Ambos polos necesitan hacer una lectura descarnada de los resultados. Es comprensible que tanto el oficialismo como la oposición traten de hacer sus respectivos controles de daño. Sin embargo, hay realidades que no pueden omitir, aunque sea fuera de esta batalla donde los dos grupos intentan dominar el mundo de las percepciones.

Ya se sabe que la jornada no produjo victorias perfectas ni derrotas absolutas y que la correlación de fuerzas no sufrió alteraciones importantes. A pesar de los esfuerzos que se desplegaron desde cada uno de los campos, no se produjo el desempate holgado al que aspiraban las direcciones políticas, hoy forzadas a colocar las cosas en blanco y negro para identificar las grietas estructurales que les impide avanzar hacia terrenos más claramente prósperos.

Al oficialismo le corresponderá admitir que su votación no es proporcional ni al avasallante ventajismo que se ejerce desde el Estado, ni mucho menos a la opulenta inversión de recursos económicos procedentes de la chequera petrolera. Visto desde cualquier plano, y haciendo las comparaciones de rigor, es indudable que la oposición obtiene rendimientos muy superiores a los del gobierno, a pesar de las condiciones a que se encuentra expuesta.

Cada triunfo de la MUD es una hazaña que debería llamar la atención de la nomenclatura roja, cuyos logros electorales encubren las fallas tectónicas que la revolución viene padeciendo, incluso desde los tiempos del finado Hugo Chávez. Estas fisuras existen, aunque todavía no se manifiesten en forma dramática en la votación revolucionaria.

El hecho de que hasta ahora el campo democrático no haya conseguido la llave para capitalizar política y electoralmente los descontentos sociales, no significa que éstos no existan ni que su profundidad no resulte un riesgo de envergadura. El malestar de la población es una variable independiente y sus consecuencias podrían suceder al margen de lo que la MUD y sus dirigentes hagan o dejen de hacer.

La oposición, por su parte, necesita entender que la ausencia del comandante Chávez no le facilita las cosas y que la revolución posee una indiscutible capacidad regenerativa. También está obligada a valorar con mayor frialdad el impacto del fracaso del modelo sobre la recomposición de las fuerzas políticas del país.

La votación del oficialismo fue alcanzada en medio del más agreste contexto de carestía e inflación que hayamos vivido en años, lo que tal vez significa que las calamidades económicas no son suficientes para generar escenarios que le sean favorables. La MUD debe ponderar la crisis, no como una automática amenaza para el gobierno, sino como una oportunidad que será aprovechada para estimular nuevos episodios similares a los de Daka.

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Por Argelia Ríos

En Venezuela no hay elecciones de menor importancia. No puede haberlas porque no transitamos tiempos normales. Todas las mediciones son igualmente cruciales. En nuestra circunstancia, unos comicios municipales pesan tanto como una escogencia presidencial: en cada jornada nos decantamos por caminos y procederes opuestos que, progresivamente, van definiendo las características del país que tenemos. Lo que somos hoy es la consecuencia directa de las opciones que elegimos. Ninguna de las adversidades que nos desvelan como ciudadanos está desvinculada de la extensa cadena de sentencias que los ciudadanos dictamos en las urnas. Los infortunios que padecemos son la deriva de nuestros dictámenes; de errores cometidos a la hora de seleccionar a nuestros encomendados, o de excesos en las concesiones de inmerecida confianza, cuando no de nuestra indiferencia frente a la búsqueda necesaria del bienestar colectivo.

La evolución de los gobiernos locales, como la de los otros niveles regionales y nacionales, conforma una pieza del motor que mueve al país. Todos hacen parte de un engranaje sistematizado e interdependiente. No hay manera de que un Municipio marche bien y en orden si el país camina por senderos tortuosos. La ruta que lleva el país impactará siempre la ruta de los estados y municipios. El abajamiento que experimentamos abarca todos los eslabones e intersticios y es el origen de esta atmósfera de decadencia general y de ruina acelerada. Vivimos una devastación horizontal que hiere por igual a Caracas y a las ciudades principales, que a cualquier caserío minúsculo de la provincia profunda.

La Venezuela que se nos dibuja en los hospitales, en las escuelas, en las carreteras y en las morgues contrasta con el imperio petrolero que se nos mercadea, y cuyo monumental potencial financiero es desconocido por las mayorías. Si cada ciudadano de a pie tuviera una mínima idea de las colosales dimensiones de las cifras de nuestros ingresos, comprendería el miserable tratamiento que nuestro hiperpoderoso Estado le da a sus problemas: entendería que no es el pueblo quien tiene la mayor jerarquía en la agenda nacional, como no sea la que le atribuyen los aparatos propagandísticos que, desde sus laboratorios, y con inagotable morbo, no cesan en experimentar mecanismos para la falsificación de la realidad.

El boceto de país que tenemos enfrente es uno realizado con el grafito de nuestra conducta permisiva o indolente. Las elecciones del domingo nos incumben a todos porque son la oportunidad de actuar en plan de tribunal de alzada, para dictar una nueva sentencia que corrija o ratifique decisiones anteriores. Los electores somos jueces sin facultades para inhibirnos y seguiremos siendo responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer.

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Por Argelia Ríos

Siempre lo ha intentado. Sacar a la oposición de la ruta electoral es y seguirá siendo un «objetivo superior» de la nomenclatura bolivariana. Para eso está concebido todo el andamiaje ventajista del Estado revolucionario. Cada arbitrariedad colabora con el propósito. Ninguna iniciativa del Gobierno -ni siquiera las referidas a la gestión- escapa al guión: todas pretenden ser demostraciones de fuerza para desalentar al pueblo renegado y convencerlo de que no hay nada que ya pueda hacerse y de que, por tanto, al carecer de otros métodos viables de resistencia, su lucha está sentenciada a la nada.

La guerra económica, la feroz ofensiva contra Capriles y contra los rostros más inspiradores de la Unidad, la dictadura mediática y el silenciamiento de toda la actividad opositora, además de las maniobras para agrandar y empoderar a Maduro, conforman un boceto ideado para hacernos creer que estamos en medio de un callejón sin salida. Cuando el poder civil se pavonea con la alta oficialidad de la FANB, cuando convoca la furia de sus colectivos armados, cuando se exhibe montada sobre las bayonetas -en plan represivo y disuasivo-, no hace sino esforzarse en probarnos la inutilidad práctica de las elecciones y de cualquier otro mecanismo de lucha.

La revolución trabaja para lanzar a sus adversarios hacia un destino incierto; para dejarles sin agenda, sin plan de vuelo, a la deriva, sin brújula ni timoneles. Al minar la ruta electoral, «la sucesión» promueve las quimeras violentas para las que sus oponentes no poseen condiciones mínimas: se fertiliza la desesperanza electoral porque ella dará lugar inevitablemente a la atomización de las fuerzas adversas, que abarata los costos de la vorágine represiva de «la sucesión». Un pueblo convencido de que no posee opciones, está impedido de cohesionarse. «El proceso» jerarquiza el atrincheramiento de sus auditorios y la fragmentación de sus contrarios.

Si el pueblo opositor no entiende la importancia de defender su propia agenda -aunque ella sea insuficiente y requiera urgentes complementos-, tampoco será capaz de rebelarse por otros medios mucho más exigentes. Así de simple: quien no puede lo menos, difícilmente podrá lo más. Una hoja de ruta insurreccional no es menos compleja que una pacífica.

Votar debe ser un acto de insubordinación contra la pretensión de convertir a la alternativa democrática en un archipiélago de descontentos dispersos, aislados y débiles. Hay que votar, aunque sepamos que con eso no basta. Hay que votar para evitar el naufragio que buscan provocarnos; para no entregarles los timones; para que no les salga gratis el expediente represivo. Hay que votar para encarecerle el juego a la jauría autoritaria.

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Por Argelia Ríos

Esto no es un diseño concebido únicamente para mejorar el potencial electoral del oficialismo. Estamos ante lo que Chávez llamaba un «salto adelante»; sin duda, el más ambicioso y temerario de todos cuantos se han producido a lo largo de catorce años. Lo que está en desarrollo es una operación redonda para completar la imposición de un implacable modelo de dominación social: una ofensiva destinada a aplastar -ahora sí definitivamente- al país democrático y a todo vestigio de independencia y autonomía.

El objetivo no es sólo exterminar a la MUD, a Capriles, o a «los que se meten en política»: el blanco es toda la sociedad venezolana, a la que se busca convertir en servidumbre de las insolentes orgías corrompidas que mantienen secuestrado al poder. Ni los indiferentes serán absueltos, porque el esquema nos requiere a todos plegados, resignados y comprometidos.

Ahora sí vienen por todo y con todo, blandiendo las armas de la represión y arropados en una coartada ideológica con la cual nos plantearán la peor de las luchas de clases que hemos visto en los últimos tres lustros… La escasez de recursos y la ruina económica no los detendrán: al contrario, toda esa desgracia será el telón de fondo de la confrontación entre «ricos» y «pobres».

Aunque se muestren arrogantes y altaneros, quienes están motorizando este asalto final no tienen el poder ni el liderazgo para hacerlo: Maduro y compañía son fieras heridas y han emprendido esta aventura porque no disponían de otra alternativa. La nomenclatura identificó la inminencia del derrumbe y se anticipó para lanzar un hachazo al aire, en plan de declaración de guerra a muerte. Con el tiempo en contra -y en medio de una economía encaminada hacia la quiebra- los «herederos» han elevado sus lanzas en esta crucial batalla por la sobrevivencia, convencidos de que el país reaccionaría muy pronto ante su acelerada devastación.

La parada de Maduro y de sus generalotes es una huida hacia adelante en la que todos fingen ser superiores a lo que en realidad son. Como siempre, confían en que sus contrarios vean en ellos atributos y condiciones de fortaleza que no poseen y que les son necesarias para inocularles más miedo a los ciudadanos.

El país opositor no debe colaborar en la tarea de convertir en gigantes a los enanos. Chávez sí era un «hombre fuerte»: éstos no lo son. Ante ellos no cabe sucumbir, como nunca se sucumbió frente a quien sí tenía los galones de comandante. El hecho de que sean más peligrosos sólo sugiere que el esfuerzo y el compromiso habrán de ser mayores. Capriles ha convocado a la calle, en un claro replanteamiento de la lucha democrática. La represión dejará de serles barata. Vamos hacia un cuerpo a cuerpo; hacia un inevitable choque de trenes.

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Por Argelia Ríos

Chávez solía hacerlo. Apenas sentía la menor amenaza, el comandante tronaba para advertir que el diluvio arrasaría con todo cuanto se encontrara a su paso. Colocada frente a un exigente cuadro electoral y social, «la sucesión» repite la historia para intentar convencernos de que también ella está dispuesta a desbordar todo su torrente destructivo con tal de retener el poder. Es una ecuación elemental donde los asuntos se jerarquizan conforme a los exclusivos requerimientos de la política. En nuestro caso, de los inmediatos intereses comiciales del oficialismo y de las urgencias que Maduro seguirá encarando para eludir el riesgo de una interrupción anticipada de su mandato.

La economía no es la prioridad de esta historia: sólo los gobiernos normales temen a las consecuencias de los desequilibrios. En procesos como el que padecemos, la profundización de las calamidades financieras son «daños colaterales» que el Estado suele administrar con sus instrumentos represivos. Los escrúpulos no juegan: la nomenclatura venezolana actúa conforme al protocolo de sus semejantes y ha hecho lo que necesitaba para renovar la lucha de clases y cohesionar sus fuerzas.

Al pueblo bolivariano se le acaba de dar una razón para renovar sus expectativas. La «batalla contra la especulación» es el incentivo con el cual Maduro ha intensificado la polarización, en un forzado intento por perfilarse como lo que Chávez fue: un pater familias ficticio que hace «justicia» en favor de los necesitados, para comprar tiempo y postergar así el momento del inevitable agotamiento de la paciencia. Lo que hace el régimen es tramitarse una sobrevivencia de mínimo aliento, una semana tras otra, rozando los límites de lo tolerable y abusando de dos factores clave: de su confianza en la FANB y de la mansedumbre con que hasta ahora los venezolanos están llevando la cruz del caos, el tercer vértice que, junto a la carestía y la inflación, conforman el triángulo letal de nuestra tragedia.

Estamos frente al viejo truco de la manipulación de las percepciones, con la que el oficialismo se esfuerza en neutralizar las dramáticas diferencias entre el socialismo dispendioso de Chávez, y este otro de Maduro, cada vez más parecido al de la Cuba misérrima de los Castro. De eso también se trata todo este agite: de reanimar a las desmovilizadas masas bolivarianas, cuyos apoyos pasivos le serán inútiles a «la sucesión», si la anarquía despedazara los diques que hoy la contienen. En ese caso, Maduro necesitará al pueblo revolucionario en la calle, haciendo de escudo humano: una empresa que exigirá nuevas iniciativas robinhoodianas, cada una de las cuales sumarán al caos invivible que las autoridades están subestimando. Vamos hacia ese cuadro aciago.

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Por Argelia Ríos

El resultado electoral no variará la dirección por donde el gobierno conduce a la economía. La irracionalidad de las medidas anunciadas el miércoles obedece a una visión represiva inherente al modelo ideológico de la revolución. Aunque todas las señales adviertan sobre el colapso del modelo, «la sucesión» continuará profundizando los controles, porque estos constituyen una de las claves principales del esquema de dominación política y social.

Si «el proceso» recibiera una nueva derrota en las municipales, con seguridad apelará a una agenda más radical para evitar que el país le perciba débil y sin autoridad. Si conquistara una victoria, la receta sería la misma, sólo que en ese caso estaría prescrita por la convicción de que «el proyecto» todavía tendría capacidad de maniobra para sortear las dificultades y las amenazas. Maduro no aplicará nada que no conozcamos: tanto él como sus colaboradores están entrampados en una dinámica que sólo acepta el extremismo en todas sus variantes

Las pretendidas «soluciones» que «el heredero» presentó como panacea contra la carestía y la inflación son un reflejo fiel de la tragedia hacia donde nos dirigimos. El hecho de que la revolución se resista a ponderar el verdadero origen de nuestros infortunios económicos de hoy, es un pésimo síntoma que nos anuncia calamidades de mayor dimensión. Estamos ante un gobierno claramente dispuesto a llevarnos hasta el fondo con tal de alcanzar sus propósitos políticos.

La radicalización de los controles económicos es el producto de una noción del poder, en la cual toda mínima cesión constituye una inaceptable expresión de debilidad. El escalamiento que Maduro ha emprendido esculpirá un Estado policial, cuyo objetivo ya no será únicamente el sector privado y la «oligarquía amarilla», acusados como artífices de la llamada «guerra económica». La sucesión apunta ahora hacia el ciudadano corriente, culpable de infringir las normas conductuales del «hombre nuevo».

El fracaso de los controles económicos sólo ha convencido al gobierno de que éstos, en su próxima etapa, deben abarcar al propio ciudadano de a pie, cuyas imperdonables «veleidades capitalistas» representan una de las amenazas principalísimas que el régimen enfrenta. Maduro quisiera que los venezolanos se le restearan «con hambre y sin empleo»; quisiera que obrara el milagro de la «conciencia revolucionaria», sin la cual el modelo de dominación está condenado a perecer, asfixiado por un absurdo radicalismo represivo que, concebido como fuente de poder, terminará fracturando letalmente la viabilidad de «la sucesión». Es una locura creer que la represión modelará al virtuoso «hombre nuevo» bolivariano, pero así estamos: en medio del desvarío.

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Por Argelia Ríos

Abstenerse significa una rendición que no cabe, una imperdonable capitulación. Nada les ha faltado y aún así el país está en ruinas. La chequera petrolera, el control de todas las instituciones y de los más diversos espacios políticos, sólo sirvieron a los intereses de una claque de privilegiados. Las «mareas rojas» de Chávez, propiciadas para ocupar hasta el mínimo espacio de poder, terminaron devastándolo todo.

La Venezuela profunda, como la llaman, está conformada por territorios empobrecidos: las ciudades, los pueblos y caseríos más remotos exhiben hoy una dolorosa devastación. Poblaciones enteras se encuentran hundidas en un estado deplorable, símbolo del saqueo cometido por los distintos rangos de la nomenclatura bolivariana. No cabe duda de que los malhechores más encumbrados y los de más modesta figuración han cohabitado por igual en el festín destructivo que hemos presenciado en los últimos catorce años. Cada uno de ellos hace parte de la tragedia, cada uno ha contribuido al abajamiento que hoy nos oprime.

Nadie puede negar que en muchos casos las jerarquías regionales y locales reprodujeron al calco la liviandad de los jefazos caraqueños del «proceso». La atmósfera decadente que arropa a toda la geografía nacional es la consecuencia de un desempeño contaminado por la indecencia y la arrogancia: una secuela del poder ejercido sin limitaciones y un inevitable producto de aquella «tierra arrasada» que comprendió la «toma total», desplegada para extender, por cada rincón de Venezuela, el autoritarismo que busca esclavizarnos. Por eso, y por otras muchas razones, es un inmenso disparate creer que las elecciones municipales nada tienen qué ver con los desarrollos de la política nacional.

Para el «comandante eterno» la conquista de las jurisdicciones locales era esencial en la consolidación de su proyecto y, en especial, para la construcción del Estado comunal, fase clave de la tiranía feudal que poco a poco se levanta ante nuestras narices.

La indiferencia mostrada por una amplia porción de la población negada a votar el 8-D, no guarda relación con este triste momento venezolano. Mucho menos con esa certeza amarga que despierta ya en un vasto fragmento de la opinión pública, donde no sólo se resiente del latrocinio gansteril al cual se ha sometido el erario público, sino también de la reducción de nuestras libertades. Casi un 50% de los ciudadanos piensa que el gobierno de Maduro es menos democrático que los anteriores: una convicción que ahora abarca a una muy gruesa fracción de la pobrecía estafada con el cuento de su empoderamiento.

Abstenerse significa una rendición que no cabe, una imperdonable capitulación que sólo beneficia la continuidad de los depredadores. Todos ellos merecen un voto castigo: debemos comenzar a desalojarlos.

Argelia.rios@gmail.com

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Por Argelia Ríos

A la revolución se le subió la gata a la batea. La agresiva desmejora de la calidad de vida del país está perforando la estabilidad del gobierno. Las evaluaciones negativas ya se ubican en rangos explosivos y no distinguen clases sociales. La frustración es horizontal y transversal: el 60% los pobres se siente ahora más pobre. Su reivindicación se ha desnudado como una oferta engañosa: ni han superado su condición, ni la han aliviado… al contrario, ahora encaran peores dificultades.

Para los descamisados de Venezuela cada semana es un calvario en el cual se juegan su sobrevivencia. Las calamidades económicas han depreciado los subsidios directos que por años sostuvieron su idilio con el modelo socialista. En apenas seis meses se ha descompuesto la relación del poder con su vieja clientela política. Por primera vez en 14 años no hay diferencias entre las valoraciones de «los de arriba» y «los de abajo»: unos y otros padecen las mismas adversidades. Ese es uno de los motivos por los que la «guerra económica» no le resulta creíble a una porción creciente del auditorio oficialista.

Un poco más de un tercio de quienes todavía hoy se manifiestan «chavistas» no se come ya los cuentos tramados por la maquinaria de la mentira. Este segmento del campo bolivariano identifica a Maduro y al gobierno como los únicos y verdaderos responsables de la carestía y la inflación. Las conspiraciones de las que habla el oficialismo, en el intento de eludir sus culpas, tal y como lo hacía el «comandante eterno», son hoy sandeces inútiles para el propósito de lograr la cohesión del pueblo bolivariano. La devaluación de principios del año no sólo quebrantó irremediablemente la imagen de Maduro: su decisión -junto a todo el infortunado manejo de la crisis económica- también le ha causado un severo daño colateral al «proceso»: la falta de dólares pasó a ser un problema que atañe también a los pobres.

A golpes, las capas más empobrecidas del país han aprendido que la escasez de divisas no representa un problema exclusivo de «los ricos» y que su insuficiencia es producto del manejo doloso que el gobierno ha hecho de los ingresos petroleros. No por nada, una clara mayoría de los venezolanos (el 56%) cree que el de Maduro es un gobierno «más corrupto que los anteriores», una opinión compartida por poco más de un 30% del chavismo.

El desprestigio de «la sucesión» generará efectos tremendos. Desmoronada la pretendida superioridad moral de la revolución de Maduro, todo indica que los resultados electorales del 8-D anunciarán una inevitable conmoción política y social, cuya contención será muy cuesta arriba para un gobierno de tan enviciada reputación. Hasta las piedras advierten que algo tiene que ocurrir.

Argelia.rios@gmail.com Twitter @Argeliarios

Por Argelia Ríos

Es una carta riesgosa. Con ella no se resolverán las desventuras económicas, ni los enredos políticos que el Gobierno enfrenta. La Habilitante no servirá de nada, salvo para constatarle al país que «la sucesión» ha sido desbordada y que su «empoderamiento legislativo» no ha pasado de ser un mareo más, entre tantos otros.

Es inevitable que la carestía y el alto costo de la vida continúen socavando los cimientos de «la sucesión», que busca con desespero tiempo, credibilidad y auctoritas para un «heredero» cuya su presencia se ha convertido -en tan solo diez meses- en el acelerador del empobrecimiento y la degradación vertiginosa de los venezolanos y del país.

La nomenclatura confía en que Maduro podrá crecerse ante los ojos de la opinión pública por efecto de la campaña que procura convertirlo en una figura presentable y con capacidad para volver a seducir a los sectores populares. Sin embargo, se trata de una apuesta incierta: no solo por las visibles carencias personales del inquilino de Miraflores, sino porque la ruta escogida ahora para abordar las calamidades económicas, continuarán horadando la viabilidad del «chavismo sin Chávez» y, obviamente, la de quien hoy se sabe candidato a una salida anticipada del poder.

El oficialismo está hundido en un mar de contradicciones: la radicalización con la que Maduro trata de dotarse de autoridad para ganar tiempo -después de haberse ganado seis meses con el cuento del «diálogo pragmático»- contiene el germen de una ingobernabilidad superior a la que ya experimenta el país. Asimismo, ella será el origen de la profundización de todas las tribulaciones que han venido afectando el equilibrio anímico del errático sucesor del «comandante supremo», blanco -según la denuncia oficialista- de una «guerra psicológica» que pretende causarle trastornos emocionales a los conductores del Gobierno y, también, a los propios venezolanos que, por cierto, y sin mediación de esa supuesta conflagración bélica, ven en Maduro una extraña conducta.

Al correr la arruga solo para prestigiar simbólicamente a Maduro, la administración sucesoral se ha decantado por la vía que más rápido la conduce hacia el fracaso. Tal vez por eso, nadie habla ya de tierras arrasadas, de mareas rojas ni de pulverizaciones cósmicas. Tal vez por eso «el heredero» se exime de hacer lo que Chávez siempre hizo: plebiscitar cada una de las mediciones electorales que tuvieron lugar en Venezuela durante los últimos tres lustros… Contra esa impronta lucha hoy la nomenclatura: nada menos que contra todo cuanto el comandante hizo para convertir cada proceso electoral -independientemente de su naturaleza- en un ritual con efectos legitimadores para sí mismo.

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Por Argelia Ríos

No es difícil imaginarlos. Al fin y al cabo, llevan el apellido del comandante. Para bien y para mal, el hecho representa un compromiso. El clan de los Chávez también posee una responsabilidad en la preservación del legado del fundador del «proceso». De alguna manera, todos los miembros de la familia han de sentirse como los custodios más genuinos de su memoria. Digan lo que digan, son ellos los verdaderos herederos.

A siete meses de la desaparición física de su insigne pariente, cada uno de los Chávez debe tener una valoración del modo como están evolucionando las cosas en el país. Durante catorce años estuvieron muy cerca del «eterno» y, con seguridad, conocieron mejor que nadie sus últimas inquietudes. No es improbable que a estas alturas ya se hayan conformado un juicio crítico sobre la administración sucesoral y sobre la dolorosa pertinencia de las preocupaciones que sobresaltaban al presidente en sus últimos suspiros.

No es difícil imaginar a los Chávez reunidos en un almuerzo dominical, evocando los viejos tiempos y haciendo comparaciones entristecidas entre el ayer y el presente de la revolución. Como el pueblo llano que hoy observa su ocaso, la familia debe resentir también de la decadencia en que se está hundiendo el sueño del comandante. Aunque todavía forman parte esencial de la nomenklatura -porque llevan el mismo apellido sobre el cual se sostiene el inefable Maduro-, ninguno ha de estarse tomando como parte de este aparatoso descalabro.

Ni siquiera Arreaza, a quien, en plan de deudo directo, le fue encomendada la vicepresidencia. Quizás él representa los ojos y la voz del clan, al mismo tiempo que el «gallo tapado» al que le correspondería saltar hacia el ruedo si las circunstancias lo exigieran. Es obvio que María Gabriela no da para esta historia en la que más bien es su cuñado el que luce bien dispuesto a escribir sus propias líneas.

No es difícil imaginar las intranquilas divagaciones de la familia del comandante. Ha de ser una pena que el nombre del difunto quede vinculado a un desastre. El diluvio del que Chávez habló tantas veces -parafraseando al «Après moi le déluge, de Luis XV- nada tiene qué ver con éste en el hemos recalado de la mano de su propio ungido. Las tempestades que el comandante imaginaba no ocurrirían sino en el contexto de un gobierno de «la derecha».

Por eso sería natural que en este instante el clan de los Chávez piense en el peligro de un atornillamiento de Maduro conseguido por la vía represiva. No es un imposible que, en algún momento, toda la familia conviniera en hablar, para impedir la absoluta bancarrota del «proceso». Con certeza, Arreaza haría una parte de la tarea de advertir que «así, así, así no se gobierna».

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Por Argelia Ríos