Esperanza Guisán (2000), intelectual española, quizás observando la tendencia hacia la politización –en nombre de la antipolítica– de todos los actores sociales, y prosternando ella el argumento clásico de la división del trabajo que obliga a la representación de lo político, reclama la falta de reflexión por parte de la ética y la filosofía más allá de los ámbitos en que los individuos llevan a cabo sus metas, libremente.

Señala, en tal orden, el mal funcionamiento de la democracia que conocemos, por prudencial y por propiciar una existencia mediocre en ausencia de los sueños de perfección y utopía propios a lo humano; reclamando, en su defecto, de una práctica democrática moral profunda. No por azar, Francisco Plaza (2011), a la luz de los temas o problemas enunciados propone “recobrar el sentido integral de la democracia”, más allá de sus formas. Sin embargo, transcurridas las dos primeras décadas del siglo XXI, quienes se convencen de la inviabilidad contemporánea del Estado asistencialista –tal como lo entiende en su momento el Estado social y democrático de Derecho– y de los trastornos que sufre el Estado territorial a manos de la deslocalización digital, optan por una suerte de relativización de la democracia.

La inflación de derechos -derechos humanos al detal y al capricho– y la fragmentación social ocurren de modo manifiesto, es verdad, en los ámbitos constitucionales de quienes, como resurrectos del despotismo o socialismo real, auspician las tendencias neoautoritarias abroquelados con las tesis de Naciones Unidas, a cuyo tenor es más importante para la población su bienestar que la libertad.

La breve experiencia transcurrida –si miramos el recorrido de la historia de los hombres y de los pueblos– y constante en lo que va del siglo demuestra que se trata de un antimodelo o modelo posdemocrático de corte fascista. Por una parte, diluye el entramado institucional y lo pone al servicio de hombres o líderes providenciales quienes establecen una relación directa y paternal con el pueblo, auxiliados por el mismo tejido mediático de la globalización y, por la otra, éstos se sostienen bajo las formas mínimas de la democracia.

Aún más, en modo de hacer viables sus comportamientos antidemocráticos desmantelan las leyes conocidas –garantistas de los derechos– y las sustituyen, según lo dicho, por un bosque o selva normativa tupida e impenetrable, imaginariamente prometedora y simbólicamente reivindicadora, dentro del que pierden certeza los proyectos de vida o el claro entendimiento de lo jurídico, base de la convivencia.

Se le hace decir a la ley lo que no dice dentro en una práctica sistemática de la mentira, legalizada, para proteger a aliados incluso y sus crímenes e ilícitos, y para proscribir a los cultores de la democracia representativa, cuyos comportamientos sean constitucionalmente ortodoxos. Lo cierto es, a todas estas, que ambas perspectivas –la del Estado liberal y relativista como la versión autoritaria de la “democracia participativa y protagónica” de la que tanto se ufana el progresismo destructor de culturas y memorias– se desmoronan al término ya pasada una generación, desde el instante en que ha lugar al llamado “final de la historia” o la “muerte de las ideologías» hacia 1989.

Lo anterior es así, justamente, por cuanto ambas perspectivas, con sus diferencias netas han hecho del relativismo –de lo “políticamente correcto”– un dogma de la democracia o la fuente en la que se afirma el neopopulismo y su tráfico de ilusiones. Bajo propulsión de la maleabilidad de la ética y la deconstrucción de lo social dominante, ambas perspectivas hacen aguas.

La democracia liberal, además, cede bajo el tsunami de corrientes migratorias de vocación fundamentalista aceleradas por la misma globalización o sin ánimos de mixturarse dentro de los cánones de aquella y que, por lo mismo, contradiciéndose, se ve obligada a la formulación de un “derecho penal del enemigo” para defenderse, como ocurre en las Américas. Bien lo previene, no se olvide, Hannah Arendt, al sostener que la democracia no se sostiene ni reinventa sino de cara y ante la presencia de su opuesto, el totalitarismo, cuyo riesgo ha de tenerse siempre presente; pues si las minorías han de participar con la libertad necesaria para hacerse mayorías en la democracia, nada garantiza que éstas, al término, se decidan por el final de la democracia, como parece ocurrir en España.

La matizada y señalada “democracia participativa”, así las cosas, defendida por el oxímoron del Socialismo del siglo XXI, que muta en progresismo transcurridos treinta años y que son, uno y otro, de neta factura marxista y autoritaria, fenece en la actualidad como víctima de sus contradicciones: La unidad y encarnación del Estado en sus gendarmes de nuevo cuño no alcanza efectividad autoritaria más que por la violencia; lo que es inadmisible para quienes apuestan a la simulación de la democracia. Y se demuestra inviable, además, en contextos de severo relativismo y fragmentación social como los animados por quienes predican la inflación de derechos (ambientalistas, de género, de raza u origen, tribus urbanas,  y párese de contar, etc.).

El totalitarismo, en suma, como antimodelo de la democracia implica la negación del conflicto mediante la imposición de un dogma legitimador y “las sociedades democráticas [subsisten] en la medida que se fundamentan en un cuestionamiento institucionalizado de sí mismas”, renunciando a cualquier tipo de unidad, por débil que fuera.

De modo que, junto a la previsión válida de Arendt cabe la de Laurence Whitehead, a saber, entender que la democracia –para ser tal– ha de verse en el teatro trágico o dramático. Y la descripción no sugiere que la obra democratizadora haya de ser orfebrería de utileros; de esos que apenas se ocupan de vestir a los actores, mover los andamios, preparar la escena para la representación, y luego cobrar por sus servicios. Habla del teatro democrático, pues es la imagen metafórica que mejor describe la lucha pendiente por la democracia y la libertad en un continuo sin ataduras y de final abierto.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

La experiencia muestra que el país sufre de regresiones y mutaciones profundas a lo largo de su corta historia republicana, cada tres décadas, desde el momento inaugural de la Venezuela independiente tras la conspiración de Gual y España de 1797. Se toma unos 30 años el proceso emancipador que suma a las guerras por la independencia, luego de lo cual se instala, en 1830, la mal llamada y vituperada república conservadora, esencialmente liberal y tributaria de los constituyentes de 1811. La regenta el general José Antonio Páez, quien separa a los militares independentistas del ejercicio del poder, encomendándole el dibujo de lo nuestro al grupo de ilustrados civiles que forman la Sociedad Económica de Amigos del País. Sobre el pensamiento de estos escribe Elías Pino Iturrieta en Las ideas de los primeros venezolanos (2009).

Tras las divisiones que suscita el comportamiento de Páez, también por cuestiones muy propias de nuestra estirpe común, que es generosa hasta en los odios desde las horas previas a la Emancipación –he allí el trato excluyente y discriminatorio sufrido por Sebastián de Miranda de parte de los de Ponte y de Tovar Blanco, que relata Arístides Rojas– reencarna en los soldados seguidores del Libertador el espíritu del encono. Es la saña cainita que tanto agobia a Rómulo Betancourt hacia 1959.

Se declararán liberales sin serlo los bolivarianos, acompañados por el panfletario Antonio Leocadio Guzmán; luego de lo cual sobreviene la Guerra Federal o guerra larga hacia 1959. Ella culmina con el Tratado de Coche y se abren de tal modo otras tres décadas hasta finales del siglo XIX, dominadas por el general Antonio Guzmán Blanco, cuyo mencionado padre, a la sazón es el apologeta del pensamiento constitucional de su pariente, Simón Bolívar: centralista, militarista, de poderes presidenciales vitalicios, y de neta factura tutelar. Es la imagen que cautiva a nuestros positivistas de inicios del siglo XX, encabezados por Laureano Vallenilla Lanz, autor de Cesarismo Democrático, editado en 1919, cuyo término es de factura napoleónica como lo revela De Coquille en su obra Du Cesarisme, en 1872.

Treinta años y algo más, hasta 1935, durará la larga dictadura del castro-gomecismo, la de la zaga andina que clausura el tiempo de la Venezuela de los muchos jefes, para rearmar a la nación bajo la horma de los cuarteles. Es la de la revitalización del cesarismo, hijo de la escribanía citada, que le sirve al poder autoritario para justificarlo. Y es contra esa realidad fatal que emergerán los sueños de la generación universitaria de 1928. Es el tiempo de la crisis económica norteamericana y mundial de los años treinta.

Los estudiantes de entonces, encabezados por Jóvito Villalba y Betancourt –se les separa al principio y suma más tarde el católico Rafael Caldera, de la generación de 1936– cristalizarán sus sueños de civilidad luego de una compleja transición civil-militar o militar-civil a partir de 1959, con la instalación de la república civil de partidos. Estados Unidos, ya recuperado, ahora viaja a la Luna.

Pasados otros treinta años, en 1989 llega a su término este ensayo de república democrática civil y de partidos bajo el orden constitucional de mayor duración en Venezuela, el de 1961. Le sirvió de soporte el Pacto de Puntofijo, agotado una vez como se sucede el derrumbe soviético y como intersticio entre despotismos varios, al término del último gobierno de partido, el del socialdemócrata Jaime Lusinchi.

Así sobreviene, es lo que interesa destacar, la transición más compleja por corresponderse la inflexión venezolana de 1989 –tras la violenta insurgencia popular, que deja a la vera a centenares de muertos y heridos, en Caracas– y coincidiendo con el momento de fractura de lo histórico global y la declinación de la civilización occidental. En lo interno se manifestará como repulsa social a los partidos históricos venezolanos, y sus políticos. Cubrirán ese tiempo nuestro las segundas administraciones de Carlos Andrés Pérez –mediando el interregno de Ramón J. Velásquez– y de Rafael Caldera, hasta concluido el siglo.

El fenómeno antipartido, cabe anotarlo, no es original y tampoco propio o local. En 1992, tras el derrocamiento del Muro de Berlín, los grandes titanes de la Italia de la posguerra, el partido socialista y el demócrata cristiano (DC) hacen aguas. Se les persigue por corrupción. Sus grandes líderes, Bettino Craxi y Giulio Andreotti, conversaban distraídos sobre las líneas del tren de la historia, sin apercibirse de su paso a velocidad. Así me lo relata este, en Roma, el mismo año.

Llegado el año 2019, el de la emergencia de la pandemia universal y. sucesivamente, el de la guerra contra Ucrania en las puertas que dividen al Oriente de las luces del Occidente de las leyes, se cierra el arco de tiempo en Venezuela, cuando a su término y desde los inicios del siglo en marcha implosionan la república y la nación, bajo el liderazgo de Chávez y su causahabiente.

Del Chávez que a lo largo de esos treinta años anteriores transita desde lo bolivariano hasta los predios del marxismo de estirpe cubana, a los que se somete volviéndose prohombre del Foro de São Paulo; del Maduro que asume ser socialista del siglo XXI mientras administra las redes narcoterroristas heredadas, pero cuyos aliados se declaran progresistas y capitalistas salvajes en nombre de la participación popular llegado 2019, bajo el abrigo del Grupo de Puebla; y, luego de un período de inenarrable postración de los pueblos afectados por la experiencia de la deconstrucción a manos de los huérfanos de la URSS, nada resta en pie. Sobreviven en Occidente y en Venezuela los remedos republicanos y democráticos. Y la virtualidad tecnológica los ayuda.

Mirando al conjunto, como lo diría José Rafael Pocaterra (1889-1955) desde su pretérito y en su Patria, la mestiza acerca del venezolano: “¡Él se iba, con los hombres, para donde estaba la Patria, para donde estaba aquél que sujetaba una mula cerril por las orejas!

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Volver a su principio, a 1999 y luego ver su final a partir de 2012 resulta desdoroso para todo venezolano que no olvide la experiencia seminal del chavismo bolivariano. Es la matriz o el boceto de lo actual, no nos engañemos. Algunos preferirán que la deriva digital los vuelva amnésicos, pues desmemoriados como seguimos siendo la gran mayoría, la lógica de la instantaneidad y la deslocalización les permite ver como fugaz a la maldad absoluta. Pero cabe despertar.

Vayamos a lo vertebral, a lo que puede ser una síntesis del recorrido bajo Hugo Chávez Frías.

El cambio constitucional de 1999 y sus simulaciones democráticas, ocultó cuestiones más graves y vertebrales que se muestran apenas incipientes desde la inauguración de su mandato. Mientras avanzaba la constituyente, creyéndose libre de toda contención, llegado el mes de agosto autoriza un Punto de Cuenta para ordenar las relaciones de su gobierno con las FARC colombianas, de espaldas al Palacio de Nariño que ocupa Andrés Pastrana.

El gobierno venezolano se comprometió a facilitarles cooperación económica, financiera, petrolera y sanitaria. Les prometió crear bancos de los pobres, ¿para lavar los dineros ensangrentados?, y entregarles insumos químicos ¿para la producción de cocaína? Les permitió el uso del territorio de Venezuela como aliviadero y donde permanecen, bajo el compromiso de no usarlo para entrenamientos sin mediar autorización del Palacio de Miraflores.

Sólo reaccionó entonces el director de la policía política (Disip), comandante Urdaneta Hernández, uno de los jefes del 4F, renunciándole a Chávez con un disgusto memorable. Éste buscará enlodarlo luego.

Más tarde, en curso la transición política que provocan los sucesos del 11 de abril de 2002 – ya contando Chávez con el auxilio electoral de Castro, a cuyo gobierno le entrega el sistema de identificación venezolano – y una vez superado el referéndum revocatorio que entonces amenazaba su estabilidad, acordó con La Habana su enlace a través de fibra óptica. El cableado partiría desde la isla de Margarita. Y así, teniendo a mano tal garantía para el sostenimiento de una simulación democrática electoral puertas afuera, sucesivamente dogmatiza el sistema de votación electrónica supervisado por los cubanos. El conocimiento de los códigos fuentes del andamiaje digital se los reservará el Poder Electoral, bajo control del gobierno y su partido oficial, el PSUV.

Era este, por cierto, el otro eslabón importante para la instalación dictatorial a perpetuidad y propósito definido por el Foro de São Paulo, como se advierte en las entrelíneas de sus documentos: “En este marco resaltan los fraudes y mecanismos electorales irregulares … Asimismo debemos resaltar que en diversos países se han diseñado estructuras políticas en las que los que son electos tienen su capacidad de mandato recortada, pues se superponen instituciones no elegidas a las instancias electivas, limitándoles la capacidad de acción para modificar las políticas neoliberales ya impuestas y transformar dichas realidades”.

Así las cosas, luego de fallecer Chávez y realizadas las elecciones presidenciales de 2013 que hacen de Maduro el causahabiente, de forma inconstitucional el Tribunal Supremo de Justicia previamente purifica su candidatura y después protege los resultados a su favor, sentenciando lo que sigue: “En el caso de los procesos electorales automatizados, es bien sabido que el conteo de los votos no se realiza de modo manual, sino que por el contrario dicha operación aritmética es totalmente computarizada, es decir, al final de la votación se imprime un comprobante que arroja los resultados conformando al instante el contenido del acta de escrutinio automatizada, de allí que quepa concluir que en dicha totalización no cabe el error humano que si pudiese ocurrir en un sistema de totalización manual de escrutinios”.

Ese mismo año, como realidad que se ha impuesto, el ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, declara que “nunca se había encontrado tanta cocaína junta en la capital francesa”. Una tonelada procedente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía llega a París en un vuelo regular de Air France. Fueron castigados militares subalternos.

En cuanto a lo primero, la cuestión del narcotráfico, el mismo Foro de São Paulo había puesto sus barbas en remojo desde 1990. Hizo ver a sus miembros que los perseguirían ¿fabricándoseles? vínculos con el narcotráfico para atajarlos en sus recomposiciones y avances tras la caída del Muro de Berlín.

No por azar, pasados treinta años, el Grupo de Puebla, mascarón «progresista» del Foro paulista, acuña la tesis del Lawfare, para denunciar el uso de procesos legales artificialmente montados para inmovilizar políticamente a sus miembros o destituir a los que ocupan cargos públicos. Le preocupaban, en 2019, los casos de Rafael Correa, Cristina Kirchner y el de Lula da Silva. Y lo cierto es que tal Lawfare tiene su origen en el Instituto del mismo nombre que integran juristas y constitucionalistas norteamericanos, dedicados al seguimiento y obstaculización de las leyes que dicta Donald Trump para frenar el ingreso de terroristas a su territorio.

El saldo estadístico de la experiencia venezolana bajo la égida del traficante de ilusiones que fuese Chávez, quien desbordará al excéntrico de Cipriano Castro, El Cabito, es, en resumidas cuentas, de corte trágico. Su comparación con el Capitán Tricófero, denuesto que se le dirige al Castro nuestro por sus adversarios a inicios del siglo XX, es, sin embargo, pedagógica. Permite una ajustada relectura de la Venezuela que agobia y tanto nos duele, donde la libertad es quimera o instante fugaz. Es territorio o cuero seco en el que dominan las amnesias colectivas, se cultiva la generosidad hasta para los odios, y donde germinan las complicidades de sus élites con los redentores de la patria,

Picón Salas, en su obra sobre el personaje –Los días de Cipriano Castro (1953)– le dibuja desde sus adentros: “Figura violenta, contradictoria, alternativamente libertina y heroica … marca una hora de crisis de Venezuela. Es el último gran guerrero brotado de la fuerza del monte y con una retórica que tiene, asimismo, la proliferación de nuestros bejucos tropicales”.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Sobre los hechos y el contexto que caracterizan a la dictadura chavista y su actual causahabiente, me refiero con amplitud en mis libros Historia Inconstitucional de Venezuela (2012) y El problema de Venezuela (2016).

Lo palmario, sin embargo, es que los repetidos golpes de Estado «constitucionalizados» por la Justicia Suprema bajo control de aquella desde 1999 y ejecutados por Chávez hasta 2012, forjaron un caos social, diluyeron a la república, y acrecentaron el poder de su despotismo mesiánico; tal como ocurriese, en menor grado, bajo el fascismo italiano, que consagra un régimen de la mentira, de fraude al Estado de Derecho, de inmediatez entre el líder y el pueblo, con apoyo militar y el carácter sirviente de las instituciones.

En 1995, sin perspectiva alguna de coronar su camino hacia la presidencia de Venezuela, asesorado por Norberto Ceresole, neofascista argentino, descubre Chávez que las señales del tiempo nuevo –me refiero a las del siglo XXI– abrían la posibilidad de avanzar hacia esa fórmula triangular, la del líder-pueblo-fuerza armada. Entonces la titula Ceresole como posdemocracia, expresión que se consagra bajo significados mejor elaborados –refiriéndola a la pobre salud de la democracia– con el ensayo Coping with Post-Democracy del sociólogo Colin Crouch, en 2000.

Sorprende, sí, que no mediase resistencia en las élites, primeras beneficiarias de la experiencia fenecida en 1998. Antes bien, aceleraron y cooperaron con la tendencia hacia la ruptura. La precedía una severa y previa campaña de demonización de la democracia de partidos que nace en 1958 y exacerbada por Chávez. No quedaba memoria social, nadie la alimentaba. Poco decía, a su término, la modernización alcanzada en ese largo tramo cuando el promedio de vida de los venezolanos pasa de 53 años a 73 años. Venezuela dejó de ser una «república de letrinas» y el agua pura llegaba a todos los hogares, a la vez que se canalizaban las aguas servidas, y la educación como la salud se universalizaban.

La mendaz tesis del fracaso democrático o de la mala salud de la democracia nuestra encontró paradójico eco en Estados Unidos y su Centro Carter. Y es que no resistieron ni el congreso plural electo en 1998 sin mayoría del chavismo, ni la antigua Corte Suprema de Justicia, que se autodisuelve al aceptar que la misma constituyente interviniese al Poder Judicial destituyendo, sin fórmulas de juicio, a la mayoría de los jueces de la república. Era el primer y más importante paso para la simulación democrática. Los jueces le harían decir a la Constitución lo que no dice, purificando los atentados contra ella.

Casualmente, la realidad muestra que el país ha sufrido de regresiones y mutaciones profundas a lo largo de su historia republicana, cada tres décadas. Se toma 30 años el proceso emancipador y de independencia, luego de lo cual se instala, en 1830, la república mal llamada conservadora, esencialmente liberal y tributaria de los constituyentes de 1811. La regenta el general José Antonio Páez, quien separa a los militares del ejercicio del poder total, encomendándole el dibujo de lo nuestro al grupo de ilustrados civiles que forman la Sociedad Económica de Amigos del País.

Tras los enconos que ello suscita sobreviene la Guerra Federal hacia 1959, que culmina con el Tratado de Coche. Se abren otras tres décadas hasta finales del siglo XIX, dominadas por el general Antonio Guzmán Blanco, cuyo padre, Antonio Leocadio Guzmán, es el apologeta del pensamiento constitucional de su pariente, Simón Bolívar: centralista, militarista, de poderes presidenciales vitalicios, de neta factura tutelar.

Treinta años y algo más, hasta 1935, dura la larga dictadura del castro-gomecismo, que clausura el tiempo de los muchos jefes para rearmar a la nación bajo la horma de los cuarteles. Es la de la revitalización del cesarismo democrático bolivariano, cultivado por el positivismo de inicios del siglo XX. Y contra esa realidad fatal emergen los sueños de la generación universitaria de 1928.

Los estudiantes, encabezados por Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt –se les separará más tarde el católico Rafael Caldera, de la generación de 1936– beberán de las fuentes del marxismo, evolucionando hacia los predios del «socialismo criollo». Sus sueños de civilidad cristalizan treinta años después, a partir de 1959, con el nacimiento de una verdadera república civil de partidos, incluso acaudillados.

En 1989 llega a su término este ensayo de democracia civil no tutelar bajo el orden constitucional de mayor duración en Venezuela, el de 1961. Es su soporte el Pacto de Puntofijo, agotado tras el derrumbe soviético. Y así sobreviene una transición más compleja por corresponderse con el momento de la fractura de lo histórico global y en el plano de lo civilizatorio occidental. En lo interno se manifestará como una contradicción abierta con los partidos históricos venezolanos, cuyos líderes optan por predicar el fin de las ideologías y celebrar el advenimiento de la Aldea Humana.

Cubren este tiempo las segundas administraciones de Carlos Andrés Pérez –mediando el interregno de Ramón J. Velásquez– y de Rafael Caldera, y en el año 2019, con la pandemia y la llegada de la guerra contra Ucrania, se cierra bajo Chávez y Maduro, que han hecho implosionar a la república y la nación.

Pero del Chávez que transita desde lo bolivariano hasta los predios del marxismo de estirpe cubana, a los que se somete volviéndose prohombre del Foro de São Paulo; del Maduro que asume ser socialista del siglo XXI, cuyos aliados se declaran progresistas en 2019, bajo abrigo del Grupo de Puebla; y, luego de un período de inenarrable postración de los pueblos afectados por la experiencia de la deconstrucción a manos de los huérfanos de la URSS, nada resta en pie. Sobreviven los remedos republicanos y democráticos. Es llegada la hora del capitalismo de vigilancia y la de los algoritmos que acaban progresivamente con la civilización de la razón, para conjugar la experiencia humana a partir de los sentidos.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

A raíz del derrumbe del comunismo en 1989 ingresa Occidente al quiebre epocal o Era de la gobernanza digital y de la inteligencia artificial, destacando la horadación o prosternación del Estado constitucional de Derecho.

En el Foro de Sao Paulo (1990-1991) y sus textos se precisan como propósitos de los causahabientes del marxismo el acceder al poder democráticamente, pero con fines de perpetuación; tanto como advierten que se verán judicializados por lo anterior sus miembros, forjándoseles vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Ha lugar, así, a las rupturas constitucionales que conocen Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2008), bajo experiencias constituyentes que repite, en 2022 y sin éxito inmediato, el Chile de Boric. El molde deconstructivo transita por la inflación de derechos humanos al detal, imposibles de ser tutelados eficazmente, ser dispersores de la unidad nacional, propiciadores de enconos, mientras se incrementa la actividad electoral para banalizarla. Es utilería de teatro.

Llegado el COVID-19, los causahabientes del marxismo dejan de calificarse como socialistas del siglo XXI. Abandonan los nichos históricos que recrearan para sustituir al Estado y a la nación (bolivarianos, martinianos, sandinistas) –los tachan ahora como desviaciones fascistas– y se asumen de progresistas. Forjan el Grupo de Puebla y endosan los objetivos deconstructivos del Programa de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030), y otra vez denuncian, en 2019, que, por defenderlos están siendo judicializados sus líderes. Hablan de Law Fare o guerra judicial, y he aquí lo central.

El Law Fare amalgama como nombre al grupo de juristas y constitucionalistas que sirven bajo las administraciones de Bush y Obama, y le hacen seguimiento a las decisiones de la administración Trump, en lo particular para frenar por vía judicial su Orden Ejecutiva 13.769 de 2017 sobre Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos. Esta la detiene un Tribunal de Apelaciones en sentencia que celebra el Grupo y no es ocioso hacer presente, al efecto, que el presidente español J. L. Rodríguez Zapatero –miembro del Grupo de Puebla, junto a Ernesto Samper (judicializado por la Suprema Corte a raíz del Proceso 8000, 1995)– impulsa en 2005 la Alianza de Civilizaciones, justamente para frenar el castigo de terroristas por Estados Unidos a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas.

A lo largo de este tiempo se hacen máximas de la experiencia la destitución de jueces sin fórmula de juicio y su sustitución, por abogados próximos al “autoritarismo electivo” de turno. Así pasó en Venezuela, en 1999, cuando Chávez controla para sus fines al Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se decide siempre, en toda causa, a favor de los objetivos revolucionarios y deconstructivos. Antes, a partir de 1997, bajo el gobierno del presidente Fujimori en el Perú, ocurre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que buscaban impedirle su reelección. Y tal como luego lo hace Nicolás Maduro, Fujimori denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, para evadir sus controles.

La perpetuación en el poder usando con fraude y mendacidad al Estado constitucional de Derecho, que toma cuerpo luego en la misma Venezuela (2007, 2013), en Honduras (2016), en Bolivia (2018), en El Salvador (2021), fue denunciada, sin eco, por la Comisión de Venecia (2018) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando salvar el principio de la alternabilidad democrática (2021).

No es azar, entonces, el actual desconocimiento del orden constitucional y de las decisiones del Tribunal Supremo por los líderes catalanes independentistas en España, queriendo fracturar la unidad nacional; el choque del presidente argentino con la Corte Suprema de Justicia, por la condena de su vicepresidenta; la inestabilidad endémica en el Perú, que afecta la neutralidad e imparcialidad de la Justicia; los empeños “destituyentes” en el Ecuador, animados por otro condenado, Rafael Correa; el despotismo iletrado de Nicaragua, donde hay absoluta ausencia de Estado de Derecho; las prisiones políticas en Bolivia, y en Venezuela, donde igualmente fracasa la Transición constitucional hacia la Democracia, mientras la comunidad internacional se neutraliza respecto de esta cuestión y exige que la legalidad se transe con la ilegalidad.

En fin, como el absurdo no falta, la Colombia de Santos sustituye la regla contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad para abrirle espacios a una «justicia transicional» que los perdona –y le gana el Premio Nobel– o la Colombia de Petro, quien predica que la criminalidad se acaba derogando delitos en el código penal, al igual que pugna abiertamente contra la Fiscalía y la Corte Suprema.

He allí, pues, la abierta judicialización de la política en Estados Unidos, morigerada u oculta tras los extremismos de su opinión pública, o el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que divide voluntades. Dice haber acabado con la criminalidad destituyendo con su “mayoría parlamentaria” a la Justicia Constitucional, pues controlaba sus actos. Ha establecido verdaderos campos de concentración que muestra con orgullo, para encerrar delincuentes a los que detiene indiscriminadamente con ausencia de revisiones judiciales autónomas. Y ahora, como lo hiciera Chávez en Venezuela, instruye directamente al Ministerio Público y ordena a los jueces despojar de sus patrimonios a los adversarios de su causa. Por si fuese poco, en México, el gobierno de Andrés M. López Obrador avanza una reforma constitucional para manejar la ingeniería electoral y modificar los patrones de la representación política, buscando perpetuar su dominio.

Lo preocupante, a todas estas, es que la agenda del Foro de Sao Paulo, la del Grupo de Puebla y la de la ONU 2030, no hablan de la democracia –que no sea para deconstruirla desde adentro, apuntando hacia un estadio de posdemocracia– y menos le dan importancia al Estado de Derecho. No cuenta para ellas. Acaso lo reducen a las ideas de paz, de justicia, y el tener instituciones «fuertes». A la Justicia independiente la ven de elitista y prescindible, por no abonar a la deconstrucción cultural ni someterse al dictado de las mayorías y el populismo.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

La Colombia de Santos sustituye la regla contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad para abrirle espacios a una «justicia transicional»

A raíz del derrumbe del comunismo en 1989 ingresa Occidente al quiebre epocal o Era de la gobernanza digital y de la inteligencia artificial, destacando la horadación o prosternación del Estado constitucional de Derecho.

En el Foro de Sao Paulo (1990-1991) y sus textos se precisan como propósitos de los causahabientes del marxismo el acceder al poder democráticamente, pero con fines de perpetuación; tanto como advierten que se verán judicializados por lo anterior sus miembros, forjándoseles vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Ha lugar, así, a las rupturas constitucionales que conocen Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2008), bajo experiencias constituyentes que repite, en 2022 y sin éxito inmediato, el Chile de Boric. El molde deconstructivo transita por la inflación de derechos humanos al detal, imposibles de ser tutelados eficazmente, ser dispersores de la unidad nacional, propiciadores de enconos, mientras se incrementa la actividad electoral para banalizarla. Es utilería de teatro.

Llegado el COVID-19, los causahabientes del marxismo dejan de calificarse como socialistas del siglo XXI. Abandonan los nichos históricos que recrearan para sustituir al Estado y a la Nación (bolivarianos, martinianos, sandinistas) – los tachan ahora como desviaciones fascistas – y se asumen de progresistas. Forjan el Grupo de Puebla y endosan los objetivos deconstructivos del Programa de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030), y otra vez denuncian, en 2019, que, por defenderlos están siendo judicializados sus líderes. Hablan de LawFare o guerra judicial, y he aquí lo central.

El LawFare amalgama como nombre al grupo de juristas y constitucionalistas que sirven bajo las administraciones de Bush y Obama, y le hacen seguimiento a las decisiones de la administración Trump, en lo particular para frenar por vía judicial su Orden Ejecutiva 13.769 de 2017 sobre Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos. Esta la detiene un Tribunal de Apelaciones en sentencia que celebra el Grupo y no es ocioso hacer presente, al efecto, que el presidente español J.L. Rodríguez Zapatero – miembro del Grupo de Puebla, junto a Ernesto Samper (judicializado por la Suprema Corte a raíz del Proceso 8000, 1995) – impulsa en 2005 la Alianza de Civilizaciones, justamente para frenar el castigo de terroristas por USA a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas.

A lo largo de este tiempo se hacen máximas de la experiencia la destitución de jueces sin fórmula de juicio y su sustitución, por abogados próximos al “autoritarismo electivo” de turno. Así pasó en Venezuela, en 1999, cuando Chávez controla para sus fines al Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se decide siempre, en toda causa, a favor de los objetivos revolucionarios y deconstructivos. Antes, a partir de 1997, bajo el gobierno del presidente Fujimori en el Perú, ocurre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que buscaban impedirle su reelección. Y tal como luego lo hace Nicolás Maduro, Fujimori denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, para evadir sus controles.

La perpetuación en el poder usando con fraude y mendacidad al Estado constitucional de Derecho, que toma cuerpo luego en la misma Venezuela (2007, 2013), en Honduras (2016), en Bolivia (2018), en El Salvador (2021), fue denunciada, sin eco, por la Comisión de Venecia (2018) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando salvar el principio de la alternabilidad democrática (2021).

No es azar, entonces, el actual desconocimiento del orden constitucional y de las decisiones del Tribunal Supremo por los líderes catalanes independentistas en España, queriendo fracturar la unidad nacional; el choque del presidente argentino con la Corte Suprema de Justicia, por la condena de su vicepresidenta; la inestabilidad endémica en el Perú, que afecta la neutralidad e imparcialidad de la Justicia; los empeños “destituyentes” en el Ecuador, animados por otro condenado, Rafael Correa; el despotismo iletrado de Nicaragua, donde hay absoluta ausencia de Estado de Derecho; las prisiones políticas en Bolivia, y en Venezuela, donde igualmente fracasa la Transición constitucional hacia la Democracia, mientras la comunidad internacional se neutraliza respecto de esta cuestión y exige que la legalidad se transe con la ilegalidad.

En fin, como el absurdo no falta, la Colombia de Santos sustituye la regla contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad para abrirle espacios a una «justicia transicional» que los perdona – y le gana el Premio Nobel – o la Colombia de Petro, quien predica que la criminalidad se acaba derogando delitos en el código penal, al igual que pugna abiertamente contra la Fiscalía y la Corte Suprema.

He allí, pues, la abierta judicialización de la política en Estados Unidos, morigerada u oculta tras los extremismos de su opinión pública, o el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que divide voluntades. Dice haber acabado con la criminalidad destituyendo con su “mayoría parlamentaria” a la Justicia Constitucional, pues controlaba sus actos. Ha establecido verdaderos campos de concentración que muestra con orgullo, para encerrar delincuentes a los que detiene indiscriminadamente con ausencia de revisiones judiciales autónomas. Y ahora, como lo hiciera Chávez en Venezuela, instruye directamente al Ministerio Público y ordena a los jueces despojar de sus patrimonios a los adversarios de su causa. Por si fuese poco, en México, el gobierno de Andrés M. López Obrador avanza una reforma constitucional para manejar la ingeniería electoral y modificar los patrones de la representación política, buscando perpetuar su dominio.

Lo preocupante, a todas estas, es que la agenda del Foro de Sao Paulo, la del Grupo de Puebla, y la de la ONU 2030, no hablan de la democracia – que no sea para deconstruirla desde adentro, apuntando hacia un estadio de posdemocracia – y menos le dan importancia al Estado de Derecho. No cuenta para ellas. Acaso lo reducen a las ideas de paz, de justicia, y el tener instituciones «fuertes». A la Justicia independiente la ven de elitista y prescindible, por no abonar a la deconstrucción cultural ni someterse al dictado de las mayorías y el populismo.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Ha concluido en Bruselas la reunión de una parte de los países de Occidente que comparten raíces comunes judeocristianas, denostadas por la mayoría, ajenas al Caribe angloparlante y afectados casi todos por un severo complejo adánico.

Pasaron ya ocho años desde el último encuentro de la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, foro político y diplomático inaugurado hace más de 20 años. La han convocado, para su III edición, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de las islas San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, aliado de las izquierdas integrantes del ALBA y coincidiendo aquella con el proceso electoral que avanza en la llamada Madre Patria, donde el partido del primero ha sufrido derrotas severas en los gobiernos locales.

Se trata de una asamblea de diálogo informal sin carácter vinculante, es verdad, que apenas permite tomarle el pulso al rompecabezas ideológico en que se han transformado sus representaciones –acaso para incidir, como lo creerán sus convocantes– en el destino próximo de uno de estos, Sánchez, y para acopiarle el respaldo de sus más próximos, como la Venezuela de Nicolás Maduro.

En el discurso compartido de los presidentes de las asambleas parlamentarias de ambos bloques, salvo por llevar a la mesa los temas de la transición verde y digital, para que sea justa e inclusiva, se repiten los clichés del tercermundismo en tiempos de la Guerra Fría: multilateralismo, paz y seguridad internacionales, soberanía e integridad territorial, y el “evitar” –no se habla de prohibir, como lo hace la Carta de la ONU– el recurso a la amenaza o al uso de la fuerza. Destaca, sí, lo novedoso, no por nuevo sino por olvidado: “El compromiso enérgico para proteger la democracia representativa, el respeto del Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, así como –casi al margen– la defensa y protección de los derechos humanos”.

Nada se dice sobre el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, estándar sagrado para toda democracia no fingida ni teatralizada. Se le da relieve a la agenda cultural y políticamente deconstructiva, incidiendo, como si fuese la esencia de la experiencia de la democracia, en la perspectiva de género, la cuestión del cambio climático, la situación de las personas LGBTIQ, la despenalización de la homosexualidad, el aborto, y la eutanasia; todo ello, en consistencia con la Agenda 2030 de la ONU, ajena a la tríada democracia-Estado de Derecho-derechos humanos.

Acaso puedan esos ítems mencionados derivar en consideraciones acerca de si hacen o no parte del núcleo duro de los derechos humanos –pretenden ser universales, siendo que son pretensiones o derechos al detal dentro de sociedades desmembradas–. Pero, repito, es una cuestión diversa, que una vez como sea resuelta –que no lo ha sido– podría incidir en la valoración de la mayor o menor calidad de nuestras democracias.

La cuestión es que, los jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Cumbre de Sánchez, endosan una declaración que, por una parte, reafirma en su introducción que son “valores compartidos los de la señalada tríada, “incluidas las elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles”, junto a la “libertad de prensa”, mientras se cargan a diario los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia, que hoy es derecho humano transversal que han de asegurar los gobiernos.

Al cabo, con esa salvedad introductoria, la declaración sale en defensa de Cuba; apoya el diálogo de paz en Colombia, en el que media el dictador venezolano; y se limita a “alentar un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México”. De donde huelgan las preguntas. ¿Diálogo sobre qué? ¿Sobre la inhabilitación forjada de la opositora María Corina Machado? ¿Sobre la liberación de los presos políticos? ¿Sobre dejar de perseguir a los miembros del régimen señalados de atroces crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal de La Haya? O, como lo anuncia el mismo Maduro, ¿que se le levanten las sanciones económicas, a su régimen y al de La Habana?

La III Cumbre, no se refiere, siquiera tangencialmente, a esas cuestiones. Eso sí, carga sus tintas contra Haití para decir que allí se ha deteriorado la seguridad pública y la situación humanitaria. Escrutan su crisis compleja y urgen cooperación para resolverla. Mas, acaso, ¿no es lo mismo que pasa en Venezuela? ¿Por qué sólo Haití? Carece, justamente, de dolientes y nada le aporta al militantismo de Sánchez o al progresismo globalista de los occidentales, destructor de nuestros sólidos, de nuestro patrimonio intelectual e histórico.

Lula da Silva, en su taimada perorata saluda los valores compartidos con Europa y con sus tradiciones democratizadoras, venidas desde la Segunda Gran Guerra. Ninguna de estas – salvo excepciones– las sostienen las dictaduras del siglo XXI latinoamericanas, apoyadas por su Foro de São Paulo; que, como cabe recordarlo y a la luz de sus declaraciones, decidieron abandonar las armas sus asociados e ir a través de los votos hacia el poder, a partir de 1989, para quedarse en el poder una vez como desmontasen los sistemas electorales. De modo que, para el presidente de Brasil sólo hay democracia allí donde se aboga por la agenda identitaria y deconstructiva. Lo ha dicho, con la elegancia propia a los discursos redactados por Itamaraty.

La declaración de la Cumbre se ocupa de cubrirle las espaldas a los gobernantes represores, es lo relevante, al demandar “la eliminación del doble rasero y la politización” de los derechos humanos; pues a Cuba y Venezuela, es lo que se sugiere, se las estaría cercando y acusando por ello, por ser de izquierdas y heterodoxas en materia democrática.

A China no se la menciona. Y es que junto a Rusia declaró sentirse orgullosa de sus tradiciones milenarias, llamada a conducir la globalización y en un contexto en el que la democracia quede como cuestión particular de cada Estado. El encuentro fue, por lo visto, un monumento a la hipocresía.

 Asdrúbal Aguiar 

correoaustral@gmail.com

Una suerte de complejo arrastramos los venezolanos desde el instante mismo en que el Padre de la Patria, Simón Bolívar, condena nuestra relación con Estados Unidos y el que hayamos asumido parte de sus principios una vez como nos hicimos de nuestra pionera Constitución, la de 1811, obra de civiles; tanto como fue hechura de esa Ilustración pionera y no la de las armas, la previa declaratoria de nuestra Independencia, llegado el día 5 de julio. Todavía creemos que es una efeméride militar.

La cuestión del doble rasero, mejor aún, de la doblez de nuestro comportamiento frente a los habitantes del norte, bien lo resumo en aquello que le escuchara a un eminente estadista venezolano del siglo XX: “Con los gringos hay que reunirse, si posible a diario, pero no tomarse con ellos ninguna foto”.

La cuestión cierta es que Bolívar nos lanzó a los hornos en los que él cuece su culto desenfadado por los ingleses y el oculto anhelo por emular a su monarca: Les pide dinero y deja endeudada a la Gran Colombia; le contrata mercenarios que se le alzan llegados a suelo patrio –la Legión de Irlandeses– y debe fusilar a algunos de estos; luego les entrega en arriendo parte de nuestro actual estado Bolívar, hasta que su edecán Daniel Florence O’Leary, devenido en cónsul, escribe a Londres para se apuren a controlar las bocas de nuestro Orinoco; ello, si aspiraban a dominar Suramérica; y, al término, nos deja en herencia la confiscación que hicieran de nuestro territorio Esequibo, luego de su muerte en Santa Marta.

Pero es dato duro de nuestra azarosa historia, una paradoja, que nos fue necesario, sucesivamente, pedir y hasta suplicar el auxilio de Washington –eran los tiempos de Guzmán Blanco– para frenar el expolio a que había sometido la Gran Bretaña y su imperial corona.

Acaso pueda matizarse lo dicho por la misma circunstancia de las guerras por la Independencia, que no lo fueron por la libertad. Se nos consideraba –así reza el Manifiesto de Cartagena de 1812– indignos e impreparados para tan suculento plato. Y si esta emotiva perorata Bolívar acusa a nuestros Padres Fundadores de haber creado una república aérea, en su discurso ante el Congreso de Angostura desnudará su línea ideológica autoritaria. Apela al modelo inglés para matizarla, y darle a su poder carácter hereditario. No por azar, cuando crea Bolivia y le da su constitución, forja la presidencia vitalicia, que puede heredar el vicepresidente de su libre elección –experiencia que conoce Venezuela a partir de 2013– encendiendo la pradera y destruyendo su magna obra, la Gran Colombia.

“Estoy penetrado de la idea de que el gobierno de Venezuela debe reformarse”, dice, refiriéndose a nuestra primigenia constitución federal. Al ras con esa idea propone su galimatías: “¿No dice el Espíritu de las Leyes que deben ser propias para el pueblo que se hacen?”. Dado ello, nos caracteriza: “Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla”; de donde encuentra la solución a mano: “Os recomiendo, Representantes, el estudio de la Constitución británica, … Si el Senado, en lugar de ser electivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo, el alma de nuestra República”.

Al cabo, hara su juicio terminal, a saber, que “por exorbitante que parezca la autoridad del poder ejecutivo de Inglaterra, quizás no es excesiva en la República de Venezuela”. Pide, pues, atribuir a un Magistrado republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un Príncipe Constitucional.

Pues bien, la contracara de esa perspectiva –de la que se nutren los autócratas militares nuestros, ungidos por plumarios a su servicio, apologetas del gendarme necesario o césar democrático– será la expuesta por el sabio y rector José María Vargas.

Denostado –al olvidárselo– por las sucesivas generaciones de venezolanos una vez como lo intimada el coronel Pedro Carujo: – ¡la patria es de lo valientes!, y reducida su imagen a la de un hombre bueno o débil, léase, un político pendejo, su testimonio escrito, a saber, su mensaje al Congreso del 20 de enero de 1836 desvela la razón de su silenciamiento. Ha sido y es la contracara del pensamiento bolivariano dictatorial, y su argumentado desafío.

“No puede haber avenimiento entre el orden y las pasiones…, en medio de una crisis que había preparado el conflicto entre los principios y los abusos… entre las insensatas pretensiones particulares a que dieran origen las pasiones desarrolladas en la revolución y las concesiones legítimas e imprescriptibles, que la justicia y la razón han decretado a todos los venezolanos”, dice el presidente Vargas. Y subraya que sólo “por un fatal descuido fue conservada esta maquinaria de opresión colonial por el mismo gobierno que sacudió este yugo”.

¿Qué hacer a todas éstas?

El que fuese rector de nuestra histórica Casa Superior de Estudios, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, siendo consistente con la necesidad de que las leyes sean fidedigna expresión de las gentes a las que se dirigen, sostiene que “la parroquia es el elemento de nuestra estructura política… A ella le corresponde el cuidado de los negocios más importantes… la formación de los sentimientos morales del pueblo. Así el régimen de las parroquias es el más digno de atención, porque él abraza los intereses más comunes, y ellos son los materiales de que se compone el edificio social”.

Su arraigada perspectiva popular y de suyo democrática, raizalmente antagonista de la visión centralizadora y autoritaria cultivada por las espadas, la fija así José María Vargas, al recomendar a los parlamentarios que anclen en la base de la sociedad, en la parroquia, el esfuerzo para “la transformación efectiva de las costumbres del antiguo régimen colonial, por las muy diversas –y plurales– que deben constituir la esencia del gobierno que hemos proclamado”.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

La atención por Venezuela del caso que sobre la reclamación de la Guayana Esequiba cursa ante la Corte Internacional de Justicia, a instancias de la República Cooperativa de Guyana, es algo vital si acaso nos importa sostener en pie a los venezolanos el andamiaje moral de nación que nos integra; que es algo más y de suyo –la nación– el contenido de una república constitucional que se nos ha pulverizado a partir de 1999.

Se comprende que el asunto, como debería ser, ha perdido su razón como causa nacional. La fue a lo largo de todo el siglo XX, antes del camposanto de sobrevivientes en que se ha transformado el territorio que nos aporta identidad.

Cuando los ingleses, sumidos en su proverbial desdén imperial hacia nosotros ocupan con sus comisarios y banderas las bocas de nuestro río madre, el Orinoco, y fijan estas en Punta Barima, Diego Bautista Urbaneja, canciller del presidente Guzmán Blanco, advierte en 1887 sobre “la herida mortal a la soberanía” que se nos infligía.

Así que, si cierto es que la cuestión que ahora se debate en la Corte Internacional de Justicia y a la luz del Acuerdo de Ginebra de 1966, podrá resultarle críptica a los más, pues se trataría de deconstruir, jurídicamente, los contenidos del laudo arbitral que, dictado en París en 1899 nos confiscó la casi totalidad del territorio colindante con el río Esequibo a fin de determinar la validez o no de lo allí fallado, tras ello existe una historia de atropellos a la dignidad venezolana que sólo podrán hacerla valer sus dolientes.

Es legendario el desprecio con que Gran Bretaña nos trata – a la que el Padre Libertador le dio todo y con ella hasta se endeudo durante las guerras por la Independencia y hasta les arrendó grandes espacios de nuestro Estado Bolívar – durante la firma del Protocolo y del Tratado para el Arreglo de la Cuestión de Límites que originaran al arbitraje del despojo, suscrito en Washington en 1887 mientras gobernaba en Caracas el general Joaquín Crespo. En carta que envía el embajador británico a Lord Salisbury, su superior, le confiesa que había entendido “que la cuestión sería arbitrada precisamente como si la controversia fuera entre Gran Bretaña y Estados Unidos [y no con Venezuela], por la razón, entre otras, que no conocemos un jurista venezolano digno de ese nombre, o a quien nosotros consentiríamos que le fuera confiada la función de árbitro”.

Es de esperar ahora, por ende, que esta vez no ocurra lo que experimentó Alejo Fortique en 1844, luego de alcanzar con Lord Aberdeen una transacción amistosa consistente en el trazado de una línea entre el río Moroco y las bocas del Orinoco; con el compromiso nuestro de no ceder el río o partes de él a potencia extranjera alguna. El flemático Consejo de Gobierno, desde Caracas consideró “deprimente para la dignidad nacional” aceptar lo que la misma Constitución ya establecía, a saber, la prohibición de enajenar el territorio de Venezuela. Los venezolanos decían de Fortique, estadista y doctor en jurisprudencia de nuestra Pontificia Universidad, acreditado desde 1838 para esa tarea, que era un mal negociador. Y le escribe este al presidente Carlos Soublette previniéndole sobre lo fatal: “temo que perdamos soga y cabra” y “el Orinoco se pierde al otro día de haber entrado Lord Palmerston –adversario de Aberdeen– al ministerio”. Fortique fallecerá de regreso a Londres, en 1845, después de alcanzar que España nos reconociese como Estado independiente.

El Marqués de Rojas –hecho tal por el papa León XIII, quien media en nuestra controversia por el Esequibo– sucesivamente le propondrá a Inglaterra la misma fórmula encontrada por Fortique en 1881, llevando una milla hacia el norte la extensión de las bocas del Moroco para trazar la línea divisoria planteada. El padre del general Guzmán Blanco, Antonio Leocadio Guzmán, consejero de la cancillería, le acusa de traidor a la patria por lo de esa milla. El presidente le exige retirar su carta. No fue necesario. Le fue rechazada y el Marqués dimitió. “La enojosa cuestión de Guayana entre ambos países habría sido arreglada, sin necesidad de arbitramento”, referirá éste en su libro Tiempo perdido, que edita en París en 1909.

Rojas le pasará a Antonio Leocadio su factura. Engolosinado junto a su hijo con las celebraciones del centenario de la muerte de Simón Bolívar y preparando su discurso de orden, el Marqués publica en Paris, en 1883, en biografía que escribe sobre este, el texto del decreto del Congreso de Valencia de 1830 que el propio Guzmán refrenda condenando al Libertador.

Con el general Guzmán Blanco la cuestión del Esequibo será, al término, más desdorosa. El ministro inglés de relaciones exteriores, Rosebery, rescata las propuestas de Fortique y el Marqués de Rojas y las mejora para resolver el entuerto, sugiriendo que el trazado de la divisoria se hiciese por un árbitro o una comisión mixta entre el río Esequibo y las bocas del Orinoco; pide, sí, para este, libertad de comercio y navegación. Pero más preocupado por el arreglo de las acreencias y el otorgamiento en Europa de contratos para la explotación de los territorios de Guayana, como el dado al norteamericano George Turnball, a quien le vende 500 hectáreas en el Distrito Manoa y la mina de Hierro Imataca, Guzmán Blanco rechaza la propuesta. Raimundo Andueza Palacio y su canciller, Marco Antonio Saluzzo, lo acusarán ante el Congreso por su negligencia y haber roto las relaciones con Gran Bretaña.

Anteayer como ahora, por lo visto, mientras se remata a discreción el menguado patrimonio de Venezuela entre capitalistas golondrinas y potencias extranjeras, los jueces de La Haya y los venezolanos permanecemos a la expectativa. El gobierno se atrinchera en su delirio bolivariano: “atribuir a un magistrado republicano, una suma mayor de autoridad que la que posee un Príncipe constitucional”; que sí lo fue, casualmente, el Autócrata Ilustrado, el Ilustre Americano.

 Asdrúbal Aguiar

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Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en lúcida lección magistral que dictó en el III Seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad (Grupo IDEA / Miami Dade College), dispuso de metáforas que iluminaron el sentido de mi exposición sucesiva, sobre el tema de esta columna. Una fue la de la luz solar, como terapia para la desinfección, y la otra, la del alumbrado público como medida de seguridad. Su giro me recordó a Heidegger.

La claridad sólo tiene su reposo en una dimensión de abertura y libertad. Este lugar es, lo dice este, el más importante filósofo del siglo XX, el «claro que puede visitar la luz, y hacer jugar en él lo luminoso con lo oscuro»”. Y para fijar luego el contexto de mi reflexión anclé en la tesis del profesor español José María Barrio Maestre (Educación y verdad, 2008): “La pedagogía tiene algo que hacer –y es seguro que lo tiene– sólo si es capaz de recuperar, desde su tradición socrática, el prestigio cultural del conocimiento; y eso no es otra cosa que el prestigio de la razón como capacidad de verdad”.

Invoqué a Robert Redeker, autor de la reciente obra sobre la abolición del alma (L’abolition de l’ame,2023), pues dice bien, en una entrevista (“La abolición del alma precede a la abolición del hombre”, 19 de junio de 2023), que “puedes suprimir la palabra “sol” del diccionario, pero no puedes impedir que el sol exista. Por lo que aprecia que nuestros contemporáneos, creyéndose más inteligentes que sus místicos e ingenuos antepasados reducen toda verdad al cuerpo humano. Obvian la desnuda realidad que narra Solzhenitsyn: “Puedes hacerme cualquier cosa, puedes esclavizarme, puedes aplastarme, pero no puedes destruir mi alma, la que se llama libertad. La que es, filosóficamente, la sede de la libertad”.

Lo predicable, entonces, es que, si bien Demócrito desecha la idea de un alma que, desde antiguo fija sus anclas en el cielo, cuando menos asimila el alma a la conciencia, a la razón: “pienso, luego existo”. Pero, entre tanto, nuestra posmodernidad hace que el cielo se le caiga sobre sus cabezas y se rompa en mil pedazos contra el suelo.

¿Qué pretendo decir con esto?

La crisis de la modernidad, el agotamiento del socialismo real, el final de la sociedad de masas que se impulsa y forja desde las redes digitales –que es el aula de nuestra educación posmoderna– sólo le hace lugar al «hombre-masa», usuario u objeto de los algoritmos. Es “un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones…”. Ese hombre-masa “es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, un hombre dócil…”, como le describe en La rebelión de las masas José Ortega y Gasset.

César Cansino, en su relectura de presente precisa que “lo racional y lo objetivo ceden terreno a lo emocional o a las creencias formadas a partir de medias verdades o informaciones falsas”. Y lo grave, a todas estas, es que ya un tercio del control sobre las redes digitales –construidas para incidir sobre los sentidos y que apalancan a la vida académica y docente del momento– lo ejercen bots maliciosos. Como lo indica la información técnica “en las redes sociales, la Inteligencia Artificial es capaz de impulsar bots: cuentas de usuarios que parecen ser de gente real” (Mark Coeckelbergh, Ética de la Inteligencia Artificial, 2021). Construyen narrativas –novelas o cuentos– al detal y a conveniencia, a gusto de quien pueda y tenga el poder suficiente para manejarlos o contratarlos.

Los políticos del siglo XXI derriban las estatuas de nuestros fundadores, queman las iglesias, prosternan los símbolos patrios, y la revolución digital, en paralelo, se vuelve negación del arraigo; perturba la memoria que es “ampliación de lo vivido”, obra del tiempo y necesaria para la formación de la personalidad, al dominar la instantaneidad de lo digital.

En mi ensayo reciente “El imperio de la mentira como fisiología del poder” (Papel Literario,18 de junio de 2023), cuya recensión me sirvió para la lección de marras, preciso que lo vertebral o lo que más se ve afectado por el “reseteo” de memorias” tras el «quiebre epocal» en marcha, es el lenguaje, sus significados precisos. Es este el que nos permite “descubrir esa honda resonancia de la intimidad que alcanza, en nuestra propia historia, la historia de los otros hombres”. Todo se oscurece.

Sin estos hombres, interactuando todos y cada uno en el aula o la plaza pública bajo el sol y si nos limitamos al habla frente al espejo del narciso digital, no habrá posibilidad para una verdadera educación, menos para una educación en valores, cívica y democrática. Aquella y ésta son tributarias de la razón iluminada, de la elección informada y veraz.

En los predios de la perturbación del “lenguaje” y la banalización de los significados –no sólo a propósito de lo que ocurre con la cuestión identitaria: Ellos, Ellas, Elles– es donde prende la mentira y se vuelve posverdad. Y la explicación huelga. El lenguaje, lo confirma Emilio Lledó, es el que “hace consciente en lo colectivo las experiencias de cada individualidad”. Si cada uno y cada cual, a la manera de una torre de Babel, forja sus propios significantes, ni los unos ni los otros podrán trasladar sus experiencias ni volverlas acervo que les asegure la confianza recíproca y su prolongación hacia las generaciones venideras.

La posverdad, expandida por el uso abusivo del andamiaje digital y de la inteligencia artificial (IA), es la que hace posible, al término, las dictaduras populistas y sus autoritarismos electivos por los caminos formales de la democracia; pues a esta se la vacía de contenido y significado. Me pregunto, al cabo, ¿cuánto de la data del ChatGPT procede de universidades o académicos comprometidos con la libertad y la primacía ordenadora de la dignidad humana, centros neurálgicos de la civilización occidental?

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 Asdrúbal Aguiar