Estos son días oscuros para la causa de la democracia en América Latina. Mientras la dictadura venezolana avanza con medidas para robarse las elecciones legislativas de diciembre y acabar con la oposición organizada, las principales democracias en las Américas, incluyendo Estados Unidos, están haciendo muy poco o nada.

La coalición internacional de casi 60 países que respalda al valiente presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder opositor Juan Guaidó está perdiendo fuerza. Se ha debilitado por algunas deserciones importantes, como México y Argentina, y por las declaraciones ambivalentes del presidente Donald Trump sobre Guaidó.

México y Argentina, que hasta hace poco apoyaban los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela, ahora están apoyando tácitamente, si no explícitamente, al dictador Nicolás Maduro.

México y Argentina se abstuvieron vergonzosamente en el voto del 27 de junio de la Organización de Estados Americanos que condenó al régimen de Maduro por designar ilegalmente un Consejo Nacional Electoral progubernamental para supervisar las próximas elecciones de una nueva Asamblea Nacional en Venezuela.

Además, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Washington para una reunión con Trump el 9 de julio, dijo recientemente que está dispuesto a vender gasolina al régimen venezolano por razones “humanitarias”. Los gobiernos pseudoprogresistas de México y Argentina afirman ser neutrales en el conflicto interno de Venezuela, pero en los hechos han reducido su participación en el Grupo de Lima de países latinoamericanos que presionan por elecciones libres en Venezuela.

“Desde que tomó posesión López Obrador, el gobierno de México se ha vuelto en los hechos partidario de la dictadura de Maduro”, me dijo esta semana el ex canciller mexicano Jorge Castañeda. “Lo disimulan, no lo quieren decir abiertamente porque no quieren meterse en problemas con Trump. Pero en el corazoncito de López Obrador no debe haber ninguna duda de que está con la dictadura de Maduro”.

México dice que López Obrador simplemente está siguiendo el supuesto principio tradicional de la política exterior mexicana de “no intervención” en los asuntos internos de otros países. Eso es una bobería, porque México tiene una larga historia de intervención en asuntos internos de otros países.

El ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas apoyó a los republicanos durante la guerra civil de España en la década de 1930. El ex presidente Luis Echeverría apoyó a la oposición al dictador Augusto Pinochet en Chile en los 70. El ex presidente José López Portillo apoyó a la oposición nicaragüense, también en los 70.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández está apoyando tácitamente a Venezuela a instancias de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el poder detrás del trono en Argentina. La vicepresidenta pasó varias semanas en Cuba visitando a su hija allí el año pasado, durante las cuales se reunió con altos funcionarios cubanos.

Pero quizás el revés más serio para la oposición organizada de Venezuela sea la indecisión y ambivalencia de Trump. Como lo dijo su ex asesor de seguridad nacional John Bolton en su libro “La habitación donde sucedió”, Trump cambia de opinión varias veces en el mismo día sobre Venezuela. Un día dice que sería “genial” invadir Venezuela, y al día siguiente muestra respeto por Maduro y menosprecia a Guaidó.

Para empeorar las cosas, Trump socavó públicamente a Guaidó al sugerir en una entrevista con el portal Axios.com el 21 de junio que nunca estuvo muy convencido de su apoyo a Guaidó. Axios encabezó su reportaje a Trump con el título “Trump frío sobre Guaidó”.

La Casa Blanca trató de controlar el daño un día después, diciendo que Estados Unidos continúa apoyando a Guaidó, pero las palabras de Trump debilitaron políticamente al líder opositor venezolano.

Todo esto es un mal augurio para la democracia en Venezuela y en América Latina. Mientras Maduro avanza con su plan de hacer un fraude en las elecciones legislativas de diciembre con su nuevo tribunal electoral progubernamental, México y Argentina miran hacia otro lado, y Trump está paralizado por su ambigüedad.

El tiempo se acaba. El liderazgo de la Asamblea Nacional de Guaidó es la última esperanza para una solución negociada bajo una fuerte presión internacional para celebrar elecciones libres en Venezuela. Sin Guaidó, una solución política pacífica será mucho más difícil, si no imposible.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera.

elnuevoherald.com

El otro día salí a caminar por el paseo frente al mar de Miami Beach, y me sorprendió escuchar algo que no había oído allí en varios meses: música.

La música salía del bar junto a la piscina de uno de los hoteles que han reabierto al público en días recientes. Sólo había cuatro personas en el bar, que parecían bastante solitarias comparadas con las bulliciosas muchedumbres que antes llenaban los restaurantes con vista al mar de Miami Beach. Y los cuatro no guardaban mucha distancia, ni usaban máscaras faciales.

La escena me hizo preguntarme si el presidente Trump y los presidentes de México y varios países sudamericanos están haciendo bien en reabrir sus economías sin liderar simultáneamente campañas gubernamentales mucho más enérgicas para hacer cumplir con el distanciamiento social y otras medidas sanitarias.

No hay duda de que hay que empezar a reactivar nuestras economías. Hay millones de nuevos desempleados en todas partes por la crisis de COVID-19, y Trump y otros presidentes tienen razón en que no podemos dejar que la gente se muera de hambre.

¿Pero estamos reabriendo las economías de la manera correcta? ¿O, en el caso de Estados Unidos, nos estamos dejando apurar por Trump y su afán de lograr una reactivación económica mayúscula antes de las elecciones de noviembre?

En lo que constituye un dato escandaloso para la mayor economía del mundo, más de 108,000 estadounidenses ya han muerto de COVID-19. Estados Unidos tiene solo el 4 por ciento de la población mundial y el 28.2 por ciento de las muertes de COVID-19 a nivel global, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la universidad Johns Hopkins.

Le hice estas preguntas a uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos, Eric Topol, uno de los investigadores estrella del instituto Scripps Research, autor de más de 1,200 artículos científicos y varios libros.

Topol me dijo que Estados Unidos está coqueteando con una segunda ola de COVID-19, porque la primera ola en curso “nunca fue suprimida adecuadamente”.

En Estados Unidos, no hemos aprovechado la cuarentena de la población para armar un sistema de pruebas, seguimiento de contactos y la instalación de equipos. “Entonces, vamos a tener problemas. Vamos a tener que cerrar la economía de nuevo”, me dijo.

Topol agregó que “en California, donde vivo, los casos de COVID-19 se están disparando desde que comenzó la reapertura económica. Probablemente tendremos que volver a una cuarentena”.

Cuando le pregunte qué habría que hacer, además de crear un mejor sistema de pruebas y rastreo, Topol dijo que deberíamos concentrarnos en evitar los contagios de COVID-19 en iglesias, hogares de ancianos y otros lugares cerrados que sabemos que son un terreno fértil para la propagación del virus.

En lugar de eso, “tenemos a nuestro presidente ordenando que las iglesias estén abiertas”, dijo Topol.

Mi conclusión es que hay que reabrir la economía, pero en muchos paises la reapertura debe venir de la mano de una cruzada presidencial mucho más convincente para educar al público sobre la necesidad de usar máscaras faciales, mantener el distanciamiento social y evitar multitudes en lugares cerrados.

En Estados Unidos, Mexico y otros países, eso no está sucediendo. En lugar de predicar con el ejemplo, Trump está haciendo lo contrario.

En vez de usar una máscara facial en público, mantenerse alejado de otras personas e instar constantemente a la gente a que mantenga el distanciamiento social, Trump parece solo interesado en reactivar la economia a tiempo para las elecciones de noviembre.

“¡Liberen Michigan!”, “¡Liberen Virginia!”, tuiteó Trump el 17 de abril, cuando los gobernadores se resistían a reabrir las economías de sus estados tan temprano. Ahora, Trump quiere hacer su discurso de nominación para la reelección en agosto en un estadio con decenas de miles de personas, y ha dicho que “no podemos hacer distanciamiento social” en la convención republicana, según informa el Washington Post.

Sí, hay que reabrir la economía. Pero a menos que Trump y otros presidentes comiencen a liderar con el ejemplo, usando una máscara facial y alentando a la gente a cambiar nuestro comportamiento colectivo, en lugar de contradecir a los científicos, me temo que pronto vamos a arriesgar una segunda ola de COVID-19 que puede matar a mucha más gente, y obligar a un nuevo cierre de la economía. @oppenheimera

Andrés Oppenheimer

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Por fin, después de años de arrastrar los pies, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter están dando sus primeros pasos serios para combatir la pandemia de noticias falsas. Lo que anunciaron está lejos de ser suficiente, pero hay que celebrarlo, y exigirles que hagan mucho más.

Esta semana, Twitter anunció que agregará etiquetas de advertencia en algunos tweets con información falsa o engañosa sobre la pandemia de COVID-19, y que eventualmente podría hacer lo mismo con noticias falsas sobre otros temas. YouTube había anunciado antes algo parecido.

El 7 de mayo, Facebook dio un paso aún más audaz. La compañía, que también es dueña de Instagram, puso en marcha una nueva comisión supervisora de contenidos al anunciar sus primeros 20 miembros. La junta será independiente, tendrá un presupuesto de $130 millones y podrá tomar decisiones vinculantes para eliminar noticias falsas específicas de Facebook e Instagram.

Los miembros de la nueva comisión supervisora de contenidos incluyen muchos conocidos defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa. La junta estará presidida por cuatro expertos que incluyen a Catalina Botero, la ex relatora especial de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la ex primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt.

En una entrevista días atrás le pregunté a Botero por qué deberíamos confiar en Facebook. El fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, admitió varias veces que Facebook no estaba haciendo lo suficiente para eliminar las noticias falsas, y después hizo poco y nada al respecto, le señalé.

Botero respondió que la comisión supervisora será una institución autónoma y que Facebook no podrá despedir a sus miembros. La comisión actuará “como una Corte Suprema” que decidirá sobre la eliminación de noticias falsas potencialmente dañinas. Sus decisiones sobre este tipo de noticias serán vinculantes, me señaló.

Botero dijo que no puede hablar de casos específicos, como cuando el presidente Trump sugirió que inyectar desinfectante puede curar el COVID-19. Pero, en general, si un presidente recomienda algo que puede hacer daño, incluyendo la incitación a crímenes de odio, las decisiones de la comisión de eliminar tales declaraciones serán obligatorias, dijo.

¿Y qué pasa con las noticias falsas o engañosas que no causan daño a la salud pública?, le pregunté. Por ejemplo, Trump ha afirmado sin pruebas que la pandemia se originó en un laboratorio en China, una declaración que algunos podrían interpretar como no dañina a la salud pública.

Botero respondió que, en general, cuando no haya un daño potencial, la comisión podrá hacer “recomendaciones” a Facebook. Por ejemplo, podrá recomendar que Facebook etiquete una declaración de un político, alertando a los lectores de que se trata de información disputada por fuentes reconocidas. La comisión también puede recomendar que una noticia vaya acompañada de un enlace con información comprobada de una fuente creíble, agregó.

Aunque dichas “recomendaciones” sobre temas que no causen daño a la salud pública no serán obligatorias, se harán públicas. Eso presionará a Facebook para que etiquete esas noticias o explique por qué no lo hace, me dijo Botero.

Cuando le pregunté si la comisión podrá eliminar la publicidad política falsa o noticias engañosas a tiempo para las elecciones estadounidenses de noviembre, Botero dijo que “vamos a trabajar a toda marcha” para lograr ese objetivo. Pero advirtió que la junta aún se encuentra en su etapa organizativa y que “no puedo garantizarlo”.

Me cuesta entender por qué Facebook, que anunció esta comisión en 2018, se tardó tanto en ponerla en marcha. Estamos a solo seis meses de las elecciones estadounidenses.

Pero, de todos modos, es un paso en la dirección correcta. Quizás sea mejor tener una comisión de supervisión independiente que dejar las decisiones sobre noticias falsas en manos de los presidentes de Facebook, YouTube o Twitter, que siempre tienen en cuenta las ganancias de sus empresas.

Deberíamos aplaudir estos primeros pasos de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, y al mismo tiempo presionarlos para que los extiendan a noticias falsas sobre otros temas más allá del COVID-19. Han ganado miles de millones de dólares con la difusión de noticias falsas, y es hora de que hagan algo en serio para combatir esa plaga.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera.

Aunque la mayoría de los economistas predicen que las economías latinoamericanas comenzarán a recuperarse de la crisis de COVID-19 en la segunda mitad del año, una entrevista con el pronosticador económico más influyente de la región me dejó con dudas sobre si la recuperación será tan rápida y tan grande como muchos esperaban.

Ya pasó casi un mes desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI), la principal institución financiera internacional en materia de proyecciones económicas, emitió sus pronósticos económicos para la región. El FMI predijo que la economía de América Latina en su conjunto caerá un 5.2% este año, y crecerá un 3.4% el próximo año.

Pero el director del FMI para América Latina y el Caribe, Alejandro Werner, me pareció un poco menos optimista que antes cuando hablé con él esta semana.

Werner comenzó diciéndome que es inusualmente difícil para los economistas hacer pronósticos en este momento, porque el impacto de la pandemia del coronavirus no dependerá tanto de los factores económicos, sino epidemiológicos. Pero, dicho esto, reconoció que las previsiones de abril del FMI para la región podrían tener que revisarse hacia la baja.

“Lo más probable es que el crecimiento económico de América Latina en 2020 sea aún más negativo de lo que pronosticamos, porque es probable que la economía de Estados Unidos se contraiga más de lo que nosotros esperábamos”, me dijo Werner. Una mayor recesión en Estados Unidos se traducirá en menos remesas familiares de los residentes estadounidenses a Latinoamérica, menos turismo, y menos exportaciones.

Cuando Estados Unidos y los países europeos publicaron sus resultados económicos del primer trimestre pocos días atrás, “fueron aún más débiles de lo que anticipamos en nuestro escenario central” en abril, señaló. “Entonces, es probable que la próxima vez que saquemos números, que será en el verano (del hemisferio norte) estos números serán peores”, dijo Werner .

Cuando le pregunté cuáles son sus proyecciones de crecimiento económico de la región ahora, Werner me dijo que estima que la economía de Estados Unidos caiga un 5.9% este año, que las de México y Argentina se contraigan en un 6.6% y casi un 6% respectivamente este año.

La buena noticia, agregó, es que comenzaremos a ver “una recuperación económica relativamente rápida en la segunda mitad de 2020, y especialmente en 2021”, me dijo Werner. “La recuperación será más rápida que en la Gran Depresión de 1929, o la de la crisis financiera de 2008”.

Werner no está solo al predecir una recuperación latinoamericana en 2021. El Banco Mundial, las Naciones Unidas y los principales bancos privados esperan lo mismo, entre otras cosas porque es probable que la economía de China crezca hasta un 9% el próximo año. China es el principal comprador de las exportaciones latinoamericanas de materias primas.

El populismo radical

Lo que más me preocupa son las posibles consecuencias políticas de la crisis del COVID-19. Podrían dar lugar a un aumento del populismo radical, con todas sus desastrosas secuelas.

Eso podría suceder, por ejemplo, si la economía mundial se recupera más lentamente de lo esperado en la segunda mitad del año, o, peor aún, si hay una segunda ola de la pandemia de coronavirus. Si eso ocurre, muchos gobiernos latinoamericanos podrían llegar a la conclusión de que sus economías caerán aún más, y que no podrán pagar sus deudas externas.

Los inversionistas, anticipando controles a la salida de capitales, se apresurarían a enviar su dinero a Miami y otros refugios seguros. Los líderes populistas en México, Argentina e incluso países más económicamente responsables podrían concluir que no tienen nada que ganar políticamente teniendo buenas relaciones con la comunidad empresarial, y podrían intervenir o estatizar algunas de las grandes empresas que rescataron durante la crisis de COVID-19.

Comenzarían a imprimir más dinero y a regalarlo para ganar las próximas elecciones, generando un nuevo ciclo de hiperinflación, desinversión y mayor pobreza. Ya hemos visto esta película varias veces antes.

Ojalá que no vuelva a suceder esta vez, porque sin inversiones no hay forma en que la región pueda recuperarse. Si los gobiernos latinoamericanos entienden que solo podrán crecer con inversiones, el 2020 será un año horrible, pero las cosas podrían mejorar rápidamente en 2021.

Andrés Oppenheimer 

@oppenheimera

Según las estadísticas oficiales de Venezuela, el país tiene una de las tasas de mortalidad de COVID-19 más bajas del mundo. Sin embargo, la realidad es que la pandemia del coronavirus en Venezuela es una bomba de tiempo a punto de explotar.

A juzgar por lo que me dijo en una entrevista el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como el presidente legítimo de su país, Venezuela “está a las puertas de una catástrofe”. Gran parte de la población carece de jabón para lavarse las manos, y muchos hospitales no tienen ni siquiera agua corriente, me dijo.

Según el régimen del presidente Nicolás Maduro, Venezuela tenía solo 10 muertes por coronavirus el 27 de abril. En comparación, Brasil tenía 4,205 muertes por COVID-19 para esa fecha, México 1,351, Perú 728, Ecuador 576, Colombia 243, Chile 198, Argentina 186, según el sitio de internet Ourworldindata.org de la Universidad de Oxford.

En relación a su población, el régimen venezolano afirma tener solo 0.35 muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes. En comparación, Brasil tiene 21 muertes por COVID-19 por millón de habitantes, México 11 y Argentina 4.3, según Ourworldindata.org.

Cuando le pregunté a Guaidó sobre las cifras de muertes de COVID-19 del régimen venezolano, respondió que “no tienen ninguna credibilidad”.

Guaidó admitió que, al igual que Corea del Norte o Cuba, Venezuela tenía la ventaja relativa de estar prácticamente aislada del resto del mundo cuando comenzó la pandemia. Ya antes de la pandemia, los vuelos internacionales a Venezuela ya se habían desplomado a un 10% de los que había hace dos o tres años, me dijo.

Asimismo, la escasez generalizada de gasolina en Venezuela ha detenido casi por completo los viajes dentro del país, lo que podría haber ralentizado la transmisión del virus. Increíblemente, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero tras dos décadas de populismo radical se ha destruído la industria petrolera, y ya no hay ni gasolina en el país.

Pero, cualesquiera que sean las cifras reales de muertes de COVID-19, existen razones poderosas para temer un gran desastre humanitario, me dijo Guaidó.

Primero, la mayoría de los venezolanos carece de agua corriente y jabón, los ingredientes básicos para lavarse las manos que son esenciales para detener la propagación del virus. Según una encuesta de la Asamblea Nacional del 26 de abril, el 78% de los venezolanos no recibe agua de manera regular.

En segundo lugar, los hospitales están semidestruídos. Un 47% de los hospitales de Venezuela no tienen agua corriente contínua, y casi el 80% de los hospitales no tienen suficiente jabón, me dijo Guaidó.

“El J.M. de los Ríos, que es el principal hospital pediátrico de Venezuela, ubicado en Caracas, estuvo nueve horas sin luz”, me dijo Guaidó. “Las enfermeras no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo porque no hay gasolina ni transporte público”.

Tercero, Venezuela realiza solo 100 pruebas de coronavirus por día, lo cual es casi nada, señaló Guaidó. Y en todo el país hay solo alrededor de 300 ventiladores, de los cuales solo 83 están en hospitales estatales, dijo.

Si el COVID-19 se extiende en Venezuela, saturará casi de inmediato el sistema de salud, me dijo Guaidó.

Ahora, más que nunca, Venezuela necesita un gobierno de transición para restaurar la democracia y abrir las puertas a la ayuda internacional, porque la mayoría de los principales países no querrán enviar dinero a una dictadura corrupta, agregó.

Mi conclusión después de hablar con Guaidó y otros venezolanos es que la dictadura de Maduro probablemente no cuenta muchas muertes por COVID-19, y las clasifica como causadas por neumonía u otras enfermedades. También es probable que COVID-19 haya sido más lento en llegar a Venezuela debido a su aislamiento externo e interno.

Pero lo cierto es que la Organización Panamericana de la Salud estima que América Latina está actualmente seis semanas por detrás de Europa en la propagación de COVID-19. Si ese es el caso, el desastre del sistema de salud en Venezuela hará que pronto se convierta en la mayor catástrofe de COVID-19 en el hemisferio occidental.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera.

La catástrofe humanitaria de Venezuela ha desaparecido de los titulares de los principales periódicos de Estados Unidos desde que las bravuconadas del presidente Trump contra el dictador venezolano Nicolás Maduro han probado ser amenazas vacías, y el presidente estadounidense habla cada vez menos del tema. ¡Es hora de volver a poner a Venezuela en las primeras planas!

Los periodistas que moderen los debates presidenciales de 2020 deberían colocar a Venezuela entre los principales temas de política exterior si es que los propios candidatos no lo hacen. En los debates demócratas de 2019, la mayoría de mis colegas que moderaron los debates omitieron vergonzosamente hacer preguntas sobre la crisis venezolana.

Trump está hablando cada vez menos sobre Venezuela. Sus veladas amenazas de una intervención militar, que nunca fue una buena idea sin un gran apoyo internacional, resultaron ser lo que muchos de nosotros sospechábamos: un teatro político para ganar votos cubanoamericanos y venezolano-americanos en la Florida.

Y la agenda antiinmigrante, antiambiental, antilibre comercio y antiayuda exterior de Trump, además de sus insultos entre otros a los mexicanos como “violadores” y “criminales”, y a los centroamericanos y haitianos como nativos de “países de m…”, han aislado a Estados Unidos en la región.

Trump no tiene un plan coherente ni relaciones en la región como para liderar una coalición internacional para sacar a Maduro del poder. Mientras tanto, Venezuela se ha convertido, como Siria, en uno de los mayores desastres humanitarios del mundo.

Los escuadrones de la muerte de Maduro son responsables de unas 6,800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

El informe de la ONU también documentó el uso generalizado de la tortura contra algunos de los más de 720 presos políticos de Venezuela, incluidas las descargas eléctricas y la asfixia con bolsas de plástico. Es un nivel de violaciones a los derechos humanos que iguala, y tal vez supera, a la de los peores momentos de las dictaduras militares de América del Sur en la década de 1970.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), más de 4.7 millones de venezolanos han huido de Venezuela en los últimos cinco años. El éxodo venezolano podría llegar a 10 millones de personas en tres años, según el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Y, sin embargo, Maduro ha consolidado su dictadura en los últimos meses. México y Argentina, que habían sido miembros activos del Grupo de Lima para restaurar la democracia en Venezuela, han cambiado de bando. Los nuevos presidentes izquierdistas de los dos países ahora reconocen al régimen de Maduro.

Aunque parezca una broma, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, que es una institución separada de la oficina de Bachelet, aceptó recientemente a Venezuela como uno de sus 47 países miembros.

¿Que hay que hacer? Para empezar, hay que pedirle a todos los candidatos presidenciales de Estados Unidos que propongan una política para América latina, porque la actual —como bien la definió el precandidato demócrata Joe Biden— está “moralmente quebrada”.

“Trump ha juzgado mal lo que se necesitará para devolver la democracia a Venezuela”, dijo Biden en un artículo de opinión del Miami Herald. Agregó que las amenazas vacías de una intervención militar en Venezuela no solo no han servido de nada, sino que han debilitado la coalición internacional de más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Hoy se necesita, más que nunca, una sólida coalición internacional contra Maduro. En lugar de insultar a los inmigrantes latinoamericanos, construir un muro inútil en la frontera mexicana, separar a los niños refugiados de sus padres, cortar la ayuda extranjera a los países centroamericanos y aplicar aranceles a gobiernos amigos, Estados Unidos debería tender puentes con las democracias de la región y ayudar a crear un frente efectivo contra Maduro.

Sería moralmente condenable que los moderadores de los próximos debates presidenciales de Estados Unidos se centren exclusivamente en la agenda de Trump, e ignoren la tragedia venezolana. Se trata de una crisis sin precedentes en la historia reciente de la región, y está afectando a todo el continente.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera.

En medio de los grandes titulares sobre las protestas sociales en Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela, la noticia que probablemente sea más preocupante para la región a largo plazo son los resultados de un nuevo estudio que pone en evidencia el atraso educativo latinoamericano.

Los resultados del examen PISA de estudiantes de 15 años en 79 países y regiones de todo el mundo muestran que la mayoría de los países latinoamericanos están entre los que tuvieron los peores resultados. Y, a juzgar por lo que está sucediendo en Venezuela y, en menor medida, en México y Argentina, me temo que los niveles educativos de América Latina caerán aun más.

La prueba estandarizada PISA, que se realiza cada tres años, evalúa a los estudiantes en comprensión de lectura, matemáticas y la ciencia.

Al igual que en años anteriores, los estudiantes de China obtuvieron los puntajes más altos, seguidos de los de Singapur, Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Polonia, Suecia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. En el caso de China, la prueba PISA solo incluyó a estudiantes de Beijing, Shanghai y otras dos áreas relativamente ricas.

Los estudiantes de América Latina y el Caribe que sacaron los mejores puntajes en la prueba PISA fueron los de Chile que ocuparon el puesto número 43 en la lista, Uruguay (48) y Costa Rica (49). Más abajo están México (53,) Brasil (57,) Colombia ( 58,) Argentina (63,) Perú (64,) Panamá (71) y República Dominicana (76.)

Vergonzosamente, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no se atrevieron a participar en la prueba, realizada en 2018. Eso plantea serias dudas sobre la propaganda cubana según la cual la isla tiene altos niveles educativos.

Irónicamente, algunos países que obtuvieron puntajes bajos, como Panamá y la República Dominicana, deberían ser aplaudidos por participar en el examen. Los países necesitan un diagnóstico claro del rendimiento académico de sus estudiantes para poder mejorar sus niveles educativos.

¿Por qué temo un deterioro aún mayor de los estándares educativos en América Latina? Entre otras cosas, porque el presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, abolió la reforma educativa que incluía evaluaciones de docentes por parte de una agencia independiente.

Además, mientras que China, Corea del Sur y otros países de alto rendimiento educativo tienen exámenes rigurosos de admisión a las universidades, López Obrador ha propuesto eliminar los exámenes de ingreso a las universidades.

En Argentina, el gobierno entrante del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner tienen un largo historial de apoyar políticas educativas populistas. En 2015, durante el gobierno anterior de Cristina Fernández, la prueba PISA excluyó a la Argentina de su informe final después de las acusaciones de que el país había hecho trampa en el examen.

En Venezuela, hay una debacle educativa. Alrededor del 78 por ciento de los estudiantes han desertado de las escuelas públicas por la migración estudiantil y la ausencia de maestros, según un estudio del grupo no gubernamental Fundaredes.

No es ningún misterio que los estudiantes asiáticos salgan en los primeros lugares de la prueba PISA. Los estudiantes chinos se pasan una 55 horas semanales estudiando, casi el doble del promedio en muchos países latinoamericanos.

Las familias chinas invierten la mayor parte de su tiempo y dinero en la educación de sus hijos. He visitado varios institutos privados en China, donde los estudiantes iban después de la escuela y estaban tomando clases de inglés y matemática a las 9 de la noche.

En América Latina, muchos políticos y académicos se burlan de los logros educativos de los países asiáticos, alegando que producen estrés en los estudiantes y hacen que algunos se suiciden. Sin embargo, aunque todo exceso es malo, esa es una excusa muy pobre para no hacer nada.

Los países más exitosos son aquellos que han aumentado su calidad educativa. Vivimos en una economía global del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual cada vez menos a medida que los robots realizan cada vez mas labores en las fábricas, la agricultura y los servicios.

A menos que los países latinoamericanos pongan la educación de calidad en el centro de sus agendas políticas, como lo hacen los países asiáticos, me temo que la región será aún más pobre y más desigual que ahora.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera

elnuevoherald.com

Estimado director de contenidos de Netlix,

Permítame sugerirle: Tras las series de televisión que ustedes han producido sobre los abusos de poder y la corrupción en Brasil, México, Colombia y Cuba — hagan una sobre lo que está pasando actualmente en Bolivia.

Ya lo sé, Bolivia es un país que sale poco en las noticias, y sus 11 millones de habitantes son un mercado muy pequeño para justificar una de sus mega-producciones de decenas de millones de dólares. Sin embargo, si sigue leyendo esto, verá que una serie de televisión sobre la destrucción de la democracia en Bolivia podría atraer audiencias en todas partes.

Si no fuera por el hecho de que al menos tres personas murieron y 170 resultaron heridas en los últimos días en las protestas nacionales contra el fraude electoral que resultó en la re-elección del presidente Evo Morales el 20 de octubre, una serie sobre la crisis política de Bolivia podría incluso ser tragicómica.

El personaje central sería Morales, un ex líder cocalero que se convirtió en el primer presidente de ascendencia indígena de Bolivia en 2006. Pero pronto comenzó a vivir como un rey, volviéndose cada vez más egocéntrico y acaparando casi todos los poderes.

Morales se compró un lujoso avión presidencial de $38 millones de dólares, y construyó un grandioso palacio presidencial de 29 pisos, uno de los más altos de la capital. También construyó un museo de $7.1 millones, el más grande del país, para glorificar la historia de su vida, lo que llevó a sus críticos a llamarlo en son de burla “Ego” Morales.

A pesar de que la constitución de Bolivia solo le permitía gobernar por dos mandatos consecutivos, Morales cambió la constitución para postularse para un tercer mandato. Luego, en 2016, convocó un referéndum nacional para cambiar la constitución y postularse para un cuarto mandato.

Cuando Morales perdió ese referéndum, ideó una nueva excusa para aferrarse al poder: argumentó que sus derechos humanos serían violados si se le prohibía postularse para un cargo público. El Tribunal Constitucional de Bolivia, controlado por él, aprobó su pedido. A partir de ahí la historia se volvió aún más inaudita. A las 8 pm de la noche de las elecciones del 20 de octubre, con el 83 por ciento de los votos contados, los resultados oficiales mostraron que Morales no ganaría en la primera vuelta.

De repente, poco después de ese boletín electoral de las 8 p.m., se detuvo el conteo de votos y el sistema permaneció caído por 23 horas. Cuando se reanudaron los boletines con resultados oficiales al día siguiente, la tendencia del voto había cambiado milagrosamente a favor de Morales. Poco después, Morales anunció que había ganado en la primera ronda.

Una misión de observación electoral de 92 miembros de la Organización de Estados Americanos luego dictaminó que la suspensión del conteo de votos era “inexplicable” y recomendó celebrar una segunda vuelta. Y el 8 de noviembre, la compañía privada contratada por el régimen de Morales para realizar una auditoría del resultado electoral dictaminó que la elección estaba “viciada de nulidad”.

Morales aduce que la oposición está realizando un “golpe”, y ha logrado que la OEA envíe un nuevo equipo de 30 auditores electorales, que líderes opositores dicen está sesgada a favor de Morales.

¿Por qué debería importarle todo esto a quienes no son bolivianos? Porque algunos líderes latinoamericanos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se han aliado con las dictaduras de Cuba y Venezuela para felicitar a Morales por lo que describieron como su “triunfo” electoral, mientras que otros han guardado silencio.

Y porque hay muchos otros ángulos que hacen interesante el drama de Bolivia, incluyendo una supuesta amante de Morales que afirmó haber tenido un hijo con él, narcotraficantes, y buscadores de fortuna extranjeros ansiosos por obtener una parte de las enormes reservas de litio del país.

Lo que está pasando en Bolivia, como lo que sucedió antes en Venezuela y Nicaragua, da para una magnífica serie de televisión sobre el desmantelamiento de la democracia. Mucha gente la vería. Su título podría ser: “Emperador de los Andes”.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera

 elnuevoherald.com

Las recientes elecciones en Argentina, Uruguay y Bolivia, así como las protestas masivas en Chile, Ecuador y Haití sugieren que el mapa político de América Latina está cambiando. Pero no creo que veremos un cambio radical hacia la izquierda como algunos están pronosticando.

Lo más probable es que veamos una partición política de la región en tres bloques.

▪ El primer bloque estará liderado por el gobierno de derecha de Brasil, el país más grande de la región, e incluirá los gobiernos de centroderecha de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Honduras y Guatemala. También es probable que se una al mismo Uruguay si gana el candidato de centroderecha Luis Lacalle Pou en las elecciones del 24 de noviembre, como auguran las encuestas.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un populista muy cercano al presidente Donald Trump, está negociando activamente un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos.

Brasil ya se ha convertido —quizás por default— en la nueva estrella regional de Wall Street. En días recientes, el Congreso de Brasil aprobó una reforma de pensiones que la comunidad empresarial había estado exigiendo durante años, y Bolsonaro anunció una inversión de $10,000 millones de Arabia Saudita.

En un momento en que la mayoría de las economías latinoamericanas están estancadas o en declive, se proyecta que Brasil crecerá un 0.9 por ciento este año y un 2 por ciento en 2020.

Bolsonaro ya ha declarado que si firma un acuerdo comercial con Estados Unidos, Brasil podría salirse del Mercosur, el mercado común integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Según las reglas del Mercosur, ningún país miembro puede firmar un acuerdo comercial bilateral con un país que esté fuera del bloque.

Una salida brasileña del Mercosur sería devastadora para Argentina, Bolivia y otros vecinos de Brasil, cuyas exportaciones al gigante mercado brasileño son vitales para sus respectivas economías.

Si la economía de Brasil se sigue fortaleciendo, Brasil se podría convertirse en un líder regional en temas como los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. Probablemente tengamos una mejor idea de las ambiciones regionales de Bolsonaro cuando viaje a Washington y Miami el 25 y 26 de noviembre, cuando seguramente hablará sobre Venezuela y Bolivia.

▪ El segundo bloque de América Latina, al que muchos se refieren como el “Grupo de Puebla”, está compuesto por los gobiernos de México y Argentina, dos países políticamente poderosos pero debilitados por economías en baja.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, está haciendo su primer viaje al extranjero desde su elección a México, para reunirse con el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México el lunes.

Fernández ya ha anunciado que seguirá los pasos de México y se retirará del grupo de más de 50 democracias mundiales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, que han declarado al gobernante venezolano Nicolás Maduro un “presidente ilegítimo”.

López Obrador y Fernández también felicitaron prematuramente al presidente autoritario de Bolivia, Evo Morales, por su autoproclamada “victoria” electoral del 20 de octubre, a pesar de que una misión electoral de 92 expertos de la Organización de Estados Americanos había denunciado un posible fraude por parte del régimen de Morales.

▪ El tercer bloque de la región estará compuesto por las dictaduras o regímenes autoritarios izquierdistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. A diferencia de cuando Venezuela era una potencia petrolera, es un bloque económicamente quebrado, pero políticamente influyente en los movimientos sociales de la región.

¿Cuál de estos tres bloques políticos prevalecerá? A corto plazo, probablemente ninguno.

Pero el próximo año, si Bolsonaro firma un acuerdo comercial con Estados Unidos y deja de hacer declaraciones cavernarias contra la comunidad gay, los ambientalistas y la libertad de prensa que lo convierten en un presidente políticamente radioactivo para sus potenciales aliados en la región, Brasil puede convertirse en un líder regional por su mero peso económico.

México y Argentina estarán demasiado consumidos por sus propios problemas económicos. Y Venezuela y Cuba continuarán siendo poco más que fuentes de agitación política regional.

Será un mapa político algo caótico, que le puede dar un respiro político a la dictadura de Venezuela, pero no será un giro masivo hacia la izquierda como algunos pronostican.

Andrés Oppenheimer

@oppenheimera.

Durante una visita de una semana a Argentina, hablé con varios altos funcionarios del gobierno y figuras de la oposición, pero el comentario que más me dejó pensando fue el que escuché de un taxista venezolano, uno de los 170,000 venezolanos que han llegado últimamente a este país. El conductor me dijo: “Los argentinos no saben en qué se están metiendo”.

Al igual que muchos argentinos, el taxista venezolano teme un regreso del populismo de izquierda en las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Según me dijo, Argentina podría encaminarse hacia lo que algunos aquí denominan una potencial “Argenzuela”.

Hay un clima de casi certeza en Argentina de que la fórmula populista de izquierda del candidato presidencial Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora se postula para vicepresidente, ganará las próximas elecciones.

El presidente Mauricio Macri, de centro-derecha, se postula para la reelección y espera dar vuelta a los pronósticos. Pero la mayoría de los presentadores de televisión dan casi por hecho que la boleta Fernández-Fernández ganará en octubre.

En una elección primaria del 11 de agosto, la fórmula Fernández-Fernández arrasó por un margen de 16 puntos porcentuales. Y desde entonces, la mala situación económica de Argentina ha empeorado, en parte por la fuga de capitales generada por temores de un regreso del kirchnerismo.

En rigor, Macri heredó gran parte de la actual crisis económica. Durante los gobiernos kirchneristas del 2003 al 2015, en que Argentina se benefició de un auge sin precedentes de los precios de las materias primas, los Kirchner dilapidaron la bonanza en subsidios populistas y una corrupción masiva.

El gasto público de Argentina casi se duplicó durante el kirchnerismo, del 23% del producto interno bruto en 2002 al 42.2% en 2015. Hoy, Argentina tiene 9 millones de personas que trabajan en el sector privado, que mantienen a 15.3 millones de personas pagadas por el estado, según estimaciones internas del Fondo Monetario Internacional.

El vivir gastando más de lo que produce ha convertido a Argentina en un país inviable. Y Macri, aunque consciente de eso, no hizo las reformas suficientes para enderezar la economía.

Alberto Fernández ha enviado algunas señales preocupantes desde las primarias de agosto. Dijo que Venezuela no es una dictadura, a pesar del hecho de que ha habido más de 6,800 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el régimen venezolano apenas durante el último año y medio, según las Naciones Unidas. Y ha dicho que buscaría mejorar las relaciones con España más que con Estados Unidos, un gran error de parte de un candidato que necesitaría la ayuda de Washington para renegociar la deuda externa de Argentina.

Todo eso hace temer que una victoria de Fernández podría causar una mayor fuga de capitales, como se dio después de las primarias del 11 de agosto, empeoraría la situación económica y significaría un regreso a los días en que los gobiernos kirchneristas culpaban a Estados Unidos y el FMI —en lugar de la costumbre de Argentina de gastar más de lo que produce— por la crisis económica del país.

Sin embargo, la impresión que me dió Alberto Fernández cuando lo entrevisté hace varios años es que es un hombre pragmático. Y muchos especulan que no sería un títere de Cristina Fernandez: Argentina tiene una larga historia de presidentes peronistas que traicionaron a sus padrinos políticos.

Aunque Cristina Fernández sería presidenta del Senado, tendría como aliados a muchos gobernadores, y controlaría a varios sindicatos de trabajadores, Alberto Fernández podría construír una base de poder desde la presidencia.

Finalmente, es difícil pero no imposible que Macri gane las elecciones, o por lo menos que gane un bloque suficientemente grande en el Congreso como para evitar una toma gradual de las principales instituciones del pais por un gobierno kirchnerista.

Creo que se avecinan tiempos turbulentos en Argentina, a menos que Fernández y Macri formen un gobierno de unidad nacional que ataque de frente la enfermedad crónica del pais —gastar más de lo que produce— en lugar de solo tratar de curar sus síntomas. Si eso no ocurre, la situación de Argentina podría seguir empeorando. @oppenheimera.

Andrés Oppenheimer 

elnuevoherald.com

@oppenheimera.