Documentos secretos revelaron un desafío arduo para una región que ha batallado décadas por acabar con la corrupción y la opacidad: la complicidad de los grandes bancos globales.

BUENOS AIRES — Una nueva filtración de documentos secretos logró su cometido: mostró otra vez lo que los gobiernos permiten por debajo del agua. Pasó con WikiLeaks desde 2006; pasó con los Panama Papers en 2016, y volvió a pasar ahora con los Fincen Files.

Los Fincen Files —más de 2100 documentos secretos de la unidad de control de delitos financieros estadounidense (FinCEN, por su sigla en inglés)— abrieron una ventana a la verdadera forma de operar de los grandes bancos internacionales, las enormes dificultades que afrontan los organismos globales que deberían controlarlos y cómo ambos factores impactan en todo el mundo y, en particular, en América Latina, una región que arrastra serios problemas de corrupción desde hace décadas, sin grandes cambios a la vista, según reflejan cada año los datos de Transparencia Internacional.

Participé en los tres proyectos. WikiLeaks expuso cómo actuaba la diplomacia de Estados Unidos, lejos de sus grandes declamaciones; Panama Papers reflejó cómo funciona el opaco mundo de los paraísos fiscales y las sociedades offshore ante la desidia o complicidad de organismos como el G-20 y una larga lista de países, y Fincen Files desnudó que los bancos ganan fortunas trabajando para delincuentes, afectando las cuentas públicas de todos los países, pero en particular de aquellos que más necesitan cuidar cada centavo del dinero público.

Los Fincen Files permitieron corroborar cómo billones de dólares de redes criminales, políticos y evasores de impuestos —muchos de América Latina— fluye a través de los grandes bancos, sin que pueda impedirlo el sistema creado para —en teoría— detectar y confiscar esos fondos ilícitos. Queda claro que la permanente cruzada anticorrupción latinoamericana no irá a ninguna parte si no se modifican ciertas prácticas como las que quedaron expuestas por estos documentos.

¿Por qué eso debería importarnos en América Latina, cuando tenemos tantos otros problemas? Porque revelan cómo fortunas colosales de las arcas públicas que debieran ir a la infraestructura o a los programas sociales que beneficien a los más necesitados terminan en cuentas secretas en paraísos fiscales, fomentando el lavado de activos, la evasión y otros posibles delitos. Pasó con dinero de Venezuela, de México, de la Argentina, entre otros países.

En Venezuela está la historia de Martín Lustgarten, un empresario venezolano que reside en Miami y quien se enriqueció como corredor de divisas de la élite chavista conocida como la “boliburguesía”, sospechosa del robo de millones de dólares. O la de Alejandro Ceballos Jiménez, quien giró a compañías offshore y cuentas familiares un total de 116 millones de dólares que debían destinarse a construir viviendas sociales también en Venezuela. En la Argentina están los detalles de los 30 millones de dólares de la corrupción durante el gobierno kirchnerista que un intermediario se robó, para luego desaparecer sin dejar rastros. En México se da cuenta de la “actividad sospechosa” del asesor político venezolano Juan José Rendón que, según el Deutsche Bank, “podría estar vinculada con el [ex]presidente de México Enrique Peña Nieto”.

Esos documentos secretos expusieron, en particular, cómo cinco de los principales bancos globales —JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon— movieron fortunas de personajes cuando menos cuestionables incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaron en el pasado a esas instituciones financieras por las fallas graves que evidenciaban en sus sistemas de prevención y detección del lavado.

Solo por operar las cuentas del célebre estafador Bernie Madoff, por citar un caso, se estima que el JPMorgan obtuvo beneficios por cerca de 500 millones de dólares. Luego el banco debió desembolsar alrededor de 2600 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y a las víctimas para cerrar las investigaciones sobre su rol. Es muchísimo dinero, sí. Pero durante el mismo trimestre, el banco registró ganancias por encima del doble de esa cifra.

La pregunta obvia es, pues, por qué los reguladores no aplican sanciones más duras a los bancos. Hay múltiples argumentos. El más habitual es que el objetivo del sistema es que las entidades admitan sus errores, no llevarlos a la quiebra. Aunque les cobren multas muy elevadas que podrían quebrarlos, prefieren que erradiquen sus malas prácticas. Así evitan la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y que sus clientes pierdan todo o parte de sus ahorros.

Yendo más atrás en el tiempo y saliendo del sector financiero, ese argumento explica las sanciones que en su momento recibieron Siemens y Odebrecht cuando admitieron sus delitos en Estados Unidos. Ambas acordaron pagar multas millonarias pero siguieron vivas, a cambio de comprometerse en la expiación de sus pecados. Pero el problema con ese argumento se da ante una conducta recurrente de un mismo infractor. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Ordenar su liquidación?

Pensar en esa opción es, hoy, una utopía. Más en América Latina, que en medio de una recesión económica que afecta o afectará a la mayoría de los países, tendrá que lidiar con maneras de atraer inversiones extranjeras. Pero ha llegado el momento de que las autoridades regulatorias internacionales apliquen multas punitorias que de verdad impacten en las cuentas de los infractores y que los gobiernos de la región se comprometan a diseñar mecanismos para, sin desalentar la inversión, vigilar a los grandes bancos.

También se tendría que ordenarles expandir de manera concreta sus áreas de cumplimiento antilavado —con personal y presupuestos acordes a la tarea de alcance global que afrontan—, y disponer auditorías externas que de verdad les cuenten las costillas.

Esto puede sonar demasiado teórico y abstracto. Pero ajustar o no las tuercas del sistema antilavado global, de la operatoria offshore, de las áreas de control de los bancos es lo que a menudo evita que miles de millones de dólares, fruto de la corrupción y la evasión, se escapen de América Latina cada año.

Es dinero público o que se debiera tributar y llegar a los sistemas de salud públicos —especialmente necesitados ahora, en medio de la pandemia—, la educación o proyectos de asistencia social cuando se avecina una crisis económica. Hasta ahora, terminan en botellas de champagne, apartamentos, carros y relojes de lujo, en vez de en viviendas sociales. ¿Queremos eso?

Hugo Alconada Mon (@halconada) es abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Es autor del libro Pausa.

De izquierda a derecha: Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela) y Enrique Peña Nieto (México)Credit…Juan Ignacio Roncoroni/EPA vía Shutterstock; Jhonn Zerpa/Agence France-Presse vía Presidencia de Venezuela/Afp — Getty Images; Jorge Nunez/EPA vía Shutterstock

Por Hugo Alconada Mon

New York Times

Informaciones falsas contra el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, circulan por Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp desde hace semanas. CreditMarcos Brindicci/Reuters

El video, montado como tráiler de una serie de Netlfix, aborda el escándalo de los Panamá Papers: muestra a Pedro Almodóvar como su director y termina con una escena del presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Pero es falso.

Al mismo tiempo, una imagen que circula por las redes sociales muestra un supuesto extracto bancario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y una frase en la que se dan por ciertas y verificadas por la justicia argentina un par de cuentas a su nombre en un paraíso fiscal. Es falso, también.

Bienvenidos a la carrera presidencial 2019 de la República Argentina: una campaña que por ley debe comenzar el 12 de julio, pero que en la práctica ya comenzó y despunta como una de las más competitivas. Según miembros de equipos de campaña que consulté, esta será también una de las campañas más sucias desde el retorno de la democracia en el país, en 1983.

Informaciones falsas como las anteriores circulan por Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp desde hace semanas contra Macri y Fernández de Kirchner —las dos figuras más conocidas de la política argentina—, pero también contra otros precandidatos, como Roberto Lavagna o Sergio Massa. Ataques como estos se conocen ahora como “noticias falsas”, pero circulan desde hace décadas en la Argentina como “pescado podrido” o “fruta”. La diferencia es que, estos días, se distribuyen de manera imparable por las plataformas digitales, donde son nulos (o casi) los estándares de verificación de datos.

¿Qué se puede hacer para que en las elecciones argentinas de 2019 las noticias falsas no desborden la campaña electoral, como ha sucedido en Brasil? ¿Cómo hacer para que la distracción de la desinformación no consuma el debate político, tan necesitado de propuestas claras ante los desafíos hondos que afronta el país? Existen algunos proyectos como Chequeado, un sitio digital sin fines de lucro que se dedica a la verificación del discurso público y a alertar sobre datos falsos o tergiversaciones. Se trata de una iniciativa que actúa como un antídoto necesario, pero insuficiente para las pestes de falsedad electoral.

Ni las redes sociales, los gobiernos, las regulaciones en internet, las organizaciones independientes de verificación de datos ni los medios de comunicación con rigor periodístico están preparados para desmentir o frenar el flujo de tanta desinformación. Así que la solución tiene que estar en los votantes. Las capacidades técnicas de internet para distribuir masivamente información no verificada nos obliga a cambiar como ciudadanos: ser más cautos con lo que leemos y lo que distribuimos.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp —el canal en el que, según un estudio durante las últimas elecciones presidenciales de Brasil, más de la mitad de los mensajes enviados con contenido político contenían noticias falsas—, a menudo ofrecen dos atractivos a quienes quieren ensuciar a un rival. El primero es el anonimato: la oportunidad de lanzar una piedra y esconder la mano con escasas o nulas probabilidades de ser atrapado. El segundo es su efecto multiplicador: una buena mentira, bien contada, puede dar la vuelta al mundo aunque su emisor sea una persona con pocos seguidores.

A ese fenómeno de viralidad y anonimato se agrega una complejidad adicional: algunas versiones poco creíbles pero atractivas a menudo circulan más rápido que los artículos que las desmienten. Un ejemplo es el reportaje falso de una mujer que supuestamente se había implantado un tercer pecho. El artículo fue desmentido con rapidez con otro texto, pero esa aclaración registró un tercio del total de clics del artículo falso.

En este contexto, periodistas y expertos independientes en la Argentina se aprestan para una campaña electoral en la que posiblemente dedicarán sus energías a separar la verdad de las mentiras. Así pasó en las elecciones de Brasil, donde a la iniciativa Comprova —en la que participaron más de veinte redacciones de medios, Facebook y Google— se sumó un portal del Tribunal Superior Electoral para analizar noticias y verificar información. En Europa, se preparan para enfrentar la acumulación de noticias falsas en las elecciones de mayo con un proyecto de la International Fact Checking Network, que integran diecinueve medios de trece países.

En la Argentina, además de Chequeado, hay otros sitios como Transparencia Electoral se aprestan para sumarse a la cruzada pírrica de combatir la desinformación; Google y Facebook ya firmaron un acuerdo contra las noticias falsas durante las elecciones en Brasil, y varios medios de comunicación destinarán tiempo y recursos a separar la mentira de la verdad. Pero eso no alcanzará para detener lo que podría convertirse en un tsunami de desinformación. “Nadie está listo para enfrentar la velocidad y el volumen de este problema de noticias falsas”, dijo Fernando Neisser, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político.

Algunos candidatos —y muchos de sus seguidores más polarizados— buscarán que esta campaña electoral sea desagradable y caótica, pero dependerá de los ciudadanos que las mentiras no se multipliquen ni que ocupen lugares centrales en la conversación pública. No hace falta ser un experto electoral ni un consultor político para ejercitar el músculo de la disertación: si recibimos una acusación sobre un candidato, debemos optar por analizar, indagar y evaluar si la información es cierta o falsa.

Una manera de hacerlo es formulándonos cinco preguntas: ¿La “noticia” sale en algún portal informativo serio si se busca en internet o solo en páginas desconocidas o de dudosa seriedad? ¿La supuesta “noticia” coincide o se contradice con la información fiable hasta ahora conocida? ¿Los supuestos “datos” mencionados en la nota incluyen algún enlace que permitan corroborar si surgen de algún informe oficial? ¿El autor de esa supuesta “noticia” es anónimo o un periodista o analista conocido? ¿El remitente que le envió esa supuesta “noticia” es alguien responsable, un seguidor irredento de algún candidato o un difusor serial de todo lo que le llega?

Las elecciones de los últimos años han modificado el modo de experimentar la política. Los votantes debemos obligarnos a distanciarnos y plantearnos estas preguntas incómodas antes circular información.

New York Time.es

Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Es autor de «La raíz (de todos los males)».