Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en lúcida lección magistral que dictó en el III Seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad (Grupo IDEA / Miami Dade College), dispuso de metáforas que iluminaron el sentido de mi exposición sucesiva, sobre el tema de esta columna. Una fue la de la luz solar, como terapia para la desinfección, y la otra, la del alumbrado público como medida de seguridad. Su giro me recordó a Heidegger.

La claridad sólo tiene su reposo en una dimensión de abertura y libertad. Este lugar es, lo dice este, el más importante filósofo del siglo XX, el «claro que puede visitar la luz, y hacer jugar en él lo luminoso con lo oscuro»”. Y para fijar luego el contexto de mi reflexión anclé en la tesis del profesor español José María Barrio Maestre (Educación y verdad, 2008): “La pedagogía tiene algo que hacer –y es seguro que lo tiene– sólo si es capaz de recuperar, desde su tradición socrática, el prestigio cultural del conocimiento; y eso no es otra cosa que el prestigio de la razón como capacidad de verdad”.

Invoqué a Robert Redeker, autor de la reciente obra sobre la abolición del alma (L’abolition de l’ame,2023), pues dice bien, en una entrevista (“La abolición del alma precede a la abolición del hombre”, 19 de junio de 2023), que “puedes suprimir la palabra “sol” del diccionario, pero no puedes impedir que el sol exista. Por lo que aprecia que nuestros contemporáneos, creyéndose más inteligentes que sus místicos e ingenuos antepasados reducen toda verdad al cuerpo humano. Obvian la desnuda realidad que narra Solzhenitsyn: “Puedes hacerme cualquier cosa, puedes esclavizarme, puedes aplastarme, pero no puedes destruir mi alma, la que se llama libertad. La que es, filosóficamente, la sede de la libertad”.

Lo predicable, entonces, es que, si bien Demócrito desecha la idea de un alma que, desde antiguo fija sus anclas en el cielo, cuando menos asimila el alma a la conciencia, a la razón: “pienso, luego existo”. Pero, entre tanto, nuestra posmodernidad hace que el cielo se le caiga sobre sus cabezas y se rompa en mil pedazos contra el suelo.

¿Qué pretendo decir con esto?

La crisis de la modernidad, el agotamiento del socialismo real, el final de la sociedad de masas que se impulsa y forja desde las redes digitales –que es el aula de nuestra educación posmoderna– sólo le hace lugar al «hombre-masa», usuario u objeto de los algoritmos. Es “un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones…”. Ese hombre-masa “es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, un hombre dócil…”, como le describe en La rebelión de las masas José Ortega y Gasset.

César Cansino, en su relectura de presente precisa que “lo racional y lo objetivo ceden terreno a lo emocional o a las creencias formadas a partir de medias verdades o informaciones falsas”. Y lo grave, a todas estas, es que ya un tercio del control sobre las redes digitales –construidas para incidir sobre los sentidos y que apalancan a la vida académica y docente del momento– lo ejercen bots maliciosos. Como lo indica la información técnica “en las redes sociales, la Inteligencia Artificial es capaz de impulsar bots: cuentas de usuarios que parecen ser de gente real” (Mark Coeckelbergh, Ética de la Inteligencia Artificial, 2021). Construyen narrativas –novelas o cuentos– al detal y a conveniencia, a gusto de quien pueda y tenga el poder suficiente para manejarlos o contratarlos.

Los políticos del siglo XXI derriban las estatuas de nuestros fundadores, queman las iglesias, prosternan los símbolos patrios, y la revolución digital, en paralelo, se vuelve negación del arraigo; perturba la memoria que es “ampliación de lo vivido”, obra del tiempo y necesaria para la formación de la personalidad, al dominar la instantaneidad de lo digital.

En mi ensayo reciente “El imperio de la mentira como fisiología del poder” (Papel Literario,18 de junio de 2023), cuya recensión me sirvió para la lección de marras, preciso que lo vertebral o lo que más se ve afectado por el “reseteo” de memorias” tras el «quiebre epocal» en marcha, es el lenguaje, sus significados precisos. Es este el que nos permite “descubrir esa honda resonancia de la intimidad que alcanza, en nuestra propia historia, la historia de los otros hombres”. Todo se oscurece.

Sin estos hombres, interactuando todos y cada uno en el aula o la plaza pública bajo el sol y si nos limitamos al habla frente al espejo del narciso digital, no habrá posibilidad para una verdadera educación, menos para una educación en valores, cívica y democrática. Aquella y ésta son tributarias de la razón iluminada, de la elección informada y veraz.

En los predios de la perturbación del “lenguaje” y la banalización de los significados –no sólo a propósito de lo que ocurre con la cuestión identitaria: Ellos, Ellas, Elles– es donde prende la mentira y se vuelve posverdad. Y la explicación huelga. El lenguaje, lo confirma Emilio Lledó, es el que “hace consciente en lo colectivo las experiencias de cada individualidad”. Si cada uno y cada cual, a la manera de una torre de Babel, forja sus propios significantes, ni los unos ni los otros podrán trasladar sus experiencias ni volverlas acervo que les asegure la confianza recíproca y su prolongación hacia las generaciones venideras.

La posverdad, expandida por el uso abusivo del andamiaje digital y de la inteligencia artificial (IA), es la que hace posible, al término, las dictaduras populistas y sus autoritarismos electivos por los caminos formales de la democracia; pues a esta se la vacía de contenido y significado. Me pregunto, al cabo, ¿cuánto de la data del ChatGPT procede de universidades o académicos comprometidos con la libertad y la primacía ordenadora de la dignidad humana, centros neurálgicos de la civilización occidental?

correoaustral@gmail.com

 Asdrúbal Aguiar 

El pasado 30 de mayo, los representantes ante el Consejo Permanente de la OEA realizaron una jornada de reflexión acerca de la Carta Democrática Interamericana. Sorprendió que el embajador del Uruguay, cuyo gobierno es modélico y de los pocos bien afirmados sobre los elementos contenidos en aquella, dijese que era pertinente abrirle compuertas al debate sobre su reforma; misma que ha pedido Gustavo Petro, desde Colombia.

Han pasado 20 años desde la adopción de la Carta y cree aquél que existen diferencias sobre su contenido – lo que mucho le preocupa al presidente Luis Lacalle Pou y así se lo hace saber a Lula da Silva recientemente – tanto como su aplicación deja mucho que desear. No por causa de la OEA, como cabe precisarlo, sino por la falta de voluntad de sus gobiernos.

El embajador no atina a precisar el origen de la Carta, que es vertebral al sistema interamericano y se lo preguntaba a sí, sin saber que lo fue, en efecto, la «degeneración democrática» impulsada por el gobierno peruano de Alberto Fujimori. Éste, democráticamente electo y a la sazón con una lista de casos pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se vuelve un desembozado dictador civil.

He aquí, entonces, la cuestión de fondo.

Los falsos demócratas, para sostener sus teatros de infamia sujetan como en Bolivia, El Salvador, o Venezuela – y como se lo intenta en Colombia – a los fiscales y jueces para que le hagan decir a la Constitución lo que no dicen y así purificar, mediante sentencias y a través de un fingido Estado de Derecho, lo que son desviaciones o abusos de poder que acaban de raíz con la democracia. Así, todavía reclaman la reforma de una Carta que no es inédita y sólo preserva, actualizando su parte adjetiva, el patrimonio intelectual democrático interamericano a cuyo acatamiento se resisten.

Los órganos políticos de la OEA han tamizado el deshacer antidemocrático de las dictaduras del siglo XXI, como las califica el expresidente Osvaldo Hurtado, y cuando, a partir de 2001, los secretarios generales César Gaviria (1994-2003) y Luis Almagro (2015-2025) les intiman a dar cumplimiento a la Carta, son lapidados. Evadir la salvaguarda democrática colectiva e interamericana ha sido, en fin, el desiderátum de no pocos gobernantes latinoamericanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de la Carta, antes bien, una fuente vinculante de sus dictados. La ha asumido como interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos que la rige y sigue aplicando en los casos que conoce. Ha desafiado a quienes desde la burocracia diplomática la tachan de insuficiente o de superada, o necesitada de algo más, evitando resolver sobre su cumplimiento.

Como actualización de los estándares democráticos proclamados por la Declaración de Santiago de Chile de 1959, adoptada ésta cuando América Latina sale de la esclavitud de las repúblicas militares, la Carta apenas frisa 20 años. A su tenor la democracia ha mudado en derecho de los pueblos, dejando de ser un simple instrumento para la formación del poder. Al igual que ayer es condición para participar de la OEA, a la luz de esos mínimos que se banalizan al pedirse – engañando con verdades, lo diría Agustín de Hipona – que la mirada se centre más en los derechos de los desposeídos. La fiscalización de la legalidad de los actos de los gobiernos por los jueces, la alternabilidad o proscripción de la perpetuación en el ejercicio del poder, la prohibición de las proscripciones políticas, la libertad de expresión y de prensa, y el pedido de estructuras económicas que ofrezcan condiciones justas y humanas para la población, son, al cabo, principios inexcusables, pues son los que protegen sobre todo a esos excluidos.

A la Carta se la posterga arguyéndose ser no vinculante – lo dice Jimmy Carter – o por respeto de los asuntos internos – según José Miguel Insulza o Hugo Chávez Frías – u oponiendo la urgencia de una segunda carta que defienda lo social y se dicta en 2012, a saber, la Carta Social de las Américas, a la sazón impulsada por la dictadura venezolana.

El despropósito deconstructivo de la democracia sigue en pie, ni que dudarlo. Se le demandan condiciones que ya son su esencia, para oblicuamente justificar con estas a las cobardes autocracias de América Latina. Tras el anuncio de promover la justicia social y el desarrollo con equidad creen estas dejar de ser tales o más gravosas, por el bien que afirman procurar. Lo sostiene Nayib Bukele. Fidel Castro y a Augusto Pinochet eran más auténticos.

Mientras la Carta Democrática, en los hechos, sigue en el congelador, la Carta Social en cuestión no hizo sino adelantarnos el catecismo ruso-chino constante en la Declaración Conjunta sobre las relaciones internacionales en la Era Nueva y el desarrollo sostenible global, de 2022. Cada Estado, como lo predican uno y otro texto debe promover y lograr progresivamente la plena efectividad de los principios y derechos económicos, sociales y culturales a través de las políticas y programas que considere eficaces y adecuados a sus necesidades, de conformidad con “sus” procesos democráticos y recursos disponibles. El predicado es elemental.

La resolución de la pobreza será cuestión de tiempo, no exigible por los pobres. Estará sujeta a lo que cada gobierno pueda hacer, según “su” particular “proceso” democrático, el suyo, no el de los otros, menos el de una visión democrática compartida, como la que ha regido en América Latina desde 1948, por imperativo de la 2ª. Guerra Mundial.

Cada vez que se solicita la reforma de la Carta Democrática Interamericana, a todas estas lo que se busca es conjurar la inmediatez de la libertad y la comunidad de ideales democráticos. Y si se trata de la Carta Social dictada para frenarla, los resultados de su aplicación están a la vista. Venezuela es un camposanto. Sus habitantes medran en la extrema pobreza, y sin derechos, pero Lula cree que se trata de una narrativa, de un cuento novelado.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Luiz Inãcio Lula da Silva, prisionero tras el escándalo Lava Jato y de regreso como presidente de Brasil, fue recibido con honores en Pekín por el gobernante chino Xi-Jinping. Ha sido su preámbulo antes de convocar la Cumbre de Jefes de Estado en Brasilia que ha puesto al margen a los mecanismos institucionales de la región, sujetos a la pesada e inaceptable carga, para las izquierdas irredentas, de las «cláusulas democráticas».

Su agenda de diálogo ha sido, nominalmente, sobre integración e iniciativas de cooperación suramericana, la que finaliza con la formación de un Grupo de Contacto; sin que por ello pudiese ocultar el verdadero móvil de su iniciativa, a saber, reinsertar a Nicolás Maduro Moros en la comunidad internacional luego del aislamiento al que ha estado sometido por corrupción y violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos.

La tesis brasileña –de neta estirpe ruso-china– es que se ha construido una “narrativa” –“género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento”– orientada a demonizar al régimen de Caracas, para malponerlo. De donde, al afirmar que aquella es de tal filiación, no incurro en despropósito o lance.

Tamizada desde antes por el Grupo de Puebla, a cuyo tenor la persecución judicial que sufren los suyos por las corruptelas ocurridas a manos de la Odebrecht y de la empresa petrolera venezolana Pdvsa durante las dos últimas décadas es la obra de un «lawfare» – hace pocos días le robaron a esta 23.000 millones de dólares –de suyo el argumento de la narrativa hace preciso enganche con el predicado de Vladimir Putin y Xi Jinping–: “Se oponen al abuso de los valores democráticos [léase del Estado de Derecho] y la injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”, dicen ambos en vísperas de la guerra contra Ucrania.

La cuestión es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, si bien no cuestiona la “normalización” internacional del gobierno venezolano a fin de que el sistema multilateral pueda ayudarlo a que regrese sobre la senda de la democracia y al considerar de conveniente el levantamiento de las sanciones a las que ha sido sometido, aclara que no puede ocultarse, por “razones de principio”, que se trata de un violador de derechos humanos.

A su turno, el gobernante de Uruguay, Luis Lacalle Pou, observando de plausible, aquí sí, la agenda de integración y cooperación planteada advierte preocupado a Lula que en el texto de la declaración debatido se habla de democracia; lo que le obliga a decir –son sus términos expresos– que la presencia venezolana sugeriría que, para lo sucesivo y de no ser aclarado el término, tendría la democracia un significado variable para los presentes. Sin afirmarlo, alerta Lacalle sobre la emergencia de “democracias al detal” en América Latina.

Lo cierto es que, tras el telón media un pedido de la Casa Blanca al nuevo gobierno paraguayo de Santiago Peña, para que acepte dialogar con Maduro y le acredite un embajador; lo que igualmente ha hecho el gobernante uruguayo.

Avanza rauda, entonces, como tendencia que busca imponerse en la región, una que desafía al patrimonio intelectual interamericano y europeo sobre la democracia y el Estado de Derecho. Me refiero al milenario y que se renueva con la tragedia del Holocausto, una vez finalizada la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Allí se fija como piedra angular y norma de orden público el respeto de la dignidad inmanente de la persona humana.

Lo que es peor, como se constata en los documentos del mencionado Grupo de Puebla, de la Agenda 2030 de la ONU y hasta en los del Gran Reseteo del Foro Económico Mundial de Davos, se busca predicar sobre derechos humanos –lo hace Boric– como «objetivos» medibles e inexcusables; pero no necesariamente atados ni interdependientes con los conceptos de la democracia y del Estado constitucional, tal como lo han repetido, hasta la saciedad, las Cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos.

Pues bien, en la referida Declaración Conjunta que suscribiesen China y Rusia en Pekín, el 22 de marzo de 2022 se sostiene a pie juntillas que “una nación puede elegir formas y métodos de implementación de la democracia que mejor se adapten a su Estado particular, basado en su sistema social y político, sus antecedentes históricos, tradiciones y características culturales únicas”. En pocas palabras, ese documento elaborado como guía para las relaciones internacionales en la Era Nueva concluye en que “sólo corresponde al pueblo del país decidir si su Estado es democrático” o no. Pasa a ser una cuestión propia de la intimidad o el fuero interno de cada pueblo.

La cuestión por saber es saber hasta dónde llega el desafío y el despropósito del progresismo que deconstruye a las naciones de América Latina, dejándolas a la deriva, sujetándolas a explotación a través de la modalidad de los subsidios y su perversión con fines políticos, y en una línea de banalización de la criminalidad.

Colombia, así como anuncia que legalizará el narcotráfico y desde ya desmonta la tipificación de distintos comportamientos delictivos para volverlos virtuosos, Lula da Silva y algunos gobiernos de la región se muestran dispuestos, más que a acabar la democracia, dejar en el pasado y como parque jurásico a los crímenes de genocidio, guerra, y lesa humanidad que tanto conmovieran a la conciencia universal en la segunda mitad del siglo XX.

A todas estas, ¿qué dirá la correligionaria de Lula da Silva y expresidenta de Chile Michelle Bachelet? El régimen de Maduro “sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura”, así como “implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático” venezolano, señala su informe ante la ONU de 2019.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

 

Cabe tener presente que el imperio de la mentira como fisiología del poder no es un fenómeno inédito. El caso es que, hasta ayer, la manipulación o el falseamiento, el engaño o la explotación de las emociones, sea en el mercado de los bienes o en el de los votos, se la consideraba socialmente reprobable. Ahora se la tolera, se la normaliza –allí están las fake news– y cada uno y cada cual encuentra su justificación a la medida, a saber, creerse que es derecho tomar como cierta a la falsedad cuando complace y a riesgo de su sinsentido; o dado que permite saciar la sed de venganza por el mal que se alega se ha sufrido y proviene de la culpa de otros; o porque se la estima coetánea a la libertad humana, la de asumir como veraz al yerro. El derecho a la verdad, entendido como la propia, en la práctica muda y se transforma en un derecho a la mentira, otro galimatías.

 

En la antigua Grecia se conoce bien y se discute sobre esta, como comportamiento dentro de la plaza pública. Lo revela Sócrates: “No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis acusadores. Ciertamente, bajo su efecto, hasta yo mismo he estado a punto de no reconocerme; tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero”, agrega. Y lo hace en un contexto de golpe teatral que explota intensivamente la elipsis del caso: se omiten palabras importantes en el discurso y se lo descontextualiza deliberadamente, como lo narra Jacobo Zabalo (La antigua era de la posverdad, 2018).

La posverdad, de tal suerte y en suma, arrasa con inusitada efectividad las texturas de nuestras sociedades y asimismo las pulveriza políticamente, en lo religioso y en lo normativo, bajo una paradoja que importa subrayar. Quienes se dicen poseedores de la verdad y practican en nombre de esta la posverdad –sea el progresismo redentor, sean quienes con espada en ristre afirman defender las tradiciones, o el Chat GPT como Deus ex machina que viene desplazando al Homo Twitter desde 2023– mediante la violencia o el control de las emociones populares siempre buscan imponerla. Por lo que vale, aquí, la consideración de fondo que hace Emilio Lledó, volviendo a Aristóteles y la ética de la polis (Victoria Camps, Historia de la ética, I, 1999), a fin de ponderar lo que está perdiendo tras la cultura del relativismo que avanza y se globaliza. “No es, pues, el simple contacto con el mundo, el hecho aislado que los sentidos perciben lo que abre las puertas a nuestra sensibilidad”, afirma.

En efecto, los seres humanos “necesitamos articular lo vivido y convertir el «hecho» [producto de la ciencia o elaboración de la política], que cada instante del tiempo nos presenta, en un plethos, en un conglomerado donde se integra cada «ahora» en una totalidad”. Es la necesaria búsqueda de los universales que a todos nos conjugan sin mengua de los particulares, a fin de sobrevivir todos y escapar al caos o la selva selvaggia.

Es lo anterior lo que se conoce como la experiencia, la que le da sustento a toda civilización y sus culturas, como la nuestra, forjada en las localidades que desafían a lo virtual, decantada a contrapelo de lo momentáneo, en búsqueda de lo que trasciende. Y he aquí lo vertebral, en un momento en el que los políticos del siglo XXI deconstruyen nuestras memorias, derriban las estatuas de nuestros fundadores, queman las iglesias, prosternan los símbolos – y la revolución digital misma de suyo se vuelve negación del arraigo y del tránsito entre generaciones, obviando que sólo la memoria “permite [la] ampliación de lo vivido”.

 

Lo esencial y lo que más se ve afectado de manera intencional en medio del «quiebre epocal» es, justamente, el lenguaje y sus significados precisos. Al término es este el que nos permite “descubr[ir] esa honda resonancia de la intimidad que alcanza, en nuestra propia historia, la historia de los otros hombres”. Sin estos interactuando y sin nos limitamos al habla frente al espejo, no hay posibilidad democrática alguna, en línea con la consideración de Cansino.

“El lenguaje”, cuya señalada perturbación ha lugar para, a su vez, acelerar la inflación arbitraria de los derechos y la desconstrucción de lo natural, del ethos – “ellos”, “ellas”, “elles” – es el que “hace consciente, en lo colectivo, las experiencias de cada individualidad”, resume Lledó. Y si cada uno y cada cual, a la manera de una torre de Babel, forja sus propios significantes, ni los unos ni los otros, como pasa en la actualidad, podrán trasladar sus experiencias en reciprocidad y volverlas acervo intelectual que asegure la confianza entre los grupos humanos y sus generaciones.

Lo que es más grave, silenciado y aislado, el internauta o ciudadano digital degenera, pierde su entidad. En su defecto, como todos terminará siendo esclavo de los únicos elementos susceptibles de darle seguridad emocional y vital precarias en un mundo de enmudecidos, donde la desconfianza y la desconexión se vuelven denominador común. La dictadura en lo local y las tecnologías de eliminación (TdE) en lo global –no más la competencia leal y regulada, la política y la económica como tampoco la cultura del diálogo – sólo facilitan que alguien u otro termine “pensando por usted”.

 

Las sociedades en anomia y en las que se pierden las certezas para sobrevivir y en sus decadencias, ven de inevitable como necesaria, así, la solución autoritaria. Nos lo muestra el siglo XXI, en el que entregamos nuestros destinos acríticamente, a quien dice nos proveerá de una vida cómoda y serena, engañándonos. Es la fuente de la que beben los traficantes de ilusiones.

 

Quiérase o no, en conclusión, “nadie puede tener la verdad, es la verdad la que nos posee”, lo dice con autoridad irrebatible, Ratzinger, respondiendo a nuestra posmoderna crisis de sentido (Elena Álvarez, “La respuesta de Ratzinger a la crisis de sentido”, Nueva Revista, 2018).

         Asdrúbal Aguiar 

correoaustral@gmail.com

Acaso haya podido variar la marca de fábrica del socialismo del siglo XXI, presentándosela ahora como progresismo sin que sus cometidos ni medios de realización hayan cambiado. La excepción de Gabriel Boric, luego del estruendoso derrumbe de su pretensión constituyente, confirma la regla, que adquiere nuevos bríos bajo la presidencia de Gustavo Petro en Colombia.

Cierto es que la sideral corrupción que marca hasta el presente la deriva de la experiencia del Foro de São Paulo (1989-2019) ha sido tanta que, para proseguir, tira lastre y una parte de sus integrantes funda el Grupo de Puebla. Intentan borrar de la memoria colectiva, simulando distancias, el peso de hechos tan escandalosos como los de la Odebrecht brasileña bajo Lula da Silva (2003-2011) o de la PDVSA venezolana, saqueada y quebrada después de haber sido la tercera transnacional petrolera del planeta. Ambas han infectado con sus dineros criminales a numerosos mandatarios, diputados, gobernadores, alcaldes, líderes de izquierda y de derecha en América Latina amansándolos, acallándolos.

El caso es que, mientras se investiga el monto de 21.000 millones de dólares robado recién tras un comercio ilícito del crudo negro venezolano por miembros del gabinete de Nicolás Maduro, como el ladrón que grita ¡al ladrón! encarcelan a 44 personas entre jueces, empresarios y políticos, que no a sus cabezas. Entre tanto, Gustavo Petro se declara dispuesto a que se investiguen las denuncias de corrupción contra su hijo y su hermano, pero abre fuegos contra el fiscal general que los investiga y la rama judicial de Colombia. Acusa de colusión con el narcotráfico a sus adversarios, siendo una actividad que él y Maduro protegen con sus conmilitones de la guerrilla. En su plañidera mendaz dice a los colombianos que los enemigos de Colombia le impiden cambiar de Fiscal para frenar su lucha contra la corrupción. Todo un galimatías.

El guion, pues, cabe se actualice para la crítica olvidadiza – de cultura instantánea – y que Hugo Chávez define en su columna vertebral, así: “dos pasos adelante, uno atrás”.

No por azar, desde sus inicios, tanto Fidel Castro como Chávez declaran ser demócratas a pie juntillas y amigos del capitalismo. – «Son calumnias contra la revolución decir que somos comunistas, de que estamos infiltrados de comunistas», repite el primero una y otra vez, hasta que el 1° de diciembre de 1961, en el programa de televisión «La Universidad Popular», se sincera: – «Puedo decir con plena satisfacción, que soy marxista leninista y lo seré hasta el último día de mi vida».

– “Yo no soy comunista”. “Si yo fuese comunista lo habría dicho ya”, ajusta Chávez el 8 de junio de 2003, hasta que el 13 de noviembre del 2004 sinuosamente señala que “…el planteamiento comunista, no (…), en este momento sería una locura, quienes se lo plantean no es que estén locos. No es el momento”. Y al término, el 10 de enero de 2007, seguro de su estabilidad y al tomar posesión del poder por tercera vez y cuando avanza hacia la clonación del modelo constitucional cubano, se confiesa: “Entregaré mi vida en la construcción del socialismo venezolano… Patria, socialismo o muerte”. Y la muerte le llegó en La Habana, en 2012. No dejó patria y la disolvió, y su socialismo decantó en una organización narco criminal de tinte poblano.

En somera revisión de su experiencia, entre 1999 y 2012, tal como la reseño en mi Historia Inconstitucional de Venezuela, lo primero que hizo fue despenalizar delitos – lo promete Petro ayer – bajo el argumento de que quien roba lo hace por razones de necesidad. Así, buscaba movilizar a la opinión hacia el estadio en que la fractura del orden como la vida insegura se normalicen. Nacen de allí los temores y el miedo, y se inhiben las resistencias sociales.

No pierde su tiempo Chávez en controversias con políticos, al considerarlos cadáveres insepultos. Los pasea de tanto en tanto para recordarle al país que con él llegó a su final la oligarquía. Eso sí, desde el primer día le puso mano a la Administración de Justicia y su constituyente destituyó a todos los jueces sin fórmula de juicio, como lo hizo después Nayib Bukele en El Salvador. Les sustituye por jueces provisorios, sin independencia para controlar al poder y conjurar su palmaria degeneración moral.

En 2000, consciente de que sus verdaderos enemigos son quienes le contrapuntean en el mercado de la opinión, aquí sí, arrecia contra los editores de medios, descalificándoles, acusando a sus periodistas de asalariados para doblegarles y humillarlos ante el país; ello, como antesala de la regulación de los contenidos noticiosos y el encadenamiento oficial totalitario de la radio y televisión.

Ha lugar en paralelo a la “terrofagia” de Estado. Se argumenta el compromiso de dar tierras a los desheredados. Y en ese marco les entrega el uso de la violencia legítima a sus milicias populares, las tiñe de virtuosismo llamándolas bolivarianas – lo que incluye a los grupos delincuenciales próximos al gobierno – aduciéndose el propósito de asegurar la paz y para cuidar de los predios arrebatados a quienes acusa de terratenientes. Es el amago para después expropiar a todo el sector económico y financiero, aduciendo razones de justicia social.

Le bastó un quinquenio, así las cosas, para disolver a la nación venezolana y, por sobre ella, desde la azotea de una república imaginaria forjar como esperpento un modelo inconstitucional de comunas. Han sido estas los vehículos de movilización electoral, de suministro de alimentos por el gobierno para controlar a los más pobres, y facilitar la distribución geográfica de los médicos cubanos, generalizándose la corrupción. Los dineros públicos, como lo hace su sucesor, los usa para romper de raíz la cultura del trabajo y transformar al pueblo en una peonada a la orden de sicarios. Venezuela, al término, ya no existe. Petro se mira en ese espejo y le anima verse como caudillo perpetuo, sobre tierra arrasada.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

A propósito de la cuestión que nos ocupa, tengo presente la experiencia vivida a inicios de 1994, cuando se inaugura el segundo gobierno de Rafael Caldera e integro su Consejo de Ministros. Uno de mis colegas sugiere, el primer día, nos reuniésemos todos para analizar, debatir y concluir sobre las líneas a las que habría de atarse la administración que inaugurábamos en Venezuela. Mi respuesta, acaso ingenua, me resultaba elemental: – Llegamos al poder con un programa de gobierno, donde consta lo que hemos de hacer. Y al ras pregunté: ¿Hemos leído Respuestas a la crisis, cuya elaboración coordinó durante la campaña electoral Asdrúbal Baptista?

Vuelvo, pues, al importante ensayo de César Cansino sobre la posverdad: “Teorizando la posverdad. Claves para entender un fenómeno de nuestro tiempo”, inserto en el libro colectivo Fake News, ¿Amenaza ante la democracia? (2020), en el que a la par escribo sobre “Política e información en el Ecosistema digital”.  Me he detenido en algunas de las prédicas de aquél, pero imaginando el bosque, sin que me engañen los fenómenos rupturistas de nuestra contemporaneidad.

Entre otros muchos persisten la desconfianza social y en la política; el deshacer de lazos o vínculos culturales, para la forja de estadios adánicos en América Latina y de allí los forzados procesos constituyentes; la práctica del narcisismo digital; y lo vertebral al conjunto, a saber, la tolerancia de las «verdades a media» sin que sean vistas como desviaciones de la conducta.

A lo largo del período transicional transcurrido por Occidente (1989-2019), se da el desdibujamiento de la idea de la dignidad igual e inmanente de la persona humana. Sus responsables arguyen defender el derecho a la diferencia, incluso a costa del declinar de la experiencia de la democracia y de la vida dentro de los partidos como de las ideologías que a estos los animaran hasta finales del siglo XX. No es caso de las ideologizaciones de nuevo cuño usadas como mascarones de proa, como símbolos para estimular emociones; esas que hacen crecer los derechos y que las dictaduras del siglo XXI prometen tutelar, sin Estado de Derecho. Por si fuese poco, se sucede lo anterior en un contexto que abdica a la trascendencia y hace gala del valor de la inmediatez, que es de suyo irreligioso y en el que se cultivan “creencias” para sosiego hedonista, y para su explotación electoral. “Se han pulverizado los proyectos emancipatorios comunes” en el marco de una sociedad “hiperindividualizada” como la actual, refiere Cansino citando a Lipovetsky (1996).

Vayamos, pues, al denominador común que resume al conjunto y que al paso explica lo anterior como mi anécdota de apertura.

Son palmarias la crisis de la modernidad, el agotamiento del socialismo real y el final de la sociedad de masas para dar lugar a hombres-masa: – “Un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas y pobres abstracciones… Este hombre-masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y, por lo mismo, dócil… Más que un hombre, es sólo un caparazón de hombre constituido por meres idola fori; carece de un «dentro», de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo derechos y no cree que tenga obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga –sine nobilitate-, snob”, como nos lo explica claramente La rebelión de las masas.

¿Qué fue lo primero o cuál el efecto determinante de tal decurso pulverizador o deconstructivo de lo humano racional?, es irrelevante especularlo. Lo esencial es que la revolución digital y la de la inteligencia artificial sumadas al empeño “neomarxista” –tras la orfandad que les significase el fracaso comunista a los militantes de la izquierda irredenta– de destruir los sólidos culturales en Occidente y empujar nuestras sociedades hacia la liquidez o la incertidumbre de que nos habla Zygmunt Bauman, al término unas y otros, polarizados, se tocan por las colas en la plaza de la posverdad. Recrean regímenes de la mentira.

Hacia aquella se lanzan quienes, presas del espejo y la contracultura del relativismo, dicen “sentirse” desencantados, reniegan de la condición humana y no solo de la ciudadana; con avidez conjuran los paternalismos; y se muestran indignados al no ver satisfecha su inflación de derechos –los prometidos como mitos movilizadores por traficantes de ilusiones que emulan al bufón o Joker, “la encarnación viviente de la cruel aleatoriedad del destino” y para quienes la verdad o las verdades no existen. Se crean al detal y a conveniencia. Un día se es humano y otro no, empero, como cultores de la ideología identitaria ante la pérdida de la identidad raizal y su verdad, optan todos por integrar a la Hermandad de los Mutantes: ayer comunistas, luego socialistas del siglo XXI, ahora progresistas.

Es la posverdad, lo admite Cansino, “un momento en que lo racional y lo objetivo ceden terreno a lo emocional… a partir de medias verdades o informaciones falsas”. El ejemplo le salta a la mano y su juicio, cuando menos, es auspicioso: “Todavía se sigue pensando –el autor hace su análisis a partir de Donald Trump, pero pudo incluir a Bukele– que hay algo insatisfactorio en el plano ético cuando se vende a un candidato como si se tratara de un refresco o una cajetilla de cigarros”.

La mercadotecnia política y, por adición, agregaría yo, la del comercio global digital en boga, donde los algoritmos se construyen para disparar y exacerbar los sentidos como la insaciabilidad del consumo, parte, antes bien, de la regla que critica el autor mexicano: “La legitimidad… no depende de la aptitud del político, en realidad su legitimidad está por construirse (reputación, branding, diferenciación del producto, propuesta única de venta)”. En esa estamos, ni que dudarlo.

 Asdrúbal Aguiar –

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Nada inédita es la afirmación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, al apelar al latiguillo de su condición de jefe del Estado para intentar sujetar al fiscal general, órgano constitucional autónomo, al punto de que hubo de salir en defensa de la Constitución –no de este, en lo personal, sino de la administración de justicia de la que forma parte– la Corte Suprema de Justicia.

Inútil detenernos en los aspectos constitucionales de la cuestión, sobradamente sabidos o entendidos por cualquier lego con un mínimo de sensibilidad republicana, sobre todo si es demócrata a pie juntillas. Basta con señalar, sí, que el presidente de la república –salvo en nuestros orígenes constitucionales compartidos, entre Venezuela y Colombia, en los que pesa mucho la tradición monárquica y virreinal hispana– es, como jefe del Estado, un símbolo de unidad de la nación; pero como tal jefe del Estado y de Gobierno, a la vez, está sujeto en sus competencias a lo que manda la Constitución y no más allá. Y si se trata del fiscal general, apenas cabe su potestad de someter a consideración de la señalada Corte, cuando corresponde, una terna de candidatos para ejercer dicha función. Pero tan autónomo es y lo debe ser este alto funcionario del Estado, que en sus manos está acusar y procesar a los ministros del Poder Ejecutivo.

Irrelevante es insistir, además, en el indiscutible carácter unipersonal del gobierno que es propio de nuestra cultura política –Simón Bolívar maldijo desde Cartagena de Indias la figura del gobierno colegiado dispuesto por el constituyente de 1811– al punto de que, no pocos creen, sobre todo quien ejerce esa función sin talante democrático, que el gobernante es beneficiario de una inmunidad para hacer y deshacer, salvo cuando la popularidad se les viene al piso, como en el caso del expresidente de Perú Pedro Castillo. Pero sí extraña que Petro, quien hizo parte del M-19, copartero de la Constituyente de 1991 que dio origen a la Carta fundamental en vigencia dentro de territorio neogranadino, busque cargársela. Y este aspecto es el que importa y ha de saberse su razón de fondo.

Hugo Chávez Frías, su ícono y al que ya repite de modo contumaz sin ingenio creativo el presidente colombiano –salvo para quienes entierran a la historia– inaugura su mandato presionando a la Corte Suprema de Justicia en 1999, al verla como obstáculo que podría oponerse a su deriva dictatorial y de ruptura del orden constitucional vigente desde 1961. “Debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”, le dice a sus magistrados.

Mas la cuestión no se queda allí y en 2001 –lo que catapulta el frustrado golpe militar en su contra del 11 de abril de 2002– afirma y precisa, ante el Congreso Internacional de Derecho Agrario, reunido en Caracas, lo siguiente: “La ley soy yo, el Estado soy yo”.

Tras todo esto, pues era lo esencial, buscaba Chávez desmantelar a la administración de justicia, destruir al Poder Judicial para modelarlo y sujetarlo según sus propósitos, para que la ley dijese lo que quería decir quien ahora la encarnaba, acaso fundado en el derecho divino de los reyes. Así, la Asamblea Nacional Constituyente removió sin fórmula de juicio a todos los jueces venezolanos, incluidos los jueces supremos, mientras, en una primera fase nombra a jueces provisorios y de suyo sin autonomía, mientras alcanzaba el cometido de cerrar su círculo de dominio constitucional e imponer sus dogmas de fe.

La Constitución de 1999 –que se vendiera como la mejor del mundo por predicar más derechos que todos los reunidos en los tratados internacionales– modeló un sistema de poderes sin contrapesos, transversalmente militarista, de un presidencialismo invasor y capaz de legislar por decreto sin mayores cortapisas, y bajo la premisa de que el Estado es quien forma a la persona y le confiere derechos, en la medida en que ella adecua su comportamiento a los valores de la doctrina bolivariana. El “todo” encarna en el “dictador del siglo XXI”: “El dedo de Chávez es el dedo del pueblo”, declararía ante él su jefa de Gobierno para el Distrito Capital.

Reitero sobre lo crucial

El modelo socialista del siglo XXI, rebautizado de progresista, que usa como latiguillo de presión su amenaza de volver a las armas si no se les permite, “democráticamente”, acabar con la “democracia burguesa”, entendió que el secreto del poder no está en las armas sino en tener bajo absoluto control a los jueces y, en eso, Petro sólo repite lo que aprendió de Chávez; quien a su vez tuvo como preceptor a Norberto Ceresole, sociólogo argentino fallecido, señalado de antisemita y neofascista.

Petro, como lo hizo aquel, no pierde tiempo en diatribas con políticos ni con partidos. Está persuadido de que viven aislados, presas de sus metaversos, como si los siglos XIX y XX no hubiesen transcurrido. Entre tanto apunta al centro neurálgico que mantiene en pie los sólidos culturales e histórico-políticos: A la nación, atemorizándola con la vuelta al tiempo de la guerra, y al Estado constitucional de Derecho, para arrodillarlo como hizo el fascismo italiano.

Piero Calamandrei, cuya obra machaco contumaz –El régimen de la mentira– lo explica mejor: “Las instituciones no son aquello que dicen las leyes escritas, sino lo que se entiende entre sus líneas; pues las palabras no tienen más el significado que les atribuye el vocabulario, sino uno diverso y a menudo opuesto”.

En suma, “la mentira política [la posverdad diría César Cansino], que corrompe y hace degenerar a todo régimen, en el fascista –ayer en el de Chávez, hoy en el de Petro, pichón de dictador– se la asume como el instrumento normal y fisiológico del gobierno”. No por azar, lo primero que hizo Nayib Bukele, en El Salvador, fue destituir, cuidando las formas pero no el fondo de lo constitucionalmente admisible, a todos sus jueces constitucionales.

 Asdrúbal Aguiar

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Con su tormenta a cuestas Leoni trasvasa el tiempo e interpela al régimen de disolución imperante en Venezuela
@asdrubalaguiar

Hace casi 60 años, cuatro generaciones de venezolanos atrás y a comienzos de su mandato presidencial declara Raúl Leoni lo siguiente: “No fui llamado al poder como producto de una aventura, ni por la emoción pasajera de un momento eufórico y mucho menos por maquinaciones personales e interesadas”. El tiempo nuestro, antes bien, es el del secuestro por el aventurerismo, las emociones y enconos que nublan el entendimiento, el voluntarismo mediático donde domina el narcisismo y ocurre la banalización de nuestros códigos morales.

Pertinente es, por ende, la aspiración que plasma en su obra colectiva sobre dicho gobernante venezolano y sobre su historia el profesor Tomás Straka, académico y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB, cuya presentación me fuese encomendada por la familia Leoni Fernández. El cometido de la Democracia en la tormenta -lo dice Straka- es ofrecer a los venezolanos de ahora “una nueva visión de su historia”. Es decir, una visión de sí mismos, del destino que hemos tenido y de lo que esperemos hacer con nuestro futuro.

No era yo la persona más indicada para introducir la memoria del presidente Leoni, pero mal podía negarme. He sido ministro y secretario del presidente Rafael Caldera, quien hizo oposición y no se integró al gobierno de aquél en 1964. La generosidad de Raúl Andrés Leoni y sus hermanos quiso mostrar, con su exigencia inexcusable, la fidedigna personalidad de su padre. Su quehacer aseguró la estabilidad democrática en Venezuela y la vigencia de los ideales del Pacto de Punto fijo: la democracia de consensos, en una hora en que la violencia de la guerrilla castrista, por derrotada militarmente, mutaba hacia la fase del terrorismo.

Para asegurar la democracia de consensos prefiere Leoni la división de su propio partido, que presidió y del que fue uno sus artesanos fundamentales, Acción Democrática. Le abre caminos a la alternabilidad democrática y hubo de entregarle el poder, justamente, a su opositor, con quien él, junto con Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, forjan la democracia civil y civilizada que llega a su término al concluir el siglo XX.

Le sorprende al profesor Straka que el presidente Leoni no haya sido noticia para su posteridad, e intenta desandar esa madeja junto con sus colaboradores. Refiere lo que afirma Manuel Caballero: “fue un buen presidente”, no solo un presidente bueno.

La izquierda irredenta, aún hoy, en vano ha querido presentarle como un gobernante que violó derechos humanos. Borraron su nombre de la Represa del Guri que han destruido y con la que este, todavía, les da agua y electricidad a todos los venezolanos.

Mas omite la primera que secuestraba y asesinaba a policías y jueces, realizó un atentado contra el general Roberto Moreán Soto y al hermano de Ignacio Iribarren Borges, canciller de la República, a Julio, presidente de los Seguros Sociales, lo masacran luego de desaparecerlo.

Sufre Leoni la fallida invasión armada de Cuba, que viola nuestra soberanía por las playas de Machurucuto y Chichiriviche, conducida por un grupo de elite integrado por los comandantes cubanos Raúl Menéndez Tomassevich y Ulises Rosales del Toro. Pide y logra las sanciones de la OEA contra Fidel Castro, y sin obsecuencias hacia Estados Unidos, pues a este también le emplaza en la misma OEA luego de su invasión a República Dominicana.

En la soledad de su dolor, en la soledad de todo hombre de Estado, ve caer al Chema Saher, guerrillero, a la sazón hijo de su gobernador en el estado Falcón, su íntimo amigo, Pablo Saher Pérez. No se arredra. No renuncia a su promesa de conciliación del país. Le pone el ejecútese a la Ley de Conmutación de Penas por Indulto o Extrañamiento del Territorio Nacional para facilitar la reinserción social de los procesados por insurrección. Abre camino a la pacificación, que luego realiza Caldera desde 1969.

Lo que es más importante, con su tormenta a cuestas Leoni trasvasa el tiempo e interpela al régimen de disolución imperante en Venezuela. Auspicia la descolonización y la independencia de la República Cooperativa de Guyana, y apoyado por el mismo Iribarren Borges alcanza la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966. Hace posible que Venezuela reivindique los más de 150.000 km2 que nos fueran arrebatados por el Laudo de París de 1899. Nos legó la base firme, esa contra la que conspira Cuba desde hace dos décadas e instalada en el Palacio de Miraflores, para esgrimir nuestros títulos históricos ante la Corte Internacional de Justicia.

Se trataba de un hecho de soberanía que concitaba la sensibilidad de Leoni como guayanés y le había inspirado su maestro en la UCV, Lorenzo Herrera Mendoza. “Desde el momento mismo de nuestro nacimiento como Estado protestamos contra los intentos ingleses de apoderarse de territorios nuestros situados al Oeste del Río Esequibo…”, expresa ante el Congreso en su primer mensaje anual. Pero no le basta. Busca amalgamar el ánimo nacional y el compromiso de todos los venezolanos, que hemos abandonado, con la reclamación. De allí la decisión de su gabinete de 7 de septiembre de 1964, para que todos los mapas publicados agregasen a la Zona en Reclamación.

Raúl Leoni es emblema y ejemplo, es las antípodas que lo actualizan frente al régimen que ayer confesara el extravío de 23.000 millones de dólares, en un acto de corrupción suya y de lesa patria. Sus palabras, al entregar el poder, son más que lapidarias: “Al dejar detrás de mí las puertas de Miraflores no dejo nada que pueda perturbar mi ánimo ni atemorizar mi conciencia. Los corredores y cámaras de viejo Palacio quedan limpios y sin máculas de intrigas ni de maldad. Allí no se maquinó ni se fraguó nada contra el pueblo, cuyo verdadero espíritu fue allí siempre el soberano… No tengo nada que temer. Y si me aflige algún pesar, será el no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo a cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer”.

Asdrúbal Aguiar

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Gustavo Petro ha expuesto ante la OEA con elocuencia, pero sin evitar galimatías y evidentes sesgos, sus ideas sobre América Latina y la democracia. Es un político avezado a la vez que intelectualmente amoblado para la dialéctica. Apela a símbolos movilizadores de la opinión. No es un tonto.

Su discurso –al plantear la profundización en el debate sobre la democracia– muestra la transición hacia la que se abriera el socialismo del siglo XXI bajo las banderas del progresismo poblano, tras 30 años de destrucción y de divisiones sociales propulsadas y del clima de corrupción metastásica bajo los gobiernos que aquél y éste han detentado: Odebrecht en Brasil y Pdvsa en Venezuela son los emblemas de dicho morbo. Pero Petro –¿por las mismas razones tácticas que manejaran en sus momentos Fidel Castro y Hugo Chávez?– precisa que el debate sobre la renovación de la experiencia democrática ha de salvar los activos liberales, mas, aceptando que no será más la Occidental ni la de las Américas conocida. Eso sí, agrega, lejos de autoritarismos y dictaduras.

Confundiendo de modo reincidente –¿a propósito?– a la Carta Democrática de 2001 con la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, apunta acerca de las limitaciones actuales de la OEA, pues se habría centrado en la defensa de los derechos individuales; si bien admite que él fue beneficiario de esta cuando la Corte Interamericana le protegió una vez como le inhabilitaron políticamente en Colombia. Calla, obviamente, que el precedente que lo beneficiase fue el de Leopoldo López, cuya sentencia desconoció el régimen de Caracas.

Por vía de consecuencias, pide Pedro se amplie el espectro de protección de los derechos y propone se incorporen los derechos de las mujeres, los relacionados con el ambiente y la Naturaleza, como los vinculados con las comunidades originarias. Y vuelve a errar.

Fuera de la confusión de textos que no le aclara a tiempo su Cancillería, ignora que la verdadera Carta Democrática –no la que él supone– consagra a la democracia como derecho de los pueblos y dejó de ser un mero mecanismo de formación del poder. Ella, después de enunciar sus elementos esenciales y componentes fundamentales (artículos 3 y 4), sucesivamente la relaciona con la eliminación de las discriminaciones de género y la protección de los pueblos indígenas y la diversidad étnica (artículo 9); la ata a los derechos laborales y exige se refuerce con el desarrollo económico, social y cultural, a saber, con la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, el crecimiento con equidad, la preservación del medio ambiente (artículos 10 a 16).

A su vez, la Convención Americana, esa que Petro denomina “cartica” y cuyas normas esbozan los llamados derechos individuales o de primera generación, los liberales que ve de limitativos, en sus normas contiene los fundamentos para la protección de los “nuevos derechos”. Han sido adoptados protocolos adicionales, como el relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, en vigor desde 1999, y otro sobre la abolición de la pena de muerte. Por ende, en aplicación de ese Pacto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una muy amplia jurisprudencia para la protección de los pueblos indígenas y tribales, sobre justicia transicional, derechos de las mujeres, igualdad y no discriminación, derechos ambientales y el derecho a la salud, entre otros.

La cuestión, pues, es que las dictaturas del siglo XXI, como las de Nicaragua y Venezuela o los autoritarismos constitucionales de la Bolivia de Morales-Arce o del correísmo en Ecuador, mal se avienen ante lo que la Corte de San José condena, a saber, la reelección indefinida de los gobernantes. Han protestado a la Carta Democrática buscando paralizarla y, al cabo, la reforma que de ella o de la Convención Americana pide el gobernante neogranadino –sin distinguir– a fin de que se incorpore lo que ya dicen y consta en las prescripciones de ambas, de suyo obedece al mismo propósito, condenarlas a un limbo.

El presidente de Colombia, montado sobre falsos presupuestos reclama de la OEA su ausencia de eficacia, omitiendo que ella son sus gobiernos. La señala de limitada, al no frenar las destituciones de los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya, y del Perú, Pedro Castillo, privado de libertad sin condena judicial. No le cuestiona, empero, su incapacidad para ponerle término a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vale, sí, la pregunta de fondo que esgrime Petro y toca a los sistemas constitucionales de Ecuador y Perú: ¿Puede o no un parlamento, sin mediar jueces, burlar la decisión soberana de un pueblo cuando elige a su presidente y los diputados, por razones políticas, buscan echarlo del poder? No cita, sin embargo, que esa circunstancia la vive Guillermo Lasso en Ecuador.

Cree Petro, en fin, que remover las cenizas del oprobioso pasado del Cono Sur latinoamericano le dará réditos, como cuando critica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por no haber auxiliado a Salvador Allende en Chile, siendo que el Pacto que critica entró en vigor en 1978. El asunto es que, a la luz del medio siglo transcurrido, pueden extraerse otras conclusiones.

Los militares y violadores de derechos humanos argentinos fueron juzgados y condenados dada la proscripción de las leyes de punto final impulsada por la Comisión y la Corte Interamericanas. Y las puertas hacia la democracia fueron abiertas, como en Chile, a raíz de las decisiones adoptadas por las Fuerzas Armadas, para salvar sus fueros y disciplina. En Nicaragua y en Venezuela, antes bien, los cuerpos militares o fueron desmontados – como lo hizo el sandinismo para transferir el poder de fuego a su insurgencia guerrillera– o se han visto destruidos o parcelados, como en Venezuela, para asegurar la permanencia de sus satrapías. Ahora, quienes desde la izquierda condenaban las leyes de punto final promueven la justicia transicional, el perdón para los crímenes de terrorismo y lesa humanidad ejecutados por los suyos, como ocurre en la Colombia del “santopetrismo”.

 Asdrúbal Aguiar

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Ningún venezolano debe poner en duda –sin mengua de la ocupación de facto por Guyana– que el territorio Esequibo le pertenece a la nación, al conjunto de los venezolanos. Es el asiento físico de la república y el basamento de nuestra identidad, en vías de disolución franca.

Títulos históricos irrefutables y el comportamiento consistente e invariable de los sucesivos gobiernos durante los siglos XIX y XX, prueban la solidez de nuestros derechos territoriales. No menguan con la adversidad del dictado de Laudo Arbitral de 1898, cuando se nos arrebatan 159.500 km2 formantes de la geografía nuestra como causahabientes de España.

Es máxima de la experiencia que una decisión corrompida, coludida, dio lugar al despropósito. Es lo que ahora se debate en La Haya. El testimonio dejado por uno de nuestros asesores de entonces, el jurista de origen mexicano Severo Mallet-Prevost, abrió el camino para revertir el entuerto a partir del Acuerdo de Ginebra de 1966. Es la base que soporta el conocimiento de nuestra controversia por la Corte Internacional de Justicia.

Ejercía entonces nuestra defensa ante el Tribunal Arbitral de París, actuando de manera proba y diligente –así moleste o hiera sensibilidades dentro de la revolución destructora que nos secuestró desde hace dos décadas– un expresidente norteamericano, Benjamín Harrison. Era un jurista egresado de la Universidad de Stanford, que acompañara al Agente de Venezuela J. M. de Rojas, por comprender las autoridades de la época que se trataba, al cabo, de un asunto en el que tenían intereses una potencia dominante que nos sojuzgaba, Inglaterra. El auxilio jurídico y arbitral norteamericano no respondía, en efecto, a una supuesta incompetencia de nuestras élites intelectuales y políticas para asumir por sí solos el desafío.

El juez ruso que presidiera el colegiado y se aparta del Derecho y de las normas contenidas en el Tratado de Washington que regulaba la implementación del señalado medio de solución arbitral, Fiódor De Martens (1845-1909), de consuno al juez inglés resuelven sobre la cuestión venezolana transando otras diferencias de sus respectivos países en el Asia Central. De modo que Martens fue el vehículo para que los británicos se quedasen con nuestro territorio, haciendo valer una tesis que enseñaba dicho profesor de la Universidad de San Petersburgo para dibujar el contexto prevaleciente en el mundo.

Sostenía que, fatalmente, unos países deben crecer a costa de otros sin sus consentimientos y sus decrecimientos territoriales y poblacionales eran inevitables. Separaba a las naciones civilizadas de las inciviles, como la nuestra, según su criterio como en el del juez y los abogados ingleses; por lo que estos arguyen que al entregárseles el Esequibo salvarían a sus indígenas del carácter depredador de las revoluciones venezolanas en curso.

El presidente Harrison les desnuda: “La primera consideración que saco de esto, señor presidente, es que no puede permitirse a uno de los reclamantes en una disputa territorial aducir que, por razón de su mayor fuerza, riqueza, población, industria y espíritu de empresa, es más capaz que otra nación para apropiarse y usar un territorio. En otras palabras, señor presidente, que una nación que, gracias a Dios, no vive ahora en una atmósfera de revolución, sino que al través de muchos siglos ha llegado hasta su presente noble estado como una de las grandes naciones de la Tierra, después de centurias de internas disensiones y guerras revolucionarias como la Gran Bretaña insinúa, según lo hizo el procurador general en su último argumento, que Venezuela ha vivido en una atmósfera de revolución; esas consideraciones, señor presidente, esa tentativa de formar juicio sobre el mérito comparativo de leyes y administración de Rusia, Estados Unidos, o de la Gran Bretaña, o de Venezuela, están completamente fuera de toda observación que pueda dirigirse a la inteligencia de un jurado internacional como medio de arreglar una disputa de límites”, afirma ante el Tribunal.

El problema de actualidad, por ende, llegado como ha sido el momento por el que tanto luchara Venezuela a propósito de su reclamación Esequiba, vale decir, poder demostrar ante un tribunal internacional de Derecho la fuerza de sus títulos y en un clima distinto del que privase en el siglo XIX y comienzos del XX, el comportamiento oficial no puede mostrarse infantil y nutrido de arrestos populistas. Al negociar el Acuerdo de Ginebra, fuimos los primeros en abonar en favor de una solución judicial.

La adhesión del país y sus élites a la causa del Esequibo, que es cosa distinta, se muestra, sí, deprimida y eso es muy grave. La Corte, integrada por jueces de reconocida formación y ajenos a la algarabía militante, no podrá hacer por nosotros lo que nosotros mismos no sepamos hacer para que el gobierno, con eficacia, seriedad, y decoro, entienda que ha llegado, de modo inexorable, la hora de la verdad, transcurridas dos centurias de reclamos.

Francisco Antonio Zea (1821), José Rafael Revenga (1822), Manuel José Hurtado (1824) y Pedro Gual (1825), en nombre de Simón Bolívar y la Gran Colombia le hicieron saber a los ingleses, desde ese remoto tiempo, que la frontera venezolana en la Guayana alcanzaba hasta el río Esequibo. Pero como lo recordase Andrés E. Level, perspicaz ante la geofagia de estos, atina a decir que no buscaban “apropiarse de una porción de territorio nuestro, sino de una totuma de agua del Orinoco”.

En Bolivia la salida al mar es una cuestión existencial, como en Argentina la de las Malvinas. Hasta finales del siglo XX, para nosotros la fue la defensa del Esequibo y del golfo de Venezuela, hasta que se inicia el remate de nuestros espacios y fronteras por órdenes cubanas y, en el caso, bajo el argumento chavista de que Guyana era una víctima del imperialismo. Razones, pues, sobran para enmendar el camino y La Haya sólo demanda de los Estados parte estar a la altura profesional y experta del compromiso que las ata. Resultará inútil desconocerlo.

 Asdrúbal Aguiar

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