Por Laura Chinchilla y Jose Szapocznik

Desde que la propagación del covid-19 fue declarada como una emergencia de salud pública de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud, en enero de 2020, los efectos de esta pandemia no han dejado de hacerse sentir en el planeta entero. Si bien la amenaza ha entrado en una nueva fase de relativa estabilización en ciertas regiones del mundo, la reciente ola de contagios de la subvariante Ómicron BA.2 que ha azotado a Europa y Asia elevando de nuevo los casos, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos, nos recuerda que el desafío a la salud de los habitantes del planeta permanece.

El sufrimiento que experimentó el mundo se debió en buena parte el resultado de un desequilibrio en las respuestas sanitarias y económicas que articuló cada país individualmente y de la desigualdad en el acceso a vacunas y otros insumos para la salud.  Pese a al encomiable esfuerzo promovido por el mecanismo Covax, una tercera parte de la población mundial sigue sin poder obtener si quiera un esquema completo de vacunación mientras que un grupo de países ricos ya han comenzado a aplicar su cuarta dosis o segundo refuerzo de la vacuna anticovid, y los tratamientos que pueden salvar la vida a pacientes con síntomas graves están disponibles en solo un puñado de países.

En América Latina y el Caribe (ALC), los efectos de la pandemia fueron especialmente devastadores. Exacerabada por políticas de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados, rampante corrupción pública y profundas desigualdades económicas, la pandemia del Covid-19 provocó, de acuerdo con cifras de la la OMS y de la Cepal, los más altos niveles de contagio y muertes, la peor recesión de los últimos 100 años y efectos perversos en desigualdad, educación, violencia y hasta el deterioro de la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos. La región llegó a representar más del 30% de las muertes en todo el planeta a pesar de que sólo tiene el 8.5% de la población mundial, la pobreza se incrementó en un 7% y la de desempleo aumentó en un 10%. Si a lo anterior agregamos el golpe económico reciente como consecuencia  de la invasión rusa a Ucrania que ha disparado el precio de los alimentos y en general la inflación resultante, el futuro de esta región luce especialmente desolador.

Situaciones como la experimentada por ALC, y otras regiones del mundo, nos alertan sobre la urgente necesidad de prepararnos mucho mejor para una próxima crisis de salud que podría presentarse en un horizonte relativamente cercano. De ahí que un grupo de líderes de diversas naciones y diferentes sectores,decidimos crear una coalición independiente denominada Panel para una Convención Pública de Salud Global que aboga por el impulso de un nuevo Tratado sobre Pandemias sustentado en consideraciones de solidaridad, transparencia, rendición de cuentas e igualdad, que permita evitar los nacionalismos, las acusaciones mutuas y las respuestas desiguales que predominaron en esta ocasión.

Partimos del franco reconocimiento de que la incapacidad para controlar los brotes y gestionar una respuesta pandémica efectiva se debió en gran parte a la falta de cumplimiento por parte de las naciones, de las recomendaciones emitidas por la OMS y de las regulaciones sanitarias internacionales vigentes, muchas de las cuales fueron diseñadas  después del episodio del virsus SARS a inicios del presente siglo. Esta situación no puede volver a ocurrir.

El nuevo Tratado sobre Pandemias que proponemos, pretende otorgar mayor autoridad a la OMS para establecer los estándares óptimos de prevención, alerta y respuesta, así como la creación de  un ente independiente de monitoreo que asegure el cumplimiento de los estándares establecidos por parte de los países y exija la rendición de cuentas sobre su implementación. Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en lo que respecta a sus capacidades de preparación, lo que implicará incorporar consideraciones de gradualidad así como de de apoyo financiero para aquellos económicamente más vulnerables.

El Acuerdo de París contra el cambio climático ha seguido precisamente esta ruta. Los países asumen compromisos ambiciosos pero viables en periodos de cinco años, su progreso es medido a través de evaluaciones independientes y se sujetan a un proceso de rendición de cuentas. Tanto en materia de combate al cambio climático como en el de la prevención y atención de pandemias, está en riesgo la salud y la vida de millones de personas, en  suma, la seguridad global colectiva.

Un tratado en materia de pandemias debería también fortalecer las obligaciones de los países al alertar a la OMS de brotes y permitir investigaciones expeditas e independientes para entender el origen de cada pandemia -sin duda una asignatura pendiente en el caso del covid-19-, así como asegurar acceso equitativo a todos los medios para combatirla.Asi mismo, debería también asegurar de que los países justifiquen con claridad y bajo premisas científicas las diversas medidas sanitarias que se adopten para proteger la salud de sus habitantes y que los fondos de apoyo se puedan canalizar hacia los países de menor desarrollo que enfrentan pérdidas económicas como resultado de estas restricciones. Estos mecanismos servirián para impedir medidas draconianas poco eficaces y con impactos negativos en materia de derechos humanos y libertades civiles. El Tratado debiera incorporar también incentivos para que los países cooperen activamente para garantizar el acceso a vacunas, tratamientos, pruebas, oxígeno, material de protección personal, financiamiento y asistencia especializada.

Este Tratado constituiría una respuesta efectiva a nuevas pandemias y se convertiría en la base de una futura arquitectura mundial para la cooperación en materia de salud. La historia juzgará con rigor a quienes arriesgaron la salud de millones de personas y a quienes prolongaron la pandemia de covid-19 a golpe de nacionalismo, proteccionismo y autarquía. Existe, sin embargo, la oportunidad de cambiar el curso de la historia para bien de la humanidad; los líderes del mundo deben comenzar ya mismo la negociación de este Tratado antes de que una nueva pandemia nos arrastre de nuevo.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Miembro del Panel para una Convención sobre Salud Pública

Jose Szapocznik es profesor de Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Miami. Secretario del Panel para una Convención sobre Salud Pública

Laura Chinchilla

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla durante un evento de 2012 en China CreditPetar Kujundzic/Reuters

SAN JOSÉ, Costa Rica — Cuando gané las elecciones de 2010, me convertí en la primera presidenta de Costa Rica. En los primeros días de mi gobierno visité escuelas en las que me hablaron de una tendencia: muchas niñas habían presentado sus candidaturas para ser las presidentas de curso. Durante los siguientes cuatro años una escena se repitió a menudo a donde iba: niñas y colegialas me decían que cuando fueran grandes ellas también serían presidentas.

Ese entusiasmo de las mujeres por llegar a la presidencia era un fenómeno nuevo. Entendí que el hecho de que una mujer fuera la presidenta de su país podía ser un punto de inflexión para toda una generación de mujeres jóvenes en Costa Rica. Y no era la única presidenta en América Latina: durante los años de mi gestión, de 2010 a 2014, Michelle Bachelet concluyó su primer mandato en Chile; Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina, y Dilma Rousseff llegaba a la presidencia de Brasil un año después, en 2011.

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en una conferencia de prensa en Brasilia en octubre de 2014CreditUeslei Marcelino/Reuters

En los últimos doce años la región no ha dejado de tener al menos a una mandataria. Ese ciclo de mujeres en el poder terminará en unos días, cuando Bachelet deje la presidencia de Chile. Pero no será para siempre.

¿Por qué no hubo relevos femeninos después de nuestras presidencias? En alguna medida se debe al estándar de valoración inusualmente drástico al que las mujeres en el poder fuimos sometidas. El caso más dramático quizás es el de Rousseff, destituida de su cargo en 2016. En su salida anticipada hubo un elemento misógino. Ella lo ha dicho: “Había dobles estándares para los hombres y para las mujeres. Me acusaron de ser dura y severa; a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte”.

Es también mi caso. Pese a que la economía mantuvo una tasa de crecimiento promedio de un 4,5 por ciento interanual, de que se generaron más empleos que antes, de que después de mi gestión la tasa de homicidios cayó en un 30 por ciento y de que denunciamos graves casos de corrupción, la valoración de mi mandato fue una de las más bajas de la historia reciente del país.

Las cuatro presidentas latinoamericanas recibimos ataques incesantes y sesgados, y no se puede descartar que un efecto intimidatorio haya desanimado a muchas políticas a lanzarse como candidatas. En el ciclo electoral de este año solo dos mujeres —Margarita Zavala en México y Marta Lucía Ramírez en Colombia— están en la contienda por la presidencia.

Durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Chile en 2013, el primer ministro de España, Mariano Rajoy, saluda a los presidentes Laura Chinchilla, Evo Morales, Dilma Rousseff, la primera ministra de Alemania Angela Merkel y a la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. CreditEliseo Fernandez/Reuters
Sin ánimo de justificar los errores cometidos en nuestras presidencias, los gobiernos de las mujeres experimentaron un escrutinio desigual al de los hombres por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Y esto no es exclusivo de nuestra parte del mundo.

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, del análisis de 22.136 artículos publicados en 2015 surgió que las mujeres constituyeron solo el 24 por ciento de los sujetos informativos, porcentaje que disminuye al 16 por ciento en las noticias que informan sobre política y gobierno. Pero no solo se trata de un problema de invisibilización de las mujeres en las noticias, sino también de la forma sesgada como se les cubre.

El peso de los estereotipos y el sexismo en los medios condicionan una cobertura de las mujeres asociada a temas domésticos más que laborales; a atributos emocionales o físicos más que intelectuales, y a caracterizaciones de nuestras personalidades como de débiles o volubles. De las noticias analizadas sobre política en América Latina, el 90 por ciento reforzó estos estereotipos de género. Muchas veces, la notoriedad política de las mujeres se reduce a lo que llevamos puesto.

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Michelle Bachelet en junio de 2017 en el palacio presidencial en SantiagoCreditMeridith Kohut para The New York Times

A Bachelet le preguntaban de manera insistente por su vida sentimental y era común que a mí me preguntaran si había llorado después de algún evento dramático. Ser mujer se convirtió en la causa que explicaba nuestros errores: los yerros que comenten los hombres se quedan con el individuo, pero los errores que cometemos las mujeres los paga todo el género.

Esa es la lógica detrás de las encuestas que, en el momento más bajo de nuestras gestiones, preguntaban: “¿Volvería usted a votar por una mujer?”. Nunca hemos visto que después de una crisis económica, de un escándalo de corrupción o de abusos de poder de presidentes, se pregunte a los electores si volverán a votar por un varón.

Pese a todo, el actual vacío de liderazgo femenino en las presidencias de los gobiernos de América Latina no es definitivo. El crecimiento de la participación femenina en los congresos de la región ha trasladado el liderazgo político de las mujeres del poder ejecutivo al legislativo. Con excepción de Brasil, donde el porcentaje de mujeres en el congreso sigue siendo tan solo del 11 por ciento, en Argentina, Chile y Costa Rica el número de legisladoras ha crecido. Después de las elecciones de 2017 en Chile, la representación femenina en ambas cámaras pasó de un 15 al 23 por ciento. En Costa Rica, los resultados electorales del 7 de febrero de este año incrementaron dicha representación del 33 al 46 por ciento.

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, América Latina es la segunda región del mundo con más representación femenina en los órganos parlamentarios (28,8 por ciento), un porcentaje que aumentará durante el ciclo electoral de este año por las leyes de paridad aprobadas en varios países.

Puedo decirlo desde mi experiencia: la acción afirmativa es un mecanismo eficaz para impulsar la equidad de género en la política. Fui parte del primer congreso costarricense que en el año 2002 se constituyó con 35 por ciento de mujeres y pese a que pertenecíamos a partidos políticos distintos, nos unimos para elegir mujeres en los cargos de la Corte Suprema de Justicia y así balancear su composición.

Con más mujeres en puestos de decisión política, en América Latina se han impulsado medidas que incentivan más nuestra participación, como la aprobación de leyes para combatir el acoso y normas que obligan a los partidos políticos a asignar recursos para la capacitación política de las mujeres. Los espacios políticos que hemos conquistado gracias a las medidas de acción afirmativa se convertirán en almácigos donde germinarán nuevas lideresas.

Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, Argentina, en 2014CreditDavid Fernández/European Pressphoto Agency
A estas políticas se suman otras conquistas de los doce años de gobiernos de presidentas: no fue hasta la gestión de Fernández de Kirchner que se introdujo la figura penal del feminicidio en Argentina. Durante el segundo periodo de Bachelet el aborto se reguló en Chile y con Rousseff se alcanzó la paridad en la educación primaria, secundaria y terciaria. Entre los logros que más me enorgullecen de mi gestión están la creación de un programa de corresponsabilidad por parte del Estado en el cuidado de los niños y adultos mayores, y la implementación de medidas que permitieron que hacia el final de mi mandato la tasa de feminicidios disminuyera en un 70 por ciento.

Aun sin ocupar los puestos más altos del gobierno, la generación de mujeres latinoamericanas que está participando en la política, ya sea en sus partidos o en los parlamentos, será garantía de que los logros de una década se mantengan y se profundicen.

Es una mala noticia que en la región no habrá presidentas en 2018, pero a largo plazo las cosas lucen distintas. Con los congresos más igualitarios y diversos —un hecho que ya es irreversible—, las jóvenes lideresas de América Latina serán las protagonistas de la política de los próximos años. No pasará mucho tiempo más sin que haya mujeres en el poder. Las mujeres latinoamericanas ya saben que pueden ser presidentas. Falta mucho por avanzar, pero en nuestra parte del mundo, el techo de cristal se quebró.

NYT

Laura Chinchilla Miranda fue presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014. Es profesora de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigadora en la Universidad de Georgetown.

AMÉRICA LATINA, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, DILMA ROUSSEFF, IGUALDAD DE GÉNERO, LAURA CHINCHILLA, MICHELLE BACHELET, PRESIDENTAS

Pese a la ancestral relación, algo parece haber cambiado en los centroamericanos que no ven en México el vecino cercano del pasado

Hace pocos días publiqué en una red social unas breves pero sentidas líneas expresando mi indignación por la concreción de parte del Presidente Donald Trump -mediante la firma de decretos ejecutivos-, de sus amenazas en contra de México sustentadas en los prejuicios y la xenofobia.

 
Grande fue mi sorpresa, cuando de manera casi unánime quienes comentaron mi publicación, rechazaron el llamado de apoyo hacia México, especialmente aquellos de Centroamérica. Al mismo tiempo me percaté, de que las manifestaciones de solidaridad con esa nación de parte de líderes políticos, empresariales y sociales de estos países han sido más bien escasas.

 
Esta actitud, es relativamente nueva. Los vínculos entre México y Centroamérica son más antiguos que nuestras naciones. Formamos parte de Mesoamérica, tierra de civilizaciones milenarias prehispánicas, habitada por mujeres y hombres de maíz, como les llamó el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, adonde se extendió la civilización Anáhuac y la lengua náhuatl.

Fuimos también parte del Virreinato de Nueva España y nos llegaron los ecos de la gesta de Hidalgo y del visionario heroísmo de Morelos. Nuestra independencia de la monarquía española se hizo como fruto del Plan de Iguala y bajo la bandera verde, blanco y rojo.

Ya en el siglo XX, con la figura de Madero en la revolución y con la constitucionalización de los derechos de los trabajadores, México volvió a ser referente e inspiración para las naciones de Centroamérica. El protagonismo de México durante los conflictos armados que golpearon a algunos países de esta región, durante los años setenta y ochenta, fue evidente y en muchas ocasiones a contrapelo de las políticas impulsadas por Washington.

Esta larga historia de relaciones arraigó en el alma de los centroamericanos en donde ha sido común encontrar en cada recodo hombres y mujeres que, aun sin conocerlo, se sienten cercanos a México desde la infancia y la juventud. Le rezan a la Virgen de Guadalupe; con música mexicana serenatean y lloran sus penas de amor; en las aulas o fuera de ella leen a los grandes escritores de esa tierra; y convierten a los personajes de la televisión en verdaderos héroes del imaginario popular, como el recordado Mario Moreno –Cantinflas- o el recientemente fallecido Roberto Gómez –Chespirito-.

Sin embargo, pese a esta ancestral relación, algo parece haber cambiado que hoy los centroamericanos no ven en México al vecino cercano del pasado. Y es que a partir de los años noventa, el NAFTA obligó a México a destinar la mayor parte de sus esfuerzos de política comercial y de política exterior a administrar sus relaciones con el vecino del norte. A pesar del reiterado interés que cada gobierno de México manifiesta por sus vecinos del sur, y de los mecanismos de cooperación que se han sucedido tales como el Mecanismo de Tuxla, el Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamérica, o los acuerdos comerciales que se han negociado, la naturaleza de esa relación se ha venido modificando.

Muchas de las acciones de cooperación han enfrentado dificultadas para su ejecución y la agenda entre México y Centroamérica se ha concentrado en los temas comerciales, de seguridad y migración, la misma agenda que prioriza Estados Unidos hacia México. Si bien resulta innegable la intensificación de los intercambios comerciales y de los flujos de inversión entre México y Centroamérica, no se percibe la misma fluidez que en el pasado en lo relativo a la movilidad de personas.

La ampliación de las zonas sensibles para la seguridad de Estados Unidos, hacia México y el norte de Centroamérica, ha condicionado la cooperacón entre estos dos últimos en temas de narcotráfico y crimen organizado lo que ha llevado a intensificar los mecanismos de control fronterizo.

Los acuerdos para la «repatriación digna y segura» que México ha suscrito con Guatemala, Honduras y El Salvador en los últimos años, emulan los acuerdos que en este área ha suscrito México con Estados Unidos. Es así como la frontera sur de México se ha acabado convirtiendo en el primer punto de contención de la migración hacia los Estados Unidos, afectando los flujos que sí son legítimos y que, a lo largo de la historia de relaciones entre México y Centroamérica, contribuyeron al desarrollo económico de ese país y a las relaciones de amistad y armonía entre nuestras naciones.

México creó, en el año 2014, el Programa Frontera Sur para contener los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Así, el número de detenciones en la frontera sur con México pasó de 46.969, entre julio 2013 y junio 2014, a 93.613, entre julio 2014 y junio 2015, según datos recabados por el Observatorio de Legislación y Política Migratoria provenientes del Instituto Nacional de Migración de México.

Será por esto que, en medio de la tensiones generadas por el gobierno de Trump con México, el tema de los inmigrantes centroamericanos ha estado sobre la mesa. Algunas voces de destacados políticos y analistas mexicanos sugirieron responder a Trump con la amenaza de no ayudar en la contención de la migración centroamericana.

También, en el reciente encuentro entre los Secretarios de Estado y de Seguridad de ambos países, las dos partes coincidieron en indicar que el problema de la migración ilegal tiene su origen en Centroamérica, a la vez que el Ministro del Interior de México reiteró su compromiso a «detener el paso de personas de México hacia Estados Unidos.»

Será por eso que muy pocos lectores se identificaron con mi llamado al #TodosSomosMéxico, y más bien alguno de ellos, haciéndose eco de la preocupación de muchos, invocó la frase que hizo famosa el recientemente desaparecido humorista mexicano: ¿Y ahora quien podrá defendernos?

Laura Chinchilla. expresidenta de Costa Rica 2010-2014