De todos los problemas que perturban al país, el de la migración venezolana es el único al que no hemos prestado la debida atención. No debemos tomarlo como un mal sin remedio, sino como un fenómeno infortunado que requiere medidas humanas y prudentes.

Ya explicaré por qué, cada noche al encender el televisor para conocer las últimas noticias, me sorprende encontrar al incansable presidente Duque en el lugar más inesperado: sea en Washington, Lima, México, París, Madrid, Pekín, o en los sitios más remotos de Colombia que afrontan dolorosos problemas. Duque los encara, no los rehúye. Propone medidas que quedan en manos del Gobierno o del Congreso cuando exigen proyectos de ley.

Vuelvo al duro caso de los migrantes venezolanos, que suman hoy 1’400.000. La mayoría no tienen derecho a trabajar por falta del permiso especial de permanencia (PEP). Sus niños carecen de escuela. Viven en un ocio desesperado por falta de alimentos. Es apenas comprensible que las llamadas ‘jornadas’, o adjudicación de permisos de trabajo, sean demoradas y restrictivas; solo benefician a un 10 por ciento de estos migrantes. No es culpa de nuestros servicios de migración, pues sus directivos se ven obligados a tomar en cuenta las altas tasas de desempleo que existen en el país.

Como gran cantidad de venezolanos no pueden trabajar, a muchos de ellos se les ocurre buscar oficios informales para su subsistencia. Por ejemplo, los despachos a domicilio de alimentos o medicinas. Otros apelan desesperadamente a la mendicidad. En Cúcuta, algunos viven en zonas de albergue financiadas por algunas ONG o por generosas empresas nacionales. Sin embargo, muchos yacen aún en terrenos baldíos o en casas abandonadas. En Bogotá ocupan extensas zonas del sur, especialmente en Soacha, pidiendo limosna en los semáforos o en el TransMilenio. Algunos acompañan su demanda con bailes y cantos.

No deben olvidarse los riesgos de tal situación. A la larga inducen a no pocos migrantes a trabajar en los cultivos ilícitos de coca o a ser reclutados por grupos irregulares que se sostienen con dinero del narcotráfico. Los primeros en advertir este peligro son algunos prominentes venezolanos, refugiados también en Colombia por la persecución política de Maduro. Tal es el caso de Gabriel Valles, un activista en derechos humanos que padeció cuatro años de cárcel por denunciar a los grupos de guerrilleros colombianos que viven en Venezuela bajo la protección de aquel régimen dictatorial. Son los mismos grupos que cruzan esporádicamente la frontera para atacar por sorpresa a propietarios de fincas o a nuestras guarniciones militares.

Hombre joven, de solo 32 años de edad, graduado en Ingeniería de Sistemas, Valles, en una entrevista en EL TIEMPO, contó cómo el gobierno chavista buscó hacerle perder la vida –o al menos la razón– recluyéndolo bajo tierra, en un profundo sótano sin ventanas conocido como ‘la tumba’, donde no sabía la hora ni el día. Solo lo salvó descubrir su milagrosa afición a la pintura. Ahora lo lastima la lejanía de sus padres, médicos ambos que viven en Valencia y no podrán verlo sino hasta la anhelada caída de Maduro.

Conmovido por la situación de los miles de niños migrantes que deambulan por calles y plazas, sin acceso a centros de educación y con el peligro de que tomen el camino del mal, está promoviendo un proyecto piloto para organizar clases, entre otras de artes plásticas, con el fin de generarles creatividad y buenos hábitos. Su proyecto se está gestando gracias a la Fundación Bosquejo y a la organización Un Mundo Sin Mordaza.

Mi conclusión: no podemos ser ajenos a la suerte de los migrantes venezolanos. Nos corresponde no solo por razones humanitarias, sino por el equilibrio social del país.

Plinio Apuleyo Mendoza

Publicado originalmente en el diario El Tiempo (Colombia)

Pensaba ocuparme en esta columna de la campaña electoral y más concretamente de las coaliciones que se están formando, cuando las acciones terroristas del ELN contra estaciones de policía en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa conmocionaron al país. No podemos pasarlas por alto. Obedecen a una calculada estrategia que, además de poner en peligro el señuelo de la paz, busca con ella obtener los mismos dividendos políticos logrados por las FARC abriéndonos un porvenir incierto.

En efecto, los “elenos” saben que las acciones terroristas les sirvieron a las FARC para que el gobierno terminara cediendo a sus exigencias. De ahí que, siguiendo este ejemplo, pocas horas después del cese del fuego alarmaran al país utilizando una vieja arma suya: los atentados a los oleoductos. Ahora, queriendo parecer más contundentes que las FARC cuando estas se hallaban en su apogeo, eligieron como primer objetivo de sus ataques a Barranquilla en vísperas de su Carnaval, justamente por ser la ciudad más pacífica y emprendedora del país.

Hay algo más que debe tenerse en cuenta: la complicidad del gobierno de Maduro con la cúpula del ELN, alojada en territorio venezolano. Desde allí, de tiempo atrás, se han venido organizando duros y sorpresivos ataques a nuestras guarniciones militares en Arauca. Ahora hay fundamentos para creer que desde Venezuela, en combinación con las milicias urbanas del ELN en Bogotá, se planearon las recientes acciones terroristas que dejaron 7 policías muertos y 45 más heridos en zonas del Caribe que hoy reciben millares de refugiados venezolanos.

Esta mortífera guerrilla seguirá intensificando sus acciones, a sabiendas de que muy poco puede hacer la fuerza pública contra sus clandestinos atentados.

La captura de Cristian Camilo Bellón refuerza esta sospecha. No se trata, ciertamente, de un guerrillero con gorra y fusil, sino de un antiguo estudiante de la Universidad Pedagógica que acabó haciendo suyos los postulados del ELN. Con tal perfil organizó un grupo de activistas que mantuvo estrecha relación con el chavismo venezolano. Según informes recogidos por el fiscal Néstor Humberto Martínez, Bellón llegó a Barranquilla desde Cúcuta habiendo estado antes en Venezuela.

En su apartamento de Bogotá, allanado por las autoridades, se encontraron videos de varias estaciones de policía, entre ellas la del barrio San José en la capital del Atlántico, así como un teléfono desde donde se habría hecho la llamada que por control remoto activó la explosión.

Una vez más, el gobierno no tuvo otra alternativa que suspender los llamados diálogos de paz con el ELN en Quito. Todo el mundo acepta como obvia esta decisión, que en verdad no resuelve nada. Esta mortífera guerrilla seguirá intensificando sus acciones, a sabiendas de que muy poco puede hacer la Fuerza Pública contra sus clandestinos atentados. Como bien lo dice Juan Lozano, “los errores en la negociación con las FARC están pasando una factura multiplicada”.

No hay un real posconflicto. Los frentes de guerra continúan más intensos que nunca no solo en las zonas donde reina el narcotráfico, sino en otras vastas regiones, por culpa de los clanes, las bandas criminales, el EPL y los desertores (y no simplemente disidentes) de las FARC. A todo ello debemos sumar la delincuencia común, cuyas bandas bien organizadas aterrorizan hoy en Bogotá a todos los estratos sociales.

Basta ver los noticieros de televisión, en los cuales el menú contiene diariamente asaltos, asesinatos, robos, secuestros, corrupción rampante, para que uno se pregunte de qué paz habla el gobierno. Esa misma duda la tienen nuestras Fuerzas Armadas.

Solo horas después de los atentados, cuando Barranquilla no acababa de sepultar a sus muertos, “Pablo Beltrán”, el jefe negociador del ELN en Quito, no tuvo inconveniente en declarar que estaba dispuesto a continuar con los diálogos. Tarde o temprano, el gobierno terminará reanudándolos. Y no nos engañemos: el ELN quiere una paz a precio de guerra.

Plinio Apuleyo Mendoza

Me duele encontrarlos en los semáforos vendiendo cualquier cosa a cambio de unas monedas. Me cuentan que en las puertas de las universidades, en los puentes peatonales y en el propio Transmilenio venden arepas o golosinas o forman grupos de canto sin que nunca pierdan la oportunidad de exponer ante los transeúntes las razones de su éxodo. Me siento más tranquilo cuando descubro que algunos de ellos han encontrado trabajo en una peluquería o en una tienda de ropa.

Me refiero, desde luego, a los migrantes venezolanos que, abrumados por la penuria en que los ha sumergido el régimen de Maduro, no tienen otra alternativa que refugiarse en Colombia. Según cálculos de la Federación de Venezolanos, hoy estos migrantes suman más de 1 millón, la mayoría de ellos esperando un permiso legal de residencia.

Con la mala memoria, propia de un país donde los menores de 30 años son mayoría, hemos olvidado que una situación similar fue vivida por millones de colombianos que en los años cincuenta buscaban escapar de la terrible violencia política que azotó el país. Yo viví con mi familia esa situación. Condenado a 25 años de cárcel por haber organizado un frustrado levantamiento militar contra el régimen conservador, mi padre escapó a un inminente arresto asilándose en la Embajada de Venezuela. Tenía muchos amigos en ese país, pues había sido embajador ante el gobierno de Isaías Medina Angarita. Por obra de este exilio que duró cerca de 12 años, sus hijos emigramos también.

Sí, era una Venezuela rica y próspera gobernada por un dictador, el general Marcos Pérez Jiménez. No había libertad de prensa. Los dirigentes de los dos grandes partidos, Copei y Acción Democrática, habían tomado el camino del exilio. Quienes intentaban conspirar corrían el riesgo de caer en manos de la Seguridad Nacional, dirigida por el temible Pedro Estrada.

Lo sorprendente es que, pese a esta situación, Venezuela vivía una ostentosa prosperidad gracias a sus enormes yacimientos de petróleo y hierro. Pérez Jiménez los aprovechó para impulsar programas de infraestructura con la construcción de autopistas, puentes, vivienda popular y obras de gran envergadura. Sin abandonar la represión propia de una dictadura militar, atrajo capital extranjero. En favor del desarrollo agrícola e industrial les abrió las puertas del país a los inmigrantes de Italia, España y Portugal. Los colombianos, por su parte, se hicieron presentes en diversas áreas, desde mecánicos y empleadas del servicio doméstico hasta profesionales, catedráticos, periodistas e intelectuales renombrados. Muchos de ellos se establecieron para siempre en Venezuela. No es pues extraño que sus descendientes formen parte de los inmigrantes que hoy se refugian en Colombia.

La Venezuela de hoy, con una economía en ruinas y una población que está padeciendo hambre, no guarda relación alguna con aquella que, sin perder su floreciente bonanza económica, logró recuperar la democracia tras la caída de Pérez Jiménez. Siendo director de conocidas revistas, me hice amigo de relevantes líderes, como Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt, Luis Herrera Campins, Carlos Andrés Pérez, Ramón Velázquez o Teodoro Petkoff. Dos de mis hermanas fueron allí periodistas muy conocidas. Una de ellas, Soledad Mendoza, tiene la nacionalidad venezolana y sus hijos, venezolanos también, sufren hoy el acoso del régimen. Uno de ellos, excelente fotógrafo, arriesgó su vida en las marchas de protesta tomando imágenes de hambre, desesperación e ira. ¿Qué va a pasar? La oposición dejó la calle después de 120 muertos y ahora la Mesa de Unidad Democrática se encuentra dividida en torno a las elecciones regionales del próximo mes. Para la mayoría, volver a las urnas es impedir que Maduro consolide su dictadura. Para otros, como María Corina Machado, es ser partícipes de una farsa.

Sí, la Venezuela de hoy está muy lejos de la Venezuela de ayer que yo conocí.

Plinio Apuleyo Mendoza

Fue, sin duda, una intrépida exigencia de las FARC en La Habana que el gobierno terminó aceptando. Los militares, activos o retirados, la esperan con una sombría inquietud. También, la mayoría de los colombianos, empezando por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Me refiero a la piadosamente llamada justicia especial para la paz. ¿Qué es, quién va a integrarla, de qué manera va a sustituir a toda nuestra rama judicial? Por no poder dar una clara respuesta a esas preguntas, yo le veía cierta aura fantasmal, hasta que tuve oportunidad de oír a Jaime Castro en una entrevista radial, desnudando este sistema de juzgamiento y mostrando sus peligrosas llagas con un tranquilo rigor de cirujano constitucionalista.

Cinco personajes, tres extranjeros y dos colombianos, forman parte de la Comisión Nominadora, que, con un poder absoluto nunca visto en el país, designará a cerca de cincuenta magistrados a cuyo cargo quedarán juicios y fallos inapelables. El español Gil Robles, el peruano García Sayán y el argentino Juan Méndez son los extranjeros escogidos, respectivamente, por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el secretario de la ONU y el Centro Internacional de Justicia Transicional. De esta megacorte formarán parte también los colombianos José Francisco Acuña y Claudia Vaca. El primero es un magistrado con tinte de izquierda, designado por Sala Penal de la Corte Suprema. Ella es una docente, ajena al mundo judicial (no es abogada), vinculada a la industria farmacéutica.

Esta sorprendente Jurisdicción Especial, propia de un Estado fallido, surgió en La Habana, sin duda, por exigencia de las FARC. Su cerebro fue el abogado español Enrique Santiago. Miembro del Partido Comunista de su país, conoce de sobra las ONG europeas de su misma tendencia ideológica. A ella no deben ser ajenos los tres extranjeros designados para formar la Comisión Nominadora. De hecho, tienden a presentar como rebeldes a grupos armados que han surgido en sus países, pasando por alto sus acciones terroristas. Tal fue la condescendencia de Gil Robles con ETA, la de García Sayán con Sendero Luminoso y la de Juan Méndez con los Montoneros. No sería extraño que vean a las FARC como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película.

Sus decisiones solo serán apelables ante la corte celestial.

Jaime Castro nos recuerda cómo la justicia especial para la paz despoja de todo su poder a la Rama Judicial y a todos nuestros órganos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Tendremos, pues, que acatar los fallos y decisiones de esta megacorte, sin derecho a buscar otra instancia. De modo que los magistrados de la justicia transicional tendrán más poder que los magistrados de las altas cortes. Ejercerán funciones judiciales, disciplinarias y fiscales, y sus decisiones –dice Castro– solo serán apelables ante la corte celestial.

Guerrilleros, militares y civiles vinculados al conflicto serán juzgados por la JEP. ¿Tendrán el mismo trato? No lo creo. De hecho, el noventa por ciento de los miembros de las FARC serán amnistiados o indultados, y solo diez por ciento irían a juicio. Narcotráfico, secuestros, extorsiones, asaltos, siembra de minas, voladuras de oleoductos y otros tantos actos de la guerrilla serán considerados conexos al delito político y, por lo tanto, objeto de amnistía y de no extradición. Ningún guerrillero pagará cárcel, apenas restricciones de movilidad. En cambio, los militares que insistan en su inocencia, como conocidos oficiales víctimas de falsos testigos, corren el riesgo de ser investigados y condenados hasta a veinte años de prisión. Igual suerte correrán los civiles que sean señalados de tener nexos con los paramilitares.

No nos engañemos. La justicia especial para la paz, presentada por el Gobierno como la joya de la corona, no es más que una justicia especial para las FARC.

Plinio Apuleyo Mendoza

¿De dónde proviene la incertidumbre? De las Farc. Guiadas por el abogado español Enrique Santiago, afirman, con férreo convencimiento, que el acuerdo es inmodificable.

No, no hay amigos de la guerra. Quedó demostrado en las urnas el domingo pasado. Apenas horas después de conocidos los resultados, el presidente Santos convocó a todas las fuerzas políticas, incluyendo a la oposición, para abrir un diálogo y determinar el camino por seguir. Por su parte, ‘Timochenko’ aseguró que las Farc mantenían su voluntad de paz y para ello, en vez de las armas, se disponían a usar solamente la palabra. Uribe, en lugar de cobrar la victoria, se mostró dispuesto a sumarse a un gran pacto nacional.

Con estas declaraciones, los colombianos tuvieron la tranquilizadora impresión de que se le abría al país un nuevo rumbo. Hasta allí iba todo bien. Sin embargo, unas explosivas declaraciones de ‘Timochenko’ pusieron sombra de duda sobre tal ilusión. Según él, desde el momento en que el acuerdo final fue depositado en el Consejo Federal suizo, se hizo inmodificable. Pero la verdad es otra. El decreto 1391 de la Presidencia convocó el plebiscito justamente para saber si los colombianos apoyaban o rechazaban el acuerdo final. De modo que dicho acuerdo, con la victoria del No, quedó sin valor legal.

Dueños de esta certeza, el expresidente Álvaro Uribe y otros líderes de la oposición esperan conseguir la revisión de puntos controvertibles del acuerdo. Y mientras esto se logra, para evitar el regreso de la violencia, Uribe propone mantener el cese del fuego bilateral definitivo y una amnistía para los guerrilleros que no sean responsables de crímenes de lesa humanidad. Igualmente, que mientras se prolonguen los diálogos en busca de un nuevo acuerdo final, se mantengan las zonas de concentración y el costo económico que ellas demanden.

De todos modos, el país oscila hoy entre la esperanza y la incertidumbre. Es un hecho que los partidos aceptan una revisión de los acuerdos. Y el propio presidente Santos, después de recibir a los expresidentes Pastrana y Uribe, no descarta hacer ajustes a lo firmado “hasta donde sea posible”.

¿De dónde proviene entonces la incertidumbre? De las Farc. Guiadas por el abogado español Enrique Santiago, afirman, con férreo convencimiento, que el acuerdo es inmodificable. Los millares de estudiantes que se movilizan en todo el país bajo el lema de ‘¡Acuerdo ya!’ parecen seguir esa misma línea. Al mismo tiempo, la propia canciller María Ángela Holguín no vacila en declarar que nada puede hacerse si las Farc no están dispuestas a reabrir la negociación. El Gobierno mantiene una actitud pasiva. Prefiere que el expresidente Uribe y otros líderes de la oposición envíen sus delegados a La Habana para exponerles a ‘Timochenko’ y demás dirigentes de las Farc sus reparos a ciertos puntos del acuerdo. Naturalmente, el Centro Democrático considera que esta labor no le corresponde. Es el Gobierno Nacional el que debe llevar adelante la renegociación. He ahí el problema.

La verdad es que, tal como pintan las cosas, no hay mucho campo para el optimismo. Duros tiempos nos esperan. No olvidemos la situación económica del país: déficit fiscal, déficit de la cuenta corriente, caída de la inversión extranjera, alto crecimiento de la deuda externa, disminución de las exportaciones e importaciones, el manejo del dólar, el comportamiento industrial y bursátil y una inaplazable reforma tributaria que lesionará sin piedad a la clase media y a los sectores populares ensombrecen el panorama nacional.

Pese a ello, no debemos olvidar lo ocurrido el domingo pasado. No solo se rechazó el acuerdo con las Farc; también, el triunfo del no mostró una corriente de opinión contraria a la clase política tradicional y a las pretensiones del Gobierno de conferirse poderes absolutos contrarios a la Constitución. Frente a las desventuras y desaciertos que ha padecido el país, inevitables vientos de cambio se hacen sentir para que Colombia tome un nuevo rumbo.

 
Plinio Apuleyo Mendoza

Cuando había concluido esta columna, me cayó como una bomba el acuerdo suscrito en La Habana por el presidente Santos y por “Timochenko” sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

Es un campo minado, sí. El acuerdo elimina la palabra “prisión” para los miembros de las FARC y quedan anexos al delito político el narcotráfico, las minas y los secuestros. No habrá, pues, extradición. Los militares, vistos como actores del conflicto, serán sometidos al mismo mecanismo de justicia de los terroristas. No habrá beneficio para los oficiales que en vez de confesar culpas aleguen su inocencia.

Antes de este inesperado acontecimiento, me había propuesto abordar el tema de las 28 salvedades que tienen las FARC sobre los restantes acuerdos. Las mencionó mi amigo Enrique Santos Calderón en una entrevista que le hizo la Blu Radio. Por cierto, no comparto los juicios, a veces feroces, que se lanzan contra él. No creo que sea un hombre cercano a las FARC y que haya sido el secreto instigador de los diálogos con sus comandantes. Como nos ocurrió a mí y a cuantos vivíamos hace cincuenta años deslumbrados con la alternativa revolucionaria de Fidel Castro, llegamos a ver con buenos ojos la lucha armada. Fue un extravío de juventud que hoy no tiene validez alguna.

Como buen periodista que es, Enrique no pierde cierta objetividad en el análisis de los tropiezos que encuentra el proceso de paz. En la entrevista que le escuché por radio, además de las famosas salvedades, menciona las cincuenta zonas de concentración que se proponen exigir las FARC; una para cada uno de sus frentes. Enrique advierte que el gobierno no estaría dispuesto a ofrecerles más de cinco o seis zonas.

No creo, como él dice, que sean detalles fácilmente remediables. La realidad es mucho más compleja. Las FARC no ceden en sus exigencias. Algunas de ellas, cubiertas con delicados maquillajes han sido aceptadas por Juan Manuel Santos. La llamada dejación de armas, por ejemplo, significa que no van a entregarlas. Se quedarán con ellas en las zonas donde se encuentran sus frentes, lo cual, sumado a los millonarios recursos de que disponen por concepto del narcotráfico, les permitirá el control absoluto de muchas regiones del país. La justicia transicional, cuyo más entusiasta vocero es el fiscal Montealegre, terminó imponiendo todo lo que acaba de aprobarse en La Habana. Su fórmula sagrada es “ni un solo día de cárcel”.

A fin de que el acuerdo con las FARC pase sin tropiezo alguno, aparece ahora un proyecto de reforma constitucional que, como bien lo dice Rafael Nieto Loaiza, es una bomba nuclear contra la democracia. Contiene solo dos artículos y permite que una pequeña comisión del Congreso, controlada por el Ejecutivo, sin debate ni veto, lo apruebe dócilmente.

Las salvedades expresadas por las FARC no son de poca monta. Miremos algunas de ellas: “Delimitación de la propiedad”; “prohibición de compra de tierras por parte de empresas transnacionales”; “revisión de los tratados de libre comercio”; “nueva ley de reordenamiento territorial”; “la reconversión de las Fuerzas Armadas”; la llamada “reestructuración democrática del Estado”; “una cámara territorial en vez de la Cámara de Representantes”, etcétera.

De aprobarse estas exigencias, tendrían más bien el carácter de una capitulación del Estado, pues significaría un radical cambio del actual modelo económico y político del país. Sería lo que una buena amiga de Maduro, Piedad Córdoba, llama refundación de un nuevo país y nuestra segunda y definitiva independencia.

Si realmente el acuerdo final de paz acaba firmándose en el mes de marzo y dos meses después se hará efectiva la dejación de armas, las salvedades, mucho me temo, serán irremediablemente aceptadas. De esta manera, el anhelado sueño de la paz quedará convertido en pesadilla.

Plinio Apuleyo Mendoza

¿A dónde nos va a llevar este proceso de paz? Nadie lo sabe, a excepción de las propias FARC. Tampoco, el presidente Santos. Él ha tirado un globo al aire y no sabe con certeza dónde va a caer. Su mayor obsesión es la firma de un acuerdo que le permita pasar a la historia.

Las FARC, en cambio, están logrando todo lo que se han propuesto. Para ello, cuentan con instrumentos y secretos aliados enquistados en el gobierno, en la justicia, en las instituciones, en sindicatos e incluso en las propias Fuerzas Armadas. En el exterior, gracias a una diligente izquierda, tienen el apoyo de organismos como la OEA, Unasur, el Alba y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En nada han cedido. Por el contrario, han logrado que sus exigencias sean aceptadas por el gobierno envueltas en atractivas fórmulas y orquestadas por nadie menos que por el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre.

Veamos qué han logrado las FARC hasta ahora. No pagarán un solo día de cárcel. Si tuvieran que pagarlo, también tendrían que hacerlo quienes, según ellos, son también culpables del conflicto: presidentes, ministros, políticos, empresarios e incluso los militares. De modo que todos en la misma colada.

Definitivamente, no van a entregar las armas. Ofrecen desactivarlas o dejarlas, pero cuidado: a condición de que el Ejército y la policía hagan lo mismo. Así lo han dicho. Por otra parte, rechazan el referéndum y el “congresito” o Comisión Especial Legislativa que ha propuesto el gobierno. Con el apoyo del fiscal, solo admiten una asamblea nacional constituyente de la cual ellos deben formar parte, y no de manera exclusiva para la aprobación de los acuerdos, sino para algo mucho más ambicioso.

Lo ha dicho Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado presente en La Habana: “Una nueva constitución que modifique la esencia oligárquica del régimen político actual y que ponga en el centro de las preocupaciones del Estado a los colombianos todos, por encima de los intereses de las compañías transnacionales, de los oligopolios y de un puñado de familias que históricamente han detentado el poder”. Es decir, el mismo ideario que bajo el mando de Chávez y ahora de Maduro ha llevado a Venezuela al encumbrado lugar donde se encuentra.

Lo que no hemos visto es que todas estas exigencias responden a una muy bien elaborada estrategia que aliados políticos de las FARC (¿o su secretariado a la sombra?) impulsaron para acabar con la política de seguridad democrática. De un lado, lograron aniquilar judicialmente a los mejores militares que habían golpeado a las FARC, mediante amañados procesos. A tiempo con este duro golpe dado a las Fuerzas Militares, supieron abrirles paso, con el señuelo de la paz, a las negociaciones de La Habana.

Dos esenciales factores contribuyen al poder que tienen las FARC: la tierra y el narcotráfico. Gracias a compras forzadas o ficticias, esta guerrilla posee hoy más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierra. Extensión que se vería ampliada considerablemente con las llamadas zonas de reserva campesina.

En cuanto al narcotráfico, ¿qué va a ocurrir? Nada. Con el cese de los bombardeos y de la aspersión de glifosato, la no extradición de cabecillas vinculados a este negocio y la vertiginosa subida del dólar, las FARC seguirán siendo el principal cartel internacional de la droga.

Por lo pronto, contando con estos inmensos recursos y el apoyo de eficaces y secretos aliados suyos en los tres poderes públicos, es muy posible que en las elecciones regionales de octubre logren el triunfo de sus candidatos. Y algo más peligroso: en las elecciones presidenciales de 2018 pueden darle paso al castrochavismo que hoy reina en el continente. Así las cosas, las FARC están ganando la guerra y no nos hemos dado cuenta. Esa es la triste realidad que no vemos.

Nunca los venezolanos imaginaron que el suyo dejaría un día de ser un país de inmigrantes. Lo era cuando yo llegué allí por primera vez. Había medio millón de italianos, otro medio millón de españoles y un número muy crecido de portugueses que llenaban plazas y calles de ciudades como Caracas, Valencia o Maracaibo. El atractivo que Venezuela tenía para ellos era una moneda tan sólida frente al dólar que les permitía enviar remesas de dinero a sus países de origen, todavía empobrecidos por la guerra. Pues bien, hoy es un país de desesperados emigrantes.

No me refiero solo a los venezolanos que ya se han radicado en Colombia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos o en la propia Europa, buscando mejor suerte. Son muchos más los que desean tomar el mismo camino. Nada menos, según una reciente encuesta, que 49 % de la población. La mayor parte, escribe mi amigo Carlos Alberto Montaner, son jóvenes y adultos educados. No lo dudo, mis dos sobrinos venezolanos que llevaban hasta hace algún tiempo una vida próspera gracias a su trabajo han tenido que cerrar casas y oficinas y marcharse a Estados Unidos en busca de un nuevo destino.

Todo esto tenía que suceder como resultado de un alud de catástrofes producidas por el chavismo: la mayor inflación del mundo, un alto índice de desempleo, la inseguridad más grande y peligrosa del continente, la expropiación de cuatro millones de hectáreas, la destrucción de Pdvsa con el despido de 50% de sus trabajadores y de sus técnicos más calificados, la ruina del campo y de la industria por un Estado que se propuso controlar más de 80% del aparato productivo.

A lo anterior debe agregarse el espantoso naufragio de la moneda local, que en el mercado negro supera los 670 bolívares mientras la tasa de cambio oficial es de solo 6,30 bolívares. El desabastecimiento, como bien lo hemos visto, es atroz. Desde las cuatro de la madrugada se forman colas enormes frente a los supermercados para que mujeres de todos los niveles sociales acudan desesperadas a ver qué pueden comprar. Medicinas de uso común, incluyendo los antibióticos, han desaparecido de las farmacias, poniendo en peligro a enfermos y personas de la tercera edad.

Algo que vale la pena tomar en cuenta es que hasta fervientes seguidores de Chávez hoy no soportan a Maduro. Pese a las dádivas y prebendas que reparte en las clases marginales, tan solo 15% de los venezolanos lo apoyan. A la distancia, podría creerse que un régimen tan impopular estaría a punto de caer, bien por cuenta de los electores o por un golpe militar. Pero Maduro, como alumno aventajado del régimen castrista, tiene todo previsto para atornillarse en el poder.

De una parte, ha logrado comprar o clausurar medios de comunicación; mantiene en prisión a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma y a docenas de jóvenes opositores; no permite que la valerosa María Corina Machado salga de Caracas, y ahora la inhabilitó como candidata en las próximas elecciones del 6 de diciembre, en las cuales Maduro espera impedir el triunfo de la oposición mediante un hábil y sigiloso fraude.

Para evitar que el descontento llegue a las Fuerzas Armadas, los altos mandos han sido astutamente neutralizados gracias a corruptos privilegios. En segundo lugar, toda la nueva generación de oficiales ha recibido un severo adoctrinamiento para hacer de ellos férreos defensores de la revolución chavista.

No nos engañemos: el régimen de Maduro es hoy una real dictadura que recibe el trato amistoso de todos los gobiernos del continente, incluyendo el nuestro. Por fortuna, frente a esta realidad, Aznar y 26 ex presidentes de América Latina, entre ellos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Belisario Betancur, han lanzado un grito de alarma.

Como fieles demócratas, no desean que Venezuela termine convertida en otra Cuba.

Plinio Apuleyo Mendoza

La pregunta que se hacen hoy los venezolanos, incluyendo a miles de decepcionados chavistas, es la misma: ¿hasta cuándo? Como bien se comprende, esta pregunta gira en torno a la esperada y apremiante necesidad de que se derrumbe el desastroso régimen de Nicolás Maduro.

En el caso de Colombia, la pregunta que todos nos hacemos con mucha inquietud es otra: ¿para dónde vamos? Nadie lo sabe con certeza. Desde luego, el presidente Santos intenta hacernos creer que vamos por muy buen camino hacia un acuerdo de paz con las FARC. Pero la gran mayoría de los colombianos no están seguros de ello. Lo revelan las encuestas. Algunas, como la de Yanhaas, se permiten asegurar que hoy solo 23% de los colombianos mantiene su confianza en el Presidente. Otra, menos dura, hecha para Caracol Radio y Red + Noticias, sitúa su favorabilidad en 42%. De todas maneras, registra un descenso que bien puede proseguir.

¿Cuáles son las razones que ensombrecen estos cuatro meses de su segundo mandato? Infortunadamente, no son pocas las que revolotean como aves de negros presagios en la mente de los colombianos. Ello no se debe exclusivamente a las dudas que inspira el proceso de paz. La continua caída del precio del petróleo y el alza del dólar tienen, sin duda, nefastas consecuencias para la salud económica del país. Se derrumban las confiadas previsiones ligadas a la producción del millón de barriles diarios que iban a ser vendidos a más de cien dólares por barril, así como el nuevo costo, por el alza del dólar, de la deuda pública y privada, la crisis agrícola y la desalentadora posición de nuestra industria en el mercado internacional.

Si antes de la crisis mundial del petróleo el gobierno reconocía un hueco fiscal de 12,5 billones de pesos, ahora todo indica que este hueco, convertido en tronera, puede llegar a 16, 18 o 20 billones. ¿Dónde estaría la falla de Santos? Ahora todos lo dicen: por falta de rigor en la administración de esos recursos, se desperdició una bonanza que habría podido invertirse mejor en urgentes obras de infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología. En vez de ello, el gasto público aumentó por obra y gracia de prebendas, de la burocracia, de contratos otorgados a los amigos del gobierno, sin olvidar la compra de votos. Es decir, la “mermelada” destinada a asegurar el apoyo de la clase política tradicional.

La solución propuesta por el gobierno para salir del atolladero fiscal ha sido una reforma tributaria, demagógicamente bautizada “impuesto a la riqueza”, que va a tener fatales consecuencias. Espantará no solo a los llamados capitales golondrina, sino algo más grave: a los inversionistas extranjeros y aun a los nacionales, buscando todos ellos escapar de un régimen tributario que por primera vez se permite meter mano a su patrimonio. La clase media tampoco escapará a este castigo. Quienes tengan un taller, una tienda, una pequeña fábrica quedarán atrapados en este voraz subterfugio de un gobierno que busca por todos los medios cubrir su despilfarro. Para que el panorama sea más desolador, las empresas petroleras, golpeadas por los atentados y la insaciable extorsión de la guerrilla, empiezan a desplazarse a un México que les abre hoy sus puertas.

Hay otras profundas grietas que advertimos con alarma. La justicia –lo sabemos todos– está vuelta pedazos. Por culpa de sus atropellos, nuestras fuerzas militares sufren hoy una profunda desmoralización. La salud también pisa el desastre. Hospitales que no sirven, desesperados pacientes víctimas de largas y angustiosas esperas y demorados o descuidados tratamientos muestran un sistema sencillamente intolerable. Los buenos planes en educación, anunciados por la ministra Gina Parody, quedan en el aire porque no hay plata con qué realizarlos. De la paz, ni hablar. Dudas, inquietudes, exigencias inaceptables de la subversión. De verdad, ¿para dónde vamos?

Plinio Apuleyo Mendoza

A Leopoldo López se le quiere aplicar el mismo feroz castigo que se le impuso a Húber Matos.

 
Parece increíble. Acompañada de sus dos pequeños hijos, Lilian llegó a la prisión de Ramo Verde para ver a su marido, recluido allí desde hace más de ocho meses. Pero esta vez no se le permitió que lo visitara. Se hallaba confinado en su celda, sin contacto alguno, le dijeron los guardias. Tampoco podía salir a tomar su hora de sol. Sí, Lilian Tintori, la bonita, infatigable y valerosa esposa del líder venezolano Leopoldo López, quedó duramente golpeada.

La conocí este año en un foro promovido por Mario Vargas Llosa para denunciar las arbitrariedades y desmanes de Nicolás Maduro. Como nunca he podido separarme de Venezuela y de su destino, había conocido a Leopoldo desde cuando era alcalde del famoso distrito caraqueño de Chacao.

A él se debía una proeza raramente vista en los tiempos de Chávez. Mientras este último había puesto los enormes recursos de su país al servicio de un desenfrenado populismo, Leopoldo López mostraba en Chacao, con hechos, una realidad muy distinta. Alto, atlético, bien parecido, era sin duda un joven ejecutivo de creciente popularidad, capaz de llevar a término lo que se había propuesto. Mostraba con sus realizaciones una alternativa muy distinta al chavismo. Por ello, no me sorprendió que después de haber ganado las elecciones locales del año 2000 con el 51,1 por ciento de los votos, cuatro años después fuera reelecto con el 79,5 por ciento, pese a todas las argucias y maniobras del régimen.

Sin duda, su aparición en el lastimado escenario político de Venezuela fue providencial. Este López va a llegar lejos, les decía a mis amigos. Y no me equivoqué. Tiempo después se había convertido en un aguerrido líder de la oposición. Era su destino.

A diferencia de Henrique Capriles, en vez de dar prudentes y calculados pasos con miras a futuras elecciones, Leopoldo denunciaba, junto con la fascinante María Corina Machado, el carácter dictatorial que iba tomando el gobierno de Chávez y luego proseguido por Maduro, su rústico sucesor. Por eso, con explosivo fervor, lo seguían millares de jóvenes que salían a las calles para expresar su descontento y hasta elegantes señoras del este de Caracas a las que veía sumarse a estas protestas, a veces enmascaradas para no ahogarse con los gases lacrimógenos de la Policía.

Lo que nunca se me pasó por la mente es que en Caracas, Mérida, Maracaibo, Valencia y el Táchira los estudiantes no solo fueran brutalmente golpeados, sino también torturados y algunos de ellos asesinados. Tampoco imaginé que el diario El Nacional, donde yo me inicié como periodista, se quedara un día sin papel y que Últimas Noticias y otras publicaciones creadas por mi amigo Miguel Ángel Capriles, así como el canal de noticias Globovisión, acabaran en manos del chavismo. Quien mejor fustigó esta desastrosa realidad que anunciaba el fin de la democracia y la implantación de una atroz dictadura fue Leopoldo.

Cuando advirtió que su vida corría peligro por causa del régimen y que su temple de líder no le permitía ni vivir en la clandestinidad ni asilarse, se entregó pacíficamente a la Policía delante de una muchedumbre de seguidores. La valiente Lilian estaba, como de costumbre, a su lado. Acusado de una docena de delitos (homicidio intencional, incendios, disturbios y hasta terrorismo), fue puesto tras las rejas de una diminuta y lóbrega celda en la prisión de Ramo Verde.

Sí, detrás de tal medida está la oscura mano de Cuba. El régimen de los Castro sabe cómo silenciar el descontento popular. A Leopoldo se le quiere aplicar el mismo feroz castigo que se le impuso a Húber Matos por el solo hecho de no haber aprobado el paso de la revolución cubana hacia el comunismo. Ante este atroz atropello, denunciado sin fatiga por Lilian Tintori, ¿seguirá el presidente Santos guardando silencio para no disgustar a quien ha sido su nuevo mejor amigo?

Plinio Apuleyo Mendoza