El 30 de noviembre de 1952 se eligió una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución y para designar un presidente provisional para Venezuela. No podían participar ni Acción Democrática ni el Partido Comunista que habían sido ilegalizados. En ausencia de ellos Unión Republicana Democrática pasó a ser el partido más importante.

Aunque se pensó en llamar a la abstención, al final no se hizo. URD y COPEI fueron los partidos que presentaron tarjeta en oposición al FEI de Marcos Pérez Jiménez.

Según datos no oficiales proporcionados por Armando Veloz Mancera, URD obtuvo un amplio triunfo con casi 1,2 millones de votos, seguido por el FEI que logró unos 400.000 votos, en tanto que COPEI obtuvo 306.000 votos.

Sin embargo, los resultados anunciados por el gobierno fueron bien diferentes. El Consejo Electoral dominado por el régimen proclamó vencedor al FEI con algo más de 788.000 votos. Desde luego, esos resultados eran fraudulentos.

Aquella Asamblea Nacional Constituyente aprobó una nueva Constitución y proclamó como Presidente a Marcos Pérez Jiménez. A su vez, el régimen envió al exilio a Jóvito Villaba.

No hay nada nuevo bajo el sol. Los fraudes electorales no son cosa nueva en nuestra historia.

Ahora bien, en los siguientes años Pérez Jiménez logró mantenerse firmemente en el poder con el decidido apoyo de las Fuerzas Armadas.

Pero un nuevo fraude, esta vez de corte socialista, está ocurriendo hoy en nuestro país. Cabe preguntarse, ¿será que los autores del actual engaño podrán consolidarse por algunos años en el poder tal como logró hacerlo Pérez Jiménez?

Para analizarlo es necesario estudiar las enormes diferencias entre aquellas circunstancias y las actuales.

En 1952 el mundo aún estaba fuertemente influenciado por los resultados de la II Guerra Mundial. El papel de Venezuela había sido fundamental. Habíamos aportado más del 60% del petróleo utilizado por las fuerza aliadas.

En 1952 fue derrocado el Sha de Irán por su primer ministro Mossadegh y se interrumpió el suministro petrolero de ese país.Por otra parte, una inmensa riqueza petrolera surgía en el Golfo Pérsico. Todo aquel petróleo tenía que transitar por el Canal de Suez, a través de Egipto, para llegar a los mercados europeos donde era urgentemente necesitado.

Pero también en 1952 el Rey Faruk de Egipto fue destronado por un golpe de estado encabezado por Gamal Abdel Nasser, quien no tardaría en nacionalizar el Canal de Suez amenazando así esa vital arteria petrolera.

La posición estratégica de Venezuela, ubicada al norte de Latinoamérica, adquirió aún mayor relevancia. El mundo necesitaba de nuestro petróleo y Pérez Jiménez era una garantía de estabilidad para el flujo seguro de esos hidrocarburos hacia los mercados.

Aquello se tradujo en importantes ingresos adicionales que bien utilizados permitieron una etapa de prosperidad sin precedentes. Venezuela pasó a ser el país de mayor crecimiento económico en el mundo entero. En los años siguientes el gobierno venezolano otorgó nuevas concesiones petroleras, logrando así substanciales recursos que alimentaron una envidiable etapa de prosperidad.

Pero ya para 1957 los mercados petroleros se habían estabilizado y la sed por el petróleo venezolano no era tan perentoria. Al finalizar su período presidencial Pérez Jiménez no se atrevió a convocar elecciones y en su lugar llevó a cabo un Plebiscito, que volvió a perder, pero igual se proclamó vencedor.

Aquel nuevo fraude tuvo lugar el 15 de diciembre de 1957. Muchos pensaron que Pérez Jiménez se saldría con la suya. Después de todo, contaba con lo que parecía un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, apenas un mes después -el 23 de enero de 1958- aquellos mismos militares que lucían incondicionales le dieron un golpe de estado y lo derrocaron.

Vale la pena detenernos aquí para comparar aquella situación con la que ocurre hoy. Acaba de tener lugar la convocatoria a una Asamblea Constituyente cargada de irregularidades. Conforme a nuestra Constitución una Constituyente tiene que ser convocada por el pueblo y su elección debe ser el resultado de una votación universal, directa y secreta. En el caso que nos ocupa, eso no ocurrió y, para colmo, todos están conscientes del conteo fraudulento de los votos. Hasta SmarMatic así lo reconoció.

La otra gran diferencia es que en 1953 Venezuela atravesaba por una etapa de prosperidad impresionante. Hoy en cambio vivimos lo que probablemente sea la peor crisis económica de nuestra historia. Los años de vacas gordas fueron absurdamente desperdiciados en populismo barato y hoy nuevas tecnologías hacen que nuestro petróleo ya no sea tan indispensable para el mundo. El aparato productivo fue salvajemente destruido y padecemos la tragedia de la inflación más alta del mundo. Sufrimos además una severa crisis humanitaria en medio de gravísimos niveles de escasez en alimentos y medicinas.

Hoy en día 40 países han rechazado la Constituyente, Mercosur suspendió al régimen, EEUU se apresta a aplicar mayores sanciones, la Unión Europea también, 63 miembros del Grupo de los No alineados no firmaron el apoyo solicitado por el gobierno, en Perú 12 países del Hemisferio condenaron la ruptura democrática en Venezuela. Contra el régimen cursan acusaciones en La Haya. En fin, el aislamiento del régimen crece vertiginosamente. La ONU denuncia un patrón de uso excesivo de la fuerza y tratos crueles e inhumanos. Y mientras todo eso ocurre, la producción petrolera se viene a pique y la crisis económica se profundiza.

Creo pues que esta revolución de pacotilla está llegando a su fin. A Venezuela habrá que reconstruirla.

@josetorohardy

El 30 de julio tuvo lugar la votación convocada por el oficialismo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Sorprendentemente y con inusual efectividad, esa misma noche el CNE anunciaba los resultados. No tiene nada de extraño. No era sino el anuncio de una cifra previamente convenida para engatusar a los venezolanos.Escuchando los resultados de Tibisay Lucena no pude evitar que me viniera a la mente la famosa novela “1984” (Big Brother) de George Orwell. Las cifras del CNE parecían guardar tan poca relación con la realidad como las que solía citar el Ministerio de la Verdad en la novela de Orwell.

Los centros de votación habían estado vacíos todo el día. Anticipándose a esa situación y para evitar que los ciudadanos fuesen testigos de tanta soledad, Tibisay Lucena había ordenado abandonar los centros donde usualmente se votaba en Caracas y los había concentrado en el Poliedro. “Nucleación” fue el nombre rimbombante que le dieron a esa estrategia.  Nucleados tantos centros en  uno solo, cabía esperar inmensas colas en ese lugar. Claro, era difícil que se vieran porque el Plan República había prohibido a los medios acercarse más de 500 metros. No obstante, gracias a un instrumento demoníaco contra el cual nada pueden los dictadores, los ciudadanos se transformaron en periodistas y tomaron infinidad de fotos y videos con sus celulares: el Poliedro estaba casi vacío.

El régimen había amenazado a empleados públicos y a quienes se ven en la necesidad de comprar los CLAP con que si no votaban serían despedidos y no recibirían más alimentos subsidiados. Nuevamente me vino a la mente la novela de Orwell:  El “GRAN HERMANO TE VIGILA”. Para hacerlo más explícito, por toda la ciudad se exhiben grandes carteles con los ojos vigilantes del “Hermano Mayor”. Los pobres ciudadanos viven en una suerte de paranoia. Por todas partes se sienten espiados. Incluso en los  televisores de sus casas no están seguros de no ser vigilados a través de las “telepantallas”. De hecho ya hace algunos años el diputado Pedro Carreño había explicado que los televisores eran bidireccionales para ver y escuchar a la gente en la intimidad de sus hogares. Además, en una extensa campaña de culto a la personalidad, por todas partes hay inmensas vallas y cartelones que muestran “un rostro de bigote negro”. Ese “rostro de bigote negro te observa desde todas las esquinas”.

Para colmo, el día de la votación un helicóptero pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en vuelo curvo. Orwell lo describía así: “Era la patrulla de la policía encargada de vigilar a la gente por las ventanas”. Sin embargo, las patrullas eran los de menos. “El verdadero problema era la Policía del Pensamiento”. Esa era la encargada de impedir que los medios informasen acerca de la soledad que imperaba en el Poliedro, en los otros centros de votación o en relación con la rebelión civil que se desarrollaba. Cada uno de los medios recibió la visita de Conatel para advertirles que serían cerrados si suministraban informaciones que no fuesen del agrado el régimen.

Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de la Verdad y de la Policía del Pensamiento, la gente se volcó a las calles, pero no a votar, sino a protestar. La Guardia Nacional, la Policía Bolivariana, el CONAS y los colectivos no se daban abasto para reprimir.  Recurrieron a una profusión de bombas lacrimógenas, fusiles de perdigones y metras, tanquetas, ballenas y también armas de fuego. Violaron casas y edificios. Golpearon despiadadamente y violaron DDHH.  El resultado según los medios fue una grosera cantidad de heridos y muertos en ese día, en particular en Ejido, Estado Mérida. Presos incontables.

Y mientras tanto el Ministerio de la Verdad, que en “neolengua” (lengua del régimen que transforma la mentira en verdad oficial), no cesaba de explicar que el objeto de la Constituyente no era otro que el de alcanzar la paz y la reconciliación.

George Orwell, en su referida novela , explicaba los tres lemas del partido de gobierno: “la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza”. Tales lemas parecen cuadrar perfectamente con los del PSUV.

Pues bien, concluido el acto electoral, Tibisay Lucena se presentó en las “telepantallas”  para informar en “neolengua” que más de ocho millones de personas habían ido a votar, que el proceso electoral había reafirmado la fortaleza de la revolución y que la nueva Asamblea Constituyente había contado con la votación masiva de la mayoría de los inscritos en el padrón electoral. A su vez, el Ministerio de la Felicidad anunciaba que había triunfado la paz.

Eso sí, el régimen tiene un problema: nadie le cree. Torino Capital, empresa dirigida por Francisco Rodríguez, realizó ese día una extensa encuesta en boca de urna en todo el país y los resultados difieren un poco de los oficiales. Y es que esa encuesta, además de la adelantada por la MUD que desplegó sus técnicos en todos los centros, coincide en afirmar que el número de votantes apenas superó los 3 millones. Las probabilidades de que las cifras oficiales sean ciertas “son estadísticamente de un 0,1%” aseveró Francisco Rodríguez.

El propio Luis Emilio Rondón, Rector del CNE y que conoce al monstruo desde adentro, explica las razones por las cuales esa Constituyente es inconstitucional y por qué los resultados del CNE  no son veraces ni confiables. Más aún, hasta Smartmatic denuncia el fraude. También lo hacen figuras peculiares como Eva Golinger y Andrés Izarra.

La falta de credibilidad del gobierno es tal que el número de países que se niegan a reconocer la Constituyente crece a minutos como una bola de nieve que, de la mano con la legitimidad y la popularidad del régimen, desciende aceleradamente cuesta abajo en su rodada hacia el abismo de la ingobernabilidad y el aislamiento.

La Constituyente nació con plomo en el ala y el régimen está más débil que nunca.

@josetorohardy

“Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”. Esa frase debe haber retumbado en la conciencia de todos los gobiernos democráticos del mundo, particularmente en los gobiernos democráticos del continente, que por cierto tienen una cita el 26 de julio en el Consejo Permanente de la OEA para tratar por sexta vez el caso de Venezuela.

En el momento de escribir estas líneas no sé aún cuál será el resultado de esa reunión.

“Los países votan por sus intereses y no por sus principios democráticos”, afirmó Almagro en su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Cabe preguntarse, ¿es que acaso la democracia no forma parte de los intereses de esos países? En particular debemos referirnos al caso de algunos gobiernos del Caribe que heredaron del Reino Unido un sistema parlamentario del cual dicen sentirse orgullosos. ¿Pueden esos gobiernos parlamentarios tolerar la arremetida vandálica contra el Parlamento venezolano que ocurrió el 5 de julio? ¿Pueden aceptar la violación flagrante de los derechos humanos a la cual se refiere también el secretario general? Si esa es la posición que prevalece en la reunión de la OEA, entonces tendremos que concluir que Almagro se equivocó y que esos países no votan ni por principios ni por intereses sino por otro tipo de oscuros intereses. Dios quiera que no sea ese el caso.

Es interesante destacar la estrategia que el régimen venezolano viene desarrollando en la OEA. Los 35 países independientes de América han ratificado su Carta constitutiva de 1948, comprometiéndose a fortalecer la paz, la seguridad, consolidar la democracia y promover los derechos humanos, apoyando el desarrollo económico y social.

¿Es que acaso no salta a la vista que todos esos objetivos brillan por su ausencia hoy en Venezuela? ¿Apoyar el desarrollo económico y social? ¿No es obvio que nuestro país está atravesando por lo que quizá sea el mayor empobrecimiento y retroceso social en toda su historia republicana?

Pero en fin, quiero creer que en esta ocasión haya prevalecido la decencia en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y que esas naciones hayan comprendido que los verdaderos intereses de sus pueblos están claramente identificados con la Carta de la Organización. Mal negocio harían alineándose con una tambaleante dictadura, que ya no tiene cómo cumplir sus promesas, corriendo el riesgo de incurrir en un desprestigio abrumador.

En todo caso, la misma estrategia que hace años Fidel Castro le vendió al régimen venezolano en el caso de esa organización es la que se pretende utilizar en el caso de la inconstitucional asamblea constituyente del próximo domingo.

Tal estrategia consiste en darle a cada municipio (no importa cuán pequeño o despoblado sea) el derecho de elegir a un constituyentista, dándole al voto de sus habitantes un peso mucho mayor que al de los habitantes de municipios de mucho mayor población. Es decir, no todos los venezolanos son iguales. Para muestra basta un botón: al municipio Maroa de Amazonas, con una población de aproximadamente 1.930 habitantes, le corresponde la elección de 1 diputado a la constituyente, al igual que al municipio Maracaibo del estado Zulia cuya población supera 1.450.000 habitantes. Es decir, el voto de los maracuchos vale 755 veces menos que los de Maroa… ¿Son acaso inferiores?

En el país existen cerca de 335 municipios, la mayoría de ellos pequeños y despoblados. Basta con enviarles una cuantas cajas CLAP a sus pobladores para obtener su voto, estafando así a la inmensa mayoría de los habitantes de Venezuela.

Es el mismo concepto que se aplica en la OEA. Cada habitante de Estados Unidos –el país más poblado de América con 325 millones de habitantes– vale 7.065 veces menos que el de quienes habitan en San Cristóbal y Nieves con 46.000 habitantes. Basta con enviarles unos pocos barriles de petróleo a esas pequeñas islas del Caribe para asegurarse sus votos en la organización.

Una constituyente, diseñada sobre bases que son un fraude a la Constitución, no puede prevalecer. No puede ser que se acepte un mecanismo írrito que sirva para que menos de 15% de la población le imponga al restante 85% un modo de vida que contraría sus valores, principios, garantías democráticas y que vulnera los derechos humanos.

Si tal cosa ocurriera, la activa reacción de la comunidad internacional se sumaría a la de los venezolanos, desatando una situación de ingobernabilidad que terminaría por corregir los entuertos de la dictadura. Sin duda nuestros compatriotas desconocerían tal régimen, como se lo exigen los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.

@josetorohardy

A las 11:30 pm del 16 de julio se anunciaron los resultados del plebiscito. Gracias a Dios no aparecieron las caras desacreditadas de siempre sino las de figuras que no admiten censura, ¡qué contraste!: los doctores Cecilia García Arocha, José Virtuoso SJ, Benjamín Scharifker, Jessy Divo y Raúl López Sayago, rectores de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, Metropolitana, Carabobo y UPEL respectivamente.

Es difícil reunir tanta respetabilidad, prestigio y autoridad moral en una sola mesa. Ellos garantizaron la honestidad y transparencia del proceso. Como observadores vinieron cinco ex presidentes latinoamericanos de Colombia, México, Costa Rica y Bolivia. Fue un proceso que asombró al mundo. Se trató de un evento impecable que mostró a la comunidad internacional la irreductible voluntad de una sociedad que muchos consideraban resignada, pero que por el contrario se declaró en rebeldía civil blandiendo las armas de la paz, la Constitución y el civismo.

En apenas 15 días, sin recursos, enfrentando las amenazas de un régimen autoritario y violador de derechos humanos, plantándole cara al salvajismo asesino de los “Tonton Macoutes” de este nuevo Duvalier, los ciudadanos adelantaron un proceso electoral ejemplar. Los empleados públicos fueron amenazados con despido y a la gente más humilde se les dijo que no recibirían más los CLAP ni las bombonas de gas. Aún así, sin amilanarse ante la censura con la cual el oficialismo intimidó a los medios de comunicación, una ciudadanía heroica logró lo que parecía imposible: organizar una consulta popular intachable . Se trató de un acto que pasará a la historia y que se transformará en una fecha patria honrada por las generaciones futuras.

Muchos tenían expectativas mayores y en un principio quedaron desilusionados. La realidad es que existían apenas 14.000 mesas de votación (contra más de 40.000 en una elección convencional). El número de votantes posibles por mesa es de unos 540; es decir que el potencial máximo era de unos 7,6 millones de votantes. Pues bien, esa cifra se superó.

Estamos pues frente a una gesta cargada de épica y de ética, características que nunca logró alcanzar la  moribunda revolución. Se unirá su recuerdo al de eventos históricos trascendentes como la Marcha de la Sal del Mahatma Gandhi en la India, el discurso “I Have a Dream” de Martín Luther King  en Washington y el Otoño de las Naciones en la Europa de 1988 que derrumbó al Muro de Berlín y a la Cortina de Hierro.

Fue tan impactante el resultado, que naciones como México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, Perú, Colombia, Honduras, Argentina, Costa Rica y organizaciones como la ONU, la Unión Europea (que de paso al igual que Estados Unidos planteó la posibilidad de sanciones) y otras, no dudaron en pronunciarse. Se trata de una acción excepcional en el pausado mundo de la diplomacia.

Coincide todo ello con una crisis inmanejable en nuestra economía, caracterizada por la inflación más alta del mundo, la escasez perniciosa de alimentos y medicinas, la destrucción del aparato productivo, la caída del ingreso petrolero, un déficit fiscal insostenible, la destrucción del valor de la moneda y muchos otros factores.

Pero el presidente, usurpando funciones del soberano, sigue a troche y moche con su inconstitucional plan de una Asamblea Constituyente que vulnera los principios más elementales de la democracia al concentrar la consulta sólo entre sus simpatizantes que no llegan al 20% de la población. Su única oferta es incrementar la dosis del mismo veneno con el cual ha destruido a  Venezuela. La reacción internacional no se está haciendo esperar.

La Asamblea Nacional, cubierta con un manto de constitucionalidad, reconocimiento y dignidad, anuncia la designación de los nuevos magistrados del TSJ en reemplazo de aquellos exprés que fueron seleccionados irregularmente. Pronto procederá también al reemplazo de los rectores del CNE, que han dejado de cumplir su función de árbitro para transformarse en un incondicional aliado del gobernante.

Parece obvio que el régimen no reconocerá a esas nuevas autoridades. También es obvio que a los ciudadanos nadie los detendrá. Se avecinan pues tiempos difíciles.

Rápidamente se va perdiendo la poca legitimidad que aún podía quedarle al régimen. Ello conduce a una profundización de la ingobernabilidad; es decir, estas autoridades perdieron la capacidad de gobernar.

Tan grave como ello es la ineptitud del régimen para mostrar resultados en materia de gobernanza, término que se utiliza para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad. El círculo, pues, ya se cerró.

José Toro Hardy

@josetorohardy

El 16 de julio será una fecha patria. Así será recordada. Será el día en que el pueblo venezolano se volcará a las calles a exigir su libertad. Será el día en que el Himno Nacional resonará en el alma de todos los ciudadanos: “¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!”.

Investidos con la autoridad de saber que el pueblo es el soberano, el Poder Primario, iremos a votar para impedir que la Constitución sea derogada por medios distintos a los establecidos en su texto.

Será el día en que el despotismo temblará de pavor y en el que de nuestros corazones surgirá un clamor: “Gritemos con brío, ¡muera la opresión! Compatriotas fieles, la fuerza es la unión”.

Ese día nos enfrentaremos “al vil egoísmo” que esta vez no triunfará porque, en esta lucha, se juega el porvenir de la patria y el futuro de nuestros hijos.

Y en medio de la angustia que nos agobia, todos los credos, representados en la voz de nuestros obispos,  tampoco permanecerán callados ante un gobierno que no respeta la vida y que trata por cualquier medio de imponer una dictadura militarista, marxista, socialista y comunista. Por eso iremos a votar, convencidos de que “desde el Empíreo el Supremo Autor un sublime aliento al pueblo infundió”.

Iremos a sufragar porque nos rebelamos ante la idea  de que habiendo conquistado a un solo hombre, los gobernantes de una isla sumida en la pobreza y en la cual sus ciudadanos carecen de libertades, se estén apoderando de nuestra patria. Que nos tratan de imponer un modo de vida que contraría nuestros valores y principios y que viola las garantías democráticas y menoscaba los derechos humanos. Que la independencia lograda por nuestros libertadores esté en entredicho, porque el régimen está entregando sumisamente el tributo que exigen las naciones vencedoras a las vencidas. Reaccionemos: “¡Abajo cadenas!”

Ya no hay manera de ignorar la destrucción masiva impuesta a la que por derecho propio debía ser una de las naciones más prósperas del continente. Ya no se puede ocultar que 80% de los venezolanos vive bajo la línea de pobreza y 50% en condiciones de pobreza extrema. Que muchos venezolanos están comiendo de la basura. Por eso, “¡el pueblo en su choza libertad pidió!”.

Iremos a votar porque la delincuencia nos ha transformado en uno de los países más inseguros del planeta. Padecemos la inflación más alta del mundo, vivimos en medio de una crisis humanitaria brutal ante la escasez de alimentos y medicinas. Han destrozado desde el sistema de salud hasta el aparato productivo y están tratando de adoctrinar a nuestros niños. Nuestros hijos han tenido que emigrar buscando en otras tierras lo que la suya propia les negó y el valor de nuestra moneda, que orgullosamente ostenta el nombre de Bolívar, ha sido arrastrado por el fango.

Todo ello ha provocado una caída sin precedentes en la popularidad de unas autoridades corruptas. Cerca de 85% de los venezolanos se opone a ese estado de cosas.

Sin embargo, usurpando la soberanía popular, el régimen pretende imponer una constituyente con los dados cargados con un mecanismo de consulta que no es otra cosa que un fraude a la Constitución que, imitando el modelo soviético y el corporativista de Mussolini, coloca en una minoría ínfima de la población la capacidad de aplastar la voluntad mayoritaria de los venezolanos.

Llámese plebiscito, referendo consultivo, asamblea de ciudadanos o como se quiera, iremos a votar. Lo cierto es que serán muchos millones los venezolanos que van a manifestar su inconformidad el próximo 16 de julio. La colosal autoridad moral que se desprenderá de esa votación masiva será tal, que no habrá Sala Constitucional exprés que pueda alegar que esa expresión de voluntad no es vinculante. En la práctica el revocatorio que el CNE le ha negado al pueblo se habrá materializado.

Un nuevo TSJ designado conforme a la Constitución por una Asamblea Nacional que fue elegida por una mayoría decisiva de los venezolanos contará con el respaldo del Poder Primario y la FANB tendrá que entender su obligación de hacer respetar la voluntad del soberano.

La gobernabilidad depende de la legitimidad. Esa constituyente inconstituyente propuesta por el régimen ha desbordado la paciencia de los venezolanos tal como se pone en evidencia a lo largo de más de 100 días de protestas que ni siquiera la violenta represión y la brutal violación de los derechos humanos ha podido contener. La legitimidad se ha perdido.

Adelante compatriotas. Todos a votar el domingo.

“¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!”.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Los tiempos se aceleran. La angustia atenaza el corazón de los venezolanos. Todos perciben que algo está por ocurrir.

En el bando del oficialismo saben que todo colapsó y se aferran a la esperanza de que con el respaldo cubano, los colectivos y la lealtad de algunos militares, podrán superar la situación. Saben que los años dorados del comandante y los precios altos del petróleo ya quedaron en el pasado. Saben que el poder y los beneficios ilícitos que lograron se les pueden escapar como sal y agua entre las manos.  Entienden el rechazo de la inmensa mayoría de la población. Los jerarcas del oficialismo ya no se atreven a tener a sus hijos en el país. Los han enviado al odiado imperio o a Europa o a Australia. Ninguno los envía a Cuba o a Rusia o a China.

En el bando de la oposición la incertidumbre también arrecia. El rechazo al régimen es unánime. Algunos son, sin embargo, víctimas de la guerra psicológica que adelanta el régimen con el objeto de sembrar el desaliento en sus corazones. A veces se levantan con el ánimo alto convencidos de que esto se está acabando; pero, otros días, las esperanzas se les vienen al suelo cuando escuchan a Maduro, como si nada estuviese ocurriendo, bailando o hablando sandeces en cadena nacional, aparentando una seguridad que está muy lejos de sentir. Mientras tanto innumerables familias venezolanas sufren una diáspora que nunca habíamos conocido. Los hijos se están yendo, se han dispersado por el mundo. En el país las oportunidades han desaparecido y el futuro es incierto.

Y mientras esto ocurre, vemos a la población protestando en las calles. Es una protesta masiva que ya supera en tiempo a la que ocurrió en Ucrania en 2004 o a las que se registraron en 1989 en la órbita socialista durante el “Otoño de las Naciones”, cuando se derrumbaron la Cortina de Hierro, el Muro de Berlín y se vino a pique el comunismo y, en 1991, la propia Unión Soviética.

A no dudarlo, en Venezuela está ocurriendo una gesta histórica que trasciende con mucho las fronteras nacionales. Aquí se está dando la batalla final contra las reminiscencias de aquel comunismo que había desaparecido en el mundo, pero que de alguna forma Fidel Castro y Lula trataron de resucitar en el Foro de São Paulo, contando con la ayuda inesperada de un fenómeno petrolero y populista como fue Chávez.

Pero Chávez, Fidel y Kirchner murieron. Lula, Cristina y Dilma están en las puertas de la cárcel. Fernando Lugo y Zelaya se fueron. El populismo fracasó y los precios del petróleo y otras materias primas se derrumbaron.

El desenlace final se está librando en Venezuela. En las calles de Caracas y muchas otras ciudades del país se está produciendo una lucha épica.

El régimen recurre a unos grupos armados, uniformados o no, pero todos actuando al margen de la ley porque violan derechos humanos. Pretende, además, asestar un golpe final con una constituyente ilegítima respaldada por  unos magistrados exprés que fueron elegidos de manera amañada y por un CNE impúdico.

Recordemos que tal como dice la Constitución, la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo. Que el pueblo es el poder primario y que birlándole su soberanía el régimen pretende convocar esa asamblea constituyente, que viola la Constitución. Arriesgan con ello la pérdida definitiva de la poca gobernabilidad que aún conservan. Los artículos 333 y 350 de la Constitución están a la orden del día. Hay un proceso democrático de rebeldía popular.

La Asamblea Nacional, amparada en la legitimidad que surge del apoyo mayoritario que recibió del pueblo, se apresta a dar la batalla por recuperar la legalidad. Está lista para designar, esta vez apegándose a la Constitución, a los nuevos magistrados del TSJ. Simultáneamente convocará un plebiscito el 16 de julio, conforme al artículo 71 de la Constitución, para que el pueblo sea quien decida si está de acuerdo o no con la Constituyente convocada por Maduro. Los centros de votación serán plazas, universidades, iglesias y locales evangélicos.

Por su parte, la fiscal general inhabilitó a 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ y declaró nula la elección de los rectores del CNE, ratificando que la figura del desacato no es aplicable a una institución como la Asamblea Nacional. En respuesta, la Sala Constitucional le abrió un antejuicio de mérito a la fiscal general. Se está, pues, desatando una confrontación de poderes.

Aleia iacta est (la suerte está echada). En las próximas semanas el nivel de tensión alcanzará su máxima expresión. No desmayemos. No es un momento para espíritus débiles. La rueda de la historia, implacable, está girando.

José Toro Hardy

@josetorohardy

El régimen insiste en su convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Alega, mediante multimillonarias campañas publicitarias, que la misma será capaz de reconciliar y devolverle la paz al país. Nada más contrario a la realidad.

El malestar imperante en la sociedad venezolana es el resultado de problemas concretos provocados por políticas públicas que quieren imponerles a la fuerza a los venezolanos un sistema político que ya ha fracasado en el mundo.

Venezuela ha experimentado el más brutal empobrecimiento de su historia como resultado de esos intentos contrarios a nuestra idiosincrasia y que nos han transformado en uno de los países más inseguros del mundo, con la mayor inflación de todo el planeta, con un déficit fiscal inmanejable, con una criminal destrucción del aparato productivo que es responsable de la perniciosa escasez de alimentos y medicinas y de un desempleo exasperante, una caída sin precedentes de nuestro PIB (comparable con el de algunas naciones en plena guerra) y un progresivo aislamiento que nos ha cerrado las puertas al financiamiento internacional. La seguridad jurídica brilla por su ausencia y la corrupción campea por sus fueros.

Es una situación que ha puesto a nuestros ciudadanos a buscar comida en la basura y ha condenado a muchos niños a la desnutrición y a los adultos a una alarmante pérdida de peso corporal. Que ha destruido el sistema de salud que existía en el país condenando a muerte a muchos venezolanos por falta de los medicamentos más esenciales. Que ha reducido a cenizas a Pdvsa, antes una de las más prósperas transnacionales petroleras del mundo, y ha hipotecado Citgo, el principal brazo comercializador de nuestro petróleo.

Y frente a toda esta tragedia al régimen, con su biblia bajo el brazo –El Capital de Carlos Marx–, no se le ocurre otra cosa que ofrecernos una dosis mucho mayor de la misma porquería con la cual han destruido a Venezuela: su versión inconstitucional de una asamblea nacional constituyente.

Todas las encuestas evidencian que cerca de 85% de la población se opone; sin embargo, contra viento y marea, el régimen sigue con su proyecto dictatorial. La forma de hacerlo contradice el principio de que la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo, tal como lo establece la Constitución.

El concepto de «voto universal, directo y secreto» implica que todo el pueblo sea consultado por igual. Sin embargo, el diseño de esta particular «constituyente» pretende concentrar la consulta en el 15% pro oficialista. Elevándolo al absurdo, es como si solo se consultase a los miembros del PSUV. La manera de materializar esta barbaridad es mediante una convocatoria «territorial y sectorial» de la consulta.

Territorialmente, se asigna la elección de 364 constituyentes a razón de un diputado por municipio. La mayor parte corresponden a infinidad de pequeños municipios en el interior, con muy baja población (mayoritariamente en manos del oficialismo), en los cuales el voto de cada uno de sus pobladores pasaría a valer infinitamente más que el de los habitantes de municipios densamente poblados. Así, por ejemplo, el municipio Maroa en Amazonas (con unos 2.000 habitantes) elegiría un constituyente, lo mismo que el municipio Sucre del estado Miranda (con casi 800.000 habitantes). El voto de los pobladores de Maroa valdría unas 400 veces más que el de los habitantes de Sucre.

Casi igual ocurre con los constituyentes electos en sectores donde prevalece el voto oficialista.

La referida constituyente es además «inconstituyente», porque como tantas veces se ha dicho no la convoca el soberano (el poder primario), sino el presidente Maduro –altamente rechazado por la opinión pública– valiéndose de una interpretación amañada de la Constitución respaldada por unos magistrados de la Sala Constitucional cuya elección también fue amañada.

No está, pues, esta «inconstituyente» destinada a restablecer la paz en la República. Todo lo contrario, su objetivo es destruir el orden constitucional implantando un sistema socialista a imagen y semejanza del de Cuba y que la inmensa mayoría de los ciudadanos rechaza.

Lo único que se lograría sería acabar con la poca legitimidad que le queda al régimen, fortaleciendo el clamor de la Asamblea Nacional y la fiscal general de la República de recurrir a los artículos 333 y 350 de la Constitución. Desaparecerá la obligación moral de obedecer al gobernante, lo cual resulta particularmente sensible en el caso de algunos sectores. La pérdida de gobernabilidad se profundizaría.

No se trata de una constituyente; es más bien una «inconstituyente» que nos conduciría a una ruptura del tejido social.

José Toro Hardy

@josetorohardy

CLAP es un acrónimo para Comité Local de Abastecimiento y Producción. Los tales CLAP son una cajas contentivas de alimentos, casi todos importados y de muy mala calidad.Representan una brutal distorsión del sistema de producción y distribución de alimentos que está destinado al fracaso simplemente porque es la forma más ineficiente y costosa para cumplir con el objetivo.

A lo largo de la historia se han ido estableciendo mecanismos que se basan en redes de distribución de los bienes de consumo que requiere la sociedad, mediante establecimientos comerciales de todo tipo, que van desde simples bodegas hasta grandes cadenas de supermercados, pasando por proveedurías, cooperativas, mercados de mayoristas,  mercados municipales, mercaditos vecinales, mercados informales, de campesinos y productores, etc.

Las redes anteriores constituyen la forma natural como los productores hacen llegar alimentos desde el campo y las agroindustrias hasta los consumidores finales en los diferentes centros poblados. Los transportistas juegan un papel fundamental.

No se trata de una organización improvisada. Por el contrario, la razón por la cual operan así es porque es la forma más eficiente y económica de cumplir con el objetivo que se busca. Es por ello que es el mismo tipo de estructura que opera en todos los países del mundo.

El problema para los gobiernos autoritarios y dictatoriales es que al final del día se pierde el control sobre los consumidores. Se agrava cuando como consecuencia de circunstancias políticas se destruye el aparato productivo y se desatan situaciones de escasez de graves proporciones como las que existen en Venezuela. Son el resultado de políticas económicas absurdas que ocurren cuando los gobernantes pretenden controlarlo todo, desde el tipo de cambio hasta los precios de todo lo que se vende. Ello, aunado a la falta de seguridad jurídica, termina por asfixiar al aparato productivo y desestimular las inversiones que son la única vía para lograr un aumento de la oferta y una reducción de los precios.

Pero la situación se complica con dos elementos que terminan por transformarla en una crisis humanitaria.

El primer elemento es de carácter político. El régimen está utilizando los CLAP como un medio para controlar a la población por hambre. Es quizá la forma más perversa e ineficiente que se pueda imaginar. Hacen llegar estos alimentos hasta las casas mismas de los ciudadanos, a pesar del alto costo de hacerlo, para que así sientan más la amenaza y el chantaje que se les plantea: o nos apoyas o no comes.

Pero de la perversión se cae en la amoralidad, cuando además se mezcla el elemento corrupción a gran escala. Hay personas vinculadas al régimen que están haciendo groseras fortunas con esta política absurda. Veamos:

Casi todo el contenido de las cajas CLAP son alimentos importados. Recordemos que para la importación de alimentos rige un tipo de cambio conocido como DIPRO, con un tipo de cambio de Bs 10 por $.

A quienes reciben estas cajas se les cobra Bs 10.000 por cada una (me informan que próximamente aumentarán a Bs 20.000,oo). En todo caso, al tipo de cambio indicado, esos  10.000 bolívares equivalen a mil dólares.

Están estafando a los venezolanos más pobres. Ellos, por supuesto, no están enterados ni comprenden la situación. No se dan cuenta de que los están utilizando para enriquecer vilmente a algunos enchufados.

Cabe preguntarse, ¿cuánto cuesta en realidad el contenido de una caja CLAP?

No sé si siempre traen los mismos productos. A la que tuve acceso tenía sólo renglones importados, provenientes de México, cuyos costos expresados en dólares eran los siguientes:

6 latas de atún con un peso de 140 gr cada una y un costo total de $ 2,30.

2 kilogramos de azúcar con un costo total de $ 2,10.

1 litro de aceite vegetal con un costo de $ 0,91.

2 kilogramos de harina de maíz con un costo total de $ $ 1,19.

1 kilogramo de leche en polvo con un costo de $ 4,77.

4 kilogramos de arroz con un costo total de $ 2,59.

1 kilogramo de pasta (letras) con un costo de $ 0,73.

1 kilogramo de pasta (coditos) con un costo $ 0,87.

1 pote de mayonesa de 190 gr con un costo de  $ 0,45.

1 frasco de salsa de tomate de 220 gr con un costo de $ 0,44.

El costo total del contenido de esa caja CLAP en su país de origen es de $ 16,23, que a razón de Bs 10 por dólar (tipo de cambio DIPRO), totaliza Bs 162,34;  sin embargo a los ciudadanos venezolanos más pobres se la están cobrando a Bs 10.000; o sea, el equivalente a $ 1.000 a ese mismo tipo de cambio.

Los CLAP constituyen pues una cínica estafa, una estupidez económica, una vagabundería política y una brutal hecho de corrupción.

Josè Toro Hardy

@josetorohardy

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, dos sistemas se enfrentaron tratando cada uno de ellos de prevalecer sobre el otro: el capitalismo y el comunismo.

«Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído en el continente un telón de acero», dijo Winston Churchill en 1946 para referirse a la frontera, no solo física sino ideológica, que separaba en Europa a los países comunistas de los capitalistas.

En las décadas siguientes las dos ideologías midieron sus fuerzas. Ya a finales de los 80 se hizo obvio el resultado de aquel enfrentamiento.

El comunismo –que defendía la URSS– había demostrado ser capaz de construir gobiernos y ejércitos poderosos, pero a costa de sacrificar a los ciudadanos. La única forma como se podía mantener el sistema era mediante Estados policiales para contener la insatisfacción de sus pobladores, violando los DDHH y coartando libertades básicas como la de expresión y también la de movimiento para impedir que la gente emigrase masivamente.

Mientras tanto el capitalismo que preconizaba EEUU permitía un crecimiento acelerado de las economías basado en un mecanismo que partiendo de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los consumidores –basado en su propio esfuerzo– desencadenaba un proceso de creación de riqueza que redundaba en un mejoramiento general en el nivel de vida de la sociedad.

¿Era justo este último sistema? Ciertamente había inequidades. Unos, gracias a su capacidad, se hacían más ricos que otros; pero en su conjunto la colectividad se beneficiaba del esfuerzo creativo de todos. En los países que abrazaron el sistema capitalista las mayorías vivían mejor que en los países comunistas.

¿Era alguno de los dos sistemas moralmente superior al otro? Teóricamente el comunismo pregonaba su superioridad moral al repetir lemas que sin duda lucían gratos a oídos de los incautos. En la práctica no resultó ser así. El simple hecho de que la primera víctima del sistema fuese la libertad, indica que algo fallaba. No puede ser moralmente superior un sistema que tiene que ser impuesto policialmente.

De hecho la superioridad moral del capitalismo se pone en evidencia al constatar que donde mejor funciona es donde más se respetan la democracia y la libertad.

A finales de la década de los ochenta -durante el episodio conocido como «el otoño de las naciones»- el comunismo se vino a pique en todos los países de la órbita soviética. Cayó el Muro de Berlín y se desmoronó el Telón de Acero. En 1991 se derrumbó también en la Unión Soviética que incluso desapareció y se desintegró en 15 naciones diferentes.

Es el «fin de la historia» dictaminó Fukuyama. Uno de los dos sistemas había demostrado su evidente supremacía y el otro se evaporaba sin que ni siquiera se disparase un tiro.

Pero la historia tiene sus vericuetos. Tuvo la desgracia Venezuela de que surgiese un líder populista que pudo contar con recursos inesperados como consecuencia de una circunstancia con la cual ni el mismo contaba: se dispararon los precios del petróleo.

Gracias a ese maná caído del cielo creyó poder revivir al moribundo sistema que sufría ya sus últimos estertores. Tuvo éxito mientras el petróleo se mantuvo alto. Pero cuando sus precios cayeron se puso en evidencia que lo único que había logrado era destruir la economía del país sumiendo a su población en una pobreza inimaginable.

Su sucesor, que no cuenta con el mismo carisma, pretende ahora lo imposible. Imponerle al país, vía una Constituyente fraudulenta, el mismo proyecto que ya rechazó en el 2007 y cuyo fracaso el pueblo experimentó en carne propia. Pretende aplicarlo además a una sociedad que ha sido depauperada y que padece hoy la inflación más alta del mundo y una escasez generalizada que la tiene sumida en una crisis humanitaria de severas proporciones. Una población que ha comprendido que ya no se trata solo de un problema ideológico, sino que se enfrenta a una suerte de nueva oligarquía corrupta, conjunto de poderosos negociantes, que pretende acaparar indefinidamente el poder económico y el poder político.

Lo cierto es que por la fuerza no podrán lograrlo porque inevitablemente esa misma fuerza se volvería en su contra. Una Constituyente ilegítima que la sociedad repudia, sumada a la violencia con la cual se intenta contener la protesta masiva de centenares de miles de ciudadanos que llevan casi 70 días volcados en las calles, son quizá la puntilla a la viabilidad del régimen. Desde luego los gobernantes no dan su brazo a torcer pero como bien dice el refrán: una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea.

Lo que pretende el régimen va a contrapelo de la historia.

José Toro Hardy

@josetorohardy

El gobierno acaba de anunciar nuevos mecanismos para mantener el control de cambios que viene aplicando desde el año 2003. Tal control es una de las causas fundamentales de la masiva destrucción del aparato productivo venezolano y, peor, de una corrupción galopante.

A lo largo de casi 15 años se han implementado numerosos mecanismos, tales como Sitme, Sicad I, Sicad II, Simadi, Dipro, Dicom y otros cuyos nombres ya no alcanzo a retener pero que tienen un denominador común: todos han fracasado.

Cada uno de ellos venía acompañado de la promesa de que se frenaría la devaluación del bolívar y que se le “quebraría el espinazo” a Dólar Today al que acusan de ser responsable de lo que ocurre en el mercado paralelo.

Vano intento, como vanas serán también las pretensiones del último mecanismo anunciado. La reacción en los mercados fue inmediata. El tipo de cambio innombrable, aquel al cual le quieren “partir el espinazo”, experimentó un cuantioso salto.

¿Por qué ocurre? La razón es simple. No existen antecedentes de ningún tipo de control de cambios a lo largo de la historia que haya logrado sus objetivos. Se trata de medidas temporales para atender situaciones coyunturales que, una vez superadas, deben ser suspendidas para retornar a la libre convertibilidad. Solo los gobiernos fracasados, autoritarios o corruptos se han empeñado en mantenerlos por tiempo indefinido.

Además, la única posibilidad de que el Dicom (subastas de divisas) anunciado pueda tener éxito depende de que exista un suministro adecuado de divisas para alimentar la oferta. Pero es obvio que ese no es el caso. Casi 97% de los dólares que ingresan al país provienen de un solo sector: el petrolero.

El ingreso petrolero a su vez depende de dos factores: la producción y el precio. Las irracionales políticas petroleras del régimen, acompañadas de las corruptelas e incapacidad imperantes en nuestra casa matriz petrolera, han provocado una estrepitosa caída en los volúmenes de producción del país. Cuando Chávez tomó el poder, Venezuela producía casi 3,8 millones de barriles diarios. De haberse mantenido la apertura petrolera hoy deberíamos producir por encima de los 5 millones de barriles diarios; sin embargo el ministro de Petróleo acaba de reconocer en la OPEP que en realidad producimos apenas 1.970.000 b/d.

Por lo que respecta al precio, las expectativas de que los recortes de producción OPEP y no OPEP iban a ocasionar un aumento que alcanzaría hasta 70 dólares por barril, ya se esfumaron. La cesta venezolana apenas si ha superado temporalmente los 45 dólares.

El resultado es que no hay dólares para alimentar la oferta en el mercado Dicom. Para colmo de males, tampoco hay transparencia, confianza ni credibilidad.

Pero lo peor es que el régimen pretende impedir la devaluación vía controles de cambio, cuando el origen del mal es el propio gobierno. Mientras siga financiando su inmenso déficit fiscal (que supera el 20% del PIB) vía emisiones de dinero por parte del BCV, inevitablemente la devaluación y la inflación seguirán disparadas.

A modo de ejemplo me referiré a la forma como se viene financiando el inmenso déficit de las empresas del Estado. Al 21 de abril del 2017, el BCV informa que le ha otorgado auxilios financieros a las «empresas públicas no financieras» por un monto de 7,6 billones de bolívares, de los cuales 99% a «empresas petroleras», es decir a Pdvsa y sus filiales (esta mención ahora la omite el BCV, pero el porcentaje se deduce de informes anteriores).

Esa brutal cantidad de bolívares se incorporan al dinero circulante y representa más de 45% de toda la liquidez del país (M2) y su vez 98% de la masa monetaria y equivalen a 70 veces el monto de las reservas internacionales.

En medio de la gravísima situación de escasez que padece Venezuela, esos bolívares excedentarios acarrean dos consecuencias: primero, son la causa de que padezcamos la inflación más alta del mundo; y, segundo, como esos bolívares no encuentran qué comprar en el país al final del día se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo, siendo la causa fundamental de su desenfrenado incremento.

Bajo el actual modelo la situación irremediablemente empeorará. Solo un cambio, que requerirá al inicio de un gobierno de transición, podría resolverlo. A ese gobierno le aconsejaría enfrentar la inflación y la devaluación atacando ambos males por su raíz: a) evitando el déficit fiscal; b) devolviéndole la autonomía al BCV para que no siga financiando el déficit con emisiones de dinero sin respaldo.

Se cumpliría así con el artículo 320 de la Constitución que prohíbe expresamente al BCV financiar «políticas fiscales deficitarias».

José Toro Hardy

@josetorohardy