Un conflicto resultaría catastrófico en una región devastada por la pobreza, el cambio climático y la violencia yihadista

Partidarios del golpe de Estado en Níger acompañaban el día 6 al general Mohamed Toumba, uno de los líderes de la asonada militar, en Niamey, la capital del país.

El golpe de Estado en Níger del 26 de julio y la airada reacción de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) han puesto al continente africano al borde de un grave conflicto. El organismo regional no se ha limitado a aprobar sanciones económicas, sino que ha amenazado con una intervención militar para devolver el poder a los civiles. El riesgo de ejecutar esa amenaza es alto: los regímenes militares de Malí y Burkina Faso parecen dispuestos a defender a los generales nigerinos, y la opción de una guerra entre bloques en el Sahel sigue sobre la mesa, aunque de momento se impone la vía diplomática.

La amenaza de la Cedeao es muy real. En su reunión del jueves, los jefes de Estado de la región aprobaron activar una fuerza militar para intervenir en Níger. Los golpistas no han dado muestras de ceder a la presión y se niegan a liberar al presidente legítimo, Mohamed Bazoum, que sigue retenido en su residencia. Sin embargo, las consecuencias de un conflicto resultarían catastróficas en una región ya devastada por la pobreza y el cambio climático y donde el avance yihadista ha causado decenas de miles de muertos y unos cuatro millones de refugiados y desplazados en la última década.

Desde 2020, nada menos que seis golpes de Estado han tenido éxito en África occidental. Cuatro países —Guinea, Malí, Burkina Faso y la propia Níger— están en manos de militares. El hartazgo por este retroceso democrático está detrás de la firmeza de la Cedeao, pero también planean sobre ella los intereses occidentales y la geopolítica mundial. El uranio de Níger alimenta las centrales nucleares francesas, y el país alberga dos bases estadounidenses y a unos 1.500 soldados galos tras su expulsión de Malí y Burkina Faso. Níger se había convertido en el centro saheliano de las políticas occidentales, tanto para su estrategia de defensa en el flanco sur de la OTAN como para el control migratorio. De ahí que la UE reclame una posición común ante la crisis y EE UU insista en explorar la vía diplomática.

Existe, además, una fundada sospecha de que Rusia mueve sus peones para continuar ganando presencia e influencia en África. Apoyado en el creciente sentimiento antioccidental de esta región, que Moscú estimula a través de las redes sociales, y con el grupo de mercenarios Wagner como punta de lanza, el régimen ruso conquista aliados al mismo ritmo que Occidente los pierde. Rusia ya es el principal exportador de armas al continente, pero quiere más.

En los últimos días, numerosas voces se han alzado para reclamar más diálogo con los golpistas y en contra de un conflicto de alto riesgo. Nigeria es un claro ejemplo. Mientras el presidente Bola Tinubu, actual líder de la Cedeao, es el principal impulsor de la intervención militar, la clase política y la sociedad civil rechazan la opción armada. Ambos países comparten 1.500 kilómetros de frontera, donde grupos armados y bandas de delincuentes operan desde hace años. Y tiene más de 200 millones de habitantes.

La actitud del general Tchiani, líder de la junta militar, no facilita las cosas, pero la obligación de las potencias y los organismos internacionales es tanto defender la democracia como preservar la paz. El desafío al que se enfrenta la región es enorme y de las decisiones que se adopten depende su futuro en gran medida. Esta crisis debería hacer reflexionar al mundo sobre lo que está ocurriendo en el Sahel, donde los intereses de unos y otros y la explotación de los recursos naturales han merecido más atención que la pobreza extrema y el abandono de millones de personas, que es el verdadero origen de todos los males.

EDITORIAL DE EL PAÍS

La voluntad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó de tratar de encontrar una salida a la crisis institucional del país sudamericano restableciendo algún mecanismo de encuentro con el régimen de Nicolás Maduro, constituye un ejercicio de realismo político en un momento en el que lo que más urge es evitar la parálisis en la que está sumido el país entero.

Guaidó arriesga incluso la crítica de parte de la misma oposición al dar ese paso, pero lo cierto es que lo ha hecho sin renunciar a los principios básicos por los que fue elegido presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional: la liberación de los presos políticos, la convocatoria inmediata de elecciones libres y transparentes y, en resumen, el retorno de Venezuela a la democracia. Y en acuerdo con las líneas básicas de la ronda de conversaciones celebrada por los representantes de la oposición en Barbados. Una línea, además, respaldada por la comunidad internacional.

La aceptación del eventual diálogo —necesario para evitar el choque directo en las calles y para intentar aliviar el sufrimiento de la población— no implica ignorar que se están acumulando las acusaciones de organismos internacionales contra el régimen de Maduro por violaciones de los derechos humanos y tortura.

Entre esas denuncias figura la realizada esta semana en una entrevista con EL PAÍS por una prominente figura chavista, el exdirector de los servicios de inteligencia, Cristopher Figuera. Este, exiliado ahora en Estados Unidos, asegura que las torturas por parte del régimen son sistemáticas y revela un entramado que incluye medios electrónicos y persecuciones sobre el terreno, para vigilar a los opositores.

Figuera, que fue decisivo en la liberación del opositor Leopoldo López, es un testigo clave sobre el proceder violento del chavismo como estrategia de Estado y no como la actuación individual de elementos descontrolados, como a veces se ha intentado explicar. Una buena muestra de esta estrategia es lo que está sucediendo en torno a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, fallecido mientras permanecía detenido por los servicios secretos y cuya autopsia ha revelado politraumatismos e indicios de electrocución. A la familia no se le ha permitido reconocer el cuerpo hasta pasadas casi dos semanas, y el entierro ha tenido lugar bajo estrictas restricciones de asistencia, circunstancias ambas impropias de cualquier sistema mínimamente democrático.

Mientras la oposición, liderada por Juan Guaidó, intenta mantener abierto el diálogo a pesar del hostigamiento, Maduro sigue hostigando a los opositores a pesar del diálogo.

elpais.com

La prioridad es el restablecimiento de la legalidad democrática en Venezuela

El ‘presidente encargado’ de Venezuela, Juan Guaidó. FERNANDO LLANO AP

El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela realizado ayer por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es una medida acertada cuyo fin último es el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano. El anuncio de Sánchez fue seguido en cascada por el de las principales potencias europeas, que comparten el criterio de que debe ser un Gobierno venezolano de transición el que convoque y organice unas elecciones presidenciales con las debidas garantías de limpieza y transparencia. España y la Unión Europea deberían ofrecer además todo el apoyo necesario al grupo de países latinoamericanos que también ha reconocido a Guaidó y que puede actuar como mediador y ayudar a solucionar los indudables problemas que acarrea la desastrosa crisis que atraviesa el país.

La situación institucional, económica y social en Venezuela ha alcanzado un nivel de degradación sin precedentes, por más que el régimen de Nicolás Maduro pretenda ignorarlo. La única salida son unas elecciones que devuelvan la legitimidad democrática incuestionable a quien el pueblo venezolano decida. El anuncio realizado por España y otros países europeos no respalda una ruptura de la legalidad, sino precisamente su restauración encargada al presidente interino, reconocido por la mayoría de la Asamblea Nacional venezolana, en la que, por cierto, hay más de un tercio de representantes chavistas, y por la comunidad internacional.

Por mucho que países como Rusia, China o Estados Unidos tengan grandes intereses económicos en el país, se trata de un conflicto interno venezolano, en todo caso con implicaciones regionales, y como tal debe ser afrontado. La retórica agresiva del presidente norteamericano, Donald Trump, no ayuda nada a quienes desean el retorno de la democracia a Venezuela. Al contrario; da alas a Nicolás Maduro y a sus seguidores. Las continuas apelaciones a una eventual intervención militar por parte de Washington no solo suscitan una lógica preocupación internacional, sino que la Unión Europea y los países de América Latina deben de hacerles claramente frente. Se trata de una línea roja que de ninguna manera debe ser sobrepasada. El siglo XX agotó las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica.

Probablemente, resulte necesario un proceso de diálogo con Maduro que gestione su salida rápida e incruenta del poder, pero este diálogo debe ser —en todo caso— impulsado internacionalmente por las naciones latinoamericanas. El papel de España, y de los demás países de fuera de la región, es apoyar a estas últimas.

Junto a la emergencia institucional está la humana, que no es menos grave. A los millones de venezolanos que han abandonado el país se une la aguda precariedad material que vive el país fruto de una gestión incompetente. Resulta fundamental, en primer lugar, paliar las necesidades más urgentes que origina esta carestía y, en segundo término, comenzar a levantar los mecanismos que permitan un regreso a la normalidad lo más rápido posible. La democratización de Venezuela también pasa por la mejora sustancial de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Editorial de El País

La gestión de Nicolás Maduro al frente de Venezuela no puede ser calificada sino como lamentable desde prácticamente todos los puntos de vista. A la catástrofe económica que ha hundido a la población en una miseria material inimaginable hace pocos años en uno de los países con más potencial material y humano de América, se ha unido un retroceso inaceptable en el ámbito de las libertades individuales y colectivas con la instauración de facto de un régimen autoritario, aunque pretenda guardar una apariencia democrática. Bajo el mandato de Maduro se han hostigado y cerrado medios de comunicación, falseado elecciones, encarcelado a los líderes opositores y forzado al exilio a decenas de miles de venezolanos. Lo mejor para Venezuela es que Maduro hubiera abandonado el poder hace tiempo. Y esa opción sigue estando sobre la mesa y siendo necesaria.

El audaz movimiento de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de proclamarse presidente interino de la república debe obtener inmediatamente una legitimación democrática, siguiendo escrupulosamente los principios y procedimientos necesarios para ello. Es verdad que hace una semana la Asamblea declaró “usurpador” a Maduro, quien prácticamente acababa de jurar nuevamente como presidente del país tras unas elecciones rechazadas por la comunidad internacional por considerarlas amañadas, pero la Cámara no inició el proceso de nombramiento de un nuevo presidente. Precisamente porque Maduro se ha saltado la legalidad para alcanzar sus objetivos, es evidente que quienes reclaman con toda justicia que el imperio de la ley vuelva a su país deben dar los pasos necesarios para restaurarla. El objetivo es que la democracia vuelva a Venezuela, sin venganzas, con justicia y con respeto al Estado de derecho. Esa debe ser la exigencia de la comunidad internacional y la presión tiene que ser lo suficientemente fuerte y unánime para que otros estamentos del país, incluidas las Fuerzas Armadas, comprendan que hay un camino irreversible hacia la democracia, sin Nicolás Maduro.

En estas circunstancias, y tras el reconocimiento internacional de Guaidó por parte de EE UU y de los principales países de Latinoamérica —con la notable excepción de México, que se ha pronunciado con cierta ambigüedad—, le toca ahora a la Unión Europea dar su opinión. Con vistas al mundo, la UE es el fiel de la balanza de los procesos democráticos y lo deseable es que en este y otros conflictos de alcance global se pronuncie con una sola voz. España puede jugar un papel fundamental precisamente para conseguir unanimidad en la respuesta europea ante los sucesos de Venezuela y en el apoyo a un nuevo presidente, democráticamente respaldado. En unos momentos en que la UE sufre uno de los mayores desafíos de su historia con la crisis provocada por Reino Unido y su intención de abandonarla, la Unión tiene que demostrar que es capaz de adoptar una postura única y coherente ante algo tan propio de sus principios como es la instauración de la democracia. Y aunque es positivo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogue por la celebración de elecciones libres —una solución que la comunidad internacional lleva largo tiempo reclamando— lo suyo es que abogue con fuerza por esta postura en Bruselas y no solo en una conversación telefónica desde Davos con el autoproclamado presidente de Venezuela.

Es urgente encontrar una salida política inmediata a la situación en Venezuela. Los muertos en la última jornada deberían ser los últimos del conflicto, y la posibilidad de un enfrentamiento civil a gran escala debería desaparecer del horizonte. Este es el peligro que conviene conjurar con todos los esfuerzos. La Unión Europea debe colaborar en ello, con una sola voz. Y España, con una larguísima tradición de amistad con Venezuela y con fuertes intereses comerciales, no debería convertir el futuro del país en un arma de enfrentamiento electoral interno.

Editorial de El País de España

El País

Solo la colaboración internacional humanizará las migraciones

La historia de la humanidad es el relato de una larga migración, un movimiento que se ha ido acelerando conforme lo permitían los medios técnicos. Entre 1820 y 1920, 60 millones de europeos cruzaron el Atlántico en busca de un futuro en América gracias a las mejoras en la navegación. Actualmente, según calcula la ONU, 258 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento (el 3,4% de la población mundial), una cifra que, sostiene la organización, crecerá en los próximos años a causa de la desigualdad, el cambio climático, los conflictos, pero también la interconectividad que facilita los desplazamientos de personas. La migración es un fenómeno internacional, que solo logrará racionalizarse y, sobre todo, humanizarse en un marco global. Por eso, es bienvenido el pacto migratorio de la ONU, adoptado en diciembre por 165 países de los 193 que integran la ONU.

El documento representa solo un primer paso, que no instaura ningún derecho a migrar, sino que recalca los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de sus papeles. También llama a que no sean detenidos sin motivo o a que los menores gocen de una protección especial, una absoluta necesidad que no está actualmente garantizada. El pacto no es vinculante, no obliga a ningún Estado firmante. Sin embargo, el acuerdo ha provocado protestas violentas, incluso ha llegado a romper el Gobierno de Bélgica y ha sido rechazado por Estados que le reprochaban ideas que ni siquiera incluía. Los principales países gobernados por nacionalistas, o que tienen una importante influencia ultraderechista, lo han denostado, entre ellos Estados Unidos, Australia, Italia, Hungría, Polonia o Austria. Sus argumentos, que tantos réditos electorales les han dado, se basaban casi siempre en informaciones falsas que, por eso mismo, resultaban casi imposibles de rebatir.

La UE se ha mostrado muy dividida en un tema que socava sus consejos y que ha creado una situación caótica en el Mediterráneo, ya que los Estados que deberían recibir a los barcos que han rescatado migrantes se niegan a acogerles, incumpliendo la ley y la lógica. Estados Unidos ni siquiera ha querido participar en las negociaciones, lo que no es de extrañar dado que su presidente, Donald Trump, se ha mostrado directamente cruel con los inmigrantes.

La historia enseña que la inmigración nunca se detiene y que las grandes crisis provocan enormes movimientos: la hambruna de la patata en Irlanda puso a un millón de personas en el mar (sin que hubiera que sufrir los miles de náufragos y ahogados que hoy día, con una tecnología muy superior, nos sobrecogen) y, al igual que la guerra de Siria provocó en 2015 una oleada de millones de personas en huida, la violencia, la pobreza y la sequía han desencadenado a finales de este año una caravana que ha recorrido Centroamérica hasta la frontera con EE UU. Un pacto migratorio mundial puede ayudar a controlar estas mareas humanas que, de todos modos, ya existen.

Esto no significa volver a situación en vigor durante el siglo XIX y una parte del siglo XX, cuando bastaba con no tener una enfermedad contagiosa para instalarse en EE UU o América Latina. Tampoco prevé que los inmigrantes, una vez instalados, puedan saltarse la ley del país en el que residen. Resulta especialmente irritante que un país como Estados Unidos, formado por emigrantes, e Italia, donde la emigración forma parte de su identidad y su cultura, encabecen el rechazo a un acuerdo contra un fenómeno sin el que no existirían.

Solo el trabajo conjunto entre los Estados que producen emigrantes y los que los reciben puede ayudar a racionalizar los flujos migratorios. La cooperación para mejorar las condiciones de vida de los países más pobres ralentizará, pero no detendrá el movimiento. Y es además lo deseable porque los países necesitan inmigrantes. Alemania acaba de anunciar que busca a 1,2 millones de trabajadores cualificados, mientras que la salud de la pirámide demográfica española depende de los que vienen de fuera. Como escribió el dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt: “Tristes estos tiempos en los que hay que luchar por lo obvio”.

Editorial de El País de España

El año 2018 es uno de los más negros para el ejercicio del periodismo en el mundo

La libertad de prensa está cada vez más amenazada en todo el mundo. Los regímenes totalitarios, el narcotráfico, la corrupción y los mandatarios ultrarrepresivos no dudan en mostrar a cada instante su hostilidad hacia el periodismo libre, agredido de una manera especialmente violenta este curso. En 2018 ha habido más informadores asesinados, encarcelados y secuestrados que en años anteriores y al mismo tiempo se ha generado un significativo aumento de las violaciones de los derechos de la prensa. La organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) ha contabilizado en lo que va de año 63 profesionales asesinados (un 15% más que en 2017), 348 encarcelados y 60 secuestrados. Es un balance particularmente negro si se tiene cuenta que muchos de los crímenes contra los profesionales de los medios de comunicación han sido cometidos en países en paz. Aun así, las zonas donde se han producido más muertes violentas son Afganistán y Siria, territorios envueltos en conflictos armados. En México parece ya endémico el asesinato de periodistas que investigan tramas corruptas locales, a menudo vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico, y el horror de la guerra en Yemen se ha cobrado la vida de varios reporteros.

De todos los crímenes, el del disidente saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, ha suscitado un intenso seguimiento internacional por las siniestras circunstancias en las que se produjo: según todos los indicios, murió estrangulado en el consulado saudí en Estambul y su cuerpo fue descuartizado. Por haberse producido en un Estado de la UE, donde la libertad de prensa es uno de los valores más sólidos, también alcanzó gran eco el asesinato del eslovaco Jan Kuciak, que investigaba conexiones mafiosas de empresarios locales.

En muchos países las agresiones a la libertad de prensa se manifiestan en forma de leyes que restringen el pluralismo informativo o de un indisimulado acoso a los medios críticos. Son preocupantes las políticas del Gobierno polaco contra la televisión pública e inquietan los arrestos y las retenciones arbitrarias en Turquía, la mayor prisión del mundo para los profesionales. Es pasmoso el odio visceral que Donald Trump exhibe hacia los periodistas y nada puede justificar la ola represiva hacia la prensa no gubernamental en Nicaragua y Venezuela.

Aunque en España la libertad de prensa no está en peligro, ha causado estupor la confiscación policial de los teléfonos móviles a dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press. Ante actos de este tipo conviene no olvidar que el periodismo independiente es un pilar básico del Estado de derecho y que socavar los cimientos de la libertad de información debilita la democracia misma.

Editorial de El País

El deterioro de la situación política y social en Venezuela está llevando al país sudamericano a unas cotas de precariedad material e institucional que no hubieran resultado creíbles hace apenas pocos años. No hay prácticamente ningún ámbito de la vida cotidiana que no se vea marcado negativamente por la descomposición de un régimen que, lejos de buscar una salida dialogada y viable, se empecina en una peligrosa huida hacia adelante.

La celebración de elecciones locales el pasado domingo es un buen ejemplo de ello. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por Nicolás Maduro, proclamó su victoria en 142 de las 156 circunscripciones en las que está dividido el país. El Consejo Nacional Electoral —controlado por el Gobierno— recalcó la victoria “del pueblo”. Pero lo cierto es que el 72,6% del electorado decidió no acudir a votar.

Pero a pesar de registrar apenas este 27,4% de participación en el último proceso electoral, con más de tres millones de personas que ya han abandonado Venezuela —cuya economía lleva cinco años consecutivos de recesión— y algunos tristes récords mundiales como el de inflación, el presidente Maduro sigue enrocado en acusar a la conspiración exterior del fracaso de su gestión. Ni las continuas advertencias a mandatarios extranjeros ni las alertas sobre inminentes intervenciones militares foráneas van a enderezar una situación que hace ya demasiado tiempo dejó de ser preocupante y se vuelve cada vez más caótica.

En este contexto, se ha producido otra mala noticia para la libertad de expresión con el anuncio de que El Nacional —el último periódico independiente y crítico con el Gobierno de Maduro— no puede seguir produciendo su edición impresa debido a las constantes trabas que le impone la Administración chavista para la importación de papel. Desgraciadamente no se trata de una excepción. Alrededor de una quincena de diarios ya han seguido el mismo camino. Desde hoy, en los quioscos venezolanos solo podrán encontrarse medios controlados o afines al Gobierno.

No es de extrañar que ante la preocupante situación en Venezuela algunos políticos no venezolanos que en el pasado defendieron al régimen bolivariano consideren, acertadamente, que la actuación de Maduro no tiene disculpa alguna. Las declaraciones en el Senado del líder de Podemos, Pablo Iglesias —quien subrayó que “la situación política y social es nefasta”—, son otro indicativo más de que la deriva de Maduro está alejando incluso a quienes más han apoyado su proyecto frente a toda crítica. Iglesias añadió refiriéndose a sí mismo que “rectificar en política está bien”. Maduro debería haber hecho lo mismo hace ya mucho.

Editorial de El País

El equipo de ‘Roma’, durante la presentación de la cinta en el Festival de Venecia. ANDREAS RENTZ GETTY IMAGES

Fundada en 1997 como una empresa que enviaba DVD a domicilio en EE UU para comprar o alquilar, Netflix va a producir este año 80 películas, mucho más que cualquier estudio de Hollywood, y acumula 130 millones de clientes en 190 países (China es el único mercado importante en el que no está presente). Se trata de un actor imposible de ignorar en el sector audiovisual, que ha cambiado la forma de consumir televisión y que ha crecido a una velocidad gigantesca (ha duplicado el número de abonados en cuatro años). Tiene, por lo tanto, sentido que el Festival de Venecia haya aceptado seis películas del gigante del cine y las series online sin tener la seguridad de que vayan a exhibirse en salas antes de estar disponibles para todos los socios de la plataforma. Se trata además de títulos importantes, realizados por directores de primera fila, como Roma, de Alfonso Cuarón, o 22 July, de Paul Greengrass.

El Festival de Cannes, el más importante del mundo, había cambiado sus normas para no exhibir películas que no hubiesen pasado anteriormente por los cines y que no respetasen la cadencia tradicional de un estreno: primero, las salas; luego, el resto de las pantallas.

Venecia, pese a las críticas de los exhibidores italianos, ha cedido a una obviedad. Como dijo el director del festival, “no se puede parar la marea”. Netflix, a cambio, ha anunciado que alguna de sus películas serán exhibidas en cines durante unos días antes de entrar en el catálogo de la plataforma. Eso también tiene sentido: una cosa es aceptar la realidad del cambio tecnológico que vive el sector audiovisual y otra renunciar al espectáculo de una pantalla grande en una sala a oscuras (y, a ser posible, en silencio). Hay una cosa que ninguna tecnología podrá cambiar: no es lo mismo ver una película en una sala de cine que en un teléfono en el metro o en una tableta en casa. Una sala de cine siempre gana.

Editorial de El País de España

El presidente de EE UU se muestra más cómodo con el dictador de Corea del Norte que con sus aliados del G7

La hostilidad prebélica de hace apenas unos meses ha desaparecido, incluyendo las amenazas personales entre ambos mandatarios. Los cuatro puntos firmados por Trump y Kim ratifican el inicio de esta nueva era entre ambos países pero sin asumir compromisos concretos. La normalización de relaciones diplomáticas entre EE UU y Corea del Norte; el intercambio de prisioneros de guerra; la desnuclearización de la península de Corea y la firma de un tratado de paz entre ambas Coreas que ponga fin definitivamente a la guerra librada entre 1950 y 1953 constituyen unas metas que ambos presidentes dejan ahora en manos de los diplomáticos. En cualquier caso, la declaración —altisonante en las palabras, mínima en los detalles— no habría sido posible sin el deshielo protagonizado durante los Juegos Olímpicos de Invierno por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la mediación de China.

Contrasta este logro diplomático del presidente de EE UU —y lo cómodo que se le ha visto junto al dictador norcoreano— con los enfrentamientos vividos por el mandatario con los líderes de los otros seis países más industrializados del mundo —que además son democracias— durante la cumbre del G7 del pasado fin de semana en Canadá. Si con Kim Jong-un ha tendido puentes, frente a sus aliados del G7 ha cavado un profundo foso y ha acusado al primer ministro de Canadá de mentir. Trump da la impresión de entenderse mejor en el cara a cara con regímenes autoritarios que con representantes de democracias. Pero son estos los verdaderos socios de EE UU.

Editorial de El País

Está en manos de Maduro hacer que Venezuela vuelva a la senda democrática

Vista general de los embajadores ante la OEA durante la Asamblea General. En vídeo, declaraciones de Luis Almagro, Secretario General de la OEA. LENIN NOLLY (EFE) | VÍDEO: EFE
La Organización de Estados Americanos (OEA) está reunida en su 48ª Asamblea General para decidir si suspende la pertenencia de Venezuela a la institución que representa a todos los países del continente. Se trata de una medida muy grave que demuestra hasta qué punto la situación interna de ese país ha traspasado las fronteras y concierne a toda la región. Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha sumado a la presión para que se suspenda a Venezuela.

Este debate tiene lugar una semana después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, enviara al Tribunal Penal Internacional de La Haya un informe oficial que señala a Nicolás Maduro como uno de los “autores intelectuales de la represión” en Venezuela y pide que se investigue a su régimen por violación de los derechos humanos.

Sobre el tapete están además las elecciones celebradas el pasado 20 de junio que —boicoteadas por la oposición democrática, con una abstención de más del 50% y denuncias de fraude del candidato rival de Maduro— confirmaron al mandatario venezolano en la jefatura del Estado. Los comicios han sido rechazados por la comunidad internacional y numerosos Gobiernos: entre otros, 14 de Latinoamérica se han negado a reconocer la reelección de Maduro.

Antes de adoptar ninguna medida es necesario salvaguardar el interés del pueblo venezolano, sin duda la gran víctima de la situación de miseria y represión en la que ha sumido a su país la gestión de Maduro. La sanción que se discute es de carácter político y de naturaleza diferente a las ya adoptadas —como han hecho ya EE UU y la Unión Europea— contra los responsables directos del desastre en Venezuela. Está en manos de Maduro evitarla. Basta con que permita que su país vuelva a la senda democrática y libere a los presos políticos.

Editorial de El País