El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha cumplido ya diez años en el cargo como sucesor de Hugo Chávez, y si algo ha caracterizado esta etapa ha sido el endurecimiento de un régimen dictatorial que ha aislado y empobrecido al país. Su única influencia –y no es poca– ha sido para favorecer en distintos países de Iberoamérica el auge de gobiernos populistas de ultraizquierda que, a su vez, están poniendo en peligro algunas de las bases de democracias que estaban consolidadas. Hoy Venezuela se ve favorecida por un proceso de blanqueamiento internacional, derivado por una parte de las consecuencias energéticas de la invasión rusa de Ucrania, y por otra, de la incapacidad demostrada por la oposición para hacer cristalizar una auténtica alternativa que pudiese concitar el apoyo de todo Occidente. Por desgracia, Maduro ha sido capaz de retener el poder, hasta el punto de haber fulminado con éxito aquella Asamblea Nacional Democrática configurada en 2015 como embrión político que forzase su destitución.

De aquel intento, protagonizado por el opositor Juan Guaidó, poco o nada queda ya con opciones realistas de poner fin al régimen chavista. De hecho, Guaidó sufrió ayer un duro revés personal. Pasó a pie la frontera con Colombia con la idea de asistir a la reunión internacional que había convocado Gustavo Petro para abordar el futuro de Venezuela tras las elecciones presidenciales en 2024. Sin embargo, Colombia lo expulsó a Estados Unidos porque no había sido invitado a la cumbre.

Cualquier estrategia de blanqueamiento de la gestión de Maduro es un error. Tácticamente puede ser útil para Estados Unidos, país que desde 2022 ha iniciado importantes acercamientos diplomáticos y económicos basados en la necesidad de la Casa Blanca de hallar nuevas alternativas energéticas, en especial de petróleo, a las restricciones provocadas por la guerra de Ucrania. Sin embargo, Maduro no ha corregido prácticamente nada en materia de respeto a los derechos humanos. A lo sumo, ha hecho pequeños y simbólicos gestos auspiciados, entre otros, por el expresidente Rodríguez Zapatero, pero no hay una auténtica rectificación de su política con visos de ser democráticamente aceptable, en ningún caso. El de Venezuela sigue siendo un régimen profundamente antidemocrático en busca de avales de la comunidad internacional para legitimar todo un régimen de abusos y excesos. Los intereses geoestratégicos de Estados Unidos o de cualquier otro país no deben encubrir la merma de derechos fundamentales en Venezuela. Que se relajen las sanciones al régimen, o que Washington autorice a alguna de sus más relevantes multinacionales a operar de nuevo en ese país, sólo debería tener lógica si existiese una contraprestación por parte de Maduro reactivando con seriedad el imprescindible diálogo con la oposición, y poniendo fin a su política de señalamiento, coacción y persecución. No sólo por causas económicas.

La otra parte de la ecuación, la oposición, tampoco ha hecho sus deberes. Los pocos movimientos con verdadero peso específico e influencia –Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles o el mismo Juan Guaidó, entre otros muchos– han visto cómo cualquier intento de unidad era automáticamente vedado. Diferentes visiones políticas e ideologías, acusaciones de corrupción en la oposición, e incluso las pugnas de egos, han frustrado cualquier alternativa. Además de contar con el hándicap de una represión brutal, a la oposición siempre le faltaron plataformas mejor coordinadas y más apoyo internacional. La conclusión es que la democracia real en Venezuela sigue siendo una utopía. Diez años de Maduro lo atestiguan.

Editorial publicado por el diario ABC de España

Leopoldo López en la embajada española en Caracas, el 2 de mayo de 2019, donde buscó refugio (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
 

Los gobiernos occidentales y, en especial, el que preside Pedro Sánchez, no deberían perder de vista que el único obstáculo que entorpece una salida pacífica y razonable para la calamitosa situación en la que se encuentra Venezuela es Nicolás Maduro. El cabecilla del régimen totalitario que aún detenta la banda presidencial es el principal culpable de haber sumido al país en la miseria tras años de una gestión catastrófica y ahora -una vez que ha destruido concienzudamente todos los mecanismos constitucionales- ya no tiene más medio que seguir utilizando la violencia contra el clamor de la inmensa mayoría de los venezolanos que le están exigiendo que se vaya, porque para ellos es una cuestión de vida o muerte. Conviene volver a explicarlo con toda claridad porque esto no es una cuestión en la que quepan interpretaciones ni que se pueda abordar como si fuera una competición deportiva en la que contemplar desde una butaca el enfrentamiento entre dos bandos igualmente legitimados. Para los venezolanos, el fin de este desastroso experimento bolivariano ya es una cuestión de vida o muerte.

Desde este ángulo, la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas es un capítulo vital del proceso de liberación de Venezuela, muy relevante para un país como el nuestro, que ha sido escogido por decenas de miles de venezolanos para escapar de la pesadilla totalitaria del chavismo. Hubo un tiempo en el que el que cualquier Gobierno español estaba obligado a actuar con una razonable cautela porque necesitaba mantener una interlocución pragmática con las autoridades «de facto», teniendo en cuenta que también debía defender los intereses de los miles de españoles que viven allí. Pero las cosas han llegado a un punto en el que para todos los ciudadanos de Venezuela, incluyendo los hispano-venezolanos, la situación que afrontan no es soportable. Ya no caben medias tintas, porque ni siquiera para las grandes empresas que alguna vez intentaron entenderse con el chavismo, ya no queda nada que salvar.

España ha hecho bien acogiendo a López y además está obligada a defender su integridad física. No tiene ninguna justificación esa reserva que ha hecho el ministro Borrell, diciendo que controlará las actividades políticas de López, porque su mera presencia en la residencia diplomática, en lugar de estar preso, es ya todo un pronunciamiento político en toda regla que en estos momentos honra a España. Todo lo contrario a la actitud de Iglesias que, obligado a justificar los favores recibidos del chavismo, se está comportando de forma indigna y oprobiosa, sobre todo con los venezolanos.

Editorial del  diario ABC (España)

La fotografía de ese país desangrado y martirizado es, más que una denuncia, una acusación incontestable contra un régimen criminal que ha fracasado en todos los órdenes

Las imágenes de Venezuela que hoy publicamos en páginas de Internacional no tienen parangón. No se ha conocido el caso de otro país que en tiempos de paz haya pasado en pocos lustros de las más altas cotas de la riqueza mundial a verse sumido en un torrente de violencia y desolación. Venezuela es una nación destruida por su propio régimen político, arruinada económica, social e institucionalmente. Las fotografías de nuestros enviados especiales a Maracaibo, la capital de la industria petrolera, son de una dureza tal que no sería ético haberlas ignorado. Para aquellos que hasta hace apenas unos días se atrevían a justificar los desmanes de la dictadura chavista -diciendo que los venezolanos «al menos disfrutan de tres comidas al día»-, estas imágenes representan un testimonio contundente, una refutación inapelable, una evidencia directa de su infamia. La desnutrición masiva, el abandono de los hospitales, la violencia en las calles, el hambre y la falta de agua y electricidad son propias de una situación de guerra y, sin embargo, son la realidad en la que la dictadura ha sumido a todo un país que ya no tiene fuerzas ni para quejarse.

Lo que está pasando en Venezuela no se puede ignorar y ABC no lo podía callar. La fotografía de ese país desangrado y martirizado por sus propios dirigentes es más que una denuncia; es una acusación incontestable contra un régimen criminal que ha fracasado en todos los órdenes. Ante estas imágenes, no hay argumentos posibles para defender ni a Nicolás Maduro, ni a su predecesor ni a todos los miembros del aparato de la dictadura, que forzosamente deberían conocer lo que está sucediendo y no solo no hacen nada para remediarlo, sino que se empeñan en perpetuar los mismos errores que han provocado la catástrofe.

La historia será implacable con todos los que han contribuido a construir el mito del chavismo revolucionario y a sostenerlo contra viento y marea cuando más falta hacía provocar su caída. Los dirigentes de su sucursal política en España, que se beneficiaron del dinero que ahora necesitarían los venezolanos a cambio de intentar expandir esas perniciosas doctrinas en Europa, o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, empeñado en mantener su equidistancia entre el chavismo y los demócratas a los que persigue, deberían dedicar siquiera unos minutos a contemplar estas imágenes, que sin duda tendrían que remover sus conciencias. Pero quien de verdad debería verlas es Nicolás Maduro, el principal causante de esta catástrofe, a pesar de que alguien que ha cometido la felonía de cerrar el paso a la ayuda humanitaria, que se comporta como un Nerón contemporáneo viendo arder a Venezuela entera, tal vez ni siquiera se conmueva por ello.

Editorial ABC.es

POCO más de cuarenta y ocho horas ha durado el viaje de Felipe González a la Venezuela bolivariana. El expresidente del Gobierno tuvo que abandonar el país y su intención de asesorar a la defensa de los opositores encarcelados por la autocracia chavista después de que se le prohibiera visitar a Leopoldo López, uno de los líderes políticos encarcelados por Nicolás Maduro. Ni siquiera se le concedió permiso para asistir a la vista preliminar del juicio, que se celebra hoy en Caracas, lo que da buena medida del calamitoso estado de los Derechos Humanos más básicos en ese país.

Con la salida de González, el régimen consigue una pírrica y absurda victoria, pues ante todo el mundo ha quedado confirmado que hoy en día Venezuela es lo más parecido a una dictadura donde no hay libertad ni para elegir abogado. La maniobra del régimen chavista, que obstaculizó sus gestiones con una indecente campaña de desprestigio, está sirviendo esencialmente para revelar lo insignificante de sus argumentos.

Falto de justificaciones, resulta patético ver a Maduro pretextando una enfermedad para anular su viaje a Europa, incluida su audiencia con el Papa Francisco, por la inquietud que le ha producido la llegada de González a Venezuela. El heredero de Chávez está cómodo en sus monólogos televisivos porque ha logrado aplastar a medios de comunicación y organizaciones críticas en su país, pero se encuentra desnudo ante cualquier debate donde tenga enfrente a auténticos demócratas.

 
El frustrado viaje de González debería servir para abrir los ojos a quienes todavía insisten en ignorar las características totalitarias del régimen venezolano, incluyendo a los dirigentes de la izquierda española que se empeñan en negociar o que aúpan a los émulos europeos del chavismo liberticida.

Editorial de ABC.es