto de la sociedad. Los anti valores de la corrupción, el autoritarismo, centralismo, y la vocación hegemónica, que han caracterizado a esta corriente política, han permeado  a los sectores llamados a suplantar su presencia en la conducción del estado y de la sociedad. Veinticinco años de hegemonía y control absoluto del poder, les ha permitido destruir el tejido social creado en la democracia y contaminar, de forma negativa,  la vida social y política de la nación.

De entrada se ha profundizado un relativismo ético. Perdimos como sociedad el respeto al valor del trabajo honrado y el respeto a lo ajeno. Existe una tentación a la riqueza fácil, a apropiarse de forma indebida de los bienes ajenos. El saqueo perpetrado en estos años de la revolución, con absoluta y total impunidad, por la amplia legión de activistas revolucionarios y de unos cuantos militares, devenidos en altos funcionarios de la administración pública, no tiene precedentes en el último siglo de vida Republicana.

En el campo político propiamente dicho, el anti valor más extendido es el de la vocación hegemónica y autoritaria.  La tentación por perpetuarse en las funciones de control político y/o del estado. De usar las instituciones para el ejercicio personal y familiar de un poder ilimitado. Esa conducta ha entrado hasta los tuétanos en buena parte de nuestra sociedad. Cada dirigente siente que está llamado a ejercer las funciones de dirección de forma indefinida. Vale decir los valores del pluralismo político y doctrinario,  y de la alterabilidad democrática los hemos desechado.

De ordinario, todo el que asume una representación política siente que debe perpetuarse en su ejercicio. Y si las circunstancias no le permiten su permanencia en las funciones, entonces se las arregla para que su familiar más próximo (hijos o pareja) ejerza en su nombre dichas funciones. Esto nos trajo la figura de la reelección indefinida para el ejercicio del gobierno y de otras funciones públicas.

Hugo Chávez, en su ambición de poder absoluto y eterno, estableció primero, usando sus operadores en la Asamblea Constituyente de 1999, la reelección inmediata del Presidente y demás cargos ejecutivos de elección popular.  Doce años le parecieron muy poco. Las ilimitadas atribuciones establecidas al Presidente de la República también le parecieron pocas. Aquel traje a la medida confeccionado con la estructura del poder público en la Constitución de 1999 ya en el 2007 le quedaba muy ajustado. Entonces presentó el proyecto de reforma constitucional para avanzar al Estado Socialista o Comunal, donde los poderes conferidos a su autoridad le fuesen ampliados y donde su permanencia en el poder se estableciera de forma indefinida. Los 33 artículos del proyecto de reforma constitucional del 2007 pusieron en evidencia el talante autoritario que le caracterizó. La lucha de la sociedad democrática impidió su aprobación y en el memorable referéndum del 2 de diciembre del 2007 se rechazó la propuesta. El comandante no aceptó la decisión mayoritaria de la sociedad. Continuó maniobrando para impulsar sus pretensiones.  Dos años más tarde propone una enmienda para garantizar su permanencia en el poder. Es así como El 15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum y se aprobó la primera enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida.

Chávez logró su objetivo garantizar su permanencia y la de su camarilla en el poder. Solo que él pensó que sería eterno. Pocos años pudo hacer uso de su pretensión, pero la nación venezolana ha sufrido de forma dramática la permanencia en el poder de la cúpula ineficiente y corrompida instalada por él en el poder.

No tengo duda alguna que esa figura de la reelección ha sido una causa fundamental en la destrucción de nuestro país porque ha impedido la alterabilidad, no solo en el poder nacional, sino en otros niveles y sectores de la sociedad. Lo lamentable de esta figura y de esta conducta es que ella agrada a sectores que se oponen a los sucesores de Chávez en el poder.

Varios de ellos luchan para derrotarlos política y electoralmente, pero sueñan que esa norma les permitirá a ellos establecerse, junto a sus equipos, por muchos años en el poder. La tentación hegemónica no solo está presente en los partidarios de la revolución bolivariana. Está ahí subyacente en muchos de los que se le oponen. Sería muy trágico para nuestra sociedad que salgamos de una hegemonía para caer en otra.

Es esa la razón que me viene moviendo desde hace ya casi 10 años de impulsar un cambio de la estructura del poder público nacional para garantizar su equilibrio y su alterabilidad. Mi propuesta de eliminar, para los cargos ejecutivos, la reelección indefinida, y para el cargo de presidente consagrar la no reelección absoluta, tiene que ver con nuestras debilidades instituciones y culturales, y con nuestro compromiso de garantizar que la democracia sea una realidad cultural, jurídica y política para nuestro país.

Por eso considero fundamental, en el marco del debate que estamos adelantando, con miras al proceso de elecciones primarias,  para seleccionar una candidatura unitaria que enfrente al actual aspirante a la reelección “eterna”; precisar si tenemos la voluntad política de vacunar a la sociedad venezolana contra el virus de la hegemonía política y personal del poder.

He sido persistente, reiterativo y sistemático en estos años con esta materia, porque la considero un elemento esencial para restablecer la democracia y garantizar su estabilidad en el tiempo. Percibo en sectores importantes poca receptividad a la tesis. Pareciera que varios de ellos añoran el poder por largo tiempo. De forma directa o indirecta evaden el tema, o expresan sus dudas. Algunos argumentan que cinco años es muy poco tiempo “para reconstruir al país”, como si esa tarea fuese solo la labor de una persona en ejercicio del poder. Otros sostienen la tesis de un periodo de cuatro años, con una  reelección inmediata, al estilo norteamericano, como si aquí tuviésemos el desarrollo institucional y cultural de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir gobernar ocho años. Pocos recuerdan que en el siglo XX el periodo de 5 años era suficiente para adelantar, como en efecto se adelantaron, importantes gestiones de gobierno.

Venezuela debe abandonar el síndrome del caudillismo, del líder único. Venezuela necesita un liderazgo plural para impulsar una sociedad de instituciones que sustituya la cultura caudillista reforzada y potenciada  por el “socialismo bolivariano”.