La Corte Internacional de Justicia ha rechazado por catorce votos contra uno, el recurso de inadmisibilidad, presentado por Venezuela, de la demanda interpuesta por Guyana solicitando que se confirme la validez del Laudo Arbitral de 1899. En un poco serio y sibilino comunicado de la Cancillería venezolana se afirma que “Venezuela celebra que la sentencia de la Corte valide nuestros argumentos”, tratando evidentemente de confundir a la opinión pública no enterada del tema. Antes que nada, los venezolanos deberían hacerse la pregunta: ¿Cómo es posible que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres y el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia? Los tres interpretaron que el Acuerdo de Ginebra le daba la competencia al Secretario General de escoger el medio de solución de la controversia, si no había acuerdo entre las partes.

 

 

La CIJ siempre ha sido, desde la misma firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. La falta de profesionalismo y la irresponsabilidad de los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. Cuando a finales del 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de un barco de exploración sísmica, el gobierno guyanés manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, la negociación bilateral asistida por un representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ. El gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar con los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación, por ejemplo.

Ahora que Venezuela tiene hasta abril del 2024 para presentar su “contramemoria” a la demanda de Guyana, la gran mayoría de los juristas especialistas en el tema afirman que debemos prepararnos, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito. Sin embargo, en el gobierno hay un sector que piensa que lo más conveniente es asumir una “narrativa” ideológica antiimperialista acusando a la CIJ de ser un instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON y rechazar participar en el proceso. Por cierto, “curiosamente” al gobierno siempre se le olvida mencionar que el socio de la EXXON, en Guyana, es la CNOOC, la compañía estatal de China, “aliado estratégico” del régimen. Esta posición es de una extrema irresponsabilidad.

 

 

La Corte, con o sin la presencia de Venezuela, seguiría el proceso y en unos pocos años dictaría su sentencia que es de obligatorio cumplimiento y no tiene recurso alguno. Además, no hay que olvidar que, después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas, si no hubiese acuerdo entre las partes. Algunos creen también que, si rechazamos participar en el proceso, podríamos lograr que Guyana acepte negociar de nuevo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. En mi opinión, ahora que Guyana ha logrado llevar la controversia a la CIJ, su escenario preferido desde 1966, no tiene ningún interés en negociar hasta tanto la Corte dicte su sentencia. Ojalá que el gobierno escuche las sugerencias de los expertos en el tema.

 

         Sadio Garavini di Turno

Así como la “Gran Depresión”, iniciada en 1929 y en particular la II Guerra Mundial, crearon las condiciones para el fortalecimiento del Estado como motor y rector de la economía, el Covid 19 está creando las condiciones para un retorno de las ideas que promueven la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Se debilita claramente la imagen del modelo económico liberal-libertario que propugna el Estado mínimo. Pero este fortalecimiento del Estado no debe conducir al retorno del modelo del socialismo real, aunque algunos puedan tener sus ilusiones.

“El socialismo no sólo no creó riqueza, sino ni siquiera distribuyó con justicia la pobreza”. Esta frase del dirigente polaco Bronislaw Geremek explica, en buena parte, el colapso del sistema colectivista de la URSS y sus satélites comunistas y el estruendoso fracaso del modelo de desarrollo estatizante y proteccionista, adoptado en gran parte del mal llamado Tercer Mundo, durante buena parte de la posguerra. Por tanto, en el debate socioeconómico post Corona virus, frente a la crisis del modelo paleo liberal y el riesgo del retorno al fracasado estatismo colectivista, creo que el exitoso modelo de la economía social de mercado alemana, la “sozialemarktwirtschaft», iniciada por Ludwig Erhard, durante el gobierno democristiano de Konrad Adenauer y adoptada, con sus matices, por la mayoría de los países del norte de Europa, es el modelo más adecuado para el “nuevo tiempo” post pandemia. La economía social de mercado ha logrado conciliar más satisfactoriamente la eficiencia económica con la solidaridad y la justicia social. Se acerca más a lo que Juan Pablo II, en la “Centesimus Annus” define como “una economía social que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común”.

En efecto el mercado es un verdadero y necesario motor de la historia, promotor del cambio y la innovación tecnológica, pero como todo mecanismo es ciego, crea riqueza pero la reparte con indiferencia, produciendo zonas y sectores de abundancia y de miseria. Además el mercado es inestable. Es sacudido por recurrentes crisis, desastres financieros y quiebras. Recordemos la crisis financiera del 2008. El mercado está formando una sociedad caracterizada por el relativismo ético y un materialismo hedonista y superficial que, como el hombre necio de Machado, confunde valor y precio. Una sociedad no debe andar muy bien si los héroes de buena parte de la juventud son sólo actores, modelos, “influenciers” o jugadores de algún deporte, en cambio de médicos, profesores, empresarios o estadistas. Mucho puede y debe cambiar después de la trágica pandemia.

Sadio Garavini di Turno

@sadiocaracas

En Venezuela estamos sufriendo un gobierno depredador y forajido, que quisiera implantar un régimen totalitario, similar al cubano, pero no tiene la capacidad ni la eficiencia para concretarlo y que puede calificarse como un totalitarismo fallido: una dictadura chapada  a la antigua, pero con fachada neocomunista. La historia del último medio siglo nos enseña que las dictaduras se enfrentan exitosamente a través de diversos “caminos”, en la mayoría de los casos, complementarios.  Los “caminos” pueden ser catalogados en dos renglones: Presiones nacionales y presiones internacionales. Las nacionales, por ejemplo, incluirían protestas pacíficas y no violentas. Protestas que pueden también ser alrededor y en combinación de movilizaciones electorales. Incluyen también guerrillas como la Contra en  Nicaragua y el ANC en  Suráfrica, y obviamente los diversos tipos de golpes de Estado militares. Entre las presiones internacionales,  hay que mencionar las diplomáticas, que conducen al aislamiento y reducen la imagen y el prestigio del gobierno forajido, las sanciones financieras y comerciales, el apoyo financiero y logístico a las guerrillas internas, como en el caso de la Contra en Nicaragua, el apoyo discreto a un golpe de Estado y la intervención militar directa, como pasó en  la caída de la “narcodictadura” de Manuel Noriega en Panamá. Salvo en los casos de golpe militar e intervención militar externa, el proceso de presiones termina cuando  hay un resquebrajamiento del régimen y  asume el control del gobierno el sector que acepta   una salida negociada y pacífica. Al respecto la historia enseña que son necesarias garantías políticas y personales  para una buena parte de los dirigentes del régimen. Recordemos los casos de Pinochet y Humberto Ortega, quienes se mantuvieron en la comandancia del Ejército de Chile y Nicaragua por varios años.

En el caso venezolano actual,  por largos cuatro meses se mantuvo un proceso de protestas básicamente pacíficas, que fueron reprimidas violentamente, “manu militari”, con el resultado de alrededor de 120 muertos y miles de detenidos y torturados. Uno de los errores de una parte de la dirigencia de la oposición fue haber creado la imagen de que “faltaba poco” (hora cero, etc.) para que el régimen se tambaleara. No fue el debate–dilema sobre las elecciones regionales que enfrió la “calle”. Después de cuatro meses de protestas  casi diarias ya había cansancio y fatiga. Particularmente en los sectores populares, que necesitan trabajar, cobrar y  comprar diariamente.  El debate sobre las elecciones regionales ya es pasado, la decisión fue tomada. Sabemos que el régimen puede abortar los comicios, hacer todas las trampas y además quitarles las atribuciones a los posibles gobernadores democráticos. Pero lo relevante es aprovechar la campaña electoral para movilizar y organizar de nuevo en todo el país la protesta. Son centenares los candidatos y miles sus parientes y seguidores que van a recorrer los barrios subrayando el desastre socioeconómico producido por un gobierno incapaz, corrupto y con las “ideas muertas” de un modelo fracasado.  Por eso, hay que participar en la movilización electoral. Además, los gobiernos democráticos amigos así lo solicitan.  La comunidad internacional ha claramente acentuado sus presiones diplomáticas y sus sanciones tanto individuales como institucionales. China tiene intereses básicamente económicos y comerciales en Venezuela, teme por su deuda y estaría dispuesta  a negociar con quien pueda un día responder al teléfono en Miraflores. Rusia no es la URSS, ni financiera ni militarmente. Es un gigante disminuido, con pies de barro. Aprovechará de la debilidad del régimen para adquirir, a precios favorables, activos petroleros y materias primas, pero no tiene ni la capacidad ni la voluntad de subsidiar totalmente a un gobierno fallido. El fracaso socioeconómico madurista le está afectando a Cuba, con la disminución del subsidio petrolero. Pero los cubanos son también suficientemente pragmáticos para entender que no les conviene hundirse con un barco seriamente averiado y estarían dispuestos también a negociar con quien les pueda conceder una reducción gradual y concertada del apoyo petrolero.  La oposición democrática debe transformar  la unidad  electoral en una unidad de estrategia y sobre todo de comando. La fundamental interlocución internacional  debe ser definida y coordinada  por el más alto liderazgo político de la MUD.

Venezuela vive una nueva  etapa en un traumático, pero inexorable, proceso de cambio.

Sadio Garavini

@sadiocaracas   

Frente a la pérdida del apoyo popular y al desastre socioeconómico, el directorio feudalizado que gobierna el país ha optado por un aumento impresionante de la represión, ya son más de 80 las víctimas mortales,  y la implantación de un régimen totalitario, similar al modelo cubano, a través de una asamblea constituyente electa de forma parecida a una mezcla de los soviets de la extinta URSS,  el Congreso Corporativo fascista de Mussolini y los “bantustans” del apartheid surafricano. En  el chavismo existen  sectores que no acompañan la intención totalitaria y colectivista de la mayoría actual del directorio. Es evidente que la Fiscal General no está sola en sus denuncias de violación del orden constitucional y de las atrocidades cometidas por la Guardia Nacional y los paramilitares del régimen. En la comunidad internacional  hay una creciente conciencia de la vocación totalitaria del régimen y de la gravedad del desastre socioeconómico, que podría crear una emergencia humanitaria, con miles de potenciales refugiados buscando amparo en los países vecinos. Todas las transiciones no violentas de un gobierno autoritario a uno democrático en el último medio siglo, como España, Polonia, Chile, Sur África, Nicaragua, Brasil, entre otras, se han dado por una “pinza” eficiente de presiones nacionales e internacionales. El fin del régimen autoritario, en estas transiciones, no se da hasta que por lo menos un importante sector del mismo percibe que la salida negociada es la única manera de evitar consecuencias muy negativas para el país y su futuro político y personal. Por tanto hay transición democrática y pacífica si hay segmentos del régimen que se convencen que la transición es conveniente o por lo menos es el mal menor para ellos. La oposición debe reforzar estos elementos del régimen dando garantías políticas, económicas y personales. Las garantías  deben incluir al sector militar que prefiera  ser  garante institucional de la Constitución y rechace el rol  de guardia pretoriana de un gobierno ilegítimo.

En el caso venezolano, dado el violento enfrentamiento actual, cualquier posible transición pacífica implica necesariamente la participación de la comunidad internacional. En las exitosas transiciones centroamericanas, que acabaron con terribles guerras civiles, fue esencial la formación de los Grupos de Amigos, integrados por un número limitado de gobiernos americanos y extra hemisféricos, aceptables para ambas partes, aunque algunos podían tener mayores “simpatías” con una de ellas. Los integrantes de un Grupo de Amigos deben ser, preferiblemente, países con “peso específico” y “auctoritas” relevantes y por tanto con capacidad de influencia sobre las partes. Maduro ha invitado a los gobiernos de El Salvador, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Uruguay para activar una mediación que contribuya a una salida pacífica a la  crisis venezolana. Uruguay ha declarado estar dispuesto a participar siempre y cuando se amplíe el Grupo con otros gobiernos que tengan la aceptación de la oposición democrática venezolana. El Presidente del Perú ha propuesto un Grupo integrado por dos gobiernos cercanos al gobierno Maduro, dos a la oposición y un quinto seleccionado por los cuatro anteriores. Considero que el gobierno de Uruguay y la S. Sede, que mantienen comunicación positiva con ambas partes del conflicto, deberían asumir un rol más activo para la formación del Grupo de Amigos, recordemos que los Grupos en Centroamérica se formaron sólo por la voluntad de sus miembros y la aceptación de las partes,  sin necesidad de la intervención de la OEA.

La tragedia venezolana se está acelerando en una carrera hacia una especie de totalitarismo fallido, donde se combina la vocación totalitaria del gobierno con su incapacidad de evitar el caos y la anarquía y de controlar los desmanes de sus órganos represivos estatales y paramilitares. La Iglesia Católica, tanto como actor con “auctoritas” en Venezuela y como miembro de la comunidad internacional, tiene un papel fundamental para facilitar las comunicaciones necesarias y evitar un desastre humanitario mayor. A la comunidad internacional le recuerdo de nuevo:” Vigilia Pretium Libertatis”

Sadio Garavini

@sadiocaracas

El 16 de diciembre el saliente  Secretario General de la ONU publicó un comunicado sobre la controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, en el cual se afirma que el Proceso de los Buenos Oficios, iniciado en 1990, para tratar de buscar una solución a la controversia “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación”. Ban Ki-moon, agrega que ” también ha llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en seguir con el proceso de los Buenos Oficios, que no es otra cosa que una negociación bilateral asistida, en cambio la entonces Canciller guyanesa Carolyn Rodriguez, ya a fines del 2014 manifestaba que habían pasado más de dos décadas y dado que los Buenos Oficios no habían dado ningún resultado había que explorar otras opciones, mencionando la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El nuevo gobierno del Presidente David Granger, a partir del 2015 inició una activa y decidida estrategia diplomática, para convencer al Secretario General que la Corte era el medio de solución adecuado para resolver de una vez la controversia. Al mismo tiempo empezó a prepararse para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ya ha contratado al experto jurista internacional iraní-canadiense el Dr. Payam Akhavan y al muy respetado exCanciller de Guyana y exSecretario General del Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años  dos altas funcionarias guyanesas: Valerie Moss, Sub Secretaria General para Asuntos Humanitarios y Catherine Pollard, Secretaria General Asistente para la Asamblea General. Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El encargado oficial, el  Embajador Roy Chaderton tuvo por años cinco cargos que ejercer y aun cuando ha dejado algunos, le han dado otros como formar parte del equipo negociador en el llamado “diálogo” con la oposición. Y en cuanto a la asesoría, extraoficialmente me han informado que los asesores internos son unos respetables profesores de Derecho Penal y más recientemente he escuchado que han contratado a juristas internacionales que han estado involucrados en la defensa de la posición nicaragüense en el caso de la delimitación marítima frente a Colombia en la CIJ. Al respecto, el gobierno debería haber informado al país.

El Acuerdo de Ginebra de 1966 es el tratado que rige la reclamación venezolana sobre el Esequibo y en su Art. I se lee que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es  establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art. 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de Ban es obvia y absolutamente favorable a Guyana. Lo único que debe hacer Guyana es dejar pasar un año más sin acordar ningún arreglo y logrará su objetivo. Hay juristas nacionales que afirman que estamos obligados por el Acuerdo a someter el caso a la Corte, otros que sostienen que someterse a la jurisdicción de la CIJ, para Venezuela, siempre es voluntaria. De todas maneras, no respetar la decisión del Secretario General tendría costos políticos para Venezuela, que sería acusada, con razón o sin razón, de violar un tratado internacional. El gobierno guyanés debería también entender que una  solución definitiva de la controversia, sostenible en el tiempo, difícilmente pasará por una decisión suma-cero, totalmente favorable a una de las partes. Ojalá en el 2017 el nuevo Buen Oficiante “con mandato reforzado de mediación”, que todavía no ha sido nombrado, pueda encontrar un imaginativo medio de solución, aceptable para las partes, quizás, por ejemplo, una  mediación combinada con un arbitraje “ex aequo et bono” (con árbitros que fallan como amigables componedores).

SADIO GARAVINI DI TURNO

@sadiocaracas

Octavio Paz dijo una vez: “La ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar”. En efecto, para los comunistas la necesidad de creer es más fuerte que la necesidad de saber. Vaclav Havel afirmó también que: “el régimen comunista es cautivo de sus propias mentiras, debe falsificar absolutamente todo. Falsifica el pasado, falsifica el presente y el futuro. Falsifica las estadísticas. Finge no poseer un omnipotente aparato policial carente de principios. Finge respetar los derechos humanos y finge no procesar a nadie. Finge no temer nada. Finge no fingir nada”.

Los comunistas sufren de disonancia cognitiva. Si la realidad no se adapta a su visión ideológica, en otras palabras, si la realidad contradice sus creencias, rechazan la realidad. Podríamos afirmar que sus creencias están más afincadas en el estómago que en su cerebro. Si la realidad  se opone a su ideología, “vomitan” la realidad. Al respecto, Papaioannou dice: “Desde el principio el comunismo ha tenido una certidumbre de su propia verdad inmunizada contra cualquier otra posibilidad”.

El régimen chavista en Venezuela padece de disonancia cognitiva, por eso Maduro y su Canciller Delsy Rodriguez declaran, sin sonrojarse, que su gobierno ha asumido y ejerce plenamente la presidencia pro-tempore de Mercosur, aun cuando los otros cuatro miembros de la organización desconocen esa declaración unilateral y además advierten que, si para el próximo primero de diciembre el gobierno venezolano no ha “internalizado” el legado jurídico del bloque, tanto comercial como en materia de derechos humanos, será suspendido del grupo.

También en el delicado y complejo tema de la controversia con Guyana sobre el territorio Esequibo, Maduro contradice la verdad cuando sólo a partir del 2015 acusa a la Exxon-Mobil, como “instrumento” del  gobierno norteamericano, de ser parte de una “agresión” contra Venezuela en alianza con el nuevo gobierno guyanés, calificado de extrema derecha, por iniciar la exploración petrolera en la Zona en Reclamación y en  la fachada atlántica venezolana del delta del Orinoco. “Olvidando” que en la concesión, la Exxon está asociada con la China National Offshore Corporation (CNOOC), 100% de capital estatal chino  y socia de Pdvsa en la Faja del Orinoco y en el proyecto de gas costa afuera Mariscal de Ayacucho. “Olvidando” también que la concesión petrolera fue entregada  en el 2009 por el anterior gobierno guyanés del Presidente Ramotar, con el cual Chávez mantuvo óptimas relaciones. Además decir que el nuevo gobierno es de extrema derecha demuestra una absoluta falta de seriedad. Ambos partidos mayoritarios en Guyana se declaran socialistas. El actual presidente Granger es el líder del partido de Forbes Burnham, gran amigo de Fidel Castro y el Primer Ministro Nagamootoo es el líder de una escisión del PPP de Cheddi Jagan, que fue miembro de la Internacional Comunista.

Por eso y mucho más, tiene razón el gran intelectual polaco Lezsek Kolakovsky cuando afirmó que “la mentira es el alma inmortal del comunismo”.

Sadio Garavini

@sadiocaracas

Después de 11 años de abandono de la reclamación y de la defensa de nuestros derechos en la fachada atlántica del Delta del Orinoco, el gobierno de Maduro invierte el rumbo y pone el tema del Esequibo en el primer plano de la agenda del gobierno. Traicionando, según la prensa guyanesa, el legado «internacionalista» del presidente Chávez.

Es evidente que la inversión de rumbo tiene como objetivos:

 
1) Tratar de recuperar puntos en el apoyo popular en vista de las próximas elecciones parlamentarias, manipulando el mensaje nacionalista.

 
2) Distraer la atención del desastre socioeconómico que las «ideas muertas» del gobierno han producido.

 
3) «Complicarle la vida» a la oposición exigiéndole unidad nacional frente a la supuesta agresión de la Exxon, el imperio y sus «títeres» guyaneses.

 
4) Calmar y distraer al sector de la FFAA preocupado por la reclamación y la defensa de la fachada atlántica.

Hay que criticar el olvido y el abandono del tema durante 11 años, particularmente porque Maduro fue canciller por 6 años. Pero, hay que notar como positivo el nuevo interés en el tema. Ahora bien, es una falta de seriedad y responsabilidad tener todavía como negociador-facilitador, en el proceso del Acuerdo de Ginebra, al embajador Roy Chaderton quien tiene 5 cargos que atender. Guyana, en cambio, mantiene un negociador a tiempo completo, apoyado por un grupo de expertos que son los mismos desde hace más de 30 años. Son preocupantes las incoherencias y la falta de capacidad profesional en el manejo de la crisis. En efecto, cada miembro del directorio «feudalizado» que gobierna actúa independientemente del resto. Por eso, el decreto 1787 original fue reformado primero, por «fallas en los originales» y después derogado y sustituido por el 1859. Maduro insiste en afirmar que quiere mantener el proceso del Acuerdo de Ginebra en la negociación bilateral, a través del mecanismo de los buenos oficios, pero insulta al presidente Granger (peón de la Exxon, vomitivo, etc.) contradiciendo una de las reglas básicas de la teoría de la negociación: «Ataque al problema y no a la persona del adversario».

Se le envía una nota de protesta a la Exxon, acusándola de violar el Acuerdo de Ginebra. Olvidando que la Exxon no es obviamente parte de ese tratado internacional y que, en la concesión petrolera Stabroek, está también la China National Offshore Oil Corporation, 100% de capital estatal chino y socia de Pdvsa en la faja petrolífera y en el proyecto gasífero Mariscal Sucre. Además se acusa al nuevo gobierno Granger, con sólo meses en el poder, de títere de la Exxon y del imperio, olvidando que todas las concesiones fueron otorgadas hace ya bastante tiempo por el gobierno anterior. Se afirma ridículamente que el gobierno Granger es de ultraderecha cuando todos los partidos de la coalición de gobierno son socialistas. Granger es el líder del partido de Forbes Burnham, gran amigo de Fidel Castro y el primer ministro Nagamootoo es el líder de una escisión del PPP de Cheddi Jagan, quien fue miembro de la Internacional Comunista.

Hay que insistir en el nombramiento de un negociador-facilitador a tiempo completo para que coordine toda la acción internacional del gobierno, en el marco del Acuerdo de Ginebra. El nuevo negociador además debe ser apoyado por un grupo de funcionarios y respaldado por un consejo asesor de expertos nacionales e internacionales. Hay que promover el decreto de fijación de la plataforma continental en nuestra fachada atlántica del Delta del Orinoco, salvaguardando nuestros derechos sobre la fachada atlántica del Esequibo. Mantener el patrullaje tradicional de la Armada en la fachada atlántica y declarar «urbi et orbi» que la salida libre al Atlántico de Venezuela no es negociable.

sadiogta@gmail.com

Con el decreto 1.787 del 27 de mayo Venezuela crea y activa unas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular (Zodimain). En la Zodimain Atlántica, se incluye además de las áreas marinas y submarinas de nuestra fachada atlántica y de la Zona en Reclamación, buena parte de la fachada atlántica guyanesa, pero también aguas correspondientes a Surinam y Guayana Francesa, violando además el límite marítimo entre Guyana y Surinam, fijado en el Laudo Arbitral de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2007. El decreto tiene el aspecto positivo de demostrar que en la Fuerza Armada y en el gobierno, después de años de inacción y olvido hay preocupación por las acciones de Guyana, tanto en la Zona en Reclamación del Esequibo como en nuestra fachada atlántica. Sin embargo, el aspecto negativo es la extralimitación del decreto, al afectar Surinam y la Guayana Francesa y violando un arbitraje de la CIJ. Después de la protesta de Guyana el decreto fue reimpreso por «fallas en los originales» y se le agregó un párrafo que menciona que las líneas definitivas se fijarán una vez que se resuelva la controversia con Guyana según el Acuerdo de Ginebra de 1966. El párrafo y un comunicado de la Cancillería que propone un pronto encuentro entre los dos cancilleres parecían dirigidos a bajar las tensiones. Por otro lado, Maduro acusa a la Exxon-Mobil, como «instrumento» del gobierno norteamericano, de ser parte de una «agresión» contra Venezuela en alianza con el nuevo gobierno guyanés, calificado de extrema derecha, por iniciar la exploración petrolera en la concesión Stabroek, que abarca áreas tanto de la Zona en Reclamación como de la fachada atlántica venezolana del delta del Orinoco. Olvidando que en la concesión, la Exxon está asociada con la china National Offshore Corporation (Cnooc), 100% de capital estatal chino y socia de Pdvsa en la Faja del Orinoco y en el proyecto de gas costa afuera Mariscal de Ayacucho. Olvidando también que la concesión fue entregada por el anterior gobierno guyanés. Además, decir que el nuevo gobierno es de extrema derecha demuestra una absoluta falta de seriedad. Ambos partidos mayoritarios en Guyana se declaran socialistas y además puedo afirmar que el actual partido mayoritario en la coalición de gobierno, cuando estuvo en el poder antes de 1992, mantuvo una política bastante más a la izquierda que el del saliente presidente Ramotar. Pero frente a la reclamación venezolana Guyana ha seguido siempre una política de Estado. A lo largo de más tres décadas, todos los gobiernos han mantenido la misma estrategia y, en buena parte, los mismos asesores y expertos. Maduro anunció en su discurso ante la Asamblea Nacional que, por sugerencia del Tribunal Supremo de Justicia, el decreto 1.787 será sustituido y «perfeccionado» por el 1.859, y que «se verificarán técnicamente» las líneas de las Zodimain.

Es evidente que en el directorio que gobierna Venezuela hay diferencias en relación con el tema de Guyana, por una parte un sector resiente la acusación del gobierno guyanés y de la prensa caribeña que el gobierno Maduro, por su debilidad interna, está traicionando el legado «internacionalista» del Comandante Chávez. Otro sector está decidido a utilizar la supuesta conspiración de la Exxon, el» Imperio» y sus» títeres» guyaneses para tratar de recuperar puntos en el decaído apoyo popular de cara a las próximas elecciones legislativas. El discurso de Maduro demuestra que la mayoría del directorio ha optado por la utilización de la reclamación del Esequibo, así como también del enfrentamiento con la llamada «oligarquía mediática» de Bogotá con el objetivo de exacerbar el nacionalismo en función electoral, distraer la atención del desastre socioeconómico y tratar de poner en dificultad a la oposición exigiendo la necesaria Unidad Nacional frente a la agresión externa. Maduro llamó a consulta a la embajadora en Guyana y «revisará» todas las relaciones con Guyana, también anunció una campaña internacional de opinión sobre el tema de la reclamación y nombró una comisión presidencial de altos funcionarios para asuntos limítrofes. El gobierno, para demostrar seriedad en la reclamación, debería además de mantener el patrullaje tradicional de la Armada en nuestra fachada atlántica, nombrar, con urgencia, un negociador por Venezuela a tiempo completo. El actual encargado, Roy Chaderton, tiene otros cuatro cargos que atender. El nuevo negociador debe ser asistido por un equipo de funcionarios y apoyado por una comisión de expertos. Hace falta una verdadera política de Estado, por encima de las diferencias políticas, para un asunto de Estado.

Sadio Garavini

@sadiocaracas