“Una caída del ingreso del orden de 10% o 12% no podría sino ser una verdadera hecatombe”
¿Por qué razón cada vez que estamos a las puertas, o en la antesala de un shock negativo de precios petroleros, desde distintos sectores surge la inquietud sobre una posible explosión social? Esta interrogante, por lo demás, parece bastante pluralista. No sólo se la hace la oposición, también le surge al Gobierno.
Quien se lo pregunta no cree que él, o alguien de su familia, va a “estallar socialmente”. Cree que son los otros, los barrios, los pobres, o como muy próximos, los vecinos, los que van a salir a saquear, romper santamarías y ejercer violencia callejera. Pero jamás él o los suyos.
Siendo así, la idea del estallido social es en primera instancia una evaluación, un prejuicio y hasta un temor de tipo clasista, o al menos familista, antes que una prospectiva de comportamiento social con algún fundamento.
Otra posible respuesta, del porqué la insistencia en preguntarnos si esto estalla, es ver al estallido social como un “deseo oculto”. Aquellos que con toda razón quieren que la situación de crisis cambie, pero no saben cómo, pueden abrigar la esperanza de que sencillamente “explote”. Por acumulación de malestar, descontento o hastío, la gente (otra vez los otros), pues se harta y arman “un estallido” que hace que esto cambie. Suponiendo además, y todavía con menos fundamento, que cambie para bien porque, se cree que en el peor de los casos, ya no podemos estar peor. ¡Mentira! Siempre hay espacio para empeorar.
Ante la eventual posibilidad de que se sostenga la caída de los precios del petróleo, el Gobierno, tal y como lo ha demostrado en otras ocasiones, es especialista en atenuar los posibles efectos políticos de las crisis económicas y sociales que ha confrontado.
Las herramientas que tienen para hacerle frente a una caída prolongada de los precios del barril de petróleo son, en primera instancia, de tipo sociopolíticas, en otras palabras, aquellas que irían dirigidas a impedir que se les convierta en deslave de popularidad las dificultades que estamos atravesando.
No se trata de que los ciudadanos no estén molestos. No supone que los venezolanos no crean que vayamos por mal camino. El asunto es cómo nos explicamos como colectivo el origen de lo mal que la estamos pasando. El concepto de la guerra económica, la criminalización de la oposición, el lacónico argumento que varias veces esgrime el Presidente excusándose porque “en la vida siempre hay dificultades”, ha sido la forma como el Gobierno ha logrado dos cosas: Primero, que la popularidad no baje de 35% y, en segundo lugar, que la oposición no tenga un incremento de respaldo similar a lo que ellos han perdido.
El Gobierno ha dicho recientemente, ojalá así sea, que tiene un plan para enfrentar una posible caída de los precios del petróleo. Lógicamente lo primero que dice es que dicha caída o bien no ocurrirá o, de hacerlo, no será severa y por lo tanto no nos afectará. Asegura que incluso a 80 dólares por barril no tendríamos problema (al cierre de la semana ya va por $77).
Evidentemente, de mantenerse un precio como el actual para el próximo ejercicio fiscal, el Gobierno dejaría de percibir más de 10.000 millones de dólares en el año, lo cual obviamente nos coloca frente a una situación de escases de dividas mayor a la que hemos tenido en este 2014, año donde hasta el mes de septiembre el precio promedio fue de 96$.
El país informado sabe cuál es la dureza de los blindajes que exhibe el gobierno. Nuestra crisis de escasez no es más que la de un país que lleva años convertido en una economía importadora y dependiente al extremo de su único producto de exportación. Así que una caída del ingreso del orden de 10% o 12% no podría sino ser una verdadera hecatombe.
¿Cómo la administrará el Gobierno? Su performance reciente nos da pistas más que suficientes para anticiparnos a sus acciones futuras. Desde el punto de vista económico el ajuste de balanza de pagos será del lado de las importaciones. Sencillamente se pondrá un torniquete aún mayor, más controles, cuando no incluso prohibiciones expresas para la importación de rubros no esenciales. Puede que hasta sean declarados lujosos cierto tipo de bienes de consumo de status, tales como equipos electrónicos, prendas de vestir, pasando por insumos para la elaboración de productos “no autóctonos”. Aquí la imaginación daría para todo.
Bajo un escenario de mayor control y recorte de importaciones el criterio de asignación de las (pocas) divisas será en atención a la clientela política. Esa va a ser la forma de atenuar la posibilidad cierta de que la crisis económica siga mellando sus apoyos y que estas pérdidas puedan transvasarse a la oposición y, adicionalmente, también es una manera de evitar acciones de protesta que puedan escapárseles de las manos y derivar en manifestaciones generalizadas o algo próximo a lo que se interpretaría como un estallido social.
El saldo final de este performance sociopolítico es difícil de predecir. En el mejor de los casos es posible que le vaya relativamente bien al Gobierno, aunque seguramente muy mal al país. En todo caso ese balance será de corto plazo, a la larga lo más probable es que a todos nos vaya mal. Al final del camino es casi imposible que con esos trucos la administración se salve del costo político que está pagando por una cuotas, cuyo monto es proporcional a como se va deteriorando la calidad de vida de los venezolanos.
Urge una rectificación, un llamado a la autocrítica o cualquier otra vía de enmienda. No importa si viene de adentro, de las voces críticas que tímidamente están apareciendo, o si termina siendo una reacción a la presión de afuera, de los sectores económicos y sociales no gubernamentales. De lo contrario, si en algún momento no se cae en la cuenta que no se puede seguir apostando a la suerte, a que los precios del barril suban, o a que por alguna razón lo que antes ha fallado ahora comience a funcionar, entonces este desastroso año económico será recordado con nostalgia frente a la severidad del que nos espera.
Luis Pedro España
