A muchos migrantes les preocupan las jornadas de registro emprendidas en el ‘Movimiento bolivariano de colombianos que viven en Venezuela’, que acaban de comenzar.

Maduro y Santos coincidieron en que habría primado la sensatez en su reunión en Quito. Pero esa cordura está enredándose en señales contradictorias.

Mientras los ministros trabajan sobre temas económicos y de seguridad, Maduro amplía el estado de excepción a la zona fronteriza 8 en Amazonas, anuncia que la normalización podría tardar al menos seis meses o un año, y sobre el maltrato a los deportados agrega: “Si hay un solo caso en que se compruebe que hubo algún tipo de atropello de parte venezolana, yo asumo resarcir los daños”; aunque reiteró estar “seguro de que no hubo ni un solo caso” porque tiene “registros de eso”. Abrió al menos una ventana: “Si se investiga con asesoría internacional, se va a saber todo”.

Ecuador y Uruguay pueden ayudar a concretar esa investigación. Cuentan con testimonios de los deportados y con informes de organismos de la ONU como la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y Acnur, dedicada a la protección de desplazados y refugiados, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Secretario General de la OEA. Y pueden ayudar también a clarificar el asunto poblacional, que sale maltratado en esta crisis.

Maduro habla de 5’600.000 colombianos en Venezuela, y asegura que a su país llegan más desplazados colombianos que de Siria y África a Europa. El defensor Tarek William Saab añadió que han recibido “el 85 por ciento de los colombianos que han salido huyendo”, que el 20 por ciento de la población de su país es colombiana, que “viven aquí con gratitud”, y que cerca de 100.000 hasta gozan de pensión.

Para revisar este delicado asunto, académicos de Colombia y de Venezuela actualizamos los estudios realizados al respecto en forma conjunta por cerca de 20 años, y las cifras dicen otra cosa. Aunque Venezuela ha acogido a muchos nacionales, ocupó el quinto lugar como refugio de colombianos entre 1991 y el 2011 (5.210, más 724 en el 2014). La OIM y Acnur ubican antes a Ecuador (54.243), Estados Unidos (22.004), Canadá (17.243) y Costa Rica (10.297).

Durante el gobierno de Maduro han disminuido los colombianos que viajan a ese país: 606.851 en el 2013 y 495.579 en el 2014. Si se comparan las cifras de enero del 2014 y del 2015, la reducción es de 35,8 por ciento. Y el retorno ha sido del 97 por ciento entre enero y julio del 2015, pues viajaron a Venezuela 315.425 y regresaron 307.000; el resto puede haber permanecido allí o haber viajado a un tercer país, según datos de Migración Colombia recogidos por el Observatorio Venezuela.

Los censos venezolanos muestran que luego del aumento en los años 70 hay una disminución de la proporción de nacidos en Colombia: del 1,7 por ciento en 1971 salta al 3,5 en 1981, baja al 2,9 en 1990; al 2,6 en el 2001 y sigue en 2,6 en el 2011. Al procesar este último censo, el Instituto Nacional de Estadística ajustó y desagregó los datos, incluyendo la omisión censal. Registró un total de 721.791 personas nacidas en Colombia que habitan en Venezuela; las que viven en los estados fronterizos las distribuye así: en Zulia, 193.045; Táchira, 138.952; Apure, 13.696, y Amazonas, 3.166; y casi la mitad de esas personas son hoy venezolanas porque se nacionalizaron o tienen padres venezolanos. ¿De dónde sacó Maduro su cifra, pues más de 4’000.878 no aparecen en el censo?

A muchos de esos migrantes les preocupan las jornadas de registro de vinculación al ‘Movimiento bolivariano de colombianos que viven en Venezuela’, que acaban de comenzar. Sobre todo luego de ver cómo a los más débiles se les desconocen sus aportes a ese país, se los sindica de todos sus males, se les marcan y destruyen sus casas y se los deporta sin familia, enseres ni juicio previo. Lo que no cae en estas batidas son las redes del contrabando y el crimen. Urge la sensatez.

Socorro Ramírez

El Tiempo.com

Para nadie será fácil moverse en la VII Cumbre de las Américas. Panamá podría aprovechar la complejidad de la situación para impulsar un diálogo franco entre los presidentes y en el foro de actores sociales.

Para salvar la VII Cumbre de las Américas, el Gobierno de Panamá ha dicho que no se abordarán temas litigiosos. Tampoco se concertará una declaración política, sino un documento técnico con “mandatos para la acción” a favor de la equidad en ocho temas: salud, educación, energía, ambiente, participación, gobernabilidad, migración y seguridad. Pero esa tabla de salvación puede resultar frágil. Son acuerdos en temas cruciales, pero sin repercusión. El balance de los 47 mandatos emanados de la Cumbre anterior es lamentable.

Para la reunión precedente, Colombia impulsó compromisos temáticos realizables y al mismo tiempo abordó asuntos álgidos –Cuba y drogas–, mediante debates públicos y entre los jefes de Estado. A diferencia de los mandatos, estos asuntos polémicos sí avanzaron. Cuba estará en Panamá, lo exigieron América Latina y el Caribe y lo ha permitido su acercamiento con Estados Unidos. Al debate sobre el fracaso de la “guerra contra las drogas” entraron los presidentes, y en el hemisferio se discuten o ensayan alternativas.

El acercamiento Obama-Castro le ofrecía a la nueva Cumbre la oportunidad de enterrar la Guerra Fría en las Américas. Pero llegan a la reunión sin haber logrado reabrir embajadas; y al referirse a Venezuela como amenaza a Estados Unidos, la orden ejecutiva de Obama escaló la tensión bilateral y la reacción regional. Aunque en la OEA su gobierno haya asegurado que no prepara una invasión ni pretende derrocar a Maduro, Obama llega a Panamá en medio de un amplio rechazo a las presiones por medios coercitivos unilaterales y de la petición formulada por Unasur, Mercosur, Alba, Celac, Caricom, Petrocaribe, la Organización del Caribe Oriental, los No Alineados, la Unión Africana, el G-77, China y Rusia, de derogar la orden, considerada una abusiva injerencia en asuntos internos de otro país.

Además, Maduro le lleva a Obama los resultados de su campaña de ‘tuitazo y firmazo’ sobre una medida que, en definitiva, le ha sido de gran utilidad. Le ha servido de prueba de las supuestas conspiraciones y guerras externas con las que explica los graves problemas del país, de disculpa para postergar correctivos que acarreen costos en tiempos electorales, de justificación para obtener más poderes especiales y generar movilización militar, y de argumento para neutralizar el malestar interno y la presión internacional frente a la represión de los opositores o de la protesta social.

Sin embargo, Maduro también llega a Panamá con un acumulado de problemas internos que no dan espera, y el apoyo internacional recibido tiene límites. De hecho, en la OEA no logró someter a voto una declaración a su favor. Varios gobiernos que cuestionaron la orden ejecutiva lo llamaron, al mismo tiempo, a dialogar con Estados Unidos (Panamá prevé una reunión bilateral con ese fin) y con la oposición, a realizar este año las elecciones previstas, a respetar los derechos humanos y el Estado de derecho, y a permitir la visita de la Cruz Roja a los opositores detenidos.

Tampoco para Castro el momento es fácil. Le cuestionó a Obama el intento de seducir a Cuba mientras intimida a Venezuela, pero necesita aumentar las remesas y los recursos financieros ante los problemas de su primer socio, Venezuela. Llegará con actores sociales oficiales, pero en el foro participarán también disidentes.

Así, pues, para nadie será fácil moverse en la Cumbre. Panamá podría aprovechar la complejidad de la situación para impulsar un diálogo franco entre los presidentes y en el foro de actores sociales. Es la oportunidad de hablar sobre cómo construir relaciones más simétricas, sin unilateralismos ni radicalismos, que permitan emprender una acción colectiva sobre cruciales asuntos hemisféricos.

Socorro Ramírez

Unasur y el delegado del papa tendrán que ayudar a desarmar el lenguaje para que ambos lados se reconozcan y el diálogo pueda generar resultados, ojalá aceptables para todos.

En la actual confrontación que sufre Venezuela no solo están perdiendo el gobierno y la oposición. Aumentan el número de civiles armados y los enfrentamientos entre vecinos, y se alarga la lista de muertos, heridos, torturados o detenidos. La sociedad ve cómo se multiplican sus heridas mientras se pierde capacidad de tramitar en paz los conflictos. Así podría sintetizarse la caracterización de la situación, expresada, desde posiciones distintas, por participantes venezolanos en el taller de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana en la frontera.

Hay desesperación y desesperanza porque no se ve salida. En el taller, un participante que vive en la zona baja de San Cristóbal, que estuvo separada de la parte alta por las barricadas, mostró cómo en ambos lados crecía el malestar, pero la desconfianza mutua les impedía acordar cómo hacerle frente. Eso mismo contó otro participante de Mérida. Los barrios de clase media, encerrados por las ‘guarimbas’, comparten con los pobres los malos servicios, el deterioro de las vías, la inseguridad, los racionamientos de comida, agua, medicamentos y electricidad, pero no se unen para protestar.

Según el Venebarómetro de marzo, algo similar ocurre a nivel nacional. El 72 por ciento de los encuestados –61 de chavistas, 92 de opositores y 81 de neutrales– temen un estallido social, aunque 76 por ciento (incluyendo a estratos pobres) descarta salir a las calles a protestar o a defender al Gobierno.

El diálogo público que se abre ahora intensificará el debate sobre los problemas que han puesto de presente las protestas. Es tanto lo que está en juego que, más que acuerdos sobre las soluciones, se profundizan las tensiones internas tanto en las filas chavistas como entre opositores.

Maduro ha tenido que hacer malabares para enfrentar lo que ha denominado golpismo con apoyo externo: ha tratado de desmontar la protesta por la fuerza y destituir alcaldes y diputados opositores vía exprés, convocar la Conferencia de Paz, aprobar –según informó el Gobierno– 56 de las 59 propuestas formuladas por los empresarios y aceptar el diálogo, así diga que este no será una negociación.

Entre los chavistas hay incertidumbre y desacuerdo sobre qué hacer ante la crisis económica, de gobernabilidad y seguridad. Como los acuerdos con los empresarios no han sido divulgados, partidos oficialistas piden que se explique su alcance. El temor sobre el diálogo que arranca ahora ha llevado a Maduro a asegurarle a su movimiento: “Sería un traidor si me pongo a negociar la revolución”.

Por su parte, la dirigencia opositora protesta unida contra el Gobierno y la represión, pero no está de acuerdo en cómo caracterizar la situación ni en qué hacer. Unos presionan por la “salida” de Maduro, a quien consideran aislado. Más que un diálogo que “estabilice la dictadura”, quieren el fin inmediato del gobierno. Otros luchan por construir una mayoría social y política que extienda la oposición a sectores bajos y gane su apoyo electoral para construir un nuevo modelo de sociedad. Estos participan en el diálogo en busca de soluciones estructurales.

El desacuerdo se refleja entre los estudiantes, que sienten amenazado su futuro. Mientras la ‘Junta patriótica estudiantil y popular’ defiende las barricadas en barrios o espacios públicos, otros rechazan los enfrentamientos con la fuerza pública y prefieren dialogar al mismo tiempo que se amplían las manifestaciones contra la inseguridad, la inflación y la escasez.

La salida del oscuro callejón no será fácil ni rápida. Por lo pronto, Unasur y el delegado del papa tendrán que ayudar a desarmar el lenguaje para que ambos lados se reconozcan y el diálogo pueda generar resultados, ojalá aceptables para todos.

Socorro Ramírez

 El Tiempo.com