Está en manos de Maduro hacer que Venezuela vuelva a la senda democrática

Vista general de los embajadores ante la OEA durante la Asamblea General. En vídeo, declaraciones de Luis Almagro, Secretario General de la OEA. LENIN NOLLY (EFE) | VÍDEO: EFE
La Organización de Estados Americanos (OEA) está reunida en su 48ª Asamblea General para decidir si suspende la pertenencia de Venezuela a la institución que representa a todos los países del continente. Se trata de una medida muy grave que demuestra hasta qué punto la situación interna de ese país ha traspasado las fronteras y concierne a toda la región. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha sumado a la presión para que se suspenda a Venezuela.

Este debate tiene lugar una semana después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara al Tribunal Penal Internacional de La Haya un informe oficial que señala a Nicolás Maduro como uno de los “autores intelectuales de la represión” en Venezuela y pide que se investigue a su régimen por violación de los derechos humanos.

Sobre el tapete están además las elecciones celebradas el pasado 20 de junio que —boicoteadas por la oposición democrática, con una abstención de más del 50% y denuncias de fraude del candidato rival de Maduro— confirmaron al mandatario venezolano en la jefatura del Estado. Los comicios han sido rechazados por la comunidad internacional y numerosos Gobiernos: entre otros, 14 de Latinoamérica se han negado a reconocer la reelección de Maduro.

Antes de adoptar ninguna medida es necesario salvaguardar el interés del pueblo venezolano, sin duda la gran víctima de la situación de miseria y represión en la que ha sumido a su país la gestión de Maduro. La sanción que se discute es de carácter político y de naturaleza diferente a las ya adoptadas —como han hecho ya EE UU y la Unión Europea— contra los responsables directos del desastre en Venezuela. Está en manos de Maduro evitarla. Basta con que permita que su país vuelva a la senda democrática y libere a los presos políticos.

Editorial de El País

La comunidad internacional rechaza la reelección del mandatario venezolano

Pese a contar con todos los resortes del Estado a su favor y carecer de oposición, Nicolás Maduro no ha logrado que los venezolanos legitimen su votación para perpetuarse en el poder.

Una mayoría de venezolanos con derecho a voto, el 54%, se abstuvo el domingo de participar en la convocatoria. Eso según fuentes oficiales: la oposición estima que la cifra real alcanzó el 70%. Maduro pretendía alcanzar 10 millones de votos y apenas —y con polémica— llegó a seis. La jornada, boicoteada por la mayor parte de la oposición democrática, fue un cúmulo de irregularidades que llevaron incluso a uno de los candidatos tolerados por el régimen, el exchavista Henri Falcón, a exigir al cierre de las urnas la repetición de los comicios.

Ya sea por convicción o por error de cálculo político, Maduro viene actuando en los últimos meses como si destruir la institucionalidad democrática de su país no tuviera consecuencias. Ayer mismo empezó a comprobar su error. Los Gobiernos del llamado Grupo de Lima —constituido en esa ciudad para hallar soluciones a la crisis de Venezuela—, formado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y México, no reconocerán la reelección de Maduro, llamarán a consultas a sus embajadores en Caracas y presentarán en la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución planteando medidas sancionadoras contra la Administración chavista.

Por su parte, 21 exmandatarios de países iberoamericanos —entre ellos, los expresidentes españoles Felipe González y José María Aznar— han denunciado las elecciones como “una farsa electoral”. España, además, estudiará en el marco de la Unión Europea “medidas oportunas”, según ha declarado Mariano Rajoy.

Ese repudio debería llevar a rectificar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que apoyó la convocatoria y predijo un nuevo comienzo después de los comicios. Los silbidos que escuchó en Caracas no pueden pasar inadvertidos.

Editorial de El País

Venezuela vive hoy el último episodio de desmantelamiento de la democracia. Con las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro ha organizado a su medida para hoy se culmina el desmantelamiento de la institucionalidad democrática venezolana. Las elecciones se celebran sin garantías de transparencia ni limpieza, con una oposición perseguida y encarcelada, millones de compatriotas fuera del país y sin el aval ni la supervisión de ningún organismo independiente, ni dentro ni fuera del país. Se trata de un proceso fraudulento de principio a fin destinado a barrer a la oposición democrática y a consolidar a Nicolás Maduro en el poder.

Desde que el 6 de diciembre de 2015 Maduro fuera derrotado en las legislativas, la maquinaria del chavismo puso en marcha un plan para destruir a la oposición, y con ella el sistema democrático. Usurpó el poder de la Asamblea Nacional creando una Cámara constituyente paralela controlada por el oficialismo, reformó la ley electoral, encarceló a la oposición, copó las administraciones regionales, utilizó a cuerpos paramilitares contra las manifestaciones y, finalmente, se dispone a perpetuar al presidente. Todo ello mientras completaba, en paralelo, la destrucción de la economía venezolana y empobrecía a sus ciudadanos, forzados a sufrir unas condiciones de vida dramáticas mientras los jerarcas del régimen se enriquecen sin límite.

Maduro no ha querido correr ningún riesgo ni dejar ningún cabo suelto. Ha ofrecido dinero a través del carnet de la patria asignado a más de 12 millones de venezolanos, que es el principal y más peligroso mecanismo de coacción del Gobierno. Ha utilizado la televisión pública a sus anchas y ha empleado recursos e instituciones públicas en la campaña. Y ha puesto fuera de la carrera a Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, inhabilitado y encarcelado en vísperas de la convocatoria electoral ante la perspectiva de que le pudiera hacer sombra.

Con razón, y con el respaldo de la comunidad internacional, los grandes partidos que aúnan la oposición democrática han decidido no avalar los comicios con su participación. Pese a todo, tres candidatos — Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada — se han prestado a legitimar con sus candidaturas esta farsa electoral.

Sorprende por ello sobremanera que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya decidido avalar con su presencia en Caracas unas elecciones que toda la comunidad internacional considera que no alcanzan los estándares para ser consideradas democráticas y que, entre criticar a Nicolás Maduro o al Parlamento Europeo, haya decidido que es este último, donde se sientan los representantes de todos los europeos, el que se rige por prejuicios sobre la democracia.

Junta Editorial El País de España

Venezuela se encamina hacia unas elecciones presidenciales adelantadas por Nicolás Maduro para el próximo 20 de mayo en un clima de destrucción institucional y crisis humanitaria de la que es únicamente responsable el régimen chavista.

Para organismos e instituciones internacionales, además de para 15 Gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos, estas elecciones no tienen la más mínima credibilidad. No existen garantías de transparencia ni de igualdad de condiciones. No hay seguridad alguna sobre el recuento y se producen mientras decenas de destacados opositores permanecen encarcelados o bajo arresto domiciliario. Se trata de unos comicios diseñados exclusivamente para perpetuar a Nicolás Maduro y la élite instalada en el poder por el chavismo.

Pero esta votación es el perfecto ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela, un país hundido hasta límites inconcebibles hace pocos años. Mientras, sus gobernantes, en vez de asumir su responsabilidad, lo ponen como ejemplo ante el mundo en una continua huida dialéctica hacia adelante.

No hay prácticamente ningún aspecto de la vida cotidiana venezolana que no haya experimentado una drástica degradación bajo la gestión de Nicolás Maduro y su equipo. Por ejemplo, el notable aumento de la mortalidad femenina durante el parto y de la mortalidad infantil desmontan de forma inapelable los triunfalistas discursos del oficialismo sobre iniciativas en este campo. La falta de alimentos y productos básicos en un país en el que jamás hubo escasez no tiene más culpables que la ineptitud de unos gestores que actúan como si las palabras sirvieran para ocultar la realidad.

El oficialismo siempre encuentra algún enemigo —preferiblemente del exterior— a quien culpar de su propia incapacidad. Y los ataques no son únicamente contra Estados Unidos, la UE y España. Ningún país se libra, como le ocurrió sorprendentemente a Portugal durante la pasada Navidad, cuando el régimen acusó a Lisboa de retener partidas de pernil, tradicionalmente consumido en esas fechas y que —al igual que miles de productos— no estaba en los mercados. A la gestión chavista le sobra demagogia y le faltan conocimientos técnicos.

Maduro repite insistentemente que a él lo único que le importa es la opinión del pueblo venezolano y que este podrá expresarse en las elecciones. Pero hay millones de sus compatriotas que no podrán hacerlo. La miseria, la persecución política o los niveles intolerables de delincuencia han hecho que millones de venezolanos se vean obligados a abandonar su país. Se trata de un verdadero éxodo.

Según la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), un organismo de Naciones Unidas, más de 1,3 millones de venezolanos han dejado el país definitivamente en los últimos dos años. Otras estimaciones, basadas en encuestas en el interior de Venezuela, elevan la cifra a tres millones. Como ejemplo baste decir que el mayor número de peticiones de asilo político que recibe España provienen de Venezuela. Maduro anima a votar y sus compatriotas están votando con los pies.

Editorial El País

Con el nombramiento ayer de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba se cumple un traspaso de poder político en la isla sobre el que, en principio, no hay razones para albergar grandes esperanzas de cambio real. Al menos a corto plazo.

Díaz-Canel es el primer mandatario nacido después de la revolución —en 1960— y ha realizado toda su carrera en el interior del Partido Comunista. No extraña, por tanto, que siguiendo el estilo que ha caracterizado al régimen castrista, la Asamblea Nacional ratificara la elección del único candidato que se presentó al cargo con el 99,83% de los votos y que solo hubiera un voto que no se decantara por Díaz-Canel, probablemente él mismo. Con este resultado es difícil pensar en el comienzo de una nueva etapa.

Lo relevante es que por primera vez desde que el 1 de enero de 1959 triunfara la revolución cubana, el apellido Castro no estará al frente de Cuba. Raúl Castro, en el poder desde 2008 —aunque

provisionalmente lo ejercía desde 2006— recibió la presidencia de manos de su hermano Fidel. Ayer se la cedió a Díaz-Canel, aunque se reserva la secretaría general del Partido Comunista hasta 2021. Desde allí Castro controlar la labor de su sucesor.

En los discursos que se han sucedido, el régimen ha dejado bien claro que no hay intención de iniciar apertura alguna. El oficialismo ha empleado para el relevo el término “continuidad” para no dar lugar a la especulación. Atrás quedan las esperanzas que se despertaron en 2014 cuando Raúl Castro y el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras casi medio siglo de alejamiento, hostigamiento y embargo. Las medidas de apertura en el terreno comercial y de las relaciones políticas fueron una de los primeras víctimas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bien es cierto que durante los dos años que transcurrieron desde la firma hasta la llegada de Trump, Castro no se movió un centímetro ni abrió el régimen a más reformas. En cualquier caso, de todo aquello apenas queda una reapertura mutua de Embajadas.

La llegada de Díaz-Canel al poder plantea algunas incógnitas que determinarán el futuro de Cuba. Teóricamente, su mandato está limitado a dos períodos de cinco años. Además, deberá revitalizar una economía de un país sumido desde hace décadas en la miseria. Y al tiempo deberá buscar el equilibrio entre las diferentes fuerzas que, sin el control de los Castro, pueden tratar de reubicarse en los círculos de poder. Entre ellas destacan el Partido Comunista y el Ejército. Y todo ello sin ver su liderazgo amenazado. En el exterior, la gran incógnita estriba en cómo afrontará la relación con un EE UU que, bajo Trump, carece de interés alguno en normalizar las relaciones.

España debe afrontar esta nueva etapa en la presidencia cubana como una oportunidad para ayudar al desarrollo del país y sobre todo para facilitar una necesaria apertura democrática. El Gobierno puede y debe ofrecerse al nuevo mandatario cubano para poner en marcha una estrategia de apertura política y económica en beneficio del pueblo cubano.

Editorial El País, España

Las tecnológicas están obligadas a velar por los datos de los usuarios

Una usuaria accede a las redes sociales a través del móvil. KIRILL KUDRYAVTSEV (AFP).

El escándalo por la utilización fraudulenta de los datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook ha puesto a la todopoderosa compañía tecnológica en una complicada situación que puede dañar seriamente su reputación, ya de por sí erosionada por su papel en la circulación de fake news a través de Internet. El presidente y fundador de la plataforma, Mark Zuckerberg, ha admitido errores, pero sus explicaciones no han calmado a los mercados financieros ni satisfecho la justa indignación de los millones de personas que han visto cómo la compañía británica Cambridge Analytica ha utilizado sin permiso millones de perfiles en beneficio de la campaña electoral de Donald Trump.

Velar por la privacidad y proteger la información de los usuarios es una obligación ineludible de Facebook, y en general de marcas como Google, Amazon, YouTube y Twitter, que acumulan en sus potentes servidores una ingente cantidad de referencias personales. Esa información es el pilar sobre el que se asienta su modelo de negocio. Sus algoritmos procesan los hábitos de navegación del público para servirles posteriormente mensajes publicitarios personalizados. Un uso perverso de este torrente de datos puede agitar movilizaciones en la calle, manipular a la opinión pública en asuntos polémicos o incitar a los ciudadanos a votar a un determinado candidato, torpedeando así la esencia de la democracia.

Las sospechas sobre la capacidad de Facebook de influir en el ámbito de la política son graves y sus esfuerzos, si verdaderamente aspira a recuperar la confianza de los usuarios, deberían ir dirigidos a disipar esas acusaciones. La compañía, que ha diseñado cortafuegos contra las noticias falsas en la Red y establecido mecanismos para idenficar los medios fiables, tiene también la responsabilidad de incrementar el control de los anuncios políticos, aún a costa de perder una (mínima) parte de sus ingresos publicitarios.

No se puede negar que las empresas tecnológicas han contribuido a construir un mundo más abierto y conectado. Son un motor de la globalización. Pero el escándalo generado por la fuga de datos a través de la firma británica evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de Internet en la custodia de millones de perfiles. Los usuarios tienen derecho a saber de qué modo se gestiona su información, qué riesgos corre y los parches de protección aplicados para taponar grietas como las de Facebook.

Para devolver la confianza a los 2.000 millones de personas afiliadas a Facebook, la compañía está obligada a dar explicaciones detalladas y convincentes. La Administración estadounidense, el Parlamento británico y la Eurocámara reclaman a Zuckerberg respuestas concluyentes y medidas eficaces. Como ha apuntado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, tiene que aclarar ante los representantes de 500 millones de ciudadanos que no se han utilizado datos personales para manipular la democracia. La privacidad es equiparable a otros derechos fundamentales, como el honor y la intimidad, y debe ser preservado con la misma firmeza.

Editorial de El País

Perú vuelve a la inestabilidad institucional tras la dimisión del presidente

La policía monta guardia frente al Palacio de Gobierno en Lima. MARIANA BAZO REUTERS
A solo 20 meses de asumir la presidencia de Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha presentado su dimisión. El mandatario ha sido relacionado con varios escándalos, en concreto con el caso Odebrecht—comisiones ilegales de una constructora brasileña a escala continental— y con una presunta compra de votos. A esto se ha sumado la presión parlamentaria ejercida por la oposición fujimorista. Kuczynski dimitió el miércoles, un día antes de que el Parlamento votara su destitución. Se trataba de la segunda moción de este tipo en apenas tres meses. La renuncia presidencial constituye un duro golpe a la institucionalidad de país.

La salida de Kuczynski de la Casa de Pizarro ahonda todavía más una dinámica de decadencia política iniciada en 1990, cuando Alberto Fujimori venció en las urnas a Mario Vargas Llosa. Lejos de regenerar el país, Fujimori protagonizó en 1992 un autogolpe e instauró un régimen caracterizado por la corrupción y la violación de los derechos humanos. La democracia fue recuperada en 2001, pero la lista de mandatarios desde entonces presenta una panoplia de escándalos: Alejandro Toledo, ha huido a EE UU y está en busca y captura; Alan García fue presidente dos veces y en ambas resultó salpicado por casos de corrupción; Ollanta Humala permanece encarcelado por la misma razón. Kuczynski ha dimitido bajo la misma acusación.

Además en Perú todavía se deja sentir el influjo de Fujimori a través de la figura de sus herederos políticos y físicos: sus hijos Keiko y Kenji. Keiko es la líder de la oposición con un discurso populista y destructivo. Y al estilo de su padre sigue chantajeando con vídeos a sus rivales políticos. Kenji pactó con Kuczynski el indulto del exdictador a cambio de 10 votos que evitaron que el presidente cayera en diciembre.

Toca ahora al vicepresidente Martín Vizcarra la difícil pero imprescindible tarea de devolver a los peruanos la confianza en sus instituciones democráticas.

Editorial de El País

La decisión de la oposición democrática venezolana de no acudir a las elecciones convocadas por el régimen chavista para el próximo 22 de abril está más que justificada. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de la oposición, no quiere ser una comparsa de una farsa electoral cuyo único objetivo es dotar de apariencia de legitimidad a la perpetuación de Nicolás Maduro en poder.

La convocatoria electoral no puede ser considerada seriamente como una verdadera elección presidencial. Se trata de un proceso en el que no se dan las mínimas garantías ni de igualdad de condiciones ni de transparencia. Se produce además con la vergonzosa existencia de presos políticos o bajo arresto domiciliario y con decenas de miles de venezolanos en el exilio.

Maduro se ha negado a aceptar las condiciones requeridas por los Gobiernos de México, Chile, San Vicente, Bolivia y Nicaragua en el transcurso de las negociaciones celebradas el pasado diciembre en la República Dominicana entre el chavismo y la oposición. Y eso que estos tres últimos países acudían invitados por el régimen venezolano. El documento propuesto incidía en la transparencia, la necesidad de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la revocación de inhabilitaciones políticas tanto sobre partidos como sobre personas, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el derecho a voto de los venezolanos en el exterior y la invitación de observadores internacionales independientes. Nada de esto se ha cumplido.

Quien debería ser el árbitro imparcial del proceso, el Consejo Nacional Electoral, es un órgano totalmente controlado por el chavismo, que ya ha dado sobradas muestras de arbitrariedad. El martes, el Consejo propuso que el expresidente de Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero liderara una misión de observadores electorales de la ONU. Es un buen botón de muestra de cómo funcionan las cosas en la Venezuela bajo Maduro: se acepta una misión de observación pero se dice quién debe dirigirla. Tal vez Naciones Unidas tenga otra idea. Mención aparte merece el cada vez más confuso papel de Zapatero en la crisis venezolana. El expresidente español ha dilapidado un prestigio mediador ganado en los primeros compases del conflicto y se está prestando a su utilización por el régimen como valedor de un proceso incompatible con una elección democrática.

Impasibles, Maduro y su círculo prosiguen con su plan para hacerse con el poder absoluto en Venezuela al precio de sumir al país en unos límites inconcebibles de miseria. Que el 64,3% de la población afirme haber perdido once kilos de peso durante 2017 mientras un tercio de la población recibe bolsas de comida a precios regulados por el Gobierno es indicador de algo impensable en uno de los países más ricos de Latinoamérica: el hambre. Esto unido a un sistema sanitario destruido, una economía comatosa y un sistema educativo que se hunde, han colocado al país sudamericano al borde de la emergencia humanitaria. Las decenas de miles de personas que ya han abandonado el país no son, desde luego, unos traidores, como afirma el régimen, sino venezolanos que ya han votado, con sus pies.

Editorial de El País

La decisión de la oposición democrática venezolana de no acudir a las elecciones convocadas por el régimen chavista para el próximo 22 de abril está más que justificada. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de los partidos de la oposición, no quiere ser una comparsa de una farsa electoral cuyo único objetivo es dotar de apariencia de legitimidad a la perpetuación de Nicolás Maduro en poder.

La convocatoria electoral no puede ser considerada seriamente como una verdadera elección presidencial. Se trata de un proceso en el que no se dan las mínimas garantías ni de igualdad de condiciones ni de transparencia. Se produce además con la vergonzosa existencia de presos políticos o bajo arresto domiciliario y con decenas de miles de venezolanos en el exilio.

Maduro se ha negado a aceptar las condiciones requeridas por los Gobiernos de México, Chile, San Vicente, Bolivia y Nicaragua en el transcurso de las negociaciones celebradas el pasado diciembre en la República Dominicana entre el chavismo y la oposición. Y eso que estos tres últimos países acudían invitados por el régimen venezolano. El documento propuesto incidía en la transparencia, la necesidad de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la revocación de inhabilitaciones políticas tanto sobre partidos como sobre personas, el acceso igualitario a los medios de comunicación, el derecho a voto de los venezolanos en el exterior y la invitación de observadores internacionales independientes. Nada de esto se ha cumplido.

Quien debería ser el árbitro imparcial del proceso, el Consejo Nacional Electoral, es un órgano totalmente controlado por el chavismo, que ya ha dado sobradas muestras de arbitrariedad. El martes, el Consejo propuso que el expresidente de Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero liderara una misión de observadores electorales de la ONU. Es un buen botón de muestra de cómo funcionan las cosas en la Venezuela bajo Maduro: se acepta una misión de observación pero se dice quién debe dirigirla. Tal vez Naciones Unidas tenga otra idea. Mención aparte merece el cada vez más confuso papel de Zapatero en la crisis venezolana. El expresidente español ha dilapidado un prestigio mediador ganado en los primeros compases del conflicto y se está prestando a su utilización por el régimen como valedor de un proceso incompatible con una elección democrática.

Impasibles, Maduro y su círculo prosiguen con su plan para hacerse con el poder absoluto en Venezuela al precio de sumir al país en unos límites inconcebibles de miseria. Que el 64,3% de la población afirme haber perdido once kilos de peso durante 2017 mientras un tercio de la población recibe bolsas de comida a precios regulados por el Gobierno es indicador de algo impensable en uno de los países más ricos de Latinoamérica: el hambre. Esto unido a un sistema sanitario destruido, una economía comatosa y un sistema educativo que se hunde, han colocado al país sudamericano al borde de la emergencia humanitaria. Las decenas de miles de personas que ya han abandonado el país no son, desde luego, unos traidores, como afirma el régimen, sino venezolanos que ya han votado, con sus pies.

Editorial de El País

Zapatero confunde su rol mediador y aporta un apoyo crucial al chavismo

El presidente dominicano, Danilo Medina, junto al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles en Santo Domingo.

La carta enviada por José Luis Rodríguez Zapatero a la oposición venezolana tras el fracaso de las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro es impropia de un mediador. Porque una cosa es la frustración del que ha trabajado para acercar a las partes en conflicto y otra muy distinta cargar las culpas en solo uno de los negociadores. En el caso que nos ocupa esa falta de imparcialidad es especialmente escandalosa, con una oposición oprimida, perseguida y encarcelada frente a un gobierno abusivo entregado a la demolición de la democracia y la economía de Venezuela.

Auspiciadas por un grupo de seis países americanos, por el presidente de la República Dominicana y por el propio Zapatero, las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición no han llegado a buen puerto. El régimen chavista se ha negado a ofrecer garantías esenciales para celebrar con transparencia democrática las próximas elecciones presidenciales; entre ellas, el equilibrio informativo en los medios públicos, la reversión de las inhabilitaciones políticas de dirigentes de la oposición, la liberación de todos los presos políticos o la restitución de la Asamblea Nacional.

El Gobierno de Maduro pretendía, sin embargo, que la oposición se aviniera a un acuerdo en el que solo se admitía una misión de observación de la ONU y la creación de una comisión de La Verdad. El resto eran vagas promesas de limpieza democrática. De suscribirlo la oposición, se habría dotado de legitimidad a unas elecciones con las que el régimen solo pretende afianzarse en el poder. Por si hubiera alguna duda, Maduro las ha convocado inmediatamente después del fracaso de las conversaciones abiertas en República Dominicana y lo ha hecho para el día 22 de abril, lo que perjudica a la oposición, que había pedido más tiempo para reorganizarse —varios partidos han sido vetados por decreto— y poder concurrir de manera solvente a las elecciones.

En este contexto, el llamamiento de Zapatero a la oposición no se corresponde con su papel de mediador ni con los principios democráticos que deben guiar su actuación. El documento ofrecido por el régimen chavista no aporta garantías de un proceso limpio y Zapatero se presta a retorcer la realidad para acomodarla a la visión de Maduro afirmando que la comunidad internacional ha impuesto “sanciones contra Venezuela”, cuando estas, en realidad, son contra altos responsables de los desmanes venezolanos.

Esos desmanes son tan notorios y evidentes que el Parlamento Europeo acaba de pedir ampliar esas sanciones mientras que la Corte Penal Internacional ha abierto un examen sobre los presuntos crímenes del chavismo. El Gobierno español, tradicionalmente contenido ante los insultos recibidos desde Caracas, ha expulsado al embajador venezolano en respuesta a la expulsión del canciller español en Venezuela. Frente a todo ello, Zapatero adopta el lenguaje y los lemas del régimen. Llama al diálogo y al acuerdo con gesto grave y solemne, ajeno a la razón de que lo que busca una parte es la rendición sin condiciones de la otra. Prestarse a ello es un insulto a Venezuela.

Editorial El País

ORLANDO BARRÍA (EFE). VÍDEO: QUALITY-REUTERS

Editorial de El País