Durante el mandato recientemente finalizado de John Bolton como asesor de seguridad nacional, convenció al presidente Trump de que el líder venezolano Nicolás Maduro estaba a punto de perder el poder. Según los informes, Bolton fue el artífice de varios intentos fallidos de derrocar al presidente Maduro, un blanco frecuente de las bravatas de Trump.

Ahora sabemos que la caída del Sr. Maduro no fue inminente. En cambio, el Sr. Bolton faroleó a los oficiales militares de alto rango que estaban a punto de traicionar al Sr. Maduro; hizo un farol sobre la cantidad de personas que saldrían a las calles en abril para tratar de derrocar al régimen de Maduro; y también parecía creer que las sanciones funcionarían muy rápidamente. Sin embargo, lo más importante es que su mayor error fue continuar en esa línea sin ningún Plan B en caso de que ese Plan A no funcionara. Al final, solo ha logrado fortalecer al Sr. Maduro.

La mejor prueba de esta debacle de política exterior es que la semana pasada, por primera vez desde enero, Maduro viajó al extranjero, eligiendo Moscú , lógicamente, como su destino. También logró su primera victoria diplomática en años la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, persuadiendo a suficientes países, incluidos China, Cuba, Egipto, Irán y México, para que voten por una resolución para promover una solución pacífica a la crisis venezolana. sin interferencia extranjera, que debe tomarse con un grano de sal proveniente del Sr. Maduro. Sin embargo, se vio obligado a aceptar la creación de una misión de investigación para investigar los abusos más graves de los derechos humanos en Venezuela. Este revés volverá a perseguirlo.

Maduro también se retiró de las conversaciones con la oposición en Barbados sin graves consecuencias, otra señal de su resistencia. La falta de Washington de un Plan B ha permitido al dictador venezolano sobrevivir a sus oponentes extranjeros y nacionales. Esto es casi una reminiscencia de la Bahía de Cochinos.

Hoy, el Sr. Maduro parece estar más lejos de ser expulsado que hace un año. A pesar del flujo constante de refugiados fuera del país, que ya ha superado los cuatro millones, y una economía en ruinas, la dictadura venezolana persiste. La pregunta ahora es si el nuevo Grupo de Lima, conformado por las democracias latinoamericanas y opuesto al Sr. Maduro, la Unión Europea, Washington y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, finalmente pueden forjar un nuevo camino.

El enfoque diplomático hacia Venezuela debe ser reflexivo, sistemático y paciente. El Plan B consistiría en mantener el rumbo, continuar aumentando la presión y abstenerse de generar falsas expectativas debido a la impaciencia o las luchas internas burocráticas. No más disparos desde la cadera o improvisación.

El régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidos, principalmente a las transacciones relacionadas con el petróleo, financieras o de otro tipo, debe fortalecerse para que sean efectivas. La Unión Europea también debe hacer su parte en las sanciones, y su nuevo jefe de política exterior, Josep Borrell, no debe vacilar. Una cosa es que Noruega patrocine las conversaciones entre la oposición y el régimen del Sr. Maduro; otra cosa es que los europeos se pongan fríos y acepten el control de Maduro sobre el poder a pesar de las violaciones generalizadas de los derechos humanos y la clara ilegalidad de su gobierno.

La investigación de esas violaciones, en Ginebra y en la Organización de los Estados Americanos, debe realizarse con vigor. Un informe devastador de la comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, encontró más de seis mil ejecuciones extrajudiciales en los últimos cinco años en Venezuela. La misión de investigación debe hacer su trabajo lo más rápido posible, a pesar de la renuencia de Maduro. Es necesario que haya estudios de casos más específicos, denuncias más precisas y responsabilidades más individualizadas por violaciones de derechos humanos.

En septiembre, 16 de las 19 naciones que son signatarias del Tratado de Río, un pacto de seguridad regional, votaron para imponer sanciones económicas adicionales al Sr. Maduro y sus asociados. Colombia, que lideró la iniciativa, tiene que presentar un mejor caso para sus reclamos de que Maduro está protegiendo a los grupos armados dentro de su territorio, que las fotografías desactualizadas o sin acreditar tomadas en Colombia.

Venezuela representa una amenaza real para la paz y la seguridad regionales, y se deberían aplicar más sanciones como resultado de la votación. El Tratado de Río nunca fue una gran idea, pero puede usarse para hacer cumplir más sanciones antes de una acción militar.

Por último, si una vez más las graves dificultades económicas asedian a Cuba, un país del que depende por completo la supervivencia del Sr. Maduro, por razones de seguridad e inteligencia, La Habana debe ser atraída o presionada para que comprenda que debe irse. Probablemente nunca acepte algún tipo de quid pro quo, pero no se pierde nada al intentarlo. El Sr. Bolton olvidó este detalle “menor”: sin un enfoque de zanahoria y palo para Cuba, no hay razón para que La Habana sea útil. Raúl Castro, quien todavía es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el hombre fuerte de la isla , sabe que Maduro no durará para siempre. La pregunta es cuándo está dispuesto a saltar de un iceberg derritiéndose a otro.

Varios presidentes latinoamericanos instaron recientemente a Moscú y Beijing a cooperar con sus esfuerzos y dejar de apoyar al régimen venezolano con dinero y vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal vez podrían ser más útiles para convencer a los cubanos de que, aunque la plantilla está lista, aún podría haber algo para ellos si contribuyen a la partida de Maduro y a la programación de elecciones rápidas, libres y supervisadas internacionalmente.

Trump sabe todo sobre quid pro quos, incluso si Bolton no lo sabía. Por todas las razones equivocadas, el presidente estadounidense ha ganado influencia sobre La Habana al hacer retroceder casi toda la normalización de Barack Obama. Ahora debería usarlo.

Jorge Castañeda

 nytimes.com

Las crisis políticas, económico-financieras, diplomáticas o militares no se producen cuando los hombres las desean o las esperan. Suceden con un grado de imprevisibilidad incalculable, sobre todo en un mundo “globalizado”, donde lo que afecta a unos repercute en otros.

Por lo menos desde el verano de 2014, México enfrenta el desafío de las consecuencias políticas internas en Estados Unidos de la migración centroamericana. Esta transita por territorio mexicano, llega a nuestra frontera e ingresa a Estados Unidos. Lo hace en familia, con menores no acompañados, solicitando asilo o intentando internarse a Estados Unidos sin papeles. Muchos llegan a padecer abusos inenarrables por parte de autoridades y criminales mexicanos (a veces son lo mismo). Otros realizan la travesía resguardados por polleros sin escrúpulos salvo la ley del negocio: quedar bien con el cliente. Desde entonces, y en realidad, a partir de mediados de los años ochenta, cuando comienza la migración –en esa época detonada por las guerras en Centroamérica– del Triángulo del Norte a Estados Unidos, Washington ha presionado a sucesivos gobiernos de México para que le hagan el trabajo sucio. Cada uno ha respondido a su manera: resistiéndose; accediendo, pero insistiendo que es por intereses propios; accediendo sin chistar. Hoy la crisis le toca a López Obrador.

Desde que se suspendió la postura de cero tolerancia de Trump hace tres meses y cesó la separación de las familias centroamericanas del lado norte de la frontera, se ha incrementado dramáticamente el éxodo hondureño y guatemalteco, y en menor medida salvadoreño. Septiembre fue el mes del mayor número de detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en la historia. El volumen ha rebasado la capacidad de alojamiento, procesamiento, alimentación etc. La única solución, de nuevo, es que México haga el trabajo sucio, en la frontera sur de ser posible; si no, en la norte, al impedir allí que los centroamericanos lleguen a los puntos de cruce con Estados Unidos. Es la misma historia de siempre, pero diferente.

Por tres motivos. En primer lugar, porque las cifras son más elevadas, o por lo menos eso dicen las autoridades norteamericanas. En segundo término, porque ya se dio el nuevo TLCAN, y todo indica que, por lo menos en la mente de Trump, sí hubo un quid pro quo: acuerdo y firma en los tiempos de México a cambio de apoyo en materia de drogas y migrantes. Tercero, porque estamos en pleno período electoral, al igual que con Obama en el verano de 2014. Y, por último, porque se trata de ver cómo reacciona un nuevo gobierno de México, que al final del día será quien tome la decisión sobre esta caravana y todas las que sigan, nutridas o ralitas.

A eso viene a México el secretario Pompeo, y a eso ha viajado a Washington en múltiples ocasiones el nuevo secretario de Relaciones de López Obrador. Lo que no sabemos es cuál será el desenlace en estos días, y ya en diciembre. Si hubo ese quid pro quo, AMLO lo suscribió; tendrá que cumplir. Si no entendió de qué se trataba, ahora va a entender. Porque de nuevo, se trata de un tema binario, de esos que repugnan a los políticos mexicanos tradicionales. O entran los hondureños a México, o no. Los que entren, aunque se ubiquen en campos de refugiados de Acnur, buscarán cómo seguir encaminándose a Estados Unidos. Y Trump sí va a verse obligado a hacer algo en su frontera, porque el tema enardece a sus bases, y lo obsesiona a él.

¿Es casualidad la caravana hondureña ahora? ¿Puede desentenderse AMLO hasta dentro de seis semanas? Da más o menos lo mismo. Es su asunto, los centroamericanos allí están y van a seguir llegando, y Trump va a seguir exigiendo que hagamos el trabajo sucio. Uno puede esperar por lo menos que el ala izquierda de la 4-T ya esté dirigiéndose a Tapachula para recibir a los hondureños, e impedir que la Policía Federal impida su ingreso. ¿O de qué lado está la 4-T?

Jorge Castañeda

@JorgeGCastaneda

Hace poco, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hizo una declaración sorprendente en un mitin en la frontera entre Colombia y Venezuela. Almagro advertía que no se debe descartar ninguna opción en ese país y, en específico, que no podía descartarse una “intervención militar” para “derrocar” a su gobierno. Algunos observadores interpretaron que esto significaba que la invasión de Venezuela estaba ahora en la agenda. Otros, de manera más inteligente, supusieron que Almagro se refería a la participación interna de las fuerzas armadas venezolanas: en resumen, a un golpe de Estado militar.

¿La crisis venezolana ha llegado a esa etapa? Tal vez.

La declaración inaudita del dirigente de un organismo regional intergubernamental no fue gratuita. Días antes, The New York Timesinformó que altos oficiales del Ejército venezolano se habían acercado al gobierno de Donald Trump hacía algunos meses. Los militares anunciaron que estaban organizando un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro y solicitaron el apoyo del gobierno estadounidense con equipos de telecomunicaciones para ese propósito. Los funcionarios estadounidenses les negaron la ayuda y los venezolanos se quedaron solos.

No hubo ningún golpe, excepto por un ataque fallido a Maduro con drones. Posteriormente, el presidente detuvo, y quizá incluso torturó, a un gran número de militares a los que acusó de participar en la conspiración. Maduro señaló al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, como el líder de aquel plan. Santos lo negó.

Más adelante, Almagro “aclaró” sus comentarios. El Grupo de Lima, un bloque de naciones latinoamericanas, se distanció de la postura del secretario general de la OEA al rechazar cualquier solución inconstitucional a la crisis venezolana. En consecuencia, el gobierno en Caracas denunció a Almagro y usó el reportaje de The New York Timespara “probar” que había planes golpistas al acecho. Si de algo sirvieron estos episodios fue para fortalecer al régimen —o dictadura— de Maduro y debilitar a la ya marginada oposición.

Por desgracia, la cacofonía que produjeron las declaraciones de Almagro y el artículo del Times distorsionaron un debate esencial. La pesadilla venezolana tiene tres elementos. El primero es el ataque a la democracia y al respeto de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro y, antes, por parte del gobierno de Hugo Chávez.

Según la Carta Democrática Interamericana de 2001, firmada por todos los países del hemisferio occidental, a excepción de Cuba, el ataque a la democracia justifica la suspensión de un gobierno de la OEA. En segundo lugar, está la crisis humanitaria. Millones de venezolanos padecen hambre, están enfermos e incluso mueren por la falta de alimentos, medicinas; hay carencia de artículos de primera necesidad, energía eléctrica e incluso no hay una fuerza policial capaz de patrullar Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo. Por último, están las consecuencias regionales del desastre humanitario: unos 2,3 millones de personas han huido de Venezuela y se proyecta que para 2020 dos millones más podrían hacerlo. Cientos de miles de venezolanos están exiliados en Perú, Chile y en las naciones vecinas de Colombia y Brasil. Decenas de miles viven ahora en España, México, Florida y Argentina. Estamos hablando de la migración más grande en la historia de América Latina desde el comercio de esclavos.

Este ya no es un problema interno de Venezuela. En las naciones donde se establecen o por las que pasan los exiliados ejercen una enorme presión en los servicios sociales: salud, educación, refugio y procuración de justicia. En varios de estos países, el éxodo ha generado reacciones xenófobas, incluso linchamientos. La crisis afecta de manera directa a buena parte de la región.

En 2002, un intento de golpe de Estado, que casi tuvo éxito, trató de derrocar a Chávez. Cuando sucedió, la Cumbre del Grupo de Río —que reúne a casi todos los países de América Latina— estaba en sesión en Costa Rica. Con solo dos excepciones, todos los miembros condenaron el golpe y la amenaza al orden constitucional que representaba. En ese entonces, como secretario de Relaciones Exteriores de México bajo el mandato del presidente Vicente Fox, fui muy firme en impulsar que el grupo no debía ni sugerir apoyo al golpe, incluso si ninguno de los Estados miembro simpatizaba con el régimen de Chávez. Eso fue entonces: la situación ahora es completamente distinta.

Hugo Chávez fue un presidente elegido de manera democrática, quien se había involucrado en algunos episodios inadmisibles de represión, pero que todavía estaba lejos de ser un dictador. La reelección de Maduro, en mayo, fue condenada por muchos países de América Latina y por miembros de la Unión Europea por estar viciada de origen. El año pasado, por órdenes de Maduro, más de cien personas, muchas de ellas estudiantes, fueron reprimidas con balazos. En los últimos años, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han denunciado las violaciones escandalosas a los derechos humanos. Pero también, durante el mandato de Chávez, ni sus planes delirantes ni su retórica interminable tuvieron muchas implicaciones fuera de Venezuela.

¿Estas diferencias importantes justifican una intervención militar en Venezuela hoy, en comparación con 2002? ¿Lo hace el deterioro de la crisis humanitaria, en particular el hambre y la enfermedad generalizadas? ¿La mayor cantidad de refugiados que huyen a los países vecinos? ¿El fin absoluto de todo vestigio de un gobierno democrático y la formalización de una dictadura descarada?

Todavía no se llega a ese punto, y equiparar la situación en Venezuela con el genocidio en Ruanda o la Camboya de Pol Pot es exagerado y engañoso.

Sin embargo, hay un momento en el que la comunidad regional se verá obligada a asumir la responsabilidad de protección: cumplir con el compromiso internacional de evitar la destrucción de un pueblo o un país. En este momento es evidente que no hay ninguna solución electoral ni institucional para la tragedia de Venezuela. También es evidente que Cuba, el único actor externo con influencia auténtica en Caracas, no está dispuesta a utilizarla en aras de la democracia y la seguridad de la región. Así que, podemos preguntarnos: ¿cuándo se hace necesario y deseable el respaldo latinoamericano —abierto o encubierto— a un golpe de Estado?

No hasta que se hayan agotado todas las demás opciones, en cualquier circunstancia. Todavía no se ha explorado una alternativa. Más del 90 por ciento de la moneda dura y las ganancias gubernamentales proceden de las exportaciones petroleras, que están disminuyendo y están comprometidas, ya que pueden ser parte de ventas anticipadas a China. La mayoría de estas exportaciones todavía se destinan a la costa del golfo de Estados Unidos, donde las refinerías propiedad de la compañía petrolera nacional, PDVSA, se encuentran entre las pocas en el mundo que pueden procesar su crudo pesado. Aunque en los últimos meses Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y naciones latinoamericanas han golpeado a Venezuela con sanciones —inefectivas en su mayoría—, estas no se han dirigido a las exportaciones de petróleo, aun cuando empresas privadas han demandado a PDVSA por incumplimiento de contratos.

Washington, en especial, ha sido renuente a sancionar el petróleo, a pesar de que sabe que sería la medida más efectiva para castigar al régimen venezolano. Solo esta semana, el gobierno estadounidense aplicó nuevas sanciones a figuras clave en el séquito de Maduro. Pero son las sanciones al petróleo las que obligarían a Caracas a encontrar otros compradores —cosa que puede hacer—, pero a un alto costo y con múltiples complicaciones. Estas sanciones privarían al régimen de buena parte de sus ingresos en dólares, tal vez de manera irreparable. Por desgracia, también dañarían al pueblo venezolano. La pregunta es qué causa más daño: las sanciones realmente nocivas o perpetuar la pesadilla actual.

Mucho antes de justificar o respaldar un golpe de Estado, si la comunidad internacional está convencida de que la paz y la seguridad en la región están en riesgo y de que persiste la responsabilidad de proteger a Venezuela y a sus vecinos, primero debe agotar todas las demás opciones. El petróleo es la única que queda. Solo entonces —si acaso— el arrebato del secretario general Almagro adquirirá legitimidad.

* Jorge G. Castañeda es profesor de la Universidad de Nueva York y columnista de opinión de The New York Times. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003.

c.2018 New York Times News Service

En el centro de La Habana en 2016, un hombre muestra su tatuaje de Fidel Castro.CreditTomás Munita para The New York Times

Es difícil decir si el desplome de la aeronave de Cubana de Aviación en La Habana de hace unas semanas o las elecciones simuladas del 20 de mayo en Venezuela son ejemplos contundentes del fracaso del socialismo del siglo XXI que Raúl Castro y Hugo Chávez promovieron con tanta vehemencia. Ambas son tragedias que cobraron muertes evitables y reflejo de lo que les espera a ambos países.

Cuba pagó muy caro los éxitos iniciales, y quizá duraderos, de su revolución: educación, salud y dignidad. Sin embargo, desde el comienzo —a excepción de unos cuantos años entre el colapso de la Unión Soviética y el fin de sus subsidios a Cuba en 1992 y el advenimiento del apoyo venezolano en 1999— siempre encontró a alguien que pagara la factura. Se suponía que Estados Unidos sería la siguiente opción, pero eso ya no parece posible ahora.

Venezuela, por su parte, se embarcó en un camino peligroso con la elección de Hugo Chávez en 1998, que cobró más impulso después de la huelga fallida de los trabajadores petroleros a finales de 2002 y principios de 2003: construyendo el socialismo después de la Guerra Fría, con el apoyo de Cuba y prácticamente nadie más. La inteligencia y el apoyo de seguridad de Cuba continúan en Caracas, pero los altos precios del petróleo desaparecieron en 2014, al igual que la generosidad al estilo Arabia Saudita que el gobierno venezolano tenía con La Habana. Aquellos días de gloria se terminaron hace mucho tiempo; ahora todo lo que importa es sobrevivir.

María Tocuyo alimenta a su hija Luismary en una cocina comunitaria dirigida por una iglesia católica a las afueras de Caracas, en abril de 2018. CreditMeridith Kohut para The New York Times

La sorpresa de las mujeres de La Paz

Apenas unos meses después del comienzo del cambio de poder de los Castro hacia una era distinta, sino es que totalmente nueva, Cuba nuevamente se enfrenta a enormes retos económicos y sociales. Se derivan de tres problemas sin solución.

Primero, el declive del turismo de Estados Unidos y la nueva mano dura del gobierno de Trump con Cuba. Durante marzo de este año, el número de visitantes de Estados Unidos disminuyó más del 40 por ciento en comparación con 2017. Esto se debe en parte a las advertencias de seguridad emitidas por Washington y en parte a las nuevas restricciones de viaje implementadas por el presidente Donald Trump y a que después del auge inicial del turismo nostálgico, Cuba ahora compite con el resto del Caribe por turistas. Su belleza y encanto no superan fácilmente los servicios y la infraestructura muy superiores de otros destinos ni sus precios más bajos. Actualmente, la miríada de negocios emergentes —que siempre se pensó eran demasiado pequeños y numerosos para sobrevivir— que florecieron para los visitantes estadounidenses están fracasando debido a la disminución del turismo.

Segundo, las sanciones estadounidenses y el temor cubano a las reformas económicas han hecho que el impulso para una mayor inversión extranjera sea de alguna manera fútil. Algunas empresas estadounidenses, pasada la fiebre inicial de declaraciones muy publicitadas, han sido renuentes a correr riesgos, en especial dada la hostilidad de Trump hacia todo lo que tenga que ver con Obama y por su dependencia de Florida para reelegirse.

La economía ha dejado de crecer, ha resurgido la escasez y las nuevas oportunidades de empleo y ganancias en una moneda fuerte no aparecen. Si añadimos a esto la decisión del gobierno cubano de suspender nuevos permisos a cuentapropistas o de empleo independiente en el sector privado, no es una sorpresa descubrir que las expectativas económicas son poco prometedoras. De ahí lo adecuado de la metáfora del desplome del avión a las afueras de La Habana: al igual que la economía cubana, la aeronave era vieja, con mantenimiento inadecuado, rentada por la aerolínea nacional porque era lo único que podía costear y el resto de la flotilla doméstica de Cubana de Aviación ya no podía despegar.

Esto nos lleva a la tercera fuente de preocupación. Venezuela ya no puede subsidiar la transición de Cuba a una economía socialista estilo Vietnam como lo hizo antes.

Es cierto, informes del mes pasado sugieren que Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, la empresa petrolera propiedad del Estado, compró 440 millones de dólares de crudo en el mercado abierto y se los entregó a Cuba a un precio más bajo y a crédito. Cuba consume unos 170.000 barriles de crudo al día y produce solo alrededor de 50.000. Venezuela ha compensado la diferencia, e incluso antes proveía suficiente crudo para cubrir todas las necesidades de la isla, lo que le permitía a Cuba reexportar parte de ese petróleo con ganancias y pagarlo a través de mecanismos muy subsidiados. El hecho de que PDVSA tuviera que comprar el petróleo para Cuba en el mercado abierto demuestra que Venezuela ya no tiene esa capacidad. La escasez de efectivo en el país, debido al colapso de la producción petrolera —que disminuyó 28 por ciento en los últimos doce meses— también ha disminuido su capacidad de pagar precios elevados por los médicos, maestros y personal de inteligencia cubanos.

Se pensó que la alternativa para Cuba residía en la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que se detuvo después del fin del gobierno de Obama. Sin embargo, Venezuela significa más para el país insular que el efectivo y el petróleo. A pesar de los guiños continuos con China y Rusia, es el único aliado incondicional de Cuba en el mundo, razón por la cual la debacle de Venezuela es tan preocupante.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el presiente venezolano, Nicolás Maduro, en La Habana en abril de 2018 CreditYamil Lage/Agence France-Presse — Getty Images

La comunidad internacional ha intensificado las sanciones contra la dictadura del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, esto producirá poco efecto en Caracas salvo que Washington imponga restricciones al petróleo: la expropiación de Citgo —la empresa petrolera propiedad de PDVSA— o la prohibición de la exportación y la importación de petróleo desde y hacia Venezuela. No obstante, a fin de que esto no le dé ventaja a Maduro, los latinoamericanos y los europeos estarían obligados a apoyar las medidas y adoptar otras similares.

Ahí radica la interrogante fundamental relacionada con Venezuela, y en última instancia, con Cuba. La Organización de Estados Americanos (OEA), en su asamblea anual del 5 de junio, podría considerar una moción para suspender a Venezuela; algo que probablemente fracasará, pero las democracias de la región habrán adoptado una postura.

En la confrontación resultante, todo puede ocurrir. La comunidad internacional puede decidir —de manera cínica, pero no ilógica— que la crisis del país es demasiado peligrosa para dejarla en manos de los venezolanos. En este caso, la única forma de presionar al gobierno de Maduro parecen ser las sanciones relacionadas con el petróleo, encabezadas, entre otros, por Washington.

Este resultado sería un golpe particularmente duro para Cuba. Si la actual recesión económica produce un descontento generalizado (como, por ejemplo, en 1994, con el llamado Maleconazo), el régimen de la isla enfrentará una crisis social que carecerá de los dos remedios fundamentales de los que siempre gozó. Primero, por supuesto, estaban los Castro: Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente, tendrá que lidiar con un predicamento importante sin el prestigio de Fidel ni el de Raúl Castro. Segundo, no puede contar con la válvula de escape a la que recurrieron en repetidas ocasiones los hermanos gobernantes: la migración a Miami, porque la eliminación de la política de los “pies secos, pies mojados” supone el final del ingreso de los cubanos a Estados Unidos en barco, mediante el contrabando o nadando. Cuba no ha enfrentado el descontento sin esos factores desde la Revolución, en 1959.

Nadie sabe qué sucederá con el régimen si estalla la revuelta social. La única certeza es el fracaso absoluto del llamado socialismo del siglo XXI, en Venezuela como tal y en Cuba bajo otro nombre.

Jorge G. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003; es profesor de la Universidad de Nueva York y miembro del consejo de Human Rights Watch.

New York Times

 JORGE G. CASTAÑEDA

Finalmente el presidente Peña Nieto hizo lo que debió haber hecho hace casi tres años: recibir en Los Pinos y tomarse la foto con la esposa de Leopoldo López, el líder encarcelado de la oposición venezolana. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores ha echado a andar una estrategia diferente para México, tanto dentro de la OEA como en el plano bilateral con varios países de América Latina. Todo ello a propósito de Venezuela. Mejor tarde que nunca y como ha dicho Aguilar Camín, no hay que regatearle al gobierno este cambio positivo y necesario.

Sin embargo, los acontecimientos no tienen siempre la paciencia, la resignación o la tolerancia que podemos albergar los comentaristas o los funcionarios. Lo que ha sucedido con la nueva política mexicana frente a Venezuela es que se ha ido rezagando día tras día conforme se agrava la crisis de ese país: crisis política, humanitaria, económica, social.  Para poder seguir avanzando sin embargo y mantenernos al día, convendría que tanto Peña como la cancillería se deshicieran de algunas telarañas mentales que todavía ofuscan su pensamiento.

La idea de que México nunca ha intervenido en conflictos internos de otros países, a través de opiniones, recursos, apoyos o sanciones, es completamente falsa. Solo existe en la cabeza trasnochada de los principistas o de algunos sectores de la izquierda. Desde la Guerra Civil española, México ha tomado partido en varias ocasiones a favor de un régimen o de otro, en un país o en otro. De la misma manera que defendimos a la República española, tomamos partido contra el golpe de Estado en Guatemala en 1954, contra la dictadura de Batista en Cuba de 1956 a 1959, a favor del régimen de Allende en Chile y contra el de Pinochet, y a favor de distintos proyectos revolucionarios en Centro América a finales de los años 70 y principios de los 80: Nicaragua, El Salvador y en menor medida Guatemala, y desde luego siempre aprobamos y mantuvimos las sanciones contra el odioso régimen del Apartheid en Suráfrica, al grado que en 1976, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, por instrucciones del presidente Echeverría, le prohibió al equipo mexicano de tenis competir en Sudáfrica en la Copa Davis, en la época del célebre Raúl Ramírez.

Muchos dirán en México que se trataba en todos estos casos de tomas de partido a favor de los buenos y en contra de los malos. Si ese fuera el criterio, pues ya todo dependería de cuál es el rasero que se utiliza para definir a los buenos y a los malos. No me queda claro cuál de las dictaduras latinoamericanas de todos estos años ha sido la peor y cuál ha sido la mejor: Chile, Cuba, Somoza, y ahora Maduro en Venezuela. La lógica de todo esto no es que México no interviene, es que México como todos los países toma partido y lo hace a veces en función de intereses, de simpatías o de ciertos valores. Por mi parte prefiero la intervención basada en valores, y en particular en dos: la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero entiendo que pueda haber otros: la revolución, el socialismo, el antimperialismo, etc. Pero por lo menos aceptemos que de eso se trata.

¿Qué debe hacer México ahora en Venezuela? En primer lugar dejar de insistir en la tontería del diálogo. Ya se intentó un esfuerzo mediador encabezado por el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y fracasó estrepitosamente. No puede haber diálogo, cuando la mitad de los líderes de la oposición están en la cárcel, y peor aún si es detenido en estas horas o días, Henrique Capriles, el otrora candidato de la oposición a la presidencia y actual gobernador del Estado de Miranda. No hay dialogo posible cuando la represión es cotidiana o cuando el poder judicial, de alguna manera disuelve al poder legislativo (maniobra que fue echada abajo por la presión internacional y por la calle en Caracas, pero que puede volver a ser impuesta).

Así mismo, México debe dejar de buscar consensos en la OEA e ir planteando proyectos de resolución cada vez más duros, invocando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para lograr la suspensión de Venezuela de la OEA, si no celebra elecciones, se liberan a los presos políticos y se devuelve la autonomía a la Asamblea Nacional y al órgano electoral. Pero además, México debe ir buscando con otros países latinoamericanos, y en particular con los dueños del circo de Caracas –los cubanos– para encontrar  activamente una salida a la pesadilla venezolana en lugar de simplemente lamentarla o censurarla. Se han dado pasos muy importantes, muy bienvenidos, y muy tardíos. Faltan más.

Jorge Castañeda

@JorgeGCastaneda

Aunque la actualidad sigue imponiendo los temas de Trump, de EU, de la reacción mexicana, a todo ello y a los enormes retos que le impone al país el cambio dramático que se ha producido en el vecino del norte, hoy quisiera hablar más bien de un tema estrecha y directamente vinculado a ese dilema: me refiero desde luego a la elección presidencial de 2018 en México. ¿Qué tiene que ver una con el otro? Absolutamente todo, aunque hoy no será tan fácil demostrarlo.

Hoy en día López Obrador conserva y ensancha la ventaja que según algunos que lo escribimos desde hace tres años tendría en este momento. Tiene un extraordinario jefe de campaña –Enrique Peña Nieto– y una capacidad de trabajo ídem; conexión con los sentimientos más sencillos y simples de la gente, que ningún candidato puede tener en este país en esta época. Para todos fines prácticos, tendría ganada la elección si fuera hoy. El dilema que enfrentan los demás candidatos consiste en qué quieren hacen en vista de este hecho contundente: intentar en vano ganarle, o fortalecer su presencia en el Congreso como contrapeso, aspirando a un fuerte segundo lugar; o buscar la manera de aliarse directa o tácitamente con él, contribuyendo a algo que ya estamos viendo dentro del empresariado y en algunos otros círculos, a saber, el clásico fenómeno de “la cargada”.

Conviene recordarlo, México no es priísta; el PRI es profundamente mexicano. “La cargada” no es un fenómeno priísta, es ante todo mexicano. Hoy, que mucha gente piensa que López Obrador no puede perder, empiezan a alinearse con él. Empresarios, intelectuales, activistas, políticos locales de buena o mala reputación se empiezan a sumar a una candidatura que ven con simpatía no porque estén de acuerdo con sus propuestas o incluso con la personalidad del candidato, sino porque va a ganar. Esto existe también en otros países, pero México es tal vez el lugar privilegiado de “la cargada”.

En estas condiciones, o bien alguien opera con extrema audacia, habilidad y talento para crear un polo diferente, ni el cuarto polo de Dante Delgado, ni el gran polo opositor de algunos otros, sino una candidatura independiente que pueda canalizar el descontento y los recursos que otras candidaturas independientes hasta ahora no han podido reunir. De no ser el caso, y de no producirse un acontecimiento imprevisto, como ya dije, parece difícil evitar una victoria de AMLO. Este es el gran reto que enfrenta el país y sus vecinos. La pregunta que deberán hacerse EU, Centroamérica, el empresariado y la parte más libertaria de la sociedad civil mexicana es si en vista de este hecho aparentemente inevitable, conviene más oponerse a él o alinearse.

Jorge Castañeda

@JorgeGCastaneda

Las distintas y contradictorias versiones sobre el contenido y el tono de la llamada telefónica entre los presidentes Peña Nieto y Trump demuestra los peligros que existen siempre en comunicaciones de este tipo entre jefes de Estado. Tengo algo de experiencia en la materia al haber instigado y presenciado la conversación telefónica entre el presidente Fox y Fidel Castro hace 15 años. Es muy difícil salir bien de estos lances, cuando se trata de interlocutores demagogos, populistas y traicioneros como Trump y Castro. Es algo que deben tomar en cuenta nuestros actuales gobernantes.

Sin tener datos contundentes al respecto, me parece evidente que la filtración vino de la Casa Blanca, y, en particular, de un bando de la misma que quiso golpear a otro sector del equipo presidencial de Trump. Se ha dicho, con algo de bases, que el instigador de todo esto fue Steve Bannon, el consejero estratégico de Trump, para pegarle a su rival desde la campaña, el jefe de la oficina presidencial, Reince Priebus, y el yerno de Trump, Jared Kushner. No es posible saber si así haya sido exactamente, pero el viejo dicho norteamericano de que el barco de Estado filtra desde arriba parece cierto (The ship of State leaks from the top).

La gravedad del asunto no reside en la filtración en sí, que al final de cuentas es, insisto, un pleito entre rivales dentro de la Casa Blanca, y ni siquiera si en efecto el tono que utilizó Trump con EPN fue de “cotorreo” o fue en serio. Parece verosímil que se haya tratado de algo coloquial y casi de “cuates” más que de amenazas en serio. En este sentido, la versión de los Pinos, de SRE, es más creíble que las primeras filtraciones a la prensa mexicana o de EU.

El problema reside en qué contestó Peña Nieto. No debe, bajo ningún motivo, hacer público el contenido de la conversación. No sé si ahora se graben dichas conversaciones. Cuando estuve yo en la Cancillería no se hacía. Resulta un poco ocioso hacerlo, aunque siempre había un tomador de notas que dejaba registro, porque por definición no se puede hacer público, y se corre el riesgo de que las “barredoras” de los norteamericanos lo cachen a uno grabando. Pero en este caso sí hubo una ofensa importante para un sector en México que puede sentirse agraviado y que quizás necesitaría no solo saber qué contestó el presidente Peña Nieto a Trump cuando bromeó que el ejército mexicano no hacía su trabajo, sino que quisiera que fuera pública su respuesta. No sé si la Secretaría de la Defensa haya visto con buenos ojos que el presidente de EU bromeara con el presidente mexicano sobre “la incompetencia o falta de valor de las fuerzas armadas mexicanas en el combate al narcotráfico” sin conocer la respuesta de EPN. Si Trump lo dijo en tono leve y de “chiste”, no sé si al ejército le parezca que Peña haya contestado con el mismo tono, o si “balbució”, o si respondió con la solemnidad que lo suele caracterizar.

Por todo esto, las llamadas telefónicas entre jefes de Estado, cuando se pueden evitar, son evitadas. Quizás debimos evitar la llamada de 2002 entre Fox y Castro. Pero hay 2 diferencias importantes: Castro llevaba 42 años en el poder; Trump, 10 días; Castro era el dictador de un país de sexta; Trump es el presidente de EU.

Jorge Castañeda

@JorgeGCastaneda

Los escándalos políticos son males endémicos en Amércia Latina. Están presentes incluso bajo Gobiernos de izquierda, cuyos líderes se vanagloriaban de que nunca incurrirían en las odiosas prácticas de sus verdugos

La imputación de Cristina Fernández por haber vendido dólares por debajo del precio de mercado para beneficiar a su sucesor en 2015 es la punta del iceberg del nuevo escándalo de corrupción de América Latina. En la lista de acusaciones, juicios y sentencias en la región, Fernández también está bajo investigación por haber entregado contratos de miles de millones de dólares a un constructor antes inexistente, que adquirió extensiones gigantescas de tierra en la Patagonia y hoteles de lujo en la provincia de Santa Cruz por cuenta de la expresidenta. Lázaro Báez, protagonista principal del escándalo de Hotesur, ya ha sido detenido, pero seguirá la marcha de jueces sumisos que dejaron languidecer estas causas cuando Fernández despachaba en la Casa Rosada.

Dicha marcha marca la pauta de una de las grandes novedades en nuestra historia reciente: la creciente intolerancia de las clases medias ante niveles inéditos de corrupción y el uso de esa justificada indignación por opositores políticos para su propio beneficio. En un contexto caracterizado por un letargo económico prolongado y por Gobiernos de izquierda en buena parte de los países latinoamericanos, es fácil comprender por qué se trata de algo novedoso, alarmante para algunos y alentador para otros.

El caso emblemático consiste en la tragedia brasileña. Dilma Rousseff ha debido desocupar la presidencia, por lo menos durante 180 días, quizá para siempre, con motivo de un proceso de destitución institucional. Dilma no es acusada de corrupción personal. Pero sin las revelaciones del caso Lava Jato,del juez Sergio Moro y del conjunto de acusaciones y certezas englobadas bajo el término de Petrolão, no enfrentaría los cargos que se le imputan. Asimismo, de no ser por el patético estado de la economía brasileña, tampoco habrían prosperado esos cargos. Por último, si la oposición brasileña no se hubiera envalentonado, gracias a casi 14 años fuera del poder, a un milagroso acercamiento al retorno en 2014, y a una movilización callejera sin precedentes, Rousseff tampoco habría sido defenestrada constitucionalmente. Lo que acontece hoy en Brasil es la suma de todos estos elementos.

Pero en todos estos casos, detrás del andamiaje jurídico se perfila el triple fondo político y ético: ellos robaron para la corona, es decir, para mantenerse en el poder. La gente no lo toleró; y la oposición se aprovechó. En ausencia de este comportamiento corrupto, ¿habría funcionado la perpetuación en el poder de un partido, de un matrimonio, o de un solo gobernante en otros casos análogos? Es difícil saberlo, el ejercicio contrafactual es imposible.

Hay una creciente intolerancia de las clases medias ante niveles inéditos de corrupción

 
Sí sabemos que lo de Brasil no es un “golpe de Estado” ni un acto opositor ilegítimo en un país con un sistema semihíbrido, donde la multiplicidad de partidos y la existencia de un procedimiento expedito de juicio político alienta a cualquier oposición a utilizarlo. Los intentos de destitución legal de un mandatario son lo propio de la democracia y de la vocación opositora. No se entiende cómo los partidarios de la revocación de mandato, por ejemplo, se indignen ante un procedimiento constitucional ciertamente legislativo, pero no menos legítimo.

La pregunta podría ser si lo mismo va a comenzar a gestarse en otros países. En Guatemala ya aconteció. En Nicaragua difícilmente sucederá algo, aunque la corrupción detrás del ficticio canal interoceánico tal vez sea, en términos per capita, la mayor de todas. En El Salvador la corrupción del anterior mandatario electo bajo el emblema del FMLN ya había sido divulgada, pero ahora, con la detención en Brasil de João Santana, el gurú de campañas de la izquierda latinoamericana, saldrán a relucir más datos. En Panamá, el actual Gobierno ha procesado en ausencia al expresidente Martinelli. En Perú, cualquiera que sea el vencedor de la segunda vuelta se verá obligado a investigar, y en su caso a procesar, al mandatario saliente y a su esposa. En Chile, la nuera de Michele Bachelet, y parte de la clase política, han sido acusados de diversas fechorías, basadas en anacronismos jurídicos, con fines claramente políticos, pero en algunos casos con fundamentos reales.

El capítulo venezolano encierra las paradojas más dramáticas y arrojará los peores ejemplos de corrupción una vez que se sepa lo ocurrido durante el chavismo. Las fortunas acumuladas por los nuevos magnates bolivarianos solo tienen como parangón las increíbles privaciones que padecen los habitantes de uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. La hecatombe venezolana llegará a su desenlace, y aunque la corrupción de sus autoridades no desempeñará un papel central en lo inmediato, en el ajuste de cuentas con el pasado será decisiva. Hugo Chávez llegó al poder en 1998 denunciando, con toda razón, la corrupción infinita del pacto de Punto Fijo; la de sus correligionarios, mientras estuvo en vida y después, no fue menor.

La fortuna de los nuevos magnates bolivarianos crece mientras la gente sufre privaciones

 
Huelga decir que el asunto no es privativo de la izquierda. Esta se encuentra en el poder en varios países de la región y por tanto buena parte de la ira social se dirige en su contra. El caso de México demuestra la omnipresencia de los escándalos de corrupción, con Gobiernos de izquierda, de derecha o de identidad ideológica difusa. El Gobierno del presidente Peña Nieto ya ha sido consignado a la historia por el estigma de la llamada casablanca, la residencia adquirida por su esposa gracias a facilidades otorgadas por uno de los grandes contratistas de estos años. Pero ahora esto parece lo de menos.

El deseo de Peña Nieto —bien intencionado o cínico— de ver aprobadas por el Congreso mexicano leyes eficaces contra la corrupción se ha topado con la resistencia —feroz y cínica también— de su propio partido y de la oposición. La llamada ley 3 de 3, que obliga a servidores públicos y a candidatos a divulgar sus bienes, ingresos e intereses, se ha visto enmarañada en una madeja de objeciones leguleyas. A dos años de las próximas elecciones, Peña sigue a tal punto manchado por los escándalos de corrupción (y de violaciones a los derechos humanos) que difícilmente escapará a la creación, por su sucesor, de sendas comisiones de la verdad con apoyo internacional.

En los años ochenta, cuando se efectuaron la mayoría de las transiciones democráticas en América Latina, muchos pensaron que los males endémicos de la región comenzarían a desvanecerse en forma automática. No fue el caso. La violencia y la desigualdad persisten, aunque hayan disminuido en algunos países. La corrupción se encuentra más presente que nunca, incluso bajo Gobiernos conducidos por partidos o líderes de izquierda, que se vanagloriaron de que ellos nunca incurrirían en las odiosas prácticas de sus verdugos o represores: las élites latinoamericanas. Resultó que sí.

Jorge G. Castañeda, exministro de Asuntos Exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.

Gracias al aparente exceso de Obama, se agotó el tiempo de la indiferencia

Hasta ahora la crisis venezolana solo surtía efectos dentro del propio país. Salvo algún que otro exabrupto de Hugo Chávez antes de morir, una que otra expropiación de empresas extranjeras sin la adecuada compensación, y una que otra injerencia menor en las contiendas electorales de naciones vecinas, los estragos de 15 años de despilfarro, corrupción, deriva autoritaria y violaciones crecientes de los derechos humanos únicamente habían dañado a… Venezuela. Ya no.Otros artículos del autor.

La decisión del presidente Barack Obama de calificar formalmente a Venezuela como una “amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos escala el enfrentamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el imperio. Los motivos de la decisión norteamericana permanecen en el misterio; asimismo, no se comprenden del todo las consecuencias jurídicas de esta “certificación”. Pero no es imposible que parte de la explicación resida en la pasividad latinoamericana frente a los encarcelamientos o desafueros de líderes opositores, la represión de manifestantes estudiantiles y empresariales, la censura a los medios y el derrumbe de la economía venezolana.

Obama quizás busca obligar a definirse a países como Brasil, México, Chile y Colombia, que, sin ser parte del ALBA —es decir, la coalición chavista de la región—, han mantenido un desconcertante silencio ante los atropellos recurrentes de Chávez y Maduro. Sobre todo, la operación norteamericana puede meter una cuña entre Caracas y La Habana, justo cuando al régimen cubano le importa más que nunca acelerar las negociaciones con Washington. Conviene recordarlo: sin Venezuela, Cuba se hunde, a menos que encuentre una tabla de salvación sustituta. La única disponible es la normalización de relaciones con Estados Unidos, en mi opinión imposible a corto plazo, pero, en la opinión de muchos expertos, a la vuelta de la esquina.

La operación norteamericana puede meter una cuña entre Caracas y La Habana

 
Maduro reaccionó de dos maneras a la afrenta de Obama. Primero, pidió poderes especiales a la Asamblea legislativa, expidió nuevas leyes rehabilitantes y movilizó al Ejército y a las milicias en maniobras de guerra como si la invasión estadounidense fuera inminente: el viejo argumento de la agresión externa que justifica la represión interna. Segundo, buscó y consiguió el apoyo de UNASUR, una de las nuevas organizaciones regionales cuyos pronunciamientos son tan frecuentes como inocuos, y solicitó una reunión del Consejo Permanente de la OEA el 18 de marzo —día en que será electo el nuevo secretario general— para vituperar la decisión de Obama y obtener respaldo latinoamericano.

Más aún, se prepara para transformar la Cumbre de la Américas —a la que normalmente acuden EE UU, Canadá y todos los países de la región, salvo Cuba— en un aquelarre retórico contra el “intervencionismo yanqui” en su país. Solo que esta vez, en principio, a la reunión de Panamá asistirán Obama y Raúl Castro; se darán la mano; se sentarán en la misma mesa y tal vez celebren una reunión bilateral, si logran destrabar las negociaciones sobre la apertura de embajadas en cada capital, y en particular eliminar a Cuba de la lista de países que, según Washington, apoyan el “terrorismo internacional”. No se ve claramente cómo el deshielo de Estados Unidos con Cuba se compagina con una confrontación verbal y política virulenta con Venezuela, en la que Cuba y sus aliados se verán obligados a tomar partido.

Pero tampoco se vislumbra una salida fácil para los países antiintervencionistas sin ser prochavistas. No parece sencillo esquivar los escollos de Panamá sin comprometerse con unos o con otros. ¿Qué harán los presidentes de Brasil, México, Chile y los demás países antiintervencionistas, pero no prochavistas, que han aplaudido (con toda razón) la distensión entre Cuba y Estados Unidos? ¿Se unirán al estridente coro de Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner, acorralando a Obama en Panamá? ¿O repetirán el exhorto del rey Juan Carlos I a Chávez: “¿Por qué no te callas?”. ¿Tratarán de desactivar la trampa tendida por Maduro a Obama o se resignarán a la ausencia del estadounidense si la celada se confirma?

Solo es seguro un vaticinio: los grandes países de América Latina no podrán hacer la vista gorda ante la tragedia venezolana, como ha sucedido hasta ahora. Gracias al aparente exceso de Obama, a la desesperación cubana por atraer inversiones, turistas y comercio, y frente al descalabro económico venezolano, producto de la incompetencia y de la caída del precio del petróleo, el tiempo de la indiferencia se agotó. Enhorabuena.

Jorge G. Castañeda es analista político y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de EE UU.

He criticado la política exterior brasileña en años recientes, y algunos amigos de aquel país me lo reclaman. No obstante, me considero uno de los supuestos “intelectuales” mexicanos con mayor vínculo de afecto con Brasil, donde he estado en más de 30 ocasiones, publicado 3 de mis libros y reunido una gran cantidad de amigos. Todo ello no quita que me ha exasperado lo que todavía hace un par de años era la arrogancia de los dirigentes o funcionarios del Partido de los Trabajadores. En muy escasas ocasiones estuvieron dispuestos a mitigar sus autoelogios o relativizar sus numerables logros, ni mucho menos a incurrir en cualquier tipo de autocrítica.

Entiendo la irritación que a muchos brasileños les provoca lo que podría parecer una campaña de la prensa internacional, o como dijo Lula, “de los medios norteamericanos y británicos en particular”, destacando los defectos, demoras o riesgos inherentes a la organización de dos eventos gigantescos: la Copa y la Olimpiada. Tienen algo de razón en molestarse por la superficialidad de la cobertura de las revistas y diarios de esos países, y también de la televisión, exceptuando la BBC, y en exigirles que sean más serios y sobre todo empeñosos en su labor, y de no reportear únicamente desde el hotel sin salir a la calle. Creo que eso es lo que quiso decir Lula en su discurso en Porto Alegre hace días, cuando arremetió contra la prensa extranjera y, de paso, le dio un raspón al supuesto mexican moment de Enrique Peña Nieto. Lo cual, como era de esperarse, ha provocado todo tipo de reacciones indignadas en México.

Si Lula tiene razón en denostar hoy a la prensa extranjera, también la habría tenido hace cinco años, cuando la misma, y en particular las publicaciones norteamericanas y británicas –Financial Times, Economist, The New York Times, The Wall Street Journal– pintaban un paisaje brasileño casi idílico y presentaban un caso mexicano desastroso. En aquella época –2009– Héctor Aguilar Camín y yo nos permitimos señalar en uno de nuestros libros que los números mexicanos eran muy parecidos a los brasileños –a lo largo de los últimos 20 años, bastante mediocres– y que México superaba a Brasil en algunas categorías importantes, como el PIB per cápita, la tasa de inversión sobre el PIB, la menor violencia y un mayor índice de desarrollo humano. También decíamos que Brasil ensanchaba su clase media a un ritmo más acelerado que en México.

En el ínterin, la violencia en México subió hasta alcanzar en 2011-2012 el mismo nivel de homicidios dolosos por 100.000 habitantes que Brasil. Si bien crecimos más que el Brasil del llamado “milagro brasileño”, en 2013 ellos crecieron al doble de nosotros. Pero con el paso del tiempo, se parecen mucho los registros del electrocardiograma económico de ambos países: planos, con algunos años buenos. Hoy, Lula acierta en parte; hace tres o cuatro años acertábamos nosotros, en parte. Una cosa, sin embargo, es la fabricación de una narrativa por los medios internacionales, y cómo los gobiernos llegan primero a promoverla, segundo a congratularse de ella, y tercero a creérsela.

A aquellos en México que le responden a Lula que su crítica al desempeño económico mexicano es por ardor y el Mundial, me permitiría sugerirles que, al igual que Lula, dirijan parte de su ira contra esos medios, que han reducido la calidad de sus corresponsales, han despachado a enviados especiales en lugar de corresponsales para ahorrarse dinero, agudizando la superficialidad de su cobertura, y se han unido a veces a manipulaciones en bolsa por bancos y empresas de sus países a quienes les puede convenir elevar o disminuir el valor del papel mexicano o brasileño. Espero no tener que leer dentro de algunos años una declaración de algún alto funcionario mexicano criticando a los medios extranjeros por exagerar su pesimismo sobre el panorama mexicano. El momento de juzgar a la prensa, la radio y la televisión internacional en su análisis de lo que sucede en México es ahora, no antes ni después.

Jorge Castañeda