En la antigua democracia representativa, el privilegio de la inmunidad parlamentaria tuvo como sus principales usuarios y beneficiarios a los diputados y senadores de la izquierda venezolana.

Ese fuero parlamentario hizo posible que muchos y destacados legisladores investigaran a fondo y denunciaran públicamente muchos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos de Acción Democrática y Copei. También permitió que parlamentarios en ejercicio protegieran e impidieran la detención o lograran la libertad de dirigentes políticos y sociales amenazados o reprimidos y encarcelados por los cuerpos de seguridad del estado.

Las investigaciones y denuncias que, siendo diputado, pudo efectuar José Vicente Rangel a propósito del horrendo asesinato de Alberto Lovera y otros crímenes durante la cruenta década de los 60, las hizo precisamente protegido por la inviolabilidad de su fuero parlamentario.

En las décadas finales de la llamada Cuarta República, en ejercicio de la función parlamentaria y amparados por la inmunidad, los legisladores nacionales podían penetrar a las sedes policiales, recintos carcelarios, centros hospitalarios y despachos públicos de distinta naturaleza, por cuyos jerarcas eran atendidos y en el desarrollo de alguna inspección o investigación, el trámite de alguna liberación o la gestión de algún otro objetivo de interés público.

El acceso de los representantes populares a las penitenciarías y demás centros de reclusión era frecuente. Investidos de inmunidad, ingresaban incluso a espacios recónditos vedados al común.

Para muestra, un botón. En una ocasión, siendo diputado al Congreso y en uso de su fuero parlamentario, mi hermano Vladimir penetró hasta los sótanos de la antigua DISIP y, para su sorpresa, en uno de esos diminutos calabozos de castigo conocidos como “tigritos” encontró recluido nada menos que a Nicolás Maduro, quien años más tarde sería el Presidente de la República y quien ahora pretende ser el verdugo y sepulturero de la inmunidad parlamentaria.

El muy apreciado amigo David Nieves, uno de los antiguos compañeros de Maduro en la vieja Liga Socialista, fue un notable beneficiario de la inmunidad parlamentaria. Preso en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez por su presunta participación en un grave delito, el secuestro del industrial norteamericano William Frank Niehous, pudo ser candidateado al Congreso en 1978 y, al resultar elegido por cociente nacional, debió ser puesto en libertad. Fue directo de un calabozo a la Cámara de Diputados.

Por cierto, la democrática figura de los parlamentarios por cociente nacional fue erradicada de la legislación electoral por el chavismo, al liquidar la necesaria y muy justa representación proporcional de las minorías.

Otro personaje viviente ligado al chavismo que en su momento se favoreció de la inmunidad emanada de su elección es el secretario general de Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui, quien para 1993 se encontraba preso desde años atrás acusado de presuntos delitos cometidos en su accionar guerrillero. La Causa R lo postuló a diputado por Caracas como suplente de mi hermano Vladimir y ambos ganaron la curul. Tras juramentarse como diputado principal, mi hermano se desincorporó para dar paso a su compañero preso, quien debió ser liberado inmediatamente por el gobierno y juramentado en el Congreso sin dilación.

Sobre el uso legítimo de la inmunidad parlamentaria en otros tiempos hay historias a montón. También de su indebido aprovechamiento, que es la excepción. Pero el balance de esta institución parlamentaria de origen y vigencia internacional, es absolutamente positivo como instrumento para la protección de quienes representan la voluntad popular.

Ya desde hace años, la gobernante cúpula roja-rojita ha venido desconociendo y burlando la investidura de los legisladores y su correspondiente fuero. Tanto, que han pretendido limitarlos al recinto físico de la Asamblea Nacional y, aunque parezca risible, prácticamente al diputado sentado en su curul.

Ahora, a propósito del juicio que se quiere intentar contra el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, la neodictadura da la estocada final a la inmunidad parlamentaria al pasar olímpicamente por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto otorga a la AN la exclusiva facultad de levantar o no la inmunidad de cualquiera de sus integrantes. Según el artículo 200 de la carta magna vigente, no hay otro poder ni presunto suprapoder que pueda atribuirse esa facultad y, muy por el contrario, asigna responsabilidad penal a quien quiera que lo haga y viole la inmunidad parlamentaria.

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

Está claro, clarísimo, que el gobierno no quiere que el descontento popular se exprese a través del voto. Tampoco lo quieren las cuatro rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral.

Si el combo del presidente Nicolás Maduro y las señoronas del CNE tratan por todos los medios de obstaculizar, de impedir o de anular el voto castigo, por algo será. ¿Y será que los demócratas van a complacerlos y a permitir, no acudiendo a votar, que el régimen siga reteniendo y apropiándose de cada vez más y más espacios de poder institucional? ¿Será que, por ausencia de candidatos demócratas y por abstención del electorado opositor, los rojo-rojitos no solo van a mantener las alcaldías que ahora desgobiernan sino también a ponerle sus garras a las que hoy se encuentran en manos de la oposición?

Algunas importantes organizaciones políticas han declinado y, con explicaciones sumamente contradictorias, han terminado por complacer el propósito del régimen de ahuyentarlas de las urnas electorales. Tanto nadar para morir en la orilla.

En efecto, el ventajismo gubernamental es cada vez más obsceno y las condiciones electorales impuestas por el CNE son cada vez más antidemocráticas. En la era chavista, los procesos electorales nunca fueron ni jamás serán un escenario en el que las fuerzas democráticas puedan competir en condiciones medianamente equitativas con las del régimen.

En ese marco, hay que saludar la decisión de otras organizaciones políticas de no abandonar el escenario electoral por muy adverso que este pueda ser.

El voto, herramienta democrática que expresa la voluntad del individuo y de los pueblos para definir pacíficamente su destino, no debería silenciarse jamás.

El mío es uno, apenas uno, entre 20 millones que tendrán derecho a pronunciarse en diciembre para elegir a los alcaldes de 335 municipios en todo el país.

Es uno de los más de 6 millones y medio que se manifestaron en diciembre de 2015 por un cambio en la Asamblea Nacional y uno de los 7 millones y medio que el 16 de julio de este año atiborraron las urnas en el referendo popular celebrado por la oposición democrática.

Es uno que sintió verdadera envidia por el de quienes tenían derecho a expresarse en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, lo cual nos está vedado a los habitantes del Municipio Libertador pues aquí no elegimos gobernador.

Así que ahora, que tengo el derecho y la oportunidad concreta de castigar la muy ruinosa gestión del alcalde Jorge Rodríguez y de sacar del Palacio Municipal al autoritarismo y la corrupción, no voy a quedarme a esperar desde el balcón a ver qué pasa, como testigo silencioso, indolente o irresponsable. Digo desde ya, a apenas un mes de las elecciones, que ese día voy a salir a estampar mi voto en la tarjeta de Avanzada Progresista en apoyo a la exconcejal Maribel Castillo, una incansable y meritoria luchadora política y social, cuya candidatura también cuenta con el respaldo del Movimiento al Socialismo y del Partido Socialcristiano Copei.

Un voto, un votico, puede parecer irrelevante en el universo electoral venezolano, pero tiene una importancia verdaderamente significativa, mucho más en la actual coyuntura. No será por mí que el gobierno se quede con la alcaldía capitalina ni que nos arrebate la confianza en el sufragio como herramienta democrática de cambio. Es un aporte pequeño, pero muy firme. Es un voto que no se rinde.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

La vida suele colocar a los seres humanos ante situaciones dilemáticas de muy difícil resolución. Si esto es así para cualquier persona, tanto más para los conductores de colectividades humanas de distinta naturaleza y dimensión, quienes se ven forzados a tomar decisiones que no solo les afectan a título individual, sino que comprometen el destino de muchas personas.

Este es el caso de los líderes políticos, frecuentemente colocados ante encrucijadas que les exigen descifrar enredos para escoger el camino correcto entre varias rutas escabrosas, algunas de ellas disfrazadas con tentadora o menos riesgosa apariencia. Muchas veces les toca escoger entre dos males el mal menor. Si son dilemas difíciles en democracia, lo son más complicados aún en épocas de dictaduras o neodictaduras.

Tremenda y complicada disyuntiva era la que, una vez electos, obligaba a los cinco gobernadores de oposición a decidir si juramentarse o no ante la ilegítima constituyente. Cuatro de ellos decidieron hacerlo y uno no. A mi juicio, sobran razones para fundamentar una y otra posición.

Me viene al recuerdo un episodio ocurrido en tiempos de la dictadura militar perezjimenista, cuyas cárceles se encontraban repletas de presos políticos. En una oportunidad, el régimen les puso como condición para darles libertad la firma de una caución en la que cada uno se comprometía a no participar más en actividades políticas contrarias a la dictadura. El tema desató un debate en el ámbito político, dentro y fuera de las prisiones. Mi padre, militante del entonces ilegalizado Partido Comunista, estaba recluido en uno de esos penales y era firme partidario de suscribir la caución para, una vez en la calle, incumplirla y reincorporarse en la clandestinidad a las luchas antidictatoriales. No obstante, el PCV decidió lo contrario y mi padre, por disciplina partidista, se inhibió de firmar el documento y se caló varios años más tras las rejas y un confinamiento forzoso a las selvas del Amazonas. Varios presos que militaban en otros partidos decidieron firmar la caución y pudieron reintegrarse a la pelea contra el régimen. Había suficientes razones políticas y éticas para firmar aquel falso compromiso y también suficientes razones políticas y éticas para no hacerlo. Ninguna de esas posiciones podía considerarse una traición. Todos esos luchadores eran necesarios para el combate contra la tiranía.

Cuando uno analiza las razones del gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, para no prestar juramento ante la ANC, tiene que concluir que sus argumentos son perfectamente válidos. Pero cuando escucha a los gobernadores de Táchira, Leidy Gómez, de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, de Mérida, Ramón Guevara, y de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, llega a la conclusión de que también son poderosas las razones que esgrimen para haber soportado la humillación de apersonarse ante la ilegítima ANC para no sacrificar al soberano que los eligió y poder asumir, en medio de viejos y sobrevenidos obstáculos, la conducción de esas gobernaciones, rescatarlas del autoritarismo y la corrupción, y desplegar políticas y programas que beneficien de verdad al pueblo y al desarrollo de sus estados.

Ambas son posiciones políticas comprensibles. Por eso me resisto a considerar héroe o traidor a ninguno de los cinco gobernadores.

Los que fueron a la Casa Amarilla lo hicieron en la práctica ante un acto de fuerza, un abuso de poder, que de ninguna manera otorga legitimidad a la ANC por ser írrito legalmente e inválido moralmente, aunque sea útil a la propaganda chavista y le dé alimento al canibalismo de las redes sociales.

Me pregunto si quienes despellejan a esos gobernadores no legitiman a la neodictadura cada vez que, por ejemplo, pagan el IVA, o algún servicio público, o realizan algún trámite ante un despacho gubernamental después de haberse declarado en desobediencia. O, peor aún, cuando alguno que otro desobediente comecandela se postuló como candidato a gobernador en las primarias de la oposición.

Si la lógica que algunos factores políticos emplean para acusar a los cuatro gobernadores la aplicaran a sus propias actuaciones, tendrían entonces que convenir que sus parlamentarios y toda la Asamblea Nacional incurrieron en similar debilidad al dejarse arrebatar su emblemático Palacio Federal Legislativo por la tal constituyente y pasar a convivir con ella en condición de arrimados.

El origen de la crisis por la que atraviesa la oposición está en no haber sabido administrar y en dilapidar la abrumadora victoria y el enorme capital político que alcanzó en las elecciones parlamentarias de 2015, tras las cuales se atoró en afanes inmediatistas para defenestrar a Nicolás Maduro antes de 2018 al costo que fuera.

Mario Villegas 

mariovillegas100@gmail.com

En la vida hay acontecimientos que llenan al ser humano de enorme felicidad. Uno de esos me lo deparó Movilnet en estos días.

Desde hace décadas, la empresa tiene en vigor un plan institucional que premia a sus usuarios cada vez que estos cumplen aniversario de haber adquirido y mantenido en uso la misma línea telefónica. Recuerdo que todos los años, Movilnet me entregaba gratuitamente un teléfono celular de última generación en obsequio a mi lealtad. Y yo no era una excepción, pues lo mismo hacía la empresa con cada uno de los miles y miles de usuarios de sus servicios postpago.

Así ocurría año tras año. Mientras mayor era el uso y el consumo de la línea telefónica, mayor era la calidad y el precio del teléfono recibido en premio. Una relación en la que la empresa ganaba y también el usuario. Eso que llaman ganar-ganar.

El plan lealtad se mantiene, pero ahora con otras características. Así que en estos días, cuando cumplí veintinosecuantos años como usuario de la telefónica, recibí este agradabilísimo mensaje: “Gracias por tu lealtad. Celebras un aniversario más con Movilnet. Por ello te obsequiamos Bs. 257,67 en tu factura”.

¡Qué felicidad tan grande!

La misma empresa, la mismita que antes me regalaba un moderno aparato celular cada 365 días, ahora en manos rojas-rojitas me regala en su factura de servicios un descuento por la maravillosa cantidad de doscientos cincuenta y siete bolívares con sesenta y siete céntimos. ¡Una verdadera fortuna!

Ahora no sé qué hacer con ese realero que me voy a ahorrar en el pago de la factura: ¿Darlo en inicial para un apartamento? ¿Comprarme un carro nuevo? ¿O disfrutar de unas soñadas y bien merecidas vacaciones en Europa?

¡Pero qué desilusión! El premio de Movilnet no alcanza ni siquiera para comprarme un caramelo, que al día de hoy cuesta el doble de lo que me regaló la empresa telefónica. Tampoco para pagar el pasaje de ida en una camionetica caraqueña.

A decir verdad, la versión “revolucionaria” del plan lealtad es más bien un fiasco. Una auténtica burla. La guinda que adorna un servicio de telefonía móvil cada vez más deficiente.

Es, en definitiva, expresión y muestra inequívoca de la involución, de la decadencia en la que el Socialismo del siglo XXI ha sumido al país.

Tristemente, vamos pa’tras como el cangrejo. Y ojalá fuera solo en materia telefónica.

Venezuela está materialmente empobrecida. Así está el aparato productivo nacional. La industria en todas sus ramas. También la producción agrícola y pecuaria. Así están nuestras escuelas, liceos y universidades. Nuestros centros de salud. Nuestras calles y avenidas. Nuestros acueductos, nuestro sistema eléctrico nacional. Y, sobre todo, empobrecidas nuestras familias en la inmensa mayoría de la sociedad venezolana.

Resultado, todo-todito, de políticas públicas erradas diseñadas y ejecutadas por funcionarios comprometidos con un modelo que no puede sino tragarse el patrimonio público y vomitar cada vez mayor miseria sobre la población.

Insisto en que como el presidente Nicolás Maduro no va a cambiar el modelo y sus correspondientes políticas, habrá entonces que sustituir a Maduro. Hacia allá, y en todos los escenarios pacíficos, debe dirigirse el empuje político y electoral de las fuerzas del cambio democrático.

Y en cuanto al premio de Movilnet, ya decidí qué hacer. No me queda otra que guardar ese dinero y esperar el premio del año que viene para completar y comprarme un caramelo. Si es que la inflación me lo permite.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

Envidia. No tiene otro nombre. Es envidia lo que siento por los hombres y mujeres que el 15 de octubre van a tener en sus manos la posibilidad de infligirle al gobierno una categórica derrota electoral y política.

Hace varias semanas comenté en Twitter que tenía mil razones para ir a votar en ese proceso y una sola para no hacerlo: vivo en el municipio Libertador de Caracas, donde no elegimos gobernador. He allí, entonces, la causa de mi envidia.

Y, ciertamente, es un verdadero privilegio poder hacer en esas elecciones todo lo contrario a lo que el gobierno quiere que la gente haga. Si a la jerarquía oficialista le interesa que el país descontento (que es la inmensa mayoría) no se pronuncie electoralmente, por algo será. Si la enchufadocracia promueve la abstención, por algo será. Si el Consejo Nacional Electoral se la pone súper difícil a los partidos políticos de oposición y a sus electores, entorpeciendo las sustituciones de candidatos, cerrando centros de votación y demás arbitrariedades, por algo será. Si fue separada la elección de gobernadores de la correspondiente a los consejos legislativos regionales, por algo será.

El gobierno quiere desalentar el voto opositor y generar división y dispersión en las fuerzas del cambio democrático. Pero qué bueno que, tras la materialización de consensos en varias regiones y las elecciones primarias del 10 de septiembre, la alternativa democrática lleva un solo candidato en todos y cada uno de los veintitrés estados de la república. ¡Un solo candidato!

La única manera de que el gobierno sueñe con obtener algunas gobernaciones es que el inmenso descontento nacional no se exprese a través del voto. Que el pueblo se exima de ir a las urnas electorales a castigar al causante de su creciente miseria y empobrecimiento, de la hambruna que atormenta a niños y a adultos, de la carestía de la vida y el desabastecimiento de alimentos, de los pésimos servicios de salud y la carencia de medicamentos, de la destrucción del aparato productivo, del forzoso desempleo, de la insoportable criminalidad e inseguridad, de la violación sistemática de los derechos humanos, de la criminalización de la protesta, de la cruel represión, del asesinato y encarcelamiento de jóvenes y adultos que luchan contra la neodictadura.

El 15 de octubre hay que ir a votar y aprestarse a defender el voto en las mesas y demás instancias electorales durante los procesos de escrutinio y auditorías.

Ser parte de esa victoria será, como dije más arriba, un verdadero privilegio. Quienes tengan derecho al voto, deben ejercerlo con firmeza, sin vacilaciones, en la seguridad de que la suma de todos esos sufragios configurará un tsunami electoral y político en favor del cambio democrático. Y quienes no tenemos derecho a ejercer el sufragio, como es el caso de quienes estamos registrados electoralmente en el municipio Libertador, o quienes viven en el exterior del país, podemos y debemos contribuir de distintas maneras a promover y defender la participación electoral para propinarle una soberana derrota a la prepotencia gubernamental.

Cada quien que escoja la acera donde quiere estar: en la de quienes contribuyeron decididamente a la derrota política y electoral del gobierno o en la de quienes, desde la mezquindad y la frustración, ayudaron al oficialismo a retener las gobernaciones en las garras del autoritarismo y la corrupción.

Las gobernaciones regionales en manos de la alternativa democrática darán un formidable envión a la lucha por el cambio y a la necesaria reconstrucción nacional.

¡Usted dirá!

Nota luctuosa

Han fallecido dos valiosos venezolanos de mi más profundo afecto: José Félix Ramírez y Freddy Díaz.Ramírez, dirigente sindical y político, murió en su terruño carabobeño el 30 de septiembre, luego de cumplir 100 años de vida el 29 de julio. Fue dirigente del Partido Comunista, de la Central Unitaria de Trabajadores del Estado Carabobo y de la extinta Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV). Semanas antes de su cumpleaños tuve ocasión de conversar telefónicamente con él, gracias a su hijo Blagoev.

Díaz, profesional de la docencia, fue dirigente de la Juventud Comunista, en cuyo seno trabamos relación de compañerismo y amistad en los años 60´, y luego cofundador del Movimiento al Socialismo, de cuya dirección nacional fue destacado miembro. Fue parlamentario en el antiguo Congreso de la República y rector del Consejo Nacional Electoral. Murió el 3 de octubre.

Ambos, José Félix Ramírez y Freddy Díaz, tuvieron en común una entrega plena a la lucha por sus respectivos ideales y una vida honesta y discreta, como corresponde a hombres de su particular estirpe. Mis condolencias a sus familiares, compañeros y amigos.

@mario_villegas
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Dos meses atrás, Donald Trump asomó el garrote y dijo no descartar una opción militar para Venezuela. Obviamente, semejante declaración concitó el rechazo de quienes en el mundo postulan la solución pacífica de las controversias entre países y a lo interno de cada país.

Infinidad de naciones se pronunciaron en rechazo a la sola posibilidad de una invasión norteamericana. Tan torpe fue la afirmación del presidente de Estados Unidos que parecía más bien destinada a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyos puntos democráticos a escala mundial se encuentran por el subsuelo.

De inmediato, gobiernos de todo el orbe se pronunciaron contra lo que consideraron una clara amenaza hacia Venezuela. Así lo hicieron incluso muchos estados cuyos mandatarios y cancillerías habían condenado antes el rompimiento del orden constitucional y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de nuestro país. Después de ser denunciado y condenado por tutilimundi, Maduro agarraba el trapo que le lanzó Trump y se vestía de víctima.

En el planeta es cada vez mayor el rechazo al uso de la fuerza contra ningún país, no solo por lo que significa en quebrantamiento del derecho internacional y en muerte y destrucción para la nación agredida, sino también por el grave peligro que cualquier conflicto bélico representa para el frágil equilibrio internacional y la paz mundial.

Pero no solo las invasiones o ataques militares y las amenazas del uso de la fuerza resultan antipáticas para la comunidad internacional. También los bloqueos y cercos económicos generalmente reciben amplio rechazo de los estados por los penosos sufrimientos que los mismos acarrean a la población civil de los países afectados. Aparte de que tales medidas han demostrado su absoluta inutilidad para modificar el sistema político de alguna nación. El caso de Cuba, tras más de 50 años de bloqueo norteamericano, es más que elocuente.

Cosa distinta son las llamadas sanciones individuales que el mismo gobierno estadounidense, y luego Canadá, han dictado específicamente contra personeros del régimen que ahoga la democracia y las libertades en Venezuela.

Cada país es libre de determinar las condiciones para que un ciudadano extranjero ingrese, permanezca, mantenga propiedades y haga negocios dentro de su territorio. Se trata, sin duda, de una materia inherente a la soberanía y autodeterminación de las naciones.

Por supuesto, la legislación internacional, en materia de inmunidades diplomáticas y de comercio exterior, entre otras, así como el principio de reciprocidad en las relaciones entre los estados, tienen particular incidencia en el tratamiento que los gobiernos dispensan a determinados ciudadanos extranjeros, investidos o no de alguna autoridad o representación en sus respectivos países.

Que un estado permita o niegue a un forastero el acceso a su territorio es asunto de su exclusiva determinación. Justo es recordar que tanto el gobierno de Hugo Chávez, como ahora el de Maduro, han impedido el ingreso a Venezuela de determinados visitantes que les resultan incómodos. El caso más reciente es el del periodista argentino Jorge Lanata, devuelto desde el aeropuerto de Maiquetía a Panamá.

Pero la prepotencia y el ánimo inquisidor ha alcanzado tales extremos en el madurismo, que en la llamada Asamblea Nacional Constituyente ha llegado a plantearse hasta la aberración de quitarle la nacionalidad venezolana a líderes de la oposición que han denunciado ante la comunidad internacional la desviación dictatorial del régimen.

Si los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han elaborado sendas listas de funcionarios y otros ciudadanos venezolanos no gratos en sus territorios están actuando conforme a sus propias potestades.

Es de presumir que para los jerarcas rojo-rojitos incluidos en esos listados no debería ser ninguna tragedia no poder turistear o tener bienes y negocios en esos países, generalmente denostados en el discurso chavista. De hecho, la creación de la CELAC tuvo precisamente el propósito de activar un mecanismo paralelo a la OEA sin la odiada presencia de los Estados Unidos y Canadá.

Se entiende, entonces, que algunos de los jerarcas señalados en las listas hayan dicho considerarse honrados de haber sido incluidos.

Total, a esos compatriotas premiados todavía les quedan 191 países en todo el mundo y 33 en el continente americano, en los cuales pueden hacer turismo plácidamente, adquirir propiedades, emprender actividades mercantiles y hasta residenciarse, si fuere algún caso.

Ningún demócrata auténtico aceptaría sanciones contra el pueblo venezolano. Contra individualidades, es asunto de ellas.

@mario_villegas

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Exactamente seis años atrás, el 17 de septiembre de 2011, el entonces opositor partido Podemos anunciaba públicamente su apoyo a la precandidatura de Henrique Capriles Radonski con vistas a las primarias presidenciales que la Mesa de la Unidad Democrática celebraría el 12 de febrero de 2012.

Entre los vítores de una nutrida y entusiasta militancia, el diputado Ismael García, secretario general de esa organización, alzaba la mano a un feliz Capriles, cuyo rostro resplandeciente ponía en evidencia la importancia de aquel oportuno y significativo apoyo para la tarea de obtener la candidatura opositora, lo cual logró por amplio margen, y posteriormente enfrentar el empeño reeleccionista de Hugo Chávez Frías.

Con vistas a la campaña presidencial de octubre de 2012, una maniobra político-judicial terminó arrebatándole la tarjeta electoral a la genuina dirigencia de Podemos, en vista de lo cual García juntó sus fuerzas a las del gobernador larense Henri Falcón, con quien fundó en junio de ese año el partido Avanzada Progresista.

Tanto en esa campaña de Capriles frente a Chávez, en la que el ya enfermo Presidente resultó victorioso, como después frente a Nicolás Maduro, tras la muerte del reelegido mandatario, García y Falcón jugaron papel estelar. De hecho, el gobernador de Lara ejerció la jefatura de campaña de Capriles, quien perdió por muy estrecho margen.

En diciembre de ese mismo año, García fue candidato de la oposición a la Alcaldía de Libertador, en Caracas, con el justiciero Jorge Millán como jefe de campaña.

Tal era la identidad política alcanzada entre Ismael y Primero Justicia, que al cabo de escasos días de su fallida candidatura, ya él y otros dirigentes de AP habían decidido incorporarse a las filas negriamarillas. El anuncio, sin embargo, no se hizo oficial sino hasta el 14 de marzo de 2014, cuando Julio Borges y Tomás Guanipa les dieron la bienvenida. Este último, secretario general de PJ, dispensó emocionados elogios hacia García, a quien reconoció como un valioso referente comprometido con la paz y el futuro de la patria.

A partir de entonces, el ex alcalde de La Victoria se erigió en un destacado dirigente nacional de PJ, con cuyo liderazgo en el estado Aragua logró limar viejas asperezas. Richard Mardo y él terminaron abrochados en una acción política común que llevó a García a ser reelegido diputado a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.

La luna de miel iba muy bien hasta que Ismael decidió aspirar a la gobernación de Aragua, cuya candidatura acaba de ganar en las primarias del 10 de septiembre con el apoyo de AD, AP, VP y el MAS. Hasta hace cinco minutos, García era para los pejoteros un “tremendo dirigente”, ahora lo descalifican públicamente y lo acusan de fraude.

Salvo el de PJ, todos los miembros de la Comisión Electoral Nacional de Primarias de la MUD, lo mismo que de la Comisión Electoral Regional y de los partidos políticos, afirman con actas en la mano que García fue quien ganó. Hasta Luis Rosendo Hernández, quien compitió en esas primaras como precandidato de Un Nuevo Tiempo, lo confirmó y se sumó en acto público a la campaña de Ismael.

¿Cuál es el propósito de PJ al armar un escándalo público sin fundamentos? ¿Por qué descalificar a quien hasta hace nadita era su propio compañero de partido? ¿Han pensado en los efectos políticos que este alboroto puede tener? ¿Están sus intereses parciales por encima de la unidad y de la alternativa democrática? ¿Ver que otras fuerzas políticas aliadas obtienen mejores resultados electorales y políticos los está llevando a perder la brújula? ¿Cuánta responsabilidad propia tiene el liderazgo de PJ en esos resultados, gracias tal vez a sus devaneos ultrarradicales de los últimos tiempos?

La oposición como un todo apoyó en su momento las dos candidaturas de Capriles a la presidencia y sus dos candidaturas a la gobernación de Miranda. Como un todo, ha prestado respaldo a la presidencia de Julio Borges en la Asamblea Nacional. Como un todo, ha acogido democráticamente y dado soporte a lineamientos políticos muchas veces propuestos por PJ en el marco de la MUD. ¿Es justo que en el caso de Aragua se comporte en términos ajenos al reglamento electoral suscrito y respetado por todas las fuerzas que componen la alianza opositora?

A decir por el modo en que han montado semejante escándalo, los voceros negriamarillos no hacen ningún honor a la palabra justicia que adorna el nombre de su organización. En el comentado caso de Aragua, parece que le queda mejor la jota de jaleo, que según los diccionarios significa jarana, bulla, alboroto, orgía. O lo que es lo mismo, la acción y efecto de jalear, que entre otras cosas quiere decir fastidiar, marear, molestar, soliviantar, hacer ruido, mofarse y burlarse.

@mario_villegas
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Más vale tarde que nunca, dice la sabiduría popular. Pero cabe la pregunta: ¿Había que esperar 18 años para darse cuenta del exacerbado sectarismo con que ha actuado el chavismo desde el poder?

Cuando se lee a Eleazar Díaz Rangel y se escucha a Earle Herrera y a Roy Chaderton hablar del sectarismo que ha caracterizado algunas actuaciones del oficialismo, lo primero que puede provocar a cualquiera es decirles: “Tarde piaron, pajaritos”. Y es comprensible. ¿Van a venir ahora, después de casi cuatro lustros, a darse cuenta de una práctica tan común en el chavismo que parece -y casi con seguridad lo es- absolutamente consustancial a su naturaleza como movimiento político? Tanto es así que dos de estos cándidos descubridores de semejante obviedad, Herrera y Chaderton, han sido no solo testigos silentes sino practicantes de esa misma manera de asumir la política y sus relaciones con los demás desde el pedazo de poder que ambos han podido ejercer en estos años.

En el ámbito de la política, el sectarismo es una conducta propia de agrupaciones cuyo liderazgo y militancia se consideran iluminados y dueños de la verdad absoluta, a la par que menosprecian, segregan y demonizan a quienes piensan diferente y, en especial, a quienes les adversan. Son colectividades cerradas que se resisten a ser “contaminadas” por las ideas, modos y proyectos de los demás. La prepotencia es otro dato característico en estos especímenes que por lo general buscan imponer a troche y moche su verdad.

¿Estos rasgos no han estado sistemáticamente presentes en la conducta del chavismo en el ejercicio del poder? ¿No fue precisamente el fallecido fundador y líder del movimiento quien advirtió que quien no estuviera con él estaba contra él? ¿No fue él quien dividió a los venezolanos entre “patriotas” y “apátridas” y dio pie a la segregación y exclusión de sus adversarios?

Dice Chaderton que un adversario es el que te quiere vencer y enemigo el que te quiere destruir. Según su criterio, quien quiera destruir al adversario es un sectario. Vale la pregunta: ¿Quién prometió y se entregó a la fallida tarea de aplastar y volver polvo cósmico a sus adversarios?

De modo que el sectarismo que mis colegas Díaz Rangel y Herrera y el internacionalista Chaderton descubren ahora en los tiempos de Nicolás Maduro viene desde cuando los tres avalaban y aplaudían la conducta prepotente de aquella expresión suprema del sectarismo que se llamó Hugo Chávez Frías.

Por cierto que el sectarismo chavista no tiene como blanco exclusivo a los opositores e indiferentes, también opera contra sus propios aliados. Basta escuchar las quejas de dirigentes de los partidos del Polo Patriótico para darse cuenta del modo arbitrario y unilateral como se toman las decisiones en el bloque oficialista. La cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela impone a rajatabla sus decisiones a los aliados, cuyo liderazgo no solo es excluido de la toma de decisiones y de las posiciones de gobierno, sino incluso de las pantallas de Venezolana de Televisión y demás medios públicos. VTV es el canal de todos los venezolanos, pero solo de aquellos que dirigen y militan en el PSUV. Curioso que el Partido Comunista, PPT, Redes, MEP, UPV y demás componentes del Polo Patriótico se calen con resignación semejante sectarismo pesuvista.

En Venezuela el sectarismo político no es creación del chavismo, ni exclusivo de este, ni tampoco de los movimientos en el poder. Ya escribía Díaz Rangel sobre el del trienio gubernamental adeco de los años 40. También los comunistas han tenido sus marcadas actuaciones sectarias, lo mismo que en sus respectivos momentos de esplendor lo hicieron los masistas y los causaerristas, quienes sin haber alcanzado el poder total llegaron a ocupar importantes espacios de poder social, municipal, regional y nacional. Las tradicionales divisiones y subdivisiones en la izquierda venezolana siempre tuvieron como trasfondo una buena dosis de sectarismo y de abiertas o encubiertas apetencias personales o grupales.

Y qué no decir de las fuerzas que hoy se oponen al chavismo. También allí se manifiestan tendencias sectarias, tanto dentro como fuera de la Mesa de la Unidad Democrática. Importantes decisiones y actuaciones de la coalición opositora han sido impuestas en su momento por parte de determinados factores, individuales y grupales, con deliberada exclusión de aliados que terminan siendo discriminados por la prepotencia de ciertos iluminados e iluminadas.

El sectarismo es pernicioso en todas sus manifestaciones. Y cuando se trata de su expresión masiva y fanatizada, absolutamente peligroso para la indispensable convivencia democrática.

Es legítimo aspirar a que los venezolanos no sustituyamos un sectarismo por otro.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

“Nuestra gestión es muy buena pero no la hemos sabido divulgar”, es frase común en boca de fracasados e impopulares gobernantes y de sus adláteres.

Cargar la culpa de los malos gobiernos a sus políticas comunicacionales no es nada nuevo. De ello está marcada nuestra historia contemporánea desde mucho antes que Hugo Chávez irrumpiera con sus tanques y sus fusiles vomitando plomo y muerte.

En su reciente conferencia de prensa internacional, el presidente Nicolás Maduro se quejó de las “miles y miles de horas” que dedican los medios del mundo a hablar mal de su gobierno y a desacreditar a la llamada revolución bolivariana. Según él, es una campaña bien orquestada que no deja espacio ni tiempo a voces distintas a aquellas que agreden a su administración y levantan infundios sobre lo que ocurre en Venezuela.

Cuando esto dice, al Jefe del Estado se le sale por los poros la doble moral que le borbotea por dentro: ¿Acaso no son miles y miles las horas que, por mandato gubernamental, dedican los medios públicos y privados a bombardear a los venezolanos con una engañosa propaganda destinada a esconder la gravedad de la crisis que atraviesa el país, a sepultar toda opinión disidente e instalar una visión única de la sociedad?

Forzosas cadenas de radio y TV a cada rato según disponga el capricho presidencial, derroche de dineros de los venezolanos en una profusa publicidad gubernamental, peculado de uso en la utilización de medios y recursos públicos con fines político-partidistas, censura manifiesta y encubierta a periodistas y medios, autocensura inducida a comunicadores y medios bajo amenazas de cierre y chantajes tributarios; discriminación, agresión y detención de periodistas y trabajadores de la prensa en la cobertura de eventos noticiosos… Son todos expedientes, con un largo etcétera, a los que recurre el gobierno desde los tiempos de Chávez para imponer su hegemonía comunicacional. Por cierto, el término “hegemonía comunicacional” no es creación de ningún opositor sino la cruda confesión del entonces ministro Andrés Izarra, cuyas prácticas han sido, en esencia, las mismas en el menú comunicacional oficialista hasta ahora.

La pluralidad comunicacional que reclama en el planeta el presidente Maduro debería comenzar a aplicarla en su propia jurisdicción, donde bastaría con una orden suya para permitir que voces disidentes se expresen en igualdad de condiciones que la de él.

La mala noticia para el madurismo es que su pretendida hegemonía comunicacional ha sido ineficaz hacia adentro y hacia afuera. Así como los venezolanos no se dejan llevar por el “Maduro en el país de las maravillas” que nos pinta la propaganda oficialista, tampoco lo hace la comunidad internacional. La preocupación y alarma del mundo democrático por Venezuela no es resultado de miles de horas de presunta campaña internacional contra el gobierno de Maduro.

¿Acaso no sabe el Presidente que los países y organismos multilaterales tienen aquí sus embajadores y un personal que constata in situ la tragedia que vivimos los venezolanos? ¿Cree que esos gobiernos y organismos están actuando bajo engaño mediático? ¿Supone que la mirada internacional no está al tanto de la hambruna, de la gente comiendo basura, de la crisis en salud, de los pésimos indicadores económicos, de nuestra realidad hospitalaria, de la irrespirable inseguridad ciudadana, de las cotidianas violaciones a los derechos humanos, de los escandalosos hechos de corrupción, del desconocimiento a la voluntad popular y a la independencia de los poderes garantizados por la constitución?

¿Acaso esos embajadores no ven la quiebra de empresas, el cierre de operaciones de aerolíneas internacionales, de fábricas automotrices y otras empresas de capital nacional y extranjero? ¿Piensa Maduro que no ven la forzosa morosidad de empresarios privados con proveedores internacionales de materias primas y equipos? ¿Cree que el mundo no sabe de la millonaria diáspora de venezolanos deambulando por todo el planeta?

Ni miles, ni decenas de miles, ni cientos de miles, ni millones de horas de propaganda pueden tapar la cruda y trágica verdad de la Venezuela de estos días. La hegemonía comunicacional ha sido rotundamente derrotada por la realidad.

Hay un principio corporativo aplicable también a la política: los problemas de gerencia no se resuelven con medidas comunicacionales sino con decisiones gerenciales, en este caso con adecuadas políticas públicas. La mejor política comunicacional es realizar un buen gobierno, no al revés.

Y no hay que olvidar un pensamiento de Abraham Lincoln que no tiene fecha de vencimiento: “Se puede engañar a todo el mundo por un tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

Si usted quiere saber a ciencia cierta lo que es el odio, basta que asome la cabeza por las redes sociales y exponga puntos de vista distintos a los que sustentan los ultrarradicales de todo signo. Una andanada de agresiones, descalificaciones, insultos, vulgaridades y amenazas en su contra le permitirán experimentar el odio en su grado superlativo.

No importa su condición. Ya sea usted hombre o mujer; bien que sea niño, adolescente, adulto o anciano; da igual si es religioso o ateo; esté ubicado en la categoría de pobre, de rico o de clase media; haya tenido formación académica o no; sea cual fuere su color de piel, el deporte y equipos de su preferencia, tenga o no militancia política y gremial, o cualquiera otro etcétera que se le ocurra, si usted no es parte de los sectores radicales se hará acreedor a la máxima pena.

¿Y qué significa la máxima pena? Lo explico: si usted es parte de uno de los extremos radicales, concentrará en sí los ataques del extremo contrario al suyo. Pero si usted osa no ser parte de ninguno de los dos, disfrutará de las consecuencias y será el blanco simultáneo de ambos extremismos. Con un añadido: será usted sospechoso de traición o de las más abyectas perversiones, incluso peores que las atribuibles a cualquiera que integre el extremo enemigo.

A esto, queridos amigos, nos ha traído la siembra de odios alimentada a lo largo de dieciocho años de “revolución”. Por supuesto, los derechos autorales no tienen competidor alguno. El autor intelectual y ejecutor se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, quien su momento estelar tuvo en esa faena muy buenos y efectivos socios en la administración y dirección de importantes medios de comunicación social privados, que no solo reprodujeron sino que multiplicaron a placer semejante despropósito antinacional.

Hoy nos enfrentamos a una Venezuela ultradividida y enfrentada, en el mero borde de una indeseable conflagración interna total. De personas asesinadas ya pasamos de largo el centenar, miles de heridos y cientos de nuevos presos políticos, todo producto de la represión policial-militar-paramilitar y de la violencia callejera. El odio acumulado y extendido no permite reconocer al otro y, mucho menos, aceptar una negociación política con el adversario que posibilite la convivencia democrática y una consulta a la voluntad popular que conduzca a definir si seguimos como estamos o transitamos en paz hacia un cambio progresista e inclusivo.

Quienes del lado oficialista han apostado y justificado la exacerbada confrontación afirman que la división y el odio social ya existían en los tiempos de la llamada cuarta república pero estaban escondidos bajo una falsa paz. Cierto o no, la verdad es que haber desatado y alimentado el resentimiento y el odio social nos ha traído a esta vorágine que ha encrespado la conflictividad y amenaza con arrasar la identidad pacifista, respetuosa, amigable y solidaria de los venezolanos. Habría sido infinitamente mejor desplegar políticas destinadas a la verdadera inclusión y reducción de la brecha social, capaces de convocar a toda la sociedad a construir una Venezuela productiva y de oportunidades para todos por igual. De este modo, los naturales odios y resentimientos que subyacen en cualquier sociedad se habrían mantenido bajo control y encauzadas sus energías hacia objetivos afirmativos, sublimes.

Lástima que quienes terminan siendo presas del odio y el resentimiento no se juzgan con objetividad a sí mismos, ni tampoco a sus correligionarios. Una capucha que cubra la cara de alguien no significará lo mismo para un ultrarradical oficialista que para uno opositor. La capucha será buena o mala, signo de cobardía o de heroísmo, dependiendo de quién la porte. Si es uno de los míos es buena, si es de los tuyos es mala. El llamado “escrache” es entonces un acto de justicia o de terrorismo según lo aplique una turba mía o tuya, a uno de los míos o de los tuyos.

El odio desatado termina por ser irreflexivo y hacer irreflexivo a quien se contamina. Frente al odio no caben argumentos ni razones, solo meras y primitivas pasiones.

Y tal es el odio promovido e irradiado en Venezuela que ya no solo se practica de unos hacia otros, sino que también prolifera en el seno de unos y de otros.

Una sociedad dividida por quienes la gobiernan entre “patriotas” y “apátridas”, virtuosos y pecadores, honrados y deshonestos, en fin, entre buenos y malos, es el terreno perfecto para la eterna confrontación. El espacio ideal para el inexorable e infinito ojo por ojo y diente por diente. Y para mayor desgracia, no solo en el escenario virtual de las redes sociales.

@mario_villegas
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