El régimen chavista atraviesa en estos momentos por su peor crisis. El aparato burocrático militar en el que se apoya el chavismo se está quedando sin recursos suficientes para pagar a sus clientelas. Tampoco el Estado chavista tiene los recursos para pagar sus compromisos administrativos y salariales.

Y no es por las sanciones simbólicas que Estados Unidos y otros países le han impuesto al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha seguido traficando petróleo en el mercado negro a través de Rusia, China e Irán y recibiendo divisas. Se trata de la colosal corrupción del chavismo que ha saqueado el tesoro nacional en estos veinte años, al extremo de desmantelar a la propia Pdvsa.

Con una economía destrozada, sin industrias y con un bolívar megadevaluado, el régimen chavista se enfrenta no solo al rechazo popular general, sino además al rechazo de sus propias clientelas, civiles y militares, que viven en la holgazanería parasitando del Estado.

 

Poco importa que los venezolanos rechacen al régimen chavista porque no hay condiciones ni garantías institucionales para expresar ese rechazo. Además, las fuerzas militares del régimen, incapaces para defender la soberanía territorial sobre el Esequibo, son muy efectivas a la hora de someter por las armas a la población civil.

 

Lo que sí importa es el descontento que aumenta en las bases clientelares del chavismo al recibir cada vez menos bolívares devaluados en pago por su lealtad al régimen. El chavismo ha intentado campañas de propaganda para darle cierto sustrato cultural y moral a la relación mercenaria que existe entre el régimen y sus seguidores. Ese es precisamente el sentido de echarle la culpa de la debacle económica de Venezuela a las sanciones o de perseguir selectivamente a unos chavistas corruptos y no a otros.

 

La realidad nos está mostrando que hay descontento y resentimiento en las clientelas chavistas que no les ha quedado otra salida que unirse a otros venezolanos para reclamar por aumentos de salario, sin renunciar a su filiación partidista, sin cambiar de bando. Al menos no por ahora.

 

Pero es precisamente en este momento en el que la protesta laboral aumenta en forma exponencial y espontánea, potenciada por el apoyo de chavistas decepcionados, cuando Estados Unidos y la falsa oposición venezolana están desesperados en negociar con el régimen chavista. La política de Estados Unidos de regularizar sus relaciones comerciales con Venezuela, vía Chevron, y la decisión de la MUD-PU de participar a toda costa en el venidero fraude electoral de 2024 no se pueden interpretar sino como un salvavidas preciso y oportuno para un Estado que de otra forma estaría destinado a hundirse.

 

Por razones que solo pueden ser explicadas porque convienen a la eutaxia y a la geopolítica de Estados Unidos se entiende que este país quiera restablecer sus relaciones con Nicolás Maduro, aunque retóricamente digan en forma altisonante todo lo contrario. Aquí aplica perfectamente la llamada doctrina Maisto cuando refiriéndose a Hugo Chávez sugería que a este había que juzgarlo por lo que hacía, no por lo que decía. Es lo que hacen los Estados, no lo que dicen que van a hacer lo que en definitiva cuenta en política y lo que no hay que perder de vista en la confrontación aparente entre Washington y Caracas.

 

Lo que no se puede entender es que los partidos de la falsa oposición y los sindicatos que ella controla renuncien a tener un papel decisivo en la conducción de la lucha social reivindicativa para mejorar las depauperadas condiciones de vida de los venezolanos. El eje de la confrontación política con el régimen en esta coyuntura debe ser el reclamo salarial motorizado por gremios y sindicatos, no el empeño de aupar unas elecciones primarias desconectadas de la realidad que se vive y que en definitiva no van a ninguna parte.

 

Es demasiado tarde para plantearse la recuperación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela que perdió credibilidad y liderazgo al ser reducida a un apéndice burocrático del partido Acción Democrática. Otras centrales sindicales han corrido suerte similar al comprometer sus siglas con agendas partidistas o proyectos personales.

 

Sin partidos políticos que lo enfrenten y sin un movimiento sindical organizado, el decadente régimen chavista parece encontrar un alivio más que en su propia fortaleza en la debilidad o ausencia de adversarios verdaderos.

 

Humberto González Briceño

No es más que pura coincidencia que haya sido en el mes de Abril (2002 y 2019) cuando ocurrieron eventos en la política venezolana que hay que reexaminar para establecer responsabilidades y aprender de esas experiencias.

Los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 se produjo el llamado “Carmonazo” con su correspondiente contragolpe por parte del chavismo para retener el poder. Lo que debió ser una eficaz acción civil y militar para derrocar al régimen chavista derivó en una escaramuza orquestada por sectores empresariales y mediáticos, sin conexión real ni con las Fuerzas Armadas ni con fuerzas civiles o políticas.

La ausencia de una dirección política y militar para coordinar el derrocamiento del régimen chavista y establecer un gobierno transitorio fue hábilmente suplida por Pedro Carmona, entonces presidente de FEDECÁMARAS, y su entorno quienes decidieron crear en el aire un gobierno de papel.

Esta caricatura de gobierno que, simbólica y muy brevemente, presidió Carmona legalmente intentaba darse una legalidad derivada de sí mismo.  Esto no sería el problema central tomando en cuenta que se trataba de formas de facto para corregir una situación que era imposible corregir dentro de la legalidad de la Constitución chavista de 1999.

Lo grave en realidad fue la conformación de un gobierno sin apoyo militar ni popular. En lugar de un rey de papel periódico lo que se necesitaba en ese momento era una junta de transición como varias veces, a posteriori, lo ha explicado Carlos Ortega entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

Posiblemente los partidos políticos con vigencia en esa coyuntura han podido articular una dirección capaz de coordinar fuerzas militares y civiles. Pero los operadores de esas franquicias estaban tan confundidos por el vertiginoso y voraz reparto de cuotas de poder que fueron sorprendidos, como el resto de los venezolanos, con los anuncios del nuevo gobierno por la televisión. La ausencia de apoyo militar y civil había decretado la muerte de ese gobierno al nacer y enterraba quizás la mejor posibilidad que haya alguna vez existido para sacar al chavismo del poder.

Años más tarde, un 30 de Abril nos sorprende en la madrugada la noticia de un presunto levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. No podemos darle crédito a las versiones que alegan un supuesto involucramiento de Maikel Moreno, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, en el levantamiento militar. Sobre todo porque estas tienen en común provenir de la misma fuente: Christopher Figuera, entonces director del SEBIN.

Algunos participantes de estos eventos, como el Mayor General Cliver Alcalá, han asegurado que el caos y a desorganización del levantamiento del 30 de abril se debe a que, inexplicablemente, la parte civil de la operación (los operadores del partido Voluntad Popular) decidieron adelantar una día la acción que habría estado prevista para el 1ro de mayo.

En medio del desorden, la confusión y la intriga lo único concreto habría sido la liberación por parte del SEBIN de Leopoldo López a quien meses antes el gobierno le había otorgado casa por cárcel.

Más allá de las versiones y las interpretaciones que se puedan tener sobre lo que pasó el 30 de abril de 2019 en Venezuela lo que sí salta a la vista es nuevamente la desconexión total de fuerzas militares y civiles comprometidas con la operación. No puede decirse que Christopher Figuera, sus comandos del SEBIN y algunos oficiales que fueron ese día al distribuidor de Altamira eran la parte militar porque su impacto en el seno de las Fuerzas Armadas chavistas fue casi cero, como se evidenciaría en las horas siguientes.

Tampoco se puede decir que la participación del partido Voluntad Popular, con Leopoldo López y Juan Guaidó a la cabeza eran la parte civil de ese levantamiento. El desconcierto y la desconfianza se impuso sobre muchos venezolanos que se abstuvieron de salir a la calle a apoyar algo que cada hora parecía más una improvisada aventura y menos un levantamiento militar.

Estos dos eventos de abril (2002 y 2019) han podido significar verdaderas oportunidades para sacar al chavismo del poder. Pero ambos resumen un patrón de conducta que ha fracasado en estos veinte años a la hora de oponerse al chavismo. La abundancia de franquicias partidistas que quieren participar en elecciones, negociar con el régimen y de vez en cuando lanzarse espasmódicamente en intentos improvisados, espontáneos y aislados contra el gobierno parece ser el único plan al cual hay que regresar en forma recurrente.

Lo que no hay, de lo que hemos carecido y aún hoy carecemos es de una dirección política con un plan de lucha y la capacidad de organizar las fuerzas militares y civiles para sacar al chavismo del poder.

En lugar de cancelar este debate a priori lo que habría que hacer es preguntarnos cómo podemos aprender de las experiencias de Abril para no cometer otra vez los mismos errores.-

Humberto González Briceño

@humbertotweets

La defenestración política de Tareck el Aissami, exministro de Petróleo de Nicolás Maduro, parece increíble porque se trata de la cabeza de una de las mafias más importantes del régimen chavista.  Pero es real. Tan real como lo fueron la liquidación del general Raúl Isaías Baduel en tiempos de Chávez o la de Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez y Luisa Ortega Díaz en tiempos de Maduro. En estos casos y en otros al principio costaba creer que el propio régimen estuviese dispuesto a sacrificar a sus operadores élite por razones diversas. Pero así como ha pasado antes, ocurre ahora.

La incredulidad de quienes aún no entienden lo que está pasando dentro del chavismo les lleva a perderse en una maraña de teorías, algunas de las cuales aseguran que se trata de una estrategia de Nicolás Maduro para darle tareas más importantes a El Aissami. Con suerte y habilidad el exministro tendrá un destino mejor que el de Baduel o Rodríguez Torres. Lo que no se puede ocultar o disimular es que cayó en desgracia dentro del chavismo y su recuperación es prácticamente imposible. Pero ¿por qué?

A Tareck El Aissami y su clan el gobierno de Nicolás Maduro los acusa en primer término de la desaparición de más de 3.000 millones de dólares producto de la venta irregular de petróleo venezolano en los mercados negros para tratar de burlar las sanciones impuestas por la OFAC de Estados Unidos. Pero también se alega los vínculos de sus operadores judiciales con las megabandas Tren del Llano y Tren de Aragua.

Sin embargo, de lo que se acusa hoy a El Aissami y su grupo es lo que todos los operadores del chavismo han hecho y siguen haciendo a lo largo de estas dos largas décadas. Periodistas de investigación de El Nacional, Armando.Info y otros medios han documentado hasta la saciedad los negocios sucios asociados a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, entre muchos otros cuyos familiares y relacionados se enriquecen sin piedad del tesoro nacional solo porque tienen la oportunidad para hacerlo. Nada distinto a lo que ha hecho El Aissami y su banda.

En cuanto a las conexiones y relaciones del chavismo y sus tribus con bandas y megabandas criminales en Venezuela se trata de una práctica inveterada desde tiempos de Hugo Chávez. Esta relación formal entre el chavismo y el hampa organizada le ha permitido a bandas criminales acceder a logística y operar en territorios que le son celosamente respetados por las policías del gobierno.

Hasta las cárceles venezolanas se han transformado en hoteles o resort 5 estrellas de los cuales ningún pran quiere salir. La posible vinculación entre Tareck el Aissami y su grupo con el hampa común no podría ser menor que la que en su momento tuvieron y mostraron con orgullo Iris Varela, José Vicente Rangel Avalos, Robert Serra y Eliecer Otayza, estos dos últimos fallecidos en extrañas circunstancias. Entonces ¿por qué se escandalizan al revelar que El Aissami también hacía lo mismo y nada distinto?

Pero, ultimadamente, la razón principal que se ofrece ante el ecosistema chavista para decapitar políticamente a El Aissami no es otra que cumplir cabalmente con la tarea de Estado que le asignó directa y públicamente Nicolás Maduro. Y es que para burlar las sanciones de la OFAC el gobierno de Maduro ha tenido que vender petróleo venezolano en los mercados negros en forma irregular. Estas son transacciones que no se pueden realizar y registrar en forma ordinaria para evitar su rastreo. Esto requiere la articulación de redes de testaferros, que combinando cuentas bancarias personales y comerciales con el uso de criptomonedas, puedan efectivamente mover esos dineros. Y además resulta plausible que al mover los recursos de un nodo a otro cada gestor en nombre propio, de su grupo o de la revolución se haya apropiado de sumas cuyas cantidades, así como el valor del petróleo transado, es imposible determinar o auditar.

3.000 millones de dólares, que es la cantidad que se alega como evaporada, es mucho dinero. Mucho más de lo que se necesita para vivir como un magnate de por vida. 3.000 millones de dólares más conexiones claves en las burocracias civiles y militares del régimen chavista son suficiente poder para intentar buscarle un sucesor a Nicolás Maduro, no precisamente por vía de elecciones.

Entonces, aquí se puede comenzar a ver con más claridad que lo que tenemos al frente no es la lucha contra la corrupción que invoca el régimen chavista.  El verdadero trasfondo de la decapitación política de El Aissami no es otro que el de las feroces luchas intestinas que se libran en las entrañas del régimen para resolver el inevitable tema de la sucesión o la continuidad.

Debió -y aún debería- preocupar enormemente al gobierno de Nicolás Maduro la extraordinaria acumulación de poder político, económico y militar de El Aissami, suficientes para relevarlo a él mismo en la Presidencia.

Una vez develado el plan y en plena marcha la campaña para desacreditarlo ante el universo chavista, el gobierno de Nicolás Maduro tiene que resolver qué hacer con Tareck el Aissami. Recetas como las aplicadas a Baduel y Rodríguez Torres son posibles, ya que todas están sobre la mesa. Tampoco se podría descartar un canje negociado al más alto nivel con el gobierno norteamericano.

Por otra parte, la designación de Pedro Tellechea, ex mano derecha de El Aissami, como presidente de Pdvsa no se puede interpretar como una concesión al capo chavista hoy caído en desgracia. Más bien habría que verlo como la transición a unas relaciones comerciales mejor definidas con Estados Unidos y facilitadas por Chevron, en  virtud de las cuales, ya sin sanciones o con sanciones mucho más leves, la petrolera venezolana no tenga que acudir a los mercados negros para vender petróleo y lograr recursos en forma irregular para que el régimen siga funcionando.

En esta nueva etapa los servicios de El Aissami ya no serán necesarios y su neutralización resulta esencial para mantener el forzado equilibrio en el convulsionado ecosistema chavista. Qué harán con él es otra cosa.

 Humberto González Briceño

@humbertotweets

La única urgencia que parece tener el régimen chavista es cruzar cuanto antes el umbral de un nuevo fraude electoral que le otorgue a Nicolás Maduro seis años más de gobierno. La urgencia no obedece a que la falsa oposición sea una amenaza real en lo político o electoral. Tampoco es la respuesta a la presión inexistente de los Estados Unidos que parece más interesado que nadie en entenderse con el régimen chavista. La ausencia de presiones reales externas sobre el régimen chavista ha permitido liberar el juego de contradicciones internas que sí podrían poner en peligro la estabilidad del Estado Chavista.

Cuando Nicolás Maduro evade los desfiles militares no es precisamente por temor a un ataque de la falsa oposición o de los EEUU. Es el pánico a los disidentes dentro de su propio grupo a lo que teme Maduro, especialmente a aquellos que están en el sector militar donde no ha quedado más remedio que espiar a escala masiva para tratar de entender quién es quién y donde se comienzan a cruzar las lealtades y los cables de una posible conspiración.

En lo político hay una larga lista de operadores chavistas, civiles y militares, que han sido detenidos por sospecha de conspiración y otros puestos en cuarentena o aislados incluso de cualquier participación pública. El papel del ex ministro del Petróleo Rafael Ramírez ha sido confirmado por operadores chavistas como la pieza clave que estaría reclutando personal civil y militar para una insurgencia en contra de Nicolás Maduro desde las entrañas del propio régimen. Ramírez no solo tendría las conexiones sino además los recursos para articular una operación de esta naturaleza. Esto no es secreto para la macolla del régimen (Maduro, hermanos Rodríguez y Padrino López) que ya está actuando en consecuencia.

Una crisis política y militar dentro del régimen chavista sí representa un peligro real para la estabilidad del Estado Chavista a diferencia de la participación de la falsa oposición en el fraude electoral o de las inocuas sanciones que los Estados Unidos le ha aplicado al chavismo. Por eso los operadores del régimen se han movido con rapidez y destreza para tratar de avanzar a un nuevo status quo en el cual se crean las condiciones para la cohabitación oficial con la falsa oposición y el entendimiento con los Estados Unidos.

Lograr esta situación de aparente normalidad cuanto antes se ha convertido en la obsesión de los jerarcas del Estado chavista cuyas bases clientelares civiles y militares no ocultan su descontento ante el dramático fracaso de su proyecto. Si los chicos de Voluntad Popular lograron enrolar en sus improvisadas aventuras a militares de alto rango a cambio de promesas ¿Qué tan lejos podría llegar Rafael Ramírez con algo más que promesas en sus alforjas?

Esta es la razón por la cual el régimen chavista resolvió adelantar las elecciones para el 2023. Para lograr esto no encontrará resistencia ni de la falsa oposición ni de los Estados Unidos, ambos factores apurados también en pasar la página de las confrontaciones con el chavismo para iniciar una nueva etapa de tolerancia e insignificantes ataques retóricos. Establecidas y satisfechas las demandas tanto de la falsa oposición como de los Estados Unidos, el régimen concentraría sus fuerzas en aplastar cualquier intento de subversión desde dentro antes de finales del 2023, si antes no ocurren eventos sobrevenidos.

Para hacerle el trabajo fácil al régimen chavista tanto la falsa oposición como el Departamento de Estado norteamericano han cerrado su petición fundamental en elecciones “libres y justas”. Elecciones libres y justas no solo es una frase hueca carente de contenido sino una petición simbólica en la cual ni siquiera la falsa oposición y los EEUU se la creen. De hecho la falsa oposición ya está embarcada en participar en el fraude electoral chavista sin ni siquiera discutir con el chavismo unas garantías mínimas de transparencia en el proceso. Por su parte la insistencia de los funcionarios en que se celebren elecciones libres y justas cuanto antes solo parece calzar como anillo al dedo en la estrategia del chavismo.

El engaño y la estafa ocurren cuando tanto la falsa oposición y el gobierno norteamericano piden escuetamente unas elecciones “libres y justas” sin molestarse en darle un contenido y un sentido con alguna significación a esa frase que es vendida como la exigencia más contundente para obligar al chavismo a negociar. Toda una burla en la cara de los venezolanos. Pero esta no es la primera vez que ocurre. Ya son 20 años de estafas y engaños.

Mientras la falsa posición y los EE.UU. siguen enredados en su juego de palabras el régimen chavista y sus órganos no perderían un minuto en llenar de contenido la frase hueca. Toda la pseudo legalidad en la que se monta el régimen chavista y que es incondicionalmente aceptada por la falsa oposición y los Estados Unidos entrara en acción para explicar lo que son unas elecciones libres y justas. Para que se cumpla con esos extremos solo haría falta “forzar» al chavismo para que en la mesa de negociaciones acepte una fecha cierta, la inscripción de varios candidatos, la presencia de testigos internacionales, y el compromiso de aceptar los resultados que anuncie el Consejo Electoral chavista. Todo sería acordado, decidido y resuelto según la “legalidad” establecida desde 1999 y cuyos resultados ya son conocidos.

Así las demandas de tanto de la falsa oposición como de los Estados Unidos se verían totalmente satisfechas y presentadas como una victoria que se le arranca al régimen. Todos tendrán sus elecciones libres y justas…a la medida que conviene al chavismo.

Humberto González Briceño

@humbertotweets