Seis meses, solo seis, requirió la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 para elaborar una nueva Constitución Nacional y sentar las bases para lo que el entonces presidente Hugo Chávez denominó la refundación de la República.

Escucho ahora al jerarca madurista Héctor Rodríguez decir en “Vladimir a la 1” que el remedo constituyente de 2017 va a requerir todo el tiempo que sea necesario, incluso dos años si fuere menester. Dos años dizque para reforzar una carta magna que, luego del montón de modificaciones, eliminaciones y agregados anunciados en su campaña por los candidatos a ese parapeto constituyente “seguirá siendo la misma Constitución de 1999”, según palabras del presidente Nicolás Maduro que quedarán para la historia de la tragicomedia en Venezuela.

La estimación de Rodríguez deja claro que el propósito oficialista nada tiene que ver con motivaciones democráticas. De lo que se trata es de evadir la expresión de la voluntad popular para aferrarse cada vez más al poder y eternizarse recostado al presupuesto del estado y sus privilegios.

Además, los dos años que reclama el madurismo para la engañifa constituyente ponen en evidencia su escandalosa ineptitud. ¿Cómo es que necesitan dos años para enderezar los entuertos a que ellos mismos han sometido a la República en estos 18 años de desastre y empobrecimiento generalizado de la sociedad?

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que requirió de apenas seis meses para producir una nueva Carta Magna y refundar la República, lo hizo, según la retórica chavista, tras doscientos años de malos gobiernos, especialmente de los últimos cuarenta de pésimos gobiernos adeco-copeyanos. ¿Cómo se entiende que ahora, tras 18 años de “revolución”, de presunta excelencia y honestidad administrativa, de reivindicación popular e inclusión social, hagan falta dos años para “reforzar” la Carta Magna?

¿Cómo se entiende que necesiten dos años para “blindar” una Constitución producida en apenas seis meses y caracterizada por Chávez como la mejor del mundo?

¿No se supone que con la mejor constitución del planeta y los dos supuestos mejores gobernantes de nuestra historia republicana -el de Chávez y el de Maduro- el país debería estar en fabulosas condiciones como para no tener que invertir dos largos años en este espejismo constituyente?

Constituyente que, aparte de distraer la atención hacia objetivos distintos al de la solución de los graves problemas nacionales, no representa ningún escenario para la paz, como lo han venido propagandizando. Es, por el contrario, un nuevo y peligroso ingrediente para la división entre los venezolanos, para la confrontación, la violencia, la represión. El brutal y condenable traslado del alcalde Antonio Ledezma y de Leopoldo López a la cárcel militar de Ramo Verde son una pequeña y muy bochornosa muestra.

Por donde se lo mire, ese mamotreto constituyente es definitivamente un fraude. Un fraude por su naturaleza inconstitucional e ilegal. Un fraude porque no va a resolver sino a agravar la crisis política, económica, social y moral que atraviesa la república. Un fraude porque las denuncias de la oposición acerca de la manipulación y maquillaje de las cifras de participación y votación han terminado siendo confirmadas por Smartmatic, la empresa cuya plataforma tecnológica ha sido utilizada desde el año 2004 en los procesos electorales en Venezuela.

Era previsible que sin participación de la oposición ese fraude se consumara. Hace un par de semanas escribí: “En un proceso en el que el gobierno corre solo, sin contendientes, sin testigos, sin árbitros confiables ni auditorías verificables, es de esperar que este se vaya a despachar y a darse el vuelto”.

Quiere decir que en un proceso donde haya candidatos de oposición, testigos, miembros de mesa, garantías confiables y presencia en las auditorías, hay enormes posibilidades de que las fórmulas electorales de la oposición se alcen con la victoria y hagan valer sus votos, aún con este mismo Consejo Nacional Electoral.

Tal cual quedó demostrado cuando la oposición evitó la reforma de Chávez a 69 artículos de la Constitución, cuando llevó a Henrique Capriles, Henri Falcón y Liborio Guarulla a las gobernaciones de Miranda, Lara y Amazonas, cuando puso a Antonio Ledezma en la Alcaldía Metropolitana. También con ese CNE la oposición ganó las elecciones parlamentarias de 2015 y obtuvo más diputados de los que la propia Mesa de la Unidad Democrática esperaba.

Así que ahora, entre disputar y regalarle al madurismo las 23 gobernaciones, al menos yo no tengo dudas. Hay que participar y matar dos pájaros de un tiro: ganar los gobiernos regionales y reconfirmar que sí hubo fraude en la elección de la farsa constituyente.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

Si las encuestas de opinión no eran suficientes para que el presidente Nicolás Maduro y la cúpula oficialista entendieran que la mayoría del pueblo venezolano rechaza el zarpazo que nos quieren dar bajo el disfraz de constituyente, la multitudinaria y entusiasta movilización ciudadana del 16 de julio debería hacerlos abrir bien esos ojos para constatar lo que está a la vista y no necesita anteojos.

Para descalificar esa jornada democrática, engañar a su propia gente y a la comunidad internacional, el alto mando madurista, incluida la muy disciplinada presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha pretendido rotularla como una consulta interna de los partidos de oposición, aparte de poner a circular la especie de que las cifras finales de participación fueron infladas por los organizadores.

Claro que la dirigencia y la militancia de los partidos que componen la Mesa de la Unidad Democrática fueron columna vertebral en la preparación del evento, pero la puesta en escena fue claramente ciudadana, no solo porque las organizaciones políticas renunciaron a teñirla con sus siglas y colores, sino porque la inmensa mayoría de quienes acudieron al llamado fueron venezolanos sin militancia política, muchedumbres de a pie esperanzadas en un cambio democrático en paz.

Siete millones 600 mil y tantos electores constituyen la más grande movilización humana realizada en Venezuela al margen de los procesos electorales formales.

Pero hagamos un ejercicio de exageración. Y supongamos, con el perdón de los ilustres compatriotas que sirvieron de garantes del proceso, que en efecto la cifra real haya podido ser perversamente inflada y que en vez de 7 millones 600 mil hubieran sido muchísimos menos. Quitémosle incluso la mitad. ¡Hay que ver lo que significan 3 millones 800 mil personas manifestándose pacíficamente en las calles de toda Venezuela!

Imposible ocultarlas. Con razón fracasaron la censura impuesta a los medios de comunicación y demás triquiñuelas dispuestas por el gobierno para esconder el abrumador rechazo nacional a su proyecto dizque constituyente.

Iniciativas democráticas de incuestionable carácter pacífico como esta del 16-J suman y multiplican voluntades. Atraen, enamoran, convocan, agregan, agigantan.

Algunas otras, de naturaleza anárquica y violenta, restan y dividen. No puede considerarse buena ninguna acción que atemorice, aleje, ahuyente, disperse, desencante.

La lucha por el cambio democrático requiere, para ser eficaz y eficiente, de una dirección política seria, unida, firme, responsable, capaz de conducir el proceso hacia la conquista del objetivo. Esa dirección define la estrategia y traza una ruta de acuerdo con las realidades y eventuales contingencias. Ese papel corresponde en este momento a la MUD, en cuyo seno confluye una pluralidad de partidos. Esa dirigencia está para dirigir y elevar sin sectarismos el caudal de fuerzas e individualidades que empujan el cambio.

El llamado dibujo libre, según el cual cada quién hace lo que le da la gana y cuando le venga en gana, incluyendo acciones violentas y aberrantes podrá ser excitante para algunas mentes enfebrecidas y carentes de claridad política, pero lejos de favorecer una estrategia victoriosa lo que hace es entorpecerla y beneficiar al gobierno, oxigenarlo, alentarlo, unificarlo, prolongarlo.

Bien dice mi amigo Freddy Díaz: “Cuando en un barco hay dos capitanes, lo único seguro es el fondo del mar”.

A quienes justifican actos vandálicos y criminales bajo el argumento de que estamos enfrentando a un gobierno forajido les recuerdo que el pueblo chileno no necesitó convertirse en criminal para sacar del Palacio de La Moneda al sanguinario Augusto Pinochet. Y caben muchos otros ejemplos. ¿Si hacemos lo mismo que el malandraje oficialista cuál es entonces la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Acaso hay malandros buenos y malandros malos?

Por lo demás, no siempre ese dibujo libre es tan libre como se quiere presentar. Hay ciertamente los espontáneos, pero muchas de esas presuntas espontaneidades no son tales sino obedecen a agendas paralelas, ocultas, que tienen organización y propósitos distintos al del cambio democrático en paz que anhela la abrumadora mayoría del pueblo venezolano. Esas agendas también llevan agua al molino oficialista, y no siempre ingenuamente.

La jornada cívica del 16-J fue una rotunda derrota para los violentos de todo pelaje, tanto para los del oficialismo como para los de una presunta oposición cuyas acciones anárquicas, divisionistas y distraccionistas, le arriman el mingo al gobierno.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

La democracia está en fase terminal. Ya desde hace unos cuantos años esta ha venido reduciéndose progresivamente, pero lo poco o poquito que de ella queda se va a convertir en nada si el autoritarismo se sale con la suya e impone su inconstitucional y antipopular constituyente.

Con la democracia representativa establecida en la constitución del año 1961 fue posible que en 1999, bajo la naciente presidencia del hoy fallecido Hugo Chávez, se realizara un referendo popular para preguntarle a los venezolanos si estaban de acuerdo en convocar e instalar una asamblea constituyente, entidad todopoderosa que no estaba considerada en la ley de leyes vigente para la época. Bastó que el artículo cuarto de aquella carta magna dijese que “la soberanía reside en el pueblo” para que, en una interpretación amplia y extensiva, la Corte Suprema de Justicia, presidida por Cecilia Sosa Gómez, allanase al camino a la celebración de un referendo con vistas a que el recién ungido Jefe del Estado viese materializada su oferta constituyente.

Esa es historia patria, digo como diría mi buen amigo y colega Olmedo Lugo.

Resulta que contra la constitución de 1999, por la cual yo voté y a la que he defendido de los sistemáticos atentados y violaciones gubernamentales, las cúpulas oficialistas cerraron el año pasado las puertas no solo al referendo revocatorio y a las elecciones regionales previstos en la letra constitucional, sino que ahora han negado el derecho que el pueblo tiene a ser consultado para saber si quiere o no un nuevo proceso constituyente y una nueva constitución.

¡Qué duda cabe! En la práctica hemos pasado de la democracia representativa a una democracia proto-agónica con negación absoluta de la participación popular, no por causa del texto constitucional vigente, que teóricamente es mejor que el anterior, sino de quienes detentan el poder. Hay que concluir que quienes hoy lo hacen son infinitamente menos demócratas que quienes lo ejercieron ayer.

Y no es solo en cuanto a la participación y el protagonismo electoral del pueblo que se nos muere la democracia. Agoniza también en la negación y la brutal represión policial-militar-paramilitar contra la protesta, contra el elemental y universal derecho al pataleo.

La democracia agoniza cuando se impide la manifestación pacífica en territorios permitidos para el aclamacionismo y vedados para la disidencia. Agoniza la democracia en cada balazo al pecho de un estudiante, en cada bombazo a la cabeza de un compatriota, en cada patada al cuerpo de un anciano manifestante, en cada allanamiento al sospechoso de estar contra el gobierno, en cada detención ilegal de algún activista político o social, en cada tortura o intento de violación a muchachas o muchachos presos, en cada arremetida violenta de tanquetas contra viviendas que albergan a luchadores populares, en cada chorro de agua lanzado contra adultos mayores o en cada bomba lacrimógena que asfixia a niños y adultos en escuelas y hospitales…

Todas esas atrocidades se multiplican y aumentan en salvajismo ante las narices del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien públicamente pidió a la Guardia Nacional poner cese a estas aberraciones. En la Fuerza Armada nadie le para o lo dijo de la boca para afuera. ¡Qué pena con ese señor!

Frente a la violencia represiva, criminal y provocadora, se impone continuar y profundizar la lucha pacífica y no violenta del pueblo venezolano. El vandalismo, los saqueos, la agresión personal y otras formas no pacíficas son precisamente las reacciones que procura el gobierno de ciertos grupos anarquizados para desacreditar nacional e internacionalmente la lucha cívica, justificar más represión y cercenar mucho más las libertades.

La convocatoria para el 16 de julio de una consulta popular por parte de la Asamblea Nacional con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática, gremios empresariales, agrupaciones sindicales, congregaciones religiosas, federaciones y centros estudiantiles, organizaciones no gubernamentales, gobernadores de estados, alcaldes, diputados nacionales y regionales, concejales y líderes comunitarios, apunta justamente en la dirección correcta. Es una acción absoluta y totalmente pacífica que convoca a la más amplia participación y protagonismo de cada uno de los venezolanos comprometidos con la defensa de la constitución y de la democracia.

Enfrentar el zarpazo madurista disfrazado de constituyente es indispensable para restablecer el orden constitucional, salvaguardar la paz de la república, parar la agonía de la democracia y ponerla al servicio de la urgente solución a los gravísimos problemas sociales que hoy padece el muy aporreado pueblo venezolano.

Mario Villegas 

@mario_villegas

Cuando el fútbol nacional mostraba su peor rostro de los últimos tiempos, recuerdo haber escuchado voces que clamaban por colocar al frente de la Vinotinto a algún director técnico extranjero con experiencia mundialista. Fue entonces cuando apareció el criollito Rafael Dudamel, yaracuyano para más señas, de cuya mano los venezolanos hemos recibido las más altas satisfacciones que nos haya brindado el balompié nacional a lo largo de toda su historia. Así quedó evidenciado en el recién finalizado Mundial Sub 20 en Corea del Sur.

Ya antes, los también compatriotas Richard Páez y César Farías hicieron un excelente trabajo que llevó a nuestro fútbol a escalar muy buenos resultados en sus respectivas épocas.

No desconozco, ni mucho menos demerito, la gran labor llevada a cabo por el panameño Kenneth Zseremeta, bajo cuya batuta nuestro fútbol femenino ha conquistado una gran figuración y premios a escala mundial. Pero quiero destacar, sobre todo, el brillante, exitoso y esperanzador papel desempeñado por nuestros propios talentos, muchas veces menospreciados por mentes acomplejadas, mezquinas o de cortas miras.

Y ahora, a lo que voy: así como la crisis futbolística nacional ha encontrado solución en nuestra propia geografía y en nuestros propios recursos humanos y técnicos, igualmente la crisis político-institucional, económica y social que vive el país, severamente agravada en los últimos días por un escalamiento de la violencia callejera y de la represión policial-militar-paramilitar, tiene que encontrar salidas en nuestra propia tierra y por acción de nuestras propias reservas humanas.

Claro que la comunidad internacional juega un importante rol a través de los mecanismos que ofrecen los organismos multilaterales, la diplomacia de los estados, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales internacionales, cuyas acciones en defensa de la democracia, de la paz y de los derechos humanos son notables y en algunos casos determinantes. Pero de allí a esperar que nuestra crisis, nuestra soberana crisis, vaya a ser resuelta por terceros hay un enorme trecho.

Para muestra el más reciente botón: la Organización de Estados Americanos, en cuya carta democrática y otros recursos diplomáticos y no diplomáticos habían cifrado sus esperanzas algunos sectores de la oposición, no pudo concretar una resolución adversa al gobierno venezolano, pues los países promoventes alcanzaron la muy importante cifra de 20 sufragios mas no la indispensable mayoría calificada de 23 votos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro apenas sumó 5, lo cual está muy lejos de ser una victoria.

Si bien ha sido creciente el apoyo internacional a las luchas del pueblo venezolano por restablecer el orden constitucional y resolver la conflictividad política por vía de las urnas electorales, no es menos cierto que nuestro propio liderazgo nacional es el llamado a encontrar el camino y a construir las soluciones.

Resulta, sí, conveniente y necesario el acompañamiento, observación, facilitación, mediación y verificación que puedan prestar gobiernos amigos, instituciones multilaterales, ONG’s o entidades religiosas como el Vaticano, a los efectos de propiciar y darle soporte y garantías de cumplimiento a eventuales acuerdos a que pudieran llegar el gobierno y la oposición en una deseable negociación política. Vía esta, la de la negociación política, que parece ser la más aconsejable para hacer efectiva la ruta electoral y el cambio democrático en paz al que aspira la inmensa mayoría de los venezolanos. En una negociación de esa naturaleza, los dueños del proceso, los verdaderos actores, los protagonistas y decisores, son las partes y sus respectivas contrapartes locales.

Por la vía que vamos pareciésemos destinados a un gigantesco choque violento que el liderazgo nacional, incluidos todos los sectores, está obligado a detener dado el gravísimo costo que esto representaría en todos los órdenes para la sociedad venezolana, especialmente para el pueblo, que es el que siempre pone los muertos y el sufrimiento, como los ha puesto hasta ahora.

Entre los hombres y mujeres del gobierno y de la oposición hay, tiene que haber, suficientes reservas de racionalidad política para comprender la necesidad de parar esta barbarie y  darle un verdadero chance a la resolución pacífica del conflicto.

Si nuestros hombres y mujeres que trabajan con los pies, me refiero a nuestros futbolistas, le pusieron cabeza al asunto y tomaron el camino del éxito, tanto más obligados a hacerlo están nuestros políticos, cuya importantísima faena se supone inspirada y movida por las ideas.

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

(Semanario Quinto Día – 23 al 29 de junio de 2017)

La muerte de un solo venezolano por causa del conflicto político que lacera al país es una tragedia. Con cada compatriota que muere por acción de la violencia, ya sea la de los cuerpos represivos del estado, la de los grupos paramilitares que operan con abierta impunidad o la de turbas o individualidades extremistas de cualquier signo, fallece también una parte de Venezuela.

Me refiero en este artículo solo a las personas que pierden la vida en el marco del actual conflicto político, el cual se desenvuelve en un entorno de multitudinarias muertes causadas día a día por el hamponato común y de quién sabe cuántos decesos producto de la hambruna que agobia a buena parte de nuestra sociedad, de la dramática precariedad del sistema de salud y del escandaloso desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos de toda índole. Aunque no se conozca estadísticamente, la cotidianidad social alimenta ese subregistro.

Ya son más de 80 los asesinados en dos meses de marchas, concentraciones, protestas y plantones, cuyo origen y naturaleza pacíficos han terminado desvirtuados simbólica y materialmente por la sanguinaria represión policial-militar-paramilitar y por los también repudiables actos vandálicos de ciertos ultrarradicales de presunta oposición que mejor sirven a los intereses del gobierno. Qué bueno que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha reconocido las atrocidades cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional y que Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, haya exigido valientemente que la oposición organizada condene la atroz muerte del joven Orlando Figueras.

Por la vía que vamos estamos encaminados a que muy prontico este montón de cadáveres ascienda al número 100. Aparte, por supuesto, de los sopotocientos heridos y detenidos, así como de la creciente destrucción material y moral del país.

A propósito de la grave confrontación política y la violencia que ya desde hace años mostraba su rostro en Venezuela, recuerdo haber escuchado al ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos decir que, inexorablemente, esa crisis terminaría en una mesa de negociación entre las partes enfrentadas, tal como ocurrió en Centroamérica, donde el conflicto dejó alrededor de 100 mil muertos, ocho mil desaparecidos, más de un millón de desplazados y una gran división en la sociedad. Palabras más, palabras menos, Villalobos nos alertó montado en aquella brutal experiencia: “Los venezolanos deben escoger si se sientan a negociar la paz antes o después de acumular esos 100 mil muertos”.

Claro que el principal responsable de que en el país se produzca una negociación política seria, productiva y verificable es el gobierno, cuyas invitaciones a dialogar están acompañadas de amenazas, descalificaciones y burlas a sus potenciales interlocutores y, aunque parezca increíble, hasta a los mediadores o facilitadores, como ocurrió con el canciller papal Pietro Parolín cuando este solicitó el cumplimiento gubernamental de los acuerdos alcanzados en el anterior intento de negociación.

Y la oposición, cuyas multitudinarias manifestaciones corren el riesgo de desgastarse en el tiempo o caer en el descontrol, tiene la responsabilidad de conducir este proceso hacia resultados verdaderamente favorables a los intereses de ese país mayoritario que está esperanzado y pugna por un cambio democrático en paz y soluciones efectivas y oportunas a la gravísima crisis económica, social y política que vivimos.

No porque el diálogo y la negociación política hayan fracasado una o más veces están descartados como escenarios e instrumentos para procurar acuerdos de conveniencia nacional.

Dicen ordinariamente los abogados que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y me pregunto: ¿Es un buen pleito este en el que ya vamos para 100 muertos, sopotocientos heridos y detenidos sin suficientes resultados tangibles a la vista?

Aunque no lo acrediten públicamente, en la mayoría  de las direcciones políticas de oposición hay conciencia de que tarde que temprano habrá que sentarse a negociar políticamente con el gobierno. Y vuelvo a preguntarme: ¿Por qué no hacerlo más temprano que tarde? Todavía nos faltan 99.900 muertos para equipararnos con el récord centroamericano. ¿Nos proponemos alcanzar y superar ese fatídico récord o paramos esta matazón y nos ponemos de acuerdo en un plan de reconciliación, recuperación y relanzamiento de la Venezuela que todos queremos?

Digo, como en su momento dijo Villalobos sobre El Salvador: una guerra entre venezolanos está condenada a ser perdida por todos o a ser ganada por todos.

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

(Semanario Quinto Día – 9 al 15 de junio de 2017)

Mirar para otro lado. Evadir. Eludir. Rehuir. Esquivar. Escabullir. Fugar. Escapar. Torear. Sortear. Meter la cabeza bajo la tierra. Desviar la atención. Sacar el cuerpo. O, dicho más popularmente, sacar el rabo. Cualquiera de esas palabras o expresiones sirve para ilustrar lo que estaríamos haciendo los venezolanos en caso de que, en medio de tantas urgencias políticas, económicas y sociales, nos embarcásemos en un inconstitucional, innecesario, riesgoso y costoso proceso constituyente.

Quien diga que los problemas que hoy estamos confrontando son causados por la constitución de 1999 está diciendo mentira. ¿Acaso el empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad es atribuible a la constitución? ¿El desmantelamiento del aparato productivo es culpa del articulado constitucional? ¿Lo son el recrudecimiento de la criminalidad, de la impunidad y de la descomposición del poder judicial? ¿La descomunal e inocultable corrupción tiene su origen en la carta magna? ¿Lo tienen el progresivo y bochornoso deterioro de la vialidad, de nuestras escuelas y hospitales públicos? ¿La crisis político institucional y el cerco oficialista a la Asamblea Nacional son atribuibles al ordenamiento constitucional?

Mentira tan grande como decir que un cambio en la letra constitucional, ya sea profundo o cosmético, va a resolver como por arte de magia la hambruna que atormenta a millones de familias venezolanas, a restablecer el abastecimiento de medicinas en las farmacias y de insumos médicos y clínicos en los hospitales, o a poner punto final a los elevados niveles de confrontación política y a la violencia que ya ha cobrado muchas víctimas y amenaza con llevarnos al infierno de una guerra civil.

Si en mala hora llegara a imponérsele al país la inconstitucional convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con el sumiso e irregular aval del cuarteto de rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral y de los obedientes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lejos de caminar en la senda de las soluciones estaríamos trotando en la bajada de la tragedia nacional, pues significaría el agravamiento de los problemas existentes por acción del tiempo y la ausencia de oportunos y adecuados remedios.

¿Cuántos meses, por no decir años, podría consumir un eventual proceso constituyente? Pregunta especialmente válida para un proceso tan sui generis como este, en el que 545 plenipotenciarios (la constituyente de 1999 tenía solo 131 miembros) podrían terminar siendo protagonistas de una verdadera gallera cuyos resultados, por demás, podrían constituir un absoluto retroceso desde el punto de vista de las libertades y derechos individuales y colectivos. Entretanto, el país desangrándose literalmente y en todos los sentidos.

Aparte de lo que cuesta agregar varios y complejos procesos a un CNE que el año pasado esgrimió su precariedad presupuestaria entre las razones para  negar las elecciones regionales, el tesoro público debería correr con el costo de funcionamiento de la pretendida constituyente y de sus ejecuciones.

¿Cuánto cuestan, por ejemplo, los salarios, viáticos, pasajes, alojamiento y comidas durante quién sabe cuánto tiempo para 545 constituyentes? ¿Cuánto cuestan los salarios de los asistentes, secretarias, asesores, choferes, guardaespaldas y equipos técnicos y administrativos que prestarán servicio a los constituyentes? ¿Cuál es el costo de la cuantiosa y variada logística que se requiere para garantizar el adecuado funcionamiento de las plenarias, comisiones y sesiones especiales de los señores constituyentes?

Al final, millones y millones de ejemplares de “la mejor constitución del mundo”, editados en todos los tamaños, formatos y colores, irían a parar a los basureros de todo el país para ser sustituidos por millones y millones de nuevas constituciones pagadas con recursos presupuestarios públicos, vale decir de nuestros ya empobrecidos bolsillos.

Menester será impedir que esas constituciones vayan a la basura como pretenden Maduro y su gobierno. En sus páginas y su articulado se encuentran las bases jurídicas y las herramientas democráticas necesarias para acometer las soluciones a los problemas que vive el país.

Bienvenido debería ser todo aquello que favorezca y fortalezca las luchas populares en defensa de la constitución. Adelante todo lo que sume y multiplique, atrás todo aquello que reste, divida y contraríe el carácter pacífico de esas luchas.

Y, por supuesto, es de Perogrullo alentar, tender puentes y acoger positivamente toda disidencia o desprendimiento que, en defensa de la constitución, pueda darse en el seno del oficialismo.

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

La verdad es que, una vez que llegó a la Presidencia en 1999, Hugo Chávez Frías no le frió las cabezas a los adecos en aceite como había anunciado en un mitin interiorano. Pero su grave amenaza, así haya sido en sentido figurado, fue una mala semilla que aquel hombre sembró, fertilizó y regó con saña hasta su muerte para dejarnos esta terrible cosecha de odio, división y sed de venganza que por largo tiempo hemos venido padeciendo en Venezuela.

Así como algunos adecos insisten en negar que durante el gobierno de Rómulo Betancourt este dio la orden de “disparar primero y averiguar después” contra cualquier presunto subversivo, también la élite oficialista de hoy niega que Chávez dijera antes de ser Presidente que freiría la cabeza de los acciondemocratistas. Pero ha sido tal la pestilente retahíla de amenazas, imprecaciones, agresiones, insultos y descalificaciones que su líder supremo prodigó desde el poder a quien osara oponerse a su proyecto político y personal, que casi nadie duda que Chávez haya dicho lo que dijo y de lo cual no quedó prueba documental porque hace 20 años no había en manos del público, como sí ahora, muchos millones de teléfonos móviles  equipados con cámaras fotográficas y de video, grabadoras de voz y demás aditamentos.

Hoy, de cualquier acontecimiento, por remoto u oculto que parezca estar, siempre relucirá algún registro tomado abierta o furtivamente por alguien para dejar constancia de cuanto ocurre bajo el sol.

Así que de la multitudinaria manifestación del sábado 19 de mayo efectuada en Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática quedaron numerosos videos que hablan de la voluntad de cambio democrático en paz de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, cuyas protestas callejeras cumplían aquella mañana cincuenta días consecutivos. Cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades y proveniencias sociales, color de piel, religión, condiciones físicas y preferencias sexuales, caminaron varios kilómetros desde sus casas para llegar al punto de concentración y desbordar un enorme trecho de la más ancha y larga autopista capitalina, mientras manifestaciones similares se replicaban por todo el país.

Pero también quedaron, para vergüenza de quienes defendemos ardorosamente y participamos de la justa protesta popular, registros documentales irrefutables de un hecho barbárico e inaceptable: un joven es golpeado salvajemente y acuchillado, para luego ser prendido en fuego por una turba de encapuchados que, por suerte, no lo mataron pero quemaron gravemente la mayor parte de su cuerpo y le dejaron heridas físicas y mentales para el resto de sus días.

No hay argumento para justificar semejante salvajada. Si el muchacho era un presunto infiltrado chavista o un delincuente común que estaba robando a algunos manifestantes, como se ha dicho contradictoriamente, no son razones para validar tal atrocidad que, para felicidad del gobierno, termina por desdibujar la acción no violenta de millones de venezolanos que vienen ejerciendo el derecho constitucional a manifestar en paz y enfrentan la represión policial, militar y paramilitar del gobierno.

De las millones de historias hermosas que se juntaron ese día para construir aquella contundente manifestación unitaria quedaron muchísimos videos profesionales y, sobre todo, de ciudadanos trocados en reporteros espontáneos. Sin embargo, lo que trascendió masivamente por los medios y las redes sociales, en Venezuela y en todo el mundo, fue aquella espantosa y bochornosa pieza en la que un hombre desnudo corre quemado por acción de un puñado de desalmados.

Quienes cometieron esa acción criminal jugaron en beneficio del gobierno, al cual sirvieron en bandeja de plata argumentos para tildar de violentos a todos los opositores, recrudecer la represión y tratar de resquebrajar el amplio apoyo internacional alcanzado por las justas manifestaciones que tienen lugar en el país por el restablecimiento del orden constitucional y el cambio democrático en paz.

Es el gobierno el principal impulsor y ejecutor de la violencia. Y lo hace porque ese es el terreno en el que mejor se mueve y su arma más poderosa. La nuestra es la acción pacífica, la única que suma y multiplica. Por desgracia, esta tiene enemigos no solo en el oficialismo sino también en ciertos sectores ultrarradicales que favorecen los intereses del gobierno, bien sea accidental o deliberadamente. Entre esos están quienes apalearon y quemaron al joven en Altamira y que, puestos alguna vez en posiciones de poder, disfrutarían de achicharrar en aceite la cabeza de los chavistas o de cualquier otro cristiano que les caiga en gracia.

@mario_villegas

mariovilegas100@gmail.com

No dudo que, al igual que dice hacerlo el presidente Nicolás Maduro, las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral duerman como unas bebecitas. A pierna suelta. Tranquilas. Imperturbables.

Pero lo cierto es que son ellas, intuito persona, las primerísimas y más grandes responsables de la grave tragedia que estamos viviendo en las calles venezolanas.

Son Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández quienes, teniendo la responsabilidad constitucional de convocar, organizar y ejecutar los procesos electorales en el país, han incumplido sus obligaciones y bloqueado la salida a la crisis por la que atraviesa la república en esta sangrienta, dolorosa y fatídica hora nacional. Excluyo expresamente al rector Luis Emilio Rondón porque existe suficiente testimonio documental para asegurar que ha exigido y aportado su concurso para que el organismo honre sus deberes constitucionales y legales, pero ha sido triturado por la aplanadora roja rojita en las decisiones del cuerpo rectoral.

Así ocurrió el año pasado con la solicitud de referendo revocatorio presentada por la oposición con muchísimas más firmas de las necesarias (por cierto, la mía está entre las cientos de miles que el CNE desapareció por arte de magia) y también ocurrió con la negativa del cuarteto pesuvista a convocar oportunamente las elecciones regionales previstas constitucionalmente para diciembre de 2016.

Me dirán algunos que es Maduro quien dicta la pauta de lo que las cuatro rectoras hacen y dejan de hacer. Y no les faltará razón, pues en estos tiempos de revolución bonita un telefonazo de Miraflores le afloja los esfínteres a cualquier funcionario y, por muy cabeza de poder público que se ufane de ser, lo pone a bailar al son que Maduro le toque.

Pero, no. Maduro puede decir misa, proponer, sugerir y hasta ordenar lo que le venga en gana, pero la responsabilidad constitucional y legal está en cabeza de los rectores que integran el CNE, por lo cual no están forzados a acatar tales directrices. Ninguna llamada de Miraflores, ni de ninguna otra poderosa latitud nacional ni planetaria, releva a ningún funcionario público de las personalísimas responsabilidades y obligaciones que les atribuyen la constitución y las leyes de la república y que, uno a uno, han jurado cumplir y hacer cumplir.

Así como la constitución no releva de responsabilidad en la comisión de hechos irregulares a ningún militar que se escude en el pretexto de la obediencia debida, con tanta más razón en el mundo civil los funcionarios tienen el deber de cumplir sus obligaciones y, según lo pauta expresamente la carta magna, no se pueden escudar para no hacerlo en órdenes superiores o en ningún otro artilugio, menos aún en el caso de funcionarios que ostentan la conducción colegiada y autónoma de uno de los cinco poderes públicos.

Ya basta de evasiones y de complicidades. ¿Tiene que tronar más fuerte el río de sangre que corre por las calles de Venezuela para que las señoras del CNE despierten a la realidad y convoquen a las elecciones regionales y municipales pendientes, con sus correspondientes cronogramas electorales?

Que Maduro haya convocado una fraudulenta constituyente no es excusa, como tampoco lo es que algunas voces ultrarradicales consideren insuficiente las regionales y municipales. Pero no vacilo en sostener que jamás será preferible seguir contando muertos que pasar a contar votos. Dicho de otra manera: el pueblo prefiere poner los votos que poner siempre los muertos.

Si el CNE procediera a convocar con todas sus formalidades los procesos electorales pendientes, obviamente que en el país se desencadenarían nuevas realidades políticas que harían viable y más cercana la recuperación de la paz entre los venezolanos.

Podrían, entonces, abrirse espacios a una conveniente y necesaria negociación política seria, productiva y verificable que, con el auxilio de una mediación verdaderamente imparcial y confiable, permita iniciar la restauración del orden constitucional, garantizar el respeto a la Asamblea Nacional, propiciar la cooperación institucional en la urgente solución a la crisis humanitaria en alimentación y salud, así como poner en la calle a todos y cada uno de los presos políticos.

Al concentrar mis cuestionamientos en las rectoras del CNE no faltará quien me acuse de violencia de género. Que yo sepa, la constitución no distingue al obligar a los funcionarios y funcionarias a cumplir la ley. Pero, por el contrario, son las rectoras del CNE quienes han incurrido en violencia institucional al cerrar las vías electorales. Esa sí es violencia de género. Sí, contra todo el género humano que habita en Venezuela.

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

En 1999 voté con entusiasmo por la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Lo hice con el firme propósito de contribuir no solo a la creación de un nuevo texto constitucional, sino de inaugurar una nueva era profundamente democrática, soberana, justa e inclusiva para Venezuela.

Meses más tarde voté nuevamente, esta vez para seleccionar a los hombres y mujeres en cuyas manos los venezolanos depositaríamos nuestras esperanzas y nuestro destino. Para esa escogencia me guié por mi propia conciencia y no por directrices de nadie. Así que di mi voto a candidatos de diversas proveniencias políticas. A título de ejemplo menciono a dos: mi hermano Vladimir y el apreciado y respetado amigo Claudio Fermín. Por suerte, ambos resultaron electos y ejercieron con inteligencia, madurez e hidalguía tal representación.

Unos cuantos meses después, volví a acudir a las urnas electorales. Aún con naturales diferencias respecto a algunos de sus artículos, voté afirmativamente por la nueva Carta Magna. En mi opinión se trataba -se trata- de una constitución mucho más completa y avanzada que la de 1961 en diversas materias, tal como ahora lo reconocen muchos de quienes entonces sufragaron contra ella.

Pero apenas había cumplido ocho años la nueva ley de leyes cuando ya el entonces presidente Hugo Chávez Frías se empeñó en desnaturalizarla radicalmente. En el año 2007 quiso modificar nada menos que 69 artículos de la que antes había calificado como la mejor constitución del mundo pero que ahora le quedaba pequeña para su proyecto autoritario, militarista y excluyente. Volví entonces a las urnas electorales y, al igual que millones de otros venezolanos, votamos contra semejante despropósito y le propinamos a Chávez su primera y personalísima derrota electoral. Fue un gran triunfo el que obtuvimos la mayoría de los venezolanos, pese a que el mandamás de Miraflores lo tildó de “victoria de ****”.

Hace poco escuché al abogado constitucionalista y hoy alcalde Gerardo Blyde decir que, a partir de aquel momento, la Carta Magna se convirtió efectivamente en la Constitución de todos los venezolanos, tanto de quienes votaron por ella en 1999 como de quienes, habiéndolo hecho en contra en sus inicios, la defendieron en 2007 de su deformación. Me encuentro entre quienes la apoyamos al nacer y entre quienes la defendimos de morir en aquel trance. Así que soy doblemente doliente de esta constitución.

Hoy no necesitamos una nueva constitución. La que tenemos es lo suficientemente capaz de dar soporte jurídico a las políticas y medidas necesarias para sacar a Venezuela de la crisis, así como para iniciar la construcción de un mejor país.

Los problemas políticos, económicos y sociales que hoy padecemos no están originados en las normas constitucionales sino más bien en su sistemático desconocimiento y violación. Dar paso a un nuevo proceso constituyente lejos de traer soluciones a los gravísimos males que corroen a nuestra nación nos alejaría de ellas y agregaría nuevas dificultades, riesgos y frustraciones a una sociedad literalmente hambrienta, enferma, agotada y desesperada.

Un país que arde hoy por los cuatro costados y parece írsenos por el barranco de la violencia y de la anarquía no está para seguir perdiendo tiempo, tampoco para evasiones, para engaños, ni fantasías. No está para seguir regando las calles de sangre, de muerte y de destrucción. Por esa vía nadie gana, todos perdemos.

Aparte de que su iniciativa de constituyente corporativa es una burla más al espíritu y la letra de la carta magna, la convocatoria a un proceso constituyente anunciada el 1° de mayo por el presidente Nicolás Maduro abona precisamente en la dirección contraria a la seriedad y responsabilidad que le reclama el delicado momento que vive la república.

Igual digo a mis amigos de la oposición democrática. A un mes de iniciadas las legítimas protestas y manifestaciones, la mayoría de las cuales he acompañado personalmente en la calle, es tiempo de aterrizar en resultados concretos que viabilicen el restablecimiento del orden constitucional violentado por el gobierno y los cambios democráticos en paz que reclama la inmensa mayoría de los venezolanos.

Sin vacilaciones me anoto e insisto en la tesis de una conveniente y necesaria negociación política seria, productiva y verificable, a cuyos efectos no hay que renunciar a ningún principio, ni sacrificar ningún derecho. En esto soy tanto o más papista que el papa Francisco, cuya prédica reiterada en favor de la paz y la reconciliación entre los venezolanos acompaño plenamente.

@mario_villegas
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