El presidente Nicolás Maduro anunció hace escasos días que en muy corto plazo los venezolanos vamos a tener la posibilidad de comprar petros pagándolos con bolívares soberanos.

Esta noticia representa un giro radical en la inserción de la criptomoneda recién creada por el gobierno nacional, pues hasta ahora la burocracia oficial se orientaba exclusivamente a pescar dólares, euros o cualquier otra moneda dura de intercambio internacional, léase divisas.

Así que si a usted le sobran o simplemente dispone de 3 mil 600 bolívares soberanos o más, pronto va a tener la posibilidad de comprar aunque sea un petrico.

Pero, alto ahí. No se precipite. Para tomar esa decisión, la de adquirir o no uno o más petros según sea su capacidad financiera, le recomiendo no dejarse arrastrar a ciegas ni por la propaganda dorada que habla maravillas de la criptomoneda madurista, ni tampoco por la propaganda negra que la execra desde todo punto de vista.

El instinto protector que todo el mundo tiene respecto de sus propios bienes materiales debería conducir a cualquiera a estar muy atento y evaluar con seriedad los atributos formales del petro, sus especificaciones técnicas, la naturaleza de su emisor y su respaldo material, pero sobre todo la confianza que esta moneda digital pueda generar entre los propios oficialistas y sus aliados nacionales e internacionales.

Hasta ahora no se sabe nada concreto sobre operaciones importantes que se hayan realizado en petros entre el gobierno venezolano y sus aliados fuera de las fronteras. El hecho de que la criptomoneda haya sido respaldada inicialmente en las reservas petroleras del país parece que, lejos de lo que el gobierno esperaba, no ha significado suficiente atractivo para los inversionistas del mundo, ni siquiera para aquellos que simpatizan con el Socialismo del Siglo XXI. Así que ahora el gobierno le adicionó a ese respaldo las reservas de la república en oro, diamantes, hierro y aluminio. El resultado está por verse.

Pero por lo pronto, el propio gobierno no da señales que permitan alimentar la confianza nacional e internacional en esta jugada monetaria.

Dijo el presidente Maduro que durante su reciente recorrido a pie por las calles de Nueva York tuvo ocasión de comerse un perro caliente y pagarlo con petros. Pues bien. Si así son las cosas, en el sentido de que su criptomoneda es bien recibida en cualquier parte del mundo, no hay razones para que la diplomacia chavista siga cobrando sus salarios en asquerosos billetes y monedas yankis. Debería pagar en petros los jugosos salarios de sus embajadores, encargados de negocios, secretarios, ministros consejeros, agregados militares, cónsules y demás personal diplomático y consular, quienes con toda seguridad le agradecerán haberlos librado del oprobioso y alienante dólar imperialista.

Lo mismo debería hacer Maduro con sus propios viáticos y los de los abundantes jerarcas de su gobierno, a quienes por cierto gusta viajar por el mundo con dineros del patrimonio público muchísimo más que a sus antecesores adeco-copeyanos. Los sopotocientos vicepresidentes, ministros, viceministros, directores generales y de línea, presidentes y gerentes de institutos y empresas del estado deberían recibir sus viáticos para viajes internacionales, y hasta sus salarios y viáticos internos, en petros. Lo mismo vale para los magistrados y altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la República, del Consejo Nacional Electoral, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República, al igual que para los gobernadores de estado, alcaldes y, por supuesto, para los muy plenipotenciarios miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y la alta oficialidad de la Fuerza Armada.

Ninguno de esos jerarcas debería tener cuentas en dólares o en euros. Quienes las tengan deberían renunciar inmediatamente a ellas y convertir a revolucionarios petros sus ahorros en cochinas monedas gringas. Tampoco deberían vender en dólares sino en petros sus casas y demás propiedades, ya sea dentro del país o fuera de él.

Cuando usted vea que alguna o todas estas cosas están ocurriendo y que los aliados políticos y socios comerciales del gobierno venezolano empiecen a tranzar en petros sus operaciones de intercambio, entonces y solo entonces, será recomendable que destine sus recursos a comprar la criptomoneda roja-rojita.

Mientras tanto, es preferible que se vaya rapidito a comprar los productos de primera necesidad que la familia requiera, antes de que la brutal inflación termine de devorar su modesta platica y quede usted ingenuamente petrificada.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

De Hugo Chávez era perfectamente imaginable una postura antisindical y, por tanto, antiobrera. Su formación y pensamiento militaristas, reforzados con las tesis de Norberto Ceresole (líder-pueblo-fuerzas armadas) podía prefigurar una conducta reñida con los intereses fundamentales del movimiento de los trabajadores.

Así que una vez en el poder, Chávez pretendió doblegar y colocar a su servicio a las organizaciones sindicales, cosa que no pudo lograr gracias a las convicciones autonómicas prevalecientes en el liderazgo de las diversas ramas de la actividad laboral, así como a la defensa sindical de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de la correspondiente legislación interna, incluida la recién aprobada Constitución del año 1999.

Sin embargo, se dio a la tarea de segregar a las centrales, federaciones y sindicatos autónomos y a excluirlos de la toma de decisiones fundamentales que interesaban y comprometían la vida y el destino de los trabajadores. A Chávez le gustaba dictar autocráticamente cualquier decisión que tuviese que ver con las reivindicaciones laborales, de modo de aparecer como un gran protector de los trabajadores, sin tener que compartir los créditos con ningún movimiento o liderazgo social. Nada de incómodas convenciones colectivas en el sector público. Tampoco aceptar presiones, pliegos conflictivos, paros, ni mucho menos huelgas.

En ese afán, algunas organizaciones y dirigentes sindicales le sirvieron de comparsa, pero solo ejercían un papel ornamental. La posterior creación de la llamada Central Socialista Bolivariana de Trabajadores apuntaba precisamente a disponer de una fachada sindical que institucionalizara la segregación absoluta del movimiento sindical autónomo y, de ser posible, su aniquilación.

Claro que en la tarea de debilitar al sindicalismo autónomo también jugaron un inocultable papel las aventuras putchistas a las que algunos de sus dirigentes condujeron a buena parte de este, las cuales tuvieron su máxima expresión en los años 2002 y 2003. La persecución gubernamental contra el liderazgo obrero se agudizó y restó fuerza al luego mucho más atomizado movimiento sindical.

Tras la enfermedad y muerte de Chávez, el inesperado ascenso de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República pudo haber dado pie a que, teniendo como había tenido participación en el sindicalismo, este introdujera aunque fuese un moderado cambio de actitud respecto al movimiento sindical y la legislación laboral.

Pero no. Las inspectorías del trabajo, los tribunales laborales y el Tribunal Supremo de Justicia siguieron al servicio de los intereses políticos del patrón estatal.

Continúa el saboteo institucional al registro de sindicatos autónomos, mientras se facilita el de los autodenominados “sindicatos bolivarianos”, aun sin cumplir los extremos de ley. Se obstruye el ejercicio legal y contractual del fuero sindical, el derecho a la contratación colectiva, a la celebración soberana de elecciones sindicales y renovación de sus directivas, se excluye a las centrales no oficialistas de la representación en los organismos internacionales del Trabajo, se mantiene la confiscación de sedes sindicales, se otorgan subsidios financieros y demás prebendas exclusivamente a sindicatos y federaciones rojo-rojitos, entre otras prácticas reñidas con la Constitución y los convenios de la OIT.

En la fijación del salario mínimo, en la pulverización del salario y de las prestaciones sociales por la vía de la bonificación, y en otras importantes condiciones laborales, hace rato que Maduro cogió el paso autoritario de su antecesor, al igual que en el resto de las políticas económicas y sociales. Y así las cosas, terminó administrando los despojos del legado de Chávez, sin introducir a tiempo los cambios necesarios para evitar la profunda crisis en la que hoy se encuentra el país, cuyas principales víctimas son precisamente los trabajadores.

El salario mínimo se ubicó entre los más bajos del mundo, apenas dos o tres dólares mensuales. Hoy, con el nuevo cono monetario, está en unos dieciocho dólares amenazados de ser rápidamente devorados por la galopante hiperinflación.

La gestión del autodenominado “Presidente Obrero” ha conducido a un empobrecimiento tal de la sociedad que millones de compatriotas han optado por buscar en otros países una sobrevivencia digna que el suyo les niega. La inmensa mayoría de la diáspora venezolana está constituida por trabajadores y sus familias.

Y en territorio nacional llueven las protestas de los trabajadores de la salud, del magisterio, de las empresas básicas, de los universitarios, de la electricidad, del SENIAT, de los campesinos, de los pensionados y jubilados, entre muchos otros.

Del Maduro obrero queda apenas el recuerdo.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

En sana lógica, era de esperarse que al instaurar el nuevo cono monetario el gobierno nacional inundaría el país con los recién estrenados billetes y monedas. Pero que va. La escasez de efectivo sigue presente en la cotidianidad venezolana y parece agravarse por la negativa gubernamental a poner en la calle suficiente cantidad de dinero contante y sonante.

Y como todo bien que escasea, resulta natural que haya gente dispuesta a pagar por los nuevos billetes y monedas algo más de lo que estos efectivamente valen. Esa es la razón por la cual esos instrumentos de pago se cotizan en la calle por encima de su valor nominal.

Pongamos un simple ejemplo. Si una persona tiene que tomar diariamente varias camionetas para ir de su casa al trabajo y viceversa, tiene forzosamente que pagar el pasaje en efectivo. No hay otra. El camionetero no recibe transferencias, ni cheques, ni pagarés, ni tarjetas de débito, ni de crédito, ni mucho menos excusas. ¿Cómo hace esa persona si los bancos públicos y privados apenas entregan cifras irrisorias en efectivo a sus cuentahabientes? ¿Se va caminando? ¿Se queda en su casa so pena de perder el empleo? ¿U opta por comprar mediante transferencia billetes y monedas por encima de su valor?

La escasez de efectivo también ha inaugurado una nueva modalidad en el día a día de las transacciones comerciales. Si usted va a comprar algún producto con dinero en efectivo podrá adquirirlo a un determinado precio, pero si lo va a adquirir mediante tarjetas de débito  o transferencias, el mismo producto deberá pagarlo tres o cuatro veces por encima del precio en efectivo.

Nadie más que el gobierno es responsable de tal realidad. No son los pensionados y jubilados los responsables del bachaqueo de efectivo ni mucho menos del gigantesco déficit de circulante en papel moneda y en unidades metálicas.

Antes por el contrario, son precisamente los ancianos que viven de sus pensiones de vejez o de jubilación, quienes más requieren del dinero en efectivo para costear sus pasajes y adquirir sus alimentos y medicinas a precios más accesibles. De modo que resulta injusto e insultante que el presidente Nicolás Maduro acuse a estos compatriotas de la tercera y cuarta edad de semejantes prácticas. Pero aún si hubiere algunos ancianos que incurren en el bachaqueo de efectivo sería un despropósito generalizar y lesionar la integridad moral y ciudadana de estos hombres y mujeres que le entregaron varias décadas de su vida al trabajo honrado.

Razón tienen los “viejitos” de aclararle al gobierno que no están pidiendo dádivas sino el pago completo de sus pensiones, fruto de su esfuerzo contributivo y el de sus patronos. Para eso ellos tuvieron que trabajar y pagar cotizaciones al Seguro Social durante cuando menos 750 semanas y alcanzar la edad de 55 años las mujeres y 60 los hombres.

Después de veinte años en el gobierno, los jerarcas oficiales y sus gargantas repetidoras cacarean hasta la saciedad que en el pasado los pensionados del IVSS no llegaban a 400 mil y recibían menos del salario mínimo mensual, lo cual es cierto. Pero esconden que los venezolanos, incluidos los pensionados, jamás habían pasado por una crisis económica y social tan espantosa como la que están viviendo hoy en el maravilloso Socialismo del Siglo XXI.

Aquello es clavo pasado. La llamada “revolución bonita” debería garantizarle a todos sus ciudadanos, en especial a sus hombres y mujeres de la tercera y la cuarta edad, la mayor suma de felicidad posible, tal como lo ofrecieron los voceros gubernamentales.

Por cierto ¿Dónde estarán los bonos de alimentación, los bonos de salud, los bonos de recreación que el entonces presidente Hugo Chávez y la élite gobernante prometieron a los pensionados y jubilados? Nada de eso. Ahora lo que hay es maltrato e insultos para ellos.

Se los acusa de bachaquear los piches bolivaritos que el gobierno les regatea a través de la banca, pero poco o nada dice Maduro y su combo de los muy honorables bachaqueros a los que el régimen entregó miles de millones de dólares preferenciales a precios de regalo para que amasaran enormes fortunas, tal vez compartidas con algunos jerarcas rojo-rojitos.

Como siempre, termina el gobierno endilgándole a otros sus propias culpas. Ahora le tocó el turno a los “bachabuelos”.

Mario Villegas

Pasiones políticas aparte, el aumento del salario mínimo a 180 millones de bolívares mensuales está más que justificado. Más aún: se quedó corto. Cortísimo.

Si lo comparamos con el costo de la canasta básica familiar, habría que decir que el aumento dictado por el presidente Nicolás Maduro es un saludo a la bandera. Recordemos lo que dice, a la letra, el artículo 91 de la Constitución Nacional:“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica…”.

Las cifras dadas a conocer hace apenas unos días por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, que dirige Oscar Meza, revelan que para el mes de julio el costo de la canasta básica se elevó a 1 millardo 157 millones 252 mil 851 bolívares. Eso significa que el nuevo salario mínimo apenas cubre el 15,55 por ciento del costo de los productos y servicios que integran esa canasta. Es decir, que una familia promedio tiene un déficit mensual de 977 millones 252 mil 851 bolívares para poder cubrir el costo de esa canasta. Con el agravante de que este estudio no incluye, por corresponder a otro periodo que no ha concluido, los sucesivos y drásticos aumentos de precios y tarifas que han tenido lugar durante el presente mes y que serán contabilizados en el próximo informe del CENDAS, correspondiente a agosto.

Ciertamente, el nuevo salario mínimo sigue siendo menos que mínimo. Y más aún si lo comparamos con los niveles que alcanzan los del entorno latinoamericano.

Según la edición del diario peruano La República, correspondiente al 15 de agosto, los siguientes son los salarios mínimos que rigen en la región: Argentina 498 dólares. Uruguay 470 dólares, Chile 455 dólares, Ecuador 391 dólares, Paraguay 371 dólares, Brasil 325 dólares, Perú 270 dólares y Colombia 265 dólares.

¿A cuántos dólares alcanza el nuestro? Al momento de ser anunciado, el nuevo salario mínimo equivalía a solo 30 dólares mensuales. Cifra que, producto de la pulverización continuada de nuestra moneda, equivaldrá a mucho menos cuando entre en vigor el 1º se septiembre.

El problema de fondo no es el nuevo salario mínimo sino el modelo económico, que aún con las variantes que acaba de introducirle Maduro, continúa atado a esquemas excesivamente intervencionistas y controladores de la actividad económica y productiva, así como de sus actores, incluidos los empresarios y el movimiento de los trabajadores.

Adicionalmente Maduro, su equipo de gobierno y sus torcidas prácticas políticas y administrativas, carecen de la credibilidad indispensable para garantizar a los inversionistas nacionales y extranjeros un mínimo de confianza que los convoque a invertir en nuestro país.

Aparte de que las medidas económicas anunciadas por cuentagotas por los voceros gubernamentales parecen no tener el financiamiento fresco necesario para sustentar el gasto que implica su ejecución por parte del sector público, de lo cual se deduce que el régimen apelará nuevamente a la maquinita de imprimir dinero inorgánico, es decir billetes y monedas sin respaldo.

En consecuencia, la hiperinflación acelerará su marcha y se tragará rápidamente el aumento salarial y con él las ilusiones populares de un mejoramiento en su poder adquisitivo.

¡Ojalá estuviésemos equivocados y las medidas oficiales tuviesen éxito en beneficio del país y de sus gentes!

Pero esa posibilidad luce muy distante de ser realista.

Y cada vez es mayor el convencimiento de que para frenar en seco la hiperinflación es indispensable un plan como el propuesto en su campaña presidencial por Henri Falcón y su equipo, encabezado por Francisco Rodríguez, cuyo programa de gobierno contemplaba un giro de 180 grados en la conducción de la economía, eliminación del control de cambios, recuperación y fortalecimiento de la industria petrolera, garantías para un sector privado fuerte y un mercado vigoroso, dolarización de los salarios y medidas solidarias para los sectores vulnerables.

El plan de Falcón, quien no tenía complejos para acudir y obtener financiamiento del Fondo Monetario y demás fuentes de crédito internacional, prometía un salario real de 75 dólares para el primer año de gobierno con aumentos anuales hasta llegar a 300 dólares el cuarto año.

Dos millones de venezolanos votamos por él. Muchos otros se quedaron en sus casas y prefirieron que en Miraflores siguiera Maduro. Y ahí está.

¡Pelamos ese boche!

@mario_villegas

mariovillegas100@gmail.com

Estamos metidos en un círculo de violencia del cual debemos salir cuanto antes si no queremos verlo escalar nuevamente, incluso hasta dimensiones catastróficas e irreversibles para toda la sociedad.

El caso de los drones, cualquiera sea su grado de veracidad, es un capítulo más. Una consecuencia de la violencia acumulada y, a la vez, una causa de más violencia y represión.

Con una guerra interna todos los venezolanos perdemos. Sin embargo, el peligro de una escalada de violencia política entre compatriotas es real y puede llevarnos a décadas de muerte, dolor y destrucción con regueros de sangre en cada centímetro del suelo patrio.

Las soluciones violentas no son tales soluciones, pues dejan abiertas dolorosas heridas y una inevitable sed de venganza que en algún momento aflora para cobrar con creces las facturas pendientes.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano está harta de la violencia hamponil, esa que a cada instante arrebata una vida, alguna pertenencia o cuando menos la tranquilidad a alguna familia. Está harta de la violencia de quienes, en vez de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, atropellan en las barriadas a jóvenes y adultos, reprimen el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, con doloroso y sangriento saldo de graves violaciones a los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. Está hastiada de la violencia que de cuando en cuando desatan e imponen a las comunidades los colectivos armados u otros grupos extremistas de diverso signo político. Está hastiada de la violencia institucional, de la violencia callejera, de la violencia mediática, de la violencia digital y de la violencia verbal, esta última capaz hasta de hacer más daño que una bala o un misil.

La gran mayoría de los venezolanos, tal vez en proporción de 80 a 20, desea un cambio de gobierno o, cuando menos, un cambio sustantivo en las políticas públicas que mantienen al grueso de la sociedad en condición de pobreza y en camino a la pobreza extrema.

Hasta ahora, la promoción de la abstención, de soluciones mágicas o de acciones de fuerza para producir un cambio político en el país, lo que  ha redundado es en una mayor cohesión y fortalecimiento del régimen y en nuevas y mayores frustraciones para un pueblo ávido de cambios, pero a la vez ávido de paz y de sosiego.

El real o presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro el sábado 4 de agosto nos convoca a tratar de impedir por todos los medios que la espiral de violencia en la que nos encontramos se eleve a estadios superiores y termine por arrasar lo muy escaso que nos queda de paz.

Pero es menester tomar conciencia de que la crisis humanitaria por la que atraviesa la ciudadanía no ha de mejorar si, encima, le añadimos un agravamiento de la violencia política y social. Lejos de acercarnos a un mejoramiento de las precarias condiciones en que vive la mayoría de las familias, habremos más bien contribuido a profundizarlas. Habrá todavía más recursos para la guerra y la represión, para el aniquilamiento y la destrucción, y cada vez menos producción, menos alimentos y medicinas, menos servicios públicos, menos empleo, menos centros de estudio, menos libertades y menos esperanzas de superación, de progreso y de bienestar.

Estamos a tiempo de frenar a quienes, desde el gobierno y desde grupos extremistas de oposición, quieren conducirnos a ese barranco. Los violentos de ambos pelajes se dan la mano en el despropósito de empujarnos al precipicio.

El gobierno tiene la primerísima responsabilidad de abrir cauce a soluciones urgentes a la calamitosa crisis que en todos los órdenes padece la sociedad venezolana y que es un perfecto caldo de cultivo para los guerreristas.

Maduro tiene que avenirse a una seria negociación política que abra paso a una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. Un entendimiento que restablezca la institucionalidad plasmada en la Constitución, que facilite acciones urgentes para atender la crisis alimentaria y de salud, que garantice condiciones favorables a la recuperación y expansión del aparato productivo nacional y a la vez asegure la convivencia pacífica entre los venezolanos.

Mientras eso no ocurra, seguirán agravándose las condiciones de vida y de trabajo de los venezolanos, se multiplicarán las totalmente justificadas protestas pacíficas y demandas de reivindicación social, a la vez que se acrecentará el número de compatriotas que caminan en masa hacia otros países.

Defender la paz y la convivencia entre los venezolanos puede parecerle cursi o comeflor a quienes probablemente están a salvo de la violencia, bien porque estén fuera del país o porque jamás expondrían su propio pellejo o el de sus hijos en una guerra a la que convocan irresponsablemente a los demás.

¡Ya basta! ¡No más violencia!

MARIO VILLEGAS

Solo la demagogia, provenga de quien provenga, puede justificar que en Venezuela se siga regalando la gasolina. No solo porque es indispensable racionalizar sus precios para avanzar hacia la recuperación y una futura autosustentabilidad de la producción de combustibles por parte de la industria petrolera, sino también para impedir las jugosas y gigantescas corruptelas del contrabando de extracción que florece al amparo de un absurdo económico tal vez único en el mundo. Lo que aquí se regala, al pasar la línea fronteriza cuesta miles y miles de dólares que finalmente van a parar a los bolsillos de malandros de cuello rojo y de verde oliva.

Aumentar el precio de la gasolina luce necesario, aunque no como una medida aislada sino en el marco de un serio programa de estabilización de la economía. Pero las medidas que anunció el gobierno parecen no ir al fondo del problema, pues constituyen variantes dentro del mismo modelo súper intervencionista y depredador que ha regido hasta ahora. Para nada se toca el corrosivo y corruptivo control de cambios, ni el desquiciado régimen de controles de precios, cuyas prolongadas vigencias arruinan a miles de empresas y condenan al desempleo a grandes masas de trabajadores.

Está cantado que el gobierno va a aumentar significativamente el precio de la gasolina. El solo hecho de que entre en vigencia un nuevo cono monetario que suprime cinco ceros a nuestro signo monetario, ya de por sí anuncia un brinco sideral en el precio del combustible.

Cuál será en definitiva el nivel que alcance ese precio, aún no se sabe. Pero lo que sí resulta más que obvio es que el gobierno no puede pretender fijar un sistema de precios equivalente o cercano al nivel internacional promedio. ¿Cómo puede costar un solo litro de gasolina cerca de medio dólar norteamericano cuando el salario mínimo nacional no llega ni a tres dólares por mes? Nadie que en Venezuela viva de un salario por elevado que sea estaría en capacidad de llenar el tanque de su automóvil a los precios internacionales, ni siquiera a los precios de los países que circundan al nuestro.

Las declaraciones de voceros oficiales, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, dan cuenta de una pestilente maniobra, dirigida a manipular una vez más a los sectores más vulnerables de la población y a extorsionar y doblegar a quienes le adversan políticamente o le son indiferentes. Aquel que ose no registrar su vehículo en un censo automotor paralelo al del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y no sacar el denominado “Carnet de la Patria”, inconstitucionalmente paralelo a la cédula de identidad venezolana, no será beneficiario de un precio preferencial para la gasolina y deberá costearla a precios internacionales. ¡Tamaña inmundicia!

De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución, las riquezas mineras y de hidrocarburos pertenecen a la República y son de dominio público, lo que significa que todos los venezolanos somos sus copropietarios. Y el artículo 21 de la misma Carta Magna establece que no se permitirán discriminaciones que tengan por objeto o resultado menoscabar el goce o ejercicio de los derechos y libertades de cualquier persona.

Si nos atenemos a la ley, ningún ciudadano venezolano puede ser excluido del derecho de comprar la gasolina al precio que la paga quien tenga ese carnet de claro signo político. Una cosa es que, por ejemplo,  se aplique un impuesto energético especial a los automóviles de lujo, con la cual uno podría estar de acuerdo, y otra que se venda combustible a precios internacionales a quienes no tengan el “Carnet de la Patria”. ¿Si un ricachón, un boliburgués o un enchufado se sacan el fulano carnet podrán comprar gasolina más barata? ¿A qué racional lógica responde semejante dislate?

Se acabó la ilusión de que todos somos iguales y de que “el petróleo es nuestro”.

Se trata, en verdad, de una rastrera operación política que discrimina claramente a una importante porción de venezolanos que pasaremos a ser extranjeros en nuestro propio país. Quienes  nos resistimos a doblegarnos frente a semejante obligación inconstitucional, seremos una suerte de diáspora interna, de venezolanos que aun viviendo en nuestro propio territorio y aunque paguemos el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, y todos los demás impuestos nacionales y municipales, no tendremos derecho a alimentos y ahora a gasolina si no los pagamos a precios como si viviéramos en otro país.

MARIO VILLEGAS

El mismo Freddy Bernal que hasta hace poco anunciaba que la “revolución bonita” estaba venciendo a la guerra económica, acaba de reconocer que la grave crisis por la que atraviesa la república es culpa de quienes la han gobernado durante los últimos 19 años, él incluido.

La confesión de Bernal no ha sido una interpretación malintencionada de los sectores opositores que vienen diciendo lo mismo desde hace años. No señor. Las suyas fueron palabras textuales grabadas durante un discurso en el estado Táchira, cuyo video corrió como pólvora por las redes sociales.

“Me da hasta vergüenza. Hemos perdido incluso gobernabilidad y somos responsables de ello. No es responsable la Cuarta República. No. No es responsable Carlos Andrés Pérez. No. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución y somos responsables de lo bueno o de lo malo de este país”, dijo el dirigente pesuvista.

Hasta ahora, el gobierno se ha arropado y pretendido evadir su responsabilidad por la crisis económica y social que vive el país bajo el pretexto de una presunta guerra económica de la cual sería víctima.

Pero, tal como ha dicho Bernal, el gobierno es responsable de lo bueno y de lo malo que aquí ocurre. Lo que no significa, por supuesto, que desde la oposición no se hayan cometido garrafales errores en el accionar político de algunos sectores que promueven el cambio, criticados en su momento desde esta columna de opinión.

El desmantelamiento del aparato productivo nacional, la hiperinflación, la escasez de alimentos y de medicinas, el desastre de la salud pública, la asfixiante inseguridad, las corruptelas, el desempleo, el hambre y la miseria, la desesperanza generalizada, el éxodo masivo de venezolanos al exterior, son de la inocultable e inevadible responsabilidad de quienes han diseñado y aplicado las políticas públicas imperantes en el país desde 1999. La mayoría de esas políticas son en esencia las mismas, aunque algunas de ellas hayan sufrido variaciones o retoques cosméticos, como parecen ser las más recientes medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro.

Lo que en el país estamos viviendo son los nefastos resultados que esas políticas públicas, tanto individual como colectivamente consideradas, han producido o contribuido a generar.

Maduro, a quien en sus inicios se podía haber considerado víctima del legado de Hugo Chávez, cuyos despojos le ha correspondido administrar, ha tenido suficientes años en el ejercicio del poder como para haber introducido cambios superlativos y revertir la destrucción de la economía nacional. Pero no, prefirió seguir atado a un modelo estruendosamente fracasado y ahondar la crisis económica y social en la que está postrado el país.

Guerra económica le tocó enfrentar a Chávez y derrotar con posterioridad al golpe de estado de abril de 2002, cuando las dirigencias de Fedecamaras y de la CTV declararon conjuntamente un paro general indefinido, el cual incluyó la paralización total de la industria petrolera.

Pero a Maduro le ha tocado lidiar con un empresariado nacional disminuido orgánica y económicamente, lo mismo que a un sindicalismo híper atomizado y en buena medida extraviado. Cierto que ha habido especulación y contrabando de extracción, como es usual en escenarios como este de desabastecimiento e irreales precios regulados, pero de ninguna manera se puede hablar de una guerra económica en la dimensión que el termino supone. Más aún, algunos de estos fenómenos, como el bachaqueo y el contrabando de extracción de gasolina, lubricantes, alimentos y otros productos de primera necesidad con precios controlados, son efectuados por particulares civiles y militares vinculados al régimen.

Pese a las protestas sociales que ahora proliferan por todo el país y a las voces críticas y contradicciones que afloran en el seno del gobierno, el Presidente parece darles la espalda y aferrarse cómodamente a la silla presidencial y a sus fracasadas políticas económicas.

Desde Miraflores, lo que Maduro comanda es una verdadera guerra ergonómica.

Según  el diccionario de la Real Academia Española, se considera ergonómico algún “utensilio, mueble o máquina adaptados a las condiciones fisiológicas del usuario”.

En esa guerra, Venezuela ha sido reducida a un mueble sobre el cual la cúpula gobernante satisface sus necesidades fisiológicas.

@mario_villegas

 mariovillegas100@gmail.com

La lucha de las enfermeras y los enfermeros es la lucha de todo el pueblo venezolano por mejores condiciones de trabajo, de salud y de vida. Ellos son hoy la expresión activa y combativa de una sociedad que sufre sus mismas calamidades y que está llamada a movilizarse pacíficamente en demanda de soluciones urgentes a una crisis multidimensional que condena al hambre y la miseria a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Si en tiempos normales los profesionales de la enfermería realizan un trabajo abnegado y digno de reconocimiento, ser enfermera o enfermero en los tiempos oscuros a los que nos confinó el socialismo del siglo XXI constituye prácticamente un martirologio.

Aparte de que para sobrevivir deben realizar larguísimas jornadas diarias en dos o más empleos, con turnos diurnos y nocturnos que incluyen hasta los fines de semana, reciben de los peores salarios que la administración pública dispensa a sus trabajadores.

Se trata de mujeres y hombres que han recibido adecuada formación académica, teórica y práctica, para manejar con eficacia y responsabilidad el cuido y tratamiento de personas necesitadas de atención especializada en salud. Y son, si se quiere, la cara y el recurso de solución más inmediata que los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, presentan a sus pacientes y los familiares de estos en medio de la gravísima crisis que padece hoy nuestro sistema de salud en todas sus esferas.

Que estos profesionales, cuya inmensa mayoría son mujeres, se hayan declarado en huelga y echado a la calle a reclamar sus legítimos derechos y reivindicaciones, así como soluciones a los problemas del sistema de salud, revela el grado de miseria al que han sido condenados por las depredadoras y hambreadoras políticas públicas de la autodenominada “revolución bonita”.

Pero la situación de las y los enfermeros es apenas la punta del iceberg del gigantesco malestar que vive el pueblo venezolano. Son también los profesores y trabajadores universitarios, los maestros, los funcionarios y obreros de la administración pública, los bomberos, los efectivos policiales, los profesionales y obreros de las empresas básicas de Guayana, los trabajadores de la industria petrolera, de la industria eléctrica, de las telecomunicaciones, los pensionados y jubilados, lo mismo que los trabajadores del sector privado en todas las ramas de actividad económica, quienes se encuentran sometidos por igual a la pulverización de sus salarios. Y qué no decir de la desesperada situación que aqueja a los numerosos desempleados, a los indigentes y a los niños de la calle, todos en escandaloso número y gravedad creciente.

La situación de los profesionales de enfermería es, en buena medida, la misma que vive la inmensa mayoría de los venezolanos.

Razones para protestar sobran en la roja-rojita Venezuela petrolera. Y las enfermeras y los enfermeros lo están haciendo de manera ejemplar: en unidad, sin distingos ni interferencias partidistas, pacíficamente y sin incurrir en guarimbas ni en excesos o provocaciones que generen violencia o afecten a la comunidad.

La lucha del gremio de enfermería se enmarca perfectamente dentro de la línea democrática, pacífica y constitucional que debe signar las acciones populares en demanda de soluciones urgentes a la destrucción del aparato productivo y a la pavorosa hiperinflación a que han conducido las erráticas políticas gubernamentales.

Por supuesto que la solución definitiva a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela es un cambio en el modelo político y económico que rige en el país, cambio que el 20 de mayo pudo haber sido y no fue gracias a una abstención electoral que le dio oxígeno a Nicolás Maduro por varios años más. Pero no se les puede pedir a las enfermeras y enfermeros, ni a ningún sector de los trabajadores del país, que se abstengan de luchar por sus derechos y se crucen de brazos a esperar un cambio de gobierno.

Ellos tienen todo el derecho del mundo a demandar de las autoridades sus legítimas reivindicaciones salariales y la urgente dotación de insumos básicos para la elemental atención a los pacientes de los centros públicos de salud.

Queda claro, eso sí, que la lucha pacífica de los trabajadores de la salud y demás movimientos sociales exhibe en su grotesca dimensión el rotundo fracaso del “Socialismo del Siglo XXI” y la incapacidad de la cúpula gobernante para conducir los destinos de la república.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

a ni en Miraflores se duda del rotundo fracaso en que han terminado las políticas económicas aplicadas por el chavismo desde el gobierno.

Las consecuencias están a la vista hasta para quienes por fanatismo ven por un solo ojo y para quienes no quieren reencontrar en ellas las huellas dactilares de su autoría o de su complicidad.

Entre tanto, el pueblo pasando el hambre pareja y sometido a la mayor suma de calamidades que haya padecido jamás en forma simultánea.

Por supuesto que para superar verdaderamente la grave crisis en la que el régimen nos ha metido es necesario un cambio del modelo político y económico, cosa que el 20 de mayo pudo haber sido y no fue gracias a la elevadísima abstención electoral, cuyo análisis no corresponde al presente artículo.

Pero en tanto en el país se construyen las condiciones objetivas para llegar a ese cambio de gobierno y de modelo por la vía democrática, constitucional, pacífica y electoral, es obligante exigirle al gobierno la adopción de medidas que posibiliten expandir la economía y reducir la gigantesca carga de penurias que soporta sobre sus hombros la inmensa mayoría de los venezolanos.

Resulta inimaginable que el presidente Nicolás Maduro ponga en ejecución el muy bien fundamentado y esperanzador plan de gobierno propuesto por el ex candidato presidencial Henri Falcón, coordinado por el economista Francisco Rodríguez y cuya médula económica contemplaba la dolarización para parar en seco la hiperinflación. Ya que eso no es materialmente esperable de este gobierno y mientras se concreta el multitudinario clamor de sacar de Miraflores a Maduro y al combo depredador que se beneficia de la creciente pobreza nacional, hay que pedirle al régimen respuestas inmediatas y efectivas a las justificadas protestas y demandas sociales que hoy se multiplican con sobrada razón a todo lo largo y ancho del país.

Pero no basta con subir los salarios por aquí y por allá con dinero inorgánico que termina convertido en sal y agua al instante de ser anunciado. Es crucial producir un verdadero cambio de timón en las políticas fundamentales cuya prolongación ha impedido el desarrollo de las fuerzas productivas.

Una de esas medidas es la unificación cambiaria y la supresión del control de cambios. Hasta Jesús Faría, una de las voces más destacadas del oficialismo en materia económica, lo ha planteado con todas sus letras y ha cuestionado el sistema de controles que el gobierno insiste en mantener y que, a su juicio, debe ser revisado para favorecer la producción y la oferta de bienes y servicios. Faría le ha recordado al presidente Maduro y a su equipo de gobierno, al cual reitera su apoyo político irrestricto, que la existencia del mercado antecede a la existencia del régimen capitalista. Ha puesto como ejemplo de modelos exitosos las experiencias del “socialismo de mercado” vigentes en China y en Vietnam.

Varias veces Maduro ha anunciado que el mundo se va a sorprender con los resultados del plan económico que ha tenido o tiene en mente. Pero no ha pasado de ahí. De la amenaza. De la retórica. Las medidas que ha aplicado son más de lo mismo. Y el planeta, en efecto, se sorprende pero del vertiginoso e injustificable crecimiento de la pobreza en la Venezuela petrolera, del retroceso que experimenta el país en todos los órdenes y del indetenible éxodo de millones de venezolanos que buscan oxígeno en otras tierras.

¿Pero por qué el régimen no atiende a quienes desde los sectores productivos e incluso desde sus propias filas le reclaman un cambio de rumbo en sus políticas económicas?

Los dogmas, las arcaicas ataduras ideológicas, la corrupción y las ansias de poder eterno parece que pesan más que las necesidades de un pueblo que se muere de hambre en los basureros y de mengua a las puertas de los hospitales.

Valga recordar que hace algunos años el ex dirigente sindical y ahora Ministro de Comunas y Vicepresidente del Socialismo Territorial, Aristóbulo Istúriz, sentenció que el gobierno no desmontaría el control de cambios porque, en caso de hacerlo, de inmediato sería tumbado por la oposición. El control de cambios, según confesó, es para ellos una medida política y no económica.

O sea, el interés político de la casta gobernante está por encima de los intereses del pueblo y de la nación venezolana.

Si Maduro no introduce cambios urgentes en su depredadora y hambreadora estrategia económica, el fallido lema chavista “vivir viviendo” terminará de tornar para nuestro pueblo en un condenatorio “morir muriendo”.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com

Concertar es un verbo que los venezolanos deberíamos conjugar todos los días en el propósito de sacar al país de esta gravísima crisis a la que la condujo la gobernante cúpula roja-rojita.

Varias son las acepciones que el diccionario de la Real Academia Española atribuye al verbo concertar. De ellas, las que mejor expresan el ánimo que inspira el presente artículo, son las que siguen: 1. “Componer, ordenar o arreglar las partes de una cosa o varias cosas”, 2. “Pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio”, 3. “Traer a identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones diferentes”, 4. “Acordar entre sí voces o instrumentos musicales” y 5. “Cotejar o concordar una cosa con otra”.

En buena medida, al país, entendido en su más amplia diversidad, le hace falta bastante de todo eso que significa concertar. De allí que ha sido un acierto que los promotores de la propuesta política opositora recién presentada a la consideración de los venezolanos hayan escogido el nombre de “Concertación por el Cambio”.

Además de evocar la exitosa experiencia histórica de los demócratas chilenos, cuya autodenominada “Concertación de Partidos por la Democracia” logró derrotar por la vía electoral y desalojar del Palacio de La Moneda al dictador Augusto Pinochet, la creación en nuestro país de la “Concertación por el Cambio” abre una ventana de esperanza para el desconcertado pueblo venezolano, hoy atribulado por el mayor y peor cúmulo de adversidades que haya confrontado jamás en lo que va de historia republicana.

Organizaciones políticas, movimientos sociales e individualidades de muy diversa proveniencia y condición ideológica hacen parte de este esfuerzo unitario que se construye para darle perdurabilidad y eficacia política a lo que fue la alianza electoral materializada alrededor de la candidatura presidencial de Henri Falcón. Allí están los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, Movimiento Ecológico, Independientes por la Comunidad Nacional, Bandera Roja, los movimientos Soluciones (liderado por Claudio Fermín), Juntos (liderado por Enrique Ochoa Antich), Cambiemos (liderado por Timoteo Zambrano), De Frente con Venezuela (liderado por Luis Fuenmayor Toro), así como calificadas y prestigiosas personalidades independientes del mundo político, académico, empresarial, sindical, estudiantil y comunitario.

Se sabe que la “Concertación por el Cambio” se va a replicar a todo lo largo y ancho del país, al menos con un capítulo por cada estado de la república, lo cual habla del firme propósito de sus impulsores de extenderse, actuar e incidir con gran fuerza en todos los órdenes de la vida nacional.

Sustento fundamental de la “Concertación” es la promoción y construcción de una salida democrática, constitucional pacífica y electoral a la calamitosa situación política, económica y social que atraviesa la república y, particularmente, el cada vez más empobrecido pueblo venezolano.

Concertación que, por cierto, no nace para confrontar con la Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio o cualquiera otra entidad que también agrupe o represente a fuerzas políticas o sociales que coinciden en la oposición al gobierno, en la defensa de los derechos constitucionales de los venezolanos y en la necesidad de un cambio en la conducción del país.

Se trata de concertar entre las fuerzas democráticas en sus distintas visiones o plataformas, pero sobre todo de una gran concertación nacional que se edifique alrededor de una propuesta política común de quienes adversan al régimen, con una hoja de ruta común alrededor de la cual confluyan todos los sectores que anhelan un cambio político en paz y, como decía en mi artículo de la semana pasada, una voluntad superior común que haga a un lado las mezquindades, las rivalidades y las desmedidas apetencias personales y grupales. Solo así podremos poner punto final al régimen y a su proyecto depredador.

Es la hora de la concertación. Actuemos, pues, en consecuencia.

@mario_villegas
mariovillegas100@gmail.com