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Chile, el Vaticano y Venezuela

Posted on: noviembre 8th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

 

El 2 de noviembre, el Senado chileno adoptó una resolución que insta al gobierno a apoyar las gestiones del Vaticano para mediar la crisis de Venezuela y, muy importante, a convocar una sesión especial del Consejo Permanente en la OEA para evaluar si el gobierno venezolano cumple con la Carta Democrática Interamericana.

 

 

 

 

Esta estrategia dual tiene sentido porque el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales. De un lado, hay un régimen cívico-militar que ha abusado del poder y reprimido a sus opositores, y del otro, una oposición política asediada, cuyo control del Poder Legislativo se ha tornado prácticamente irrelevante debido a los exitosos esfuerzos del gobierno para despojar al Parlamento de sus atribuciones. Sin una firme presión internacional, –que incluya un seguimiento atento y constate por parte de la OEA a través del proceso de la Carta Democrática–, el gobierno de Nicolás Maduro no va a dar marcha atrás, ni mucho menos reconocer su responsabilidad en la represión ni poner fin a la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela.

 

 

 

Estos dos pasos –apoyar el diálogo y simultaneámente presionar al régimen de Maduro– son indispensables y complementarios, y podrían, además, lograr resultados concretos. Uno de ellos debería ser la liberación inmediata de Braulio Jatar –periodista chileno-venezolano arbitrariamente detenido hace más de dos meses–, tal como ha ocurrido en días recientes con un puñado de presos políticos.

 

 

 

Como sabemos, Jatar, director del medio independiente Reporte Confidencial, fue detenido el 3 de septiembre por divulgar el video del cacerolazo espontáneo contra Maduro en Villa Rosa, isla de Margarita, uno de los acontecimientos más vergonzosos para el régimen en los últimos años. Jatar fue interceptado por los servicios de inteligencia mientras se dirigía a su programa radial. Esa noche, mientras su familia ignoraba su paradero, agentes de inteligencia armados y encapuchados allanaron su domicilio ilegalmente.

 

 

 

 

Dos días más tarde, Jatar fue llevado ante un juez, pero le permitieron ver a su abogado tan solo pocos minutos antes de la audiencia. Uno de sus abogados informó a Human Rights Watch, después de examinar el expediente, que en un informe de los servicios de inteligencia se acusaba a Jatar de organizar actividades de “desestabilización” previas a una reunión del Movimiento de Países No Alineados que tuvo lugar en Margarita ese mismo mes.

 

 

 

La Fiscalía acusó a Jatar de cometer el delito de “legitimación de capitales” –que establece una pena de hasta 15 años de prisión– por supuestamente tener US$ 25.000 en su automóvil. Las únicas pruebas en su contra, según sus abogados, son dos testigos citados en un informe de los servicios de inteligencia quienes presuntamente vieron que el dinero había sido hallado en el automóvil del periodista. Los abogados señalaron que después del testimonio inicial no se pudo encontrar a ninguno de los dos testigos para que corroboraran sus declaraciones.

 

 

 

 

Jatar se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el 10 de septiembre. Solo le han permitido un contacto mínimo con sus abogados y su familia.

 

 

 

 

La combinación de estrategias propuesta por el Senado chileno es probablemente la mejor fórmula para liberar a los presos políticos y restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. El gobierno de Bachelet debería mantener la presión internacional junto con otras democracias, pero además debería, específicamente, abordar el caso del periodista Jatar, incluso solicitando al Vaticano que intervenga como mediador ante el gobierno para lograr su liberación inmediata y que se desista de todos los cargos fabricados en su contra.

 

 

 

No se trata solamente de la liberación de un preso político más en Venezuela. Se trata también de proteger la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia.

 

 
JOSÉ MIGUEL VIVANCO/ HUMAN RIGHTS WATCH

Una nueva aberración jurídica del Tribunal Supremo venezolano

Posted on: abril 14th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

Los argumentos contra la ley de amnistía se escudan en una serie de disparates

 

 

El 11 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional una ley promulgada por la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora, que hubiera otorgado una amnistía a venezolanos que han sido procesados e investigados penalmente en procesos con motivaciones políticas desde 2002. Con independencia de que toda ley puede ser perfectible, esta tuvo como propósito corregir la práctica frecuente de un gobierno que emplea el derecho penal para intimidar y castigar a sus críticos, en el marco de un sistema judicial que no otorga protección alguna a las víctimas frente a estos abusos.

 

 

 

La ley de amnistía promulgada el 29 de marzo dispuso que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas —como organizar o participar en protestas públicas con un fin político, publicar información u opiniones críticas del gobierno o sobre cuestiones de interés público, o instar públicamente a otras personas a cuestionar al gobierno— podrían solicitar a la justicia que concluya las investigaciones penales o anule las condenas dictadas en su contra.

 

 

 
La amnistía también se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno, y a abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por realizar su trabajo.

 

 

 

El gobierno se opuso a la adopción de la ley, y procuró por distintos medios armarse de argumentos para desacreditarla. Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con estándares internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado emitió posteriormente una declaración indicando que la ley “generalmente se ajustaba a los estándares de derechos humanos internacionales”.

 

 

 

El 7 de abril, el Presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que analizara la constitucionalidad de la ley. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo en 2014, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno. También emitieron reiteradamente sentencias a favor del gobierno en casos de flagrantes abusos, validando así el creciente desprecio del gobierno por los derechos humanos.

 

 

 

Los argumentos centrales del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía se escudan en que la ley tiene un lenguaje demasiado amplio y es indebidamente funcional a los legisladores que la promovieron, lo cual resulta irrelevante. Otro disparate de la sentencia es que sostiene que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos, al permitir la amnistía en casos penales de difamación, cuando de hecho existe amplio consenso de que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos son intrínsecamente incompatibles con estándares de derechos humanos. El Tribunal cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se sostiene que las amnistías favorecen la impunidad y violan obligaciones jurídicas internacionales cuando impiden el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que la ley excluye expresamente estos casos de su ámbito de aplicación. Se invoca a la Corte Interamericana como fuente jurídica, y más adelante el Tribunal Supremo se acuerda que según la línea oficial los pronunciamientos de la Corte Interamericana son “inejecutables” en Venezuela, a pesar de que esos fallos son en realidad vinculantes conforme al derecho internacional.

 

 

 

Con independencia de las virtudes de la ley de amnistía, lo indiscutible es que el gobierno de Venezuela debería liberar de manera inmediata a todos los venezolanos que han sido procesados arbitrariamente como represalia por su actividad política, o sencillamente por criticar políticas gubernamentales o cumplir sus funciones con integridad. Es indispensable también que se anulen todos los cargos en contra de estas personas. Aunque el Tribunal Supremo haya eliminado la ley de amnistía, ello no legitima en absoluto los abusos que la ley procuró abordar. Por el contrario, aporta evidencias adicionales a la comunidad internacional para evaluar la situación extremadamente precaria del estado de derecho en Venezuela.

 

 

 

La Carta Democrática Interamericana, suscripta en 2001 por los ministros de relaciones exteriores de Venezuela y otras 33 democracias, autoriza a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a responder activamente a amenazas al orden democrático de sus estados miembros. La carta señala que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.

 

 

 

El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA Luis Almagro otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra.

 

 

 

* José Miguel Vivanco es Director de la División de las Américas en Human Rights Watch.

 

 

 

Maduro dictará cátedra en el Consejo de Seguridad de la ONU

Posted on: febrero 13th, 2016 by Laura Espinoza No Comments

Está previsto que el presidente venezolano Nicolás Madurose dirija al máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, el lunes 15 de febrero. El tema que abordará será el “respeto de los propósitos y principios” de la Carta de la ONU en relación con la “paz y la seguridad internacional”. Es esperable que Maduro defienda —como lo hace habitualmente su embajador ante la ONU— los principios de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de otros países como un componente esencial de las relaciones internacionales.

 

 

Efectivamente, estos conceptos se encuentran consagrados en la Carta de la ONU desde hace varias décadas. Pero no fueron reconocidos con el propósito para el cual los invoca normalmente el gobierno venezolano —esto es, para permitir que los gobiernos tengan vía libre para violar los derechos de sus ciudadanos sin rendirle cuentas a nadie. Pronunciarse en defensa de los derechos humanos, cuya naturaleza es universal, no puede constituiruna interferencia en los asuntos internos de un país.

 

 

Mientras Maduro da cátedra en Nueva York, el líder opositor venezolano Leopoldo Lópezpermanecedetenido tras haber sido condenado sobre la base de cargos infundadoscon motivaciones políticas. Otros importantes políticos de oposiciónenfrentan procesos penales arbitrarios, o se les ha prohibido arbitrariamente  postularse a cargos públicos. Se han iniciado acciones penales contra los directivos de algunos de los principales medios de comunicación por supuestas calumnias, luego de haber republicado artículos donde se aludía a que el poderoso político chavista Diosdado Cabello tendría vínculos con carteles del narcotráfico. Autoridadeshan hostigado adefensores de derechos humanos por haber participado en audiencias ante órganos de la ONU. Y, como resultado de la subordinación del poder judicial al poder político, los graves abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridadvenezolanas permanecen impunes.

 

 

El gobierno venezolano se ha esforzado por bloquear cualquier observación internacional de la gravesituación de los derechos humanos en el país. Durante más de una década, no le ha permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a relatores de la ONU visitar el país. Se apartó de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y privó así a los venezolanos que sufren abusos de la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tambiénha rechazadorecomendaciones clave formuladas durante el Examen Periódico Universal de 2011, incluidas aquellassobre la necesidad de respetar la independencia judicial y garantizar la libertad de expresión.

 

 

Venezuela también se ha opuesto sistemáticamente a esfuerzos internacionales para proteger derechos fundamentales en otros países. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente en contra de iniciativas que buscaban condenar atrocidades, incluidas resoluciones específicas sobre Corea del Norte, Siria y Sri Lanka. La actitud de Venezuela es idéntica a la de Rusia, China y Cuba,los miembros del Consejo con los peores récords de votación.

 

 

Lo anterior es consistente con un gobierno que ha apoyado a algunos de los peores violadores dederechos humanos. De hecho, el ex Presidente Hugo Chávez fue un tenaz defensor de Bashar al-Asad en Siria, Muamar al Gadafi en Libia y Mahmoud Ahmadinejad en Irán, y distinguió a cada uno de ellos con la “Orden del Libertador”, la principal condecoración oficial otorgada por Venezuela. Maduro, fiel a la tradición de su antecesor, ha sido un acérrimo defensor del dictador sirio, pese a la evidencia que demuestra la comisión de crímenes de guerra y otras violaciones generalizadas de derechos humanos que han devastado a ese país.

 

 

El previsible discurso que ofrecerá Maduro en el Consejo de Seguridad se da en un momento en que el gobierno venezolano goza de muy poca credibilidad internacional. Este burdo intento por invocar indebidamente el principio de no interferencia para evitar la crítica internacional de ladeplorable situación de derechos humanos en Venezuela —y en los países que son sus aliados políticos—solo puede considerarse demagogia que debeser repudiada globalmente.

 

 

 

José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human RightsWatch

La emboscada contra Leopoldo López

Posted on: noviembre 25th, 2015 by Maria Andrea No Comments

El 23 de octubre, un mes después de que la justicia venezolana condenara al líder opositor Leopoldo López a casi 14 años de prisión, uno de los fiscales del caso, Franklin Nieves, apareció en Miami y declaró que el juicio había sido una “farsa”. Según dijo, la prueba contra López era inexistente o había sido fabricada.

 

Días después, junto con un equipo de abogados de Human Rights Watch, me reuní con Nieves para entrevistarlo y determinar si sus denuncias eran consistentes con la información que conocíamos del expediente judicial. Efectivamente, lo eran.

 

El tribunal de primera instancia condenó a López por cuatro delitos relacionados con los sucesos del 12 de febrero de 2014. Ese día, una protesta en Caracas, que había comenzado de manera pacífica, culminó con manifestantes atacando la sede del Ministerio Público y varios vehículos oficiales en las inmediaciones.

Uno de los delitos por los cuales se condenó a López fue el de “incendio”. Nieves sostuvo durante el proceso que López era responsable de un incendio en la biblioteca del Ministerio Público, iniciado por un cóctel molotov que fue arrojado por manifestantes.

 

Pero nunca hubo fuego, nos dijo Nieves cuando nos reunimos con él, por lo cual tampoco pudo haberse cometido el delito de incendio. Curiosamente, según un informe de dos peritos del propio Ministerio Público que se encuentra en el expediente, lo único que se quemó fue una parte de la mecha de un cóctel molotov que se encontró en la biblioteca, pero que no llegó a explotar.

 

Por supuesto, una bomba incendiaria sin detonar podría sustentar una imputación por tentativa de incendio. Sin embargo, para probar esta acusación contra López, los fiscales habrían tenido que demostrar que López fue el “determinador” (instigador) de ese incendio fallido. Nieves nos dijo que no tenían evidencias para probar eso, y así lo confirma nuestro análisis del expediente. Los fiscales tampoco presentaron pruebas de que López hubiera instigado a producir otros daños en el edificio, un segundo cargo por el cual también fue condenado.

 

La jueza Susana Barreiros citó un discurso que López les dirigió a los manifestantes horas antes de que sucedieran los hechos violentos, pero no mencionó ninguna instigación explícita a la violencia y, por el contrario, reconoció que López había hecho “llamados a la paz y la tranquilidad”.

 

La jueza Barreiros también condenó a López por el delito más general de “instigación pública” a cometer delitos. La jueza indicó que si bien López había llamado a una “salida constitucional” del Gobierno de Maduro, pretendía sacarlo del poder mediante manifestaciones en la vía pública, desobediencia de las leyes y desconocimiento de las autoridades legítimas.

 

Para sustentar tal acusación, la Fiscalía recurrió a dos peritos que, según nos contó Nieves, fueron elegidos por su cercanía al Gobierno. Los peritos analizaron varios de los discursos de López y cientos de sus tuits del 12 de febrero y anteriores a esa fecha. Si bien ambos indicaron que López en ningún momento instó expresamente a otros a delinquir, la Fiscalía argumentó que uno de ellos sostuvo que López había apelado a mensajes “subliminales” con ese propósito.

 

Con respecto al cuarto cargo, “asociación para delinquir”, la jueza sostuvo que cuando López supuestamente instigó a la violencia, lo hizo como parte de un “grupo estructurado” de “dirigentes políticos”. La única evidencia que la jueza cita para llegar a esta disparatada conclusión es que dos mujeres vinculadas con su partido estaban con él cuando dio su discurso el 12 de febrero.

 

Nieves fue presionado por sus superiores para que emitiera una orden de aprehensión el 12 de febrero sin ninguna base, ni siquiera un informe policial que lo justificara. Según nos dijo, el 13 de febrero obtuvo el testimonio de testigos, incluyendo funcionarios de seguridad del Ministerio Público, les puso fecha del día anterior y los incluyó en el expediente para que pareciera que la orden había sido emitida sobre la base de esos testimonios. Llamativamente, en el expediente constan las declaraciones prestadas por dos funcionarios, quienes aparentemente desconocían que sus testimonios tendrían una fecha anterior a la real y señalan que la manifestación había ocurrido “ayer”, es decir, el día previo a la fecha en la cual efectivamente tuvo lugar.

 

Nieves nos contó que, presionado por sus superiores, perjudicó a la defensa al excluir gran parte de las pruebas que pretendían presentar los abogados de López. A pesar de tener la obligación legal, conforme al derecho venezolano, de practicar las diligencias de investigación que solicite la defensa, Nieves nos dijo lo mismo que el abogado de López: que en un primer momento aceptó buena parte de las pruebas del equipo de defensa, pero se retractó dos días después.

 

Lo que descubrimos con el testimonio de Nieves y los documentos del juicio fue que la selección de los cargos y la fabricación de la causa penal tuvieron como propósito lograr que López cumpliera la mayor pena de prisión posible. Si no hubiera sido condenado por el burdo delito de “asociación para delinquir”, López podría haber sido condenado a menos de nueve años en prisión. Y si tampoco hubiera sido condenado por el de “incendio”, su pena podría haber sido de menos de cinco años, y en ese caso, según la legislación venezolana, López podría haber obtenido penas alternativas a la prisión.

 

Según Nieves, sus superiores le dijeron que la orden de que López recibiera una larga pena de prisión venía del propio presidente Nicolás Maduro. Si bien no podemos corroborar esta afirmación, no cabe duda de que los documentos del expediente apoyan la denuncia de Nieves de que se trató de una descarada persecución política.

 

Durante años, los gobernantes latinoamericanos han hecho la vista gorda ante el dramático deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Pero hace dos semanas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó una valiente carta en la cual criticó la detención de López y otros múltiples abusos de poder del Gobierno de Maduro. Los líderes de la región deberían aprovechar este momento y recurrir a la OEA como un vehículo para presionar a Venezuela para que libere inmediatamente a López y a las demás personas que se encuentran arbitrariamente detenidas y para que el Gobierno permita que observadores independientes de derechos humanos puedan visitar el país.

 

Por José Miguel Vivanco

El País 

Una oportunidad única

Posted on: diciembre 24th, 2014 by Laura Espinoza No Comments

El giro radical de política exterior del presidente Obama hacia Cuba es una bocanada de aire fresco que ofrece la posibilidad de lograr avances genuinos en materia de derechos humanos, si el gobierno de Estados Unidos actúa inteligentemente.

 

Quienes critican la decisión del presidente Obama de restablecer plenas relaciones diplomáticas con Cuba sostienen que Estados Unidos abandonó su compromiso con la protección de los derechos humanos en la isla. Otros afirman incluso que el nuevo enfoque de Obama premia a Cuba, al renunciar al instrumento de presión que Estados Unidos supuestamente tiene ante el gobierno autoritario cubano. Esta posición es profundamente errada.

 

La confusión surge de la propia retórica desacertada del gobierno estadounidense, empeñado en mantener un embargo a un alto costo. Durante décadas, Washington ha defendido tercamente que el embargo era necesario para promover los derechos humanos y el cambio democrático en la isla. Pero, en realidad, el embargo no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Por el contrario, ha impuesto privaciones indiscriminadas al pueblo cubano y ha blindado al gobierno de Cuba de la crítica internacional.

 

En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos, al permitir que el gobierno de Castro despertara simpatías en el exterior y, a la vez, que Washington se quedara sin el apoyo de importantes aliados para promover derechos humanos en la isla.

 

No es sorprendente que defensores de derechos humanos en Cuba y en el extranjero, así como la mayoría de los Estados en la Asamblea General de la ONU (188 de un total de los 192 que votaron en una resolución de octubre) hayan instado reiteradamente a que concluya el embargo estadounidense.

 

Por otra parte, más allá de algunas reformas positivas implementadas en los últimos años, el gobierno cubano sigue estando involucrado en abusos sistemáticos destinados a castigar a críticos e impedir el disenso.
En 2010 y 2011, el gobierno de Cuba liberó a decenas de presos políticos a cambio de que aceptaran exiliarse. Desde entonces, ha apelado con menos frecuencia a sentencias prolongadas para castigar el disenso, y ha distendido las draconianas restricciones para viajar que dividían familias e impedían que críticos pudieran salir de Cuba y regresar a esta.

 

No obstante, el gobierno cubano emplea otras tácticas para reprimir a individuos y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos fundamentales. En los últimos años, los arrestos arbitrarios y las detenciones breves han aumentado significativamente, lo cual impide con frecuencia que defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas puedan reunirse o trasladarse libremente. A menudo se practican detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o en reuniones para debatir sobre política. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durante horas o días.
El gobierno controla todos los medios de comunicación existentes en Cuba y restringe fuertemente el acceso a información que provenga del extranjero, cercenando gravemente el derecho a la libertad de expresión. Apenas una proporción ínfima de la población tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y su elevado costo.

 

En todo caso, seamos claros: la responsabilidad por la represión del disenso en Cuba corresponde únicamente al gobierno cubano. Sin embargo, el status quo le ha permitido a ese gobierno explotar la política estadounidense del aislamiento para mostrarse como una víctima.

 

La evidencia empírica demuestra que resultaba irracional seguir insistiendo en una política que nunca logró los objetivos que se había propuesto. La vía unilateral, una reliquia de la Guerra Fría, estaba agotada hace décadas y precisamente por eso el comienzo del desmantelamiento iniciado por la Casa Blanca abre una oportunidad única.

 

La mejor alternativa para tener incidencia y promover los derechos humanos, independencia judicial, elecciones libres, sindicatos independientes y la libertad de expresión en Cuba es que el gobierno de Estados Unidos entienda que hay que trabajar multilateralmente. Si se involucra a las principales democracias de la región en la relación con Cuba, es mucho más probable que esto obligue al gobierno cubano a mejorar su récord en derechos humanos. Da la impresión que Obama así lo entiende.

 

No deberíamos ser ilusos y creer que la situación de los derechos humanos en Cuba va a mejorar de la noche a la mañana. Será, por el contrario, un proceso largo y frustrante. Pero, sin ninguna duda, con la nueva política de Obama hacia Cuba, las condiciones son mucho más favorables para romper el hielo y empezar a ver avances.

 

José Miguel Vivanco

*Director para las Américas de Human Rights Watch.

Este artículo fue publicado en inglés por la Revista Time.

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