Ayer Donald J. Trump volvió a ser acusado por la Fiscalía estadounidense. Esta vez fue en el Distrito Sur de la Florida por el manejo indebido de los documentos clasificados y secretos de seguridad nacional que se llevó a su residencia en Palm Beach. Fueron 37 cargos los que le imputaron.

Esta vez es la primera causa judicial de carácter federal que enfrenta un expresidente de Estados Unidos.

El Poder Judicial en Estados Unidos es independiente. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses piensa que los problemas legales en curso de Trump son «principalmente el resultado de ataques políticamente motivados por parte de sus oponentes», según la encuesta Redfield & Wilton Strategies, realizada para la revista de noticias Newsweek.

En el caso anterior (marzo), un Gran Jurado de Manhattan le imputó 34 cargos por su presunto papel en la organización de pagos secretos a la estrella de cine porno Stormy Daniels durante su campaña de 2016. Una acusación que condujo a los principales líderes del Partido Republicano a defenderlo.

Mike Pence la calificó como un “ultraje”. «A millones de estadounidenses les parece que no es más que una acusación política impulsada por un fiscal que literalmente se postuló para el cargo con la promesa de acusar al expresidente», afirmó en una entrevista con Wolf Blitzer de la cadena CNN. Y agregó: “El pueblo estadounidense verá esto como un ejemplo más de la criminalización de la política en este país».

Hay que recordar que ese exmandatario republicano por el que Pence aboga es el mismo que en una entrevista con Jonathan Karl de ABC News defendió ampliamente a los partidarios que amenazaron con «colgar» a su vicepresidente el 6 de enero de 2021, en el asalto al Capitolio.

Cuatro meses antes del “ultraje”, los candidatos al Congreso y a gobernador respaldados por Trump perdieron en las elecciones de mitad de período. Lo que parecía una gran victoria del Grand Old Party (GOP) se desvanecía, a pesar de que las encuestas indicaban una “marea roja” en ambas cámaras del Congreso. Aquella máxima de Bill Clinton de “es la economía, estúpido” no funcionó esta vez.

Los estadounidenses fueron a esas elecciones de 2022 con la mayor ola inflacionaria en décadas y una baja popularidad de Biden.

Era la tercera elección seguida en que Trump era un pasivo para el Partido Republicano. Por lo que las acusaciones contra él desde su propio partido comenzaron a surgir. Para un sector del GOP era el punto pivote. Geoff Duncan, vicegobernador republicano de Georgia, dijo a CNN: «Es un momento en el que Trump está sin duda en el espejo retrovisor y es tiempo de avanzar con el partido».

Los ganadores de esas elecciones fueron el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, y el presidente demócrata Biden.

El triunfo de DeSantis lo consolidaba como estrella conservadora en ascenso al ser reelecto por un amplio margen. El periódico conservador de la familia Murdoch, The New York Post, titulaba en su portada al día siguiente del triunfo: “DeFUTURO«, indicando que surgía un candidato presidenciable para el 2024.

En ese momento las encuestas le daban una ventaja de 5 puntos a DeSantis sobre Trump cuando se median entre los dos.

Sin embargo, cuando se tomaba en cuenta a los otros posibles precandidatos, los resultados de las encuestas favorecían a Trump con una diferencia de 10 puntos.

Por lo tanto, DeSantis era un precandidato competitivo en las primarias republicanas.

Según la encuesta nacional de Suffolk University/USA TODAY entre votantes registrados, casi dos tercios de los votantes republicanos e independientes que se identificaron como conservadores o muy conservadores (65%) dijeron que querían que DeSantis se presentase a la presidencia y 56% de esos mismos votantes manifestó su preferencia por el ex jefe del Estado Donald Trump.

Además, al medir el gobernador de la Florida contra Biden, DeSantis aventajaba al presidente de Estados Unidos 47%-43% entre todos los votantes, con 7% de indecisos, 2% que indica que votaría por otra persona, 1% que dice que no votaría y otro 1% que no contestó, según la encuesta de Suffolk University. Entre Biden y Trump, el primero derrotaba fácilmente al segundo 47%-40%.

Entonces, la estrategia demócrata es disputar la elección presidencial 2024 contra Trump porque el expresidente republicano tiene dificultades para aumentar su base electoral, como lo ha demostrado en las últimas elecciones.

En este sentido, lo primero es victimizarlo para que los dirigentes del GOP salgan en su defensa como ocurrió en marzo de este año, cuando fue acusado por el fiscal del Distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg.

A partir de allí, los números cambiarían para Trump. Se convertiría en el candidato presidencial favorito. La brecha contra DeSantis pasó de 10% en diciembre de 2022 a 30% en mayo de 2023.

Dentro de esa estrategia, Trump debe ser un candidato ganador contra Biden para que los republicanos no busquen otro. Aunque la narrativa actual es que tanto Trump como DeSantis le ganarían al ocupante de la Casa Blanca.

La encuesta del Washington Post-ABC News, publicada por USA Today hace un mes, lo ratificaba. Biden (38%) estaba por detrás de Trump (44%) y DeSantis (42%) en la elección presidencial de 2024. Así como en las recientes encuestas.

Además, el relato incluye que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuese elegido. Lo que es cierto, según la Constitución de Estados Unidos.

La estrategia demócrata en la elección de 2020 fue recluir a Biden en el sótano para no exponerlo a los medios de comunicación social. Ahora, es subirle el volumen a la candidatura de Trump. Sonará todo el año, entre mítines y juzgados —faltan otras imputaciones—. Mientras, Biden pasa por debajo de la mesa.

El desgaste y casos de corrupción de su gobierno no ocuparán grandes titulares. Por ejemplo, el caso de la empresa ucraniana Burisma que pagó un supuesto soborno de 5 millones de dólares a Joe Biden y a su hijo Hunter.

Los demócratas saben que Trump es un candidato derrotarle frente a Biden. Mientras siga creyendo que él es más importante que la presidencia, que él es más importante que la seguridad de las fuerzas armadas, que él es más importante que la seguridad de los secretos de inteligencia, que él importa más que cualquier otro elemento de la república constitucional de los Estados Unidos. Una parte del GOP se abstendrá el día de la votación o votará en blanco.

Por ello, es el candidato favorito del establishment demócrata para conseguir la reelección de Biden.

 Antonio de la Cruz

La solución negociada a la crisis política en Venezuela para la restauración de la democracia en la nación ―recomendada por la administración de Estados Unidos y otros aliados internacionales― pierde fuerza a medida que el régimen de Nicolás Maduro gana reconocimiento regional.

Thomas Shannon, exdiplomático estadounidense conocedor de la región ―estuvo en Venezuela (1996-1999) y en Brasil (2010-2013)― y de la política exterior de Estados Unidos, dijo al Financial Times que, en la reciente cumbre de presidentes suramericanos, Lula había «minado el plan del gobierno de Joe Biden al convencer a Maduro de no tener que ceder nada ante la oposición”, pues contra su régimen se han construido las “narrativas del autoritarismo y la antidemocracia”.

Sin embargo, las fuerzas democráticas venezolanas continúan en la ruta electoral de la primaria, lo que ha servido como mecanismo para saber cómo los ciudadanos perciben a los políticos, cómo están escuchándolos.

En general, la gente está decepcionada de los dirigentes de los partidos. Se siente mal anímicamente, muy enojada. Pasa del malestar al miedo y del miedo al malestar en un continuo movimiento, lo que le causa una enorme inestabilidad emocional. Y eso se refleja en las encuestas. Señalan que 70% de la población no se define por ninguna de las opciones políticas, por lo que cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿quién conecta emocionalmente?

María Corina Machado ha dado en el clavo en lo que respecta a algunos temas. Toca las emociones cuando habla de la reunificación de la familia. Conecta con los 7,2 millones de venezolanos que han tenido que dejar el país para que hijos y padres puedan vivir dignamente. Reconstruye la confianza perdida en que ese reencuentro será posible y los que piensan migrar no lo harán. Es lo que todo el mundo quiere.

Además, la exdiputada y líder de Vente Venezuela está haciendo verdadera política. Discute sobre valores, sobre el futuro y sobre el poder. Propone la democracia liberal para Venezuela. Diametralmente opuesta al socialismo que ha arruinado al país en los últimos 24 años. Sin miedo y sin ambigüedades plantea “la libertad económica, la promoción al desarrollo humano desde las capacidades individuales, el apoyo al talento para el emprendimiento en pro de la generación de riqueza familiar. Pero, sobre todo, el restablecimiento del Estado de Derecho, el Estado Republicano, la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas”.

Mientras tanto, dentro del G-4 están dirimiendo las candidaturas entre los cogollos: si están inhabilitados o no, si se apoyan entre unos y otros, qué les va a tocar a cada uno. Esto ha llevado a que una parte importante de las bases de estas organizaciones no se sienta representada por estos precandidatos y haya un distanciamiento entre el dirigente y el militante, lo que al final resulta en una dispersión del voto. Recordemos que estas organizaciones están acostumbradas a una cierta verticalidad, a obedecer la “línea de partido” ㅡobservada en la eliminación del interinato el pasado mes de eneroㅡ que es parte inherente de su cultura política.

Pues esta verticalidad está comenzando a deteriorarse, por lo que la intención del voto por estos candidatos está estancada. Un voto que empieza a migrar hacia la opción que conecta más con su emoción.

En consecuencia, no es una casualidad que María Corina Machado esté punteando en las encuestas. Y sus concentraciones sean muy concurridas a pesar de las limitaciones financieras y de la maquinaria partidista. Y el bloqueo en todos los sentidos por parte del régimen de Maduro.

Por otro lado, hay dudas del factor unidad dentro de las fuerzas democráticas después de la primaria porque hay dos tendencias dominantes convencidas de que una debe imponerse a la otra. Si gana María Corina Machado mucha de la gente del G-4 va a tomar distancia de esa opción. Y si sucediese lo contrario ocurriría lo mismo. Son miradas casi irreconciliables acerca de lo que implica el poder, los valores y la visión de futuro.

Por otro lado, el sucesor de Chávez tuvo que apelar al “Todos con Maduro” y “El pueblo manda con Maduro” como tema central de su campaña. Además, consciente de que su popularidad es muy baja en este momento, dejó en claro que la elección presidencial será en 2024.

Por ahora, el panorama electoral de la primaria demanda un gran compromiso de todos los factores para ser parte de la coalición de un futuro gobierno. No sólo “abrir los brazos” para recibir a chavistas que se rebelan contra Maduro. Requerirá de la generosidad de los precandidatos, si tienen vocación de ganar las presidenciales de 2024. Tendrán que hacerlo porque si no pierden, legitimando el origen del régimen de Maduro y frustrando una vez más a la mayoría de los venezolanos que vuelven a tener una esperanza, sobre todo en María Corina Machado.

 Antonio de la Cruz 

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas españolas de este domingo expresan el regreso de la derecha a gobernar el país ibérico. El Partido Popular y Vox lograron un triunfo histórico al incrementar su electorado y superar los partidos socialistas en nueve de las doce regiones autónomas en disputa, de las cuales seis eran gobernadas por los socialistas.

Tras haber sido derrotado por la derecha, el presidente regional saliente de Aragón, el socialista Javier Lambán, admitió que un «tsunami [de la derecha] ha pasado hoy en todas y cada una de las comunidades autónomas [regiones] de España».

A principio de este mes, la derecha chilena también logró una amplia victoria electoral, al conseguir 34 de los 51 consejeros que redactarán la nueva carta magna de Chile. La victoria de las formaciones de derecha se considera especialmente simbólica, en un momento en el que la popularidad del gobierno socialista de Gabriel Boric se encuentra en horas bajas. Fue una señal fuerte y clara del rumbo que los chilenos quieren para el país suramericano, aseguró el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien precisamente perdió las presidenciales de 2021 frente a Boric.

Hace un mes, en Paraguay, el Partido Colorado, de derecha, retuvo la presidencia. Ganó por más de 15 puntos a su rival histórico, el Partido Liberal.

El triunfo de los colorados en la tierra guaraní rompe una tendencia en la región hacia la izquierda que volvió con el triunfo electoral en Chile de Gabriel Boric; en Colombia de Gustavo Petro y más recientemente en Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Además, esta fue la primera vez desde la pandemia que un partido en el poder no es castigado por el electorado.

En las venideras elecciones generales de Argentina, el 22 de octubre, las encuestas indican que un escenario electoral probable sería una medición entre dos candidatos de la derecha: Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el 13 de agosto, también señalan la pérdida de poder del kirchnerismo, que se ubicaría como la tercera fuerza política en el país gaucho.

Una gran parte de los jóvenes del conurbano bonaerense no se ve reflejada en el populismo peronista y kirchnerista. Creen en la propuesta de Javier Milei sobre los principios del libre mercado, la intervención limitada del gobierno y la reducción de las regulaciones burocráticas. Además de que el Estado debe tener un papel mínimo en la economía, y que la libre competencia y la libertad individual conducen a la prosperidad.

Los acontecimientos anteriores pueden tener consecuencias imprevistas y de gran alcance en la actualidad latinoamericana, al presentar un panorama complejo y dinámico caracterizado por el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la falta de libertades políticas.

Es lo que se conoce como el efecto mariposa ―el aleteo de una mariposa en Japón podría provocar un tornado en Texas―. Un fenómeno descrito en sistemas caóticos como la dependencia sensitiva a ciertas condiciones iniciales cuya variación, por pequeña que sea, en un sistema determinista no lineal, acabará teniendo consecuencias mayores en otros Estados.

Un ejemplo de este fenómeno es la Primavera Árabe. Fue una serie de protestas, levantamientos y revoluciones que se produjeron en varios países de Oriente Medio y el Norte de África a partir de finales de 2010. La chispa inicial la encendió la autoinmolación de un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi en la ciudad de Sidi Bouzid, en Túnez. Fue una respuesta desesperada a las prácticas opresivas y corruptas de las autoridades locales tunecinas, que confiscaron su carrito de verduras.

Este hecho, junto con la frustración generalizada por el elevado desempleo, la pobreza, la corrupción del régimen y la falta de libertades políticas, desencadenó protestas masivas que condujeron al derrocamiento del presidente Zine El Abidine Ben después de 20 años en el poder.

La ola de protestas se extendió seguidamente a otros países como Egipto, Libia, Yemen, Siria y Bahrein, entre otros. Cada uno tuvo sus propias características con un hilo conductor: la represión política, la desigualdad económica, el desempleo juvenil, la corrupción y la exigencia de reformas democráticas.

En este sentido, en Venezuela está en marcha una esperanza que la encarna la política de “movimiento de movimiento” que rechaza las formas y el fondo con los que ejerce el poder  el madurismo: la mentira, el cinismo, el oportunismo. Y contra su proyecto político de  radicalismo, el rencor y la impugnación del orden constitucional de 1999.

El efecto mariposa facilitará el voto de sentido común, sensato, de madurez democrática con el cual se demostrará que el país no seguirá fracasando como proyecto político. Será el fin del castrochavismo. Porque la lucha es entre socialismo y libertad.

El hartazgo que siente la gente con respecto a Nicolás Maduro es general. La degradación institucional y moral en la política serán rechazadas por una Venezuela razonable y sensata que dice: ¡Basta ya!

Por lo tanto, los acontecimientos en España, Chile, Paraguay y casi seguro en Argentina, van a tener un impacto en Venezuela. El cambio de ciclo hacia la derecha democrática y la libertad ya comenzó.

 Antonio de la Cruz 

Hoy, miércoles 24 de mayo, finaliza el registro preliminar de candidatos para las elecciones primarias de las fuerzas democráticas en Venezuela y se inicia el proceso de inscripción de las candidaturas que cumplan con todos los requisitos, el cual cerrará el 23 de junio de acuerdo con el cronograma presentado por la Comisión Nacional de Primaria.

Hasta ahora se vislumbra que participarán por lo menos nueve candidatos de los distintos partidos políticos: María Corina Machado, Henrique Capriles, Benjamín Rausseo, Manuel Rosales, Freddy Superlano, Delsa Solórzano, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas y Roberto Enríquez.

En un escenario ideal, las elecciones primarias impulsan la democracia interna dentro de los partidos políticos al fomentar la transparencia y la inclusión en la selección del candidato o candidata que los representará en los comicios.

En este sentido, en Venezuela, las primarias permitirán que el candidato ganador se convierta en el conductor de la contienda y el interlocutor de las fuerzas democráticas ante la comunidad internacional. Pero también, todo el mundo es consciente de ello, el elegido será el objeto de un feroz ataque sin escrúpulos –acusaciones de intimidación, acoso, violencia, confinamiento– por parte del Estado mafioso-criminal que se atornilló en Miraflores y que hará lo indecible para no perder el poder.

Hasta ahora, Maduro y sus cómplices han dejado correr el proceso de las primarias sin injerencia directa para evitar el señalamiento de que escogen a la persona con quien competirá el oficialismo en 2024. Sin embargo, han estado enviando el mensaje a través de Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que Henrique Capriles Radonski, precandidato de Primero Justicia, no tiene ninguna posibilidad de competir por la Presidencia de la República porque “está inhabilitado” hasta 2032. Es decir, puede participar en las primarias, pero no en los comicios del próximo año.

Estas acciones socavan los principios democráticos de elecciones libres y justas, restringen la capacidad que tienen los partidos de las fuerzas democráticas de participar plenamente y manipulan el panorama electoral a su favor.

Ante este escenario, el partido amarillo ha hecho de todo para que el Estado mafioso-criminal le restituya los derechos políticos a su líder, desde llevar a la mesa de negociación de México el caso de Citgo –acordar una estrategia que evite el remate de las acciones y en consecuencia darle injerencia al régimen– hasta desconocer que la presidenta de la AN 2015, militante de PJ, asumió la presidencia interina de Venezuela. Entregada en bandeja de plata a Maduro por el partido amarillo, entre otros.

En las primarias se debaten dos fuerzas para obtener el poder. Una lo busca a través de “movimiento de movimiento”, confrontando primordialmente el régimen en términos del rescate de la democracia liberal, la reunificación de las familias, restitución de la propiedad privada sobre los medios de producción y el Estado de Derecho. Y la otra, con la estructura de partido tradicional, propone una cohabitación con el régimen actual.

La primera fuerza propone un cambio radical del status quo a partir de 2025, mientras que la otra cree en cambios graduales hasta alcanzar la meta de la presidencia en 2030. Sin embargo, ambas convergen en el medio: elecciones democráticas, libres, justas, transparentes y competitivas.

En las primarias, uno de los dos bloques estará alineado con María Corina Machado (movimiento de movimiento) y el otro con Manuel Rosales (partidos tradicionales) porque Capriles, del bando cohabitador, no debería participar porque está fuera de juego.

El Estado mafioso-criminal buscará manipular el proceso electoral utilizando recursos e instituciones estatales (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Plan República) en su beneficio. Los medios de comunicación controlados por el régimen también desempeñan un papel importante en la formación de la opinión pública, favoreciendo al PSUV y limitando la exposición de los candidatos de las fuerzas democráticas.

En este sentido, la reciente elección presidencial de Turquía podría servir de ejemplo para Maduro y compañía en cuanto a que ocurra una elección libre y justa en 2024. El gobierno turco ha sido cuestionado por el Estado de Derecho, las libertades civiles, la libertad de prensa y una economía de mercado productiva, que son bienes universales deseados por todos. Cualquiera podría pensar que es una razón suficiente para aspirar a un cambio de régimen en ese país. Pero no necesariamente es así.

En la reelección presidencial de Recep Tayyip Erdogan no influyeron en los resultados los 20 años en el poder, ser el responsable de la séptima inflación más alta del mundo en 2022, una moneda en picada, la profundización de la pobreza y la desigualdad, y, no menos importante, la mala gestión del reciente terremoto que causó la muerte a 50.000 turcos y dejó sin hogar a más de 2,7 millones de personas. El presidente que aspira a la reelección obtuvo 49,5% de los votos, lo que lo ubica con una muy alta probabilidad de triunfo en la segunda vuelta este domingo. Los partidos que lo acompañaron consiguieron, además, la mayoría de los parlamentarios en la Gran Asamblea Nacional.

Si Maduro decide optar por el modelo nicaragüense de Daniel Ortega de encarcelar a los candidatos opositores por temor a perder la elección y por ende el poder, condenará al pueblo venezolano a seguir aislado y al sufrimiento por la  “sangre, [miseria], sudor y lágrimas”.

Por lo tanto, las primarias son el comienzo del camino a la libertad de Venezuela o la continuidad del cautiverio.

 Antonio de la Cruz

La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas―el Estado comunista más grande e influyente hace más de 30 años― puso fin a los 45 años de Guerra Fría entre la democracia liberal y el socialismo (la dictadura del proletariado en la URSS o la dictadura democrática popular en China).

La primera se basa ideológicamente en una economía capitalista en la cual el mercado y la propiedad privada de los medios de producción predominan. Y la segunda se fundamenta en una economía planificada o centralizada en la que el Estado determina qué, cómo y para quién producir.

Cuando Francis Fukuyama presentó su tesis de El fin de la historia en 1989 sobre el término de las luchas ideológicas porque la humanidad había llegado al punto final de su evolución sociopolítica ―consideraba la democracia liberal la última y más avanzada forma de gobierno―, lo planteó desde la perspectiva de los valores democráticos liberales y no desde el punto de vista económico.

Entendemos que el sistema de producción de bienes y servicios que domina actualmente en el mundo es el capitalista. Sobre todo a partir de las últimas dos décadas del siglo XX, cuando los avances tecnológicos en el transporte, la comunicación y la tecnología de la información, la liberalización del comercio y las finanzas, el crecimiento de las corporaciones multinacionales y la integración económica regional dieron origen a una economía globalizada e interconectada, que es descrita por Thomas Friedman en su libro The World is Flat.

En los tiempos de la Guerra Fría, la confrontación entre las ideologías era de suma cero y las guerras proxys formaban parte de la seguridad nacional. Hasta el punto de defender las dictaduras del continente. “Es un hijo de la gran puta, pero es nuestro hijo de puta”, dijo un presidente de Estados Unidos al referirse a Anastasio Somoza García de Nicaragua o Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana.

En el siglo XXI no hay partidos políticos de derechas o izquierdas. Son etiquetas que usan los socialistas, los progres. En el capitalismo la diferencia sustancial es entre los que defienden la interacción de las fuerzas del mercado y los que creen en la intervención del Estado para crear prosperidad económica. Es decir, que en la democracia ―soberanía popular, separación de poderes, Estado de Derecho, libertades individuales y derechos humanos fundamentales, pluralismo y tolerancia―, la gobernabilidad se sustenta en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, la cual se manifiesta bien sea a través del voto en elecciones libres y justas, o de la protesta social durante el mandato.

Posterior a la Guerra Fría, El fin de la historia, los conflictos serían impulsados predominantemente por diferencias culturales y religiosas. Samuel Huntington desarrolló la teoría en su libro El choque de civilizaciones. Un ejemplo fue el ataque a las Torres Gemelas en 2001, en Estados Unidos.

Huntington sostiene que las diferentes civilizaciones chocarían debido a valores e intereses divergentes. La política mundial pasaría entonces a una nueva fase, en la que las civilizaciones no occidentales dejarían de ser pueblos explotados por las civilizaciones de Occidente y una vez convertidas en actores importantes, unidas darían forma a la historia mundial.

En este contexto, nunca los regímenes de China y Rusia han creído en los valores y principios de la democracia liberal. Cuando han tenido que enfrentarla, lo hacen violando los derechos humanos. Como ha sucedido en China con las protestas de la plaza de Tiananmén en 1989, las masivas manifestaciones prodemocracia en Hong Kong en 2020 y la fuerte represión contra el pueblo uigur, que ha acabado en campos de reeducación.

El Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist encontró que de los 167 países y territorios estudiados, 59 corresponden a dictaduras y 36 a regímenes autoritarios competitivos en 2022. Entre las dictaduras están China y Cuba, que no han dejado de serlo desde que miden el Índice, en 2006. También están Rusia, Venezuela y Nicaragua, que migraron de regímenes autoritarios competitivos a dictadura en 2011, 2017 y 2018, respectivamente.

Apenas 24 países son democracias liberales y 48 países democracias imperfectas.  Es decir, de cada 10 países 4 tienen un sistema de gobierno democrático y 6 son regímenes autoritarios. Pero todas son capitalistas.

Las democracias han dejado la defensa de sus valores y principios por agendas como el cambio climático, la equidad racial, los derechos de géneros, la defensa del aborto. A excepción de la guerra en Ucrania debido a la invasión ordenada por el Kremlin.

Actualmente, las democracias liberales de Occidente enfrentan las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela con diálogos nacionales. Creen que su conducta puede cambiar por convencimiento propio del bien común. Una aproximación que hasta ahora no ha dado resultado. La tendencia de estos países en el Índice de Democracia indica que más bien se consolidan cada vez más como regímenes dictatoriales ―esto sin agregar el elemento de que han derivado en una corporación mafiosa-criminal―.

En esto coincido con el novelista nicaragüense Sergio Ramírez, que escribe “Todos los opositores en la cárcel o en el exilio, la sociedad civil muerta, los medios de comunicación desaparecidos, las iglesias cerradas, las fronteras selladas. Un partido único, un discurso único, una familia única en el poder. Aislamiento internacional. Silencio y sumisión. ¿Cuál diálogo entonces?”.

Si lo único que sostiene a todas las dictaduras es el capitalismo, entonces debemos usar las herramientas que tiene la democracia liberal para enfrentarlas: la justicia internacional, el uso del sistema que facilita el movimiento de capitales entre países (SWIFT), las sanciones de segundo piso sobre las empresas que hacen negocios con los regímenes autoritarios, sanciones a los jerarcas y familiares que sostienen la dictadura y en última instancia la fuerza.

Porque si la respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington D.C. fue la guerra contra el terrorismo, la defensa de la democracia debe ser igual que cuando fue confrontado el socialismo en la Guerra Fría. Lo contrario conducirá a plagar los pueblos bajo las dictaduras del siglo XXI de miseria, éxodo, dolor y muerte.

 Antonio de la Cruz

La falta de ingresos de divisas por las exportaciones petroleras tiene contra las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro. El Primero de Mayo no pudo aumentar el salario mínimo. Usó la artimaña de incrementar dos bonos para crear la narrativa de que está haciendo “un verdadero milagro económico en medio de un cerco brutal” para ayudar a los trabajadores. ¿Un cerco o una estafa brutal cometida por su propia gente? Pareciera que le cuesta llamar las cosas por su nombre.

Maduro, en su estrategia populista, promete seguir incrementando esos bonos en los próximos meses, consciente de que es un año preelectoral y tiene que prepararse para el momento que tenga “los ingresos nacionales -léase divisas- para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores”, como ha dicho.

De acuerdo con el costo actual de la canasta básica, un salario mínimo digno debería ubicarse entre 350 y 400 dólares mensuales. Este monto demanda unos ingresos por exportaciones de petróleo y productos refinados de 2.500 a 3.000 millones de dólares mensuales. Poco probable con el Estado mafioso-criminal instalado en Miraflores. Requiere duplicar el volumen de exportación de petróleo actual de más o menos 500.000 barriles/día con un precio de 60 dólares el barril.

Por ello, la meta del exministro de Petróleo Tareck el Aissami era producir por encima del millón de barriles diarios. Pero nunca la alcanzó. De ahí que el salario mínimo se haya quedado atornillado en 5 dólares mensuales, que corresponde a un presupuesto basado en una exportación de 460.000 b/d a un precio de 60 dólares el barril.

Pensar que con el Estado mafioso-criminal se puede recuperar el salario y otros ingresos de los trabajadores es iluso. Sin contar que el tamaño de la economía per cápita pasoó de 16.056 dólares en 2014 a 1.501 dólares en 2022, según el FMI.

Por ahora, el régimen hace su mejor apuesta –ha sido siempre así, un juego al azar– a Chevron. Busca que esta relación oscura –no se conocen los términos del contrato entre las partes que consintió la Licencia General 41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en noviembre de 2022– le permita atraer los capitales de las grandes empresas petroleras para que produzcan y exporten el crudo que dejó de extraer por saquear la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

La tan cacareada afirmación de la Casa Blanca de que esta nueva licencia a Chevron no permitiría ingresos al Estado mafioso-criminal es falsa.

Según la empresa de información energética Energy Intelligence, la OFAC entregó una licencia privada por separado a Chevron que le permite pagar los impuestos y las regalías al Estado venezolano, de acuerdo con lo que exige la Constitución venezolana.

Además, la cancelación de la deuda pendiente por el préstamo de 2.000 millones de dólares a Petroboscán en 2013 y dividendos a Chevron está estructurada de forma tal que se cobra bajo la figura de un fideicomiso registrado en el Citibank de Panamá que distribuye los montos asociados de la deuda a Chevron Boscan Finance B.V. y el saldo remanente a Pdvsa Petróleo para pagar los impuestos y las regalías.

Por lo tanto, el Estado mafioso-criminal ha recibido por las exportaciones de Chevron 417 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de este año, según los cálculos con los datos de TankerTrackers.com y la OPEP.

Esa es la apuesta del régimen madurista para regresar con los volúmenes de exportación de petróleo y productos refinados al mercado energético de Occidente, asi tenga que violar la Constitución que reserva toda la actividad de los hidrocarburos a la estatal petrolera Pdvsa.

Las entregas a Chevron han ido incrementándose mensualmente hasta alcanzar los 128.000 barriles/día el pasado mes de abril. Y la proyección indica que en mayo podría exportar 158.000 barriles/día, si se mantiene la tendencia. Esto lleva a suponer que el segundo mayor productor de petróleo de Estados Unidos está exportando crudo fuera de la producción en sus empresas conjuntas. En una llamada reciente con analistas de Wall Street para discutir los resultados del primer trimestre, el presidente de la compañía, Michael Wirth, dijo que en Venezuela están produciendo 100.000 barriles/día y podría aumentarse hasta 50% más este año.

De hecho, para lograrlo, desde diciembre Chevron ha estado enviando 450.000 barriles promedio mensual de nafta para incrementar la producción del crudo extrapesado de Petropiar, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Por ahora, las exportaciones de crudo a Estados Unidos han sido en detrimento de las de China, que cayeron 35% en abril con respecto a marzo. Esto pone a Maduro en una posición de riesgo medio ante el choque a cámara lenta entre Estados Unidos y el gigante asiático que ha expandido significativamente su presencia económica en Suramérica, superando incluso a Estados Unidos como el mayor socio comercial del continente.

En conclusión, además de producir y exportar el crudo venezolano, Chevron busca convertirse en el broker para las refinerías estadounidenses en el golfo de México, una operación comercial con la que también auxilia al Estado mafioso-criminal con el ingreso de divisas de fuentes legítimas. Insuficientes para recuperar el salario de los trabajadores y pensionados venezolanos, pero lo necesario para mantener la represión y el blanqueo de capitales de la corrupción y actividades ilícitas.

 Antonio de la Cruz 

Venezuela se debate entre la reinstitucionalización del país con una visión democrática liberal o la continuación del Estado mafioso-criminal, que ha tenido como base el narcotráfico, la extracción ilegal de oro, la exportación corrupta del petróleo, el contrabando y crímenes de lesa humanidad.

El campo escogido para el enfrentamiento de las fuerzas políticas internas y externas   es la elección presidencial de 2024.

Nicolás Maduro inició su campaña con una purga dentro de sus fuerzas que tiene como excusa la lucha contra la corrupción y el reposicionamiento de su imagen con el programa de televisión Con Maduro+.

Parte de las estrategias populistas y también de la posverdad, el aspirante a la segunda reelección buscó este Primero de Mayo la reconexión con más de 5.500.000 empleados públicos que devengan el salario mínimo más bajo de Latinoamérica y el cuarto más bajo del mundo (5 dólares). Decretó un aumento de los cestatickets a 40 dólares que excluye a los pensionados y el incremento a 30 dólares del Bono de Guerra Económica que reciben los suscritos en el sistema Patria, mecanismo de control social con el que chantajean al pueblo.

A cambio les pidió su apoyo y resistencia para enfrentar la crisis que atraviesan, pues los 70 dólares de aumento total no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Familiar -en marzo superó por primera vez los 500 dólares- ni inciden en las prestaciones sociales y otros beneficios laborales.

Cabe mencionar que el otro programa de control social, la bolsa CLAP, que recibe 86% de las familias, apenas le llega a 4% mensualmente y a 24% cada 2 meses. Asimismo, 100% de los encuestados por Meganálisis el pasado mes de abril afirma que “no cubre casi nada sus necesidades” alimentarias. Son conocidas las denuncias de que cada vez son menos los productos que incluye y de muy mala calidad, cuando no están vencidos.

También, 8 de cada 10 venezolanos creen que la causa raíz de la crisis socioeconómica se debe al saqueo y no al bloqueo, como quiere hacer ver la narrativa de Superbigote. En el sondeo de Meganálisis afirman que Maduro y compañía sabían lo que ocurría en la estatal petrolera Pdvsa.

La otra estrategia es la escogencia del candidato opositor a su medida.

En la oposición, las fuerzas se dividen en dos bloques. Los que consideran la cohabitación con el Estado mafioso-criminal y los que luchan por la reinstitucionalización democrática del país –un objetivo desdeñado por el madurismo para su sobrevivencia–.

Para constituir un solo frente que permita salir con fuerza en la venidera elección presidencial se seleccionó el mecanismo de unas primarias para escoger el candidato de la unidad. Aquí, Maduro mina el éxito del proceso. Condiciona el uso de la infraestructura electoral al establecer el mandato de que el voto electrónico está integrado a la captahuella. Busca que los defensores de la democracia –secreto del voto– se abstengan para que los cohabitadores elijan su candidato. Eso le permitiría en cierta forma tener bajo control al representante de la supuesta unidad opositora. Por ahora, pareciera que es Henrique Capriles (Primero Justicia) el elegido por el Estado mafioso-criminal para repetir la experiencia de 2013.

El otro bando de la oposición, liderado por María Corina Machado, tendría que correr por fuera de la Plataforma Unitaria en la elección presidencial. Esto permitirá al régimen usurpador seguir con la narrativa de la comunidad internacional de la falta de unidad en la oposición. Y esto es lo que ha hecho que Maduro siga en el poder.

Por supuesto, es una premisa falsa. Porque cuando ha habido la mayor unidad de propósito de las fuerzas opositoras, como fue el establecimiento del gobierno interino en 2019, la política de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro –estrategia para forzarlo a negociar su salida– nunca fue ejercida por los países europeos ni la misma UE, haciendo de las sanciones económicas una amenaza no creíble, violable. Al punto de que sirvió para crear la ley antibloqueo que ha permitido el saqueo de Venezuela.

Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, afirmó este domingo en un programa de la televisión estatal española que “quienes no participen en las primarias son aliados de Nicolás Maduro (…) Por ende, estos políticos están en su agenda”.

López fijó posición sobre los llamados “alacranes” (falsa oposición que legitima el régimen de Maduro) y antes de la decisión sobre el uso de las captahuellas en las primarias que podría derivar en una nueva Lista Tascón, herramienta que significó la criminalización de los firmantes que solicitaron el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez en 2003 –se quedaron sin trabajo miles de empleados públicos y sin contratos de la administración pública el sector privado–.

Si en la primaria resulta ganador con un amplio margen un candidato que defiende la democracia liberal –tendencia dominante actualmente– será una fuerte amenaza para el Estado mafioso-criminal porque el rechazo a sus políticas es muy alto, 8 de cada 10 venezolanos según Meganálisis. “Han traído mal vivir, separación familiar y pobreza”.

La tendencia del Estado mafioso-criminal es atornillarse en el poder, controlando los medios de comunicación, manipulando el Poder Judicial, restringiendo las libertades civiles, cooptando los mandos militares y manejando el proceso electoral.

El modelo de dictadura de Daniel Ortega, a quien no le importa la condena de los gobiernos de la región, es una referencia para considerar por las fuerzas que luchan por la democracia liberal. Metió preso a 7 precandidatos en la última elección presidencial.

Además de lograr un candidato producto de las primarias, las fuerzas democráticas tienen que seguir en la protesta social y exigir las condiciones para un proceso electoral justo, libre y competitivo con el concurso de los gobiernos que no apoyaron la política de máxima presión y buscan un enfoque diferente. Si no se consigue por la interferencia del régimen de Maduro, retirarse usando la estrategia de Vladimir Lenin “un paso adelante y dos pasos atrás”.

 Antonio de la Cruz

La visita que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Washington tenía el objetivo de lograr un compromiso de la Casa Blanca de flexibilizar las sanciones económicas impuestas —primero por la administración Trump en 2019 y luego ratificadas por Biden— sobre Pdvsa, Minerven y el Banco Central de Venezuela.

La lógica de las sanciones —herramientas diplomáticas y económicas— en ese momento fue para restaurar la democracia en Venezuela y el resguardo de sus activos en el exterior.

En el caso del BCV, las sanciones son para evitar que sea usado como herramienta por el ilegítimo régimen de Maduro, y siga saqueando los activos de Venezuela y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a personas corruptas vinculadas a ellos. En el de Minerven, para aislar el círculo interno del corrupto régimen, y perseguir a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro que contribuye a la crisis financiera, humanitaria y ambiental. Y con relación a Pdvsa, para evitar el desvío de sus activos por parte de Nicolás Maduro y compañía, a fin de preservarlos para el pueblo venezolano.

Cuatro años después, Venezuela es la peor dictadura y la más corrupta del Hemisferio Occidental, según los índices de democracia y de la corrupción 2022. Es decir, que a pesar de las sanciones la cúpula que controla el poder desde Miraflores no ha dado muestras de ningún cambio. Al contrario, ha afianzado un modelo autoritario en el que se violan sin remordimiento todas las libertades garantizadas en la carta magna.

Durante este tiempo, la resiliencia mostrada por el heredero de Chávez a las sanciones ha sido producto del apoyo de países como Turquía, Rusia, China, Irán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos.

Entonces, la propuesta de Petro de “más democracia, cero sanciones” está en sintonía con esta línea de acción del levantamiento de las sanciones. Porque “más” significa que hay democracia en Venezuela, contrario a los resultados publicados por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que clasifican a la nación como un régimen autoritario. El análisis lo ubica en el puesto 147 de 167 países.

Por lo tanto, el exguerrillero del M-19 busca flexibilizar las sanciones estadounidenses de segundo nivel sobre el gobierno usurpador de Maduro. Para ello realiza la Cumbre sobre Venezuela en Bogotá, en la que participaron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Italia, Noruega, Alemania, Turquía, Chile, México, Argentina, Brasil, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Honduras y Suráfrica. En su gran mayoría, estos países han estado en contra de aplicar las sanciones económicas al régimen madurista. Plantean su flexibilización para que de alguna forma pueda llegar ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

La narrativa de Petro y sus aliados es que las sanciones son las causantes de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y no el gran saqueo a las arcas que hubiese permitido reconstruir cuatro veces el país —cuatro planes Marshall—. Ni tampoco los crímenes de lesa humanidad —Corte Penal Internacional y Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela— que han oprimido a una nación hasta el punto de que 7 millones de venezolanos decidieron huir del país, sin importar los riesgos.

La administración estadounidense envió una delegación de alto nivel —asesores del presidente Biden—, integrada por Chris Dodd, asesor especial del gobierno de Estados Unidos para las Américas; Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Es decir, que lo dicho por Petro en la instalación de la Cumbre de que “la sociedad venezolana no quiere ser sancionada” iba dirigido a la Casa Blanca.

La licencia que otorgó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la empresa petrolera Chevron para que produzca y exporte el crudo venezolano no generó la confianza suficiente como para que Maduro mostrara su compromiso con la restitución de la democracia en la nación, empezando con la liberación de los presos políticos civiles y militares.

El énfasis se ha puesto en la hoja de ruta electoral para la presidencial en 2024 porque supone la solución a la crisis política al otorgar legitimidad de origen al nuevo gobierno.

Este lunes en el programa Con Maduro +, Maduro y compañía elevaron el pliego petitorio para regresar a la mesa de negociación de México. Solicitaron: la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; el levantamiento de todas las sanciones desde el año 2015; la entrega del dinero bloqueado en bancos internacionales; la autorización sobre el oro monetario en el Banco de Inglaterra; la transferencia de los activos de Citgo; y la liberación del empresario colombiano Álex Saab.

Por ahora, Petro realizó una Conferencia sobre Venezuela en Bogotá para presionar a la administración Biden en cuanto a la flexibilización de las sanciones económicas sobre el régimen de Maduro, porque son los que las impusieron y están presentes. Es decir, están bajo su control. Pero la propuesta de “más democracia” depende de Maduro y no fue invitado, intencionalmente. Nadie puede asumir esa responsabilidad porque ninguno de los que asistieron puede comprometerse a lograrlo.

En consecuencia, lo único que se discutió fue el “riel de las sanciones”.

Por lo tanto, Petro montó una encerrona a la Casa Blanca para aliviar las sanciones a Maduro.

Antonio de la Cruz

El saqueo de Venezuela durante los últimos 20 años, equivalente a cuatro planes para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, truncó el desarrollo socioeconómico del país bolivariano.

Las fuerzas de la barbarie —¿o más bien pura y simple codicia?— se impusieron de nuevo a las del progreso y de la civilización occidental, sacrificando una generación. La alegría, la exuberancia, la abundancia, las ganas de parrandear, se las arrebataron a la mayoría de la población venezolana, que optó por el éxodo para buscar empleo y para no seguir mendigando el derecho a la vida. Aquella Venezuela de los brazos abiertos para la gente que escapaba de su país por la violencia, la miseria y las dictaduras fue entregada a las mafias, la corrupción, las bandas criminales y los grupos terroristas que ocupan la frontera colombo-venezolana.

En dos décadas, y sobre todo en la última, fue transformado y profundizado el Estado mafioso alineado con el eje de países antiestadounidenses (Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua). Una de las principales características de la nueva sociedad es la desigualdad de ingresos. La diferencia entre el grupo más pobre y el más rico es de “70 veces”, según la última Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2022 (Encovi). Una cifra que coloca a Venezuela al mismo nivel de Namibia, Mozambique y Angola, en África. Es la nación más desigual del Hemisferio Occidental.

Este año, a la desigualdad se unió la pobreza por ingresos —salarios de 6 dólares mensuales—, un aspecto que había mejorado levemente durante 2021 y el primer trimestre de 2022, según la misma encuesta. La dramática realidad causó desde enero un incremento en la conflictividad social. A tal punto que llegó a constituir una amenaza para la estabilidad política del régimen, como ocurrió en Chile y en Ecuador en 2020, y en Colombia en 2021.

Sin duda la corrupción es un elemento potenciador de la desigualdad. En el caso venezolano tiene dimensiones astronómicas. Las coimas que se han manejado son de miles de millones de dólares en una operación.

Dos décadas han permitido el surgimiento de una clase social conocida como los “boligarcas” —un término utilizado a menudo para la nueva oligarquía que surgió bajo la revolución bolivariana de Hugo Chávez, inspirada en el socialismo—.

Es precisamente esta corrupción arraigada la que ha abierto camino para el colapso del régimen madurista.

Con el desfalco de Petróleos de Venezuela, que hicieron público hace apenas un mes, pretenden justificar el fracaso de la administración de Maduro. Pero la verdad es que han tenido éxito en lo que se propusieron: atornillarse en Miraflores y gobernar para unos pocos, no en función de los intereses del pueblo.

La actual cruzada anticorrupción puede terminar señalando al círculo cercano de Maduro porque los capturados hasta ahora no son las cabezas de las bandas. Y en los interrogatorios podrían estar dando los nombres de quienes daban las órdenes para que el negocio se mantuviera con jugosas comisiones. Baste mencionar como ejemplo el caso juzgado en Estados Unidos de Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y Claudia Díaz Guillén.

La diferencia es que en Venezuela la lucha contra la corrupción no es tal porque no existe el Estado de Derecho y se violan las leyes de la República, aunque en su narrativa aduzcan un sincero interés por el pueblo. Es una adaptación, un remake, del “Chávez gran redentor de los pobres”.

He allí el objetivo del lanzamiento del programa con Maduro+ este lunes, con el fin de mostrar el “gobierno de calle”. Busca en 18 meses cambiar la “tendencia irreversible” de su derrota electoral. Si hoy fueran las elecciones, según las últimas encuestas, 80% de la población rechaza su gestión. Se presentó con una imagen de ejecutivo moderno con saco y camisa. De gerente que lidera la administración pública y resuelve los problemas de la gente

Es bueno recordar que, en 2003, Chávez enfrentó un momento similar: el referéndum consultivo. No lo aceptó. Lo convirtió en un referéndum revocatorio. Usó el Consejo Nacional Electoral para retrasarlo —validación de las firmas— hasta el 15 de agosto de 2004, cuando había establecido un piso político con los sectores populares a través de las misiones sociales creadas un año antes. El resto es conocido.

Chávez utilizó la polarización, el populismo y la posverdad para sostenerse en el poder.

Maduro conoce la receta. Necesita con urgencia dólares lícitos para sus planes populistas. La corrupción ha saqueado y dejado sin validez aquello de que “Venezuela se arregló”. Por ello, Gustavo Petro sale en su auxilio y propone un quid pro quo: “Más democracia x cero sanciones”. Un caramelo envenenado. Porque hasta ahora Maduro no ha mostrado buena voluntad en las negociaciones. Le tocaría primero dar una prueba de más democracia que incluye: la libertad de los presos políticos, la restitución de los partidos a sus dirigentes, la devolución de los derechos políticos a los inhabilitados, la apertura del registro electoral a lo largo y ancho del país a nivel de parroquia o consejo comunal, entre otros.

En este momento, el régimen madurista requiere el acceso al sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) para poder recibir las divisas estadounidenses producto de las exportaciones petroleras porque las criptomonedas y el cash que le han permitido eludir las sanciones facilitaron el saqueo de los últimos dos años.

En cuanto a la polarización y la posverdad, cuando se refirió a un posible triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, Maduro afirmó que entregarían “la patria completica a sus dueños, a sus amos, al imperialismo norteamericano, para convertir a la sociedad venezolana en un pueblo esclavo, en un pueblo vasallo”.

El sucesor de Chávez está atrapado y con muy pocas salidas. Atraviesa otro momento difícil para sostener el poder. Porque, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero en una reunión privada, “ya es parte del problema y no de la solución”.

Por eso el líder del PSUV apuesta a los presidentes de Colombia y Estados Unidos para que lo ayuden a obtener los recursos con cero sanciones. Solo así podría pensar en ganar las presidenciales, manteniendo la cancha electoral inclinada a su favor. Mientras tanto, busca reinventarse para evitar una casi segura derrota electoral.

 Antonio de la Cruz

Han transcurrido más de 90 días desde que llegó el coronel Pedro Rafael Tellechea a la presidencia de Pdvsa. La auditoría técnico-administrativa a la gestión de Asdrúbal Chávez al frente de la empresa estatal petrolera desde abril de 2020 hasta diciembre de 2022 fue la excusa para sacar del negocio a la banda del exministro Tareck el Aissami, que se enriqueció con el manejo de la venta y el transporte, la facturación y el cobro, y el pago de compromisos y reciclaje del flujo de las exportaciones petroleras. También sirvió para justificar la situación deplorable en la cual se encuentran las arcas del Estado.

El relato de “Venezuela se arregló” quedó al desnudo. La intervención del Estado en el mercado cambiario para sostener el valor del bolívar frente al dólar empezó a hacer aguas en abril del año pasado y ya a partir de agosto la caída era libre. Para enero de 2023 la devaluación era equivalente a 395%, con respecto al año anterior. El mes pasado se notó una desaceleración con relación a febrero. Sin embargo, el daño acumulado ya había generado las condiciones para el reclamo de reivindicaciones salariales. Los tres últimos meses fueron de protestas diarias.

El monstruo de la hiperinflación se asomaba nuevamente y aterrorizaba a Maduro. Pensaba que lo tenía controlado con la desmonetización del bolívar, si dejaba circular el dólar como medio legal de pago. Los bodegones, la actividad nocturna, los conciertos, la construcción, los negocios de alta gama, los restaurantes eran los símbolos del madurismo que intentaba hacer creer que “Venezuela se arregló”. Su expresión máxima fue el retorno al crecimiento del producto interno bruto que se había derrumbado 80% desde que Superbigote asumió el poder en 2013.

Ocurrió que un día de febrero Maduro se despertó y encontró que la bala de plata de la supuesta dolarización, usada para domar la hiperinflación, ya no le permitía seguir manteniendo la estructura de la burbuja porque no ingresan suficientes divisas por las exportaciones de materias primas y productos refinados. Algo insólito porque el usurpador de Miraflores es considerado un “mago de la economía” y además fuera de serie. “Debería dar clases en Harvard sobre cómo se administra un país”, afirmó su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

No podía creer que le estuviera pasando de nuevo la subida descontrolada de los precios. Por ello anunció hace tres semanas que limpiaría “plenamente” la estatal Pdvsa de mafias corruptas con “medidas draconianas” y a través de una “reestructuración al más alto nivel”. Sin embargo, guarda un silencio aturdido ante la falta de presentación ante la justicia de El Aissami -¿en braga anaranjada?- y el señalamiento de Asdrúbal Chávez como corresponsable de lo ocurrido en la industria petrolera.

No hay manera de que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez desconocieran lo que sucedía. Junto con Tareck el Aissami y Asdrúbal Chávez eran los responsables de las operaciones que se realizaban en el negocio petrolero. A fin de calcular la disponibilidad financiera en la ejecución del presupuesto nacional se efectuaba una reunión semanal de conciliación de cuentas entre El Aissami y Rodríguez, como ministros de Petróleo y de Finanzas, respectivamente. Juntos revisaban las cifras para elaborar el informe de los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo y productos refinados que posteriormente se enviaba al Ejecutivo, al  jefe de la Hacienda Pública, que no es otro que Maduro.

En el caso del Estado mafioso venezolano, el seguimiento es mayor porque su funcionamiento depende de la mezcla de las divisas obtenidas por las exportaciones de petróleo y productos, las actividades ilícitas y las remesas.

Desde que Pdvsa fue sancionada por la administración estadounidense en 2019, el cobro de sus exportaciones se realiza en dólares y euros cash, o criptomonedas. Por lo que el lavado del dinero de la corrupción y de las actividades ilícitas se hace de la misma manera. Recordemos que, desde la época de Hugo Chávez, Venezuela se convirtió en una gran lavadora de capitales, utilizando a Pdvsa, entre otros.

El régimen de Maduro “necesita un mínimo aproximado de 300 millones de dólares mensuales en efectivo para cumplir con el complemento de pago de funcionarios, militares, alta nómina, parlamentarios, diplomáticos, etc.”, según CuentasClarasDigital.org.

Al comparar el desempeño del primer trimestre de las gestiones del primo de Chávez y el coronel Tellechea, se observa que la venta de dólares de Pdvsa al BCV mejoró en 39% en 2023.

En cuanto a los ingresos netos por las exportaciones de petróleo se mantuvieron en las dos administraciones. Esto indica que siguen saliendo tanqueros cargados que no generan cash para la estatal petrolera, como son los envíos a Cuba, China y Estados Unidos, equivalentes a 1.002 millones de dólares. Los dos últimos son para pagar las deudas con el Banco de Desarrollo de China y Chevron.

Por las exportaciones a las refinerías del golfo de México ingresaron a Pdvsa 216 millones de dólares durante el primer trimestre de 2023, a pesar de la afirmación de que el regreso de Chevron a Venezuela no la autoriza a entregar recursos al Estado.

Lo crítico en este primer trimestre del año son las Reservas Líquidas Internacionales. Se encuentran en 341 millones de dólares. El BCV les sacó 522 millones de dólares en febrero -el doble del promedio del año pasado-, lo que contribuyó a la venta de divisas a la banca para detener la caída del bolívar frente al dólar. Este es el talón de Aquiles de Maduro. Si las exportaciones de petróleo y hierro no aumentan a 2.000 millones de dólares mensuales, la intervención del BCV en el mercado cambiario para mantener el dólar controlado seguirá siendo deficiente, lo que amenazará el nivel de precios de los bienes y servicios. Y, por ende, reaparecerá de nuevo la hiperinflación con consecuencias en el salario.

Por ahora, basados en los resultados evaluados del primer trimestre, la situación de las exportaciones petroleras e ingresos es similar en las administraciones de Chávez y Tellechea. No hay sorpresas. Pero sí una narrativa de la lucha contra la corrupción para controlar más el país.

Los problemas siguen y la gente sabe que no es el bloqueo estadounidense sino el saqueo del madurismo lo que ha causado su desgracia. Que no os engañen.

Antonio de la Cruz