Como el país observó, la pasada semana fui objeto de un vulgar atropello por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Me dirigía al igual que los colegas Luis Florido y Ángel Medina (quienes corrieron con similar e infortunada suerte) a Managua para entregar un Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en solidaridad con los 28 diputados opositores defenestrados arbitrariamente por el vándalo y sátrapa de Daniel Ortega. Nosotros como miembros de la Comisión de Política Exterior, pero además como demócratas convencidos, viajamos a Nicaragua y llegamos el jueves 4 agosto a las 9 am. Fui retenido por funcionarios de inmigración que impidieron mi acceso acusándome de terrorista y narcotraficante.

Se trata de un hecho solo comparable con el muro de Berlín. Es absurdo que en pleno siglo XXI seamos víctimas de estas escenas vergonzosas de veto a quienes pensamos diferente y que además somos hermanos latinoamericanos. Me maltrataron y vejaron durante casi 24 horas. Me mantuvieron por varias horas incomunicado mientras extraían y borraban toda la data de mi celular, decomisaron el pasaporte y mis credenciales como diputado venezolano y parlamentario del Mercosur. No me permitían ir a ningún sitio sin custodia y al preguntar por qué la custodia, me contestaron, “usted es un sujeto de alta peligrosidad “. La verdad es que fue un trato desagradable y un rato amargo por el delito de creer y defender la libertad y la democracia que no tienen fronteras.

Al llegar a Venezuela, luego de largas escalas en San Salvador y Bogotá, recibiendo en ambos aeropuertos el mismo maltrato, tratándome como a un delincuente, violando mis derechos humanos y mis derechos parlamentarios me mantuvieron alrededor de una hora en inmigración para finalmente entregarme el pasaporte y mis credenciales y además un Acta donde colocan como motivo de mi inadmisión: “terrorista y narcotraficante”.

La realidad es que el régimen de Ortega no acepta la disidencia y no tolera la libertad de pensamiento. Nosotros viajamos por un compromiso institucional pero también por el compromiso de vida que constituye la defensa de la democracia, la libertad y de nuestros valores latinoamericanistas. Aunque impidieron nuestra entrada, el pueblo de Nicaragua sabe de nuestro apoyo así como los diputados destituidos. Agradecidos por su apoyo en las horas de nuestra deportación ilegal a Venezuela, sobretodo a la Diputada Edipcia Dubón, también destituida por Ortega.

Daniel Ortega desvirtuó el pensamiento y doctrina de Augusto Sandino. Hoy el sandinismo que otrora desde Venezuela apoyamos por ser un movimiento revolucionario demócrata de Centroamérica no es lo que en su concepción originaria fuere. Esa lucha sandinista primaria contra la dictadura de Somoza que también fue motivo de lucha de los venezolanos, se ha transformado en un deplorable y lamentable régimen autoritario criollo que representa la degradación de principios y valores que en algún momento caracterizaron al sandinismo. Daniel Ortega oprime al pueblo y no permite el desenvolvimiento de la oposición nicaragüense, pero además atenta contra la institución universal de la inmunidad parlamentaria cuando retiene y expulsa a diputados, violando preceptos básicos de derecho internacional y prerrogativas de los parlamentarios del Mercosur y el Parlatino.

En todo caso, nosotros no tenemos miedo. Fueron momentos amargos pero a nosotros no nos humilla un perverso régimen como el orteguista, nosotros fuimos formados para la lucha y por eso con la frente en alto continuamos. Lo más lamentable es el silencio de la Cancillería y la Procuraduría General de la República que han debido expresarle a Nicaragua el rechazo por la violación de los derechos de parlamentarios venezolanos que son parte del Poder Legislativo, pilar fundamental del Estado. Lo que sucedió no significa un atropello solo a Florido, Medina o el suscrito, sino que es una falta de respeto a Venezuela que la Cancillería y la Procuraduría han debido protestar con la misma vehemencia con la que actúan en favor del gobierno. Fue una agresión al Estado que es inaceptable por encima de las diferencias políticas. El silencio del gobierno venezolano lo hace cómplice y debilita aún más la imagen de Venezuela frente al mundo y fracciona nuevamente su relación con la Asamblea Nacional.

Nosotros vamos a continuar con más fuerza denunciando estas agresiones en el mundo entero y sobretodo en América Latina. Tendrán que deportarnos de todos lados porque para nosotros es fundamental informar la realidad de Venezuela y las vejaciones diarias a las que está expuesto el pueblo, así como la permanente amenaza sobre la Asamblea Nacional y la pretensión de anular sus providencias a través de vergonzosos fallos de la Sala Constitucional manipulando la letra de la Constitución contra sí misma. Tenemos el respaldo del pueblo y haremos lo que tengamos que hacer para salir más temprano que tarde pacífica y democráticamente de esta tragedia histórica que más ha alimentado a regímenes como los de Daniel Ortega que al propio pueblo de Venezuela que tiene hambre.

@WilliamsDavila

Guyana siempre ha querido internacionalizar la controversia territorial, desde que obtuvo la independencia en 1966. Han progresado en esta estrategia y pese al convenio de Petrocaribe con el Caricom, no hemos logrado avanzar en este escenario. Ya en otras entregas hemos dicho que los gobiernos democráticos tuvieron visibilidad de consecuencias en el diseño de la política exterior. El tema de Guyana nunca fue dejado al azar ni mucho menos para que el ideologicismo definiera las actuaciones naturales del gobierno venezolano.

El gobierno de Rómulo Betancourt denunció el laudo de París de 1899 por írrito y nulo ya que ni siquiera las reglas establecidas para el arbitraje se cumplieron en dicho Laudo.

Raúl Leoni después de varias negociaciones y viendo que no se avanzaba logro el Acuerdo de Ginebra con la firma de la Gran Bretaña, la Guyana Británica y Venezuela.

El gobierno de Rafael Caldera en virtud de que la prioridad en ese momento era la delimitación de la aguas marinas y submarinas con Colombia, firmó el Protocolo de Puerto España en 1970 para suspender la aplicación del Acuerdo de Ginebra por 12 años, pero dejando claro que seguían vigentes los mecanismos establecidos en el articulo 4 y 5 de dicho Acuerdo.

En 1983 el Presidente Jaime Lusinchi reactiva el Acuerdo de Ginebra y lleva la controversia a la ONU, la ONU designa al ecuatoriano Diego Cordovez para determinar el método de solución pacifica de la controversia territorial. El diplomático Emilio Figueredo logra junto con su contraparte Shridath Ramphal, ex Canciller de Guyana, para entonces Secretario General de la Commonwealth, la figura de los buenos oficios y en 1989 el Canciller Reinaldo Figueredo Planchart de Venezuela y Rashley Jacson de Guyana se dirigen al secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, para informar que habían determinado que el método de solución pacifica según el artículo 33 de la Carta de la ONU era el del buen oficiante.

Desde 1989 ha habido tres buenos oficiantes, uno renunció y los otros dos murieron, el último fue Norman Girvan (2014). No se ha nombrado su sustituto.

Hago mención de estos hechos en virtud de que uno de los principios señalados en el artículo 2 del decreto que crea la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes de la cual formo parte designado- pudo haber sido otro con mas credenciales incluso- por la fracción de la alternativa Democrática en la AN según el artículo 3 de dicho decreto, es el principio de la Historicidad para resguardar la integridad territorial.

Recalco que la controversia territorial es sobre el Esequibo y jamás al área marina situada al oeste de Punta Playa.

Fundamental también si queremos fortalecer el poder de negociación como estado es que recuperemos la calidad de la democracia garantizando y promoviendo los derechos humanos.

 
William Dávila

Hechos insólitos ocurren a diario en la política venezolana debido gran parte a la crisis de valores y espiritual que padecemos. De seguidas veremos cómo coge vía esa crisis con casos concretos ocurridos recientemente y que me lleva a plantear lo siguiente:

Tres personajes deberían renunciar al gobierno. Falta de diligencia, irresponsabilidad política, corrupción y falta de autoritas para ejercer su función constituyen el argumento para pedirles que dejen el cargo.

1-El Ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, porque nada ha previsto para impedir las recurrentes fallas de Amuay, el primer complejo refinador de Venezuela. El Ministro Chávez nada explicó del apagón de Amuay y es de resaltar que una cadena de accidentes y eventos se han dado allí. El 26 de octubre hubo un derrame, el lunes 3 de noviembre se paró la Planta de Flexicoquer, el martes se paró la planta 5, el miércoles hubo problemas en la planta de activación y se escucha que las condiciones actuales son peores o iguales que las que generaron el evento del 25 de agosto del 2012 que trajo como consecuencia la pérdida de 40 vidas humanas y cientos de heridos.

2-El Vicepresidente Jaua rompe el récord de la irresponsabilidad política y ética: se va para Sao Paulo, firma unos convenios con el movimiento sin tierra sin la autorización de la AN y muchos menos de las autoridades de Brasil. Entra a Brasil como Vicepresidente para cumplir funciones de su área según declaró, esto sin que la Presidenta Dilma estuviera enterada, lo que le ha traído problemas con el Parlamento Brasileño.

Lo peor: utilizando un avión de Pdvsa para trasladar a su niñera en actividades familiares, reviviendo las famosas “colitas” de Pdvsa que tanto criticó el finado Presidente Chávez.

¿Donde están los controles en Maiquetía para detectar armas dentro del equipaje de la niñera ministerial? ¿Cómo es posible que haya bypaseado los controles de salida en la puerta de embarque correspondiente?

¿Cómo un gobierno que insultó al Canciller Roncajolo de Perú en el 2013, al Ministro de Relaciones Exteriores de España le dijo que sacara las narices de Venezuela, a Insulza, solo porque los tres hablaron de la necesidad del diálogo en Venezuela, osa meterse en los asuntos internos del Brasil, como lo dijo el canciller del Brasil, violando el derecho Internacional?

3-El Canciller Rafael Ramírez, ni siquiera manifestó su disconformidad con la arbitraria decisión de Jaua de trasladarse así a Brasil. El encargado de la Política Exterior es precisamente Ramírez, ¿Cómo es posible que por ser pusilánime permita que Jaua le invada competencias y no diga nada? Y nada dice de la suspensión de las Visas de Mercosur para los venezolanos en Colombia, ni mucho menos de la suspensión de la expedición de pasaportes para los venezolanos en el consulado de Venezuela en México.

Negligencia, irresponsabilidad, incapacidad y pusilanimidad caracterizan a este régimen y el producto de los “hombres nuevos” que desgobiernan al país.

@williamsdavila