En EEUU un acusado tiene derecho a candidatearse entre otros cargos de elección popular, para la presidencia de la Nación

Nos permitimos anticipar parte de lo que le espera al señor Donald J. Trump y a la llamada Primera Potencia Mundial, ahora que el jueves pasado el expresidente, hoy candidato a la reelección, ha sido acusado judicialmente por segunda vez, con la diferencia que en esta oportunidad, la imputación es por crímenes mucho más graves.

En algunas legislaciones, la condena a prisión acarrea inhabilitación política, por no hablar de las interdicciones que en tal sentido, se arroga, en mi país, Venezuela, la Contraloría General de la República, en abierta violación de nuestra Constitución.

En EEUU, por el contrario, un acusado y aun, los penados o condenados, tienen derecho a candidatearse entre otros cargos de elección popular, para la presidencia de la Nación. Por citar un ejemplo, muy reciente, ese ha sido el caso del señor, Joseph Maldonado-Passage, excéntrico, domador de tigres, estrella de la serie Tiger King transmitida por Netflix, que en marzo de este mismo año formalizó su inscripción para competir por la más alta magistratura del país. Joe El Exótico, como también se hace llamar, en 2019 fue condenado a 22 años de prisión por 17 cargos federales, incluidos los delitos de maltrato animal y dos intentos de homicidio por encargo o sicariato. Ya en 2016 “El Exótico” se había postulado para ese mismo cargo y recibió 962 votos a escala nacional.

Los únicos requisitos para aspirar a la Presidencia conforme a la Constitución de EEUU, son tener por lo menos 35 años de edad, haber nacido y vivido en el país, un mínimo de 14 años. Los candidatos deben registrarse ante la Comisión Federal Electoral, FEC, sus siglas en inglés y una vez que hayan recibido contribuciones o incurrido en gastos mayores a $5,000, registrar ante la FEC, a los integrantes de su comité para recaudar y gastar fondos. Recibir donaciones sin tal trámite, equivale a cárcel, casi segura.

La Enmienda Constitucional 14, sección tercera aprobada en 1868 restringió de manera importante a los efectos de la presente crónica, tales postulaciones al dejar sentado que ninguna persona “será Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, ni ocupará ningún cargo, civil o militar” para el cual previamente prestó juramento para apoyar la Constitución, si luego “se involucró en una insurrección o rebelión o dado ayuda o consuelo” a quienes hayan cometido tales delitos.

Existe la posibilidad que, dentro del referido proceso en su contra, al señor Trump le sea restringida su libertad personal, antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. Lo que se traduciría en un candidato en campaña, desde su calabozo o en libertad bajo fianza, limitado en cuanto a su derecho a movilizarse o eventualmente, juramentado dentro de un reclusorio, si es que resulta el más votado.

Los numerosos procesos judiciales en los cuales se ha visto envuelto el señor Trump, suelen ser largos y complicados. Hablamos de un litigante tribunalicio, quisquilloso y respondón, que acostumbra a agotar todos los recursos legales. Lo que hace improbable, por no decir imposible, que de hoy a la fecha de las citadas elecciones, el ahora acusado, sea condenado por sentencia firme en alguna de las lides judiciales que le esperan. Algo que abriría la posibilidad al propio Trump -de resultar electo- de ejercer la amplísima potestad de indultar, atribuida constitucionalmente, a los presidentes de EEUU, incluido su posible autoindulgencia por cualquier acusación de rebelión o insurrección que lo inhabilite para el ejercicio de la más alta magistratura.

Mientras escribía la presente crónica, escucho parte del discurso del señor Trump, en un mitin con sus partidarios celebrado, el sábado pasado, en Carolina del Norte. “Cuando me fuí de la Presidencia -expresó- Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de élla; nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo”.

Tengo para mi, que el expresidente y actual precandidato, haría mejor en aclarar esa soflama, encendida al calor de un acto de masas. De cualquier forma, nos guste o nos disguste, la pequeña parte de las palabras que acabamos de transcribir, bastan para explicar el interés que generan en el Mundo entero -para los venezolanos ¡ni hablar!- las incidencias de la actual campaña presidencial de EEUU, incluidos los posibles altibajos judiciales anticipados, de manera muy sucinta, en la presente crónica.

Omar Estacio

@omarestacio

Alguna fibra le tocaron al juez, William P. Dimitrouleas, las cartas de súplicas de, un hijo de 14 años, de otros familiares, de amigos y de la propia, Claudia Díaz Guillen, mejor conocida, como la “Enfermera de Chávez”.

La Fiscalía y el Departamento de Justicia, en el memorándum correspondiente, habían recomendado  la imposición de, 23 y 20 años de cárcel, respectivamente, para la señora Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa. La petición se ajustaba a los parámetros de la Guía o baremo del sistema penitenciario de EE. UU.. No obstante, el magistrado de la Corte del Distrito Sureste del estado de Florida, hizo valer su libertad o autonomía para acatar o no acatar tales sugerencias. Condenó a los citados esposos a una pena menor:  15 años para cada uno, por haber sido hallados, por el jurado, culpables de los delitos de conspiración o de intento de lavado de capitales (18 § 1956 (h) del Código Federal) y de lavado de capitales, consumatum est  (§ 1956 (a) (2) (A), del mismo Código).

La referida “Enfermera”, en su carta consignada ayer miércoles, muy temprano, horas antes, apenas de la sentencia de su condena, aseguró que cuando tomó posesión del cargo de Tesorera Nacional de Venezuela, era una “ingenua”. Sin embargo, las evidencias exorbitantes y cursantes en el expediente demuestran lo contrario. La Fiscalía aportó más de dos mil elementos de convicción: Mensajería electrónica, fotografías, transferencias bancarias, adquisiciones de inmuebles; lujos de los acusados, en general, como viajes en yates, en tres jets privados a su disposición y compras de prendas de alta gama. Muchos creímos que ante tal avalancha probatoria, Díaz Guillén y su esposo, reconocerían culpabilidad y celebrarían algún acuerdo o delación premiada con las autoridades que les rebajase las inminentes condenas. Pero no. Los acusados presas del pánico por alguna amenaza o mal aconsejados, insistieron en su inocencia con argumentos que a la postre, al jurado le parecieron irrelevantes. Cinco cargos de culpabilidad y tres de no culpabilidad. Perdieron por goleada ante la vindicta pública.

Díaz Guillén, en su carta, le ofreció al honorable juez, Dimitrouleas, colaborar con los investigadores. Sin embargo la Fiscalía y el Departamento de Justicia, desmienten tal disposición. Incluso les rechazaron la aplicación de varios precedentes judiciales que les habrían valido descuentos de años de sus condenas, precisamente, por tal falta de colaboración.

Por otra parte, las dos dependencias gubernamentales, antes referidas, alegaron que, Díaz Guillén, durante el proceso “subió al estrado del tribunal para mentir” aparte que, élla y su esposo, “intentaron minimizar o distraer la seriedad y naturaleza de sus crímenes” y para peores “también, demostraron débil remordimiento por sus delitos y por los daños que causaron”.

¿A quién o quiénes y por qué, no quisieron o temieron delatar Díaz Guillén  y Velásquez Figueroa?

Alejandro Andrade, el celebérrimo “Tuerto”, involucrado, hasta los tuétanos, en ese mismo expediente, delató cuanto pudo -a los referidos esposos, entre otros- y a cambio, recibió escasos 10 años de cárcel. A la postre, reducidos a cinco, porque según el informe de un pretendido pastor, “El Tuerto” durante su reclusión, en cárcel tipo SPA, se arrepintió de sus pecados y se convirtió en un ferviente devoto.

“Odia al delito, compadece al delincuente”. La frase que hemos hecho, nuestra, es de la poetisa, Consuelo Arenal. No nos alegramos por el infortunio de Díaz Guillén y su marido. Merecen nuestra conmiseración, pero en paralelo que paguen el castigo que se buscaron.

Artículos Destacados00:0201:12 Al menos tres muertos y cuatroatrapados deja explosión enmina de Colombia LaPatilla.comPara finalizar, como venezolanos, exigimos que las autoridades de EE. UU., extremen las diligencias para que, dentro del más estricto apego al debido proceso, los penados provean información suficiente para identificar a todos sus compinches. Jurídicamente es viable que en fase de cumplimiento de sentencia celebren acuerdos con el Gobierno norteamericano en ese sentido (Reductions Under Federal Rule 35.b). Damos por seguro que de hacerlo, saldrá a relucir más de un alto cargo del actual desgobierno de Maduro. Que ladrones, es lo que sobra en semejante nomenklatura.

Y si por cantar como tenorinos o croar como batracios, hay que reducirles sus condenas, dura lex, sed lex. Pero eso sí, primero, que devuelvan los USD 130 millones del soborno que recibió la matrona.

“¡Estos tipos se metieron un billetón!” traducción libre del: “They made a lot of money”, que expresó el juez Dimitrouleas, no muy convencido, de su clemencia con dichos, mujer y marido.

Omar Estacio

@omarestacio