Entiendo a las organizaciones y dirigentes políticos que han expresado su preocupación por el posible uso de las captahuellas en las próximas elecciones primarias de la oposición. Insisten en que no se le debe entregar en “bandeja de plata” los nombres de las personas que voten en esa consulta a un régimen sectario y represivo, que viola de forma sistemática los derechos humanos. Se corre el peligro, según este punto de vista, de que el gobierno elabore una nueva Lista Tascón, para con ella identificar y segregar a sus adversarios, tal como ocurrió a partir de 2004 cuando el tristemente célebre diputado Luis Tascón le dio a Hugo Chávez los nombres y cédulas de identidad de quienes habían solicitado la convocatoria del referendo revocatorio. Esa lista sirvió para marginar de toda oportunidad de conseguir trabajo, contratos y muchos beneficios más en los organismos oficiales a los convocantes. Este razonamiento, aunque lógico, representa una proyección lineal de lo ocurrido en aquella oportunidad. Conviene revisarlo.

Comienzo por decir que la Venezuela de 2023 es muy diferente a aquella de la etapa 2004 y años siguientes. Ese fue un período en el cual el gobierno de Hugo Chávez empezó a navegar en petrodólares. El comandante inició una campaña de exterminio de la empresa privada en venganza por los sucesos del 11 de abril de 2002. Confiscó y expropió empresas en medio de una borrachera estatista frenética. Parecía que los dólares provenientes del crudo eran inagotables. Pdvsa aún producía más de dos millones y medio de barriles por día y el precio del crudo alcanzaba cotas cada vez más altas. Quienes se iban del país eran los expulsados de Pdvsa, que no conseguían emplearse ni en el sector público ni en el privado. Al gobierno central, así como a las gobernaciones y alcaldías chavistas, les sobraba el dinero para derrochar. La Lista Tascón se convirtió en un instrumento para excluir  del festín y castigar a quienes se habían atrevido a ejercer el derecho constitucional de pedir la salida de Chávez de la presidencia de la República.

Dos décadas después, el cuadro cambió drásticamente. El Estado fue conducido a la quiebra tanto por Chávez como por Maduro. El gasto enloquecido se acabó. Ahora el gobierno vive de las migajas que le da Chevron para que abastezca el mercado cambiario y evite que el dólar se dispare a la estratosfera. Ni el gobierno central ni los gobiernos regionales y locales maduristas pueden darse ningún lujo excéntrico. Los contratos a los socios del régimen se restringieron. Los trabajadores sobreviven con sueldos miserables, la informalidad se disparó, los pensionados fueron abandonados y los jóvenes no consiguen trabajos estables y bien remunerados. Este nivel de ruina ha hecho que más de 5 millones de venezolanos se hayan ido del país desde que Maduro llegó a Miraflores. Son compatriotas que han asumido el riesgo de atravesar el Darién para luego cruzar el río Bravo con la meta de llegar a Estados Unidos. O que han caminado hasta Colombia para de allí seguir hacia Brasil, Perú, Chile o Argentina.

La verdadera Lista Tascón es la que se elaboró con los millones de venezolanos arrojados a la pobreza, sin posibilidades de construir un futuro digno, obligados a emigrar o que se conforman con sobrellevar en Venezuela una vida llena de limitaciones.

Convertir el tema de las captahuellas en un problema de principios, señalando que el régimen podría utilizarlas para diseñar un nuevo mecanismo de persecución, me parece exagerado porque distorsiona la realidad actual. Ese argumento no rige ni siquiera para los millones de pensionados y jubilados del Seguro Social. Este amplio sector siempre ha sido susceptible a los chantajes del régimen, que lo ha extorsionado haciéndole creer que el voto no es secreto o que si se alinea con la oposición perderá los escuálidos beneficios que recibe. Esas franjas tienden a abstenerse de participar en los eventos convocados por los opositores. Son proclives a reducir los riesgos.

Pareciera, por las declaraciones recurrentes de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que la estrategia del régimen se basa en utilizar al CNE, y especialmente las captahuellas, para intimidar e introducir factores de división dentro de la Plataforma Unitaria y los otros partidos y grupos que están convocando la consulta. El gobierno posee el control del TSJ y, desde luego, de su Sala Electoral. Este dominio le permite amenazar con inhabilitar o ilegalizar las primarias en el caso de que los factores que acudan a la cita de octubre decidan hacerlo sin la intervención del organismo electoral. Ese chantaje puede, en efecto, materializarse. No hay que complacerlos.

Aunque la oposición debería poder organizar y ejecutar las primarias de acuerdo con sus propios criterios, el principio de realidad obliga a pensar que el marco institucional impuesto por la autocracia madurista no debe obviarse. Sería un error facilitarle a la claque gobernante la ruta que conduzca a la pendiente seguida por Daniel Ortega.

En 2024 es posible derrotar a Maduro con un candidato unitario surgido de las primarias. No hay que perderse en detalles subalternos.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Chile es un ejemplo del camino lleno de vaivenes, contrastes y matices en los que se mueve el proceso político en Latinoamérica. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, es expresión de ese movimiento insurreccional, incendiario, que se desató en el país del Cono Sur durante 2019. Como se recordará, las protestas callejeras destruyeron estaciones del metro, farmacias, clínicas, automóviles particulares. Una parte del patrimonio urbano construido con el aporte financiero y el trabajo de los ciudadanos, fue demolido debido a que los manifestantes estaban indignados porque el crecimiento económico de décadas se había traducido en un incremento de  las desigualdades sociales, no en su reducción.

Durante meses vimos un Chile desconocido para sus vecinos del continente. Observamos a una sociedad dominada por la ira y los deseos de revancha contra los ricos que –según la versión de los insurgentes- se habían apropiado de gran parte del producto nacional. Los jóvenes que se enfrentaban a la policía en las barricadas exigían una educación universitaria y una salud pública gratuita y una seguridad social que les costara muy poco a los contribuyentes. El ideario izquierdista fue enarbolado como estandarte. El espíritu de la época catapultó a Boric hasta la jefatura del Estado.

Una vez instalado en La Moneda, el joven mandatario trató de cumplir con una de sus promesas: modificar la Constitución de 1980, aprobada durante la era de Augusto Pinochet. Era una aspiración plausible: luego de tres décadas de haberse instalado el sistema democrático, había llegado el momento que la democracia tuviese sus propia Carta Magna. Una que subrayase la naturaleza civil, republicana, plural, inclusiva e igualitaria del Estado y la sociedad. Sin embargo, el tono mesurado que debía contener la nueva Constitución no fue comprendido por algunos de los factores que integraban la mayoría parlamentaria, vinculada fundamentalmente con los partidos y grupos izquierdistas que habían motorizado las protestas, a pesar de las sabias advertencias de Boric, quien al ver disminuir su popularidad producto de los excesos radicales, entendió que pueden ganarse elecciones con un lenguaje vehemente, pero hay que gobernar con el sentido común que recomienda el pragmatismo cauteloso. El proyecto de reforma constitucional elaborado por los extremistas  de izquierda asustó tanto al pueblo, desde los colocados en el polo de la derecha hasta los más moderados, que fue rechazado de forma categórica en septiembre de 2022, al ser votado en un referendo popular. El miedo frente a la desmesura fanática fue tan grande que el país se movilizó hasta las urnas electorales para decirles No a los extremistas.

El naufragio de ese nuevo proyecto constitucional obligó a la élite política a buscar una salida negociada. Se entendía que los chilenos querían otra Constitución, pero no la diseñada por la izquierda arrogante y miope. Colocados ante la disyuntiva, los ciudadanos preferían la Carta pinochetista. En esa pugna salió ganando José Antonio Kast, rival de Gabriel Boric en la segunda vuelta  en las elecciones presidenciales de 2021. Kast se había opuesto frontalmente al cambio de la Constitución.

La búsqueda concertada que se produjo luego del fracaso llevó a concebir el Consejo Constitucional, conformado por cincuenta miembros, instancia que se elegiría en una consulta popular. Esta fue la votación llevada a cabo el pasado domingo 7 de  mayo. Allí el péndulo electoral se movió claramente hacia la dirección opuesta de donde se había desplazado cuando Boric obtuvo la victoria. El bloque de la derecha –conformado por el  ultraderechista Partido Republicano, dirigido por Kast, y la alianza más convencional Chile Seguro- se quedó con la mayoría de los representantes: en total 33 representantes. Mientras la izquierda –Unidad para Chile, de Boric, la centroizquierda de Todo por Chile y el populista Partido de la Gente- pasó a ser una minoría bastante reducida, con apenas 17 representantes. La derecha cuenta con más de las tres quintas partes exigidas para las decisiones que requieran mayoría absoluta.

El Consejo Constitucional redactará la futura Constitución en consulta con el equipo de expertos designado por el Congreso Nacional. Esa carta fundamental tendrá que ser sometida al juicio de los votantes en un referendo popular en diciembre próximo. Será el pueblo el que decida cuál es la carta magna que servirá de marco general durante las próximas décadas. Cuál será el Estado constitucional y de derecho que regulará la vida de esa nación. Las organizaciones triunfantes, ya lo dijo Boric, deberían aprender de la experiencia reciente: los chilenos no quieren que impere una supremacía sectaria. Ninguna visión ultraconservadora o ultraliberal va a prevalecer de forma avasallante. La hegemonía supremacista parece estar condenada a fracasar.

Los chilenos, al moverse de un extremo a otro, les dijeron a los partidos y a la dirigencia que quieren sensatez, sindéresis e inclusión, aunque el triunfo de la derecha haya sido categórico. Se trata de vivir en un país en el quepan todos, no únicamente quienes militan en el campo de las ideas de una determinada concepción del Estado y la sociedad. Chile podría representar el camino que Venezuela debería seguir cuando salgamos del disparate en el que vivimos.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc

La vocación expansionista de China –luego de haber consolidado las reformas económicas que le permitieron al Partido Comunista redimir a centenas de millones de habitantes de la miseria en la cual los había hundido el régimen colectivista del líder de la revolución, Mao Zedong- se ha incrementado a partir de la segunda década del siglo XXI. Ese discreto actor internacional que era el Gobierno chino a comienzos del nuevo milenio, ahora actúa de forma cada vez más audaz y agresiva en gran parte del planeta. A través de la Nueva Ruta de la Seda, sus tentáculos se expanden de forma vertiginosa por África, Asia, el Medio Oriente y América Latina. Los chinos se asocian con antiguos aliados incondicionales de Estados Unidos, como Arabia Saudita, y llegan a acuerdos significativos con Brasil, la principal economía latinoamericana.

El respaldo simulado que  Xi Jinping le ha dado a  Vladimir Putin representa una de las razones por las cuales Ucrania, que ha contado con el firme sostén de Estados Unidos y Europa, aún no ha podido sacar de su territorio al ejército invasor ruso. Ese apoyo ha sido un poderoso factor que ha atenuado las derrotas militares de Putin y el fracaso de su estrategia en ese conflicto.

El régimen chino ha ido tejiendo de forma lenta, pero sostenida, una gigantesca coalición para competir por el liderazgo mundial con Estados Unidos, cuyos socios más importantes se encuentran en Europa, aunque con algunas fisuras como las mostradas por Alemania y Francia, dos naciones clave para contrarrestar la creciente  influencia mundial de la nación asiática.

Además de la cercanía con Putin, con quien Xi definió un plan estratégico conjunto para las próximas décadas –documento firmado poco antes del inicio de la invasión a Ucrania en febrero del año pasado-, China se ha aproximado a Arabia Saudita, tradicional socio político y comercial de Estados Unidos. El gobierno norteamericano durante décadas se ha hecho el desentendido con los desmanes autoritarios de ese régimen teocrático, que aplasta los derechos humanos no solo de las mujeres, sino de todo aquel ciudadano o grupo que se atreva a desafiar la autoridad de los monarcas. En la última reunión de la OPEP, Arabia Saudita, en un claro desafío a los intereses norteamericanos, acordó disminuir la producción de petróleo del cartel con el fin de elevar los precios del crudo en los mercados internacionales, medida que favoreció a Rusia, nación que ha logrado sortear las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos.

El otro giro sorprendente es el de la India. El gobierno del primer ministro Narendra Modi, convertido en una cruel autocracia hinduista, se ha ido alejando de Estados Unidos (y de la democracia) para acercarse progresivamente al déspota ruso, con lo cual también le hace el juego a Xi Jinping. Esa proximidad dio como resultado la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) –financiado por los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica)-, dirigido por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y concebido para contrarrestar la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) –institución supuestamente controlada por Estados Unidos- y el dólar estadounidense.

De ese mundo surgido después de finalizada la Guerra Fría, la destrucción del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, va quedando muy poco. La democracia en el planeta ha perdido mucho terreno. Las regiones en las que se han establecido gobiernos represivos y dictatoriales aumentan de forma alarmante. Estados Unidos ya no es el centro hegemónico del poder mundial. Su autoridad está siendo cuestionada en gran parte del globo. El mensaje democrático, modernizante y laico que acompañaba esa supremacía, se ha ido desvaneciendo. Han resurgido los nacionalismos recalcitrantes y el fanatismo en múltiples formas.

En América Latina, la presencia de Cuba sigue siendo una vergüenza para el continente. El esquema instalado en la isla caribeña hace más de seis décadas forma parte de la tradición caudillista y agreste  de la región. En los años recientes, a ese potrero se incorporó Daniel Ortega, fundador de una tiranía peor que la impuesta durante décadas por la dinastía de  los Somoza. Las tensiones entre Washington y Managua obligaron, hace pocos días, al embajador norteamericano a abandonar Nicaragua. Este conflicto ocurre en la zona de influencia de Estados Unidos, porque Ortega decidió apoyarse en el pragmatismo de los chinos para apuntalar la arruinada economía nicaragüense.

En medio de este panorama se encuentra el régimen de Maduro. Estados Unidos necesita que en Venezuela se realicen elecciones libres, competitivas y supervisadas por la comunidad internacional, para que comience a resolverse la grave y prologada crisis vivida por la nación durante la década madurista. El gobierno de Maduro forma parte del eje antinorteamericano y antioccidental promovido por China y Rusia a escala planetaria. Ese eje, en nombre del multilateralismo, fomenta el ataque a la cultura occidental, al Estado de derecho, al individuo, a las libertades en todos los órdenes y a la democracia.

Estados Unidos y Europa deberían retomar el papel de líderes mundiales que les corresponde. Fortalecer a los demócratas del globo favorece el camino.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc

En los días previos a la Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, organizada por el presidente Gustavo Petro, el régimen de Nicolás Maduro estuvo presionando para que los invitados a la reunión –veinte países en total- se dedicaran a demandar el levantamiento de las sanciones que el gobierno norteamericano y la Unión Europea le impusieron al gobierno venezolano. Maduro exigió que se suspendieran todas las penalizaciones para retornar a la mesa de negociaciones en México. Jorge Rodríguez, al parecer su principal apoyo, comentó por los mismos días que los 3.500 millones de dólares que deberían ingresar al fondo social acordado en la última ronda de México, tendrían que ser depositados en términos perentorios en un organismo al cual Maduro pudiera acceder. Además, reclamó la liberación inmediata de Álex Saab. En una tónica similar habló Diosdado Cabello. Todos los jerarcas del régimen se alinearon para que la cita de Bogotá se dedicara a defender al «candoroso» régimen venezolano,  víctima de la crueldad imperialista. Nada de esto ocurrió. Al menos no como el gobierno esperaba.

Es verdad que el comunicado final no tuvo la contundencia esperada por quienes aspiran a que Venezuela retorne al redil democrático. Un cuarto de siglo de improvisación, abusos y corrupción generalizados, han fomentado la desesperación y un cierto sentido de la inmediatez. La gente desea que la agonía termine pronto. Que la casta dominante salga de Miraflores cuanto antes. ¡Ya es suficiente! Pero, una vez que las autocracias se consolidan, los procesos de cambio suelen ser más lentos y sinuosos de lo que la gente desea.

El primer punto, y el más importante, de las conclusiones leídas por el canciller colombiano Álvaro Leyva, habla de “la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”. Además, agrega “la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021″. Este compromiso fundamental es el que Nicolás Maduro ha venido evadiendo desde que le ganó en unas elecciones cuestionadas y dudosas a Henrique Capriles en abril de 2013. Todos los representantes de los gobiernos presentes –desde Canadá (democracia plena) hasta Turquía (neoautoritarismo)- estuvieron de acuerdo en fijar ese cronograma.

Por supuesto que el tema de las sanciones no podía evadirse. La respuesta de Maduro habría sido altisonante si el asunto no se hubiese tratado. Habría cerrado todas las puertas de cualquier posible diálogo con la oposición. Ahora bien, lo más interesante fue la manera como se abordó la cuestión: una vez restablecidas las conversaciones entre el gobierno y la oposición y se den “los pasos acordados a satisfacción de las partes”, deberán irse dando “en paralelo… el levantamiento de las distintas sanciones”. Nada que ver con las demandas y prerrequisitos requeridos por Maduro: ¡si no se levantan todas las sanciones no volveremos a negociar!

En la tercera conclusión se propone continuar “el proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México”. Y  se recomienda que vaya acompañado “con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario único para inversión social en Venezuela”.

Desde luego que el comunicado final de la conferencia no recoge ni un ápice de las desmesuras de Maduro: pedir la liberación de Saab o la suspensión inmediata de todas las sanciones. Los asistentes entendieron que se trata de un proceso complejo y duro, pero inevitable de resolver mediante elecciones libres, porque el drama venezolano se ha convertido en un gigantesco problema para la región, especialmente para Colombia, donde residen casi 3 millones de compatriotas.

En el discurso de instalación, Gustavo Petro tampoco se cuadró a pie juntillas con Maduro. El mandatario colombiano insistió en la conveniencia de reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  atando esa reincorporación  a la instrumentación de un “sistema de solución al problema electoral venezolano, para una decisión libre de su pueblo”. Como parte de esa «solución electoral» tendría que establecerse “un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones”. Estos factores (la reinserción en el SIDH, la solución electoral y  el levantamiento progresivo de las sanciones)  serían «grandes conquistas».

Además, el presidente de Colombia dijo: “Ojalá que al final la gran conquista sea que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelvan realidad, que no sea un pueblo que se asuste, sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política, ni que nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas”. Su lema fue la libertad.

La conferencia de Bogotá, sin haber significado una victoria categórica para los opositores, sí representó un avance en la reconquista de la democracia. Todos los países plantearon la necesidad de que se convoquen elecciones libres. Maduro no podrá esquivar esa obligación con facilidad. La crisis de Venezuela vuelve a la escena mundial.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc

Er Conde del Guácharo, Benjamín Rausseo, tiene todo el derecho a postularse como candidato de las primarias de la oposición y aspirar a ser candidato presidencial. Nada se lo impide. Es venezolano por nacimiento, no posee otra nacionalidad, es mayor de treinta años, de estado seglar y no es reo de la justicia.

Las elecciones en las democracias deben ser así: amplias e incluyentes. No pueden exigirles a los aspirantes una trayectoria particular ni un título especial. En esa exigente esfera que constituye la política y el ejercicio del poder han fracasado políticos de dilatada experiencia  con títulos de abogado, economista, sociólogo o teniente coronel. En realidad, nada garantiza el éxito o asegura el fracaso de un mandatario. Sin embargo, conviene advertir los enormes peligros que corre una sociedad cuando decide pronunciarse a favor de un advenedizo. Los riesgos de encallar aumentan de forma exponencial cuando el aspirante carece de experiencia en la construcción de consensos entre factores disidentes; no ha formado parte de una organización en la que se discuten planes y estrategias, llegándose a acuerdos entre las partes; y no sabe cómo funcionan los organismos del Estado y el gobierno.

No basta con haber alcanzado el éxito en el plano personal, haber acumulado una cierta fortuna, superado obstáculos ligados a la cuna donde se nació y aprenderse algunas frases luego de consultar el ChatGPT, para creer que se cuenta con los instrumentos suficientes para gobernar un país tan intrincado como Venezuela. La política no es una actividad que se realiza en los tiempos libres. O un capricho que satisface vanidades. O un antojo movido por el impulso de convertirse en el redentor de un pueblo. Esa clase de «mesías» termina causando un enorme daño allí donde triunfan.

Los ejemplos de este tipo de personajes abundan. Solo me referiré a tres que me parecen ilustrativos. Uno es Hugo Chávez. Cuando ganó la presidencia  de la República en las elecciones de 1998, el mismo comandante confesó que su única experiencia administrativa era el manejo de la cantina de uno de los cuarteles donde había servido como oficial. La historia demostró el trágico error que significó la elección de este «salvador» como primer mandatario. La nación y el Estado fueron arrastrados a la destrucción, primero, y luego a la ruina. Chávez no solo no solucionó los problemas que prometió resolver, sino que los ahondó, desatando nuevos y más graves conflictos y azotes. Destruyó los aspectos positivos del país –una amplia trama social con variedad de organizaciones civiles, medios de comunicación independientes, gobiernos alternativos, Fuerzas Armadas institucionales y un Estado descentralizado- y los sustituyó por una sociedad asfixiada, por un gobierno inamovible y un Estado vertical y monolítico. Y para colmo de males dejó a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck el Aissami entre sus herederos.

El otro «protector» es Donald Trump. Al igual que Er Conde, se encuentra vinculado al mundo de los negocios y el espectáculo, aunque no pretendo equipararlos. Trump se ha dedicado a cometer toda clase de fechorías, mientras –hasta donde se sabe– Rausseo ha levantado sus caudales trabajando de forma honesta. El expresidente norteamericano se presentó, y de nuevo está presentándose para la venidera campaña electoral, como el hombre que hará a América (Estados Unidos) grande otra vez. Su experiencia previa era la de un empresario famoso por haber heredado una fortuna que había dilapidado y vuelto a levantar en varias oportunidades y por ser el conductor de un programa de televisión con alta sintonía. Después de cuatro años en la presidencia del país más importante de la Tierra, dejó una nación deshilachada, fracturada de forma irreconciliable luego del intento de golpe de Estado el 6 de enero de 2021. Es un personaje que se ha salvado solo gracias a la degradación alcanzada por el Partido Republicano, presa de sus chantajes. Estados Unidos ahora se halla más fragmentado que antes de Trump. Ese outsider le infligió un daño mortal a la sociedad norteamericana.

El otro forastero es Pedro Castillo. Este modesto maestro peruano, ejemplo del líder antisistema, llegó a la presidencia de Perú luego de haber sido el líder gremial que se había anotado un triunfo en una huelga nacional del magisterio por obtener algunas reivindicaciones significativas frente al gobierno central. Castillo carecía de experiencia  política. Eso quedó claro desde el comienzo de su mandato. Fue presa fácil de los dirigentes principales de Perú Libre, movimiento del cual formaba parte. Se rodeó de amigos e incondicionales. Formó un pequeño círculo a su alrededor y demostró que su inexperiencia significaba una tragedia para un país desquiciado como Perú. El resultado final lo conocemos: luego del intento fallido del autogolpe de Castillo, ese país continuó afectado por una crisis de la que no ha salido ni saldrá en mucho tiempo. Otro «redentor» que crucificó al pueblo que lo eligió.

Venezuela está hundida en un tremedal del que le costará salir. La casta gobernante reúne todos los defectos y males que puede poseer una clase política en el poder. Sin embargo, no será eligiendo a predestinados de la nobleza como lograremos escapar de la ciénaga. El lado positivo es que Er Conde puede sacudir a los verdaderos políticos que competirán en las primarias.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido un pulso durante varios meses con algunos de los principales sindicatos y organizaciones políticas tanto de izquierda como de derecha extrema, por su decisión de reformar el sistema de pensiones. Ha sido una batalla encarnizada en la que se han unido Marine Le Pen, máxima representante de la ultraderecha, y Jean-Luc Mélenchon, fundador y líder de Francia Insumisa, versión remozada del Partido Comunista Francés. También han participado Fuerza Obrera, entre otros de los principales  sindicatos del país, y numerosos jóvenes que se sienten amenazados por los cambios impulsados por el mandatario.

Los aspectos más controversiales de la reforma se relacionan con el aumento de la edad de jubilación, que pasaría de 62 a 64 años, a partir de 2030; y con el período de cotizaciones, que se elevaría de 42 a 43 años, en 2027. El gobierno, en contrapartida, asegura que, gracias a los cambios, se incrementarán las pensiones de los asalariados que hayan devengado sueldos bajos durante su vida laboral, e, igualmente, que la reforma contempla normas  más favorables para los trabajadores que empezaron a laborar antes de los 20 años o cuyas labores demandan gran esfuerzo.

El incremento en la edad de jubilación y en los años de cotizaciones desató la furia de los grupos que adversan la iniciativa gubernamental. Los argumentos de Macron para defender su proposición se basan en el hecho inobjetable de que la población francesa ha ido envejeciendo porque la esperanza de vida ha crecido de forma significativa desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se definieron las líneas centrales del sistema de seguridad vigente. Con la actual esperanza de vida, que tiende a aumentar con los avances de la medicina, no resulta posible mantener los costos del sistema de seguridad social con las presentes contribuciones. Ahora, la jornada laboral es de 35 horas semanales. Los trabajadores se jubilan devengando entre 50% y 70% de su último sueldo. Al proyectar esta cifra, el Ejecutivo calcula que para 2030 habrá un déficit de 13.500 millones de euros en el esquema de financiamiento. ¿Cómo podría cubrirse la brecha? La única vía es anticipándose mediante los cambios propuestos, o reduciendo los beneficios de los jubilados, algo  que los sindicatos se niegan a aceptar.

Macron no ha vacilado al encarar con decisión a quienes lo adversan. En repetidas oportunidades ha dicho: «Reformar las pensiones siempre ha sido impopular (…) pero entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país». El mandatario francés está en lo cierto: la obligación de un líder consiste en mantener con firmeza sus convicciones cuando considera  que está actuando de forma correcta.

El seguidismo frente a la opinión pública o las encuestas puede provocar consecuencias nefastas. En Venezuela tenemos una experiencia de casi un cuarto de siglo en el que Hugo Chávez y Nicolás Maduro se alternaron para incurrir en numerosas irresponsabilidades que eran muy «populares». Desde la estatización de empresas antes productivas hasta la gratuidad (hasta hace poco) de los servicios públicos, todo fue realizado en nombre de lo que el pueblo quiere. El “ahora Pdvsa es de todos” pasó a convertirse en Pdvsa, guarida de un grupo de delincuentes que la secuestró y saqueó. El régimen dejó de cobrar las tarifas de Cantv y Movilnet, y ambas empresas quebraron. Dejó de recolectar el pasaje del Metro, y el Metro se hundió. Dejó de recaudar los peajes en las autopistas, y las vías se deterioraron hasta convertirse en intransitables. La enumeración de los extravíos del Estado populista y la demagogia podría continuar hasta el infinito.

El Estado de bienestar francés, de los más generosos de Europa, podría derrumbarse si Macron no se mantiene firme frente a la intransigencia de los sindicatos y partidos opositores. En Alemania, la locomotora económica de Europa, la edad de jubilación desde hace bastante tiempo es 67 años. Antes era 65. El país entendió, sin conflictos, que era una modificación inevitable en vista del aumento de la esperanza de vida. En el otro extremo, los populistas de los diferentes gobiernos de Grecia pretendieron mantener un modelo de retiro incompatible con el volumen de riqueza generado por esa nación y con el exiguo aporte de los contribuyentes. Una de las consecuencias fue que sepultaron a la nación en una crisis financiera tan aguda y prolongada, que todavía los griegos están sufriendo las secuelas de tal insensatez.

Emmanuel Macron está reeditando la experiencia de Margaret Thatcher al frente del gobierno inglés, cuando decidió enfrentar a los poderosos sindicatos que controlaban los servicios públicos y las minas de carbón. Los sindicatos se habían desvirtuado. En vez de ser instrumentos  para propiciar la redistribución del ingreso nacional por la vía del aumento de la producción y la productividad, se habían transformado en rémoras que llevaron la economía inglesa a estar entre las más ineficientes del viejo continente. Los vicios de esas mafias fueron encarados con determinación por la inquebrantable Dama de Hierro. Inglaterra se lo agradeció.

Con Macron podría ocurrir algo similar. El presidente tiene la razón. Está enfrentando la irresponsabilidad del populismo.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

La denuncia y desmantelamiento de la última red de corrupción en Pdvsa –en cuyo vértice se encuentra Tareck el Aissami, uno de los hombres más poderosos del régimen (quien, por cierto, hasta ahora no ha sido imputado de ningún cargo, a pesar de que algunos de sus protegidos más cercanos han sido apresados)- ha animado las marchas y protestas protagonizadas por distintos sectores de trabajadores durante los días recientes.  En esas manifestaciones se vocearon consignas que muestran una realidad inocultable: el contraste entre la opulencia de los enchufados y la pobreza de los trabajadores.

¿Cómo es que el Gobierno dice no tener dinero para amentar los miserables sueldos que ganan los trabajadores públicos, pero de Pdvsa se evaporaron 3.600 millones de dólares que  fueron a parar a los bolsillos de un  grupo de asaltantes amparados por autoridades del oficialismo? ¿Por qué Nicolás Maduro argumenta que no hay recursos para los trabajadores del Estado, pero Pdvsa tiene cuentas por cobrar por el orden de 23.000 millones de dólares, de un petróleo que se distribuyó en diferentes regiones del planeta, pero cuyo precio jamás se canceló? ¿La negativa de Maduro quiere decir que la desidia, irresponsabilidad y corrupción del Gobierno debe pagarla la clase laboral, mientras quienes saquearon los recursos públicos disfrutan de una vida placentera a expensas de la ruina de los trabajadores?

Las acusaciones de los sindicatos y gremios contra el régimen no cesan.  Y no deben parar. La corrupción en las empresas del Estado, junto a la proverbial incompetencia de los líderes rojos, se encuentra entre las principales causas de la crisis económica que sacude al país desde 2013. Maduro y el grupo que lo rodea ubica las sanciones en el origen de los problemas. Es una falacia. La mayoría de quienes han ejercido cargos directivos y gerenciales en las empresas públicas, hayan o no sido estatizadas durante la era del chavismo-maurismo, no han estado guiados por criterios de eficacia, eficiencia, probidad y control, sino por el afán de obtener un lucro particular desmedido y acelerado. Esta aspiración de utilidad voraz, junto al desprecio por la profesionalización de los recursos humanos, explica en gran medida por qué la inmensa mayoría de las empresas del área pública se encuentran en la quiebra o al borde del colapso.

Pdvsa constituye el ejemplo más patético, pero no el único. Otros casos que ilustran el fraude que ha significado el socialismo del siglo XXI son la Cantv, Movilnet y las empresas de Guayana, para solo mencionar algunas de las más emblemáticas. ¿Qué tienen que ver los exabruptos cometidos  en esas unidades con las sanciones internacionales? ¿No se suponía que el espíritu espartano de los socialistas se desplegaría en todo su esplendor para vencer las dificultades impuestas por el imperialismo? Todo el discurso «revolucionario» ha sido una farsa que procura encubrir la descomposición generalizada del régimen, verdadero origen de la tragedia que hoy padecen los trabajadores del país.

El desmembramiento de la nueva red de corrupción en Pdvsa está sirviendo para que líderes sindicales y gremiales intenten construir foros unitarios que aumenten la potencia de los reclamos. La más reciente de esas iniciativas es la promovida por dieciocho sindicatos que se han fijado como meta la creación de la plataforma Salario Digno Venezuela. En esa empresa participan dirigentes gremiales de la salud, educación, construcción, industria del plástico, alimentación, jubilados y pensionados. Por ahora, solo están reunidas las asociaciones  de Caracas, Miranda y Vargas. Sin embargo, el objetivo es unificar y organizar a todos los gremios de trabajadores de la administración pública y privada para luchar por un salario digno y por otras reivindicaciones con un cuerpo compacto.

El pliego de peticiones incluye un amplio conjunto de demandas: exigir un salario digno igual a la canasta básica indexada al valor de dólar; respeto y discusión de las contrataciones colectivas y cese de la violación a los derechos laborales; seguridad social integral que proteja a todos los trabajadores; detener la persecución y judicialización de los trabajadores que defienden sus derechos, tal como lo establece la Constitución; demandar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que vela por la higiene y seguridad en el trabajo;  parar la bonificación del salario; exigirle al Estado el diseño de políticas macroeconómicas para contener la inflación y devaluación que acaba con el salario; exigirle al Gobierno la publicación de estadísticas e información que sirvan de referencia para fijar el salario mínimo; mantener las deducciones que se les realizan a los trabajadores por la ley de política habitacional, ley de paro forzoso, seguro social y fondo de jubilación y pensiones; que el Estado pague la deuda que mantiene con las cajas de ahorro.

Los gremios y sindicatos están respondiendo a la agresión de la que están siendo objeto por parte del régimen con protestas, movilizaciones y  organización. Hay que apoyarlos. Sus consignas son clarísimas: ¡Si hay dinero para robar, hay dinero para pagar! No es bloqueo, es saqueo

.Trino Márquez

@trinomarquezc

La trama de corrupción descubierta en Pdvsa alrededor de Tareck El Aissami resulta un nuevo capítulo de la larga historia de corruptelas, negocios turbios y comisiones ilícitas que han marcado  a la principal industria del país desde el comienzo de la era chavista-madurista. Los orígenes se remontan al Plan Bolívar 2000, cuando comenzó el saqueo de la petrolera. En aquella oportunidad el escándalo fue tan obsceno, que hasta el Contralor General de la época, un señor tan complaciente como Clodosbaldo Russián, llegó a declarar que el plan era “inauditable”. Los recursos los proporcionaba Pdvsa. Algunos altos oficiales de la FAN fueron sus máximos beneficiarios. Luego vinieron los excesos de Rafael Ramírez y sus socios, entre los que destacaba ‘Diegito’ Salazar, un caballero que acumuló una inmensa fortuna a la sombra de Ramírez, el hombre que proclamó la Pdvsa ‘roja, rojita’.

La particularidad de la denuncia actual es que, según numerosos indicios, las acusaciones en las que están envueltos dirigentes del PSUV, diputados  y funcionarios de distintos organismos del Estado, forman parte de una purga impulsada por Nicolás Maduro y el círculo de hierro que lo rodea, con el fin de garantizar que el actual mandatario no tenga rivales que lo reten en su afán de mantenerse en el vértice del poder.

Así son las disputas en los regímenes de corte totalitario. Lo que realmente les interesa no es acabar con el morbo de la corrupción, sino demoler contrincantes incómodos que poco a poco han ido escalando y concentrando poder y riqueza. Este es el caso de El Aissami, quien fue vicepresidente de la República en 2017 y, además, al parecer es ficha de importantes grupos terroristas del Medio Oriente en Venezuela. Esa conexión pareciera explicar su designación como ministro de Petróleo, cargo en el cual se mantuvo durante casi tres años, a pesar de no poseer ninguna experticia en el área petrolera.

Para diversificar un poco el espectro y evitar que los focos del país se dirijan solo a Pdvsa y al PSUV, el Gobierno destapó simultáneamente otras ollas. Acusó a jueces y miembros del Poder Judicial de estar en connivencia con el Tren de los Llanos, grupo delictivo  que aterroriza a comerciantes, industriales, productores agrícolas y ciudadanos en el occidente de Venezuela. Algo similar desató contra varios militares. Con esa onda expansiva el Gobierno aspira eludir aparecer como el único protagonista de la descomposición. No sería extrañó que en los días por venir señale que algún alcalde, gobernador o dirigente opositor está involucrado en algún delito. Ya Maduro atacó con saña a Juan Guaidó, señalando que convendría ‘ponerle los ganchos’. Ante esa eventual embestida hay que estar atento y preparado.

Artículos Destacados00:1000:24 80% escuelas fallasmantenimiento Colegio deProfesores de VenezuelaEl andamiaje de la corrupción develado en Pdvsa muestra, además de la falta de supervisión y controles internos, otro aspecto poco analizado hasta ahora. Me refiero a los efectos perversos de  la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, o, simplemente, Ley Antibloqueo, instrumento propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el fin de brindarle al Gobierno herramientas jurídicas que le permitieran mitigar los efectos de las sanciones internacionales contra Venezuela. Los abogados expertos en Derecho internacional, en negociaciones y en evitar y combatir la corrupción administrativa, le advirtieron a la AN y al Ejecutivo acerca de los peligros que corría la Nación, el Estado y Pdvsa, si se aprobaba esa ley sin tomar todas las precauciones que evitaran la discrecionalidad y la falta de garantías en la comercialización internacional del crudo. El Gobierno de Nicolás Maduro hizo caso omiso a esos prudentes consejos. Ahora están viéndose las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

De acuerdo con las informaciones que circulan en distintos medios especializados, además de los 3.600 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de TEA y sus muchachos, hay alrededor de 25.000 millones de dólares que no pueden ser recuperados por la Nación debido a que los compradores se esfumaron. Son compradores ‘fantasmas’ que no pagaron en su momento, no ofrecieron ninguna garantía, no firmaron ningún contrato, ni hay manera legal, de acuerdo con los convenios internacionales, de obligarlos a honrar su deuda. A lo mejor toda la improvisación no constituye ningún error, sino que forma parte del guion para asaltar un bien nacional como el petróleo. Sin embargo, cuesta creer que tal insensatez haya sido deliberada, pues hasta sus potenciales beneficiarios se han quedado sin poder recuperar el crudo que ya se distribuyó. Y digo distribuyó porque nunca se vendió: el dinero jamás entró a Pdvsa ni a las cuentas bancarias de los filibusteros que promovieron esos ‘emprendimientos’.

El corolario de toda esa sangría es que Maduro ha salido de algunos enemigos, se ha atornillado más en Miraflores y la nación ha dejado de recibir unos ingresos que, bien aprovechados, habrían servido para aumentarle a los maestros y profesores, elevar el sueldo de médicos y enfermeras, y, en general, mejorar un poco la calidad de vida de la gente. La corrupción acabó con Pdvsa, pero no con el madurismo.

 
@trinomarquezc

La trama de corrupción descubierta en Pdvsa alrededor de Tareck el Aissami resulta un nuevo capítulo de la larga historia de corruptelas, negocios turbios y comisiones ilícitas que han marcado  a la principal industria del país desde el comienzo de la era chavista-madurista. Los orígenes se remontan al Plan Bolívar 2000, cuando comenzó el saqueo de la petrolera. En aquella oportunidad el escándalo fue tan obsceno, que hasta el contralor general de la época, un señor tan complaciente como Clodosbaldo Russián, llegó a declarar que el plan era “inauditable”. Los recursos los proporcionaba Pdvsa. Algunos altos oficiales de la FAN fueron sus máximos beneficiarios. Luego vinieron los excesos de Rafael Ramírez y sus socios, entre los que destacaba «Dieguito» Salazar, un caballero que acumuló una inmensa fortuna a la sombra de Ramírez, el hombre que proclamó la Pdvsa «roja, rojita».

La particularidad de la denuncia actual es que, según numerosos indicios, las acusaciones en las que están envueltos dirigentes del PSUV, diputados y funcionarios de distintos organismos del Estado, forman parte de una purga impulsada por Nicolás Maduro y el círculo de hierro que lo rodea, con el fin de garantizar que el actual mandatario no tenga rivales que lo reten en su afán de mantenerse en el vértice del poder.

Así son las disputas en los regímenes de corte totalitario. Lo que realmente les interesa no es acabar con el morbo de la corrupción, sino demoler contrincantes incómodos que poco a poco han ido escalando y concentrando poder y riqueza. Este es el caso de El Aissami, quien fue vicepresidente de la República en 2017 y, además, al parecer es ficha de importantes grupos terroristas del Medio Oriente en Venezuela. Esa conexión pareciera explicar su designación como ministro de Petróleo, cargo en el cual se mantuvo durante casi tres años, a pesar de no poseer ninguna experticia en el área petrolera.

Para diversificar un poco el espectro y evitar que los focos del país se dirijan solo a Pdvsa y al PSUV, el gobierno destapó simultáneamente otras ollas. Acusó a jueces y miembros del Poder Judicial de estar en connivencia con el Tren de los Llanos, grupo delictivo que aterroriza a comerciantes, industriales, productores agrícolas y ciudadanos en el occidente de Venezuela. Algo similar desató contra varios militares. Con esa onda expansiva el gobierno aspira a no aparecer como el único protagonista de la descomposición. No sería extraño que en los días por venir señale que algún alcalde, gobernador o dirigente opositor está involucrado en algún delito. Ya Maduro atacó con saña a Juan Guaidó, señalando que convendría «ponerle los ganchos’» Ante esa eventual embestida hay que estar atento y preparado.

El andamiaje de la corrupción develado en Pdvsa muestra, además de la falta de supervisión y controles internos, otro aspecto poco analizado hasta ahora. Me refiero a los efectos perversos de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, o, simplemente, Ley Antibloqueo, instrumento propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el fin de brindarle al gobierno herramientas jurídicas que le permitieran mitigar los efectos de las sanciones internacionales contra Venezuela. Los abogados expertos en Derecho Internacional, en negociaciones y en evitar y combatir la corrupción administrativa, le advirtieron a la AN y al Ejecutivo acerca de los peligros que corría la nación, el Estado y Pdvsa, si se aprobaba esa ley sin tomar todas las precauciones que evitaran la discrecionalidad y la falta de garantías en la comercialización internacional del crudo. El gobierno de Nicolás Maduro hizo caso omiso a esos prudentes consejos. Ahora están viéndose las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

De acuerdo con las informaciones que circulan en distintos medios especializados, además de los 3.600 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de TEA y sus muchachos, hay alrededor de 25.000 millones de dólares que no pueden ser recuperados por la nación debido a que los compradores se esfumaron. Son compradores «fantasmas» que no pagaron en su momento, no ofrecieron ninguna garantía, no firmaron ningún contrato, ni hay manera legal, de acuerdo con los convenios internacionales, de obligarlos a honrar su deuda. A lo mejor toda la improvisación no constituye ningún error, sino que forma parte del guion para asaltar un bien nacional como el petróleo. Sin embargo, cuesta creer que tal insensatez haya sido deliberada, pues hasta sus potenciales beneficiarios se han quedado sin poder recuperar el crudo que ya se distribuyó. Y digo distribuyó porque nunca se vendió: el dinero jamás entró a Pdvsa ni a las cuentas bancarias de los filibusteros que promovieron esos ‘emprendimientos’.

El corolario de toda esa sangría es que Maduro ha salido de algunos enemigos, se ha atornillado más en Miraflores y la nación ha dejado de recibir unos ingresos que, bien aprovechados, habrían servido para aumentarle a los maestros y profesores, elevar el sueldo de médicos y enfermeras, y, en general, mejorar un poco la calidad de vida de la gente. La corrupción acabó con Pdvsa, pero no con el madurismo.

 Trino Márquez 

@trinomarquezc