El nombramiento de Lula como ministro polariza la política, la justicia y la calle

Manifestación en Brasilia, ayer, en protesta contra el nombramiento del expresidente Lula como ministro de la Casa Civil, equivalente a primer ministro.

 
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió ayer —en una ceremonia accidentada, con insultos, abucheos y gritos de apoyo— en el ministro Lula. La presidenta, Dilma Rousseff, aseguró el miércoles que su mentor acude al Gobierno para ayudar a resolver la situación del país. Pero los investigadores que se ocupan del caso Petrobras están convencidos de que el líder más carismático del país se ha convertido en ministro para alcanzar un grado superior de inmunidad y escapar del juez federal Sérgio Moro, que instruye la macrocausa por el desvío de fondos públicos.

Una conversación entre la presidenta y Lula —grabada y hecha pública por orden del magistrado— poco después de que la prensa divulgara el nombramiento refuerza las sospechas del afán de huir de la justicia —y de un probable encarcelamiento— del carismático mandatario brasileño. En esta charla, Rousseff le dice a Lula: “Te estoy mandando el papel para tenerlo ahí, úsalo solo en caso de necesidad, porque es el acta [de ministro]”. Para los investigadores no hay duda: Rousseff trató de garantizar que Lula no fuera a la cárcel antes de su toma de posesión. Rousseff, en su solemne discurso de ayer durante esta ceremonia, aseguró que el papel y la conversación eran simplemente un asunto burocrático encaminado a coordinar la toma de posesión, si es que Lula, por motivos personales, no hubiera podido asistir; y que ese polémico papel ni siquiera llevaba su firma, con lo que carecía de valor para evitar la cárcel del expresidente.

En medio de una gran tensión —a la que se sumó la orden de suspensión cautelar del nombramiento por parte de un juez de Brasilia, inmediatamente recurrida por el Gobierno— hay juristas que cuestionan los procedimientos de Moro, acusándole de vulnerar la ley; otros acusan a la presidenta —y a Lula— de poner trabas a la justicia. Polarización extrema en la política, la justicia y la calle.

 
Editorial de El País

La agresividad de Pablo Iglesias encubre los problemas en su ‘holding’ político

Las complicaciones en la negociación de los socialistas con Podemos se producen tras el fuerte viraje dado por esta formación en las últimas semanas. Tras disfrazarse de socialdemócrata en la campaña previa a las elecciones generales del 20 de diciembre, Pablo Iglesias bloqueó la posibilidad de un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, tras haber pretendido imponerle su persona como vicepresidente plenipotenciario y el programa que costaba a los españoles un aumento del gasto público de 96.000 millones de euros en tres años, entre otras condiciones.EDITORIALES ANTERIORES

 
Frente a las interpretaciones electoralistas dadas en su día a ese viraje —Podemos habría exigido condiciones inviables para provocar nuevas elecciones, en la confianza de dar el sorpasso al PSOE—, las noticias sobre la multiplicación de crisis internas nos asoman a otra realidad. Consciente de que gobierna una formación inestable, Iglesias ha forzado la máquina de los ataques al enemigo exterior para tratar de encubrir las tensiones internas. Sin olvidarse de salpicarlo con gestos tan humanos como el ejercicio de alcahuetería practicado por Iglesias al comentar una hipotética relación personal entre uno de sus correligionarios y una colega del PP, utilizando para ello nada menos que un debate de investidura.

No parece que lo hayan apreciado muchos de los electores que inicialmente habían comprado los desgarradores discursos de Podemos “contra la casta” y “el candado del 78”: la mitad de sus votantes desaprueba el veto de esta formación a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, según una encuesta de Metroscopia. Para acabarlo de arreglar, el grupo de izquierda anticapitalista que dio origen a Podemos quiere romper del todo con los socialistas y forzar las elecciones, sin duda para polarizar aún más la incandescente situación política española.

Se sorprenden algunos sectores críticos de Podemos por los procedimientos impuestos por Iglesias en el gobierno de su organización, pese a la inquietud que reina desde hace tiempo en ella por la soberbia y el “endiosamiento/arrogancia” exhibidos por el cabeza visible de la formación, como lo explica el documento interno publicado por EL PAÍS. Resulta ciertamente difícil mantener la cohesión de lo que no es un partido político, sino un holding de grupos con distintas bases territoriales, intereses no siempre coincidentes y voluntad dudosa de plegarse a la voz de mando, como lo prueban las dimisiones en cadena de dirigentes próximos al número dos, Iñigo Errejón, en la organización madrileña de Podemos.

Tratar de humillar a los adversarios políticos con imposiciones inviables, denunciar en todos los tonos el pacto del PSOE con Ciudadanos: esas son las razones políticas exhibidas desde la cúpula de Podemos. Su objetivo nunca ha sido apoyar un Gobierno socialista, como hace el resto de la izquierda en Portugal, sino sustituirlo, como Syriza hizo en Grecia con el PASOK. Pero ni siquiera eso basta para recoser las costuras. De muchas maneras, se lo están diciendo a Pablo Iglesias desde sus propias filas: así, no podemos.

Editorial de El País

Las inversiones españolas comprometidas en el área son el producto de varios decenios de expansión de las grandes empresas y bancos españoles

Está muy extendida en las empresas y en algunas instituciones nacionales e internacionales que se aproxima otra recesión mundial. Las razones de este pesimismo están, como quien dice, en el escaparate: China (es decir, la presunción de que las autoridades chinas no tienen capacidad para resolver las consecuencias de la desaceleración), el hundimiento del precio del petróleo (se supone que, por fin, ha tocado un suelo impreciso entre los 30 y los 35 dólares, los ataques de epilepsia financiera que pueden acabar socavando la economía real) o la inquietud por una nueva crisis bancaria, real como la vida misma, que apunta al Deutsche Bank y a otras entidades alemanas pequeñas y medianas, que puede contagiarse con facilidad. Bien, a pesar de todo lo anterior, la probabilidad reconocida de recesión, si hacemos caso a las instituciones que analizan los mercados mundiales, es inferior al 25%. La probabilidad parece alta, pero empezará a ser inquietante a partir del 50%.

El problema para España y para las empresas españolas es Latinoamérica. La cadena argumental es sencilla: una parte importante de los beneficios de las grandes compañías españolas se consiguen en el exterior; y una parte decisiva de esos beneficios exteriores se obtienen en los países latinoamericanos. Las inversiones españolas comprometidas en el área son el producto de varios decenios de expansión de las grandes empresas y bancos españoles; esa estructura no se ha reforzado lo suficiente durante los años de crisis y recesión; desde el pico de 10.000 millones aportados antes de 2008, los flujos han descendido durante el periodo recesivo pero, incluso con la magra recuperación, no han conseguido superar los 8.000 millones.

Ahora bien, si entre 2009 y 2013 (aproximadamente) la economía española atravesó por una durísima recesión, de la que todavía no se ha recuperado planamente, ahora es el área latinoamericana la que entra en una fase de estancamiento o recesión grave. Naturalmente, las dificultades no son homogéneas; unos países se han instalado en la depresión (es el caso de Brasil, la principal economía del área, que en 2015 se contrajo el 3,8%; ahí está la detención de Lula como ejemplo de las dificultades extremas por las que atraviesa el país) y otros pueden tener incluso crecimientos modestos. En el caso de España, hay que contar además con que existe un trauma no superado. Hay un antes y un después de la expropiación de YPF, el grupo petrolero empresarial argentino expropiado (el 51%) de forma expeditiva a Repsol por el gobierno de Cristina Kirchner. El factor seguridad jurídica debe recordarse siempre, porque es el primer elemento que las empresas consideran cuando se trata de invertir en Latinoamérica y otras zonas con estructuras económico-jurídicas poco estables.

En todo caso, la contraindicación para invertir es evidente. Y como resulta que al menos desde 1996 la vía principal de relación entre España y Latinoamérica ha sido la inversión (lo que se conoce como diplomacia empresarial ), hay que suponer que las relaciones comerciales institucionales entre Madrid y el subcontinente no atraviesan por su mejor momento. La explicación, parecida a una excusa, es que España ha volcado sus intereses políticos y diplomáticos en Europa y en los países de su entorno. El argumento se queda corto, porque este es un principio general y la diplomacia española ha presumido históricamente de la excepcionalidad de la conexión entre España e Hispanoamérica. No es necesario insistir pues en que la diplomacia empresarial es un término equívoco, que las empresas ni pueden ni deben soportar por sí solas la representación exterior y que la acción empresarial y la política se alimentan mutuamente. Esa acción recírpoca es hoy sólo un recuerdo.

Editorial de El País

En lugar de perseguir a los que le critican, Maduro debería tener una actitud sincera y constructiva con la oposición

 
El segundo aniversario del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López, y el primero de la detención arbitraria de Antonio Ledezma, son una lamentable marca del régimen de Nicolás Maduro, que debería poner en libertad inmediatamente a todos los presos políticos que mantiene encerrados en las cárceles del país.

En vez de perseguir a los que le critican y de tratar de ignorar por todos los medios posibles el mandato inequívoco de cambio expresado por los venezolanos el pasado 6 de diciembre, Maduro debería concentrar sus esfuerzos en tener una actitud sincera y constructiva con la oposición para tratar de sacar a Venezuela del pozo en el que se encuentra por la desastrosa gestión chavista.

Decir que la situación económica es desesperada —en un país con sobrados recursos humanos y materiales para mantener una sociedad pujante— sería reiterativo si no fuera porque cada día se alcanzan cotas más altas de degradación en la calidad de vida de los venezolanos, verdaderas víctimas de una manera de gobernar que poco tiene que ver con el progreso y el bienestar de los ciudadanos.

La batería de medidas económicas anunciadas esta semana por Maduro es un vano intento de reconducir una situación imposible de enderezar si no hay un diálogo político sincero que conduzca a pactos y consensos. Subir el precio de la gasolina un 6.085%, (sí, seis mil por ciento) de un día para otro, devaluar manteniendo un férreo control de cambios o mantener testarudamente los precios regulados por el Estado de unos 100 productos —causa originaria de la gran escasez en los comercios— son medidas que dan fe del desgobierno general.

Si mañana saliera de prisión —y ojalá fuera así— López se encontraría con un país más empobrecido y con una profunda parálisis institucional. Sus dos años en la cárcel son un triste aniversario.

Editorial de El País

El inicio del juicio oral del ‘caso Nóos’, prueba de fuego del Poder Judicial

Todavía resuenan los ecos de los agoreros que aseguraban que un familiar del Rey nunca se sentaría en el banquillo, y mucho menos una hija o hermana del Monarca. También los de quienes sabían de buena fuente que estaba todo arreglado y que jueces y fiscales se iban a plegar ante el poder político e institucional. Nada más lejos de la realidad. Hoy se inicia en Palma de Mallorca el juicio oral por el caso Nóos,al que acudirán la infanta Cristina; su marido, Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas. Todos en calidad de acusados y todos con la misma presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia.

Tres magistradas presidirán una sala en la que se juzgan varias decenas de delitos vinculados a la corrupción, por los que se solicitan penas de prisión. Hay cerca de 600 periodistas acreditados para asistir a un juicio que rozó el espectáculo en la fase de instrucción. Los entonces imputados tuvieron que hacer el paseíllo una y otra vez en un juzgado de Instrucción de la capital balear, ocupando espacios hasta ahora nunca vistos en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Tras muchas investigaciones, interrogatorios, pruebas periciales, autos, recursos y resoluciones más o menos polémicas, 14 hombres y 4 mujeres se sientan hoy en el banquillo, sin diferencias ni privilegios. Es una demostración de que, aunque lenta, la justicia funciona en nuestro país como un poder independiente y profesional, a pesar de los escasos medios con los que cuenta y de las muchas presiones que recibe.

Una de las primeras decisiones que deberán tomar las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyà es si es aplicable o no la llamada doctrina Botín a la infanta Cristina. Esta doctrina, aplicada en su día al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha sido esgrimida por los abogados de la hermana del Rey e implica que si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan de un delito que afecta al propio Estado y tan solo hay una acusación popular, no debe juzgarse.

La sala tendrá que determinar si Cristina de Borbón deberá someterse a juicio, como los otros 17 acusados, o si deja el banquillo sin ser interrogada, como solicitan sus abogados y el fiscal anticorrupción, en representación del Estado. Es una decisión que, como las adoptadas desde que el 29 de diciembre de 2011 se llamó a declarar como imputado a Iñaki Urdangarin, tendrán que tomar los responsables judiciales con profesionalidad e independencia. Y, decidan lo que decidan las magistradas, el fallo deberá ser asumido como una muestra más de que la justicia funciona.

2016 será escenario de juicios por algunos de los casos de corrupción más sonados. Asuntos que afectan a políticos, empresarios, funcionarios, sindicalistas y ciudadanos de a pie. Hay que pedir a la justicia igual trato para todos y respetar sus decisiones. La separación de poderes es uno de los pilares de nuestra democracia

Este no es un juicio a la Corona española, como han pretendido algunos. Se juzga a individuos por los actos cometidos, no a la institución. Sin embargo, la Corona debe ser consciente de la importancia que tiene su conexión con las emociones de la sociedad, su implicación en los asuntos que afectan a los ciudadanos y la necesidad de hacerse presente en los tiempos difíciles.

Editorial de El País

El enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán agrava los conflictos entre suníes y chiíes

Manifestantes iraníes muestran carteles con el retrato del clérigo y dirigente chií, Nimr Baqir al Nimr, durante una protesta convocada en Teherán (Irán) el lunes. / ABEDIN

Al peligro creciente del Estado Islámico se añade ahora la escalada entre Arabia Saudí e Irán. La zona más peligrosa del planeta, en la que arden al menos tres guerras civiles —Siria, Irak y Yemen—, no cesa de acercarse a un abismo que afecta a la estabilidad de todos.

Europa no puede contemplar imperturbable cómo Riad y Teherán, ya enzarzados en dos guerras por procuración en Siria y Yemen, avanzan hacia un horizonte que no excluye la confrontación directa. La ejecución por el régimen de los Saud de un clérigo chií —hostil a la monarquía pero sin vinculación con actos violentos— y el asalto a la Embajada saudí en Teherán, así como otros actos terroristas contra suníes en Irak, demuestran que la dinámica está en manos de los radicales. En el caso saudí se hallan en la misma cúpula de la casa real, desde que el rey Salman sucediera al fallecido Abdala, y su hijo, el joven príncipe Mohamed, tomara las riendas del poder. En el iraní, es el propio líder supremo, Alí Jamenei, y los Guardianes de la Revolución quienes quieren imprimir su dinámica radical por encima del reformista presidente Rohani.

La actual confrontación echa sus raíces en las rivalidades religiosas entre chiíes y suníes, pero lo que está en juego es la hegemonía en la región del Golfo e incluso en el mundo islámico. La rivalidad alcanza a las relaciones con Washington, en el caso de Riad especialmente privilegiadas hasta ahora, aunque cuestionadas por el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán.

Difícil dirimir entre dos dictaduras teocráticas, que en algún momento han patrocinado el terrorismo. Arabia Saudí juega con la ventaja de su interpenetración con los intereses económicos occidentales, que utiliza como palancas para actuar impunemente. Dos son los peligros que se ciernen en la zona: que la guerra fría se convierta en caliente y que el Estado Islámico siga avanzando gracias a que quienes pueden frenarlo se dedican a combatirse entre sí.

Editorial El País

El presidente venezolano tiene que aceptar la voluntad de cambio expresada en las urnas

El pasado 6 de diciembre, los venezolanos expresaron claramente en las urnas que querían un cambio radical de rumbo para su país, tras 16 años de chavismo, otorgando a la oposición una más que holgada mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero en vez de atender a este mandato soberano y democrático, Nicolás Maduro y sus colaboradores han puesto en marcha una operación de más que dudosa legitimidad para dejar sin efecto la opinión del pueblo al que se deben.

Primero fue la activación de un denominado Parlamento Comunal, que en la práctica solapará sus funciones con la Asamblea resultante de las elecciones. Un organismo del que el chavismo no se acordó mientras tuvo mayoría en la Asamblea pero que ahora pretende convertir en la verdadera cámara legislativa del país, algo posible desde el punto de vista retórico delnúmero dos del régimen, Diosdado Cabello, pero no desde el legal.

El siguiente paso ha sido el nombramiento por la Asamblea saliente, de mayoría chavista, de 13 nuevos jueces del Tribunal Supremo —y otros 21 suplentes— de inequívoca adhesión a Maduro. El que uno de los últimos actos de una Asamblea que ya no goza del mandato popular sea fidelizar políticamente al máximo órgano judicial no responde precisamente al buen uso democrático de aceptar la derrota electoral. Que el régimen además haya presionado a jueces del Supremo para conseguir sus jubilaciones anticipadas —o también para que aquellos juristas cuyo mandato vencía en el futuro inmediato renunciaran— es una ilegalidad y una muestra de que Maduro sigue sin querer entender que los venezolanos han encargado a la oposición que elabore las leyes y que su deber es respetar este encargo.

En este ambiente, es más importante que nunca que la oposición se mantenga unida, porque necesitará de todas sus fuerzas para forzar a Maduro a desbloquear la parálisis institucional que sufre Venezuela.

Editorial de El País

Crear una alternativa a la Asamblea Nacional es una burda violación de la voluntad expresada por los venezolanos

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La instauración —anunciada por el presidente Nicolás Maduro— de un denominado Parlamento Comunal en Venezuela como alternativa a la Asamblea Nacional constituye una burda violación de la voluntad expresada por los venezolanos el pasado 6 de diciembre, cuando otorgaron en las urnas una mayoría abrumadora a la oposición.

La vacía retórica de Maduro —en cuanto a que el Parlamento Comunal va a ser una instancia legislativa “del pueblo desde la base”— ignora por completo que ese es precisamente el papel de la Asamblea Nacional y que el pueblo ya ha hablado alto y claro exigiendo un cambio de rumbo en el país. Sin embargo, en la mejor estela del despotismo, el presidente desoye la opinión de los ciudadanos y quiere erigirse en el único y válido intérprete de los deseos de los venezolanos.

Se trata de una jugada muy peligrosa. En Venezuela es urgente el cambio político, económico y social, y que la libertad total y el derecho a expresarse se restauren completamente en el país. En vez de aventurarse con instituciones de dudosa utilidad que solo van a servir para provocar enfrentamientos y para hacer el país todavía más ingobernable, Maduro debe liberar a todos los presos políticos, aceptar el resultado de las urnas y entablar un diálogo constructivo con la oposición. No basta con llenar de la palabra pueblo los discursos: lo que hay que hacer es respetar su mandato.

Editorial de El Paós

La economía europea no responde al hundimiento del petróleo

El hundimiento del precio del petróleo (situado ya en torno a los 36 dólares) debe entenderse como un síntoma de que el mercado mundial del crudo busca un nuevo modo de comportamiento, alejado del tradicional dominio de la oferta que ejercía la OPEP. Lo que empezó como un regate en corto del cartel encaminado a yugular la viabilidad económica del fracking y a imponer un correctivo a países como Rusia o Venezuela por el método de mantener precios bajos que hicieran desplomarse sus ingresos se ha ido totalmente de las manos de la OPEP debido a la aparición de nuevos factores estratégicos (desaceleración china, estancamiento en la práctica de Europa, guerras internas en los países árabes) y la irrupción de acuerdos mundiales para la sustitución de los combustibles fósiles.

En síntesis, un mercado tradicionalmente dominado por la oferta está virando rápidamente hacia uno dominado por la demanda. La incertidumbre económica está cambiando los modos de contratación; se abandona el largo plazo y se sustituye por los contratos a corto. Y los países productores no pueden manejar las extracciones como factor de encarecimiento, porque alguno de ellos se aproximaría a la quiebra si redujera su rendimiento.

Las predicciones más realistas descartan una recuperación de los precios a corto plazo. Pocos creen que se alcancen los 60 dólares en los próximos dos años y las consecuencias para los países que viven principalmente del petróleo pueden ser devastadoras. Arabia Saudí tiene reservas financieras para soportar dos o tres años de desplome de ingresos, pero no es el caso de otros emiratos y productores.

La situación de la economía europea es tanto más compleja cuanto que no se alcanzan tasas elevadas de crecimiento a pesar del precio bajo del crudo. Son datos que parecen apuntar a un periodo largo de estancamiento en la eurozona y a un ajuste a medio plazo del mercado petrolero.

Fuente: El País

El presidente de Venezuela usa las instituciones para obstaculizar las tareas de la nueva Asamblea Nacional

Nicolás Maduro ha empezado a mover sus fichas para complicar las tareas de la nueva Asamblea cuando esta tome posesión en enero. Tras un primer movimiento de aceptación de los resultados, y de felicitarse por el triunfo de “la Constitución y la democracia”, el presidente de Venezuela ha recuperado su habitual discurso incendiario y llamó el miércoles, ante sus seguidores —que lo aclamaban frente al palacio presidencial—, a que “el pueblo revolucionario” luche contra la “guerra económica” que atribuye a la oposición. El jueves reunió a cerca de un millar de delegados del Partido Socialista Unificado de Venezuela en un congreso para analizar las razones de la derrota, pero sobre todo para reafirmar su liderazgo al frente del proyecto bolivariano.

La bronca irrupción de un grupo de activistas violentos vinculados a Maduro en el acto de un exministro de Chávez hoy situado en la disidencia revela, por otro lado, la deriva peligrosa que podría instalarse en el país si no se pone freno de inmediato a un sectarismo que solo puede agravar la crítica situación existente.

Pero las decisiones más graves que está tomando Maduro tienen que ver con el afán de servirse de las instituciones para evitar que puedan prosperar las iniciativas de esas dos terceras partes de la Asamblea Nacional que hoy domina la oposición y que ya ha pedido una amnistía de los presos políticos a la que él se opone frontalmente. La maniobra de nombrar 12 magistrados del Tribunal Supremo antes de que se constituya la nueva Cámara, para poder bloquear sus resoluciones, forma parte del peor repertorio de maneras de un Gobierno que se resiste a aceptar los cambios. El nombramiento de la jueza que condenó en un juicio farsa al líder opositor Leopoldo López como Defensora del Pueblo y las medidas para controlar la televisión de la Asamblea Nacional forman parte también de esa tosca e imprudente estrategia de provocación.

Editorial de El País