La oposición democrática ha decidido, sabiamente en mi opinión, participar en las elecciones presidenciales de 2024 y, a través de la Plataforma Unitaria, presentar un candidato que será seleccionado mediante un proceso de elecciones primarias, a llevarse a cabo en 2023, y que ojalá fuera este mismo año.

Llegar a esas primarias y a la elección presidencial, en la actual coyuntura política, no es un tema trivial. Tiene varias complejidades estratégicas, donde paradójicamente la elección del candidato es lo más simple. Llegar −con alguna probabilidad de triunfo− supone desarrollar una estrategia que permita fortalecer a la oposición y garantizar que esas elecciones reúnan mínimas condiciones para participar y que se respeten sus resultados, en caso de triunfo.

En mi opinión, la estrategia opositora, en lo inmediato, supone dos cosas: lograr un proceso de negociación con el régimen y preparar una estrategia electoral.

Veamos primero el tema de la negociación y lo que eso supone. Para ello voy a resumir lo que plantee la semana pasada, que me servirá de contexto para evaluar el tema de la preparación para las elecciones de 2024. Disculpen lo repetitivo, sé que es un trago amargo, pero precisamente por eso hay que insistir las veces que sea necesario, para que se vaya asimilando.

“Lo que, probablemente, vendrá: unas negociaciones, donde la oposición, con la anuencia de EEUU, tendrá que aceptar el levantamiento de las sanciones personales y la concesión de inmunidad, al estilo de Chile con Pinochet…[porque] esas sanciones fueron creadas para luego ser negociadas”. Yo no lo dije de esa manera en mí ya referido artículo; esa es la interpretación de un amigo con respecto al mismo; pero lo pude haber dicho así, exactamente así, porque creo que esa interpretación es correcta.

Lo que no sé y lo que sé

No sé si se reanudará la negociación suspendida en México, mediada por el Reino de Noruega, pues se dice que hay algún reparo, no oficial, por parte del régimen; tampoco sé si esa negociación será inmediata; pero, hay cosas que sí las sé:

– La primera y más importante es que sé que de este mal paso en la vida republicana de Venezuela, solo saldremos después de una negociación, en México o donde sea y con la mediación de quien sea: Noruega, El Vaticano, un grupo ad hoc de países, etc.

– Sé que dicha negociación inevitablemente nos llevará a un proceso electoral, que deberá ser supervisado internacionalmente, ojalá que respaldado por una vigorosa fuerza interna opositora y −seguramente− con apoyo de la amenaza de represalias internacionales contra el régimen y sus funcionarios, si no se celebran elecciones libres y si no se respetan los resultados; sin eso cualquier negociación perderá sentido.

– Otras cosas que sé es que no habrá una “graciosa” renuncia de este régimen al poder que de modo omnímodo ejerce, pues, precisamente, con todo el poder y recursos que maneja, no lo entregará, ni se dejará conducir mansamente a la cárcel a pagar sus culpas, como algunos piensan.

– Sé también, y lo que está ocurriendo en Ucrania me lo confirma, que no habrá una intervención armada, militar, externa, en Venezuela que venga a poner “orden” en el país y a restablecernos la democracia;

– También sé que, al menos por el momento, no tenemos la fuerza interna que debilite al bloque político-militar, hegemónico, en el poder y lo obligue a sentarse a negociar su salida.

– Pero sé que en toda negociación hay que llegar a acuerdos; es decir, habrá que ceder, probablemente, en levantar sanciones personales, pues entre otras cosas, al régimen lo tiene sin cuidado las sanciones generales, económicas, por más que digan que son la causa de todos nuestros males y también lo tiene sin cuidado si afectan al pueblo; lo único que le preocupa son las sanciones personales que les impiden o podrían impedir a ellos, sus amigos y familiares, viajar por el mundo, adquiriendo propiedades y disfrutando de sus fortunas; el levantamiento de las sanciones personales, probablemente, será la solicitud del régimen, para ellos a cambio ceder en la realización de elecciones justas y libres

– Y, por último, como también sé que al final habrá un proceso electoral, cuanto antes nos montemos en ese esquema y empecemos a discutir sus consecuencias y posibilidades, mejor será; así nos podremos dedicar a organizar ese proceso y estar en condiciones de preparar estrategias alternativas.

Reflexión necesaria

Ese es, en el fondo, el planteamiento de mi artículo de la semana pasada: Ponernos a reflexionar en torno a ese tema, para romper el fangoso marasmo en el que nos encontramos, de críticas a todo, a los partidos, al gobierno interino, a los líderes opositores, al proceso unitario, a la decisión organizativa de la llamada Plataforma Unitaria, al tema de si realizar o no primarias y de qué manera, etc.

Seguramente muchos se rasgarán las vestiduras ante esta perspectiva, ¡“Negociar”, que horror!; algunos hasta la consideran una “mala palabra” y se aferran a unos “principios” que, vista la realidad que tenemos, no pasan de ser “principios abstractos” de un orden que no existe, para un país que solo está en la mente de unos pocos, que lo recubren de filosofía, de argumentos morales y éticos, de sentimentalismo, pero en el fondo, no es más que una disipación de la realidad, como dicen los versos de Andrés Eloy Blanco: “…vapores de la fantasía / son ficciones que a veces dan a lo inaccesible / una proximidad de lejanía”.

Cerradas muchas de las fantasiosas vías, la electoral es la vía natural que nos va quedando y a ella se debe llegar tras una negociación.

Negociar, no conceder, no celebrar

Tomar la decisión de negociar y estar conscientes de que es un paso ineludible y necesario no implica adelantarse a hacer concesiones en discusiones públicas, por la prensa o redes sociales. Guardemos eso para la mesa de negociación.

Mucho menos implica adoptar el lenguaje del régimen, su agenda de discusión y de “justificación” y “disculpas” por haber llevado al país a la ruina.

En otras palabras, asumir la decisión de negociar y reconocer que hay una “mejoría” en indicadores económicos en el país, no implica “celebrarle” al régimen la supuesta apertura económica −aun cuando, repito, algunos indicadores de “mejoría” sean reales−; mientras esa “mejoría” solo alcance a un porcentaje ínfimo de la población y más del 85% del país siga sumido en la miseria, sin servicios públicos, sin seguridad social, ni personal, sin hospitales, sin empleo, etc. la tal “mejoría” es solo una efímera ilusión.

No celebrar tampoco significa que vamos a hacernos los ciegos con algunas de las transformaciones que se producen; por el contrario, vamos a exigir que se continúe en esa línea de acción. No celebrar no significa que los empresarios dejen pasar oportunidades y sus gremios se desgasten enfrentando al gobierno como si fueran partidos políticos opositores. No celebrar tampoco implica que el pueblo deje de estar atento a los cambios que lo favorezcan, ni dejar de aprovechar los que alivien o le traigan cierto bienestar. Significa que eso no nos va a adormecer en el objetivo fundamental de salir de este régimen de oprobio.

Desde luego que tampoco implica celebrarle al régimen actos “magnánimos” con respecto a unos pocos presos políticos, mientras mantenga cientos en las cárceles y continúe la persecución de los líderes opositores.

Tampoco hay que obnubilarse o engañarse con sus llamados de “amplitud” de incorporar en las negociaciones a la “oposición” que ha “domesticado”, mientras mantiene el secuestro de los legítimos partidos de oposición, sus símbolos y el desconocimiento “judicial” de sus genuinas autoridades.

También debemos recordar, antes de celebrar, que ahora el régimen pretende aprobar en su “asamblea nacional” leyes para esquilmar los recursos de las oenegés e intimidar a sus dirigentes, aliados y controlar el aporte internacional de los recursos para ayuda humanitaria o hacerla pasar como una “obra” suya, práctica que ya ha desarrollado otras veces.

Este es el contexto en el cual hay que evaluar las tareas que tiene por delante la oposición democrática −ante la inminente elección presidencial del 2024, o antes− y que desarrollaré la próxima semana.

Ismael Pérez Vigil

Tal parece que resucita el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, enterrado hace un año en alguna gaveta de la Asamblea Nacional. No es de esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema con esta Ley; se trata de una nueva arremetida contra la sociedad civil −contra las organizaciones no gubernamentales (oenegés) defensoras de derechos humanos, de asistencia humanitaria, defensoras de derechos políticos, etc. − arremetida que ha sido práctica constante desde 1999.

Desde la instauración de este régimen por Hugo Chávez Frías y desde la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el gobierno ha arremetido en contra de la sociedad civil, que, en un principio, parecía haber impulsado. Todos recordamos que en 1999 en las regulaciones con las que se convocó a una Asamblea Constituyente, a la sociedad civil se le estaba dando preeminencia y mayor espacio; pero, no tardamos en descubrir que en realidad esto no era así, sino que se trataba simplemente de una forma más de restar importancia y relegar a los partidos políticos.

TSJ y sociedad civil

No cabe duda cuál es la posición de la Constitución Bolivariana y la “intención del legislador” en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil; sin embargo, el TSJ con varias sentencias dictadas por la Sala Constitucional, en las que se alude a la sociedad civil y en las que se ha disminuido, confiscado o menoscabado sus funciones. (No haré una descripción pormenorizada, para ello ver: La Sociedad Civil Resiste en https://bit.ly/3mWlhuM)

En estas sentencias hay varios elementos en común; uno de ellos es la interpretación restrictiva del artículo 70 de la Constitución, al restringir la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil, para que no puedan ejercer las funciones que les confiere la Constitución. A través de estas sentencias, el TSJ ha moldeado y restringido, considerablemente, el concepto de sociedad civil y deja el terreno preparado para que, eventualmente, a futuro −como de hecho está pronto a ocurrir si se aprueba el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional mencionado−, prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la sociedad civil.

Sin embargo hay que aclarar que si bien la intención de la desinformación gubernamental es atemorizar, las sentencias del TSJ no restringen, ni limitan o prohíben la posibilidad de actuar o de constituir oenegés o que la sociedad civil se organice u obtenga financiamiento interno o externo. Simplemente –sin ironía– limitan las posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana.

Es decir, si de acuerdo con la Constitución es condición para actuar en alguno de los comités o actividades señaladas en la Constitución o se necesita la calificación de organización de la sociedad civil, las sentencias del TSJ limitan considerablemente esa capacidad y restringen y menoscaban los privilegios y beneficios que la Constitución había conferido a la sociedad civil organizada. Estamos frente a una confiscación legal o el menoscabo de un derecho por culpa de una interpretación del TSJ, pero no se trata, de una actividad ilegal, ni para la organización de la sociedad civil, ni para quien la financie. Esto es bueno aclararlo para que las organizaciones y quienes las apoyan, no desistan de su empeño ni merme el apoyo financiero a ellas.

Asamblea Nacional y sociedad civil

Las arremetidas contra la sociedad civil no solo provienen del TSJ; también la Asamblea Nacional desde hace más de veinte años ha hecho sus propias interpretaciones de carácter restrictivo. La más notoria es la relativa a la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, del19 de noviembre de 2002, en cuyo artículo 19, sobre el Comité de Postulaciones para el CNE, dispone que se integra con 21 miembros, de los cuales 11 son diputados; decisión que no solo contradice el espíritu de la Constitución, sino que está claramente en contra de sentencias del TSJ −la del 21 de noviembre de 2000, por ejemplo− que señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes…”

Esta intromisión, que impacta la composición del Poder Electoral, es el caso más emblemático y notorio de restricción al papel de la sociedad civil, pues en él, la sociedad civil debe ejercer de manera directa y activa un papel muy importante en la designación directa de tres de los cinco miembros.

Gobierno actual y sociedad civil

Durante el Gobierno electo en el año 2018 han seguido estos intentos de controlar las actividades de las oenegés, y a tal efecto ha intentado algunas iniciativas; veamos unos pocos ejemplos:

1.- El acoso a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria; todos recordamos la agresión, allanamientos de su sedes y detención de sus directores en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia; dos iniciativas cuyo propósito es aliviar el hambre en algunos sectores populares de Miranda, Caracas y Zulia. Y no podíamos dejar de mencionar, el arresto de tres directivos de Fundaredes, en julio de 2021, tras denunciar graves irregularidades y violaciones de derechos humanos en estados fronterizos del país; su director principal, José Javier Tarazona, al momento de publicar este escrito, después de diez meses, continúa detenido, en precario estado de salud y a pesar de todas las denuncias y solicitudes nacionales e internacionales reclamando su libertad.

2. Las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil revisten características peculiares, como lo fueron dos providencias administrativas, en marzo y mayo de 2021, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que con base en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que −sin ninguna justificación legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretende, como indica su nombre, el establecimiento de un registro de estas organizaciones, en el cual deben figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados, directivos y personal de las mismas.

Desde luego la reacción de las oenegés afectadas no se hizo esperar, denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la opinión pública nacional, el propio Gobierno y el TSJ; se declararon en rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederán a hacer el mencionado registro; transcurrido un año, no ha podido establecerse dicho registro y el Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación.

3.- Tras los intentos de criminalización de la actividad de las oenegés, la Asamblea Nacional elegida en el 2020 comenzó a discutir un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto que ha tenido una sola discusión en la Asamblea Nacional, está paralizada su aprobación desde hace más de un año.

La última arremetida

Los hechos referidos nos indican que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil sigue pendiente y −como ya hemos dicho− tal parece que ahora se activa de nuevo al desempolvar el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que reposa en la Asamblea Nacional.

Con respecto a esta ley, más de 500 organizaciones de la Sociedad Civil han emitido y puesto a circular un documento denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional”, en el cual analizan a fondo dicha Ley y los prejuicios que ocasiona.

Esperamos que ese documento y otras iniciativas logren sensibilizar al país y a la comunidad internacional y alertar acerca de los peligros que encierra esa ley para las libertades públicas y los derechos humanos y los continuos intentos del régimen venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.

Ismael Pérez Vigil

Vuelve a la palestra el tema del voto de los venezolanos en el exterior. El Rector del CNE, Roberto Picón, se ha referido al mismo, en diversas oportunidades, desde que asumió el cargo; pero, fue la información divulgada en días pasados por la organización Súmate la que en realidad nos dio un aldabonazo de advertencia de este problema real, complejo, de difícil solución.

No cabe duda que el Registro Electoral (RE), su actualización, la votación, el escrutinio y la promoción de la participación ciudadana de los venezolanos en el exterior, responden a principios de equidad e igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho al voto, como las que se aplican para los venezolanos residentes en Venezuela y que están establecidas en el artículo 294 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). Pero esa es la parte teórica, ideal, del problema, en la práctica, esto no es así, ni por asomo; la complicación está al intentar implementarlo.

Los datos de Súmate

La información de Súmate, que se puede conseguir en su página web, fue divulgada en su cuenta de Twitter, que son los datos que vamos a evaluar: Si no se actualiza el RE, 10 millones de venezolanos se podrían quedar sin votar en las elecciones del 2024 o tendrían dificultades para hacerlo; según las proyecciones de población, eso es casi el 39% del padrón electoral de esas elecciones; de ese total más de 3 millones 300 mil, mayores de 18 años, que están inscritos en el RE, pero ahora residen en el exterior, cifra a la que hay que incluir 256 mil jóvenes, no inscritos y que cumplirán 18 años antes de diciembre de 2024.

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De los otros 6 millones, que están en Venezuela y que según Súmate no podrían votar o tendrían dificultades para hacerlo, lo más grave es que tampoco podrán votar en el 2025, cuando se elegirán Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas y concejos municipales.

Revisar el RE para actualizarlo, librarlo de todas las irregularidades, existentes o supuestas, para que los venezolanos le tengan confianza y, sobre todo, para que voten quienes hoy están en el exterior, aunque no es una tarea fácil, es posible realizarla en el tiempo que queda para esas elecciones, pues aún podemos asumir que se llevarán a cabo en el tiempo normal, es decir a finales de 2024.

Resolver el problema en el país, que cuenta con una cierta estructura, aunque complicado, es más fácil. Pero hacerlo en el exterior, si pretendemos resolver el tema como si estuviéramos en Venezuela y de acuerdo con las normas y legislación actual, es tarea prácticamente imposible; solamente hagan números de cuántos “funcionarios” o “voluntarios” y cuántas horas hombre se necesitan para actualizar y registrar casi 4 millones de personas en el exterior, para lo que no existe ninguna estructura instalada.

El RE es solo el primer paso

Registrar a los venezolanos en el exterior no está exento de dificultades, pero es un primer paso, allí solo comienza el proceso; con las normas actuales, después habría que lograr que se establezcan en el exterior las Circunscripciones Electorales que sean necesarias, de acuerdo con el número de votantes; crear Organismos Subalternos, para organizar y facilitar la inscripción, actualización y votación; establecer Centros de Votación y Mesas Electorales, para garantizar la fluidez y el ejercicio del voto −actualmente solo se vota en consulados y hay muchos cerrados−; probar los mecanismos para la recolección y trasmisión de resultados; y por supuesto, formar miembros de mesa, observadores y testigos que vigilen el proceso. Todo eso hay que hacerlo para una población de votantes equivalente a los actuales estados Zulia y Miranda juntos, pero que está dispersa por todo el mundo. Tarea ciclópea, titánica y −por qué no decirlo− absurda.

Necesario pensar diferente

Por lo tanto no solo hay que empezar cuanto antes. Mas importante es convencerse que hay que pensar en el problema de manera diferente; como ya dije, no pretender resolverlo como se resuelve en el país, pues si seguimos pensando así, el problema no tiene solución y esto favorece las expectativas del régimen de mantenerse en el poder.

Ya hay muchos grupos, organizaciones de los partidos y de la sociedad civil, expertos en la materia, que han planteado soluciones diferentes y adecuadas: voto remoto, a distancia o por Internet, que no son un sueño, ni un privilegio de países desarrollados; pues países tan lejanos como Estonia y tan cercanos como Panamá y México, tienen votación por internet, desde hace tiempo −2017, 2019 y 2021, respectivamente− y de manera exitosa; México lo tiene incluso para elecciones regionales.

Modificaciones legales necesarias

Sabemos también que la posibilidad de que quienes viven en el exterior puedan votar en elecciones nacionales −presidenciales o referendos− depende de que se modifiquen varias disposiciones legales, que limitan realizar el RE y el acto de votación como tal; la principal es la limitación del derecho al voto a quienes no tengan residencia legal en otro país, que como sabemos hay muchos venezolanos que están en esa condición; y también la disposición de que el único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada −y no el pasaporte−, pues muchos en el exterior no tienen cédula ni la pueden obtener; y además, las limitaciones legales para registrarse en el RE de manera telemática o por internet.

Hacer esas modificaciones, en leyes orgánicas y reglamentos, no debería suponer mayor dificultad, si hay la voluntad política para ello; pero, tengamos claro que modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que ello implica, supone la intervención de la Asamblea Nacional, que todos sabemos cuál es su tendencia y filiación actual.

Decisión política y acuerdo político

Por lo tanto, de lo que tenemos que estar conscientes es que, sin una decisión política y un acuerdo político, eso no es posible. Por “decisión política” entiendo el firme deseo de hacerlo, sin posiciones abstencionistas o de desánimo, por parte de los opositores que deseamos salir de este régimen por la vía electoral.

Por acuerdo político, entiendo una negociación y acuerdo con el régimen para acometer esta tarea. Sin ese acuerdo, para emprender todas estas modificaciones, el proceso no va a avanzar. No es difícil suponer que el régimen no está dispuesto a hacer nada por solventar la situación, pues supone con razón, que la mayoría de los que hoy viven en el exterior, votarían en su contra.

El problema, nada trivial, se nos “reduce” a como forzar al régimen a sentarse a negociar un acuerdo político que permita resolver la situación, de los millones de votantes que en Venezuela y el exterior, hoy no lo pueden hacer.

La dificultad real

Esa es la dificultad real, por dos razones, por demás obvias; una, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para ir a un proceso electoral si estamos entrampados en disputas internas en los partidos y entre partidos?, que no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el método para escoger candidatos, para acordar un programa de gobierno y un mensaje de esperanza y futuro con el cual llegarle a la población; y dos, que tampoco tenemos mecanismos claros de presión internacional para forzar al gobierno a una negociación, sobre todo si hay grupos de la sociedad civil en la oposición, unos proponiendo levantamiento de sanciones y otros su intensificación.

Tareas por delante

Tenemos entonces varias tareas por delante:

–   Una, tomar la firme decisión de participar en los venideros procesos electorales: 2024, presidenciales y 2025 para Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Legislativas y Concejos Municipales;

–   Dos, resolver nuestros problemas internos para la selección de candidatos, consenso en un programa y un discurso político a los electores;

–   Tres, desde luego, avanzar lo más que se pueda en ubicar a los venezolanos en el exterior para que llegado el momento se puedan registrar y votar;

–   Cuatro, proponer y lograr que quienes votan en el exterior lo puedan hacer de forma presencial o remota, por correo, pero sobre todo por Internet, que además reduce considerablemente los costos del proceso, al no tener que desplazar personal para constituir organismos subalternos, ni tener que disponer de centros electorales y mesas de votación;

–   Cinco, desarrollar los mecanismos internos de presión política, con base en las sobradas razones que hay en el país para movilizar y organizar a la población contra la oprobiosa situación a la que estamos sometidos;

–  Y seis, ponernos de acuerdo −con el apoyo de quienes están en el exterior− en cómo lograr que se mantengan las sanciones internacionales, único mecanismo de presión que hoy tenemos, revisando las económicas y financieras que pudieran ser perjudiciales para la población e intensificando las personales contra los funcionarios del régimen, sus familiares y testaferros.

Para quienes están en el exterior, pasar de la consigna “el voto de la diáspora”, a trazarse objetivos que sean realmente la solución del problema, es una tarea prioritaria.

Ismael Pérez Vigil

Al evaluar la situación de la oposición democrática hemos hablado de una mesa con tres patas: el líder, la organización y el programa con su discurso; pero, ¿Cuál es la “tabla” que sostienen esas tres patas? ¿Qué es lo que está en su parte superior, cuál es la plataforma en la que debe “aterrizar” o descansar todo? Sin duda es: la unidad. De eso volveremos a hablar hoy; y digo volveremos, porque ya lo hemos hecho varias veces.

Depende de la vía…

La importancia, o no, de la unidad de los factores políticos, dependerá de cuál sea la vía que se elija para salir de este oprobioso régimen. Si la vía, según algunos, es la insurreccional o la intervención de una fuerza de ocupación, obviamente no tiene ninguna importancia la unidad de los factores políticos internos, basta con la eficacia en la acción.

El problema siempre será la transición; como evitar que quienes cometieron delitos y además apoyaron al régimen depuesto logren imponerse nuevamente por la vía del voto. Como ocurrió en Nicaragua con el sanguinario régimen de Daniel Ortega.

Si la vía es buscar una salida electoral, que es la que aliento, nuevamente tendrá sentido la unidad, por lo menos al momento de un proceso electoral; obviamente solo entre los que crean en esa vía, o los que no la rechazan, pues no se va a lograr la unidad con los que plantean la abstención porque no creen en procesos electorales o con los que creen que la vía es la violencia insurreccional o una intervención externa.

Pero la unidad no solo tiene sentido para confrontar electoralmente al régimen, la tendrá sobre todo para sostener el apoyo interno e internacional, para mantener después al probable endeble gobierno de transición que surja de ese proceso electoral.

La electoral está garantizada…

Para lograr la unidad, en materia electoral, es necesario deponer egos personales y ambiciones, que esto no es muy difícil de lograr; desde el punto de vista electoral, ya hemos dicho que la unidad siempre ha estado garantizada por la actividad política de los partidos, expertos y especializados en alianzas electorales que es básicamente la actividad política a la que se han reducido en los últimos años; y si ellos no lo logran, de todas maneras el electorado lo hará, seleccionando una opción que considere que tiene las mejores posibilidades de derrotar al régimen, desechando las demás; así ha ocurrido en todas las elecciones presidenciales efectuadas en el país desde 1998.

Mas difícil es lograr la unidad en materia de objetivos y planes a más largo plazo, que supone dejar de lado doctrinas, ideologías, principios programáticos, etc. para los que aun los tienen y se miden por esos parámetros.

En este caso tenemos de inestimable valor el ejemplo del Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, a los pocos meses del derrocamiento de Pérez Jiménez, entre Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Copei, encabezados por sus lideres más representativos: Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera; no fue un pacto electoral, sino político, que le dio sustento a la naciente democracia a partir de 1958. Hoy tendríamos que ir más allá del Pacto de Puto Fijo, eminentemente político, aunque con alcances muy superiores a lo meramente partidista, para lograr uno que abarque también a muchos sectores sociales y factores económicos.

Como precondición…

Sin embargo, algo que abona a favor de superar cualquier dificultad es que la unidad, como concepto, como política, como objetivo, su búsqueda y su concreción, en mi opinión ya no es tema de discusión, es una precondición política. Quien lo olvide, pagará un alto precio, pues para los ciudadanos es el objetivo al cual deben sacrificarse todos los intereses partidistas y personales.

No importa que los partidos políticos cada vez se les vea más ansiosos por demostrar su presencia específica y su potencial propio, sus colores, sus banderas, sus consignas, pues en la práctica −sobre todo en lo electoral− son traspasados, rebasados e infiltrados por la multitud, dejando clara evidencia que somos muchos más los que no pertenecemos a ninguna parcialidad.

Como eje de estrategia…

Pero además, la participación electoral no es el eje de la estrategia, es apenas un medio, una forma de lucha −pues al tipo de régimen como el que nos mal gobierna desde hace 23 años, hay que combatirlo en todos los terrenos−; pero el eje de la estrategia es la unidad, que es la única estrategia de la oposición a la que teme el régimen, porque siempre ha sido lo único que le ha infringido alguna derrota; por eso la combate con todas las armas que puede desplegar, y en eso la “guerra sucia” juega un papel importante, pues el régimen sabe que esa estrategia es frágil en un mundo democrático y diverso, con tantas versiones y fisuras.

Es una verdadera tarea de filigrana armar una unidad opositora, incluso en lo electoral, después que por años se ha predicado la existencia de fraudes, trampas de todo tipo. Nadie niega la existencia de esas trampas y prácticas, pero no son la causa fundamental de las derrotas, como si lo han sido las políticas de abstención. La abstención, apatía o desánimo electoral, se basan en que las actuales condiciones no garantizan una elección libre, justa, imparcial, competitiva, como todos la deseamos… o como si alguna vez hubieran existido plenamente esas condiciones; o como si durante la mayor parte de estos largos 23 años, que hemos participado de diversas maneras en procesos electorales, la mayor parte del tiempo no hubiera sido regidos por CNE nombrados por el régimen.

Como pacto político…

Además, la unidad con meros propósitos electorales no ha sido, no es, suficiente para derrotar a este oprobioso régimen y consolidar el regreso a la democracia; tenemos que comenzar a plantearnos la unidad desde un punto de vista de mayor eficacia política, con mayor alcance; una unidad que nos lleve a un “pacto político” de mayor envergadura, para la reconstrucción de un país derruido.

Garantizada como creo que está la unidad electoral, porque como he dicho siempre se logra, nos quedan las otras áreas en donde lograr transformaciones importantes: en las organizaciones políticas y la unidad de objetivos, estrategias y visión de largo plazo, para transformar el país. Sobre todo, en la articulación de un discurso, con una narrativa que mueva, que impulse, que convenza a las grandes mayorías del país y saque de la apatía a millones de venezolanos que no ven otra salida que la indiferencia frente a la política o huir del país.

El camino largo de la unidad…

No hay alternativa, hay que seguir el camino largo, el de reconstruir los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil; mejor dicho, iniciar ese camino que no se ha emprendido con verdadero ímpetu y por lo tanto se hace cada vez más largo. Ese, el de la reconstrucción de partidos y sociedad civil, es el camino que siguieron en otras partes: Chile, sin ir muy lejos, España, después de Franco, y un largo etcétera, en lo que todavía muchos están, como Ucrania, Albania y algunos países exsoviéticos y exyugoeslavos.

¿Es la vía electoral la que va a sacar a este régimen de oprobio del poder? Posiblemente será una mezcla de cosas y presiones, pero lo electoral puede ser la antesala o la coronación del proceso, para la que hay que prepararse y es la única que nos permite, bajo las actuales condiciones políticas, hacer algo para organizar a la gente, para recorrer el país, con una cierta −solo cierta− seguridad. ¿Por qué despreciarla, por qué negarla? ¿Y para hacer, qué?

Ismael Pérez Vigil

Unidad

Hay cosas de las que es necesario hablar a pesar de que algunas personas no les gusta que se las mencionen. Son temas delicados, dada la polarización política extrema en la que nos desenvolvemos y que ahora también exacerba la visión que tenemos de la política norteamericana.

Al observar la discusión política de esta última semana me viene a la mente una pregunta: ¿Cómo se resolvían las cosas en la “otra” Venezuela? La pregunta no es capciosa, porque aquí hubo otra Venezuela, una Venezuela que probablemente no conocen los menores de 30 años −más del 26% de la población−, que solo han vivido en el bochornoso régimen de oprobio que se instaló en el país desde 1999.

En esa otra Venezuela vivíamos bajo un régimen democrático – imperfecto, pero democrático. Y había las instituciones propias de un régimen democrático; había división de poderes, con un poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y su gabinete de ministros; había un poder legislativo con un Congreso de dos Cámaras, en donde había control político del gobierno, debates y discusiones políticas sobre todos los aspectos de la vida nacional. Había un poder judicial encabezado por una Corte Suprema de Justicia en donde se controlaba la justicia del país y se tomaban decisiones que algunas veces afectaban a los demás poderes; por ejemplo, se enjuició y propició el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a algunos diputados y senadores, e incluso se llegó a tomar la decisión de enjuiciar a un Presidente de la República en ejercicio y se precipitó su renuncia al cargo.

Es decir, existía un régimen imperfecto, que en lo económico trataba de garantizar igualdad de oportunidades y en lo político ofrecía la posibilidad de luchar y alcanzar el poder, desde cualquier posición u opción, como se vio en la alternabilidad de la presidencia y hasta en el triunfo de quien llegó amenazando con destruir todo −y lo hizo−; un sistema que contaba con partidos políticos, aproximadamente los mismos que tenemos hoy en día, pero que llegaban a acuerdos, que pactaban, porque para eso son los partidos políticos, para luchar por el poder y además para defender y negociar los intereses que legítimamente representan, para llevar adelante sus objetivos e intereses de sus seguidores y aceptar que los otros, aunque queden en minoría, también puedan defender los suyos.

Esa es la otra Venezuela;  no la sórdida que tenemos ahora y no es que la lloremos, porque como bien señalé tenía sus imperfecciones, algunas muy gruesas, pero funcionaba la política, cumplía su función regulatoria del poder y la de conseguir que se llegara a acuerdos para que todos pudieran expresar y defender sus intereses.

En otras palabras, se negociaba, se establecían pactos entre los partidos políticos, para gobernar, o para regular y controlar a quien gobernaba, se pactaban en el Congreso el presupuesto, las leyes, las políticas, la composición de la Corte Suprema de Justicia, la designación de altos funcionarios, como el Fiscal General, el Contralor o la composición de los organismos electorales, etc.; sí, se pactaba, porque eso es la política: negociar, pactar. Negociar no es sinónimo de corrupción, de arreglo deshonesto, negociar es la esencia del ser humano que acepta sus limitaciones, que sabe que puede estar equivocado y sobre todo, que reconoce los derechos de los otros seres humanos.

Todo este largo rodeo viene a colación por lo que está ocurriendo en este momento en el país, donde todo se convierte en un escándalo y un exabrupto, donde cualquier intento de negociar es satanizado; cualquier intento de ponerse de acuerdo es visto como un acto de suprema corrupción.

Tomemos el caso más reciente, el de un grupo de funcionarios norteamericanos que vinieron a reunirse con diferentes personas en el país, con Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios, con el presidente Guaidó y con representantes de los partidos políticos y obviamente hablaron de diversas cosas, de lo cual no se tiene mayores conocimientos o si se llegó o no a algunos acuerdos que, pues aún no ha trascendido mucho de lo que finalmente se acordó.

Únicamente sabemos que tras la visita fueron liberados uno de los seis gerentes de Citgo, presos injustamente desde hace tiempo, más un turista cubano estadounidenses.

Tras la reunión, se produjo un comunicado del Gobierno Interino, explicando lo ocurrido y una declaración de Nicolás Maduro, en la que tras reconocer la reunión anunció su disposición de reanudar las negociaciones –cosa que por cierto ha dicho en varias oportunidades, sin que haya ocurrido nada− y se supone que en México, aunque eso no está muy claro; lo que sí manifestó fue su deseo de que se amplíe la composición de la delegación opositora en cualquier negociación.

Desde luego, la visita y la negociación que se llevó a cabo y los supuestos acuerdos a los que se llegó, fueron de inmediato satanizados y calificados con todo tipo de epítetos, tanto hacia los miembros de la oposición democrática, como hacia el gobierno de los EEUU.

Algunos han visto lo ocurrido con la visita con bastante recelo. Algunos lo ven con escepticismo, a otros les parece muy bien; pero, otros se han rasgado las vestiduras y algunos claramente han mentido acerca de la naturaleza de esta misión norteamericana, acerca de sus objetivos, acerca de lo que lograron y acerca del precio que tendrá que pagar la oposición venezolana, y el país en general, por los supuestos acuerdos a los que se llegó, aunque nadie sepa exactamente cuáles son. La opinión se ha formado sobre la base de elucubraciones y en algunos casos, sobre medias verdades o claras mentiras, con el objetivo político de desprestigiar más a la oposición democrática, al Gobierno Interino y a Juan Guaidó y en algunos casos al Gobierno de Biden.

Lo peor es que de nada sirve aclarar, pues ya hay una matriz de opinión formada sobre la base de elucubraciones e información parcial. De nada sirve aclarar que quienes vinieron fueron el Embajador James Story; Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y Asesor Especial de la Casa Blanca para América Latina y Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.

En todo caso no había funcionarios de empresas petroleras; de nada sirve decir lo que explican los expertos petroleros −que sí conocen de la materia− que el régimen venezolano, ni reuniendo todo el petróleo que le sobra y lo que vende a Cuba, está en capacidad de cubrir esos 300 mil barriles sobre los que se especula, ni en la posibilidad de producirlos de manera inmediata o en el mediano plazo

(Tampoco nadie explica porque los EEUU va a venir a buscar petróleo a un país con un gobierno hostil, enemigo declarado suyo, teniendo un vecino en el norte, Canadá, que le puede ofrecer todo el petróleo que necesite).

De nada sirve decir que hasta el momento lo único concreto que se ha visto es la liberación de dos de seis presos por el caso Citgo (y que son una minucia en comparación con los más de 300 presos políticos que hay en el país) y que el gobierno de Maduro, una vez más, de tantas que lo ha hecho, dice que va a sentarse nuevamente a negociar.

De nada sirve aclarar, como lo hizo la Subsecretaria de Estado, Victoria Nuland en el Congreso de los EEUU, que esta visita se coordinó desde Bogotá con la oposición con cuyos representantes se reunieron primero en Bogotá y luego aquí con Juan Guaidó. De nada sirve decir, como ha dicho el gobierno de Biden que no han comprado petróleo a Venezuela y que no tienen pensado hacerlo próximamente, etc.

Pero la verdad es que me ha parecido muy “característica” −y a la vez deprimente− toda la discusión y argumentación sobre la visita de la delegación norteamericana y que se reuniera con Nicolás Maduro.

Si es verdad lo que se ha especulado −y sobre lo que algunos han mentido− que vinieron a: 1) negociar petróleo, 2) liberar a los presos de Citgo; o/y 3) presionar para que Maduro continúe negociando en México −una de las tres cosas o las tres cosas− ¿Por qué se sorprenden que se hayan reunido con Maduro?, ¿Con quién iban a hablar? ¿Quién les puede vender petróleo? ¿Quién tiene presos a los de Citgo y cientos de presos políticos más? ¿Quién es, sino Maduro, quien no quiere seguir negociando con la oposición?; y por último, de todas maneras, a los que no creen en Guaidó, ni en el Gobierno Interino, ni en el G4, ¿Qué les importa si la delegación norteamericana se reunió o no con ellos?

En resumen, lo que sabemos por fuentes distintas −prensa nacional e internacional, el gobierno de los EEU, el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro− es:

–  que un grupo de altos funcionarios norteamericanos hicieron una visita a Venezuela;

–   que vinieron a tratar asuntos energéticos y otros temas, como parte del plan del gobierno norteamericano de aislar al gobierno de Putin;

–  que la visita fue preparada hace tiempo en Bogotá y consultada con lideres de la oposición democrática, antes de realizarse;

–   que se entrevistaron con Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno y con Juan Guaidó y miembros de la oposición venezolana;

–  que después de la visita Nicolás Maduro liberó a dos de los seis rehenes o presos de Citgo que tiene en su poder y anunció su disposición a continuar negociando con la Plataforma Unitaria;

–   que el Gobierno de Biden, tras la visita, anuncio que únicamente sigue reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo Presidente de Venezuela; y

–  que no ha comprado ni piensa por lo pronto comprar petróleo a Venezuela y tampoco levantar sanciones si no hay avances en las negociaciones en Venezuela entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria.

Claro, se bien que siempre habrá quien diga que nada de esto es cierto y que todo es para disimular.

A lo mejor es una ingenuidad de mi parte pero permítanme pensar fuera de la caja, como dicen los anglosajones. ¿Cabe la posibilidad de tener un pensamiento positivo acerca de la intención de la Administración Biden al reunirse con Nicolás Maduro?

Por ejemplo, conocido el manifiesto interés de Maduro de negociar directo con los EEUU, tratar de reducir las sanciones y dado que fue él quien solicito esta reunión: ¿Es posible pensar que el Gobierno de Biden decidiera aprovechar la coyuntura para rescatar a los presos de Citgo, presionar a Maduro para que aceptara negociar en México, de una manera más flexible y se lograra unas elecciones libres?, ¿O ese pensamiento está negado, pues rinde mejores dividendos políticos, aquí y allá, afirmar que fue una negociación, a espaldas de la oposición? ¿Qué no fue más que una negociación de petróleo por sanciones y que todo lo demás −la liberación de los presos de Citgo, reanudar negociaciones en México, o donde sea, etc.− fue algo colateral o para disimular?

Como quiera que haya sido esta misión norteamericana para mí está claro que vinieron hacer algo que nos hace falta hacer en el país: política. Vinieron a hacer política, vinieron a negociar, vinieron a llegar a acuerdos; el problema es nuestro, pues para nosotros todas esas son malas palabras, más allá de que no se haya conducido la información de la forma más adecuada por los dirigentes opositores, que tenían y tienen el deber de informar.

Ismael Pérez Vigil

Obviamente es un deber comentar sobre la criminal invasión de Ucrania por las tropas de Putin, aun cuando sea difícil hacer un aporte original a todo lo ya dicho, pues, de entrada, confieso mi ignorancia en materia de historia rusa y sobre todo ucraniana. Lo único que quiero es rechazar la invasión y mostrar mi indignación por la agresión del ejército de Putin al pueblo ucraniano.

Debo reconocer que −gracias a la erudición de cantidad de personas que no me imaginaba que tenían conocimientos tan prolijos y profundos sobre estos temas− se me han aclarado cantidad de detalles que ignoraba; por ejemplo, sobre Hitler y los orígenes de la segunda guerra mundial −la toma de los Sudetes (?)−; ni que decir de todo eso del origen de Rusia en el Rus Kiev (?), mucho menos la diferencia de la palabra Kiev, de origen ruso, de la Kyiv, de origen ucraniano, que según parece es la forma correcta o “polite”” −disculpen el anglicismo− de llamar a la Capital de Ucrania;

Mis comentarios −ilustrado por la cantidad de informes, artículos, análisis, opiniones, mensajes, videos, etc. que he leído desde que se inició el conflicto−, tienen en verdad su “inspiración” y origen en la indignación que me produjeron unas declaraciones atribuidas a Donald Trump −que hacen hervir la sangre a cualquier desprevenido−, en las que califica a Putin de “genio” y justifica su hazaña invasora.

Si tenía alguna duda −o más bien educada consideración− acerca de la insania mental del expresidente norteamericano, Donald Trump, ya no la tengo. Tampoco dudo ahora que −por supuesto− es verdad eso de que Putin debe ser su socio de negocios, al que trata de ayudar y que para hacerlo, −él y algunos de sus seguidores− no tienen escrúpulos para pasar por encima de su país, porque en realidad personas así no tienen país, ni nacionalidad, ni raíces, ni nada, lo que les importa es su bienestar y su dinero, todo lo demás es fantasía.

Tampoco me sorprende lo que piensan algunos seguidores de Trump, o personajes de la farándula hollywoodense de quienes se sabe bien su apoyo a regímenes como el de Hugo Chávez, como Oliver Stone, cuyas declaraciones justificando la acción de Putin, han circulado por las redes.

Lo extraño es que no hayan aparecido otros, como Sean Penn o el inefable Danny Glover −que aún nos debe una película sobre Haití, por cuya filmación no realizada recibió una jugosa cantidad de dólares del régimen de Hugo Chávez−; pero, más interesante que la opinión de esos conspicuos directores y actores, es saber qué les pasa por la cabeza a quienes defienden y justifican acciones como las de Putin −en Crimea, Bielorrusia y ahora en Ucrania−, porque por ej. “los EEUU son también imperialistas” y han sido “invasores”.

No recuerdo a los que revisten de excusas de este tipo lo ocurrido o apelan a razones “geopolíticas”, haber escuchado esas mismas justificaciones y razones en contra de Rusia o la URSS cuando el invasor o agresor ha sido los EEUU o algún país occidental. Nos queda la satisfacción de saber que a esos que justifican acciones como las de Putin, son a los que se les ven las costuras pro totalitarias.

Pero ya que mencioné más arriba la palabra “fantasía” en el caso de Trump, sin ofender a nadie, debo decir que de todas maneras, no compro eso que dicen algunos, que Trump es un “ruso infiltrado” o un “agente ruso” en la política de los EEUU, por la simple razón que esos individuos no le tienen lealtad a nada, ¿Por qué la habrían de tener a Rusia, si no fuera por negocios? Solo tienen lealtad a su dinero y a sí mismos; pero, en fin, dejemos así lo de Trump y regresemos al otro tema, “al tema”.

Comienzo por decir que tampoco creo que sea rigurosamente válido e histórico comparar a Putin con Hitler, por más que ambos sean sendos locos invasores, pero no dejo de reconocer que me parecen “simpáticas” algunas de las caricaturas y frases que han aparecido haciendo esa comparación; y sobre todo, si a él le molesta, pues bienvenida sea.

Debo confesar que en mi optimismo craso  hay dos cosas que no creí que pasarían: La primera es que Putin diera el paso de invadir Ucrania; la verdad es que nunca relacioné este hecho con lo de Crimea, ese criminal abuso lo entendí como una manera de asegurarse su salida al Mediterráneo, “recuperar” algunos espacios geográficos y asegurar otros, como Sebastopol, que en mi ignorancia histórica e imaginario “peliculero”, siempre asocié con Rusia; por lo tanto, ese acto de agresión de la toma de Crimea, no es que lo justifique, pero llegue a explicármelo. Lo que no llegué a explicarme nunca fue la inacción o pasividad europea al respecto.

De aquí viene entonces la segunda cosa que no creí que pasaría: Que los países occidentales, léase los grandes de la UE y los EEUU, tuvieran la reacción que han tenido, de ninguna a una muy lenta, que gracias a Dios −o a los dioses de la guerra− se han ido produciendo reacciones un tanto más enérgicas.

Sí. Es probable que tengan razón los que dicen que el sistema internacional −ONU−, no sirve para nada; el veto de Rusia a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU así lo demuestra; sin duda los que hablan de la inutilidad de esos organismos −OTAN incluida− para enfrentar estas situaciones, o similares, tienen la razón; de esa cuerda tenemos un largo rollo en Venezuela con la OEA, Grupo de Lima, etc. (Y que me perdonen mis amigos internacionalistas, ya me excusé confesándome ignorante en la materia. Espero que estemos en la víspera de un cambio en el orden mundial institucional).

Que a Putin hay que detenerlo no me cabe tampoco ninguna duda y por lo tanto, me estoy aviniendo a pensar que la única manera de parar a personajes como Putin es la fuerza; pero, el problema es que la fuerza −sobre todo en este caso y con orates como Putin− nos puede llevar muy rápidamente al armamento nuclear o químico o biológico, con consecuencias desastrosas para toda la humanidad, y no vale o no nos salva que no consideremos a estos señores como parte de la humanidad.

Lo peligroso de la situación es que a individuos como Putin no les importan las consecuencias de lo que hacen, si con ello obtienen alguna ganancia territorial, de poder o de tiempo; los muertos son, para ellos, estrictamente, números; para los países de Occidente, eso no es así (aunque a veces algunos dudan) … y Putin sabe eso. Sabe ambas cosas, que sabemos que a él no le importan nada las vidas humanas (obviamente tenía que saberlo), pero que a occidente, sí… y esa es su enorme ventaja; por eso, paradójicamente, creo que las sanciones, al menos algunas, sí le podrían afectar, además si se acompañan de una respuesta de fuerza física más contundente, aunque solo sea enviando armas y ayuda militar a Ucrania, como han comenzado a hacer algunos países europeos.

Cuando hablo de sanciones desde luego me refiero sobre todo a las sanciones que se han mencionado estos días, las de sacar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, y que las medidas se le apliquen en lo personal a Putin y se hagan extensivas a los “ricachones mafiosos”, socios y amigos suyos y a los militares que los acompañan; y buscar formas de reemplazar el combustible que venden los rusos, sobre todo a Italia y Alemania; en mi ignorancia al respecto, pienso que eso no debería ser problema para los norteamericanos. Ojalá sea así.

En fin, creo que hay cosas que se pueden hacer −evitando llegar al extremo de desatar un conflicto multinacional− para que entren en razón algunos de sus cómplices internos y forzar la caída de Putin y que el conflicto se resuelva favorablemente para el pueblo ucraniano, el ruso −ajeno a las ambiciones de Putin− y desde luego para la democracia occidental, que es una de las probables víctimas de todo esto. Por allí van mis reflexiones.

Ismael Pérez Vigil

El tema de las elecciones presidenciales de 2024 es motivo de burla por parte del régimen, que parece decir: “…Yo soy tan poderoso, que me doy el lujo de poner en duda cuando habrá un nuevo proceso electoral’, provocación cínica que nos recuerda la letra del tango, “Mano a Mano”: “Como juega el gato maula con el mísero ratón…”.

En todo caso, flota en el ambiente el tema; incluso se asoman ya algunos candidatos opositores−rápidamente desmentidos por los interesados o sus allegados− y es motivo de angustia, desesperación y los consabidos argumentos en contra por parte de los sempiternos partidarios de la no participación, los negacionistas de la vía electoral.

La participación en las elecciones del 2024 implica examinar, por lo menos, tres temas: La selección de un candidato único por un mecanismo aceptado por todos; la unidad de los partidos, previa revisión, legitimación o reorganización de los mismos y sus líderes; y una oferta electoral, propuesta o programa, que entusiasme al país. Imposible por lo complejo y extenso de cada uno de estos temas, tratarlos en conjunto, los abordaré en partes, con la seguridad de que aun así quedarán muchos aspectos por fuera.

Comencemos por el de la unidad y el candidato unitario

La necesidad de la unidad para enfrentar el régimen es algo que muy poca gente discute; por eso sorprendió a algunos mi afirmación −en el artículo de la semana pasada, Camino al 2024,  al calificar como mito la falta de unidad, sobre todo en lo que a un candidato único se refiere. En efecto así lo creo. La falta de unidad nos ha perjudicado para ganar referendos, curules en elecciones parlamentarias, o algunos cargos de alcaldes y gobernadores, pero nunca hemos tenido ese problema en lo que a un candidato presidencial se refiere.

Porque en las elecciones presidenciales, bien sea por acuerdo opositor o por polarización política del país, siempre hemos tenido un candidato único, con opción, al menos. Y aunque han surgido algunos que han pretendido disputar esa condición de candidato opositor al candidato “oficial”, por llamarlo de alguna manera, siempre que eso ha ocurrido, el propio pueblo se ha encargado de ponerlos en su sitio, dejándolos con una escasa votación.

Ni siquiera en la muy reñida votación del año 2013 (Maduro-Capriles), la aparición de candidatos distintos al oficialista y al candidato “oficial” de la oposición, privó a este último del triunfo; sumando todos los votos distintos a los del candidato oficial al candidato Capriles, solo se reducía la brecha en 0,24%, que aún no era suficiente para derrotar al candidato del régimen −aun haciendo abstracción que ese haya sido el resultado correcto, que es lo que creo, aunque algunos lo dudan−. Así, en el tema del candidato único, posiblemente hay que evaluar que impacto tiene, en su falta de penetración y profundidad en el pueblo, el tema de la forma en que se ha seleccionado.

En las elecciones presidenciales, desde 1998, se han enfrentado tres fuerzas, bastante simétricas: el oficialismo, que siempre ha salido victorioso; un sector mayoritario de la oposición democrática, que ha logrado oponerse con una cierta fuerza, apoyando a un candidato único; y un sector abstencionista, indiferente, engrosado a veces porque la oposición democrática decide jugarse esa alternativa. Aunque siempre ha sido un solo candidato opositor, con opción, no siempre eso ha ocurrido por decisión política de los partidos opositores, sino como efecto de la presión externa y la polarización. Veamos los casos.

– Para la elección presidencial del 6 de diciembre de 1998, el candidato único de la oposición, por efecto de la “polarización” fue Henrique Salas Römer; su designación como candidato único se logró gracias a un consenso, agónico, in articulo mortis, de los principales partidos políticos democráticos de la época, ante la amenaza del triunfo de Hugo Chávez Frías, que retiraron sus candidatos y apoyaron a Salas Römer. De esta forma obtuvo el 39,9% de los votos, un 16% por debajo de Hugo Chávez Frías. La abstención en ese proceso electoral fue del 36,5%.

–  La elección presidencial del 30 de julio del año 2000 fue en realidad una prolongación de la elección presidencial de 1998, del “quino” de la constituyente de 1999 y de la aprobación de la novísima Constitución bolivariana el 15 de diciembre de ese mismo año. La oposición no tuvo un candidato “oficial” para esa elección, pero el electorado opositor se decantó o polarizó en favor de Arias Cárdenas, que logro el 37,5%, 22 puntos por debajo de Chávez Frías, nuevamente candidato oficial, quien obtuvo en esa oportunidad el 59,7% de los votos, su mejor resultado en todos los procesos en los que participó. La abstención fue del 43,6%, una de las más altas de la historia electoral del país, superada solamente en la elección de 2018, que fue del 53,9%, según cifras oficiales.

–  En el año 2006, el 3 de diciembre, el candidato opositor fue Manuel Rosales, seleccionado por consenso después que varios otros se retiraran de la contienda, en favor de su candidatura unitaria; Manuel Rosales obtuvo el 36,9% de los votos, la diferencia a favor del régimen fue de 25 puntos, pero se consideró una notable recuperación de la oposición democrática, que salía además de varios años de inútil y dañina abstención electoral y del fracaso del referendo revocatorio de 2004. La abstención en esa oportunidad fue del 25,3%.

–   En 2012, en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el candidato opositor fue Henrique Capriles, seleccionado en un proceso de primarias a la que llegaron al final cinco candidatos (Leopoldo López se retiró y declinó su candidatura a favor de Capriles). En esa elección de 2012, con un Chávez explotando la enfermedad que lo llevaría a la tumba, la diferencia con Capriles se redujo a menos de 11 puntos; Chávez Frías obtuvo el 55% de los votos, mientras que Capriles obtuvo el 44,3%. nos comenzamos a recuperar, pues habíamos tenido un buen resultado en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2010, en donde la oposición, en realidad, tuvo una votación más alta que la del régimen −más de millón y medio de votos por encima− pero nos arrebataron muchos diputados, por la manipulación de los circuitos electorales.

–   En la elección del 14 de abril de 2013, el candidato opositor fue Henrique Capriles, quien se enfrentó a Nicolás Maduro; la selección de Capriles se dio por consenso y por su aceptación del reto de enfrentar la maquinaria del régimen, con apenas un mes de preparación, tras el fallecimiento del Presidente en funciones, Hugo Chávez Frías, quien lo había derrotado seis meses antes; en esa elección, como dije más arriba, la diferencia fue de apenas el 1,49% de los votos. (Todavía hay gente hoy que no acepta ese resultado, empezando por el propio Capriles, quien ahora duda, pero en ese momento no dio el paso de retar a fondo ese resultado).

–  El 20 de mayo de 2018, tras la debacle de 2017 −recolección de firmas con las que no se hizo nada, protestas con casi 100 muertos, etc. − la oposición democrática no participó en esa elección, ni en la de Asamblea Nacional de 2020.

Los hechos son claros, inútil negarlos. Hemos tenido un candidato único en todos esos procesos, no nos ha faltado la unidad, pero creo que la abstención nos ha privado de haber obtenido un mejor resultado. ¿Qué hubiera pasado si esos números de la abstención se hubieran sumado al candidato opositor y éste hubiera ganado? ¿Se hubiera respetado ese triunfo? No lo sé. Esa es precisamente la gran incógnita que nunca podremos resolver, al menos no, mirando por el espejo retrovisor. No insistiré nuevamente en el tema, baste recordar que la abstención siempre ha estado por encima del 20%, y ha sido un factor decisivo. Pero no el único.

Eso nos lleva, a la necesidad de evaluar otros factores. Por ejemplo, ¿Por qué en la definición de una política frente al tema electoral no se ha logrado la misma unidad que para definir un candidato? ¿Por qué no hemos dado con un mensaje −propuestas y planes hemos tenido− que haya logrado, por una parte, romper con la coraza de indiferencia de quienes se abstienen y por la otra, convencer de su error a aquellos que tras 23 años de fracasos y miseria continúan votando por el régimen?

En la falta de “penetración” del candidato han jugado seguramente un papel importante los partidos políticos y sus líderes, como “equipo” que acompaña a ese candidato, que tampoco han demostrado tener la penetración y aceptación popular suficiente. De allí que el tema, que muchos claman, de la necesaria reorganización y actualización de partidos y líderes, sea un tema primordial a ser analizado.

Ismael Pérez Vigil

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

En 2016, ante la decisión del CNE de la época que el 20% de las firmas para el referendo revocatorio debían ser recogidas en cada Estado, aunque la circunscripción del funcionario que se buscaba revocar, el Presidente de la República, era una circunscripción nacional, publiqué un artículo que denominé: La Constitución de Plastilina, refiriéndome a que todo se podía esperar de los secuaces del régimen.

Al poco tiempo, tamaña barbaridad jurídica fue ratificada por otra barbaridad mayor, una sentencia del inefable TSJ, también de la época −tan inefable como el de ahora−, publicada el 17 de octubre de 2016 (contenida en el expediente AA70-E-2016-000074, para los que tengan la curiosidad y el mal gusto de buscarla). En dicha sentencia meridianamente expresado aparece lo que hoy recoge el CNE de turno, al definir las condiciones para la recolección de firmas, para activar un referendo revocatorio (RR). En efecto la sentencia de octubre de 2016 dice:

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial.”

De paso, hay que comentar que esta sentencia del TSJ de hace seis años, contradecía una anterior: la sentencia 1139 del 5 de junio de 2002, que en ponencia del magistrado Antonio J. García García, establecía que:

“…la solicitud de convocatoria a referéndum revocatorio se encuentra sometido a las reglas previstas en el artículo 72 de la Constitución, sin que deje ningún margen de discrecionalidad que autorice al Consejo Nacional Electoral a emitir pronunciamiento alguno sobre el mérito o conveniencia de la solicitud formulada, ni a establecer -en las normativas de carácter sub legal que dicte-, nuevas condiciones para la procedencia de la revocación del mandato, no contempladas en el marco constitucional vigente…(y) … una vez que el Consejo Nacional Electoral verifica el cumplimiento irrestricto de las condiciones mencionadas ut supra … y que un número no inferior del veinte por ciento (20%) de los electores inscritos en el Registro Electoral en la correspondiente circunscripción así lo pidiesen-, y por ende, declare que las mismas se encuentran satisfechas, correspondería a dicho órgano comicial convocar al referéndum revocatorio solicitado, fijando la oportunidad de su celebración, y organizando, dirigiendo y supervisando los comicios correspondientes.”

De manera, que si al TSJ de 2016 no se le aguó el ojo para contradecir una sentencia del TSJ de 2002, ambos de “inspiración” revolucionaria y chavista, la actual decisión del CNE, que le da muerte al RR, no tiene ningún elemento que nos pueda extrañar.

Sabemos bien que en 2016 ni la decisión del CNE ni la sentencia del TSJ pudieron evitar que continuara el proceso y ante la inminencia de la recolección del 20% de las firmas, en todos y cada uno de los Estados, el régimen decidió sacar otra de sus armas, e hizo uso de su sistema de “justicia”, para que un grupo de jueces penales, civiles o de tránsito, sin facultades para ello, dieran por finalizada la recolección de firmas en algunos Estados, decisión que rápidamente fue acogida por el CNE de turno para suspender el proceso de recolección, a nivel nacional.

El régimen quiso curarse en salud en 2022; ya la velocidad con que el CNE aceptó la solicitud del revocatorio y eliminó el requisito de presentar el 1% de firmas necesarias para introducir la solicitud, era sospechosa; pero las condiciones finalmente definidas, desafiaron todo lo imaginable. El CNE del régimen definió unas reglas lo suficientemente leoninas para que no sea necesario recurrir a otras artimañas −aunque nadie tenía dudas de que lo hubiera hecho, de ser necesario− para parar el proceso, o más bien para abortarlo.

Las condiciones definidas por el CNE, que ya son bien conocidas, para efectos didácticos se pueden resumir así: La recolección de las firmas necesarias, 4.185.997, debía realizarse el pasado miércoles 26 de enero, solo cinco días después del anuncio de las condiciones, con un software sin auditar, sin tiempo de nombrar los testigos de las partes para velar por la “pulcritud” del proceso, debía llevarse a cabo en 1200 puntos, durante 12 horas, a razón de 5 por minuto, en cada uno de los puntos de recolección, según calculó el Rector Picón.

Ya no viene al caso evaluar otros aspectos, pero por mera curiosidad y puro divertimento no puedo dejar de hacerlo con respecto a los 1200 puntos de recolección, que se dieron a conocer el sábado 22; por ejemplo, en algunas zonas, claramente opositoras de Caracas no hubo centros de recolección (El Cafetal, Santa Mónica, los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Altamira, La Castellana); en todo el Municipio Sucre, que tiene más de medio millón de electores, no hubo un solo centro de recolección; solo  había dos en Chacao, uno en el Hatillo, otro en San Antonio, cinco en Baruta, dos de ellos en las Minas de Baruta y uno en Carrizal. Por supuesto no hubo uno solo en el exterior, con lo cual se privó de ese derecho a más de cuatro millones de venezolanos, con derecho a voto, que hoy viven fuera de Venezuela.

Es obvio que el régimen se quería asegurar de la imposibilidad de recoger las firmas, pero por si acaso y dada la manía de las instituciones del régimen de usurparse unas a otras, el CNE actual, usurpando las funciones de la Sala Constitucional del TSJ de interpretar la norma constitucional, nos advierte de otra disposición en la que afirma e interpreta que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con sus leoninas condiciones:

“… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”.

Por cierto, esa disposición de no repetir un referendo para una misma materia, en un mismo periodo constitucional, no se aplicó en 2009, cuando Hugo Chávez Frías solicitó la enmienda constitucional para la reelección indefinida, a pesar de que eso ya se había negado en el referendo constitucional del 2007. Más descaro imposible; pero, que nadie diga que no sabíamos que iban a hacer cualquier marramuncia o triquiñuela.

Lo de la amenaza implícita de que pedirán al CNE la lista de nombres que solicitasen el revocatorio, no es más que un “colorido” recuerdo de aquella infausta “Lista Tascón” con la que el régimen persiguió y acosó a miles de venezolanos, tras el referendo de 2004. No agregó nada nuevo, solo ratificó el carácter fascista de este régimen de oprobio. De allí que los que se acercaron el día 26 a firmar la solicitud del revocatorio se les intimidará, rodeándolos de soldados y milicianos, y se les pidiese, además del número de la cedula de identidad, el teléfono y la dirección; inequívoca señal de discriminación política, preludio de la persecución que el régimen pudiera desplegar.

Por otra parte, el CNE del régimen nos recuerda que una de las características, no intrínsecas, sino circunstanciales, de la Constitución Bolivariana es que es como la plastilina: “flexible”, moldeable, adaptable. Concebida por el régimen de Chávez Frías para reemplazar a la que él llamó la “moribunda” de 1961, sobre la cual juró, la de 1999 −la “mejor del mundo”, según los capitostes mismos del régimen− se suponía que iba a dar sostén al “proceso”; pero, son notables y muy significativas las violaciones que ha sufrido en su ya no tan corta vida como Constitución.

A pesar de lo que dice la Constitución bolivariana, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales, los adelanta, los retrasa, cambia las circunscripciones, los separa, los junta, etc.; tampoco tenemos derecho de asociación, pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión, pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad, pues no emiten pasaportes ni documentos de identidad de manera oportuna y suficiente; y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Hoy es también patente que tampoco tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos, a pesar de lo que establece el artículo 72 de la Constitución Bolivariana.

Haciendo memoria, la venezolana tiene el poco envidiable registro de ser la única Constitución, que yo sepa al menos, que ha sido violada “intrauterinamente”, pues no había nacido aun, es decir, no había entrado en vigencia, cuando aquella Comisión Legislativa de infausta recordación, llamada también “Congresillo”, que sustituyó a la Constituyente, comenzó a violarla, designando cargos de Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo y otros, a “dedo”, sin cumplir con los pasos, procedimientos y requisitos que ya demandaba la novísima Constitución. Tras esos actos contra natura, según el cual el padre viola a su hija aun no nacida, ¿Cómo habría de sorprendernos que hoy esté desbocada la cadena de violaciones de derechos políticos y humanos?

Sin embargo, ante el hecho cumplido de la muerte del RR2022, además de denunciar firmemente la violación de un derecho constitucional más, de reclamar por los solicitantes la nulidad ante el TSJ de las normas inconstitucionales del CNE −sin esperanza, simplemente para que quede el registro de la violación del derecho− debemos considerar cómo sacar provecho de este nuevo error del régimen, el segundo en poco tiempo; el primero fue repetir las elecciones en Barinas, que le permitió al pueblo barinés librarse de la nefasta hegemonía de la dinastía Chávez, que los sojuzgo por 22 años y de paso dar importantes lecciones al país sobre la importancia y efectividad de la unidad, el valor del voto y de la movilización popular.

Corresponde ahora, sin esperar, prepararnos para contiendas pendientes, la negociación en México y las elecciones presidenciales de 2024, que será inevitable que se convoquen. Desde luego, ese no será un acto simplemente electoral −ninguno lo es y haberlo olvidado es un error que estamos pagando−; para enfrentarlo, de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, a juzgar por los magros resultados, debemos acometer la reorganización de nuestros partidos, rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos; renovar nuestra dirigencia opositora; concretar una unidad política, como ya se ha hecho en el pasado −en 2015 y en Barinas, por ejemplo−; organizar a la gente para la resistencia y para que obtenga reivindicaciones que mejoren su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio.

Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR. Después de todo su fin estaba cantado. Vamos a denunciarlo, como una violación más a nuestros derechos, como un nuevo ejemplo de nuestra Constitución de plastilina, pero vamos a ahorrarnos discusiones y disputas sobre él, que solo nos iban a conducir a mayores divisiones y frustraciones y concentrémonos en organizar a la oposición para las jornadas políticas que nos vienen, con una unidad sólida, con candidatos con el mayor consenso posible o producto de elecciones primarias y con un plan compartido para el rescate del país.

Ismael Pérez Vigil

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

No es fácil seleccionar los hechos políticos más importantes de 2021; por lo tanto me limitaré a hacer un resumen de los mismos y referirme a aquel que me llamó más la atención y me pareció más relevante.

En el manojo y diversidad de acontecimientos políticos que ocurrieron en 2021, destaco los siguientes:

Juan Guaidó es ratificado como Presidente de la Asamblea Nacional (AN), y por consiguiente como Presidente del Gobierno Interino.

El Gobierno de los EEUU −del recién juramentado Joe Biden−así como el de Canadá, Gran Bretaña y otros Estados, así como el Congreso de los EEUU, reconocen al Gobierno Interino de Juan Guaidó; de igual manera la UE y el gobierno de los EEUU reconocen como legítima a la AN de 2015 y ambos, durante el año, ratificaron y establecieron nuevas sanciones contra funcionarios del régimen venezolano.

El Parlamento Europeo, reconoce también la continuidad de la AN 2015 e indican como única solución para Venezuela la de efectuar: “elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales que sean creíbles, inclusivas, libres, justas y transparentes…”.

No obstante, también se producen algunas desafecciones hacia el Gobierno de Juan Guaidó, como por ejemplo las de los gobiernos de Rep. Dominicana, Panamá, Perú y se va notando la desintegración del Grupo de Lima, que en años anteriores había brindado gran respaldo al Gobierno Interino.

Surge una nueva alianza en la oposición democrática, más amplia y con características más incluyentes: la Plataforma Unitaria, integrada por más de 40 partidos, grupos de la Sociedad Civil y los diputados electos en 2015.

La AN oficialista electa en 2020, instaló un nuevo CNE, con dos rectores provenientes de las filas opositoras: Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández, pero conservando el régimen la mayoría en el organismo.

Se inician nuevas conversaciones o acuerdos de diálogo en Ciudad de México entre la Plataforma Unitaria, incluido el gobierno interino de Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro; tras la firma de un «memorándum de entendimiento» se realizan tres sesiones de diálogo, hasta que el régimen de Nicolás Maduro suspende su participación en octubre, en protesta por la extradición a los EEUU de Alex Saab.

Como mencioné en el punto anterior, es extraditado a los EEUU Alex Saab y permanecen detenidos en España Hugo Carvajal, ex jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Hugo Chávez y Claudia Diaz Guillén, ex enfermera y ex Tesorera de Hugo Chávez, a la espera de ser también extraditados a los EEUU.

Dos importantes informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU; uno de ellos por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que destacó la situación de los presos políticos, la continuación de la criminalización y judicialización en contra de los defensores de los DDHH, la continuación de las detenciones preventivas y el agravamiento de la crisis humanitaria, por efecto de la pandemia COVID19; el otro, fue el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que resaltó que el régimen de Nicolás Maduro: “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.

Karim Khan, nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, tras su visita a Venezuela, informa su decisión de investigar formalmente, por crímenes de lesa humanidad, a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro

El 21 de noviembre (21N) se realizan elecciones regionales y locales, en donde participa con la tarjeta de la MUD la alianza opositora que representa a la Oposición Democrática.

De todos estos acontecimientos políticos, sin duda las elecciones del 21N y sus resultados marcan, para tirios y troyanos, un antes y un después. Por mi parte, de raigambre optimista y que siempre veo el vaso medio lleno, los resultados de esa elección, sin ser como para lanzar cohetes, no me parecieron del todo malos para la oposición. Por ejemplo, los que dicen que el régimen tiene todo controlado y solo hace “concesiones” a la oposición, no sé cómo explicarán que “permitió” que se le escaparan de sus garras la friolera de 123 alcaldías y que más de la mitad, 63, quedaran en manos de la MUD, de la oposición democrática, que antes tenía menos de 25. Las cifras permiten todo tipo de acomodos y explicaciones, cada quien las amolda y adapta a sus intereses políticos, a su interpretación de los hechos, pero me parece que pasar de 25 a 63 alcaldías, y que el gobierno deje de controlar un total de 123, tiene algún significado, aun en un contexto de baja participación electoral.

Ese resultado del 21N fue para mí el hecho más resaltante de la política en este año, por todo lo que implica: Primero, la decisión opositora de participar en el proceso electoral y ojalá signifique que se deja atrás la suicida y perniciosa política de abstención, que solo beneficia al régimen, porque está en mejor capacidad de movilizar a sus seguidores a votar, con halagos o bajo amenaza; segundo, a pesar de la distorsión que produce la abstención, yo veo una recuperación en penetración popular de la oposición democrática, con estas alcaldías y concejos municipales que se le arrebataron al régimen; y tercero −lo más importante−, que para nadie es un secreto que la dirigencia opositora, centralista, se vio presionada a participar en el proceso electoral, por el empuje y la exigencia de las dirigencias locales y regionales de los partidos, que en conjunción con la sociedad civil, se embarcaron en una dura y desigual campaña y lograron recuperar esas alcaldías para el pueblo democrático.

Nadie espera que los alcaldes resuelvan el tema de la hiperinflación, el desempleo, la falta de producción nacional, el hambre y otros agudos problemas que acogotan a la población. No será a nivel local que se resuelva la crisis del país; pero, los alcaldes sí pueden contribuir a resolver muchos problemas cotidianos, dadas sus competencias, tal como las establece el artículo 178 de la Constitución, que invito a leer, pues no las voy a enumerar aquí. Para destacar la importancia de este resultado electoral, me basta con recordar que el alcalde y el concejal son los primeros funcionarios públicos, electos, que están en contacto con la gente y sus problemas cotidianos; además, que los gobiernos locales tienen ingresos propios, que no dependen del gobierno central.

Pero la tarea de la sociedad civil y los partidos políticos locales no concluye con estos resultados; de modo que no los pasemos rápidamente a la trastienda, pues bien sabemos que, dada la dificultad del gobierno central para controlar los ingresos y recursos de los municipios, emprendió en el pasado la persecución, destitución y encarcelamiento de los alcaldes. Toca ahora organizarse para evitar que eso pase nuevamente y también, no lo olvidemos, para contrarrestar la amenaza de una “ley de comunas” que ronda por allí, con la que se pretende, según su articulado, restar funciones y recursos a alcaldías y concejos municipales. Estas son dos de las tareas, políticas, que tiene la oposición para 2022.

Parte de los temas mencionados arrastrarán su influencia hasta el 2022 y varios muy importantes arrancarán en los primeros días del año; pero, entre todos ellos y los temas posibles que poblarán el próximo año, hay uno que quiero comentar, pues se debe estar decidiendo a finales de este año y principios de 2022 y mi próximo artículo saldrá el 8 de enero.

Y es que, tan pronto como comience el año, el 5 de enero, vence el llamado Estatuto de Transición, aprobado el 26 de diciembre de 2020 por la AN de 2015, y que dio origen al Gobierno Interino, presidido por Juan Guaidó. La discusión sobre este punto ya se está dando en este momento y seguramente se profundizará en los próximos días.

Paralelo a este tema está la discusión acerca de los aciertos y pifias del Gobierno Interino y la Presidencia de Juan Guaidó; discusión que se viene desarrollando informalmente y de manera muy dañina por prensa y redes sociales y que está lejos de resolverse. Es una discusión que entre sus aristas toca la de la estrategia opositora para enfrentar a este oprobioso gobierno; toca también el tema de la indispensable renovación de los partidos políticos y su anquilosada dirigencia, rechazada inocultablemente por muchos venezolanos; toca también la necesidad de rendir cuentas, dadas las alegaciones y discusión acerca del manejo de fondos y activos; en fin, es un tema pendiente y como sabemos, para cada una de estas cosas hay posiciones y propuestas, enfrentadas algunas y no en los mejores términos. No es el caso de reproducir ahora los argumentos de cada una.

Pero la disolución del Gobierno Interino y la presidencia de Juan Guaidó, en mi opinión, no son temas que se despachan fácilmente, dadas sus repercusiones internacionales y la posición de nuestros aliados −como los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Brasil, Colombia y otros−, para quienes la AN legítima es la de 2015 y otros solo reconocen a Juan Guaidó, unos como Presidente Interino, otros como Presidente de la AN 2015 −única que consideran legítima−, y todos como líder de la oposición democrática. No creo que sea estratégicamente inteligente desplazar la estructura del Gobierno Interino de Juan Guaidó, sin tener claramente definida y con consenso, una estructura y una figura que los reemplace.

Ismael Pérez Vigil

PD: “Con esta entrega concluyo mis actividades por este año, que reanudaré el 8 de enero, deseando a todos unas muy Felices Pascuas y los mejores deseos por un venturoso 2022, en el que demos pasos decisivos para la liberación del país. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo a todos!”

Desde que José Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de Literatura de 1998, estuvo por nuestras tierras en 2005 −invitado y festejado con gran boato por el gobierno de Hugo Chávez al que vino a dar un espaldarazo−, parece que no se despega de nuestras tierras, ni siquiera después de su fallecimiento en 2010.

Al ver lo ocurrido en Barinas me viene a la mente una de sus novelas, Ensayo sobre la Lucidez (2004), sobre la que ya he escrito algo en pasadas ocasiones.

La acción de la novela, de la que revelaré algunos detalles de su trama y desenlace, transcurre en una ciudad durante unas elecciones, en las que, sin ninguna razón aparente, sin ningún estímulo externo, tras la lluvia y tormenta la gente salió a votar. Pero no votaron por los partidos tradicionales, ni votaron nulo, votaron masivamente en blanco. En la novela nadie se atribuyó el triunfo, ni celebró aquella masiva victoria, ocurrió el fenómeno y nada más.

Hasta aquí, poco se parece lo ocurrido en la novela, con lo ocurrido en Barinas, pues allí la votación no fue masiva, voto algo más del 45%, pero ganó quien menos se esperaba; sobre todo, quien menos esperaba el régimen y por lo visto y ocurrido, tampoco sus aliados “opositores”, pues fue uno de ellos quien demandó los resultados ante el TSJ.

Pero en la ciudad de la novela −y esto ya se parece más a lo ocurrido en Barinas− los amos del poder, alarmados por los resultados y amparados en cualquier subterfugio, que siempre encuentran los que ejercen el poder, repiten las elecciones una semana más tarde, con idéntico resultado: La gente acude a votar otra vez, masivamente, sin que nadie los convoque y vuelven a votar en blanco y nuevamente, sin celebración de triunfo. La novela transcurre a partir de allí narrando todas las peripecias del Gobierno, del poder dictatorial, para tratar de descubrir la conspiración que suponían está por detrás de este acontecimiento. ¿Quién ha urdido toda esta conspiración? Porque sin duda es una conspiración, se decían. Había que descubrir algún enemigo a quien hacer culpable.

En Barinas el subterfugio lo pone el TSJ −que siempre encuentra uno o lo inventa− y ordena la repetición de las elecciones, no en una semana, sino dentro de cinco, pues hay que dar chance a que los amos del poder se recuperen tras la inesperada debacle por la derrota sufrida.

Pero la “ayuda” del TSJ no se limita a desconocer el triunfo del ganador, el candidato de la MUD, sino que, de paso, lo inhabilita, no vaya a ser cosa que, como en la novela de Saramago, que se repita el resultado. El omnímodo poder del régimen le permite hacer estas cosas, inhabilitar a un candidato ya electo, algo más original que el estilo “ortegiano”, el dictador de Nicaragua, que recurre a métodos más expeditos y menos sofisticados: mete presos a sus posibles contrincantes.

Pero en la ciudad ficticia de Saramago, el gobierno tiránico va más allá −como todo Gobierno tiránico− y busca conexiones y por supuesto acaba “encontrándolas”, por todas partes y entre lo que sea y se construye unos culpables, los acusa por la prensa, publica sus fotos −hemos vivido esa historia− e inicia una feroz persecución que, como también la hemos vivido, la tenemos que advertir y prevenir.

Pero, pasa también en la novela que alguien decide contar la historia verdadera y logra, a pesar del estado de sitio y la censura de prensa, que ésta se publique, se difunda y se conozca; y ocurre entonces −lo que para mí es el meollo de la novela− que a pesar de que el Gobierno recoge la edición del periódico en el que se publicó, la historia verdadera comienza a circular, profusamente, en todas partes y en palabras de Saramago: “Resulta que no todo está perdido, la ciudad ha tomado el asunto en sus manos, ha puesto en marcha cientos de máquinas fotocopiadoras, y ahora son grupos animados de chicas y chicos los que van metiendo los papeles en los buzones de las casas o los entregan en las puertas, alguien pregunta si es publicidad y ellos responden que sí señor, y de la mejor que hay.” Y esa es la enseñanza clave de esta obra de Saramago, al menos una de ellas: La ciudad que toma el asunto en sus manos. Que el pueblo, la gente, solo resuelve las cosas cuando las toma en sus manos.

En la novela, al igual que con la votación, nadie asumió tampoco la gloria de reproducir la historia verdadera y comenzar a repartirla, simplemente ocurrió. Allí, con fotocopiadoras y panfletos, pues en la época en la que se escribió y transcurre la historia de Saramago, no existían las redes sociales; aquí, que las tenemos, además del chismorreo y la circulación de banalidades, también sirven para informar y facilitan enormemente la difusión de información, al igual que el cara a cara, que en un estado como Barinas, es probablemente la vía política más eficaz para informar.

En el caso de Barinas tomar “el asunto en sus manos” es aceptar el reto; explicarle al pueblo barinés lo ocurrido y ayudar a difundirlo al mundo; denunciar la inhabilitación de Freddy Superlano, que habiendo sido aceptado como candidato por el CNE, tras haber sido indultado en agosto de 2020, es ahora, después de las elecciones, rechazado por el TSJ; denunciar la maniobra de los supuestos “opositores” que se prestaron al juego y la trampa del régimen y que −tras ayudar al despojo− ahora piden “unidad”; participar en el proceso electoral convocado, con un nuevo candidato de ser necesario; arreciar la campaña en las cinco semanas que quedan antes de la elección en enero de 2022 y volver a derrotar al régimen. Obligarlos a hacer una nueva trampa, si es preciso, como en la novela de Saramago.

Lo ocurrido en Barinas nos muestra que los dueños del poder, entre sus diferentes tendencias −ya inocultables− no lograron ponerse de acuerdo y como ninguno pudo prevalecer sobre el otro, surgió una solución de “compromiso”, al viejo estilo de “ni tú, ni yo”: Unos inhabilitan a Superlano −algunos dicen que por su vinculación partidista, VP, resultaba incómodo para algunos sectores castrenses que apoyan al gobierno− y otros acceden a eliminar al actual y derrotado gobernador y candidato, incómodo también para algún sector del régimen.

La tarea de resolver el entuerto −y la sorpresa de haber perdido el estado, “patria chica”, del líder supremo− se encomienda al TSJ, esa “mano negra” del régimen, con la que el poder ejecutivo siempre cuenta para remendarse el capote y sacar las pezuñas del barro. Así como en 2015 el TSJ desconoció la voluntad popular en Amazonas y dejó sin representación a ese estado en la Asamblea Nacional durante cinco años, en esta ocasión con una decisión, más insólita y cínica, conminado de emergencia a “encontrar una salida”, tiene la desfachatez de reconocer el triunfo de Superlano −con un escaso margen, pero margen al fin, del 0,39%, algo así como 300 votos− pero lo elimina de la contienda, apelando a una desconocida decisión del Contralor General de la República, que ni el propio CNE sabia de su existencia, y ordena al ente electoral la convocatoria de un nuevo proceso.

Pero la barbaridad jurídica es de tal magnitud en esta ocasión, que no solo queda demostrado otra vez ante el país, y el mundo, la falta de independencia de los poderes en Venezuela, sino que una vez más el TSJ le pasa por encima a las atribuciones de otro poder del Estado, al asumir tareas y decisiones del CNE −eliminando un candidato aceptado por éste y ordenando convocar a un nuevo proceso electoral−, sino que de paso desconoce un indulto del propio Presidente de la República, dictado en agosto de 2020, que eliminaba la inhabilitación que pesaba sobre varios candidatos, entre ellos Superlano, que igualmente concurrieron al proceso electoral, pero cuyos casos, según el TSJ, aparentemente no ameritan la convocatoria de nuevos procesos electorales. Probablemente −o seguramente− porque ninguno le ganó las elecciones a un candidato oficialista.

Corolario y consecuencia también de esta nueva arbitrariedad, es que una vez más −aunque esto es lo que menos les importa− el TSJ y el CNE desconocen la voluntad del electorado, en este caso del barinés, expresada en las urnas el 21N.

Por su parte el CNE, obró con la misma pusilanimidad que en 2017, cuando aceptó eliminar actas electrónicas y reemplazarlas por actas de votaciones manuales, para desconocer el triunfo de la oposición en el Estado Bolívar; y ahora, presuroso, en tiempo récord, procedió a publicar el cronograma electoral para una elección convocada a instancias del TSJ, sin cuestionar siquiera que el organismo judicial menoscabara su “poder electoral”.

Pero, con lo ocurrido es imposible negar que se abrió una brecha en el bloque del régimen, un intersticio por el que es posible pasar; una oportunidad que, en el caso de Barinas, sería un grave error político desaprovechar, pues hay buenas condiciones para lograr que baje la abstención −que en ese estado llanero fue del 54%, 4 puntos por debajo del promedio nacional− y lo hemos dicho muchas veces, que cuando la abstención baja del promedio, la oposición logra triunfos.

La evidente caída electoral del régimen, que desde 2012 ha perdido 4,5 millones de votos, y que ahora tengamos unas 60 alcaldías (no cuento como nuestras las que ganaron otros supuestos opositores, hasta que demuestren, con hechos, que son de verdad oposición) ponen en evidencia la merma de su apoyo popular y es también una oportunidad para movilizar a la gente ante la inminencia de una victoria importante, que sirva de efecto demostración para continuar rescatando el valor del voto, menoscabado durante dos décadas por la tiranía, de cara a lo que pueda ocurrir en 2022, fecha en la que se abre la posibilidad de un referendo revocatorio, justamente un día después de la fecha convocada para la nueva elección en Barinas.

Es también una oportunidad, al nivel del pacto originario −ese que es necesario reestablecer entre ciudadanos y políticos−, para que “la gente tome la solución en sus manos”, de la que nos habla Saramago en su novela, y se involucre en ella.

No se trata de alentar o emprender demagógicamente aventuras populistas; pero, sí de recordar que ya van dos veces, recientes, que se sorprende a la tiranía y se le gana una elección; la primera en 2015, cuando millones salimos a votar y le arrebatamos la Asamblea Nacional al régimen; la otra ocurrió el 21N, que sorpresivamente, en el patio emblemático del chavismo perdieron la gobernación de Barinas y se vieron obligados a abrir su saco de trucos para arrebatarle la victoria al pueblo.

Si bien no es una respuesta completa, pues se trata solo de un poder local, las tareas simbólicas y aleccionadoras están allí. Al igual que en la novela de Saramago, si la gente se sacude en la esperanza, toma las cosas en sus manos, si se organiza como puede hacerlo y ya lo ha demostrado, la solución donde más importa, estará más cerca.

Ismael Pérez Vigil

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