La Revolución Boliviana, la que se instaló en el poder hace 24 años para eliminar la corrupción y la pobreza, ha terminado implosionada precisamente por el más descomunal robo  que haya conocido el mundo en este siglo. Robo y gestión del poder que nos ha conducido a una tragedia humanitaria, sin precedentes en nuestra historia moderna.

Ha sido de tal magnitud la explosión putrefacta de la cúpula roja, que no ha podido ser ocultada, como ha sido la costumbre en  estas dos décadas y media de control absoluto del poder.

La profundización de la tragedia humanitaria, la protesta sistemática, permanente y valiente de los educadores, jubilados y demás trabajadores del sector público han colocado contra la pared a Maduro y su camarilla. Cuando buscan ofrecer algún paliativo a los trabajadores se encuentran con la dramática realidad de que las cuentas no cuadran. Es entonces cuando tienen que asumir la realidad. Y ella no es otra, que el dinero de la venta petróleo no estaba entrando al fisco, se lo estaban robando.

Cuando uno se detiene a examinar o a investigar, con las graves limitaciones  de todo sistema autoritario, el funcionamiento de la administración pública no tiene otra alternativa que concluir en una realidad: estamos ante un gobierno y un sistema político donde el desorden, la opacidad y robo son la regla.

Esa opacidad ha sido propiciada por Maduro y su más cercano círculo. Para ello se inventaron una Ley que los autoriza a adelantar en secreto y sin control alguno operaciones financieras, venta de activos de la República de forma exprés,  desconociendo taxativas normas vigentes y adulterando la contabilidad fiscal. Me estoy refiriendo a la famosa Ley Antibloqueo. De modo que ese inconstitucional texto normativo, solo imaginable en un estado fallido, es la mampara legal utilizada para este descomunal robo.

Ha sido ya una conducta sostenida desde el comienzo del régimen actual la cultura de la ilegalidad. La violación a las normas y principios constitucionales en materia de administración de las Fianazas Públicas y en el manejo general del estado, ha sido una constante que ha se ha defendido bajo el concepto de que “estamos en una revolución”.

Lo cierto es que en nombre de la Revolución se estableció la impunidad como política. Jamás se oyó, ni tramitó ninguna denuncia emanada de sectores diversos de la sociedad democrática venezolana. Jamás el parlamento, controlado por la cúpula roja, ha adelantado investigación alguna que toque a los jefes políticos y militares en funciones. Las pocas acciones y/o sanciones en materia de corrupción han sido para la venganza contra personajes salidos de sus filas o para dirigentes de la oposición. Como ejemplo está el caso del fallecido General Raúl Isaías Baduel, llevado y dejado morir en prisión por venganza, con el pretexto de sancionarlo por actos de corrupción.

La lista de escándalos ocultados y engavetados es muy larga. Frente a ellos los poderes socialistas hicieron mutis. Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por los escandalosos casos de CADIVI y de los alimentos podridos, hasta el reciente escándalo de PDVSA, la lista de robos es tan amplía y monumental que este artículo no tiene el espacio para relacionarlos.

No tengo duda alguna, que más de 400 mil millones de dólares se han ido por el albañal del despilfarro y  la corrupción, en estos tiempos de la revolución bolivariana.  El daño material es gigantesco. Lo que se pudo haber hecho en términos de desarrollo social y económico, lo que se ha perdido por ese saqueo en relación con el abandono de nuestra infraestructura, la calidad de vida perdida para nuestra ciudadanía, no tiene forma de ser cuantificado.

Pero el daño más brutal de este asalto a nuestra riqueza nacional es en términos humanos. Lo que ahora conocemos como daño antropológico. Comencemos por registrar las miles  y miles de muertes causadas por la destrucción de nuestro sistema de salud y por la hambruna causada. La muerte de mengua de nuestros compatriotas debemos tenerla presente en todo momento.

La ruptura de la unidad familiar es otro daño inconmensurable. El robo mil millonario de la camarilla roja ha obligado a millones de venezolanos a emigrar. La falta de oportunidades, el cierre de las fuentes de trabajo, la pulverización del salario, la delincuencia desatada y protegida por el régimen, el clima de hostilidad permanente, entre otros factores, han producido la más elevada estampida humana de que tenga notica la historia reciente en nuestro continente americano.

Pero el daño sociológico más perverso,  que la impunidad y el clima de convivencia actual ha generado, está relacionado con la relativización ética de la sociedad. Se ha producido un relajamiento moral en el seno de nuestra sociedad, y muy especialmente en todos los sectores y niveles de la administración pública.

No hay ya, casi dependencia pública, donde no se cobre por atender alguna de sus obligaciones. Toda actividad vinculada con lo público está tarifada. “La comisión”, “la colaboración” es una constante en el servicio público. Pero además se ha extiendo en toda la sociedad. Hay una tendencia a apropiarse de lo ajeno, en las empresas, en los hogares, en las organizaciones privadas.

El proceso de grosero enriquecimiento, de esa nueva categoría llamada “los enchufados”, es  aceptada socialmente, y ha generado una especie de búsqueda afanada de sectores sociales para conectarse con esas fuentes ilícitas de recursos. El reciente escándalo  de los personajes vinculados con la construcción de edificios en Caracas, la existencia de las flotas de automóviles y camionetas de lujo, las mansiones construidas en estos tiempos, la prostitución y las drogas, evidencian una cultura del hedonismo, la lujuria y la gula desenfrenados, que segmentos de la comunicación social y de la política aceptan como normales.

Insuflar a la sociedad de un nuevo aliento ético, de una cultura de valores austeros y respetuosos de lo ajeno, y de la integridad moral de las personas y familias, constituye un desafío y una tarea pendiente para toda la sociedad.

Por supuesto que desde el mundo del liderazgo político debemos enviar un mensaje claro y categórico de rechazo a las perversiones y de promoción de una nueva moral Republicana. Para ello es fundamental predicar con el ejemplo. Se requiere autenticidad. No es posible lograr un nuevo clima moral en la sociedad si el liderazgo dice una cosa y hace otra. Bien nos lo ha señalado, en uno de sus libros, el gran filósofo cristiano José Rodríguez Iturbe: “No hay ética pública si no hay ética privada”.

Para garantizar un país de instituciones, donde el derecho ordene la vida social y el adecuado funcionamiento del estado, debe haber una primacía de la ética. Sin ella solo vamos a seguir repitiendo espectáculos bochornosos, como los que hemos estado presenciando en estos tiempos de mengua.

Es hora, entonces, de asumir un compromiso para insuflar a la nación de un nuevo aliento moral que cubra todos los sectores  de nuestra sociedad. Compromiso del liderazgo político, pero también de las iglesias, los medios de comunicación, los sectores empresariales y académicos, entre otros. La reconstrucción de Venezuela debe comenzar por el restablecimiento de la moral y el estado de derecho.

César Pérez Vivas

El nuevo modelo económico para la democracia, por venir,  debe ser el de la economía social de mercado, que ha demostrado con creces, en países como Alemania, Suecia, Noruega, una capacidad de generar riqueza y de reducir sensiblemente la pobreza. Sin que se pueda presentar como un modelo perfecto, porque uno de esa naturaleza no existe, no cabe duda que es el de los hasta ahora conocidos, el mayor generador de bienestar, prosperidad y equidad.

La solución no es salir de una economía estatista a una economía exclusivamente mercantilista. Una economía de mercado, con claro compromiso social y ambiental, debe ser nuestro norte.

En tal sentido, y dado el nivel de endeudamiento y ruina del Estado venezolano, será menester proceder a implementar un programa de reforma y reducción del aparato estatal. Por tal razón, con el fin de  buscar disciplina y orden en la política fiscal, debe procederse a un transparente y ambicioso plan de privatización del conjunto de empresas estatizadas y de apertura a la economía privada, de los sectores fundamentales de la actividad productiva. Tal proceso de privatización y apertura debe comenzar por nuestra industria petrolera y petroquímica. El Estado no tiene recursos para reflotarla y debemos acudir al capital privado, nacional e internacional para relanzarla.

Una economía de mercado en general, y un proceso de privatización de las empresas públicas improductivas, exigirá un escrupuloso respeto a la propiedad y a la iniciativa privada. Ello supone un programa institucional, legislativo y administrativo, que desmonte al anacrónico marco jurídico y burocrático que a juzgar por sus resultados, no funciona.

Será fundamental establecer una nueva política monetaria, anclada la misma a la realidad financiera del Estado, para proceder a un control de la brutal hiperinflación. Para lograr una sana política monetaria, será fundamental devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela. Un tema a discutir será el del sistema monetario a implementar. El bolívar ha perdido peligrosamente su valor. Pensando en una política comercial y monetaria de mediano plazo, en el marco de la integración,  debemos tener una moneda capaz de avanzar hacia una unión monetaria con nuestros vecinos suramericanos. Quizás será conveniente un nuevo signo monetario para nuestro país. El peso o el dólar venezolano deben venir para sustituir al depreciado bolívar.

Con el fin de fomentar las inversiones y el empleo será necesaria una reforma laboral, que garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores, permitan a las empresas desarrollar estrategias de recursos humanos acorde a los tiempos que vivimos, tanto en nuestra deprimida economía, como en el mercado internacional. Una legislación laboral que estimule el trabajo y la productividad, antes que a la holgazanería y la irresponsabilidad y que instaure un moderno, eficiente y seguro programa de seguridad social para el mundo del trabajo.

La nueva economía para la democracia debe tener una nueva política tributaria, que estimule la inversión y el consumo. En este sentido es menester revisar el marco global tributario, y el específico por aéreas de la economía. Para mejorar la capacidad adquisitiva del venezolano será necesaria una reducción del IVA, que se ha convertido en un impuesto muy severo para la economía familiar. En este campo será necesario, además, ofrecer respeto a los derechos de los contribuyentes, hoy desconocidos por una legislación y un aparato tributario arbitrario y voraz.

Una materia a ser atendida, en el proceso de implementación de una nueva economía para Venezuela, es el relativo a la política comercial. En esta dirección debemos buscar la reinserción de Venezuela en los mecanismos de integración regional, del cual salimos o fuimos excluidos. Nuestro regreso a la Comunidad Andina de Naciones constituye un reto importante. También una revisión y evaluación de los acuerdos de comercio existentes para determinar su conveniencia a la luz de la nueva realidad.

En paralelo será necesaria una revisión y reestructuración de la cuantiosa deuda pública, verificar la legalidad, cuantía, condiciones y plazos será una tarea fundamental para proceder a su renegociación.

Impulsar una nueva economía, con los anteriores parámetros definidos, supone además, una política atractiva en los diversos sectores de la vida económica. Debemos, entonces, promover en concreto una nueva política energética en general, petrolera en particular, para aprovechar las potencialidades en este sector, a la luz de la nuevas realidades existentes en el mercado global. Se requiere una nueva política minera, que detenga la política extractiva y ecocida. Debemos impulsar una reformulación de la política minera, donde prive la variable ecológica sobre la estrictamente económica.

Una nueva política para la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y los servicios será menester poner en práctica.

Para hacer posible los elementos de la política aquí anunciada, será vital impulsar en forma simultánea un programa de inversiones en el plano social y en el de la infraestructura.

Una política social seria debe estar destinada a ofrecer a los sectores más vulnerables oportunidad de vivir, en tanto la economía se recupera y produce su efecto en la calidad de vida de la población. Esto supone, básicamente alimentos y atención sanitaria para los que carecen de acceso a dichos bienes esenciales. Recuperar el salario, hoy  ya inexistente, en todos los sectores, pero muy especialmente en el sector público. No hay programa económico sostenible en el tiempo sin que el ser humano pueda vivir con un mínimo de dignidad.

Un relanzamiento de la economía venezolana requerirá inversiones en el campo de la infraestructura para el desarrollo. Se requiere repotenciar, reparar o efectuar nuevas construcciones en áreas como la vialidad, transporte público, energía, agua, comunicaciones, instalaciones educativas y sanitarias. Una infraestructura para el desarrollo económico y social necesita inversiones que deben obtenerse con el financiamiento de los organismos multilaterales.

Ese ambicioso programa requiere un acuerdo de toda la sociedad, al que deben concurrir, muy especialmente, los agentes  económicos, laborales y políticos, bajo la conducción de un Estado fuerte, que no obeso. Un Estado que cumpla su papel de rector, regulador y promotor del bien común, aplicando el principio de subsidiariedad, bajo cuya concepción asuma las tareas esenciales de la vida social, sobre todo, aquellas que no le es dado asumir a los agentes privados de la económica y de la sociedad en general. Para alcanzarlo es fundamental contar con estabilidad política, paz y gobernabilidad. Temas que se dicen fácilmente, pero que es muy difícil lograr. Se requiere amor al prójimo, ética, capacidad, carácter, templanza, madurez, tolerancia y humildad. Como dijo un líder el siglo XX: “Manos a la obra”.

 César Pérez Vivas

La respuesta de la administración Maduro a la legítima protesta de los educadores, jubilados y demás trabajadores del sector público y privado ha sido, por una parte, la indiferencia y, por la otra, la represión.

Los ciudadanos salen a las calles a expresar su indignación, su tristeza, su necesidad. Los testimonios que hemos recibido son conmovedores. Una dama educadora desmayada frente a la sede de la gobernación de Anzoátegui, en Barcelona. Un educador en La Guaira llorando por no tener alimentos. Un grupo de caficultores presos en Lara por exigir pago justo por su producto, sometido a regulaciones del gobierno. Y así podríamos ir recordando los múltiples casos que diariamente se conocen como muestra de la tragedia humanitaria que padecemos.

Los medios de comunicación poco o nada refieren de la verdadera dimensión del drama. El aparato de propaganda del régimen ignora absolutamente esa problemática. Para VTV y Radio Nacional de Venezuela la protesta de los educadores y todas las manifestaciones pacíficas no son noticia. El hambre no existe. Las muertes de mengua en los hospitales tampoco. La presencia de los colectivos armados y de los contingentes policiales para contener la protesta no se registra.

La cúpula gobernante carece de sensibilidad humana. Para nada le interesa toda esta dramática situación. Solo los mueve el afán de perpetuarse en el poder. A esa tarea dedican su tiempo y los recursos disponibles.

A pesar de la propaganda oficial y de la censura existente, la ciudadanía conoce la profundidad y gravedad de la tragedia porque la vive cada día. Eso explica el inmenso deseo de cambio existente en el país.  Ante ese clima de opinión, frente a ese sentimiento de cambio, los sectores dirigentes de nuestra sociedad debemos tener conciencia del reto que tenemos por delante.

La tarea de reconstruir el tejido social y continuar nuestros esfuerzos por construir la alternativa capaz de lograr el cambio y gobernar la nación destruida, que vamos a heredar del madurismo, va a constituir uno de los desafíos más importantes de nuestra historia republicana.

La democracia, una vez rescatada, deberá garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Ello supone eliminar la censura para darle cauce a la libertad de expresión. Además, no podrá criminalizar la protesta y deberá garantizar el derecho a ejercerla pacíficamente.

Cuando esos derechos se puedan ejercer los reclamos ciudadanos por la tragedia existente se multiplicarán. Los problemas ocultados hasta ahora se harán visibles, y muchos se afanarán porque el nuevo gobierno de inmediata respuesta a problemas complejos que impactan la calidad de vida de los ciudadanos.

Manejar esa compleja situación social en un contexto político e institucional controlado por quienes han manejado el poder en los últimos 23 años será, sin duda, una tarea complicada para la cual hay que estar espiritual y políticamente preparados.

Un manejo inadecuado de esa compleja situación puede generar unos efectos devastadores sobre la paz y gobernabilidad del país. De ahí que un tema a estudiar y a valorar es el de la gobernabilidad del país en el momento que se logre un cambio en la conducción del gobierno.

El nuevo gobierno debe ser de amplia base política y social. Esa base se debe ir construyendo desde ahora mismo. La consulta ciudadana en marcha debe servirnos para impulsar una amplia coalición, en torno a un programa o proyecto de Estado y sociedad que marque la guía conductora de las grandes metas institucionales y sociales a alcanzar.

Las primarias no sólo son la herramienta para seleccionar la persona que represente a la sociedad democrática en la próxima elección presidencial. Es mucho más que eso. Es el mecanismo que nos debe permitir el debate sobre la naturaleza y alcance del perfil de liderazgo sobre el cual va a descansar la responsabilidad de su conducción.

No se trata de elegir a una persona, grupo o partido que llegue para dominar y excluir a los demás actores de la vida política. Se trata de elegir un liderazgo capaz de integrar y armonizar a la diversidad política que hoy tiene la sociedad venezolana. Concertar esa diversidad, pasar del fraccionamiento a la articulación es una tarea primordial.

Construida la alternativa político electoral, constituida por el candidato, el programa y la organización, debemos avanzar a alcanzar una mayoría tan contundente que el régimen no tenga forma de ocultarla para obligarlos a una entrega pacífica y ordenada del gobierno. Es lo que en el lenguaje popular se llama ganar y cobrar.

Pero el reto más exigente va a ser gobernar en medio de un cuadro de poderes públicos controlados por quienes deberán abandonar el órgano ejecutivo. El nuevo gobierno deberá conducir la política y la administración en un marco político, institucional, económico y social muy complejo.

Ahí está el gran desafío de la gobernabilidad. Se va a requerir de ese gran piso político y social para respaldar el programa acordado y para canalizar las exigencias sociales que se harán más agudas en esos tiempos.

Ese proceso será una transición difícil y compleja que va a necesitar mano firme, voluntad de diálogo para ampliar consensos; calidad ética, administrativa y gerencial para lograr metas tangibles en la solución de la tragedia humanitaria. Pero sobre todo liderazgo sereno y pedagógico para insuflar a la ciudadanía un espíritu de hacer y construir juntos una nueva Venezuela.

César Pérez Vivas

Los días corren y la tragedia humanitaria de nuestra nación se agudiza. En mi constante recorrido por el país aprecio en cada rincón el avance de la miseria.  La brutal devaluación del bolívar abona cada día al hambre de los ciudadanos. La camarilla gobernante no percibe la profundidad de la crisis. Algunos actores de la oposición tampoco. Pero debo confesarles que nunca en mi larga vida de luchador democrático había constatado una situación de precariedad, de necesidad tan brutal, como la que hoy aprecio en nuestra sociedad.

Familias que a lo largo de su vida pudieron acceder a niveles educativos, a bienes materiales como casas o apartamentos confortables, a viajes y otras oportunidades recreativas, hoy carecen de alimentos y medicinas. Puedo afirmar que la necesidad se presenta con mayor dramatismo en las personas de la tercera edad, las que dependen de una jubilación o pensión. Seres humanos que dedicaron su vida a la docencia, al trabajo material o intelectual carecen de lo básico para subsistir. Los que tienen hijos en capacidad de trabajar y pueden acceder a recursos, sobre todo los que reciben remesas, apenas subsisten. Los demás están de limosna, dependiendo de un amigo o vecino que les colabora con algún insumo.

La situación se hace más dramática cuando alguno de ellos enferma. Los hospitales están en el peor momento de nuestra historia. Son unos verdaderos elefantes petrificados. Allí no hay  personal médico o sanitario, tampoco medicamentos o equipos para evaluar y examinar a los pacientes. Las familias, los amigos y vecinos deben acudir a la caridad pública para lograr acceder a exámenes, cirugías, tratamientos o medicamentos. Muchos están falleciendo en sus hogares por falta de asistencia.

Esta cruda realidad está silenciada por el régimen. Ningún noticiero de televisión registra este drama. El aparato de propaganda del gobierno nos muestra un país diferente. Para nada muestra esta cruda realidad. Si Venezuela fuese un país democrático, con plena libertad de expresión, como lo fue en la segunda mitad del pasado siglo, los medios de comunicación registrarían cada día las protestas de los trabajadores, especialmente las de los educadores, donde denuncian el hambre que padecen. También se conocerían  las cifras de fallecidos por falta de asistencia médica.

El gobierno de Maduro tiene instaurada una censura sobre todo este drama humanitario. Apenas atina a repetir su clásica excusa. Todo problema existente es responsabilidad de la guerra económica o del “bloqueo criminal”. El saqueo perpetrado, y aún en ejecución, no existe. La huida del país del personal médico y sanitario no tiene relevancia. Para el madurismo la responsabilidad es de otros.

Estoy absolutamente persuadido de que el país sí puede atender la tragedia humanitaria. No solo con una administración decente y eficiente de sus recursos. También con la ayuda de la comunidad internacional. Nuestros educadores, funcionarios, trabajadores y jubilados tienen derecho a un salario y a una pensión decente. A un ingreso que les permita una vida digna. A una atención sanitaria de calidad.

Ello supone una reforma inmediata de la administración de los recursos públicos. A poner orden en los ingresos y en los gastos. Lamentablemente, el absoluto control de los poderes públicos y el control social y de los medios de comunicación, hacen imposible visibilizar el robó descaro de esos recursos y la necesaria canalización hacia las prioridades que nuestra sociedad requiere.

Para Maduro y su camarilla la prioridad no es la persona humana. No es el hambre y la enfermedad de la ciudadanía. Para ellos la prioridad es su permanencia en el poder. Por eso el gasto público se dirige al control de actores políticos, a la promoción de eventos para la propaganda, a obras suntuosas que les permita validar la campaña según la cual Venezuela se arregló. Eso explica los gastos suntuosos en instalaciones para ciertos deportes como el beisbol, pero no se invierte un dólar para dotar de agua potable al 80% de los asentamientos humanos del país que padecen de sed, con todas las consecuencias sanitarias que dicha carencia significa.

Esta hambruna desatada en nuestra sociedad tendrá efectos devastadores ahora y en las próximas generaciones. Quienes ejercemos labores de liderazgo no podemos desentendernos de este drama. Ahora mismo es posible tomar medidas. La denuncia, la protesta y la presión deben continuar a pesar de la reticencia de la cúpula roja a admitir y trabajar esa realidad.

Esperar hasta el logro del cambio de esta camarilla cobrará muchas vidas y elevará el daño antropológico. Debemos acompañar y respaldar la legítima protesta y los reclamos de nuestros compatriotas, y continuar nuestros esfuerzos por construir la alternativa capaz de lograr el cambio y gobernar la nación destruida que vamos a heredar del madurismo. Y enfatizo especialmente el tema de gobernabilidad. Ahí está todo un desafío para el liderazgo político y social del país. Sobre ese tema trabajaré en próximas entregas.

César Pérez Vivas 

La Comisión Nacional de Primarias anunció al país, las principales etapas del proceso de consulta ciudadana para elegir al candidato unitario, que derrotará al madurismo el próximo año 2024.

Será el 22 de Octubre de este año cuando tendrá lugar ese evento. Antes será necesario adelantar todo un trabajo organizativo, normativo, logístico, financiero y político para garantizar la celebración del evento y el éxito del mismo.

Nosotros en el movimiento de Concertación Ciudadana apostamos honestamente a lograr esos objetivos.  Somos conscientes de las dificultades existentes, sobre todo por la pérfida presencia de un régimen que ha dicho y evidenciado, de forma directa e indirecta, una y otra vez, que no desea su celebración.

Pero también hay amenazas desde la misma sociedad democrática. Los prejuicios generados por la absurda lucha mellizal de los últimos 10 años generan movimientos, actitudes, declaraciones y posturas que lesionan la confianza ciudadana en  el proceso  en marcha.

He sostenido la necesidad de otorgar confianza y respaldo a la Comisión Nacional de Primarias para que, con el auxilio de un equipo técnico de primer nivel existente, evalúen todas las opciones disponibles y viables en medio de las realidades políticas, económicas, sociales y geográficas presentes en estos tormentosos tiempos.

En un país como el que tenemos siempre se presentarán dificultades e imponderables. Nuestro deber es examinarlos para tener, en la medida de lo posible, alternativas con las cuales avanzar. Nos encontramos y encontraremos con circunstancias insuperables o imponderables que tendrán su efecto en la calidad del proceso. Por eso he sostenido: no tendremos unas primarias perfectas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. La peor primaria sería su no realización.

No hacer la primaria, por cualquier circunstancia, sólo abonaría al escenario buscado por Maduro y su camarilla: la existencia de una gran diversidad de candidatos en la contienda presidencial y electoral del próximo año. La estrategia del régimen esta clara, busca la división y desmoralización de la sociedad. Solo en ese escenario podrían, con una minoría que le apoya, lograr ganar una elección.

Es necesario entonces construir un escenario de respeto entre los diversos sectores de la sociedad democrática. Hemos agotado muchas energías en una lucha fratricida entre sectores, que deberíamos estar articulados en la construcción de la alternativa democrática. Hay quienes pretenden erigirse en actores impolutos y libres de responsabilidades en este largo camino de luchas contra la autocracia. La oposición venezolana ha tenido aciertos y momentos de elevada confianza ciudadana que han desaparecido por la naturaleza criminal del régimen, pero también por graves errores cometidos en su conducción.

“El que esté libre de pecado que lance la primera piedra…”  expresó JESUS, según los evangelios. Quienes se han disputado a lo largo de estos últimos 20 años la conducción política, en el seno de la oposición, han cometido esos errores. Los hechos deberían enseñarnos para no continuar en el camino de la diatriba y la descalificación.

Por eso nuestra tesis de La Concertación Ciudadana. Busquemos articular una política que abra camino a la esperanza y al encuentro constructivo, y dejemos de lado la permanente conflictividad que nos ha arropado.  Sectores de la sociedad civil ofrecen sus iniciativas para avanzar en ese camino. En ese marco debo resaltar la propuesta de un PACTO DE RESPETO Y NO AGRESION preparado en el diplomado de formación política que la ONG Mujer y Ciudadanía, con el aval de la Universidad Monte Ávila, impulsan en estos días.

EL PACTO DE RESPETO Y NO AGRESION, preparado por los participantes en el citado diplomado, constituye una muestra de la inquietud existente en el seno de nuestra sociedad, pero también una iniciativa pro activa dirigida a construir ese clima de convivencia civilizada que la política necesita en estos tiempos tormentosos de nuestra nación.

En mi comparecencia ante los estudiantes del citado diplomado, en la sede de la Universidad Monte Ávila el pasado miércoles 8 de Febrero, deje claro mi firme disposición a acompañar esta iniciativa. El citado documento busca abandonar la diatriba descalificadora  y enrumbar el debate hacia escenarios de calidad donde quienes aspiramos a liderar nuestro país, asumamos en medio de la diversidad, una política de respeto y coexistencia capaz de generar el entendimiento necesario para derrotar la dictadura y sobre todo capaz, luego, de ofrecer gobernabilidad a un país devastado material, espiritual e institucionalmente.

Se trata entonces de crear el clima necesario para articular la unión de la sociedad democrática. No es suficiente ganar la elección primaria. Es fundamental ganar la confianza y tener el espíritu y la voluntad para articular la diversidad de nuestra sociedad. Una mayoría mal manejada, por soberbia e ignorancia de los proceso políticos puede deshacerse rápidamente. Las corrientes de opinión son volátiles. Por eso es fundamental tener el norte claro y el compromiso firme para no sucumbir ante las fluctuaciones de opinión que una sociedad genera.

El pacto de respeto y no agresión surgido de las aulas de la UMA constituye un aporte significativo de la sociedad civil que debemos acoger.   El mismo fortalecerá la ruta de las primarias y abonará a la tarea que adelanta la comisión nacional que las prepara.

En estas líneas deseo ratificar  lo que ha sido nuestra postura permanente. Buscamos ofrecer una alternativa democrática y respetuosa a los lidererazgos que han pugnado en los últimos años. Nuestro propósito es ofrecer, y efectivamente construir, un liderazgo confiable a todos los sectores comprometidos con el cambio político, dispuestos a rescatar  la democracia y reconstruir material, espiritual e institucionalmente al país.

Nuestra presencia en la escena política no está orientada a un proyecto de poder individualista o grupal. No buscamos aplastar a ningún sector, partido o liderazgo. Buscamos liderar la transición de la dictadura a la democracia y encauzar al país hacia el desarrollo económico para poder superar la miseria existente.

Lograda la democracia las fuerzas políticas y los liderazgos existentes podrán competir en un clima totalmente diferente al que hoy tenemos. Habrá la posibilidad de adelantar una reforma política que garantice los derechos de los ciudadanos y de los partidos, así como de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Habrá plena libertad de prensa y movilización, así como plena garantías para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos sin amenazas de ninguna naturaleza.

En esta hora de angustia por la tragedia que vivimos, la Concertación se convierte en una necesidad existencial de nuestra sociedad. Por eso es fundamental asumir el compromiso de las primarias y el del respeto y no agresión personal entre quienes actuamos en la vida pública. Hacerlo será la mejor pedagogía para nuestra ciudadanía, huérfana cómo está, de lecciones de civilidad y compromiso auténtico con el futuro de nuestra nación.

César Pérez Vivas

Hemos celebrado un nuevo día de la juventud. La fecha me lleva a la reflexión sobre la dura situación de los jóvenes en nuestro país, en estos tiempos de la revolución. . En medio de las carencias propias de nuestras sociedades latinoamericanas, nosotros en Venezuela, a lo largo del siglo XX logramos contar con una creciente variedad de oportunidades para nuestras diversas generaciones juveniles. La mía, nacida y formada en los albores de la democracia accedió de forma creciente a los bienes materiales y espirituales fundamentales para vivir con dignidad.

La Venezuela Democrática abrió miles de liceos y escuelas, centenares de universidades y tecnológicos para garantizar el derecho al estudio de la juventud. Allí podían acceder los hijos del obrero y el campesino, en igualdad de oportunidades que los hijos de la clase media.

El afán por construir instalaciones educativas, permita espacios de calidad para hacer del aula un espacio de convivencia y sociabilidad. Los comedores universitarios, el transporte estudiantil y las becas le permitieron a miles de jóvenes, provenientes de hogares pobres, acceder a la educación y obtener una profesión con la cual saltaron a mejores niveles de vida.

El plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho resultó una oportunidad extraordinaria para los jóvenes de mi generación y para las siguientes, de ir a importantes universidades del mundo desarrollado. Allí se forjó toda una legión de técnicos, científicos e intelectuales de elevada valía. Una vez culminaban los estudios, las juventudes de la democracia accedían al mercado de trabajo. Lograban hacer carrera, construir empresas y forjar familia. Vale decir hubo oportunidad para la realización personal y el profesional.

El socialismo del siglo XXI cerró ese camino. Truncó la vida de nuestros jóvenes hasta el punto de forzar la más brutal estampida juvenil de toda nuestra historia. Nuestros jóvenes tienen graves dificultades para acceder al estudio y al trabajo. La destrucción del sistema educativo ha sido tan agresiva, que hoy las cifras de deserción escolar son las más elevadas del continente americano. Los pocos niños y jóvenes que están asistiendo al sistema educativo lo hacen en precarias condiciones. Sin alimentación adecuada, producto de la pobreza generalizada, y por la inexistencia de comedores escolares y de programas para apoyar a los estudiantes. Los maestros, pilares fundamentales del proceso educativo, sufren los rigores de unos salarios miserables con los cuales no se posible, ni siquiera, asistir a los centros de trabajo.

Por otra parte no hay fuentes de trabajo para los jóvenes de estos tiempos. La destrucción de la economía, por parte del régimen madurista, ha traído consigo el cierre de oportunidades de trabajo estable y bien remunerado.

La destrucción de la educación y del empleo ha sido la principal causa de la diáspora de la juventud venezolana. Hemos perdido ya dos generaciones de nuestra juventud, que han optado por buscar en otros países, las oportunidades que la revolución les ha cerrado.

En este día de la juventud venezolana debemos reiterar nuestro compromiso de luchar para impulsar el cambio que le permita a las presentes y futuras generaciones de jóvenes venezolanos vivir, formarse y realizarse plenamente en este su país. Que las futuras generaciones no se vean forzadas a abandonarlo porque aquí tienen las mejores oportunidades de lograr una vida digna.

Artículos Destacados01:12 VIDEO: el instante en que dos pitones cayeronsobre una aterrada familia en MalasiaComo próximo presidente de Venezuela me propongo el cambio profundo del modelo político y económico para ordenar nuestra administración pública, reactivar la economía garantizado la plena vigencia de los derechos humanos para promover la instalación de millares de nuevas empresas, capaces de generar empleo para todos. Al incrementar el Producto Interno Bruto elevaremos nuestros ingresos fiscales y dispondremos de recursos para hacer de la educación, nuevamente, la palanca impulsadora del crecimiento espiritual, cultural y material de nuestra juventud.

César Pérez Vivas

Hablar de liderazgo y de caudillismo pareciera una necedad. Una pérdida de tiempo en medio de una situación de tragedia como la que padecemos los venezolanos. O más bien un ejercicio intelectual para afinar conceptos y lecciones necesarias en las escuelas de politología y sociología.

Pero no es así, se trata de que en el marco de la dimensión cultural de la tragedia humanitaria en la que estamos imbuidos, y a la cual me referí en mi artículo del pasado 26 de diciembre del 2022, el proceso de gobernanza de la sociedad, los valores ciudadanos que la sostienen, se entrelazan muy de cerca con los modelos de conducción existentes en las sociedades.

Una sociedad conducida por instituciones, en base a un marco normativo emanado de parlamentos ortodoxamente democráticos ofrece una predictibilidad y una seguridad capaz de garantizar paz, bienestar y respeto a los derechos humanos. En cambio, una sociedad sin instituciones o con instituciones débiles, dirigidas por personajes mesiánicos y arbitrarios es presa fácil de la arbitrariedad, violadora de los derechos humanos y muy comúnmente pobre. Son sociedades inestables, con mayores niveles de violencia y corrupción y por lo tanto limitadas en sus niveles de desarrollo económico y equidad.

Vale decir el tipo de actores tiene mucho que ver con la conducción de la vida política, pero, además, su existencia está en estrecha relación con los niveles culturales y educativos de su población.

Por ello es menester que examinar el perfil del liderazgo existente en sociedades con instituciones o las que carecen de ellas. Entendiendo por liderazgo el nivel de confianza que una sociedad deposita en uno o varios de sus conductores políticos, intelectuales, religiosos o sociales para conducir su propia existencia.

Para nadie es un secreto que el ascenso al poder de “la revolución bolivariana” terminó por expandir los niveles de subyacentes en nuestra sociedad de caudillismo y mesianismo. El poder fue asumido por un grupo de personas profundamente impregnados por valores autoritarios, derivados de elementos ideológicos y por un militarismo heredado de la primera etapa del siglo XX.

La añoranza de un militar al frente del gobierno, por el agotamiento de la política democrática de finales del siglo pasado, abrieron el paso para el arribo al poder de un contingente de militares que asumieron el gobierno con los parámetros de conducción típico de los cuarteles. A partir de ese momento, tanto los equipos del gobierno, como las formas de la gestión se militarizaron.

El lenguaje en boga tenia su origen en la jerga de los cuarteles. Palabras como: “mi comandante en jefe”, “misiones”, “guerra”, “estado mayor” “batalla”, “soldados”, “estrategia” “batallones” “jefes”, “geometría del poder”, “enemigo”, “escuálido”, “hasta la victoria siempre”, entre otras tantas, se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano en los medios de comunicación y en el discurso político.

El lenguaje militar, las formas de su conducción impactaron de forma directa la vida política. Más de cuatro décadas de conducción civil se dejaron de lado. Y las nuevas formas sirvieron para apalancar un estilo de conducción que muchos han asumido como normal. De modo que en pleno siglo XXI la conducción de la vida publica no se da en función de las competencias establecidas en la constitución y la ley, siguiendo los parámetros de la ética, la persuasión y la convicción, sino sobre la tesis de la orden emanada por el jefe, la cual debe cumplirse sin posibilidad alguna de ser examinada, en ninguna de sus facetas.

Esa conducta se refuerza con un exacerbado culto a la personalidad. El culto y la alabanza a quien ejerce el poder es típico de todos los regímenes autoritarios. De esa forma se refuerza el caudillismo. En estos tiempos del socialismo bolivariano hemos apreciado en todas sus formas ese culto a la personalidad. Convertir a Chávez en una especie de semi Dios. La colocación y promoción de su imagen en todas partes, sus ojos, su voz y sus lemas son parte de esa desviación. Ahora asistimos a ese culto en la figura del actual ocupante de Miraflores. El super bigote no es otra cosa que una forma de reforzar ese culto al caudillo.

Lo grave es que esa cultura ha permeado a sectores políticos distintos a los de la revolución. Nuestros partidos políticos derivaron en una replica del modelo caudillista, Su “liderazgo” no es el derivado de una decisión libre y autónoma de sus integrantes. La jefatura deriva de un ejercicio arbitrario de sus posiciones, llegando a producirse fracturas, purgas y marginaciones para quienes en su seno se atrevan a exigir dirección colegiada apegada al orden jurídico o elección transparente de sus autoridades. El caudillismo decimonónico también contaminó a lo que debería ser su antípoda.

Esta situación ha generado un daño profundo a la vida democrática. La democracia como forma de vida ha ido desapareciendo no solo por el comportamiento autoritario del gobierno, sino por el igualmente antidemocrático de nuestros partidos opositores. Una tarea que debemos asumir los demócratas es hacer lo que predicamos. Si creemos en la democracia estamos en la obligación de comportarnos democráticamente. En consecuencia, nuestras organizaciones; vale decir los partidos, los gremios, los sindicatos, las universidades, entre otras, deben vivir los principios y las reglas de la democracia.

Los ciudadanos nos exigen autenticidad. Debemos demostrar que somos tolerantes, respetuosos con todos, incluidos los competidores y adversarios, pero sobre todo que debemos conducirnos en nuestras organizaciones con los principios y valores de la democracia.

Cuando esos parámetros no se cumplen. Cuando en la oposición política se niega la democracia, se pierde el sentido de instituciones, y se impone el caudillismo abusivo, surgen las rupturas y se pierde la confianza. Estos comportamientos han facilitado la continuidad del régimen socialista. Por ello es fundamental abandonar la cultura caudillista y asumir la de la conducción democrática. Necesitamos lideres auténticos, no caudillos primitivos en la conducción de la vida pública. Ello permitirá avanzar más rápida y eficientemente hacia la restauración de la democracia.

César Pérez Vivas

La vida social de nuestra Venezuela comienza, en este año, con una jornada de protesta de los educadores y trabajadores de otras áreas del sector público.

La causa de la legítima protesta laboral es la catástrofe humanitaria que sufrimos, expresada de forma directa en cada trabajador, con un salario miserable.

El pasado lunes 9 de enero el magisterio convocó a sus agremiados, y a otros sectores trabajadores del sector público, a una jornada de protesta. Las calles de toda Venezuela se llenaron de ciudadanos indignados con Maduro y su camarilla.

A la protesta se unieron los trabajadores de las empresas de Guayana. Nunca en la historia de esa región, sus trabajadores habían estado en peor situación.
Han hecho presencia en las calles, acompañando esta legítima exigencia, los pensionados y jubilados. Ya su ingreso es apenas una limosna.

“La revolución bolivariana y socialista” ha logrado el gran sueño de “la igualdad”. Todos somos igualmente pobres. Diría que buena parte de nuestra sociedad está en la miseria. Ni siquiera en los tiempos de la esclavitud un trabajador en estas latitudes había sido sometido a las penurias a las que hoy está sometido el trabajador venezolano. En aquellos tiempos los esclavos tenían las tres comidas diarias. Hoy eso no es posible porque con los salarios que Maduro paga a los trabajadores es imposible tener lo necesario para su alimentación, mucho menos para sus familias.

La vida moderna exige otros requerimientos, además de la alimentación. Ninguno de ellos está cubierto. Por el contrario, los logros de la democracia y la civilidad han desaparecido. La respuesta de Maduro ha sido la evasión y la represión.

Evade su responsabilidad y la de su gobierno ante la miseria existente, como si no estuviesen controlando el poder durante los últimos 23 años. En su discurso, en el Palacio Federal Legislativo del pasado jueves 12 de enero, el actual ocupante de Miraflores, no tuvo el coraje de admitir el fracaso rotundo del modelo que nos ha impuesto. Mucho menos aceptar el saqueo y destrucción que sus huestes le han propiciado a las finanzas públicas y a la economía en general.

Todo su discurso sigue dirigido a imputar a otros la responsabilidad de la catástrofe. Ya son 23 años con la misma letanía. Desde el inicio de la revolución tienen una excusa y un culpable: el imperio, la oligarquía, el paro petrolero, la guerra económica y ahora el bloqueo. Han ido recurriendo en cada momento a una excusa. Por fortuna el país ya no le cree ninguna, absolutamente ninguna, de sus mentiras y excusas. Ya los más fanáticos “revolucionarios” no se comen ese cuento. Mientras la mayoría de ellos sufren, como el resto de los ciudadanos, las consecuencias de la destrucción creada, unos pocos personajes de la cúpula roja exhiben grotescamente su opulencia desdiciendo con sus lujosos autos y sus excentricidades, las mentiras de la propaganda y el discurso.

La protesta ciudadana es un derecho legítimo. Nuestros ciudadanos, a pesar de todo el esfuerzo de la camarilla por destruir el tejido social, han atendido el llamado de sus gremios a ejercerlo. Desde estas páginas debemos reconocer y animar esa lucha. Pero debemos estar alertas porque tenemos al frente del poder a personajes con una profunda carga autoritaria. Su maldad no tiene límites. Ante la incapacidad para ofrecer respuestas efectivas a la grave problemática económica y social, su reacción natural es la represión y la manipulación.

Así han tratado ya a los trabajadores de Guayana. Los grupos armados y los cuerpos de seguridad han cargado contra los líderes obreros. La lista de detenidos es ya importante. Crece, entonces, el número de presos políticos.

Ante ese cuadro de protestas y represión nuestro deber es incrementar la solidaridad con esas luchas, y en paralelo, elevar la conciencia ciudadana y su organización para construir la alternativa de poder que ha de sustituir a la camarilla roja en funciones de gobierno.

He afirmado en mis anteriores escritos, y lo sostengo, que este año 2023 es crucial en la tarea de preparar el cambio aheleado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Más allá de las reivindicaciones que la protesta le pueda arrancar a la camarilla del gobierno, no podemos perder de vista que lo fundamental es expulsarla de los escenarios del poder.

La barbarie roja no está en condiciones de devolverles a los venezolanos su calidad de vida. Esa camarilla tiene unos valores incompatibles con la modernidad y la civilidad. Por eso se aferran al poder. Debemos recordar, con ocasión y sin ella, que son herederos de la escuela de la dictadura cubana que encabezó el dictador Fidel Castro. Bien conocemos que esa escuela tiene una concepción monárquica y brutalmente represiva del poder.

De modo que la única forma de recuperar el salario, el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos pasa por el cambio político, no solo de las personas que detentan hoy el poder, sino además, del modelo de estado y de economía que nos han impuesto.

Esa es la razón de la lucha que estoy promoviendo y liderando en todo el país. Esta nueva ola de protesta ciudadana nos revela qué hay conciencia de la tragedia y espacio suficiente para ese cambio. Seamos consecuentes con esas luchas. Defendamos sus propósitos y respetemos la entrega y el sacrificio de sus protagonistas.

Quienes estamos en el campo estrictamente político debemos ser los primeros en asumir ese compromiso y actuar en consecuencia. No pueden, quienes se asumen dirigentes, continuar con el conflicto de egos, disputas subalternas y rencores acumulados. El debate público no puede ser para ventilar sus desencuentros.

Nuestro compromiso es impulsar el cambio y fortalecer la esperanza.

Asumamos plenamente las ideas e iniciativas lanzadas, también la semana pasada, por la conferencia episcopal venezolana.

En su documento de comienzos de este año, nuestros obispos envían un mensaje es muy claro: “Invitan a todos los creyentes y personas de buena voluntad a vivir un “protagonismo consciente de ciudadanía responsable”, a no dejarse robar la esperanza. Es fundamental que pasemos de la lamentación a la acción liberadora.”
(https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/en-nombre-de-jesus-nazareno-levantate-y-camina-llamado-de-la-cev-en-la-exhortacion-pastoral-del-episcopado-venezolano/)

No nos dejamos robar la esperanza por la camarilla roja, ni por sus agentes mercenarios, ni por los personajes que solo piensan en sus egos e intereses personales.
La concertación ciudadana que le estamos presentando al país está precisamente en la dirección de construir juntos, como nación, una nueva esperanza y una nueva sociedad de justicia, bienestar y libertad.

Al comienzo de este año 2023 nos planteamos metas, objetivos y proyectos, tanto en lo personal, como en lo familiar y en la vida social. Aquí entra la preocupación por el destino de nuestra nación. El condiciona nuestra vida en lo individual y en lo colectivo, de ahí la importancia de reflexionar y actuar sobre el país que tenemos y el que soñamos.

Entra entonces a gravitar sobre nosotros el hecho político como un eje transversal en nuestra propia existencia. Venezuela necesita un nuevo proyecto histórico, entendido este cómo el conjunto de ideas y valores sobre las cuales ha de soñarse y construirse una sociedad moderna, libre, justa y equitativa.

Nadie duda hoy que el llamado modelo del socialismo del siglo XXI ha fracasado estruendosamente. Lo que está planteado para este siglo es un nuevo proyecto, esencialmente democrático y antropocéntrico, que avance hacia la construcción de una sociedad profundamente respetuosa de la dignidad de la persona humana.

De modo que el problema político no se limita exclusivamente a una salida de Nicolas Maduro y su camarilla del poder, que por lo demás es fundamental. Lo que está planteado en nuestro país es un cambio cultural profundo que pueda lograr un estado democrático, una economía productiva para avanzar hacia una sociedad donde toda persona viva con dignidad y pueda acceder a los bienes materiales y espirituales a los que tiene derecho.

Aquí está el elemento medular de lo que estamos planteándole a nuestros ciudadanos.Establecer un gobierno de unidad nacional, que es diferente a un gobierno de cuotas para el reparto del botín, constituye un desafío para el liderazgo de nación, si en serio, queremos tener una República. Ese gobierno de unidad nacional debe sentar las bases de un nuevo proyecto de país.

No se trata de un eufemismo o de una afirmación retórica. La República está cada día más desdibujada y en peligro. Sus componentes fundamentales sufren un progresivo proceso de descomposición o disolución.

El territorio que es uno de ellos, no tiene una defensa integral. Entendiendo por tal, no sólo su integridad física, sino la de sus activos biológicos hoy en proceso de descomposición. Basta con observar la voraz deforestación de nuestra Amazonia y la contaminación de los cuerpos de agua, tal y como ocurre con los derrames petroleros del Lago de Maracaibo. Todo ello sin olvidar la dejación que se ha hecho de la defensa de nuestro derecho sobre el territorio Esequibo. A lo anterior agregamos la entrega de espacios importantes de nuestra geografía a grupos armados al margen de la ley, como han sido las concesiones a la guerrilla colombiana, en buena parte de la frontera occidental.

La población, que es otro requisito para la existencia del estado, es otro factor en proceso de disolución. Nadie puede negar la gravedad de la diáspora. Más de siete millones de compatriotas han dejado el país y han huido a buscar oportunidades en otros. Lo más grave es qué hay otro tanto pensando en irse. Tal situación compromete severamente nuestro desarrollo en los próximos años.

El poder, constituye el tercer componente del estado. El poder de la modernidad tiene que ser democrático. Apreciamos un poder autoritario, tomado por mafias, que distan mucho de estar sometido a la letra y espíritu de una constitución democrática.

Esos elementos evidencian un riesgo para la existencia del estado y por ende de la República.El proyecto histórico que Venezuela requiere en esta hora, tiene que tener presente esas dramáticas realidades. En el actual debate político estos temas no tienen la relevancia que los mismos exigen. El mismo se reduce a una simple lucha por cuotas de poder, fruto de rivalidades, ya casi históricas, entre actores ya conocidos.

De ahí mis propuestas para modificar esa realidad. Todas ellas deben tener un eje transversal. Se trata de insuflar a la nación, a la política, la economía y las instituciones de un compromiso moral para construir una sociedad donde la ética tenga un peso en la ordenación de la vida social. Todo lo cual, por supuesto, debe tener su principal impacto en la vida política.

Bajo la rectoría de una política ética debemos transitar del estado autoritario, militarista y centralista al estado democrático, federal, municipalizado y civilista. La plena recuperación del estado de derecho constituye una tarea que corresponde al conjunto del cuerpo social, bajo un liderazgo incluyente, respetuoso de la diversidad y el pluralismo, pero firme y determinado a establecer el respeto a una legalidad democrática, que debe recuperarse para sustituir la legislación arbitraria y autoritaria impuesta en estos años de “la revolución socialista y bolivariana”, como la definen los autócratas.

Solo en el marco de un estado de derecho podemos construir una economía de mercado moderna y productiva. La recuperación económica es clave para poder superar la brutal pobreza creada por el actual gobierno. Recuperar el salario de nuestros ciudadanos, las pensiones y jubilaciones, el servicio de salud y la educación, así como los servicios públicos, supone la existencia de esos dos elementos: estado de derecho y economía de mercado.

Estos son ejes fundamentales del nuevo Proyecto Histórico por el que hoy estamos de nuevo en la escena publica del país. Buscamos educar, concientizar, esperanzar y emocionar a nuestros compatriotas con ese proyecto. Persuadirlos que si es posible tener una Venezuela diferente. Una patria moderna, justa, equitativa donde podamos vivir, formar nuestras familias y contribuir a forjarla como una nación modelo en nuestro continente.

Caracas, lunes 9 de enero de 2023

César Pérez Vivas

Comienza este nuevo año 2023. Nos toma en una Venezuela sumida en la pobreza, la corrupción, la insensibilidad y el caos. Avanzamos en el siglo XXI sin salir del siglo XX, en términos de convivencia civilizada, respeto a los derechos humanos, gobernanza y calidad de vida de los ciudadanos.

Comenzamos otro año con la diáspora en crecimiento. Todos los días más venezolanos abandonan el país o hacen preparativos para migrar. Arribamos a nuevo año con el peor gobierno de nuestra historia, con una oposición fraccionada, enfrentada y, en parte, coaptada, y con una ciudadanía escéptica, desilusionada e indignada por la magnitud de la tragedia.

El desgobierno en funciones, ha derivado en una camarilla de cínicos y mentirosos que solo piensan, cada día, en la forma de perpetuarse en el poder. La oposición distraída en conflictos de dirigentes que no logran superar sus diferencias juveniles, o de emergentes sin formación y sin valores éticos y ciudadanos para generar la confianza y la esperanza que una nación postrada necesita como motor para salir del abismo.

Ese cuadro socio político debemos superarlo. Por eso debemos convertir este nuevo año en el de la responsabilidad. Aquí todos los venezolanos de bien estamos, cada uno en su esfera y en sus circunstancias, en el deber de asumir una conducta responsable para constituir la alternativa sólida y confiable con la que vamos a enfrentar al madurismo en el año 2024.

La primera y más determinante responsabilidad la tenemos quienes ejercemos funciones de liderazgo y conducción política. Es hora de qué quienes hacemos política colóquenos a los ciudadanos, es decir a la nación y al país como la prioridad absoluta de nuestro quehacer cotidiano. Es nuestra obligación construir una alternativa sólida, confiable, integra y ética para conducir a Venezuela hacia la democracia y a su plena recuperación social y económica.

Ha llegado la hora de colocar a un lado los viejos conflictos de buena parte de los actores políticos. De entender y aceptar la crisis institucional de nuestros partidos. De colocar por encima de nuestras ambiciones o legítimas aspiraciones la urgente necesidad de recuperar nuestra patria. De recuperar la confianza de nuestros ciudadanos en la viabilidad de nuestra Venezuela como un país posible, donde se viva con dignidad y decoro. Ese objetivo pasa por rescatar la confianza en un liderazgo capaz, experimentado, ético, auténtico y valiente.

Es la hora de la unión y la convivencia civilizada. Por encima de nuestras adhesiones o rechazos partidistas o ideológicos debe estar el supremo interés de rescatar nuestra Venezuela.

Este año 2023 debemos dedicarlo por completo a la tarea de armar esa alternativa.

Entender la alternativa como un poderoso movimiento ciudadano, organizado en todos y cada uno de los asentamientos humanos de nuestra geografía, con una clara conciencia del nuevo proyecto histórico de sociedad a construir y con un liderazgo consustanciado con la nación en sus diferentes expresiones.

Para este año 2023 está prevista la celebración de un proceso de consulta ciudadana para seleccionar al candidato presidencial que representará a la sociedad democrática en las elecciones, que, de conformidad con la constitución, debería celebrarse a finales del próximo año 2024. El evento constituye todo un desafío para quienes deseamos contribuir a la construcción de esa alternativa democrática.

Desde los integrantes de la Comisión Electoral de Primarias, pasando por quienes aspiramos a la nominación unitaria, los factores políticos y los ciudadanos tenemos el deber de ofrecer leal y prístinamente nuestro concurso para realizar un evento cívico digno de nuestra tradición democrática.

La otra cara de la responsabilidad está en manos de los ciudadanos. Si bien hay razones, en nuestros compatriotas, para la indignación y la decepción también es verdad que esta patria es de todos los que aquí nacimos y luchamos. Por lo tanto, a todos nos corresponde el deber de contribuir a su rescate y desarrollo.

No es suficiente con expresar el rechazo a los comportamientos dolosa o culposamente equivocados y dañinos. No es responsable desentenderse del destino del país y asumir una conducta de indiferencia frente a su caotización. Afirmar “no me interesa la política”, “no vivo de la política”, “no vale la pena, todos son iguales” constituye una irresponsabilidad consigo mismo, con la familia y con el país.

Ciertamente no todos pueden asumir la política como una actividad permanente. Pero eso no significa renunciar a ejercer el derecho de participar en los asuntos públicos y cumplir con el deber de velar por la buena marcha de la comunidad y del país donde vivimos.

El país cuenta con reservas morales, políticas, académicas y espirituales en los cuales confiar. La traición de unos, la incompetencia y el relativismo de otros, no puede llevarnos al abandono de nuestra responsabilidad ciudadana. Asumamos, pues, este año con la firme determinación de ofrecer nuestro concurso para la construcción de la alternativa capaz de derrotar la dictadura y de conducir la República por los senderos de la paz, la justicia, el desarrollo, la modernidad y el bienestar de todos.

Caracas, lunes 2 de enero de 2023

César Pérez Vivas