¿Cuál es el contexto de las medidas?

Dada la paralización casi total de las actividades económicas (laborales, profesionales, financieras, comerciales y empresariales) asociadas a la cuarentena social decretada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del covid-19, y conocida la necesidad de los trabajadores venezolanos de disponer puntualmente de sus sueldos, salarios, bonificaciones y otras compensaciones salariales para adquirir los bienes y servicios básicos que necesitan, el sector privado de la economía, desde la pequeña y mediana empresa, hasta la gran industria, debe disponer de la capacidad económica y la disponibilidad de flujo de caja para sostener el pago continuo de sus obligaciones en un contexto en el que la inmensa mayoría de las empresas venezolanas, dada la cuarentena social, se encuentran paralizadas, sin producir, vender, facturar y cobrar.

Ahora, más allá de mantener la continuidad de las remuneraciones salariales, hay que garantizar que se mantengan operativas las empresas industriales que fabrican productos que ataquen la sintomatología del covid-19 (antigripales, antibióticos, productos de higiene, entre otros) y por supuesto aguas abajo, también, aquellas empresas que forman parte de la cadena de valor del sector, porque la realidad es que la industria manufacturera funciona encadenadamente con total interdependencia entre subsectores.

Tal como lo ha expresado reiteradamente Conindustria, cualquier plan del gobierno debe considerar, no solo el primer eslabón de la cadena sino todos los demás aguas abajo. Por ejemplo, los subsectores “alimentos”, “productos farmacéuticos y de higiene personal”, dependen de los “envases” recipientes que a su vez requieren “plástico”, “papel», «cartón” y otros como las “artes gráficas”, etc.

En línea con lo anterior, para pagar las remuneraciones salariales de los trabajadores que estarán activos en las empresas y de aquellos otros que dadas las circunstancias deban permanecer en sus hogares, y al mismo tiempo incurrir en el gasto de comprar las materias primas necesarias para el proceso productivo, el sector privado deberá contar con los recursos económicos mínimos y necesarios para darle viabilidad a la misión de proveer los bienes y servicios que en medio de estas difíciles circunstancias demanda el país.

De allí que considero que más allá de las medidas coercitivas de contención que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro con la imposición de una cuarentena social garantizada por la Fuerza Armada Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado, medidas que por cierto nadie discute y además todos suscribimos, el gobierno debe decretar un plan de emergencia económica en consenso con el sector privado para garantizar el sueldo de los trabajadores y la producción de alimentos y demás productos que ataquen la sintomatología del covid-19.

¿Qué necesita el sector privado de la economía para garantizar el pago de sueldos y salarios, la producción de alimentos, medicinas y productos que minimicen los riesgos letales del coronavirus?

Todo se resume en condiciones económicas mínimas, explicada por la existencia y disponibilidad de flujo de caja, de capital de trabajo para garantizar la operatividad del sector.

¿Qué propuso Maduro el 22 de marzo?

Con la retórica populista que describe su gestión de gobierno, Nicolás Maduro decretó:

Inamovilidad laboral hasta el 31/12/20.

Suspensión del pago de alquileres de comercios y viviendas principal por 6 meses, esto en detrimento del sector inmobiliario, empresas y particulares que viven de rentas y alquileres. “No obstante, prometió compensar a las personas que viven del alquiler».

Prohibición de suspensión de los servicios de telecomunicaciones.

Suspensión de los pagos de capital e intereses a todos los créditos otorgados, así como la moratoria por 6 meses (rubros fármacos, alimentos e higiene).
Igualmente, hizo una serie de promesas a todos aquellos venezolanos adscritos al carnet de la patria:

Prometió que el Estado asumirá mediante el sistema Patria las nóminas de las pequeñas y medianas empresas durante los próximos seis meses.
Ofreció un plan de atención agroalimentaria para garantizar 7 millones de cajas CLAP y la movilidad de carteras crediticias en los sectores de alimentos, higiene y fármacos, sin considerar modificaciones en el encaje legal.

Para llevar esto adelante pretende utilizar el subsistema de banca pública, el cual tiene en los actuales momentos los niveles de intermediación financiera más baja de la banca venezolana.

Prometió bonos especiales para los trabajadores de la economía informal y sector privado adscritos al carnet de la patria, que serán complemento de otros como el “bono de la lealtad”.

poyo financiero en abril para los trabajadores.

Reestructuración para el acceso al crédito a los pequeños y medianos productores, sin garantías; el Estado será el garante.
Si hacemos una revisión seria de los anuncios en materia económica, es fácil notar que el grueso se centra una vez más en propuestas populistas de expansión de gasto público con fines clientelares. Una vez más el carnet de la patria, mecanismo de control político y social, vuelve a ser el epicentro de la estrategia de política económica de Nicolás Maduro.

Quizás la resolución más relevante y con respecto a la cual existían mayores expectativas pudiera ser ahora la de mayor preocupación para el sector productivo y muy especialmente para la industria bancaria nacional.

La decisión de suspender los pagos de capital e intereses a todos los créditos otorgados supone un golpe directo al corazón del sistema bancario. La principal fuente de rentabilidad y de solvencia de una institución financiera es la contabilización de ingresos por créditos otorgados, médula del negocio de intermediación financiera. No contabilizar ingresos por créditos durante un semestre en medio de un proceso de hiperinflación que multiplica al alza los gastos administrativos, en un contexto en el que la colocación de créditos está extinguida dado el encaje marginal del 100%, supone casi decretar la inviabilidad e insostenibilidad del sector. Y vale recordar que el sistema financiero es el sistema circulatorio del país.

Con esta decisión se produce lo peor de ambos mundos: primero, al dejar el encaje legal de la banca en los niveles actuales se elimina la posibilidad de otorgar nuevos créditos que irían al torrente sanguíneo del sector productivo, duro golpe a un flujo de caja que promete estar diezmado por el proceso de paralización casi total que implica la cuarentena social implementada por el propio Ejecutivo. Y por otra parte, se introducen enormes interrogantes acerca de la viabilidad económico financiera de la banca venezolana.

Entonces, ¿qué debería hacer en realidad Nicolás Maduro?

Se resume en un conjunto de decisiones orientadas a proveer las disponibilidades de caja y capital de trabajo al sector productivo para garantizar su operatividad, con el bienestar de los venezolanos en el centro de la estrategia.

Se requiere con urgencia un plan de estímulos monetarios y fiscales (en línea con lo que estamos viendo internacionalmente) que permitan dinamizar una economía que viene de una contracción acumulada de casi 70% en los últimos 24 trimestres. La política monetaria y fiscal deben estar al servicio de este propósito.

No es momento para una política monetaria restrictiva con un encaje que hace el crédito bancario prohibitivo y por otra parte una política fiscal regresiva basada en mayores alícuotas de impuestos, multas y sanciones que reducen al mínimo el flujo de caja de las empresas y por ende su capacidad de maniobra en la actual coyuntura.

Entonces, ¿hacia adónde debe apuntar la estrategia?

1.- Lo primero, ordenar una drástica disminución del encaje legal marginal del 100% que se le mantiene a la banca nacional desde hace casi un año. Hoy el sistema bancario venezolano tiene un poco más de 50 billones de bolívares encajados en el BCV, lo cual constituye un verdadero gravamen al proceso de intermediación financiera en Venezuela. Los niveles de intermediación (créditos colocados por cada 100 bolívares captados) han caído en los últimos 12 meses, de 55% a 11,35% en la primera parte de 2020, cifra sin precedentes en toda la historia reciente de Venezuela.

Por su parte, la cartera de crédito nacional apenas totaliza 11,5 billones de bolívares, equivalente a 3% de los activos de la industria bancaria del país, cifra que si expresamos en dólares apenas superaría los 150 millones, la cartera más pequeña de América Latina, incluyendo en el ranking bancario a la República de Haití.

Un relajamiento del encaje legal le permitiría al sistema bancario proveer de flujo de caja y capital de trabajo a bajo costo al sector privado para poder honrar así las obligaciones con los trabajadores y mantener operativas aquellas empresas claves en la producción de los bienes esenciales que requieran los venezolanos. El gobierno y el BCV deben entender que es casi imposible subsistir con un costo del crédito que ronda el 280% anualizado, sobre todo si la empresa, dada las circunstancias actuales, está cerrada, sin producir, sin facturar y sin cobrar.

Igualmente, la disminución del encaje le devolvería a la banca la liquidez para regresar al financiamiento del crédito al consumo, específicamente la tarjeta de crédito, instrumento de préstamos que llegó a representar hace dos años el 20% de la cartera del sistema y que puede dinamizar de manera muy importante el consumo de los venezolanos. Recordemos que la tarjeta de crédito en algún momento dejó de ser un sustituto del salario para convertirse en un complemento de este.

Por supuesto, siempre surgirán lo argumentos en contra de reducir el encaje, basado en el temor del Ejecutivo que dado los problemas de confianza que tiene el bolívar, un aumento del crédito bancario promoverá presiones especulativas en el mercado cambiario. Este argumento se destruye a sí mismo cuando revisamos que los créditos comerciales están indexados a la evolución de la tasa oficial Bs/$. Es decir, hoy existen pocos o nulos incentivos para especular financieramente con los créditos comerciales.

2.- En segundo lugar, en línea de lo que está ocurriendo en todos los rincones del planeta, donde muchos gobiernos del mundo civilizado están diseñando ambiciosos programas de estímulos fiscales para atenuar los impactos colaterales de covid-19, estrategias de políticas fiscal que incluyen en la mayoría de los casos diferimientos de los pagos del ISLR e IVA, otorgamiento de subsidios directos a los estratos de la población de menores recursos; resulta imperativo y necesario que el gobierno de Nicolás Maduro de marcha atrás en su empeño de asfixiar con nuevos y mayores impuestos, multas y sanciones, al frágil sector privado de la economía venezolana.

Creo necesario, a propósito de la actual emergencia que vive el país y que amenaza peligrosamente la salud y el bienestar de todos los venezolanos sin parcialidades políticas, que el Ejecutivo decrete el diferimiento de la reforma tributaria y más allá produzca con carácter de urgencia un proceso de relajación tributaria, que suponga una extensión del plazo para la declaración y pago del impuesto sobre la renta (ISLR), así como exonerar del pago del ISLR a personas naturales con ingresos perjudicados al estar impedidos de asistir a sus puestos trabajos.

Igualmente es necesario flexibilizar o diferir los plazos para la declaración y pago del impuesto al valor agregado así como suspender la imposición de sanciones tributarias por el tiempo que dure la emergencia.

Estas medidas liberarán flujo de caja de tesorería que sumaran recursos al sector privado para atender dos prioridades fundamentales: En medio de la cuarentena y virtual paralización de la actividades laborales y empresariales, pagar oportunamente sueldos y salarios de todos los trabajadores y producir los productos básicos que el país necesita en medio de esta emergencia nacional. 3.- Debe exonerarse del pago de impuesto sobre importaciones, tanto a los rubros necesarios para combatir el virus en Venezuela, como para los del rubro del sector alimentación. 4.- Es crítico garantizar el suministro de combustible a todo el transporte público y de carga. 5.- y por supuesto velar por la seguridad de las cadenas de distribución de bienes y servicios desde los centros de producción hasta los anaqueles en los supermercados.

Es vital que el gobierno entienda que hay que garantizar durante esta emergencia la capacidad económica y en especial la disponibilidad de flujo de caja y capital de trabajo de la empresa privada venezolana, instrumento clave e imprescindible con que cuenta la nación para enfrentar exitosamente a los efectos directos e indirectos del coronavirus. De no hacer lo propio, COVID-19, va a cobrar muchas vidas en Venezuela y no por Neumonía, sino por el resultado del hambre y la desesperanza. No es momento para equivocarse.

 Leonardo Buniak

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