En Venezuela la suerte está echada. No hay fuerza capaz de contener a un pueblo cuando está decidido a alcanzar la libertad y la justicia.

Quiero hoy referirme a algunos casos que aparecen después de la II Guerra Mundial con características muy particulares: la lucha a través de manifestaciones pacíficas.

De inmediato viene a la mente el caso de Gandhi. El Mahatma («Gran Alma») –título honorífico que recibió del poeta y filósofo bengalí Rabindranath Tagore– emprendió la tarea ciclópea de liberar a su patria, la India, de uno de los más poderosos imperios que haya conocido la humanidad: el Imperio Británico.

La gesta del Mahatma se caracterizó por recurrir a métodos de lucha no violentos, aunque promovió la desobediencia civil como medio para resistir el dominio británico. Emprendió la marcha de la sal, una manifestación en contra los impuestos que se aplicaban al producto. Fue una marcha de 300 kilómetros con el objeto de recolectar sal violando leyes del gobierno de la colonia. Más de 60.000 indios siguieron su ejemplo marchando desde Karachi hasta Bombay.

Impotente ante aquellas demostraciones populares, Gran Bretaña finalmente se vio obligada a conceder la libertad a la India. Moralmente no se podía justificar la violencia contra quienes protestaban sin violencia.

Otro ejemplo del éxito de la lucha pacífica lo encontramos en Estados Unidos con Martin Luther King. Su objetivo era acabar con la segregación racial a través de métodos no violentos, reclamando derechos civiles básicos para los negros. La Marcha sobre Washington, que reunió a más de 250.000 personas y pronunció su famoso discurso «I have a dream», cautivó la imaginación del mundo. Finalmente fue asesinado en Memphis, pero sus objetivos fueron conseguidos. Cabe también citar el ejemplo de Mandela en Suráfrica, con la derrota de Apartheid.

También lo ocurrido en Europa Oriental, en el denominado Otoño de los Pueblos en 1989, que causó la caída del Muro de Berlín, erigido por Krushov y el desmoronamiento del Telón de Acero instaurado por Stalin, sin que se dispara un solo tiro. De ese fenómeno político extraordinario formaron parte los casos de Solidaridad con Lech Walesa, en Polonia, y de Václav Havel, en Checoslovaquia.

Esos casos, que dieron al traste con el comunismo, tienen un denominador común. Fueron cambios trascendentales protagonizados por pueblos que manifestaban en paz. Los militares de esos países, comunistas endurecidos, se negaron a disparar contra las concentraciones pacíficas de ciudadanos. El único caso en que un dictador de Europa del Este ordenó disparar al pueblo que protestaba fue el de Rumania. Ceausescu terminó siendo fusilado junto con su esposa.

En la Primavera Árabe las manifestaciones populares causaron cambios políticos profundos y acabaron con muchas de las viejas dictaduras árabes. La caída de Mubarak, en Egipto, fue precedida de 18 días de manifestaciones populares. En el caso de Libia, Gaddafi recurrió a la aviación para reprimir a los manifestantes y la OTAN reaccionó con un ataque aéreo para frenarlo. Derrocado, Gaddafi huyó, pero fue atrapado y ejecutado. Su destino terminó siendo el mismo que el de Ceausescu.

Hoy Venezuela está siendo testigo de otro portento histórico. El pueblo se ha volcado a las calles. Las manifestaciones que están ocurriendo son más numerosas que las que reunió Gandhi en la Marcha de la Sal; Martin Luther King, en Washington; Václav Havel, en Checoslovaquia, o Lech Walesa en Polonia. También son más numerosas que las que reunió Yeltsin en la plaza Roja, en Moscú, que desembocaron en el fin del comunismo y el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991. Las protestas han perseverado tanto como las de la Revolución Naranja, cuando los ucranianos salieron masivamente a las calles en 2005 para exigir la salida del presidente y no retornaron hasta haber logrado su objetivo.

Hoy en día, si alguien ordenara disparar contra esas manifestaciones, sin duda terminaría en la Corte de La Haya. Recordemos que Venezuela es signataria del Tratado de Roma.

La suerte está echada. Internacionalmente el régimen está aislado y se ganó el rechazo del mundo. Ya, en franca minoría, anuncia su salida de la OEA. También es minoría en Unasur y hasta en la Celac. Confronta problemas en la ONU y la Unión Europea lo censura acerbamente.

Insisto. Ahora es indispensable promover una salida pacífica a través de un gobierno de transición que les disminuya, a unos el costo de irse y, a otros, la garantía de que el país pueda recuperar la gobernabilidad. Solo así, con el camino ya despejado y unos poderes públicos independientes, podremos ir unas elecciones cuyos resultados sean respetados.

José Toro Hardy
@josetorohardy

“La fuerza no constituye derecho y únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos”. Eso afirmaba Rousseau en su Contrato Social. Actualmente Venezuela lleva más de un mes de continuas protestas enfrentando en las calles a un régimen que, por la vía de la fuerza, pretende imponer un modelo socialista ilegítimo que el pueblo ya rechazó en referéndum consultivo en 2007. Pocas veces la historia ha sido testigo de manifestaciones tan masivas y perseverantes.

Enfrentado a una creciente pérdida de legitimidad, las posibilidades del régimen se van limitando al uso cada vez mayor de la fuerza. Como un recurso desesperado, se sacan de la manga la propuesta de una constituyente que es la negación de lo que nuestra carta magna establece al respecto. La constituyente es un recurso que pertenece al soberano. El soberano es el pueblo, no el presidente. Solamente el pueblo, mediante un referéndum, es el que tiene la potestad de realizar tal convocatoria mediante voto universal que respete el principio de “un ciudadano, un voto”. Pero la que pretende el régimen es una constituyente comunal, obrera y campesina, privilegiando el voto de las misiones.

Como señalaron los obispos venezolanos, la convocatoria presidencial de una asamblea constituyente “sectorizada” tiene por objeto “constitucionalizar” el “Estado comunal” en un intento por insertar el Plan de la Patria en el texto constitucional e implantar un gobierno totalitario.

El antecedente histórico de este proyecto podemos encontrarlo en los soviets que surgieron en Rusia en 1905 para oponerse al zar y que tuvieron un papel protagónico en la Revolución de Octubre de 1917. “Soviet”, en ruso, significa consejo, asamblea o junta. En aquel caso se referían a las asambleas de soldados, obreros y campesinos que sirvieron como base en la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una vez en el poder, los bolcheviques implantaron la Constitución soviética de 1918 –que sirve de inspiración al socialismo del siglo XXI– conforme a la cual se organizó la administración política del Estado con base en una estructura conocida como “centralismo democrático leninista”. Consistía esta en sucesivos soviets, hasta llegar a la máxima autoridad que era el Soviet Supremo.

En la URSS muy pronto los soviets perdieron la capacidad de decisión en el ámbito local y quedó todo el poder concentrado en un único partido, el Comunista, cuyo secretario general detentaba el poder real y encabezaba el Consejo de Ministros que originalmente se denominaba Consejo de Comisarios del Pueblo.

Aunque Lenin solía repetir la frase: “Todo el poder para los soviets”, en la URSS se estableció un régimen totalitario en el que todo el poder se concentraba en las manos de Stalin.

En el caso venezolano la intención del régimen es crear la figura de los consejos comunales a imagen y semejanza de los soviets para reemplazar así la Asamblea Nacional.

Después de 18 años en el poder el régimen no ha sido capaz de quebrarle el espinazo a la convicción democrática de Venezuela. Si no lo pudo hacer en los años de abundancia, cuando el país producía hasta 3,7 millones de barriles diarios de petróleo y un precio que llegó a superar los 110 dólares el barril, que permitió un populismo desenfrenado, mal podrán lograrlo ahora que el país está sumido en la peor crisis de su historia. Lo único que a duras penas ofrecen hoy son unas bolsas CLAP que llegan a pocos.

La convocatoria fullera de una constituyente a espaldas de la Constitución para imponer un Estado comunal y forzar la implantación de un socialismo que ya fracasó, será sin duda enfrentada por un pueblo irreductible que está en la calle. Las fuerzas vivas del país entre las cuales están los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, los académicos, la Iglesia, las universidades, los partidos políticos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, los artistas y, en general, la inmensa mayoría de los venezolanos, no importa su estrato social, están elevando su grito de protesta. Ese grito ya ha llegado a oídos de una comunidad internacional que ahora está plenamente consciente y horrorizada con la tragedia venezolana.

La constituyente propuesta por el régimen no haría más que enardecer los ánimos del país con grave riesgo de que se produzca un estallido social. La salida pacífica pasa por un gobierno de transición, preferiblemente concertado, que al igual que ocurrió en otras latitudes le brinde a unos la posibilidad de poder irse en paz, y a los otros, la garantía de que el país pueda recuperar la gobernabilidad para enfrentar los problemas que lo aquejan y dirigirse, con el camino ya despejado, hacia unas elecciones cuyos resultados sean respetados.

José Toro Hardy

@josetorohardy

La ingobernabilidad que está imponiéndose en Venezuela augura momentos complejos. Luce cada vez más difícil que el actual régimen pueda mantener por mucho tiempo el control de la situación y, si lo hace, será profundizando su actitud agresiva hacia una oposición que ya perdió el miedo a manifestar. La violación de derechos humanos se irá agravando a manos de un sector que, sabiéndose minoría, percibe que no tiene hacia dónde correr. Siendo ese el caso, posiblemente algunos de sus más radicales miembros opten por llegar hasta el final –como dice el dicho– «con las botas puestas». Tal actitud terminaría por ahondar las diferencias con otros miembros del mismo bando que no están dispuestos a incurrir en la barbarie que se requeriría para mantenerse en el poder «a toda costa».

Tres de las cuatro fuerzas siguen apegadas al criterio de que «a los manifestantes ni con el pétalo de una rosa»; sin embargo, desde las más altas esferas surgen anuncios de que se van a armar centenares de miles de milicianos para enfrentar a esos manifestantes.

Francamente, dudo que tales anuncios sean acogidos con indiferencia por los componentes institucionalistas de las Fuerzas Armadas. Estamos pues frente a un escenario de grandes riesgos, incluso el de la posibilidad de que surjan diferencias irreconciliables entre ellos.

Veamos pues: ingobernabilidad, ilegitimidad, inflación, contracción económica, desempleo, crisis humanitaria, son todos términos de una ecuación que pueden conducir al país a una situación de incontrolable violencia. A ello hay que agregar el tema de una comunidad internacional que cada vez manifiesta mayor preocupación por el deterioro institucional del país.

Quizá llegó la hora de que la sociedad procure salidas civilizadas. Ciertamente esas salidas pasan por un cambio de gobierno; pero un cambio de gobierno, por sí solo, no garantiza que se recupere la estabilidad. Por ello, parece obvio que se requiere una transición que permita poner la casa en orden para después ir a unas elecciones.

El régimen debe comprender que el costo de aferrarse al poder «a como dé lugar» es cada día mayor. Por otra parte, la oposición debería facilitar opciones que permitan disminuir el costo de una salida convenida.

Eso sería probablemente lo que más convenga a la sociedad porque se podrían ahorrar infinidad de vidas humanas. Por otra parte, facilitaría también una recuperación de la gobernabilidad.

Entendamos que la gobernabilidad es fundamental para que el país pueda tomar una senda de recuperación. La economía requiere de medidas que el padre Luis Ugalde ha calificado como «cirugía mayor». Tales medidas son difíciles de tomar si no hay un consenso mínimo en la sociedad. Por otra parte, las mismas tendrían un alto costo político para quien las asuma. Es por ello que quienes aspiren a competir en una próxima contienda electoral pudieran verse tentados a demorar la adopción de decisiones que, aunque impopulares, son indispensables. Esas decisiones serían aún más difíciles de tomar en medio de un clima de severa conflictividad.

Es por ello que estoy convencido de que a todos conviene una suerte de taima político. Eso sería lo que podría representar un gobierno de transición cuyo objetivo no sea el de emprender persecuciones ni retaliaciones contra unos, pero que a la vez no sea percibido como una competencia por quienes legítimamente aspiren a competir después en elecciones.

Un gobierno de transición tendría que comenzar por liberar a todos los presos políticos y suspender todas las inhabilitaciones, a la vez que invitar a los venezolanos que se han tenido que ir a que regresen a su patria. Tendría que restablecer la confianza. «Confianza» es esa palabra mágica que coexiste con la seguridad jurídica cuando se respeta la propiedad privada y se acatan las bases de la democracia, fortaleciendo la independencia de los poderes y respetando los derechos humanos entre los cuales está la libertad de expresión.

También pasa por tomar las medidas que faciliten la recuperación de la economía, entre las cuales destaca el combate a la inflación, devolviéndole la independencia al BCV y resolviendo los inmensos desajustes y corruptelas que ha generado el control de cambios. En lugar de un Estado controlador habría que pensar en un Estado promotor que remplace controles por estímulos. Habría que devolverle al sector privado las empresas que han sido expropiadas e invitarlas a retomar sus inversiones. Habría que abrirles las puertas a las inversiones nacionales y extranjeras, pues sin ellas es imposible pensar en la reconstrucción de Venezuela. Habría que buscar acuerdos para dar por terminados múltiples arbitrajes pendientes invitando a esas empresas a regresar al país. Habría que reinsertar a Venezuela en la comunidad financiera internacional

La tarea es ciclópea. Dios ilumine a los venezolanos.

José Toro Hardy

@josetorohardy

El derecho de protestar pacíficamente está garantizado en nuestra Constitución, como lo está la separación de poderes. El principio de que el pueblo es el soberano (no el régimen) está también grabado en nuestra Constitución tal como lo está la defensa de los derechos humanos. El pueblo solo delega indirectamente el ejercicio de esa soberanía cuando los poderes se acogen a la Constitución y respetan la decisión expresada en sufragios libres.

Cuando la decisión del pueblo es violada por uno de los poderes, como ocurrió cuando la Sala Electoral pretendió acusar un fraude en las elecciones del estado Amazonas (sin adelantar un juicio ni convocar nuevas elecciones), ese poder está violentando la soberanía del popular. Lo hizo para birlarle al pueblo la mayoría de las 2/3 partes que este le entregó a la oposición en el Congreso.

El equilibrio de los poderes ha desaparecido y con ello la democracia ha dejado de existir. Un TSJ irregularmente designado por una moribunda Asamblea Nacional, ya repudiada por el pueblo y mientras exhalaba su último aliento, se ha enseñoreado en el país.

Cuando la Sala Constitucional pretende acusar de desacato a un Parlamento legítimo (sin estar para ello facultado por nuestra Constitución) también está violentando la soberanía del pueblo, máxime cuando pretende arrogarse funciones que solo corresponden al Poder Legislativo. Al hacerlo rompió el hilo constitucional como lo denunció la fiscal general de la República.

Y como si fuera poco, la corrupción y el narcotráfico, en los más altos niveles imaginables, llenan de vergüenza a unos ciudadanos que no saben cómo explicarle al mundo cómo es posible que esto haya llegado a ocurrir en nuestro país.

El pueblo salió el 19 de abril a protestar, tal como lo hizo en esa misma fecha en 1810, fecha en que se inició el proceso de independencia de Venezuela. En este 19 de abril de 2017 cerca de 2,5 millones de caraqueños le dijeron a quien parece haber rendido nuevamente esa independencia a una nación extranjera: “Fuera, fuera, no lo queremos”.

Y a partir de allí el pueblo ha seguido en la calle, reclamando sus derechos, pacíficamente, a pesar de la arremetida con la cual el régimen y sus grupos armados lo han atacado.

El régimen está acorralado. Pretende a la fuerza implantar un modelo socialista que los venezolanos rechazaron expresamente en el referendo constitucional de 2007. Ese modelo que de espaldas a la soberanía popular pretende imponer el régimen, además de ilegal, solo ha servido para arruinar a Venezuela.

Hoy nuestra economía colapsó. Padecemos la inflación más alta del mundo y probablemente la mayor contracción económica del planeta. Destruyeron uno de los aparatos productivos que, aunque en problemas, era uno de los más prósperos del continente. Empobrecieron a la población en términos inaceptables al extremo de que hoy 82% de los venezolanos viven por debajo de la línea de la pobreza y 50% en pobreza extrema, conforme a estudio de las universidades Central de Venezuela, Católica y Simón Bolívar. Destruyeron también Pdvsa, que para poder seguir operando requiere hoy de tan abultados auxilios financieros del BCV que se ha transformado en la causa principal de la atroz inflación que nos afecta. Dejaron a Venezuela aislada financieramente del mundo, ya que ninguna institución seria le otorgaría financiamientos sin contar con la autorización de la AN. Arrasaron con nuestros campos. Están acabando con las reservas en oro del BCV a través de oscuras operaciones de SWAP. Hipotecaron en 100% a Citgo, que es el principal brazo comercializador de nuestro petróleo. Pretenden crear empresas mixtas sin la aprobación de la AN. Expropiaron infinidad de empresas que antes eran productivas y ya no lo son y hundieron el país en una crisis humanitaria sin precedentes.

Pero el bravo pueblo está en la calle. Pocas veces en la historia se han visto manifestaciones tan numerosas y otras ciudades siguen el ejemplo que Caracas dio.

Y no es para menos. Es un fenómeno humillante que, conquistando a un solo hombre, un país pequeño y pobre haya podido apoderarse y aplastar a otro país grande y rico, succionándole sus riquezas e imponiéndolo un modo de vida extraño a su idiosincracia.

La paciencia de los venezolanos ya superó todos los límites. También la paciencia de la comunidad internacional. En Venezuela soplan vientos de cambio. Una gesta heroica y cargada de ética se está desarrollando en el país. Un pueblo armado solamente con la Constitución y la ley se está enfrentando con un régimen descarrilado que anuncia estar dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder.

Ya no hay marcha atrás. Retroceder implicaría arrodillarse ante una tiranía y resignarnos a ser nuevamente una colonia.

José Toro Hardy

@josetorohardy

En la Constitución de Venezuela prevalece la protección a los derechos humanos, cuya situación, según Provea, en el país es deplorable.

“La Constitución sirve para todo”, ignominiosa frase que pronunció José Tadeo Monagas en 1848 después de lanzar a sus colectivos a que asaltaran el Congreso que se aprestaba a enjuiciarlo.

Transcurridos 169 años, el mismo salvajismo ha resucitado en la nación vvenezolana. El hilo constitucional se rompe al quebrantar el régimen elementos fundamentales de la democracia, como es el caso del equilibrio de los poderes. Ello constituye un ataque contra la soberanía popular.

Los derechos humanos son básicos en la democracia consagrada en nuestra Constitución, y en pactos y tratados internacionales suscritos y ratificados. Cuando algún organismo internacional reclama su cumplimiento y el Tribunal Supremo de Justicia responde: “No aplica”, viola el artículo 31 de nuestra máxima ley que obliga al Estado a “dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales…”.

La Constitución, en su artículo 23, establece «ad litteris» (letra por letra):

«Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Se violan los derechos humanos cuando se mantiene detenido irregularmente a un ciudadano. Por ejemplo, en el caso de Yon Goicochea (y otros) que permanecen detenidos en calabozos, a pesar de que los tribunales han ordenado su liberación. Veamos lo que al respecto reza la Constitución.

Art.. 44. “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.

También, a modo de ejemplo, podemos citar el caso de la detención del general Vivas:

Art 44. “Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y estos o estas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida…”.

Y también señala el mismo artículo 44:

“Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse”.

Por otra parte, en relación con las denuncias de presuntas torturas o tratos crueles a dirigentes de Voluntad Popular, el artículo 46  dice textualmente:

“Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…».

Tamara Sujú, asilada en Praga, presentó ante la Corte Penal Internacional una lista de 55 presuntos casos representativos.

Con indignación vemos la violencia conque las fuerzas del régimen o los colectivos atacan las manifestaciones de protesta de la sociedad civil. Al respecto la carta magna establece:

Artículo 68. “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

Y continúa el mismo artículo:

“Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Todos hemos visto las nubes de gases lacrimógenos con las cuales se atacan las manifestaciones.

En videos mostrados en las redes sociales y canales internacionales se vio el uso de bombas lacrimógenas presuntamente lanzadas desde un helicóptero. El gobierno lo ha negado, pero de verificarse, a los culpables les corresponden penas de 6 a 8 años conforme al artículo 141 de la Ley de Aeronáutica Civil: “Para quien lance cosas o substancias nocivas desde una aeronave…».

El uso de colectivos, suerte de “Tonton macoutes” organizados para arremeter contra las manifestaciones, viola una vez más la Constitución que atribuye al Estado el monopolio de la fuerza. No son distintos estos cuerpos a los Camisas Pardas de Hitler, los Camisas Negras de Mussolini o las Brigadas Rojas de Mao.

Quienes incurren en delitos contra los derechos humanos serán penados civil y penalmente –según el Artículo 25 de nuestra carta magna– “sin que le sirvan de excusa órdenes superiores”.

Conforme al Artículo 29 de nuestra Constitución las violaciones “a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles”. Estos delitos quedan excluidos de los beneficios de “indulto y la amnistía”.

El régimen pretende acusar de traición a los ciudadanos que se dirigen a los organismos internacionales. Sin embargo el Art. 31 de la carta magna reza:

“Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines…».

José Toro Hardy

@josetorohardy

La gobernabilidad es fundamental en el mantenimiento del orden social. Tiene que ver con la capacidad de un gobierno para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. El origen del término «gobernabilidad» viene del verbo latino  latino «gubernare», que puede traducirse como «pilotar un barco».

En el caso que nos ocupa podríamos resumir el concepto como la capacidad de un gobierno para pilotar el barco del Estado.

Venezuela está atravesando por lo que probablemente sea una de las peores crisis de toda su historia. La podemos comparar con una tormenta en medio del océano con olas encrespadas. Quien conduce el buque parece haber perdido la capacidad de sortearla. Peor aún, fue su incapacidad la que condujo el buque al vendaval, cuando todos le advertían que ese el rumbo lo llevaría al desastre.

Los buques están diseñados para superar estos temporales, tal como los Estados lo están para superar las crisis, por severa que estas sean. Hay una sola condición para que puedan lograrlo: la legitimidad.

Mientras la sociedad perciba que el gobierno es legítimo, los miembros de la misma tienen la obligación moral de acatar al gobernante. La situación cambia cuando este pierde la legitimidad.

¿En qué consiste la legitimidad de un gobernante? La misma puede ser de dos tipos:  de origen y de desempeño.

Hay legitimidad de origen cuando se han respetado las normas electorales. Tal como lo señala la Constitución, el soberano no es el régimen es el pueblo, quien puede ejercer esa soberanía directamente o «indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público».

Ahora bien, cuando después de haber cumplido con todas las condiciones el régimen violenta el derecho del pueblo a convocar un referendo revocatorio previsto en la Carta Magna -en connivencia con una Sala Constitucional a su vez también de dudoso origen- o cuando por las mismas vías en CNE retrasa o impide la convocatoria a elecciones de gobernadores, la consecuencia es que ese régimen pierde su legitimidad de origen.

Por su parte, la legitimidad de desempeño depende, tal como lo expresa la propia Carta Magna, de que el gobierno respete «la Constitución y la ley». Y es que «los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». A violar el equilibrio de los Poderes que es una de las condiciones «sin ecuanon» de la democracia, el régimen está desconociendo la soberanía popular y el sometimiento que a ella le debe, con lo cual destruye   la legitimidad de desempeño.

Así, cuando la Sala Constitucional dicta sentencias sin juicio para declarar en «desacato» a la Asamblea Nacional, viola la soberanía del pueblo, porque la tal figura del desacato de la Asamblea no está prevista en la Constitución.

Y cuando la Sala Electoral dictamina que hubo irregularidades en la elección de los diputados por Amazonas, pero no lo prueba ni adelanta un juicio, ni convoca a nuevas elecciones, también está violando la soberanía popular.

Y cuando organismo vinculados al Ejecutivo se niegan a acatar las órdenes de un Tribunal de liberar a un detenido, también violan esa soberanía. Y cuando el régimen mantiene numerosos presos políticos violenta  expresos mandatos de la Carta Magna, así como cuando desconoce sentencias de organismos internacionales derivados de Pactos y Tratados debidamente suscritos y ratificados por la República. Vale la pena recordar el Art 23 de nuestra Constitución. declara de manera expresa que «los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela , tienen jerarquía Constitucional … y son de inmediata y directa aplicación por los tribunales y demás órganos del Poder Público»

De manera pues que en nuestro país se ha producido un desconocimiento masivo de la soberanía popular por parte de un régimen que en consecuencia ha perdido totalmente la legitimidad de desempeño.

Pérdida la legitimidad y sumido el país en una crisis económica sin precedentes que se manifiesta en una escasez perniciosa de alimentos y medicinas, en la inflación más alta del mundo, en un déficit fiscal inmanejable y en la destrucción del aparato productivo, resulta altamente improbable que se pueda mantener la gobernabilidad.

Como se dijo al principio, el régimen ha perdido la capacidad para sostener la estabilidad social y política dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. Pareciera que sólamente por la vía de una represión desmedida intenta aferrarse a un poder que se le escapa como sal y agua entre las manos.

Y a todo lo anterior se suma la actuación de los organismos internacionales que ya no pueden seguir indiferentes abra la tragedia que vive Venezuela, De allí las actuaciones de Mercosur y de la OEA.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Don Quijote a Sancho: “Todas estas borrascas son señales de que ha de serenar el tiempo. Habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca”.

Los grandes filósofos políticos del Siglo de las Luces, precursores de la Revolución Francesa, van desgranando en sus obras los principios sobre los cuales se asienta la democracia:

“Le pouvoir arrête le pouvoir” (el poder frena el poder), decía Montesquieu en su obra L’Esprit de Lois (El espíritu de las leyes). Se refería al equilibrio de los poderes que debe existir en democracia. La misma idea la usan los anglosajones con el concepto de “Check and Balance” para referirse a la relación que debe existir entre los poderes cuyo objetivo es impedir que alguno de ellos abuse de sus facultades.

Cerca de 60 sentencias del TSJ contra la AN y en particular las sentencias (sin juicio) 155 y 156, así como la “aclaratoria” de las mismas, ponen en evidencia que no hay separación de poderes.

Rousseau en su Contrato social se oponía a la excesiva fuerza del Estado. “Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho, y que únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos”. Allí se basa el artículo 350 de nuestra Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

John Locke desde Inglaterra señalaba que la soberanía emana del pueblo y que el Estado tiene como misión principal proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Abordaba también Locke al principio de la separación de los poderes. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos.

Basándose en Locke,+ nuestra Constitución establece que el pueblo es el soberano. Señala en su artículo 5°: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (…) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

El soberano no es el régimen, es el pueblo, que ejerce directamente esa soberanía “en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público”.

Esa delegación “indirecta” está, pues, sometida a dos condiciones: que se respete la voluntad popular expresada en sufragio y que se respete la Constitución y la ley.

En Venezuela se ha producido una suerte de agavillamiento de poderes a través del cual se pretende desconocer la voluntad popular expresada en los sufragios que le dieron a la oposición el control de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Se irrespeta así nuestro contrato social. Se viola la soberanía del pueblo cuando se impide el referéndum revocatorio previsto en los artículos 72 y 73. La misma burla tiene lugar cuando se impide o retrasa la elección de gobernadores también prevista en la carta magna. Igual cuando una Sala Constitucional (dudosamente elegida) pretende “interpretar” disposiciones no interpretables, porque se trata de condiciones “Ad litteris” (letra por letra) como las previstas en el artículo 41: “Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República…”. Y ni hablar de las actuaciones de la referida Sala violentando la soberanía popular al desconocer facultades de la Asamblea Nacional arrogándose el ejercicio de las mismas y acusándola de desacato. ¡No existe tal desacato!

Las transgresiones son tan descaradas que la comunidad internacional ya no puede permanecer callada. Eso es lo que está ocurriendo en la OEA y también en el Mercosur.

El régimen pretende hacernos creer que hay una injerencia y una violación de nuestra soberanía. ¡Falso! Como antes se dijo, el soberano es el pueblo. Es el régimen el que viola la soberanía del pueblo cuando, valiéndose de la delegación “indirecta” en algunos órganos de los poderes públicos, vulnera la Constitución.

La Resolución del Consejo Permanente de la OEA señalando las graves alteraciones del orden constitucional e instando al gobierno a restaurar la plena autoridad del Parlamento y restablecer orden democrático, queda perfectamente enmarcada dentro de la Carta Democrática Interamericana, que es un Tratado Internacional suscrito por el gobierno venezolano y ratificado por el Parlamento. “Pacta sunt servanda” (lo pactado obliga). Allí no hay injerencia alguna. Hay, sí, un llamado al gobierno de Venezuela para que respete la independencia de los poderes y los derechos humanos que son principios fundamentales de la democracia representativa, cuya promoción y consolidación es el propósito fundamental de la OEA.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Una corte federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.400 millones de dólares contra Venezuela a favor de Crystallex por la expropiación de sus operaciones mineras en Venezuela. Crystallex puede ahora exigir que se haga cumplir la sentencia contra los activos de Venezuela en Estados Unidos.

¡Dios santo! ¿Hasta dónde podrá llegar el daño que esta locura populista le puede causar a Venezuela? ¿Será que ahora iremos a perder Citgo?

Volvamos algunas páginas hacia atrás para entender lo que está ocurriendo. Las Cristinas –con sus 31 millones de onzas de reservas– se dice que es la mina de oro más grande de Latinoamérica.

A finales de los noventa la concesión de Las Cristinas le fue concedida a otra empresa canadiense, Placer Dome, que para el desarrollo del proyecto creó Minera Las Cristinas, CA (Minca).

Posteriormente, Placer Dome vendió su participación en Minca, en una operación que el Estado venezolano no reconoció. En 2002, el presidente Chávez anuló los derechos de Minca sobre Las Cristinas y le otorgó la concesión a Crystallex. Posteriormente Chávez la nacionalizó alegando que: “Esos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales”.

Se inicia así un tortuoso proceso de arbitraje ante el Ciadi (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) que concluye con la decisión citada al principio de una corte federal de Washington que permitiría a Crystallex apoderarse de los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, incluyendo PDV Holding y su subsidiaria Citgo.

El caso se complica porque recientemente el 100% de las acciones de Citgo fueron gravadas: 51,1% para garantizar el pago de los bonos de Pdvsa, cuyo vencimiento se renegoció para el año 2020, y 49,9% en garantía por un préstamo por 1.500 millones de dólares otorgado por la empresa rusa Rofsnet. Pdvsa ha sido incluso acusada de haberse insolventado fraudulentamente afectando los derechos de otros acreedores, como es el caso de Crystallex.

¿Qué significa esto para Venezuela?

Comencemos por afirmar que Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Disponía de 8 refinerías en el país norteño con capacidad para refinar 1,8 millones de barriles diarios, así como de 66 terminales, participación en oleoductos que atravesaban Estados Unidos de sur a norte y 15.250 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Esos activos, en conjunto, nos permitían el raro privilegio de poder llevar los crudos venezolanos desde nuestros propios yacimientos hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Gracias a esa perfecta integración vertical habíamos llegado a controlar 10% del mercado de gasolina más grande del mundo que es el de Estados Unidos.

Sin embargo, desde su inicio, el actual régimen fue debilitando esa posición. De los 1,8 millones de barriles diarios que exportábamos a Estados Unidos hoy enviamos unos 750.000 b/d. Nos hemos desprendido de los oleoductos y de varias refinerías. Nuestro potencial de refinación cayó también a la mitad y de las 15.250 estaciones de servicio quedan menos de 6.000. Aún así, ese país sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones petroleras y, por cierto, de los pocos que aún nos pagan en efectivo.

Pero la situación es mucho más grave de lo que parece. Nuevos acontecimientos amenazan al petróleo venezolano. El primero es la autorización para la construcción de oleoductos que llevarán el petróleo canadiense hasta el golfo de México desplazando nuestros crudos. Pero, más grave aún, la conjunción de tres factores podrían hacer que nuestros crudos dejen de ser competitivos en el mercado americano: a) el rápido desarrollo de la producción petrolera de Estados Unidos gracias al “fracking”, b) el acelerado y constante abaratamiento de los costos de producción con esa tecnología, y c) las ventajas fiscales que se anuncian para la producción de petróleo de lutitas.

Ahora bien, mientras seamos los propietarios de Citgo, nada podía impedir que esta empresa tomase la decisión de abastecerse con crudos de su casa matriz, Pdvsa.

Me explico. En cualquier otra empresa pudiera ocurrir que alguno de sus accionistas objetase la compra de petróleo en condiciones menos ventajosas. Pero, como el único accionista de Citgo es Pdvsa, en nuestro caso ese riesgo no estaría planteado.

Pero la situación ha cambiado. Debido a la manía expropiadora del régimen venezolano, es la propiedad de Citgo la que ahora está en riesgo. Tenemos numerosos arbitrajes pendientes en el Ciadi, muchos de los cuales ya hemos perdido y otros –como en el caso de Conoco Phillips– que están por decidirse.

Cada arbitraje perdido pone en riesgo la propiedad de nuestras instalaciones en el exterior y, particularmente, la propiedad de Citgo que como hemos visto tiene una importancia estratégica fundamental para Venezuela.

En esta situación hemos caído como consecuencia de la llegada al poder de unos advenedizos dogmáticos que creyeron que con El Capital de Marx bajo el brazo podían hacer y deshacer como les viniera en gana con el destino de Venezuela.

Ahora la situación adquiere proporciones realmente graves. Si algún consejo se me permite, yo les recomendaría a estos señores que a la mayor brevedad llamen a Crystallex, a Conoco Phillips y a las demás empresas con reclamaciones pendientes ante el Ciadi y se sienten a negociar directamente con ellos. Que les ofrezcan reponerles los derechos que fueron afectados en estos años de locura, y que se establezcan las condiciones requeridas para que retomen las inversiones que con tanta urgencia se requieren para ayudar a Venezuela a salir de esta pavorosa crisis en que han sumido al país sin ninguna necesidad.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Llegó el momento de que los venezolanos nos sentemos a recapacitar. Durante mucho tiempo una parte de nuestra dirigencia política nos ha tratado de convencer de las virtudes del socialismo.

Existía en muchos la convicción de que controlando el aparato productivo el Estado estaría en condiciones de extender los beneficios del crecimiento económico a la población.

Lamentablemente, el poder ha pervertido las inquietudes sociales de quienes así pensaban. Lo que impera es un mero cálculo político. Las masas solo se requieren para conservar el poder. Hay que hacer creer a las masas que todo se hace en beneficio de ellas, cuando en realidad las evidencias muestran todo lo contrario. Hoy hay más pobres que nunca (82% de la población, según el estudio conjunto de la UCV, la UCAB y la Simón Bolívar) y los pobres son cada vez más pobres (52% de la población en pobreza extrema).

Los viejos socialistas se han transformado en una nueva oligarquía, entendiendo por tal –según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española– una “forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario”, y, según otra acepción, como “autoridad que ejercen en su provecho un pequeño número de personas”. En eso se ha transformado el régimen imperante, en un “conjunto de poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio” (Diccionario El Mundo).

Pues bien, llegó la hora de hacer un balance. Cabe preguntarse, ¿está hoy mejor el pueblo que antes? La respuesta es un contundente ¡NO!

Siendo ese el caso, ¿por qué vamos a seguir creyendo que el Estado debe poseerlo todo y controlarlo todo? ¿En qué nos beneficia que el Estado sea dueño de infinidad de empresas que solo producen pérdidas, restándole recursos a la educación, la salud o la seguridad?

Lo que realmente importa es que la economía se desarrolle y que los beneficios del progreso se extiendan lo más equitativamente posible a la población, mejorando su nivel de vida.

Lo primero se logra a través de un Estado promotor. Un Estado que estimule las inversiones y fomente las actividades y la productividad de forma que la economía crezca y produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, impulsando una abundancia que abarate los precios. Un Estado en el que se respete la propiedad privada, los derechos humanos, que haya seguridad jurídica y que la justicia sea igual para todos. Un Estado capaz de crear las condiciones para que con su esfuerzo todos puedan participar del progreso.

La distribución equitativa se logra a través de políticas educativas que permitan a la población la mejor capacitación posible para así poder alcanzar mayores niveles de remuneración y participar en mayor grado tanto en la creación como en el disfrute de la riqueza. Resultan indispensables también políticas públicas que promuevan la salud, porque la promoción del bienestar social requiere que se le facilite a la población el acceso a una salud asequible y garantizada para todos.

Las políticas públicas vinculadas a una mejor distribución de la renta y a la seguridad social, tal como lo son las políticas fiscales y laborales modernas, tienen que formar parte indisoluble del progreso de una nación, tal como la seguridad de los ciudadanos y los bienes tiene que ser garantizada por el Estado, junto con la prestación eficiente de los servicios públicos que se requieren.

En la Venezuela de hoy el Estado no está cumpliendo con ninguna de las funciones anteriores. En cambio, ha destruido el aparato productivo, ha expropiado millones de hectáreas del sector agrícola que antes eran productivas y ahora no, se ha adueñado de infinidad de empresas agroindustriales y de todo tipo que ya no producen, ha introducido toda suerte de controles y regulaciones que asfixian todas las iniciativas, ha empobrecido brutalmente al país y lo ha endeudado. Un Estado que todo lo nacionaliza y lo daña y que ha envilecido la moneda. Que ha degradado la salud y la educación. Que ha desatado una escasez perniciosa. Que nos ha hundido en una crisis humanitaria sin precedentes. Que ha destruido Pdvsa y las demás empresas básicas y las ha transformado en una inmensa fábrica de inflación al financiar sus déficits vía BCV.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Cabe preguntarse, ¿tiene el Estado el derecho soberano de hundir al pueblo en la pobreza en nombre de un socialismo que fue expresamente rechazado en referéndum en 2007 y que no prevé la Constitución?

José Toro Hardy

@josetorohardy

Venezuela, a no dudarlo, es uno de los territorios más ricos del mundo. A pesar de ello el país se encuentra sumido en la peor crisis económica de su historia.

No es el resultado de la caída de los precios del petróleo. Ningún otro país de la OPEP ha caído postrado como Venezuela. Es más bien una mezcla de populismo, dogmatismo, incapacidad y corrupción.

La inflación más alta del mundo, combinada con la mayor contracción económica del planeta,  han provocado un empobrecimiento acelerado de la población.

El último estudio conjunto de la UCV, UCAB y la USB muestra que 82% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y que 52% se ubica en situación de pobreza extrema.

Cabe señalar, sin embargo, que casi la mitad del drama se puede caracterizar como “pobreza coyuntural”; es decir, que podría superar esa situación si las condiciones económicas del país cambian.

Vale la pena detenernos en este punto. ¿Cómo es que viviendo en uno de los territorios más ricos del mundo, los venezolanos pudimos caer en una situación tan deprimente?

La razón es clara. No son las riquezas naturales las que determinan el éxito de una sociedad. Es la capacidad de esa sociedad para fomentar el progreso mediante el esfuerzo creativo de sus miembros y su habilidad para propiciar las condiciones adecuadas para un progreso sostenido. Esa era la ambición de Arturo Uslar Pietri expresada en aquella frase que algunos atribuyen a Alberto Adriani de “sembrar el petróleo” y a la vez la inteligencia para evadir la maldición de Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien advertía que el petróleo podría –como efectivamente ocurrió– convertirse en “el excremento del diablo”.

Esa tragedia es atribuible a un modelo de Estado que todo lo quiso controlar, expropiar y regular. Un régimen capaz de destruir y asfixiar las iniciativas. Que consciente de haber perdido el favor popular, recurre ya sin ambages a lo que sea con tal de frustrar esa “majadería burguesa” de la alternancia en el poder.

Pero inevitablemente el país entrará en una etapa de transición positiva en la cual el petróleo tendrá que desempeñar un papel importante; pero no ya el petróleo como renta, porque ya el rentismo murió al quedar exangüe la renta.

El mayor aporte que podrán dar los hidrocarburos tendrá que venir por la vía de las inversiones.  Habrá que crear las condiciones para que las mismas se sientan atraídas y brindarles la seguridad jurídica que requieren.

La última Ley Orgánica de Hidrocarburos se diseñó bajo la convicción de que los precios del petróleo seguirían subiendo de manera indefinida. La realidad ha resultado bien diferente. Hoy los precios vuelven a caer y el último recorte aprobado por productores OPEP y no OPEP no está dando los resultados esperados. El recorte fundamentalmente sirvió para estimular las inversiones en fracking cuyos costos de producción siguen bajando en Estados Unidos, en tanto que la producción de ese país aumenta rápidamente.

Nuestra industria petrolera necesita ser reactivada. Nuestra producción está cayendo de manera sostenida y perniciosa. El suministro a los mercados que nos pagan en efectivo, como es el caso de Estados Unidos –donde el mayor comprador es nuestra propia filial Citgo– se ha reducido a la mitad en los últimos 15 años. Igualmente se están reduciendo los envíos a mercados como la India que también nos pagan en efectivo. Esos clientes están siendo sacrificados para poder pagar las deudas contraídas con China y con Rusia.

Pero como el país tiene que seguir viviendo, resulta indispensable reactivar la industria para suplir a los mercados que sí nos pagan. Esto sólo puede lograrse por vía de inversiones frescas.

Ahora bien, visto que el Estado no está en condiciones de aportarlas (y si dispusiera de los recursos tendría que priorizar necesidades urgentes como la educación, la salud y también la crisis humanitaria en que estamos sumidos), se hará necesario diseñar una nueva apertura petrolera, quizá más audaz que la anterior.

Los inversionistas no podrán ser escogidos a dedo, ni tampoco en base a preferencias de carácter geopolítico como hace el actual régimen. La selección debe basarse en licitaciones transparentes que tomen en consideración las mayores ventajas que puedan proporcionar a la Nación.

Se le debe dar prioridad al aporte revitalizador que esas inversiones puedan dar para la reactivación del aparato productivo, porque el efecto multiplicador de las mismas será la clave para la recuperación del país. Habrá que negociar la devolución de lo que ha sido expropiado y resolver amistosamente los arbitrajes pendientes, invitando a los inversionistas a retomar sus proyectos.

Habrá que hacer hincapié en la industrialización aguas abajo de los hidrocarburos. Si bien las exportaciones petroleras son importantes,  no podemos seguir manteniendo la dependencia con respecto a un único sector que aporta más de 96% de las divisas que nos ingresan. Tenemos que diversificar las exportaciones y, ahora sí, debemos tomar en serio la consigna de “sembrar el petróleo” propiciando el mayor desarrollo posible de los demás sectores de la economía. Debemos afincarnos en las ventajas comparativas que podamos lograr con un sólido sector petroquímico que provea de fertilizantes a nuestra agricultura y compita en toda Latinoamérica y de materias primas a una floreciente industria química.

Una cosa nos ha demostrado la experiencia: cuando adoptamos una política petrolera creíble, cuando respetamos la propiedad privada y garantizamos la seguridad jurídica, las inversiones comienzan a fluir en todos los sectores. Esos son elementos  indispensables dentro de un conjunto de políticas públicas sensatas –en las cuales lo social tendrá un rol vital– que estamos obligados a desarrollar. Se lo debemos a ese 82% de los venezolanos que viven por debajo de la línea de la pobreza. También se lo debemos a todos los compatriotas que quieren recuperar la confianza en su país y, particularmente, a los jóvenes que hoy se ven obligados a efectuar periplos internacionales buscando en otras tierras lo que la suya propia le negó.

Nota: En mi último artículo mencioné que a los socios privados de las empresas mixtas que sustituyeron a los contratos de la apertura petrolera, se les había entregado 40% de las reservas en las áreas donde operan. Al respecto me escribe Luis Xavier Grisanti –Presidente Ejecutivo de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos– señalando que no fue así. No se les entregó la propiedad de esas reservas sino que se les reconoció su valor entregándoles 40% del negocio, basándose para ello “en la valuación del flujo de caja neto descontado del negocio, es decir, el valor presente neto”.

José Toro Hardy

@josetorohardy