La creación del Estado Comunal se presentó por primera vez en la propuesta de reforma constitucional formulada por Hugo Chávez en el año 2007, la cual fue sometida a la consideración ciudadana y rechazada por votación popular a través de un referéndum. No obstante, volvió a incluirse después formando parte del denominado “paquetazo legislativo” que se aprobó en virtud de la “ley que autoriza al presidente de la república para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan”, promulgada el 17 de diciembre de 2010.

¿Qué es y en qué consiste el estado comunal? Nos lo dice la Ley Orgánica de las Comunas en su artículo 4, numeral 10, en estos términos: “Estado Comunal: Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la comuna”. Allí “se propone una forma de organización política, social y económica inédita en la historia republicana nacional basada en la idea de que el pueblo se autogobernará y vivirá en un régimen de propiedad social y no privada”. La ley citada, en el artículo 5, define a la comuna en la forma siguiente: “Es un  espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

Casi dos años después, en una transmisión presidencial del 20 de octubre de 2012, Chávez, cuando apenas había 511 comunas registradas, reprochó y criticó lo poco que habían hecho sus subordinados para materializar el nuevo modelo, al manifestar: “Las comunas no se ven por ningún lado… ¿Dónde las vamos a buscar? ¿En Júpiter? ¿Será que tengo que seguir clamando en el desierto?”. Y ambiciosamente proclamó que esperaba que para 2019 estén constituídas más de 3.000 comunas en las que viviría alrededor del 70% de la población.

El mismo día de promulgación de la Ley Orgánica de las Comunas, 21-12-2010, se promulgó también  la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, que regula las relaciones productivas entre las instancias del Poder Popular, el Poder Público y las organizaciones del sector privado.

Margarita López Maya, historiadora y doctora en Ciencias Sociales, entrevistada, en uno de los libros de El Nacional, por el periodista David González, hace interesantes reflexiones sobre el Estado Comunal, de las que transcribo algunas sobre el proyecto que se procura instaurar en Venezuela: “ (Chávez) reclama a sus ministros porque desea avanzar en el establecimiento del sistema de autogobiernos comunales que no pudo incorporar en la Carta Magna tras el rechazo de los votantes a la propuesta de reforma constitucional de 2007…Un hito importante en su carrera política fue la proposición de un Estado Comunal. El concepto, sin embargo, es mucho más que un episodio que adorna la biografía política de un líder: la instauración final del modelo supondría un cambio esencial en la vida de la República”.

Nicolás Maduro, sucesor de Chávez – lo advirtió el escritor y periodista Juan Páez Avila, en un artículo del 23-12-2015-: “el Presidente de la República insiste en imponer en nuestro país las Comunas como el centro de la vida en la sociedad, violando la Constitución Nacional Bolivariana y desafiando no sólo a los venezolanos que votaron en contra de dicha propuesta en el Referendo de 2007”. Y el diario El Nacional, en el editorial de su edición del 19 de este mes, señala que la satrapía de Nicolás Maduro, aprovechando “la anestesia colectiva” por la guerra en Ucrania y el Mundial de Fútbol que entretendrá las masas, hará colar decisiones en su propio beneficio, por ejemplo, “en Venezuela la ocasión ha servido para despertar el monstruito del Estado Comunal” y “crear una suerte de Estado paralelo con nuevas divisiones territoriales que, de acuerdo con los entendidos, requerirían de un referéndum para que la gente decida si se enmienda la Carta Magna”.

Con mordacidad, el editorial del diario asediado por los usurpadores de Miraflores, concluye que“si la intención es aprobarlo (el Estado Comunal resurrecto) entre partido y partido, entre gol y gol, o entre gaitas y villancicos, la cosa pinta mal”.

Carlos Canache Mata

Como un dios maléfico perdido en el mundo de su propia creación, la tiranía usurpadora instalada en el Palacio de Miraflores anda perdida en el laberinto que es hechura suya. Veamos los problemas que la acechan desde diversos flancos.

En el plano internacional, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el 1° de noviembre informó que había pedido ante la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para reanudar la investigación referida a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2014 y 2017 al indicar que “después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha , así como de otras fuentes creíbles”, concluyó “que el aplazamiento solicitado por Venezuela en esta etapa, no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación”. La tiranía, continúa, pues, en el banquillo de los acusados, sometida a la justicia penal internacional, por crímenes que no prescriben.

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea (UE), en resolución adopta el 10 de noviembre, acordó renovar hasta el 14 de noviembre de 2023 las sanciones impuestas en contra de un grupo de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la UE, extiende por un año las medidas restrictivas en contra de más de 50 miembros del Estado “por socavar la democracia y violar los derechos humanos de los venezolanos”.

En lo que respecta a la libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró el domingo 30 de octubre en Madrid, su 78 Asamblea General, y expresó en su informe sobre Venezuela, lo que sigue: “En este período se puede afirmar que dejó de existit el periodismo independiente en el país. El gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras”. Y Jorge Canahuati, hasta ese momento presidente de la SIP, declaró: “El tema de Venezuela es vital. Nosotros consideramos que no hay libertad de expresión en Venezuela. La dictadura ha acabado con los medios, no hay presencia de medios independientes. Creemos que la lucha debe continuar. Es una tristeza que haya un gobierno dictador que cree que puede tapar el sol con un dedo. Al final, los ciudadanos saben lo que está pasando. Por lo tanto, nuestra solidaridad con los periodistas, con los medios y con el pueblo venezolano y esperamos que pronto podamos celebrar la libertad”.

En el área económico-social, la situación es preocupante y grave. Según el economista Asdrúbal Oliveros, Venezuela “se está encareciendo por la dolarización caótica” y en lo que va de año “la Canasta Alimentaria promedio en divisas ha subido 44%”. Aseguró que en los últimos meses ha habido una desaceleración de la capacidad de consumo de los venezolanos y que “el venezolano promedio no puede cubrir sus necesidades alimentarias”.

El reciente y último informe de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que el 81,5% de los venezolanos se encuentra por debajo del umbral de pobreza y que el 53,3% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema, si ésta es medida por ingresos. En cuanto a la pobreza multidimensional, que incluye diversas variables (vivienda, empleo, servicios), arropa al 50% de los hogares. El investigador y profesor de la UCAB, Luis Pedro España, en la presentación de la Encuesta, manifestó: “En materia monetaria, el dato más importante es el incremento de la desiguadad. Venezuela ya es, por lo menos para este 2022, el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso” y, citando cifras del Banco Mundial, que “tiene unos niveles de desigualdad similares a los de Namibia, Mozambique o Angola”. También dijo que los programas sociales se han reducido a dos: las transferencias monetarias permanentes o eventuales (en 2022 lo recibieron el 48,4% de los venezolanos mayores de 18 años) y la entrega de alimentos a través de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), asegurando que las reciben una vez al mes, el 30% cada dos o tres meses, el 24% cada cuatro meses o más, el 0,2% semanalmente y el 1% quincenalmente.

En busca de mejores condiciones de vida, se estima que entre siete y ocho millones de compatriotas han emigrado del país.

En esta primera quincena de noviembre del presente año, se celebró en el centro turístico de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, en Egipto, la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP27), a la que asistió Nicolas Maduro. El experto en temas petroleros y medioambientales, Pedro Mario Burelli, hizo el cálculo de que tuvo un costo total de 3.254.600 dólares el viaje de Maduro a la cumbre medioambiental en Egipto, al trasladarse en tres aviones, dos para despistar (hay recompensas por su captura fuera de las fronteras patrias) y otro fletado a Turquía. La tiranía necesita cuidos.

A grandes rasgos, lo dicho arriba da una idea del oscuro laberinto en el que se mueve actualmente el sátrapa que –con la complicidad de un CNE incondicional y sumiso-  ha  tomado por asalto al Palacio de Miraflores.

Carlos Canache Mata

Pasa el tiempo. Los días, los meses y los años se van y vuelven con nuevos nombres. La vida es una apuesta diaria que termina con la muerte. Pasan sueños y ambiciones por la mente y el corazón de los hombres. Pasan luchas y estremecimientos agrietando la faz de la tierra. Pasan los astros con su magia sideral por el espacio. Pasa el viento que trae el canto de los pájaros.  Pasa el olvido amurallando la palpitación de las cosas.

Pero no pasa nunca el recuerdo de la madre y del padre. Siempre vivos en el recuerdo perenne. Ella: Acacia Mata Armas de Canache Díaz. EL: Jesús Canache Díaz. Fue en Píritu, Estado Anzoátegui, donde comenzaron sus andaduras de luz.

El 22 de junio, que acaba de pasar, fue el cumpleaños de mi madre. La memoria se emociona recorriendo otra vez el camino. Su mano que me despedía desde la puerta de la casa a la hora de partir para la escuela, y aquellas mariposas que alzaban su vuelo asustado desde los pozos de lluvia de las calles del pueblo. Su desvelado afán anual para que la fiesta patronal del 8 de diciembre me encontrara luciendo ropa y zapatos nuevos. Sus ojos alumbrándonos como velas encendidas cuando juntos marchábamos en medio de la muchedumbre de las procesiones de Semana Santa. Y aquel santo regaño cuando los hermanos fuimos puestos en fila, y preguntaba quién  le  había hurtado  unos  centavos   que  había dejado en la repisa de la lámpara de  carburo –todavía Píritu no tenía el servicio de luz eléctrica- y, al dar yo un paso al frente confesando mi culpa, me dió tres palmetazos  en la palma de una mano, diciéndome: “¡el dinero ajeno no se coge!”. La mejor lección recibida en toda mi vida, que sirvió de guión para mi actuación de hombre público.

El domingo 19 de junio, celebramos el día del padre. Y yo recordé que fue él, mi padre, quien me llevó por primera vez a conocer el mar en Puerto Píritu, quien me enseñó el nombre de los árboles del campo, quien me hizo tocar las piedras gloriosas de las ruinas de la Casa Fuerte en Barcelona, quien aplaudía al contarle mis primeros discursos que dije en las asambleas estudiantiles  de la capital anzoatiguense.

Vaya una anécdota. Conversaban mi madre –carácter ejemplar y dominante- y mi padre –talante sencillo y conciliador- sobre algún tema, y en virtud de que ella insistía en imponer su punto de vista, yo le pregunté a él, a mi padre, por qué, teniendo caracteres tan distintos,  se habían casado, y recibí esta respuesta: “¡Qué iba yo a saber que aquella novia era una fiera!”. Todos estallamos en una risa colectiva.

En Caracas concluí mis estudios de bachillerato y emprendí mis estudios universitarios. Mis afanes políticos adquirieron otra dimensión. Y cuando en el año 1955 la dictadura de entonces, la de Marcos Pérez Jiménez,  me condenó a prisión, los dos -madre y padre- asumieron la prueba con valentía impar. No se empequeñecieron ante la transitoria adversidad. Los domingos me visitaban en la Cárcel Modelo de Caracas, y cuando se despedían al irse, me parecía que yo me iba con ellos y me sentía libre de nuevo. Después, en el destierro de México o de España, recibía las cartas de mi madre, el papel no estaba humedecido de lágrimas, sino cubierto con aquellas grandes letras suyas que me entregaban –además de su amor inmedible- ánimo y esperanza para perseverar  en el combate.

¡Cómo recuerdo aquel gozo alborozado que les vibraba en los ojos cuando me recibieron en Maiquetía al regresar a la patria liberada! Siguieron 40 años de actividad política en democracia y libertad.  Hace más de cuatro lustros, volvió la oscuridad.

Próximo a cumplir los 95 años de edad, ya en el crepúsculo de la vida, cuando se acerca la hora del  adiós  definitivo, me enorgullece poder decir que, al final de una dilatada actividad política, salgo de ella con las manos limpias  y sin recursos materiales, afortunadamente asistido por la ayuda familiar. Honra y pobreza. Y, ¡mi pobreza es mi mayor riqueza!

Carlos Canache Mata

La era del chavismo sigue, la dictadura continúa y se prolonga recostada del sombrío apelativo del madurismo. Que estábamos al margen del Estado de Derecho, lo sabíamos, por experiencia propia, los venezolanos. Los expertos de las Naciones Unidas y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también lo han informado reiteradamente. Pero ahora, como lo hace saber el editorial de El Nacional del pasado 29 de octubre, es una organización no gubernamental, World Justice Project, que, en el Índice del Estado de Derecho 2022 estudiado en 140 países, ubicó a Venezuela en el último puesto, en el puesto 140.

La semana pasada se celebró en Madrid la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que se presentó el Índice de Chapultepec 2022, que sirve de barómetro en las Américas del estado de las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y de prensa –realizado en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)- en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua “siguen compartiendo los tres últimos puestos con una ausencia total de esas libertades”. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, condenó el cierre de 300 medios de comunicación en Venezuela en los últimos años, y puso a nuestro país como ejemplo para señalar cómo algunos gobiernos utilizan la Justicia para clausurar medios de comunicación.

En esa ocasión, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, manifestó: “En Venezuela, el régimen ordena apagar la libertad de expresión bloqueando Internet, que es la única vía por la cual el periodismo independiente se expresa. Lo hace ordenando a las compañías telefónicas bloquear todas las páginas web del periodismo independiente”. Añadió que “es algo muy alarmante” que, junto a ese bloqueo, ocurran  las agresiones contra reporteros y periodistas durante la cobertura informativa y el cierre de las estaciones de radio. El propio portal digital de El Nacional ha sido acosado, en variadas formas, por el régimen dictatorial.

Unas 40 ONG (Organizaciones No Gubernamentales), en un comunicado conjunto publicado el pasado 28 de octubre, rechazan la “suspensión masiva” de transmisiones radiales por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el brazo ejecutor gubernamental de la medida, así: “Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos la gestión opaca y arbitraria de Conatel que derivó en la suspensión masiva de transmisiones de decenas de emisoras radiales en varios estados del país durante los últimos meses”, recordaron que ese cese de operaciones impacta en un “ecosistema de medios restringidos desde hace varios años”, y señalaron a la ciudadanía como “la principal afectada por falta de espacios plurales para opinar, informar y enterarse de lo que pasa en sus localidades”, que “estas prácticas impiden que las personas tomen decisiones razonables o lo suficientemente informadas frente a situaciones que les afectan”, criticaron que la gestión del espectro radioeléctrico opere “bajo esquemas discrecionales” y exigieron al Estado que ajuste la legislación “a los estándares en materia de derechos humanos”, que garantice de forma amplia la libertad de expresión, que ofrezca seguridad jurídica y permita el ejercicio pleno del derecho a la defensa”, y exhortaron a Conatel a generar “condiciones de igualdad y equidad para facilitar el uso legal y legítimo del espectro radioeléctrico”.

La arremetida contra las radios, tal como lo señaló el escritor Trino Márquez, permite “silenciar las voces de protesta por el estado en que se encuentran los servicios públicos y la infraestructura nacional, o por el incremento de los precios de los alimentos, o por cualquiera de las numerosas razones que tienen los venezolanos para quejarse por la ruina provocada por el chavismo- madurismo…para que la corrupción no se denuncie”. Según medición realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, el 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 76,6% vive esta situación en miseria. Los expertos consideran que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, en la que es necesario mirar en conjunto las condiciones de habitabilidad, educación, protección social y otros aspectos para una mejor comprensión de la pobreza nacional, es decir, la llamada pobreza multidimensional. Así celebró el país el 17 de octubre pasado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

La dictadura de la era chavista sigue. Desde que ascendió al poder en 1999, han transcurrido 23 años. Le faltan cuatro años para alcanzar la elipse existencial de esa otra etapa oscura, sangrienta y dramática que encabezó Juan Vicente Gómez. La tiranía que ahora padecemos ha tardado en encontrar su epitafio político.

Carlos Canache Mata

Este 27 de octubre, se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez (1922-2010) en Rubio, Estado Táchira. Con este motivo, se han celebrado foros y entrevistas digitales al respecto. En este artículo me referiré, sintéticamente, a su actuación durante los gobiernos de facto y constitucional de Rómulo Betancourt, y a sus dos ejercicios presidenciales.

Bajo la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) fue Secretario Privado de su presidente Betancourt. En el Gobierno Constitucional de Betancourt (1959-1964) ocupó, primero, la Dirección General del Ministerio de Relaciones Interiores, y, luego, la titularidad de la misma cartera. Participó activamente en la lucha antiguerrillera (la línea definitivamente insurreccional la adoptó el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el mes de marzo de 1961 en su III Congreso, ya activada por el MIR), que comenzó siendo rural, y posteriormente se extendió a las áreas urbanas, con asesinato de policías, atracos a bancos, secuestros de personas inocentes y asaltos a las casas de oficiales de las FAN. En ese entonces, ocurrieron el alzamiento militar de derecha del Cuartel Pedro María Freites de Barcelona, el “barcelonazo” (26 de junio de 1961); la sublevación en Carúpano, el “carupanazo”, del batallón de Infantería de Marina 3 y del destacamento 77 de la Guardia Nacional (4 de mayo de 1962); la sublevación, de mayores proporciones, de la base naval de Puerto Cabello, el “porteñazo” (2 de junio de 1962). Dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”, y como consecuencia de que el “carupanazo” y el “porteñazo” fueron fruto de una extraña alianza entre un sector militar y los comunistas, por temor a éstos, la gran mayoría de las FAN consolidó su apoyo al gobierno democrático y desapareció por largo tiempo el peligro del golpe de estado. El 28 de septiembre de 1963 hay el asalto al tren de El Encanto con un saldo de 5 guardias nacionales muertos y gravemente heridos 2 niños y 8 mujeres. Se aplicó el Código de Justicia Militar  y se detuvieron los parlamentarios del PCV y del MIR.

Su Primer Gobierno. En el mes de agosto de 1972, ia Convención Nacional de AD escoge a Carlos Andrés Pérez como su candidato presidencial para las elecciones en las que el voto popular decidirá quién será el Presidente de la República para el período constitucional 1974-1979.

Su campaña electoral tuvo innovaciones. Antes del mitin, recorría las calles mientras conversaba con la gente y dice uno de sus biógrafos (Ramón Hernández, Biblioteca Biográfica Venezolana, El Nacional) que en toda la campaña caminó 907,3 kilómetros y que “se dejó crecer el pelo y las patillas, como estaba de moda, y agregó el saludo con las manos en forma de aspas mientras mostraba una gran sonrisa”, lo que le daba un aire juvenil. Sus dos cosignas principales fueron “democracia con energía” y “ese hombre sí camina” (con música pegajosa del compositor Chelique Sarabia). Ganó con el 49% de los sufragios. El Congreso Nacional fijó el día 12 de marzo para la juramentación del presidente electo.

Yendo a lo sustancial, se inició el gobierno con un gran aumento del precio del petróleo como consecuencia del embargo petrolero árabe por la Guerra del Yom Kippur entre Israel y algunos países árabes, lo que tuvo un enorme impacto fiscal: “El barril de petróleo había pasado de US$ 3,71 a finales de 1973, a US$ 10,53 en 1974, lo que determinó que el ingreso fiscal petrolero pasara de Bs 11.182 millones en 1973 a Bs 36.448 millones en 1974, con una producción que había bajado de 3.366.011 barriles diarios a 2.976.251 barriles diarios. El total de los ingresos fiscales pasó de Bs 16.433 millones en 1973 a Bs a 42.799 millones en 1974” (cifras del BCV, Informe Económico, 1974).

La medida más importante del gobierno del presidente Pérez fue la nacionalización de la industria petrolera. Aparte de las condiciones externas favorables a la nacionalización, hubo también la circunstancia de que como en el anterior gobierno del presidente Caldera se había aprobado la Ley de Reversión, las compañías veían que el negocio del petroleo se le iba de sus manos y no invertían con grave disminución de las reservas, las cuales quedaron para poco más de 8 años. Apenas 10 días después de su toma de posesión, nombró, el 22 de marzo, la Comisión de Reversión –presidida por el Ministro de Minas e Hidrocarburos e integrada por representantes de los partidos políticos y de organismos fundamentales de la sociedad venezolana-  que analizaría el adelanto de las concesiones de hidrocarburos y de los bienes afectos a ellas, a fin de que éstas pasaran a manos del Estado y éste asumiera el control de todas las actividades de la industria petrolera. La Comisión de Reversión presentó un informe favorable, y el 11 de marzo de 1975, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Valentín Hernández Acosta, presentó al Congreso el Proyecto de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, conocida como la Ley de Nacionalización Petrolera. Fue muy polémico el artículo 5° que dice: “…En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informados por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”.  De la lectura del texto, está claro que  tales convenios de asociación sólo se celebran si hay la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, si hay una participación tal que garantice el control por parte  del Estado y con una duración determinada. Recuerdo que durante el debate se evidenció  que  esa participación del Estado podía ser accionaria  o, en su defecto, otorgándole acción dorada (voto doble) al representante del Estado en la directiva de la empresa constituída por el convenio de asociación respectivo con el ente privado.

El día 29 de agosto de 1975 el Presidente Carlos Andrés Pérez pomulgó en el Salón Elíptico del Capitolio Federal la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que entraría en vigencia el 1° de enero de 1976. La nación canceló a las compañías petroleras una indemnización de un millardo de dólares, con un pago en efectivo de 100 millones y el resto en bonos redimibles desde 1977 hasta 1981.

Cuarenta años antes, México había nacionalizado el petróleo. Venezuela fue el segundo país en hacerlo en América Latina.

El año anterior, por decreto del 26 de noviembre de 1974, se había nacionalizado la industria  del mineral de hierro, sin contar con el personal gerencial adecuado ni la tecnología idónea, se fue burocratizando, y a los veintitres años se procedió a la privatización de Sidor.

El 29 de abril de 1974, el Presidente Pérez presentó un mensaje especial al Congreso Nacional sobre la necesidad de obtener la aprobación, de acuerdo con el ordinal 8° del artículo 190 de la Constitución, del Proyecto de “Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera” cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial, introducido en esa misma fecha en la Cámara de Diputados por el Ministro de Hacienda. Dicho proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso Nacional el día 30 de mayo.

Continuaremos la próxima semana.

Carlos Canache Mata

El 12 de octubre se cumplieron 530 años de haberse completado el mundo con la hazaña transatlántica de Cristóbal Colón de haber llegado a esta porción del planeta que después recibiría el nombre de América. La obra colonizadora de España, que se materializó durante tres siglos, en el territorio que hoy conforman los países latinoamericanos, ha sido objeto de evaluaciones y criterios distintos. Unos la exaltan, otros la condenan, lo que no obsta para que unos y otros le concedan a la vez luces y sombras. En su Historia General de América, Luis Alberto Sánchez, destacado escritor peruano, sostiene que “queramos o no, sería absurdo negar que la colonización española imprimió carácter a nuestras colectividades nacionales y hasta provinciales; como sería igualmente necio negar que el Virreinato logró borrar totalmente los restos de organización indígena y callar la voz de la sangre nativa”.

Hay la llamada leyenda dorada o hispanista, que en Venezuela ha sido sustentada por Caracciolo Parra León, Mario Briceño Iragorry, Francisco Javier Yanes y unos cuantos más, según la cual, aun cuando reconoce las crueldades que se cometieron, la colonización española debe ser ponderada positivamente porque nos incorporó al mundo civilizado, nos dio lenguaje, religión, una acción cultural y educativa que se manifiesta en la primera enseñanza y en la creación de universidades (la Real y Pontificia Universidad de Santiago León de Caracas, la de México, la de San Marcos en Lima), se dictaron las Leyes de Indias (muchas de las cuales no se cumplieron) para el trato a los indígenas, la implantación de la imprenta, durante el siglo XVIII en “los Navíos de la Ilustración” de la Compañía Guipuzcoana y después bajo el despotismo ilustrado de Carlos III (rey de España 1759-1788) circulan en Venezuela los libros de Locke, Rousseau, Voltaire, Condillac, control de los funcionarios españoles mediante las visitas y los juicios de residencia, (todo eso, distinto al trato que dieron a sus colonias Inglaterra, Francia y otras naciones de la época), y que hasta la propia Independencia se gestó en el proceso colonizador, que “en su esencia” era a la par español y mestizo. El historiador J. M. Siso Martínez señala que los que defienden la obra española “siguiendo un método comparativo llegan a demostrar que las acusaciones contra España, antes que fruto de un criterio histórico, responde a una concepción política y a intereses determinados de países colonialistas también enemigos de España como potencia colonial”.

Por el contrario, la otra leyenda, la leyenda negra, presenta la colonización española como un período de barbarie, de crímenes, de ignorancia, de salvajismo. En su libro Tapices de Historia Patria, esquema de una morfología de la cultura colonial, Mario Briceño Iragorry apunta que para los que se afilian a la leyenda negra “la patria no vendría a ser sino el proceso republicano que arranca de 1810” y no “encontraron una continuidad que arranca de la propia hora de la llegada a nuestro mundo americano de los pobladores hispanos que engendraron nuestras estirpes sociales y dieron carácter y fisonomía a la sociedad nacional”. Se estima que Bartolomé de las Casas, con su Brevísima relación de la Destrucción de Indias, aunada a las publicaciones de países enemigos de España, juntas contribuyeron a la leyenda negra. Como en el siglo XIX las colonias se separan de España, se arrecian las críticas contra ésta, lo que se refleja, como lo acota Siso Martínez, en nuestra Declaración de Independencia (donde se habla de “nuestra larga y penosa servidumbre”) y en la Carta de Jamaica, donde nuestro Libertador denuncia “las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón”.

Ante las dos leyendas, Mariano Picón Salas asume una posición más equilibrada  en su libro De la Conquista a la Independencia, al afirmar que “ni los conquistadores españoles fueron siempre esos posesos de la destrucción que pinta la leyenda negra, ni tampoco los santos o caballeros de una cruzada espiritual que describe la no menos ingenua leyenda blanca”.

Reverberaciones tardías y absurdas de la leyenda negra fueron decisiones tomadas por el régimen imperante en nuestro país desde hace más de 23 años, entre otras las siguientes: el decreto número 2028, de fecha 11 de octubre de 2002 que ordena que el 12 de octubre se le denomine, no como el Día del Descubrimiento o de la Raza, sino como el Día de la Resistencia Indígena; la remoción el 12 de octubre de 2004 de la estatua de Colón que estaba en el Paseo Colón (Plaza Venezuela), que ahora pasó a llamarse Paseo de la Resistencia Indígena; y el derribo y eliminación, en marzo de 2009, de la estatua de Colón que tenía más de cien años en lo alto de las escaleras del parque El Calvario, la última que quedaba en Caracas. Y, para incrementar aún más la faena antiespañola, después se anunció que se había resuelto cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo, mestizo este hijo de español y una indígena de la etnia guaiquerí, por el nombre Cacique Guaicaipuro.

Colón murió en el año 1506 creyendo que, gracias a la redondez de la Tierra, había llegado a Asia cuando en 1492 cruzó el Atlántico en dirección hacia el oeste. No supo que se había encontrado con un nuevo continente.

 Carlos Canache Mata

Escribo este artículo a pocos días del 18 de octubre de 2022, cuando se cumplen 77 años del movimiento revolucionario y democrático que ese día dio inicio a una nueva etapa de la historia  republicana de Venezuela.

Hasta el 18 de octubre de 1945, la soberanía popular estuvo secuestrada porque a los venezolanos no se nos reconocía el derecho a elegir mediante el sufragio universal, directo y secreto, sino mediante un mecanismo de tercer grado, a nuestros gobernantes.

En efecto, la reforma constitucional aprobada ese año de 1945, bajo el gobierno del general Isaías Medina Angarita, negó la elección popular del Presidente de la República y ratificó que a éste lo elegirían “las Cámaras reunidas en Congreso” (artículo 100); los senadores seguirían siendo elegidos por “la Asamblea Legislativa de cada Estado” (artículo 60), sólo se dispuso la elección popular directa para la Cámara de Diputados (artículo 56), y a las mujeres apenas se les reconoció “el derecho de sufragio activo y pasivo para la formación de los Concejos Municipales” (artículo 14, letra b).

Las citas textuales de los anteriores artículos constitucionales demuestran y prueban que fue rechazada la democratización del poder, es decir, que el pueblo, valiéndose del ejercicio del voto  universal y directo, decidiese la formación de los poderes públicos, elemento esencial de la democracia, como lo dispone el artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana.

El gran jurista español Manuel García Pelayo dice que ante “la imposibilidad técnica de la democracia directa, es decir, de la tesis de Rousseau… existe un concepto… genuinamente democrático… aquellos que han sido designados por elección popular…frente a otros tipos de Jefes de Estado no elegidos directamente por el pueblo, sino, indirectamente, a través del Parlamento”; entonces el pueblo ejerce su poder mediante el sufragio universal y directo (Manuel García Pelayo. “Derecho Constitucional Comparado”. Sexta edición. 1961. Págs. 177,180 y 184).

Durante el decenio post-gomecista es cierto que se  permitía la libertad de expresión de las opiniones políticas, la militancia en los partidos políticos que se fundaron y actuaban sin restricciones (más favorablemente durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita que durante el gobierno del general Eleazar López Contreras), pero continuaba en pie el muro que impedía al pueblo el ejercicio de su soberanía electoral  y lo condenaba a ser espectador y no actor en una cuestión tan fundamental como es la escogencia de sus mandatarios. Fue “una década ambigua”, como la llamó el escritor y diplomático panameño Diógenes De La Rosa.

La situación cambió con el triunfo del movimiento cívico-militar del 18 de octubre de 1945, que rescató la soberanía popular usurpada, y partió en dos la historia de Venezuela. Alberto Carnevali hace esta semblanza de la gran fecha: “…Y con este objetivo esencial  -devolver al pueblo su soberanía-  fue derrocado el 18 de octubre de 1945 el gobierno personalista del general Medina… estaba y estará destinado a restablecer para siempre la fisonomía democrática de Venezuela, y a transformar profundamente su estructura económica y social…” (Alberto Carnevali. Vida y Acción Política. Ediciones Centauro. Impresoras Avila Arte. S.A.  Caracas/Venezuela/1980. Pág. 125). Allí está el sufragio universal,  directo y secreto: nadie se ha atrevido a derogarlo.

El historiador marxista Manuel Caballero, opositor político de los gobiernos de Acción Democrática, sostiene que “el 18 de octubre señala el ingreso de Venezuela a la sociedad de masas… para mostrar el carácter revolucionario del proceso desencadenado por el otorgamiento del voto universal, es necesario decir que él señaló el más profundo elemento de ruptura con el ancien régime”. Ramón J. Velásquez ha recordado que, antes del 18 de octubre, “el reclamo fundamental del país en esta década de los años cuarenta era el voto universal, directo y secreto para la elección de los poderes públicos”  y  apuntaba  el “origen oligárquico de los sucesivos regímenes que habían ejercido el poder”.

Para el historiador Germán Carrera Damas, ese ejercicio de la soberanía popular, alcanzado con la Revolución de Octubre, significa “la más radical transformación sociopolítica experimentada por la sociedad venezolana, desde la ruptura del nexo colonial” (Germán Carrera Damas, Rómulo histórico/Editorial Alfa/2013. Pág. 151).

Coincide con la opinión de Carrera Damas, otro destacado historiador, Tomás Straka: “Con el voto universal, secreto y directo que la Junta Revolucionaria de Gobierno estableció en 1946, la estructura de la república venezolana experimentó su transformación más importante desde su fundación. Ni el federalismo, que nunca se vivió realmente; ni el triunfo de la ‘anti-república’ durante la larga era de dominio caudillista (entre 1870 y 1935) representaron una mutación en las reglas de juego tan hondo…Es decir, una república dirigida por una élite que aspiraba a implementar reformas liberales, pero cuyo origen y ejercicio del poder no estaba en la aprobación de las mayorías” (Tomás Straka. Prodaviinci, 18/10/20, La revolución del voto y el 18 de octubre de 1945).

Marco Tulio Bruni Celli afirma: “…El 18 de octubre fue el punto de quiebre, el momento que dividió la historia venezolana del siglo XX…Admiradores y detractores coinciden en que ciertamente el 18 de octubre de 1945 es el hecho histórico más trascendental en la historia venezolana del siglo XX”  (Marco Tulio Bruni Celli. El 18 de Octubre de 1945/talleres de Gráficas Lauki/2014. Páginas 33 y 47).

Atinadamente, en su libro “El Trienio Adeco (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía” (página 96), el escritor independiente Rafael Arráiz Lucca dice que “sorprende escuchar repetir hasta la saciedad, de manera un tanto mecánica e irreflexiva, que el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 detuvo un proceso democrático en marcha, que lo precipitó, cuando es evidente que sin elecciones directas, universales y secretas, difícilmente podía hablarse de la vigencia de una democracia”.

Con riguroso apego a la verdad histórica, se puede afirmar que, gracias al 18 de octubre de 1945, con el voto universal, directo y secreto, establecido por el Decreto del Estatuto Electoral del 15 de marzo de 1946 dictado por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, y constitucionalizado después en la Carta Magna de 1947, Venezuela pasó de un régimen político de libertades a un régimen político realmente democrático.

Libertad no es lo mismo que democracia, la primera forma parte de la segunda, son dos conceptos que no son iguales, sino complementarios. La Constitución de 1830, sancionada por el Congreso Constituyente de Valencia el 22 de septiembre de ese año, establecía un sufragio censitario (artículo 14), y, por otra parte, como señala el doctor Allan R. Brewer-Carías “si bien se ratificó en el texto de la Constitución de 1864 el voto popular, universal y secreto, que ya había consagrado el texto de 1858, el ejercicio del mismo se hizo nugatorio, pues entre el 80 y el 90 por ciento de la población era analfabeta y la ley exigía leer y escribir para el ejercicio del sufragio, por lo que la participación en el proceso político quedó limitada a una minoría privilegiada, identificada con la nueva oligarquía de la riqueza comercial y terrateniente” (Allan R. Brewer-Carías. “Las Constituciones de Venezuela”. 1985. Estudio Prelimnar. Pág. 63).

Aunque la conquista política del sufragio universal y directo basta para la justificación histórica de la Revolución de Octubre de 1945, hay que mencionar también notables logros económicos y sociales de la acción gubernamental. A vuelo de pájaro, anotaré algunos.

En materia de política petrolera, precisa Manuel Pérez Guerrero (en carta que, estando en el exilio, le dirige a Rómulo Gallegos el 10 de febrero de 1949, publicada luego en folleto, donde resume las realizaciones de los dos gobiernos, el de facto y el constitucional, que dirigieron el país desde la Revolución de Octubre) que se alcanzó “un fuerte incremento de los recursos fiscales del Estado por medio del aumento de su participación de su riqueza petrolera”, primero por el impuesto extraordinario decretado el 31 de diciembre de 1945 y luego por la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, promulgada en noviembre de 1948. Fue el famoso “fifty-fifty”, conforme al cual la renta líquida de las empresas concesionarias no podía ser superior a la participación del Estado.

Como consecuencia de esas medidas, Manuel Pérez Guerrero informa que los ingresos fiscales generados “aumentaron violentamente”, al punto de que “la cifra de 1947 representa más del triple de la del 1944”. Equivocadamente, algunos han afirmado que la fórmula del “fifty-fifty” fue obra del gobierno de Medina Angarita, lo que fue refutado por el entonces diputado Juan Pablo Pérez Alfonzo en su voto salvado en la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, donde señala que se aumentaron los impuestos, pero “no se alcanza sino parcialmente aquello que en razón y justicia debería pretenderse”.

Eso es ratificado por el economista Eduardo Mayobre, en su biografía de Pérez Alfonzo, al recordar que en ese voto salvado “se objeta que no podría alcanzarse la distribución de los ingresos obtenidos por las empresas productoras en un cincuenta por ciento para el Estado y un cincuenta por ciento para las compañías”. También Teodoro Petkoff ha escrito que el fifty-fifty fue “establecido durante la gestión de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt” (Tal Cual 25-03-2010). Entre otros aspectos de la política petrolera, me limito a destacar el de “no más concesiones” porque las existentes más bien excedían las requeridas para mantener la producción en un nivel adecuado.

En su Mensaje presentado el 12 de febrero de 1948 al recién instalado Congreso Nacional , tres días antes de traspasar el mando al Presidente Constitucional Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt enumera lo realizado para la diversificación de una economía propia “porque la ruina y el coloniazgo son la obligada meta final de los pueblos cuyo destino se vincula exclusivamente a una industria minera, manipulada por el capital extranjero”; los logros en la defensa y valorización del capital humano del país (en salud, la notable lucha contra el paludismo, reconocida internacionalmente; en educación, el aumento de la matrícula en todos los niveles y la labor alfabetizadora; en seguridad social, etc.); la puesta en marcha de la Reforma Agraria; el “prodigioso” desarrollo del movimiento sindical (entre  1936-1941 se inscribieron en el Ministerio del Trabajo 522 sindicatos, en tanto que del 18 de octubre de 1945 al 31 de diciembre de 1947 se inscribieron 700 sindicatos).

Hasta aquí llego, si me extiendo más, alargaría demasiado este artículo que escribo con ocasión de este 77 aniversario del 18 de octubre de 1945, una fecha que cambió la historia.

Carlos Canache Mata

Se les venía siguiendo el rastro. En el camino habían quedado las huellas de sus pezuñas. La baqueana fue la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República de Venezuela, que, en el año 2019, fue comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar el cometimiento de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. En el Primer Informe, publicado en 2020, la Misión afirma que sí habían tenido lugar esos crímenes, con el conocimiento de “autoridades de alto nivel”, pero que éstas “no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En el Segundo Informe, presentado en 2021, se señala la ausencia de independencia judicial que contribuye a que haya una absoluta impunidad ante los crímenes e impide a las víctimas el  ejercicio de recursos legales y judiciales.

Es en el Tercer Informe, publicado el 20 de septiembre de este año 2022, donde sale a flote la parte oculta del iceberg –o se sube la gata a la batea, se diría en lenguaje popular- al señalar con nombre y apellido a Nicolás Maduro, a integrantes de la cúpula del chavismo y a directores de los servicios de inteligencia, como principales responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Así lo ratifica la propia presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, al declarar: “Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”. Y como comenta The Washington Post –un periódico de corte liberal- fueron la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los que recibieron, con el apoyo de agentes de la Cuba castrista, el encargo de la represión sistemática y de las torturas que califica como “castigos espantosos”. El Tercer Informe de la Misión de la ONU, citado por ese diario, detalla las torturas aplicadas: “Fuertes palizas con bates y objetos punzocortantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas…violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad constante; calor extremo o frío extremo; alimentación forzada de heces y vómito; y amenazas de muerte y amenazas de violación a las víctimas y sus familiares”. El súmmum del horror, de atrocidades inimaginables. Un profesor de derecho internacional  y  analista político tan ponderado como Adolfo P. Salgueiro, reflexiona: “…Las dantescas y comprobadas torturas en las mazmorras de los organismos de seguridad con la particularidad de que por vez primera en un informe internacional se menciona con nombre y apellido a los responsables de la cadena de mando cuyo vértice es precisamente Maduro y sus escalones inmediatos, los generales Padrino, Hernández Dala y otros que de esta manera quedan señalados como posibles candidatos al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional cuando llegue el momento procesal oportuno”. Es tan grave el tamaño de las denuncias que se han hecho que amigos del régimen venezolano, como el gobierno argentino y el presidente chileno Gabriel Boric, han pedido que “los expertos sigan indagando in situ” y que “el problema de Venezuela necesita atención”.

Pero hay un segundo tema planteado en el Tercer Informe de la Misión de la ONU, que no se tocó en los dos anteriores: la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado Bolívar. A este respecto, se celebró el foro Derechos humanos y rendición de cuentas en Venezuela: hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que participaron reputadas y reconocidas defensoras, a nivel mundial, de derechos humanos.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, manifestó que se documentaron “graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por grupos armados criminales…hay convivencia o tolerancia por las autoridades estatales con relación a actos cometidos por grupos armados criminales que ejercen el control de facto en las minas y en las poblaciones locales…hemos podido documentar algunos casos que demuestran  dinámicas de violencia no solo dentro de los grupos armados criminales y el tipo de violencia que ejercen contra las poblaciones locales, sino también las dinámicas entre estos grupos y agentes estatales y miembros al nivel del Estado”.

Eumelys Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que hay una especie de esclavitud moderna traducida en la explotación laboral y la explotación sexual. La primera –la laboral- se logra concretar en jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias en condiciones a veces infrahumanas; la segunda –la sexual- es como una vía de escape de las familias para lograr la sobrevivencia.

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, afirmó que, en el Arco Minero y poblaciones cercanas, la inmensa red que funciona en esa zona tiene “conexiones estrechas” con criminales internacionales y muchos funcionarios del alto gobierno, si se toma en cuenta la presencia de la Corporación Venezolana de Minería, empresas en las que el Estado tiene mayoría accionaria, la Fuerza Armada Nacional, la Dgcim, el Sebin, etc.

Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, opinó que también habrá que hacer “un monitoreo preventivo ante las elecciones presidenciales previstas para 2024”, en lo que coincide con Marta Valiñas que, en su exposición, había dicho que el período de la preelección presidencial, la libertad de expresión y de asociación, serían “temas en los que seguramente la Misión se enfocaría”.

Como es sabido, los crímenes de lesa humanidad  no prescriben, y, por tanto,  como reza el título de estas líneas, en el régimen dictatorial que impera en Venezuela hay la presencia de estos émulos de los nazis, en espera de su Núremberg.

Carlos Canache Mata 

Seis días después de haber tomado posesión de la Presidencia de la República el General Isaías Medina Angarita, el 11 de mayo de 1941 se reunió en la casa de habitación de Rómulo Gallegos, en la ciudad de Caracas, un grupo de dirigentes y militantes del PDN (Partido Democrático Nacional) clandestino, con el objeto, según explicó el ilustre novelista, “de constituir un partido político que canalizara en planificada acción las aspiraciones manifestadas en torno a su candidatura presidencial”, que, a comienzos de ese año, había sido calificada como simbólica, dada la cirunstancia de que no tenía ninguna posibilidad de triunfo por cuanto era el Congreso Nacional, dominado por el oficialismo, y no el pueblo, el que haría la elección. Por razones tácticas –evitar pretextos del gobierno para negar o dificultar la legalización- se decidió cambiar el nombre de PDN, todavía en la clandestinidad, por el de Acción Democrática; que Rómulo Betancourt, que entre 1937 y 1939 había ejercido la Secretaría General del PDN, no estuviera presente en la reunión ni firmara el Acta Constitutiva del nuevo partido ni los documentos de solicitud de legalización; y morigerar el Programa que serviría de base de acción a la nueva organización política que buscaba autorización para su funcionamiento.

La última razón táctica arriba señalada es por la que Rómulo Betancourt, años después, afirmara: “…El programa de Acción Democrática tuvo que ser un enunciado vagoroso de principios generales, y no el concreto y sincero enfoque revolucionario de los problemas del país y de sus soluciones posibles. Esa timidez programática fue subsanada por la forma franca y sin esguinces con que enjuiciamos desde la tribuna pública, en la del parlamento y en nuestra literatura de Partido, las grandes cuestiones nacionales. Pero hubo indudable disparidad entre la plataforma cautelosa, elusiva, de AD y el análisis de la problemática venezolana que popularizamos en la oposición y luego nos guió en el Gobierno. Y no fue por deliberada intención nuestra sino a causa de las circunstancias que condicionaron el nacimiento de AD a la vida legal, que el programa del Partido no reflejó con suficiente claridad el pensamiento de avanzada de sus ideólogos y organizadores» (1).

Una vez que Rómulo Gallegos sometió a la consideración de la Asamblea el Programa y los Estatutos partidistas, los cuales fueron discutidos y aprobados, se eligió un Directorio Nacional (artículo 85 de los Estatutos), que funcionaría hasta tanto se celebrase la primera Asamblea Nacional del Partido, y el cual quedó autorizado para gestionar la legalización de Acción Democrática, de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos Individuales (la conocida y famosa Ley Lara).

El día 13 de mayo se hizo la solicitud de legalización, acompañada de los recaudos correspondientes, ante la Gobernación del Distrito Federal, firmada, en nombre del Directorio Nacional, por Rómulo Gallegos, Presidente; Andrés Eloy Blanco, Primer Vicepresidente; L. Mosquera, Segundo Vicepresidente; Directores: Luis B. Prieto F., Luis Lander, Arturo Briceño, Julio Ramos, Ricardo Montilla y Juan P. Pérez Alfonzo. En fecha 4 de junio del mismo año 1941, la Gobernación del Distrito Federal dirigió una comunicación a los firmantes de la solicitud, en la que, aparte de unas observaciones sobre algunas disposiciones estatutarias debidamente atendidas, les informa que el Consejo de Ministros, en sesión efectuada el 23 de mayo último, había acordado que el partido que aspiraba ser legalizado, Acción Democrática, debía pronunciarse previamente “sobre las cuestiones fundamentales” que de seguidas se transcribían. Ellas son: “En relación con el derecho de propiedad: 1°. a) ¿Debe abolirse la propiedad privada?, b) ¿Debe abolirse la propiedad privada tan sólo sobre los bienes de producción?, c) ¿A cuáles limitaciones debe estar sometido el derecho de propiedad? En relación con la libertad económica: 2°. a) ¿A cuáles limitaciones debe estar sometido el ejertcicio de la libertad económica? En relación con la lucha de clases: 3°. a) ¿La vida social es el campo de una lucha de clases?, b) ¿Debe llegarse al establecimiento de una sociedad sin clases? En relación con la familia: 4°. a) ¿Debe conservarse la familia como célula fundamental de la sociedad?, b) ¿Debe extinguirse la familia y ser suplantada por la colectividad o por el Estado?  En relación con el Estado: 5°. a) ¿Debe el Estado suplantar al individuo, y en caso afirmativo en cuáles actividades y hasta qué punto?, b) ¿Debe el progreso de la sociedad proponerse como ideal la supresión del Estado?”.

En fecha 14 de julio de ese año 1941, los solicitantes de la legalización del funcionamiento de Acción Democrática, respondieron a la Gobernación del Distrito Federal, “prescindiendo de todo lo concerniente a los fundamentos legales de los requisitos exigidos”, todas las preguntas hechas, con las debidas explicaciones y fundamentaciones teóricas, pero precisando que “las respuestas a las interrogaciones planteadas en el precitado cuestionario están contenidas en forma expresa o claramente implícita, en los postulados programáticos de nuestra organización”.

El 29 de julio de 1941, la Gobernación del Distrito Federal dio la autorización legal para el funcionamiento de Acción Democrática por cuanto “se pronunció en forma satisfactoria sobre las cuestiones fundamentales que le fueron sometidas –de acuerdo con lo resuelto en Consejo de Ministros- y por cuanto se han llenado las demás formalidades legales, este Despacho, de conformidad con el artículo 17 de la Ley para Garantizar el Orden Público y el Ejercicio de los Derechos Individuales, concede la autorización solicitada”.

Menos de dos meses después, el 13 de septiembre, Acción Democrática celebró su asamblea pública inicial en el Nuevo Circo de Caracas, en la que hablaron Rómulo Gallegos (sobre la orientación general del partido), Andrés Eloy Blanco (sobre la ofensiva cultural del partido), Luis B. Prieto F. (sobre los problemas de la educación), Mario García Arocha (sobre la cuestión electoral), Ricardo Montilla (sobre los problemas de la provincia), y Rómulo Betancourt (sobre los problemas económico-sociales de la nación).

En su discurso, Rómulo Gallegos dijo: “…En nombre de ese pueblo que ama, sufre y espera, Acción Democrática invita a todos los demócratas venezolanos a sentarse aquí, nosotros entre ellos”. Y, aludiendo a lo que el historiador Ramón J. Velásquez llamó “el examen ideológico” (2) –como “horcas caudinas” lo calificó Rómulo Betancourt- por el que tuvo que pasar Acción Democrática, Rómulo Gallegos apuntó: ”¿Se ignora, acaso, que fuimos sometidos a un interrogatorio inquisitorial sobre puntos cardinales de ideología social y política? Sí, señores. Se nos preguntó lo que no debía preguntársenos; pero respondimos diáfanamente. Y digo que no debieron hacernos tales preguntas porque nuestro programa escrito y suscrito responsablemente, ya era una definición categórica, inequívoca, que debió de merecer confianza. Pero respondimos, diáfanamente, y aquí estamos ratificando nuestras definiciones ante el pueblo soberano. Somos demócratas, estricta, pero también ampliamente”.

Rómulo Betancourt, en su discurso, vaticinó que “este partido nació para hacer historia”. A él le correspondió, fundamentalmente, tratar los problemas de la economía nacional. Señaló que “somos una Nación paradójicamente rica y empobrecida”, y se preguntó “¿cuál es la causa de que un país como Venezuela, el que exporta más petróleo en el mundo y figura en el tercer puesto en la escala mundial en la producción de esa pingüe minería, presente un cuadro tal de colectiva pobreza?”, respondiendo de seguidas que “la razón es ésta: nuestro país, económica y fiscalmente, está girando alrededor de una sola fuente de riqueza: el petróleo; y los gobiernos venezolanos no han sabido, hasta ahora, imprimirle un ritmo agresivo, dinámico, a las otras fuentes de producción”. Y dio cifras que muestran cómo ha caído la producción agrícola, pecuaria e industrial de la nación: en el decenio 1920-1930 las exportaciones venezolanas, excluyendo petróleo y oro, se mantuvieron a un promedio de 130 millones de bolívares, mientras que en el decenio 1930-1940, las exportaciones, excluyendo también petróleo y oro, fueron apenas de 31 millones de bolívares, lo que provocó su exclamación de “¡100 millones de bolívares menos que hace 20 años!”. Y anotó que, además del peligro de cifrar nuestro destino en la sola carta de la industria minera y de la influencia que las empresas explotadoras ejercen en la vida económica y fiscal del país, se constata también el peligro de que esa influencia se ejerza “en una forma indirecta, pero no por eso menos efectiva sobre el rumbo político y social de la Nación, porque manda en la casa quien tiene la llave de la alacena” (Ya antes, en 1932, en su folleto «Con quién estamos y Contra quién estamos», había escrito que la política petrolera de Gómez “ha entregado a la nacionalidad, maniatada, al imperialismo internacional, al punto de que hoy no somos sino una semi-colonia, con permiso para usar himno y bandera, pero sin autodeterminación para resolver como nos venga en gana nuestros problemas internos e internacionales”).

Betancourt afirmó que la bancarrota de la producción agrícola, pecuaria e industrial era la causa principal del alto costo de la vida que “agobia” a la mayoría de la población. Citó los informes de entidades extranjeras, como el de la Comisión FOX, contratada por el Ministerio de Hacienda, y el de Ingenieros FORD, BACON y DARIS, contratados por la Standard Oil, que “afirmaron categóricamente que el alto costo de la vida determina la subalimentación del pueblo”. Aseguró que esa situación se ha agravado por la guerra europea –que pasaría propiamente a ser Segunda Guerra Mundial cuando el 7 de diciembre de ese año 1941 (ataque japonés a la base aeronaval de Pearl Harbor) Estados Unidos entró en ella-  la cual ha determinado que “ha aumentado el precio de cuanto compramos en el extranjero: casi todo lo consumido en el país”. Planteó nuevamente la necesidad de una reforma tributaria, “realizada en forma tal que se disminuyan impuestos descargados actualmente sobre las espaldas abrumadas del consumidor, y que se trasladen parcialmente al menos sobre las espaldas bien fuertes de los poseyentes de riqueza, especialmente de quienes mantienen congelados en los bancos, en forma de depósito que no cumplen con la función social del dinero, buena parte de las reservas monetarias de la República”. Pidió también que se  aplicara a las compañías petroleras el artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas que “faculta al Estado venezolano para cobrar en casos de emergencia, como éste confrontado actualmente por el país, un tributo de hasta el 10% sobre el valor comercial de las exportaciones de minerales”, lo que generaría al fisco nacional un ingreso “no menos de 80 millones de bolívares anuales”, que sería muy apreciable para añadirlo al monto de los trescientos millones de bolívares anuales del Presupuesto Nacional. Exigió la puesta en marcha de una Reforma Agraria, advirtiendo que “nuestro programa señala cómo puede y debe el Estado proveer de parcelas –y con ellas, del crédito barato y del implemento agrícola- al hombre de nuestros campos”. A tal efecto, mencionó las tierras confiscadas a la Sucesión Gómez, las tierras ejidales y baldías, usurpadas por personas influyentes de otras épocas, y las haciendas abandonadas por sus dueños que se adquieran a su justo precio y se pongan en manos de los campesinos agricultores. Y, no podía faltar, insistió una vez más en que “se aplique el termocauterio de la sanción sobre esa verdadera lepra de la Administración Pública que es el peculado”.

Abogó por la unidad de los países latinoamericanos para que “podamos entendernos con nuestros vecinos del Norte de quien a quien, de soberanía fuerte a soberanía fuerte, porque ya no existan frente a los Estados Unidos del Norte los Estados Desunidos del Sur, de que hablara Sarmiento”.

Para cumplir su papel histórico –sentenció Rómulo Betancourt- Acción Democrática aspira a ser “el cemento que amalgame, para hacerla cada vez más fuerte y más viril, el alma inmortal de la Nación”, fueron las palabras finales de su discurso (3).

Después del gran mitin del 13 de septiembre de 1941 en el Nuevo Circo de Caracas, Acción Democrática emprendió, en el marco de la oposición al gobierno de Medina Angarita, la tarea de reorganizar y fortalecer en todo el país las estructuras creadas por el PDN clandestino y de incorporar a las filas partidistas vastos contingentes de los que apoyaron la candidatura presidencial «simbólica» de Rómulo Gallegos, bajo la consigna de “ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin su organismo de Partido”. A este respecto, valga citar lo que dice Leonardo Ruiz Pineda, quien después, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se convertiría en mártir y héroe en la lucha de la Resistencia: “Entre septiembre de 1941 y octubre de 1945 Acción Democrática libra continua batalla en el frente de la opinión. Rómulo Betancourt, como jefe del partido, recorre toda Venezuela en una campaña de agitación y orientación. Organiza nacionalmente el pensamiento de su partido y de sus masas adherentes, desde su columna de periodista; predica desde la conferencia doctrinaria sobre la solución de los problemas de fondo; aglutina la inquietud y el descontento nacionales; forja un equipo de dirección con sus compañeros de acción diaria; abre paso a las nuevas promociones de dirigentes por él formadas; prepara el partido para la conquista del Poder. Esa prédica satura el ambiente político y sensibiliza la conciencia cívica de la nación, sacudida por la voz de sus dirigentes, a la cabeza de ellos Rómulo Betancourt. La prédica ha ido más allá de las masas populares que se concentran en torno a las tribunas partidistas y penetrado el ámbito de los cuarteles. El 18 de octubre de 1945, triunfante el movimiento popular y militar, Rómulo Betancourt es el Presidente de la Junta de Gobierno” (4).

Venezuela, con su partido, se ha puesto a andar.

Notas

1-Rómulo Betancourt. Venezuela, política y petróleo. Fondo de Cultura Económica. México- Buenos Aires. Primera edición. 1956. Pág. 134.

2-Ramón J. Velásquez. Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo. Venezuela Moderna 1926-1976”. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas. 1976. Pág. 42.

3-El discurso se puede leer en muchas publicaciones, entre otras, en la Antología Política que dio a conocer la Fundación Rómulo Betancourt, Volumen Tercero. Pág. 316-325.

4-Leonardo Ruiz Pineda en Un Hombre llamado Rómulo Betancourt. 3ª edición. Catalá/Centauro/Editores Caracas/Venezuela/1975. Pág. 150-151.

 Carlos Canache Mata

¿Cómo se define, en su Tesis Política, el PDN (Partido Democrático Nacional), que permaneció clandestino durante el gobierno de Eleazar López Contreras, y después se convierte en partido legal, con el nombre de Acción Democrática, bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita?

Se define en estos términos: “El PDN es un frente orgánico de capas sociales oprimidas. Trabajadores intelectuales y manuales, campesinos y amplios sectores medios forman el grueso de su militancia. La aplastante mayoría de estos sectores se agruparán definitivamente bajo sus banderas, cuando las condiciones políticas del país nos permitan actuar en la legalidad, y no formen sus efectivos, como ahora, sólo la vanguardia más combativa del pueblo…La Nación Venezolana, para superar el estado de atraso y de subordinación en que se encuentra frente al capital internacional y para extirpar esa especie de cáncer de nuestra economía que significa el latifundismo, tiene que realizar una transformación profunda en su estructura económica y política que permita un amplio desarrollo de todas las fuerzas productivas del país. Esta es, como lo hemos demostrado, la transformación democrática antiimperialista y agraria de Venezuela, por la cual luchan los densos sectores populares del país. Esta transformación económica y social del país, exige la existencia de un organismo político popular, no clasista, que canalice el anhelo de liberación de nuestro pueblo…”.

Para ser protagonista de ese rol, era necesario lograr la legalización del PDN, hasta entonces negada. Con vistas a alcanzar ese objetivo, se planteó el cumplimiento, por parte de Rómulo Betancourt y de otros dirigentes, del Decreto de Expulsión del 13 de marzo de 1937, y su salida, por un año, del país. Ya la Primera Conferencia Nacional del PDN, realizada en septiembre de 1939, había comisionado al Comité Directivo Nacional para que se buscara “solucionar el problema que entrañaba la permanencia de ese compañero (Carlos Roca, seudónimo de Rómulo Betancourt) en la clandestinidad”. Acatando esa comisión, según informó el CEN el 26 de octubre de 1939, “el CDN estudió el caso concreto del compañero Carlos Roca y después de pesar todas las circunstancias, acordó la entrega a las autoridades de ese compañero para demostrar así, tanto a a nación como al jefe del Ejecutivo y sector progresista del Gobierno, que el PDN estaba dispuesto a hacer sacrificios para que la política de concordia y convivencia sea una verdadera realidad en Venezuela. Resuelto este punto, el CDN acordó la redacción de una carta que debía enviar el compañero al general López Contreras, documento que llevaría un análisis de la actual situación política del país y que presentaría la entrega de nuestro compañero, de acuerdo con lo ya expuesto, como un efectivo paso de las fuerzas de izquierda hacia la solidificación de la política de convivencia…”. El 20 de octubre de 1939, en momentos en que Betancourt estaba redactando esa carta, la policía allanó la casa en que se alojaba y se lo llevó detenido. Unos días después, el 8 de noviembre, inició su segundo exilio, rumbo a Chile. Ya cumplido el año de expulsión establecido en el decreto del 13 de marzo de 1937, Rómulo Betancourt regresó a Venezuela el 5 de febrero de 1941. Ya no tenía problemas para realizar libremente sus actividades políticas.

Estaba planteada en el país la cuestión de la sucesión presidencial, la escogencia de quien reemplazaría al general López Contreras, como próximo Presidente de la República, para el período constitucional 1941-1946. El 6 de febrero, en documento suscrito en San Fernando de Apure -desde el escenario de Doña Bárbara– un numeroso grupo de dirigentes políticos lanza la candidatura de Rómulo Gallegos, que enfrentaría la candidatura oficialista del general Isaías Medina Angarita. El 31 de marzo, conocidos dirigentes de la izquierda democrática, encabezados por Rómulo Betancourt, respaldan la candidatura del ilustre novelista. Todavía el PDN era un partido clandestino, y es por eso que los líderes pedenistas expresan –sin mencionar al PDN- ese apoyo. La candidatura de Gallegos fue calificada como “simbólica”, sin posibilidad de triunfo, porque el presidente era designado por el Congreso Nacional en una elección de tercer grado y no por el pueblo mediante el sufragio universal, directo y secreto.

En todo el país se constituyeron Comités Pro Candidatura de Rómulo Gallegos, y también recibió el apoyo del Partido Comunista de Venezuela. Gallegos, en su campaña, recorrió gran parte del territorio nacional. El 24 de abril, Betancourt y sus compañeros respaldantes de la candidatura de Gallegos, se dirigieron de nuevo al país y manifestaron su propósito de “proyectar, hacia un mañana inmediato, el vasto movimiento de opinión creado en torno de ella, encauzándolo, disciplinándolo y estabilizándolo, para bien de la República, dentro de un organismo político legal”. En su libro Rómulo, Alfredo Tarre Murzi se imagina a Betancourt revelando ese mismo propósito al ponerlo a decir: “Nuestra estrategia se cumplió en tres etapas: primera, el lanzamiento de Gallegos como candidato nacional de la oposición; segunda, la formación de comités de apoyo al candidato en todo el país y la realización de una intensa campaña para movilizar y sensibilizar a las masas; y tercera, el aprovechamiento de ese movimiento  de opinión, después de la elección de Medina, para pasar a la legalidad en forma de partido nacional con el nombre de Acción Democrática”. En uno como ejercicio de pedagogía política, la candidatura “simbólica” de Gallegos tenía un propósito, un objetivo: preparar y fervorizar el ambiente para organizar un partido político. El propio autor de Doña Bárbara, en su discurso de campaña del 5 de abril en el Nuevo Circo de Caracas, se preguntaba y respondía: “¿Cómo organizar y disciplinar las fuerzas del civismo, las de la ciudadanía que respalde y respete la autoridad legalmente constituída, sino precisamente por medio del libre ejercicio de los deberes y los derechos? Ensayándoles estamos aquí, después de aquel colapso, para que mañana sea una fuerza serena, respetuosa, consciente y responsable. Y este y no otro producto de alucinación colectiva, es el sentido que tiene mi candidatura a la Presidencia de la República: un ensayo de civismo. Yo mismo no soy sino un accidente. Lo que ha de adqurir carácter de substancia, que no perezca ni se adultere, es la actitud de este pueblo que ahora está oyéndome, porción ahora representativa de todo el pueblo venezolano. Organizarla y disciplinarla  en los cuadros de los partidos políticos  que han de constituirse bajo el imperio de las leyes y en el campo de la democracia, donde todos cabemos ampliamente”.

Como se esperaba, fue designado el 28 de abril por el Congreso como próximo Presidente de la República el general Medina, quien tomó posesión del cargo el 5 de mayo. Seis días después, se oyeron los pasos de la andadura del PDN clandestino convirtiéndose en los pasos de Acción Democrática.

En el venidero artículo, concluiremos esta parábola existencial del partido que más se ha parecido, con fidelidad de espejo, al pueblo venezolano.

 Carlos Canache Mata