Del presidente argentino depende, y de nadie más, qué tipo de estadista quiere ser

Luis Almagro no es un político latinoamericano cualquiera. Fue elegido Secretario General de la OEA hace ya más de un año, prometiendo “más derechos para más latinoamericanos”. Muchos –incluido yo mismo- creímos que sería “más de lo mismo”. Sin embargo, sorprendió haciendo algo que casi nadie en América Latina hace: cumplió sus promesas.

Como lo hizo la semana pasada, cuando presentó un informe completo sobre la situación de la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela, e inmediatamente después, invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la mayor condena moral que puede ser aplicada sobre un país en el Hemisferio.

Pero para que dicha condena se haga efectiva, los países tienen que votar. Uno creería, viendo el cambio de rumbo que vive Argentina, que Mauricio Macri debería ser el primer Presidente de la región en respaldar la acción del Secretario General de la OEA, dada la dirección Argentina está tomando. En el pasado, Macri nunca dudo en hablar claro sobre Venezuela, ni cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni como candidato. Incluso, siendo candidato, ya había prometido invocar él mismo la carta democrática al llegar al poder. Fue, en definitiva, uno de los primeros líderes políticos del continente en denunciar encarcelamientos ilegales de su amigo Antonio Ledezma – ex Alcalde de Caracas -, y de Leopoldo López.

Y cuando todos creíamos que Argentina tomaría ese tan ansiado liderazgo regional basado en la defensa de la democracia y los derechos humanos, cumpliendo sus promesas de campaña, algo cambió.

El primer episodio desconcertante ocurrió cuando Susana Malcorra bajó el tono respecto a la situación en Venezuela, pocas horas después de las elecciones legislativas en dicho país en donde la oposición salió triunfadora. El segundo, un mes atrás, cuando en el seno del Consejo Permanente de la OEA, Malcorra no mencionó palabras como “derechos humanos”, “presos políticos”, o “libertad de expresión”. El tercero, la semana pasada, cuando el Embajador Argentino ante la OEA, Juan José Arcuri, trató de anticiparse a las acciones de Luis Almagro, promoviendo una resolución del Consejo Permanente la cual nada decía sobre la situación crítica del país andino.

El problema, como ya fue ampliamente reportado en los medios, radica en la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas. Según se comenta, la canciller habría cultivado el apoyo de Venezuela, lo cual es incompatible con el apoyo a la aplicación de la Carta Democrática que propone Luis Almagro.

Y esto nos lleva al cuarto episodio, de aún mayor gravedad, que fueron las declaraciones de la propia Malcorra la semana pasada, cuando dijo “existe una percepción de milagro detrás de la cláusula democrática», que la misma no va a solucionar los problemas de los venezolanos, y que dichos problemas deben ser resueltos por los venezolanos. Una serie de frases que no solo demuestra su desconocimiento sobre la situación en Venezuela, ya que desestiman el hecho que más de dos millones de venezolanos firmaron pidiendo un referéndum revocatorio; y que, sobre todas las cosas, ponen en duda la propia Carta Democrática y la importancia de los mecanismos establecidos en ella para abordar este tipo de alteraciones del orden democrático en los países.

Curioso, por decir lo menos, que quien aspira a dirigir las Naciones Unidas demuestre tan poca estima por uno de los documentos centrales de la OEA, organización hermana de la ONU.

La próxima semana comienza la Asamblea General de la OEA en República Dominicana. Se espera—siempre y cuando Argentina, que preside el Consejo Permanente de la Organización, lo decida—que la aplicación de la Carta Democrática sea objeto de discusión. En ese momento, Mauricio Macri deberá tomar una decisión: decidir si el camino para reinsertar al país en el mundo es a través de un puesto en Naciones Unidos, o a través de la defensa integral de la democracia y los derechos humanos.

De Macri depende, y de nadie más, el tipo de liderazgo que Argentina tendrá en la región. De Macri depende, y de nadie más, qué tipo de estadista quiere ser. O si prefiere, olvidando por completo su promesa de campaña, sus valores y sus principios, no ser un estadista en absoluto.

El País/  EZEQUIEL VÁZQUEZ-GER

Los partidos políticos españoles se retratan ante el régimen bolivariano

Albert Rivera y Lilian Tintori intentaron, sin éxito, visitar al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que se encuentra en arresto domiciliario.

 
Los viajes a Venezuela del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han obligado a los partidos a retratarse frente al régimen bolivariano. Las declaraciones de los dirigentes de las cuatro principales fuerzas políticas han aclarado las posiciones de unos y otros: PP, PSOE y Ciudadanos han salido en defensa de la democracia y contra la persecución a los líderes de la oposición; Unidos Podemos ha apoyado al régimen de Nicolás Maduro, llegando a insinuar que Leopoldo López, encarcelado desde hace meses tras un juicio sin garantías dirigido desde la presidencia de la República de Venezuela, es un golpista.

Se ha hablado de la conveniencia de que los políticos viajen a Caracas en plena precampaña, pero los casos están plenamente justificados. Rodríguez Zapatero fue con una vocación mediadora entre el Gobierno y la oposición venezolana; Rivera acudió invitado a dar una conferencia por el Parlamento de ese país. En ambas ocasiones, las visitas han estado respaldadas por la embajada de España en Caracas. Por lo demás, no vemos ningún inconveniente en que los candidatos prueben el área de la política exterior en un país de claro interés, además, para los españoles.

Lo importante es el fondo de la cuestión. Venezuela atraviesa una situación lo suficientemente grave como para tomar partido de forma clara e inequívoca: tras unas elecciones en las que los ciudadanos dieron la mayoría absoluta a la oposición, el presidente Maduro se ha enrocado en el Ejecutivo, ayudado por un Poder Judicial controlado por él y unas fuerzas armadas doblegadas, por ahora, a su control. Mientras tanto, el país está sumido en la mayor de las miserias e inseguridades.

Ante este panorama, Mariano Rajoy (en un artículo publicado en EL PAÍS), José Luis Rodríguez Zapatero y Albert Rivera (en sus viajes a Caracas) han hecho lo que se espera de tres líderes que defienden la democracia: denunciar la situación y ponerse del lado de los ciudadanos que han votado el cambio y que sufren las consecuencias de un régimen totalitario que encarcela a los disidentes y ha llevado al pueblo a la ruina.

La recién creada coalición de izquierda populista (Podemos e IU) ha tomado posición por Maduro, como viene haciendo desde el principio. No hay que olvidar la votación del año pasado en el Parlamento Europeo pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela, que se aprobó con el voto en contra de Podemos cuando su portavoz era Pablo Iglesias. El líder del partido morado quiso diferenciar entonces entre “presos políticos y políticos presos”. Su nuevo socio, Alberto Garzón, ha llegado a adherirse a la teoría de Maduro de que Leopoldo López es un golpista, y el propio Iglesias ha afirmado que hay que respetar la legalidad.

Las posiciones están claras. La única duda es saber si Podemos defiende al régimen bolivariano por convicción (trabajaron para ellos durante años) o por miedo a que un cambio de postura lleve a Maduro a explicar cuántos millones entregó su Gobierno a este partido para su fundación. Eso es algo que tienen que aclarar Iglesias, Monedero y Errejón si de verdad creen en la transparencia.

Editorial de El País

Los partidos políticos españoles se retratan ante el régimen bolivariano

Los viajes a Venezuela del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han obligado a los partidos a retratarse frente al régimen bolivariano. Las declaraciones de los dirigentes de las cuatro principales fuerzas políticas han aclarado las posiciones de unos y otros: PP, PSOE y Ciudadanos han salido en defensa de la democracia y contra la persecución a los líderes de la oposición; Unidos Podemos ha apoyado al régimen de Nicolás Maduro, llegando a insinuar que Leopoldo López, encarcelado desde hace meses tras un juicio sin garantías dirigido desde la presidencia de la República de Venezuela, es un golpista.

Se ha hablado de la conveniencia de que los políticos viajen a Caracas en plena precampaña, pero los casos están plenamente justificados. Rodríguez Zapatero fue con una vocación mediadora entre el Gobierno y la oposición venezolana; Rivera acudió invitado a dar una conferencia por el Parlamento de ese país. En ambas ocasiones, las visitas han estado respaldadas por la embajada de España en Caracas. Por lo demás, no vemos ningún inconveniente en que los candidatos prueben el área de la política exterior en un país de claro interés, además, para los españoles.

Lo importante es el fondo de la cuestión. Venezuela atraviesa una situación lo suficientemente grave como para tomar partido de forma clara e inequívoca: tras unas elecciones en las que los ciudadanos dieron la mayoría absoluta a la oposición, el presidente Maduro se ha enrocado en el Ejecutivo, ayudado por un Poder Judicial controlado por él y unas fuerzas armadas doblegadas, por ahora, a su control. Mientras tanto, el país está sumido en la mayor de las miserias e inseguridades.

Ante este panorama, Mariano Rajoy (en un artículo publicado en EL PAÍS), José Luis Rodríguez Zapatero y Albert Rivera (en sus viajes a Caracas) han hecho lo que se espera de tres líderes que defienden la democracia: denunciar la situación y ponerse del lado de los ciudadanos que han votado el cambio y que sufren las consecuencias de un régimen totalitario que encarcela a los disidentes y ha llevado al pueblo a la ruina.

La recién creada coalición de izquierda populista (Podemos e IU) ha tomado posición por Maduro, como viene haciendo desde el principio. No hay que olvidar la votación del año pasado en el Parlamento Europeo pidiendo la libertad de los presos políticos en Venezuela, que se aprobó con el voto en contra de Podemos cuando su portavoz era Pablo Iglesias. El líder del partido morado quiso diferenciar entonces entre “presos políticos y políticos presos”. Su nuevo socio, Alberto Garzón, ha llegado a adherirse a la teoría de Maduro de que Leopoldo López es un golpista, y el propio Iglesias ha afirmado que hay que respetar la legalidad.

Las posiciones están claras. La única duda es saber si Podemos defiende al régimen bolivariano por convicción (trabajaron para ellos durante años) o por miedo a que un cambio de postura lleve a Maduro a explicar cuántos millones entregó su Gobierno a este partido para su fundación. Eso es algo que tienen que aclarar Iglesias, Monedero y Errejón si de verdad creen en la transparencia.

Editorial de El País

La debilidad de Maduro desemboca en el estado de excepción en Venezuela

 
La decisión del presidente Nicolás Maduro de declarar con carácter indefinido un estado de excepción y emergencia que suspende garantías constitucionales —y en la práctica le da carta blanca para ejercer un gobierno autoritario— constituye una gravísima violación de las mínimas normas democráticas. Y sitúa peligrosamente a Venezuela al borde de una confrontación social de consecuencias impredecibles, quizá trágicas.

El recurso al Ejército, con una convocatoria de movilización y maniobras militares de carácter excepcional previstas para el próximo sábado, es el último y preocupante paso de un mandatario que ha perdido el favor de la mayoría del pueblo, tal y como quedó expresado en las legislativas del pasado 6 de diciembre con el rotundo éxito obtenido por la oposición. Un triunfo que, en un primer momento, Maduro trató de no reconocer para, después de hacerlo —forzado por el Ejército—, negar sistemáticamente la legitimidad a la Asamblea.

La burda apelación a una fantasmagórica intervención militar extranjera en Venezuela, como excusa para institucionalizar definitivamente el autoritarismo, no hace sino confirmar los peores pronósticos. Maduro y su círculo no están dispuestos a aceptar legalidad alguna —ni siquiera la instaurada por el propio Hugo Chávez— que les pueda apartar del poder. Por mucho que lo repita el mandatario, ni nadie va a invadir su país, ni hay “guerra económica” alguna contra Venezuela. Lo que sí existe es una desastrosa gestión que está convirtiendo a un país rico en recursos en un Estado fallido en el que no faltan ni la represión política ni el aislacionismo suicida.

La gran diferencia entre Maduro y la oposición democrática es que mientras la segunda respeta la legalidad, él la cumple según se ajuste o no a sus intereses. La oposición, conforme a la ley, aprobó el 29 de marzo en la Asamblea una Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos (los hay en Venezuela, aunque algunos no quieran enterarse: entre otros, Leopoldo López, exalcalde de Chacao y encarcelado en régimen de aislamiento desde hace más de dos años en una prisión militar). Maduro utilizó al Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, para desactivar la medida. Posteriormente, la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha uno de los mecanismos instaurados por el fallecido Chávez como símbolo de transparencia en su proyecto bolivariano para Venezuela: el referéndum revocatorio. El 2 de mayo la oposición entregó a la Comisión Nacional Electoral nueve veces más firmas de las necesarias para convocar una votación que decida si Maduro debe abandonar el poder. Pero el estado de excepción decretado por Maduro deja en el aire todo el proceso.

En lugar de haber cedido a los llamamientos que desde dentro y fuera del país le animaban a entablar un diálogo sincero con la oposición para facilitar una transición democrática, Maduro ha radicalizado cada vez más su régimen, impasible ante la miseria material que viven los venezolanos. La oposición tiene ahora la difícil tarea de no caer en la trampa del enfrentamiento que busca el régimen para justificar su anacrónica pervivencia.

Editorial El País

El diario afronta el futuro con libertad, independencia e innovación

 
El 4 de mayo de 1976 nacía EL PAÍS “al amparo de una convicción irrenunciablemente democrática” (se explicaba en su primer editorial) y con una firme voluntad de independencia y de defensa de la libertad. Hoy, cuando se cumplen 40 años desde su fundación, mantenemos esos principios plenamente vigentes, mientras afrontamos uno de los grandes retos de los medios de comunicación en todo el mundo: entrar de lleno en la revolución tecnológica y el cambio de paradigma que vivimos.

El diario, que fue pionero en la defensa de la libertad en España, se ha puesto ahora a la cabeza de la innovación para convertir los nuevos retos en oportunidades y seguir siendo el líder indiscutible de la prensa mundial en español, y la referencia para la formación de una opinión pública plural e independiente como base de la democracia.

La celebración de un cumpleaños siempre tiene algo de nostalgia y de recuerdos hacia todas las personas que han hecho posible la historia de una institución (además de los lectores, su razón de ser y su destinatario básico). En el número especial del 40º aniversario, que publica hoy EL PAÍS, se pueden leer esos recuerdos en artículos de firmas importantes, entrevistas con figuras destacadas y reportajes sobre lo que ha sucedido en España y en el mundo en estos 40 años.

Es hora de hacer balance de estas cuatro décadas y del papel que ha desempeñado el diario en la conformación de la democracia española y el desarrollo de nuestro país en un mundo cada vez más global. Pero también es hora de liderar los nuevos tiempos con espíritu innovador. El escenario en el que nos encontramos es el de la transformación permanente; la sociedad digital representa un cambio revolucionario al que solo se puede responder con valentía y con decisiones de ruptura cuando sea necesario.

Coincidiendo con las celebraciones del 40º aniversario, EL PAÍS ha inaugurado su nueva Redacción en Madrid. Su estructura y la nueva forma de trabajar quieren ser un ejemplo de periodismo audiovisual e interactivo. Es un error pensar que la tecnología es enemiga del periodismo. Al contrario, el mundo digital rompe barreras y abre una nueva forma de comunicarse con un público más amplio, variado y diverso. Hoy nuestro periódico tiene más de 16 millones de lectores mensuales, la mitad de los cuales nos lee desde su teléfono móvil.

EL PAÍS ha emprendido esta nueva etapa con la decisión de un líder y con la ambición de seguir defendiendo los principios de su fundación. Los canales y los medios cambian, pero el periodismo sigue siendo el mismo: buscar la noticia, decidir si es relevante, contrastarla con rigor, contarla bien y publicarla con libertad. En eso estamos.

Editorial El País

La decisión de Maduro de acortar la semana laboral a los funcionarios no solucionará la crisis energética

 
La decisión del gobierno de Venezuela de paralizar casi por completo el día a día de la gestión del país instaurando para los funcionarios una semana laboral de dos días —lunes y martes— constituye una disparatada y peligrosísima huida hacia adelante de Nicolás Maduro para combatir la escasez energética.

La situación parece directamente extraida de un relato del realismo mágico. El Ejecutivo justifica la instauración del fin de semana de cinco días por el bajo nivel de agua —por la sequía— de una central hidroeléctrica que genera el 70% de la energía consumida en el país sudamericano. Suspendiendo, en principio durante quince días, la mayor parte de la actividad en el sector público —los colegios ya han declarado festivos los viernes— se pretende evitar el colapso energético.

 
La iniciativa de Maduro alimenta las sospechas de la oposición, que controla el Congreso: precisamente el martes comenzó la recogida de firmas necesarias para activar un referéndum revocatorio del mandato del presidente. Hay un plazo de 30 días hábiles para reunir esas firmas (hacen falta 195.000, el 1% de los inscritos en el registro electoral), pero ahora, con la semana oficial de dos días, el referéndum se puede posponer casi sine die.

El régimen de Maduro, enrocado en su negativa a reconocer que perdió estrepitosamente el respaldo popular en las elecciones legislativas del pasado seis de diciembre, puede seguir adoptando medidas desesperadas mientras —literalmente— mira al cielo esperando que llueva, pero apenas servirán para solucionar el desastre económico y administrativo. La brutal crisis energética que atraviesa uno de los países más ricos del mundo en reservas de petróleo solo es explicable por la incompetencia y la corrupción continuadas en la gestión de los recursos naturales. Y viene a sumarse a una precariedad material inconcebible hasta hace pocos años en un país como Venezuela.

Editorial de El País

La aprobación de la apertura del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff por una abrumadora mayoría de la Cámara de Diputados abre una etapa en Brasil marcada por la incertidumbre. La agonía que le espera a la presidenta en las próximas semanas para acabar previsiblemente saliendo derrotada y humillada por la puerta de atrás de la historia no resuelve ninguna de las incógnitas que se ciernen sobre el futuro del gigante suramericano. El impeachment deja a un país dividido políticamente, enfrentado socialmente e inmerso en la peor crisis económica de su historia. También en una crisis moral a la que solo el proverbial optimismo de los brasileños podrá dar solución.

Brasil se adentra en una transición a ciegas cuya primera estación será el Senado cuando, en los primeros días de mayo, decida sobre el caso Rousseff. Bastará una fácil mayoría simple para que la presidenta sea apartada del poder hasta 180 días mientras se la juzga en ambas Cámaras. Si, como es previsible, se decreta su muerte política, el poder pasará al vicepresidente Michel Temer, su antiguo aliado y ahora su peor enemigo, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), derecha, y bajo sospecha de corrupción. Un personaje oscuro al que los mercados reclaman una dura política de ajuste y una reforma impositiva: probablemente necesarias, con seguridad impopulares.

La confluencia de los intereses de Temer con otros dos personajes de su mismo partido — Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, el evangélico maquinador del impeachment, acusado por la Fiscalía de regentar millonarias cuentas en Suiza alimentadas con sobornos de Petrobras— y Renan Calheiros, presidente del Senado, un artista de la doblez política también investigado por corrupción, ha dado motivos a los seguidores del Partido de los Trabajadores (PT) para considerar todo el proceso “un golpe de Estado constitucional” para desalojar a la izquierda del poder.

Golpe o cambio de rumbo ante unas circunstancias de extrema gravedad económica —como defienden los partidarios del impeachment—, dos hechos son incontrovertibles: el caso Petrobras ha expuesto una corrupción gigantesca en la clase política brasileña que afecta a todos los partidos, izquierda y derecha, sin distinción; y que, hasta ahora, la única no acusada de enriquecimiento personal ha sido la propia presidenta. Al fin y al cabo, el impeachment se basa en un tecnicismo fiscal: la práctica ilegal de recurrir a préstamos de bancos públicos para equilibrar el presupuesto.

Brasil queda en un limbo político en vísperas de los Juegos de Río, acuciado por la necesidad de dar respuesta a la recesión y encontrar una salida a la crisis política. La destitución de Rousseff no debe detener la limpieza de las cloacas del poder. Pero mucho menos propiciar —como se vio el domingo, con el lamentable espectáculo ofrecido por los diputados en la votación, donde no faltaron gritos, empujones, cánticos e incluso un escupitajo— que la democracia brasileña salga del trance debilitada.

Editorial El País

El ministro debe aclarar el asunto; y el Gobierno, asumir su responsabilidad

 
La credibilidad del ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, tras las explicaciones y rectificaciones dadas sobre su participación en varias sociedadesoffshore está por los suelos. Tras la difusión de su nombre entre los implicados por los papeles de Panamá, hemos asistido a una secuencia de declaraciones, rectificaciones y nuevas revelaciones que han puesto al ministro en evidencia y que exigen no solo la aclaración del asunto, sino la asunción de responsabilidades políticas de Soria. O del presidente del Gobierno.

En una reciente entrevista, Mariano Rajoy respondía a la pregunta de “¿qué es corrupción?” con una explicación que se resumía en que corrupción es alguna actuación irregular “cometida por mí o por alguien nombrado por mí”. No conviene adelantar acontecimientos, ni somos nosotros los que debemos juzgar penalmente las actuaciones de José Manuel Soria, pero dados los antecedentes de casos de corrupción en el PP o en distintos Gobiernos autónomos o locales gobernados por ese partido, es imperativo y urgente que el Gobierno actúe en consecuencia.

La mala gestión de algunos de los casos recientes y más sonados de corrupción que afectan a dirigentes del PP, o en ocasiones al propio partido, debería hacer reaccionar a Rajoy con celeridad.

La actitud del ministro de Industria ha sido, desde el primer momento, la de negar cualquier relación con sociedades en paraísos fiscales y atribuir su nombre en los papeles de Panamá a un error que se subsanó inmediatamente. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la realidad iba desmintiendo la versión de Soria, que se ha ido encontrando con nuevas revelaciones que mostraban su participación en los negocios familiares a través de sociedades en paraísos fiscales.

A estas alturas, se puede concluir que el ministro no ha dicho toda la verdad. Aunque habrá que esperar a las aclaraciones definitivas para saber si realmente ha mentido abiertamente o si ha ido conociendo la verdad día a día, fruto de la traición de personas de su entorno más íntimo. De cualquier forma, y aunque fuera legal participar en una empresa consignataria y logística registrada en Reino Unido, los errores sucesivos de Soria y, sobre todo, que haya desmentido algo que la realidad ha demostrado como cierto ponen en duda su capacidad para continuar como ministro, aunque sea en funciones, del Gobierno de España.

Ayer mismo, fuentes del Ejecutivo reconocían su perplejidad ante la evolución del caso; y se comprobaba que en el Gobierno y en el partido se había optado por abandonar a José Manuel Soria a su suerte. Ni sus compañeros del llamado G-8 (el grupo de ministros más leales al presidente) ni el propio Rajoy (que le considera fiel amigo suyo) pudieron ya salir en su defensa tras las últimas revelaciones difundidas al mediodía de ayer.

Editorial de El País

Perú decidirá en la segunda vuelta si se inclina por el regreso del autoritarismo populista o por la derecha liberal de Kuczynski

 
Habrá que esperar a la segunda vuelta de las elecciones para conocer quién gobernará en Perú, pero los mercados saludaron con una subida de la Bolsa de más del 10% que fueran dos candidatos de derecha los que vayan a batirse el próximo 5 de junio. Así que no están tanto en juego las líneas maestras del modelo económico como los estilos y programas de los dos candidatos que han quedado mejor situados: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con casi un 40% de los votos, y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio), que rozó el 24%.

No es una cuestión baladí: las maneras que ha exhibido la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos de corrupción y lesa humanidad, están enraizadas en las viejas maneras del clásico populismo latinoamericano de derechas: liderazgo carismático, mano dura con la delincuencia, desprecio a las élites, políticas asistenciales. Kuczynski, que fue primer ministro con el Gobierno de Alejandro Toledo, tiene un perfil más ortodoxo y sus políticas están orientadas sobre todo a liberalizar los mercados y reforzar el crecimiento.

A Keiko Fujimori puede ayudarla el trabajo que lleva haciendo desde que perdió las anteriores elecciones ante Ollanta Humala. Ha recorrido el país y ha logrado construir un partido que tiene presencia en todas partes. La implantación popular del PPK es en cambio muy frágil. Será decisiva la fuerte corriente transversal que reniega de los desmanes que se produjeron durante el Gobierno de Fujimori, incluido su autogolpe de 1992. En sus manos está mantener al país lejos de esa época oscura.

Pero todo está abierto, y Perú se juega el regreso al peor autoritarismo populista que está reñido con esa modernidad que necesita para sostener y ampliar su crecimiento. Los buenos resultados del Frente Amplio de Verónika Mendoza permiten augurar una reconstrucción de la izquierda, hasta ahora muy desdibujada.

Editorial El País

Hacienda tiene que investigar si los titulares de sociedades offshore han incurrido en delito fiscal

Pilar de Borbón, Pedro Almodóvar, Lionel Messi, o Micaela Domecq Beaumont son algunos de los españoles en los «papeles de Panamá» EFE

La filtración de datos societarios y fiscales del despacho panameño Mossack Fonseca confirma la vacuidad de las promesas enfáticamente realizadas en las cumbres mundiales y europeas celebradas en los inicios de la crisis para acabar, limitar o regular el papel de los paraísos fiscales.

Frente a la retórica sobre la igualdad fiscal y la persecución del fraude se alza la realidad incuestionable de que existen refugios seguros para quienes quieren ocultar el dinero a las haciendas respectivas mediante el recurso de crear una sociedad offshore (sin actividad empresarial) como depositaria de capitales sujetos a una mínima carga fiscal.

Los nombres más conocidos de la lista de Panamá dan pie al morbo. Naturalmente, cada uno de estos nombres deberá ser investigado y su relación exacta con la evasión fiscal tiene que ser confirmada. En el caso de España, Hacienda ha anunciado la apertura de una investigación para determinar en cada caso si existe delito fiscal (crear sociedades offshore no es ilegal). La comprobación tiene que partir forzosamente del análisis de las declaraciones de bienes en el extranjero (el famoso modelo 720) de los nombres implicados.

Con esa revisión probablemente no basta. Es necesario además conocer las cantidades de dinero tramitadas por las sociedades offshore asociadas a los nombres conocidos. Y aquí es posible que surjan algunas dificultades, porque a la solicitud de información las autoridades panameñas pueden responder que la filtración de datos societarios y fiscales no ha sido legal o que los titulares de las sociedades tienen derecho, según la legislación panameña (casi un paraíso fiscal) al secreto financiero.

Hasta donde lo permita la ley, hay que actuar con la contundencia debida en el caso de la lista de Panamá; lo cual incluye no sólo anunciar que se abre una investigación, como se ha hecho, sino dar cuenta de sus resultados. Pero lo esencial es cerrar el cerco a los paraísos fiscales mediante convenios que obliguen a facilitar la información societaria y fiscal que requieran los gobiernos.

Editorial El País