Ver un policía de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), o un policía de cualquier municipio en una calle, avenida o autopista de Caracas, o un Guardia Nacional en una carretera del país, constituye una razón para entrar en pánico. Las alarmas se encienden automáticamente. Los temores se desatan. El conductor piensa: va a pedirme los papeles.  Aunque todos están en regla, esto no será suficiente para contentar al agente ni aclarar la situación legal. Seguro va pedirme un documento que no tengo, por ejemplo, la partida de nacimiento; o no va a devolverme alguno de los documentos que le entregué, digamos, la licencia de conducir o la cédula de identidad.

Luego, dejará deslizar la amenaza: bueno ciudadano, en vista de que usted cometió tal o cual infracción, muchas veces inexistente, o le falta tal o cual papel, tendrá que acompañarme al comando, o al Helicoide, según el talante del policía de marras. Para luego agregar: pero, ciudadano, si usted quiere evitarse esos inconvenientes tan desagradables –por cierto, le advierto que mis jefes son peores que yo- podemos arreglarlo de otro modo. Usted puede contribuir con la causa entregándome la cantidad 50, 100 o 200 dólares. El monto depende del humor y las necesidades del agente, y del aspecto, incluyendo el automóvil, de la presa.

Las víctimas favoritas son los jóvenes, a quienes los fiscales tienen azotados. Sin embargo, en los años recientes el abanico se ha extendido cubriendo todo el espectro demográfico y etario: mujeres, personas de la tercera edad, ancianos. Nadie se encuentra a salvo de caer bajo las garras de los depredadores, especialmente en esta la temporada decembrina, decretada por el Gobierno nacional a partir del 1 de octubre.
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Los policías más sinceros reconocen que deben violar ley y accionar el martillo para golpear a los conductores porque los sueldos que perciben ellos y sus jefes inmediatos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Esa es una verdad del tamaño de una catedral. Los policías venezolanos se encuentran entre los peores pagados de América Latina. Lo que ocurre es que los sueldos en general en Venezuela, particularmente el salario mínimo, es de los más bajos de toda la región. Los agentes de policía pretenden aliviar su precaria situación financiera metiéndole la mano en el bolsillo a personas que son tan pobres o más que ellos. Lo peor es que utilizan la autoridad que les confieren las leyes y el Estado para amenazar, intimidar y extorsionar a los conductores. Aplican el terrorismo de Estado en el escalón más cercano al ciudadano.

Entiendo y comparto que los policías que vigilan el tránsito deseen obtener ingresos dignos. Esta constituye también la aspiración legítima de los maestros y profesores de educación media y universitaria; de los trabajadores de la salud; de los empleados públicos en todas las categorías; e, incluso, de los militares en todos los rangos.  Lo que no puede aceptarse es que los agentes, amparados en una placa oficial, en una chapa y en un uniforme, todos entregados por el Estado venezolano, atropellen las leyes y esquilmen a los ciudadanos que transitan por las vías públicas de Caracas y del resto del país. Ese abuso de autoridad hay que denunciarlo y combatirlo.

Las justas reivindicaciones salariales y las mejoras en las condiciones de vida de los policías deberían ser asumidas por las centrales sindicales que agrupan a los empleados públicos. Los agentes forman parte del amplio contingente de trabajadores del Estado, aunque por razones legales, atadas a la disciplina y verticalidad de los cuerpos policiales, no pueden agremiarse para exigir incrementos en sus ingresos.

El Gobierno, a través del Ministerio para el Transporte, el comando central de la PNB y la GNB, y todas las alcaldías de Caracas, deben desarrollar un trabajo coordinado para impedir que los policías de tránsito sigan actuando como si fuesen enemigos jurados de los conductores.

El policía representa la autoridad del Estado más próxima al ciudadano. Su figura debe inspirar respeto y aprecio. Tal vez el mejor ejemplo que pueda citarse es el de Apascacio Mata, el célebre fiscal de la Policía Metropolitano de la esquina de Sociedad en el centro de Caracas, quien se atrevió en 1980 a detener la caravana del presidente Luis Herrera Campíns cuando intentó pasar con la luz roja, gesto por el cual fue invitado a Miraflores y condecorado por la presidencia de República por el “fiel cumplimiento del deber”. La sola presencia de Apascacio –espigada, marcial y pulcra- imponía el orden en la siempre congestionada vía capitalina. Ningún motorizado o conductor se atrevía a violar las normas de tránsito. Sin exigir coima, la reprimenda de Apascacio a los infractores era implacable y el apoyo de los transeúntes, total.

Esa es la policía que los caraqueños extrañamos. No queremos vivir diciendo: ¡Peligro!, policía de tránsito a la vista.

PD: Este es mi último artículo de la temporada. Les deseo lo mejor para 2025. Nos vemos en enero. Un abrazo.

@trinomarquezc

El sanguinario régimen de Bashar al-Assad, que parecía tan firme y consolidado hasta hace poco, se desplomó como un castillo de naipes en menos de dos semanas de ataque de las fuerzas rebeldes acantonadas al Norte de Siria. Ese desplome se debió fundamentalmente a que sus aliados más firmes le retiraron el apoyo: Putin, el régimen teocrático iraní y las milicias chiítas de Hezbolá (El Partido de Dios, ni más ni menos).

El gobierno de Al-Assad se había impuesto a sangre y fuego, conduciendo al país con mano de hierro a partir de 2011, cuando sofocó las demandas por introducir reformas democráticas en Siria luego de desatada la Primavera Árabe en el Norte de África. Una vez más se cumplió el principio señalado por Lord Palmerston, diplomático británico del siglo XIX, quien apuntó, refiriéndose a Inglaterra, que los países no tienen aliados eternos ni enemigos perpetuos; lo que tienen eternos y perpetuos son los intereses nacionales y la obligación es preservarlos.

El costo económico y militar de mantener la invasión a Ucrania ha sido demasiado alto para Putin. La crisis económica de Irán ha venido profundizándose durante los años recientes; además, se encuentra bajo el constante acoso de Israel y, por añadidura, el gobierno de Netanyahu ha golpeado de forma implacable a Hezbolá, la milicia que le ha servido a los ayatolás como fachada para tratar de extender las fronteras del chiísmo, sin involucrar directamente al ejército iraní en esa expansión. Los últimos golpes que le han infligido los cuerpos de seguridad y los militares israelíes a Hezbolá han sido mortales para el grupo terrorista. Su estructura y liderazgo se encuentran seriamente lesionados.

Los grupos insurgentes que enfrentaban a Bashar al-Assad hicieron una lectura correcta de la situación en la que se encontraba el déspota: sus socios internacionales estaban debilitados por distintas circunstancias y con pocas posibilidades de embarcarse en un nuevo conflicto armado, tal como lo habían hecho a partir de 2011 cuando comenzó la guerra civil y Al-Assad les pidió ayuda; además, la situación interna del dictador estaba muy comprometida por su nivel de desprestigio: su administración, particularmente él y su entorno familiar, era acusada de corrupta; los soldados, incluidos los oficiales, recibían remuneraciones miserables; y el país estaba sumido en una crisis económica, política e institucional a la cual no se le veía salida en el corto o mediano plazo.  La guerra civil y el hundimiento generalizado empujaron al éxodo a casi 7 millones de habitantes, 4 millones de los cuales se trasladaron a Turquía, la nación más afectada por el descarrilamiento de Siria.

En medio de ese cuadro, las principales facciones oponentes limaron asperezas y decidieron lanzar una ofensiva organizada que terminó siendo fulminante, parecida a la protagonizada por los talibanes en Afganistán. Las tres milicias más importantes, que ahora se reparten el territorio y el poder, son:  Hayat Tahrir al Shar -Comité de Liberación del Levante- (HTS), aparentemente respaldado por Qatar; el Ejército Nacional Sirio (ENS), apoyado por Turquía; y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), impulsadas por Estados Unidos y los kurdos.

Esas tres facciones tendrán que llegar a acuerdos y formar un gobierno que le dé estabilidad a Siria y evite su balcanización. En este momento resulta muy difícil prever cómo será el curso de los próximos acontecimientos. Lo que se sabe a ciencia cierta es que el dictador huyó despavorido a Rusia con su esposa y sus tres hijos, dejando en la estacada a sus cómplices. Putin, como compensación por el abandono previo, decidió acogerlo para que disfrutara de la inmensa fortuna acumulada a lo largo de un cuarto de siglo de latrocinio (habría que contemplar lo saqueado durante las tres décadas que gobernó su padre, Hafez al Assad, creador de la dinastía). También se conoce que el nuevo primer ministro es un ingeniero experto en el Islam a quien se le encargó formar gobierno. Se sabe que Hayat Tahrir al Shar, la fracción que lideró la sublevación, estuvo vinculada con Al Qaeda y el Estado Islámico, dos organizaciones tenebrosas, representantes del lado más radical del fundamentalismo islámico. Sin embargo, sus líderes, en especial Abu Mohammed al Jawlani, la figura más conocida, han insistido en que el vínculo con esas agrupaciones se rompió hace años y que adoptaron posturas más moderadas. Hay que esperar. Igual dijeron los talibanes en Afganistán, y el mundo está observando –con mucha indiferencia, por cierto- lo que sucede en esa sufrida y olvidada nación.

Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, le recomendó a Al-Assad que negociara con los rebeldes una transición pacífica y ordenada. Este se negó amenazando con “aplastarla” sin misericordia. Ya vimos lo ocurrido. Bashar al-Assad fue abandonado por aliados con los cuales creía haber firmado un pacto de sangre. Su experiencia no ha sido la primera ni será la última.

Hay que negociar cuando se puede, para que luego no sea demasiado tarde. Conviene recordar que Lord Palmerston tiene razón.

Trino Márquez

@trinomarquezc

La depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectó recientemente a España, con particular virulencia a la Comunidad de Valencia, ha mostrado una vez más la tendencia suicida del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Popular (PP), además de VOX, una agrupación que no sabemos si es democrática.

Los españoles y todo el planeta pudieron ver cómo en medio de la inmensa tragedia que castigaba a los valencianos y a ciudadanos de otras regiones, los dirigentes de esas agrupaciones se dedicaban a acusarse y reprocharse mutuamente de que no se hubiesen tomado las precauciones que habrían permitido prever el desastre y evitar la magnitud que causó en vidas humanas y sobre la infraestructura de pueblos y ciudades. Los mandatarios del Gobierno central –del PSOE- le recriminaban a las autoridades locales y regionales –del PP- haberse comportado con desidia e improvisación. Los del PP culpaban a los otros de sordera e irresponsabilidad. VOX acusaba a ambos de indiferencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez no intervenía porque, supuestamente, esa era una competencia exclusiva del Gobierno de la Comunidad Valenciana. No quería se le acusase de intervencionista y violador de las leyes que rigen las relaciones entre el Estado central y la provincia. Los de este lado, se inhibían de solicitar ayuda porque consideraban que el Gobierno estaba obligado a actuar sin que hubiese una solicitud especial.

En medio de esta comedia de equivocaciones patética y bochornosa estaba un numeroso grupo de ciudadanos que habían fallecido arrastrados por el ímpetu de las aguas, estaban desaparecidos o habían perdido todos sus bienes, quedando en la miseria. El obsceno comportamiento de los partidos tiene que ser condenado sin atenuantes. Trataron de sacar provecho de una circunstancia en la cual lo único importante era colocarse en el lugar de la gente que estaba siendo castigada sin clemencia por la naturaleza y solidarizarse de inmediato con ella a través de acciones eficaces. Los dirigentes de esas organizaciones debieron haberles pedido a sus militantes y simpatizantes que se organizaran en brigadas para trabajar junto a los ciudadanos. Debieron haber ordenado que las casas de los partidos y la de los militantes que así lo quisieran, se convirtieran en centros de acopio y auxilio. Debieron haber actuado como organizaciones sociales solidarias.

Al comportarse con tanta desidia, provocaron una reacción del pueblo que estuvo dominada por la frustración y la rabia. Esta indignación, que pudo verse a través de los noticieros de televisión y las redes sociales, penalizó con violencia física a los reyes Felipe y Leticia (alejados de toda responsabilidad directa), al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón.

No tengo dudas de que frente a la tragedia natural provocada por la DANA hubo improvisación y apatía de parte del Gobierno de Valencia y, en segunda instancia, del Gobierno central. La señora responsable de la seguridad de la Comunidad Valenciana ha llegado a declarar que ella no conocía la existencia de un sistema de alerta temprana que podía activarse a través de las redes sociales.

Ahora bien, la prioridad para los partidos no estaba en acusarse mutuamente de las fallas y omisiones, sino en atenuar la gravedad de los daños que el temporal estaba causando. El fenómeno natural constituyó una oportunidad para deponer por unos días las rivalidades políticas y el sectarismo, y mostrar la vocación de servicio público que debe orientar la actuación de las organizaciones político partidistas.

La élite política española durante los días críticos de la DANA ofreció un espectáculo deplorable, que los demócratas debemos reprobar sin ninguna clase de afectaciones. Es el tipo de comportamientos que desprestigia a la política como esfera de acción pública, a los políticos como sus oficiantes y a la democracia en cuanto sistema.

La buena noticia es que las voces más sensatas del PSOE y del PP rectificaron con el paso de los días. No han logrado borrar las consecuencias de los desbarros iniciales, pero al menos los han moderado. VOX ha ido quedando solo, rumiando su desprecio por la democracia.

Los partidos democráticos del mundo deberían extraer enseñanzas de la patética conducta de los dirigentes españoles. El sistema de libertades hay que cuidarlo constantemente. Los cálculos oportunistas suelen ser costosos y dolorosos.  Pueden perjudicar a varias generaciones. La clase política española juega con fuego.

 
 Trino Márquez

@trinomarquezc

Cuba dejó de ser un tema atractivo para los políticos y los intelectuales del mundo desde hace mucho tiempo. Ya no le importa sino a muy poca gente. La tiranía se rutinizó. Forma parte del paisaje cotidiano.  Es un territorio que cayó en el olvido y la indiferencia. La izquierda todavía defiende y elogia la revolución cubana como parte de su liturgia marxista. Los partidos de centro democrático no se interesan por lo que ocurre en la isla. Cuba es un incordio. No tiene remedio. Es indefendible. Representa el símbolo de un fracaso trágico, pues era una nación que antes de la llegada de Fidel Castro y sus barbudos, aunque confrontaba problemas provocados por la desigualdad, disfrutaba de un nivel de vida bastante elevado en el contexto latinoamericano.

Cuando el territorio antillano aparece de nuevo en los noticieros y pasa a formar parte de los comentarios de los analistas es porque pasó por allí un huracán que se ensaño contra su precaria infraestructura; porque las Damas de Blanco fueron azotadas una vez más por los grupos paramilitares al servicio de la dictadura; porque los hombres y mujeres que protestaron cuando el Movimiento San Isidro promovió la protestas de 2021, fueron sentenciados a penas injustas y desmedidas.

Solo cuando Barak Obama visitó La Habana en su publicitada gira de 2016, surgió la sensación de que podría ir acompañada de cambios que modernizaran las instituciones del Estado para que la nación comenzara a transitar el camino hacia la democratización progresiva. Sin embargo, nada de eso sucedió. El régimen continuó tan refractario a las reformas, tan mineralizado, como después del derrumbe del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y la Primavera Árabe. Cuba se mantuvo tan distante de las grandes transformaciones mundiales como siempre.

Ahora, Cuba vuelve a ser noticia de primera plana porque su sistema eléctrico colapsó por enésima vez, solo que en esta oportunidad la falla afectó a toda la isla. Los reportes indican que la escasa comida almacenada por los habitantes se descompuso. Se pudrió. Una economía que se mueve en el subsuelo ha tenido que parar sus pocas fábricas y unidades de trabajo. El nuevo corte de electricidad la ha hundido aún más en la ruina.

La respuesta del régimen ha oscilado entre el cinismo y la obscenidad.  Miguel Díaz-Canel –designado a dedo por Raúl Castro como su sucesor- y el ministro de Energía han insistido en que las fallas se deben al bloqueo económico impuesto por el imperialismo yanqui. Esa mentira ya la dicen casi con rubor. Saben que están adulterando la realidad con descaro. El déficit eléctrico se debe a los muchos años de falta de un mantenimiento adecuado, a la incapacidad de modernizar esa infraestructura obsoleta y a la corrupción presente en la inmensa mayoría de las actividades que se realizan en Cuba, bajo el control atento del Estado y del Partido Comunista. Las sanciones de Estados Unidos ya nada tienen que ver con la insondable incompetencia e indolencia de esa burocracia.

El reciente colapso del sistema eléctrico forma parte del continuo proceso de descomposición sufrido por la isla poco después de la visita de Obama y, especialmente, luego de la pandemia del corona virus. La crisis provocada por la Covid-19 no ha sido superada por la isla, a pesar de que el resto de los países de la región pudieron lidiar con la pandemia y superarla progresivamente. La situación en tan dramática en la actualidad que Leonardo Padura, el célebre escritor cubano que con su obra ha elaborado una radiografía detallada del régimen, considera que el momento actual es el más duro que ha pasado la isla, peor aún que el llamado Período Especial, que fue como se denominó la etapa inmediatamente posterior a la implosión de la URSS. Según Padura, han emigrado de la isla más de un millón de personas en los últimos cuatro años. 10% de su población total.

Lamentablemente, lo que no dice Padura es que la hermosa Cuba podría cambiar en un período muy breve si su élite política y militar decidiera proponerse cambiar el modelo en un plazo relativamente corto. Esas reformas deberían apuntar en tres direcciones, como señalan Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países, la obra que les permitió obtener el Nobel de Economía 2024, anunciado hace pocos días:  garantizar los derechos de propiedad, crear instituciones del Estado independientes y equilibradas, y fomentar una sólida economía de mercado. Yo agregó: promover la democracia para que existan partidos independientes del Estado y un gobierno alternativo, con un período acotado, electo libremente por los ciudadanos.

El simple anuncio de esos cambios, que deberían ir acompañados por una prensa libre, desatarían una verdadera revolución democrática en la isla. Los millones de cubanos residenciados en Florida, cuyo Producto Interno Bruto es mucho mayor que el de los cubanos que viven en la isla, seguramente invertirían buena parte de sus capitales en la reconstrucción de la economía. Detrás de ellos irían otros inversionistas interesados en aprovechar las ventajas de Cuba.

Si esas reformas, o una similares, no se anuncian, podemos estar seguros de que mientras gobierne el totalitarismo comunista, Cuba jamás saldrá de su interminable apagón.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Aunque en el pasado Venezuela nunca llegó a mostrar la estructura de clases de un país democrático desarrollado, con una clase media ampliamente predominante en el conjunto de la nación, sí es cierto que en América Latina los estratos intermedios venezolanos eran de los más extensos, con mejor calidad de vida y mayor capacidad de consumo y ahorro del continente. Nuestras clases medias podían compararse con los sectores equivalentes en numerosas naciones de Europa. Llegaron a constituir alrededor de 45% de la población en los años setenta.

La formación de las clases medias fue un proyecto de las élites políticas después de la muerte de Juan Vicente Gómez, y con particular énfasis después del triunfo de la revolución cubana. La dirigencia política propuso demostrar que era posible lograr la equidad social en un ambiente donde se respetara la propiedad privada y la democracia.

La palanca más poderosa de ese plan fue, sin duda, los crecientes ingresos petroleros destinados, en gran medida, a fomentar el surgimiento de una pequeña y mediana industria y comercio, lo cual trajo aparejado el surgimiento de pequeños y medianos empresarios que le sirvieron de soporte al proceso de sustitución de importaciones, fase inicial de la industrialización. Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial se dieron los primeros pasos en la formación de ese empresariado intermedio, que posteriormente fue ampliándose en la década de los cincuenta y, fundamentalmente, con el comienzo de la etapa democrática, tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Desde comienzos de la década de los años cuarenta hasta la década de los ochenta, Venezuela experimenta –con breves lapsos en los cuales el proceso se interrumpe- un crecimiento económico sostenido, que hace posible el nacimiento de una extensa capa de empresarios medios.

Al mismo tiempo que se producía la expansión del empresariado, fue surgiendo una clase media profesional –como consecuencia de la inversión en el sistema educativo en todos sus niveles-   entrenada para insertarse a trabajar en los organismos del Estado, en el propio sistema educativo (el estrato docente creció de forma exponencial) y, particularmente, en las medianas y pequeñas empresas que se habían levantado.

Las distintas capas de la clase media pudieron surgir porque el auge económico se produjo en un ambiente donde prevalecía la estabilidad política y de precios. Los aumentos de sueldos no eran solo nominales. Estaban por encima de la inflación, situada entre las más bajas de toda la región. En esta atmósfera de crecimiento económico sin inflación pudo emerger y consolidarse la clase media.

Venezuela se convirtió en un país de oportunidades para empresarios que vivían en ambientes muy hostiles en sus respectivas naciones, y para los profesionales universitarios y técnicos de nivel superior que estaban subpagados en sus países de origen. Otro sector que se desplazó hacia Venezuela fue el integrado por los profesores e investigadores de universidades que huían de la persecución política y la represión de las dictaduras gorilas al Sur del continente.  Célebre –aunque no excepcional- es el caso de Fernando Henrique Cardoso, quien impartió docencia durante varios años en el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), organismo dependiente de la UCV, y luego fue Presidente de Brasil durante ocho años. Se le considera uno de los mejores mandatarios que ha pasado por el Palácio do Planalto.

Resumiendo una historia y un proceso que requiere mucha más atención de la que puedo dedicarle en este artículo: la clase media venezolana constituyó un modelo en América Latina y en el mundo. Representaba el éxito de la democracia y de un modelo económico que había distribuido la riqueza proveniente del petróleo y del crecimiento industrial, comercial y financiero, con el fin de diversificar las clases sociales y hacerlas más variadas.

De ese modelo ya no quedan sino recuerdos. Durante los últimos diez años los sectores medios entraron en un proceso de extinción indetenible. En la actualidad, sus diferentes componentes apenas rozan 12% de la población. El éxodo masivo, la quiebra del aparato industrial, comercial y financiero, la crisis del sistema educativo, el desempleo y la informalidad, la inflación y los sueldos paupérrimos que gana la inmensa mayoría de la población, son algunos de los factores que han erosionado de forma continua a las clases medias. Su decadencia es uno de los signos más ominosos de los tiempos que vivimos. Estamos en un país donde la riqueza se concentra en un vértice muy estrecho y reducido. A la amplia mayoría de los venezolanos se les ha condenado a vivir en la miseria o a huir para buscar destinos más amables y humanos.

Entre los grandes retos que Venezuela enfrenta, se encuentran la superación de la miseria y la construcción de una nación donde las clases medias sean ampliamente predominantes en el conjunto social.

@trinomarquezc

Con motivo del comienzo del nuevo año escolar, las noticias que se leen y escuchan acerca del sistema educativo público son alarmantes: más de 40% de los docentes han salido del área por la precariedad de los salarios que reciben; un porcentaje equivalente de niños y jóvenes no pueden acudir a las aulas debido a que sus padres o representantes carecen de los recursos para enviarlos a los centros educativos; las escuelas del ciclo básico y de bachillerato se encuentran en tal nivel de deterioro que resulta imposible recibir a los estudiantes y a los  docentes; no existe presupuesto para recuperar la planta física ni mejorar los sueldos de los maestros y del personal administrativo. La mayoría de las informaciones son de ese tenor. No hay ningún dato o información confiable y verificable que permita pensar que Venezuela cuenta con un sistema público de enseñanza que satisfaga las necesidades del país.

En la Teoría clásica del Desarrollo –tan de moda durante las décadas posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial- la educación de calidad en todos sus niveles, se consideraba un factor clave para promover el ascenso social, el crecimiento económico sostenido y equitativo, y fomentar la convivencia pacífica, la inclusión social y la democracia. El Estado constituye un actor clave en todo este entramado.

Esa visión ha pasado a formar parte de las conquistas civilizatorias de la sociedad. Puede haber algún grado de debate acerca de la orientación de la enseñanza: si debe ser más técnica que humanística; si se subraya más la información que la formación; o si se incluyen determinados credos religiosos en el aula. Sin embargo, no se cuestiona el enorme peso de la educación dirigida a develar conocimientos, crear destrezas y habilidades, y propiciar la tolerancia y la harmonía dentro de un grupo humano.

En este contexto, la educación privada ha sido considerada como un complemento importante de la educación pública. Su valor y significado, en general, no se pone en discusión. Sin embargo, si alguna razón justifica la existencia del Estado y de los factores enlazados con él –como el cobro de impuestos- es que esa institución promueva la igualdad de oportunidades, la inclusión y la coexistencia a través de un sistema educativo eficaz.

Venezuela –luego de la muerte de Juan Vicente Gómez- con López Contreras, Medina Angarita y, especialmente, con el Pacto de Puntofijo firmado después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, entendió y asumió plenamente la educación como un proyecto de carácter nacional. Durante un largo período el país contó con un sistema de enseñanza público en primaria y secundaria con capacidad para atender a la mayoría de los niños y jóvenes en edad escolar. Cuando los sueldos de los maestros y profesores se rezagaban con respecto a las remuneraciones de otros sectores, los gremios docentes, particularmente la Federación Venezolana de Maestros, contaba con la suficiente fortaleza para presionar al Gobierno y corregir las diferencias salariales. La carrera docente era atractiva y con capacidad de retener en su planta a excelentes integrantes del magisterio. Lo mismo ocurría cuando los planteles educativos se deterioraban: el gremio   podía demandarle al Estado, junto con la comunidad educativa, que refaccionase las instalaciones escolares. Los problemas y déficits, que sin duda existían, podían superarse gracias a la acción conjunta de la denuncia pública, la presión gremial y la acción de padres y representantes.

Este cuadro se ha modificado de forma drástica durante la última década. La educación pública, a pesar de la mística de los docentes, entró en una crisis que no ha hecho sino agravarse con el paso de los años. Los maestros y profesores emigran hacia el exterior o hacia otras actividades porque sus ingresos se han convertido en miserables y carecen de incentivos para mantenerse dentro sistema.

La situación económica de las familias más pobres es tan precaria que no les permite enviar sus hijos a la escuela. La ‘soluciones’ que se han instrumentado no logran ni siquiera atenuar las fallas: por ejemplo, el ‘horario mosaico’, que consiste en impartir solo unas cuantas horas de clase a la semana.

El resultado de este deterioro tan acentuado, apenas bosquejado en estas líneas, se traduce en que los niños y jóvenes no están aprendiendo ni siquiera las habilidades fundamentales como saber leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas, de forma correcta.

En el país se ha abierto una brecha que tiende a ensancharse entre la educación pública y la privada. Esta, en medio de un gigantesco esfuerzo y tesón, ha podido preservar altos niveles de calidad. Ha logrado atraer y retener a maestros y profesores a los que remunera con ingresos competitivos. Pero, ocurre que quienes cuentan con las posibilidades de acceder a ese tipo de enseñanza representan a un grupo muy reducido que, incluso, tiende a encogerse.

La educación, por lo tanto, no está sirviendo de vehículo para reducir las desigualdades sociales, y promover la integración y la convivencia social, sino para reproducir la brecha entre ricos y pobres y ampliar la pobreza. Todo lo contrario de lo que debe proponerse la democracia.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Como suele ocurrir con Nicolás Maduro, su campaña se ha movido entre dos extremos. Anuncia y firma acuerdos en los cuales se compromete a promover una campaña en paz, equilibrada y competitiva, mientras lo que en realidad fomenta es el psicoterror, la violencia y la desigualdad. Como si nadie lo conociera y fuese necesario divulgar su imagen, su figura invade los espacios públicos en todo el país. La publicidad en torno a su reelección copa las redes, la radio, la televisión y los pocos diarios y revistas que aún quedan. Sin embargo, ese derroche de propaganda ha resultado un fracaso. La suya ha sido la peor campaña desde que la publicidad, y no los partidos, empezaron a tener un papel decisivo en la proyección de los candidatos presidenciales.

A Maduro no le ha parecido suficiente saturar con anuncios la atmósfera del país. Además, ha apelado a la persecución y encarcelamiento de los adversarios, y al hostigamiento de todo aquel que se aproxime a Edmundo González, a María Corina Machado y a la Plataforma Unitaria. En esta estrategia basada en el miedo, ha incluido amenazas con terremotos, cataclismos y toda clase de calamidades si él pierde las elecciones, tal como indican todas las encuestadoras serias que operan en Venezuela. En la larga cadena de vaticinios catastróficos que ha formulado, el más peligroso es el que augura un “baño de sangre” si él abandona Miraflores. Este anuncio fue tan preocupante, que el curtido presidente Lula da Silva se sintió alarmado, al punto de que llamó públicamente a su colega venezolano a la sindéresis que exige una responsabilidad tan elevada como es el ejercicio de la presidencia de la República. Para Lula –lo mismo que para Gabriel Boric– el candidato que gana una elección democrática se queda en el cargo al que aspira; y si pierde, se va, y se prepara para una nueva competición. Así de sencillo. Sin traumas ni imposturas.

El agudo comentario del presidente de Brasil –secundado por el expresidente de Argentina Alberto Fernández, ambos militantes de la izquierda democrática– fue tratado, al comienzo, con desprecio por Maduro. Mandó a tomar una taza de manzanilla al mandatario brasileño. Luego, le pidió a su hijo Nicolás (Nicolasito) que le respondiera a través de El País. En esa entrevista con el periódico español, Nicolasito dijo que, si perdían los comicios, el gobierno admitiría la derrota.

De todo el clima de confusión que Maduro ha estimulado, ha quedado el temor acerca de lo que pueda ocurrir la noche del 28 de julio y madrugada del 29. Una jornada que debería estar signada por la tranquilidad, el respeto y la aceptación –tal como sucede en todos los países con sistemas democráticos bien asentados– ha estado acompañada por la angustia y el desasosiego. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá al final de la jornada. Este clima de sospechas y dudas no ha sido casual, sino producto de un guion concebido para que los votantes sientan temor de su propia fortaleza como ciudadanos con derecho a elegir quién presidirá el Estado durante los próximos años.

En este ambiente de incertidumbre fabricada, la Fuerza Armada Nacional tiene la obligación de respetar y hacer respetar los resultados que emanen de las urnas de votación. El Plan República se encuentra bajo la coordinación de la FANB. Esa institución sabrá exactamente qué ocurrirá en los centros de votación. Será testigo de cómo se manifiesta la voluntad soberana de la gente. Su cercanía al proceso y su protagonismo la comprometen a defender el voto de los ciudadanos, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley de Procesos Electorales. El gobierno no se atreverá a pasar por encima de lo que los electores decidan, si no cuenta con el apoyo –o, mejor dicho, la complicidad- de la institución armada.

El poderoso movimiento social que se ha formado en todo el país, desde los sectores más pobres hasta las clases medias más acomodadas, denota que el pueblo venezolano está dispuesto a defender su victoria porque significa el comienzo del rescate de la democracia y de la reconstrucción económica, social e institucional de Venezuela.

María Corina y Edmundo González han repetido en numerosas oportunidades que su compromiso es con el cambio democrático, pacífico, electoral y constitucional. María Corina ha dicho estar dispuesta a defender el triunfo del pueblo con su propia vida.

Henrique Capriles vio esfumar su liderazgo nacional porque muchos venezolanos se convencieron, de forma equivocada, que no había resguardado con valentía su supuesta victoria frente a Maduro en la elección de abril de 2013. Esa idea se instaló en la conciencia de millones de sus seguidores, a pesar de que Capriles nunca estuvo por delante en las encuestas y los sondeos de opinión daban un empate técnico entre ambos aspirantes.

Ahora, la situación es diametralmente opuesta: las encuestadoras indican una diferencia abismal, apuntalada por los apoteósicos actos en todo el país del tándem González-Machado.

A la FANB hay que exigirle que cumpla con su obligación y no defraude al pueblo. Así evitará cualquier ‘baño de sangre’.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los maduristas se sienten los amos del poder y actúan en consecuencia con un desparpajo insultante. Creen que Venezuela les pertenece por el hecho de considerarse revolucionarios. Pretenden que su fuente de legitimidad no sea el voto popular, sino el uso ilegítimo de la violencia. A partir de esa visión deformada y enfermiza, atropellan a la oposición con total desvergüenza e impunidad.

Entre los actos más aberrantes que se han visto en la historia de los últimos años, se encuentra el homenaje que le rindió la Asamblea Legislativa del estado Aragua, controlada por el oficialismo, a las tres mujeres que insultaron e intentaron golpear a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en un popular restaurante de Las Tejerías. El mismo régimen que se ufana de promover acuerdos para, supuestamente, promover la paz, fomenta el terror y la agresión continuamente.

La desmesura de las mujeres aragüeñas forma parte de la interminable cadena de amenazas y chantajes a los que apela la reducida minoría representada por el gobierno de Nicolás Maduro, que convirtió la coerción en su forma predilecta de hacer política y desarrollar la campaña electoral.

Maduro dice, delante de un grupo de oficiales y soldados, que habrá una revuelta militar si él no es reelecto por segunda vez, y que –como si estuviésemos en los tiempos de la Guerra Federal- los apellidos no volverán a gobernar Venezuela. Freddy Bernal, el incompetente gobernador del Táchira, afirma que si la oposición obtiene el triunfo, el nuevo Presidente no durará ni un año, pues la presión del madurismo será de tal magnitud, que ese frágil gobierno caerá como un castillo de naipes. En numerosas oportunidades Diosdado Cabello ha señalado, al igual que Maduro, que no entregarán Miraflores ni por las buenas ni por las malas. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB se declara chavista a rabiar.

Una parte importante del Estado se  alineó para hacerles sentir a los venezolanos que es peligroso votar por Edmundo González. Que deben sentir un enorme miedo de expresar su voluntad libremente y obtener una victoria que dé inicio a la recuperación de la democracia y la reconstrucción integral y sostenida del país.

El madurismo pretende que los votantes sientan temor de su propia fuerza. De sus propias posibilidades de impulsar la trasformación nacional mediante el voto. Busca crear un ambiente de psicoterror para que la gente se inhiba de votar por el cambio. Aspira que los votantes se imaginen escenarios catastróficos en el caso de que Maduro pierda la consulta del 28 de julio.

En este plano, el madurismo sigue los patrones tradicionales impuestos por la izquierda atrasada y autoritaria en Cuba y Nicaragua, sólo que en estos dos países el proyecto hegemónico totalitario se impuso, mientras que en Venezuela no lo logró, a pesar del dominio ejercido durante un cuarto de siglo.

En Venezuela, la oposición agrupada en torno de la Plataforma Unitaria Democrática y el liderazgo de María Corina y la candidatura de Edmundo González, ha logrado sobrevivir, fortalecerse y conducir al régimen a la cita del 28J, porque nuestra tradición democrática nació hace noventa años, cuando Juan Vicente Gómez murió, luego de 27 años de haber conservado con puño de hierro su larga tiranía. Las instituciones del orden democrático, entre ellas los partidos políticos, se fraguaron en esa época. Esa larga historia -más las enseñanzas dejadas por la dictadura de Pérez Jiménez y el balance de los errores cometidos en el enfrentamiento contra Chávez y Maduro- ha servido para que el país haya acumulado suficiente fuerza para impedir que el proyecto hegemónico que ha intentado imponer el chavismo-madurismo termine por implantarse.

Desde mediados de 2023, especialmente a partir de la elección Primaria, la sociedad venezolana ha venido manifestando un claro deseo de cambio. Esa aspiración no se ha quedado en el reino de las nebulosas, sino que se expresa de distintas formas: las impresionantes manifestaciones que acompañan a Edmundo González y a María Corina en todo el país, en las cuales tanto los aspirantes como los ciudadanos han vencido todos los obstáculos que les han colocado; la organización de los ciudadanos en ‘comanditos’; el uso de las redes para transmitir la información que el CNE se niega a difundir; la preparación colectiva para encarar la jornada del 28J.

Por todos lados se observa la resiliencia de una sociedad que no ha sucumbido frente a la presión del régimen, ni ha dejado arrollarse por la minoría que proyecta eternizarse en el poder. La fortaleza macerada a lo largo de casi un siglo será la que triunfe el 28J. La arrogancia de los maduristas será derrotada. Pronto comenzará un nuevo ciclo democrático.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Faltan cuatro semanas para la elección del 28 de julio. Impulsada por el gran éxito de la primaria en octubre del año pasado, la expectativa en torno a esa fecha ha crecido de forma sostenida desde el último trimestre de 2023. Hacia mediados del año pasado, la cifra de interesados en sufragar en los comicios previstos para 2024 apenas llegaba a 50% del total de los electores. Ahora, el número se acerca a 70%, con tendencia a aumentar. Para el día de la consulta, entre 75% y 80% podría acudir a votar. La persistente y costosa  estrategia del régimen de fomentar la abstención entre los opositores no le funcionó. La gente se ha dado cuenta de que mientras más alta sea la población que acuda a las urnas, mayor será el margen con el cual triunfe Edmundo González, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, quien ha formado un excepcional tándem con María Corina Machado. Los ciudadanos que aspiran que el país cambie han cobrado conciencia de la importancia de un triunfo categórico, incontrovertible, para minimizar la posibilidad de que el régimen cometa un fraude o desconozca los resultados.

Hasta ahora no se sabe cuál fue el nivel real de participación ciudadana en el simulacro de votación efectuado el domingo 30 de junio, organizado por el CNE y rodeado de puntos rojos, disimulados de azul con el fin de intentar confundir. Sin embargo, algunas de las lecciones más importantes que quedan de ese evento son las siguientes: el proceso de votación es muy sencillo y rápido, y los electores dispuestos a votar por Edmundo González deben estar atentos porque en el tarjetón la primera fila aparece cubierta con la cara de Nicolás Maduro, mientras que el rostro del Edmundo González quedó rodeado por las caras de Maduro y de algunos alacranes.

El CNE no tendrá excusas para no informar en las primeras horas de la noche del 28J al país y al mundo entero, que ese día estará pendiente de lo que ocurra en Venezuela, acerca de los resultados de la consulta. Cualquier retraso tendrá que encender todas las alarmas nacionales e internacionales, pues en los mentideros oficialistas podría estarse planificando una maniobra para ignorar el mandato popular.

El simulacro de votación, además, fue otro paso dado por el Gobierno con el fin de evidenciar que la cita del 28J se realizará con todos los candidatos aceptados por el CNE hace casi tres meses. En este grupo está incluido Edmundo González. Resulta importante subrayar este dato porque han sido persistentes los rumores acerca de una eventual inhabilitación o bloqueo de la tarjeta electoral de la MUD, la organización que postuló a Edmundo González y a la cual se adhirieron Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV). De ocurrir ese exabrupto, por una decisión arbitraria del TSJ, González quedaría fuera de la contienda.

El propio candidato de la PUD ha advertido de esa posibilidad. Considero que, aunque esa desmesura podría darse –a pesar de que estemos en la fase final del proceso- la probabilidad real de que ello suceda es remota. De adoptarse una decisión tan arbitraria como esa, el costo político y económico que pagaría el Gobierno sería altísimo. El desprestigio internacional de Maduro, desesperado por lograr algún grado de legitimidad internacional, aumentaría hasta la estratosfera. Las supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para retomar los acuerdos de Doha –de las cuales Maduro tanto ha alardeado- se romperían inmediatamente y en micropartículas.

El régimen durante las semanas que faltan hasta el 28J lanzará numerosas provocaciones: amenazará a dirigentes, encarcelará activistas, hablará de magnicidios, acusará a los opositores de tramar planes terroristas. Pasará de una acusación a otra sin que sus denuncias tengan ningún soporte o lógica, por elemental que esta sea.

La campaña de Maduro no posee perfil propio. Carece de una consigna impactante y de objetivos claros que unifiquen a sus seguidores. El candidato a la segunda relección luce desgastado por décadas de ejercicio incompetente del poder. En vez de hablar de los beneficios del pasado, se refiere a planes estrambóticos para el futuro. Sus proyectos son tan extravagantes que no logran magnetizar ni siquiera a sus seguidores más incondicionales. Solo puede echar mano de la represión y la intimidación.

Venezuela se encuentra en la dulce espera, al igual que las primerizas durante el último mes del embarazo. Para asegurar que el alumbramiento llegue a feliz término hay que organizarse, votar y defender el voto.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los veinticinco años de control ideológico y político que el régimen ha ejercido sobre la Fuerza Armada Nacional, llamada Bolivariana desde las reformas de Hugo Chávez, está evidenciándose con estridencia durante las recientes semanas. Ya no se trata sólo de que la institución armada se declara abiertamente ‘chavista’ y se refiere a Chávez como ‘Comandante Eterno’, en una manifestación pomposa de culto a la personalidad, sino que ahora miembros del Alto Mando se pronuncian abiertamente a favor de la reelección de Nicolás Maduro. Ese comportamiento impropio de algunos altos jefes del estamento militar tiene que ser objeto de escrutinio y análisis público, tal como debe ocurrir con el desempeño de toda institución financiada con fondos públicos, cuyo desenvolvimiento impacta la vida ciudadana.

Dos episodios recientes, de los muchos que podrían mencionarse, ilustran la parcialización política de algunos miembros de la alta jerarquía militar. Uno es el mensaje a través de la red social X –antigua Twitter-  del general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, en el que ese oficial se hace eco de una información falsa según la cual María Corina Machado estaría planteando privatizar la FANB y desmantelar el Cicpc y la Dgcim. Además de dar por cierta esa supuesta información, agrega un comentario cuestionando a MCM. A Hernández Lárez se le demostró que el mensaje era falso. Que se trataba de un montaje malintencionado con el propósito de descreditar a la dirigente política, principal referencia popular del candidato Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el general no tuvo la delicadeza de retirarlo de la red ni presentar alguna excusa por el evidente error.  Su finalidad era lesionar la imagen de MCM y, por extensión, del aspirante de la Plataforma Unitaria.

El otro evento está representado por la intervención del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, el 24 de junio en el Campo de Carabobo, con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la batalla que selló la independencia de Venezuela. La intervención del ministro, al lado del jefe de Estado, fue abierta y deliberadamente a favor de la continuidad de Maduro en Miraflores, en clara violación de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

No debería ser necesario recordarles a los miembros del Alto Mando militar que bajo su responsabilidad se encuentra la eficaz ejecución del Plan República, uno de cuyos objetivos fundamentales consiste en garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas de votación en todos los procesos electorales en los que el CNE convoque a la Fuerza Armada. Ahora bien, como esa norma republicana algunas veces parece olvidarse, conviene traerla a colación para que no se les olvide. También es importante refrescarles la memoria para que tengan siempre presente que la Constitución aprobada por Hugo Chávez, calificada por él mismo como ‘la mejor Constitución del mundo’, establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… indirectamente, mediante el sufragio” (Art.5); y que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo,… electivo,… pluralista y de mandatos revocables” (Art. 6).

Venezuela, como la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, no debe contar con una democracia tutelada por los militares.  La sujeción del Estado y la Sociedad al estamento militar es un resabio de la era premoderna, de la Venezuela rural, sometida a los caudillos militares regionales. Esa etapa debería quedar definitivamente superada. Actualmente no es así porque Chávez se encargó de militarizar el Estado y la Nación, convirtiendo la FAN en una suerte de guardia pretoriana del presidente de la República. Acabó así con casi un siglo de profesionalización del estamento militar y su plena incorporación al sistema republicano y democrático.  Ahora, la institución castrense está obligada a realizar una revisión interna que le permita retornar al antiguo esquema: Ser baluarte del Estado constitucional basado en el respeto inquebrantable al Estado de derecho, a la Democracia y a las instituciones del orden republicano.

La Fuerza Armada Nacional en diciembre de1998, cuando Hugo Chávez obtuvo su primera victoria, había derrotado a la guerrilla profidelista que intentó subvertir el orden democrático en la década de los años sesenta del siglo pasado. Esa misma FAN sofocó los dos intentos de golpes de Estado promovidos por Chávez en 1992. Sin embargo, cuando el antiguo jefe de las asonadas militares decidió someterse a las reglas democráticas y participar en la campaña electoral de 1998, obteniendo la victoria, la institución castrense obedeció el mandato popular, a pesar de las dudas y temores de algunos de los altos mandos.  Esa fue una lección de institucionalidad de los oficiales de la época.

Un cuarto de siglo después se repite una historia similar: La inmensa mayoría del pueblo desea un cambio en la conducción del país y un nuevo Gobierno. El Alto Mando está obligado a acatar la voluntad popular.

Trino Márquez

@trinomarquezc