El presidente venezolano huye hacia adelante para aferrarse al poder

Nicolás Maduro recibe honores militare el aeropuerto de Caracas HANDOUT REUTERS

 
Nicolás Maduro, como se temía, no ha dudado en saltarse el ordenamiento jurídico del propio chavismo con el fin de mantenerse en el poder.

 
Es absolutamente injustificable que una nación con los recursos materiales y humanos de que dispone Venezuela esté atravesando una crisis humanitaria inconcebible donde el desabastecimiento crónico ya es la menor de las dificultades. Ahora hay que sumar la impotencia de un sistema sanitario destruido para luchar contra el avance de la difteria —enfermedad de una alta mortalidad si no es tratada adecuadamente— y sobre cuya extensión ha advertido, alarmada, la Asamblea Nacional, sede de la soberanía popular cuya autoridad y legitimidad Maduro y su circulo niegan.

Los insultos, las descalificaciones, las amenazas y los desprecios sistemáticos del oficialismo chavista a quienes dentro y fuera del país denuncian la catástrofe a la que ha conducido a la sociedad no servirán para revertir la situación. El presidente de Venezuela ha optado por tapar el sol con el dedo y centrar sus esfuerzos en su perpetuación personal en el poder aunque sea al precio de convertir a Venezuela en un paria de la comunidad internacional y de provocar una profunda fractura social cuyos efectos, desgraciadamente, durarán muchos años.

En esta línea hay que interpretar la paralización de la recogida de firmas para convocar el referéndum que debe decidir sobre la continuidad de Maduro en el cargo. Después de incontables e injustificados retrasos y de todas las triquiñuelas posibles para aplazar su celebración, el chavismo ha optado por paralizar el proceso acusando de fraude a la oposición. Además, sus tribunales han prohibido la salida del país de ocho líderes opositores, entre ellos Henrique Capriles, por participar en un fantasmagórico montaje para lograr la recogida de las firmas necesarias que permitan legalmente la votación. Algo absurdo. No hay más que echar un vistazo a las recogidas de firmas anteriores, que la oposición ha tenido que cumplimentar, y a las encuestas para tener meridianamente claro que no es necesario ningún tipo de trampa para conseguir las ratificaciones necesarias.

Es decir, en su intento de aferrarse al poder, Maduro no solo ha paralizado un procedimiento previsto en la legislación como es el referéndum revocatorio —y que él mismo con entusiasmo cuando lo introdujo en la Constitución el fallecido Hugo Chávez— sino que ha dado un paso más al colocar a Venezuela en el siniestro grupo de países que tienen presos políticos —Leopoldo López, el caso más conocido, sigue en un penal militar— y prohíbe a algunos de sus ciudadanos, en función de su ideología, viajar al extranjero.

El mandatario venezolano utiliza machaconamente en sus discursos el lenguaje militarista para referirse a los desafíos a los que hace frente el país. Uno es el de “guerra económica”, pero con medidas como las adoptadas parecería que la guerra se la ha declarado a su propio pueblo.

Editorial de El País

Esperemos que la retirada de apoyos a Trump en su partido no llegue tarde

Donald Trump, durante el segundo debate televisado de las presidenciales de EEUU. SCOTT OLSON AFP

 
Aunque a estas alturas pueda parecer imposible, las declaraciones de Donald Trump continúan superando sus propios límites de vulgaridad alcanzando unos niveles nunca vistos en la política estadounidense y solo rara vez en determinadas tabernas. La grabación filtrada en la que el magnate se refiere a lo que piensa de las mujeres muestra a un bocazas egomaníaco convencido de que puede hacer cualquier cosa. Tratándose de alguien que aspira a ocupar la Casa Blanca, esta actitud lejos de servir como argumento a todo tipo de chistes debería causar una profunda preocupación. No puede pues extrañar que destacadas figuras republicanas —como hizo ayer el senador y excandidato presidencial John McCain— comiencen a desertar. Esperemos que no sea demasiado tarde.

El candidato republicano ha hecho del lenguaje machista y avasallador una de sus banderas. Tanto él como sus partidarios se jactan de la ocurrencia descarnada travistiéndola de sinceridad frente a lo que califican lenguaje hipócrita políticamente correcto del establishment de Washington que para ellos encarna la aspirante demócrata Hillary Clinton. Este es un buen ejemplo de la perversión de conceptos que Trump emplea como estrategia desde que comenzó la campaña de las primarias republicanas. Como cualquier niño pequeño sabe, la vejación y la degradación no tienen nada que ver con la sinceridad y son absolutamente incompatibles con la rectitud de intenciones. Del mismo modo que una ruinosa gestión económica de los negocios propios —con denuncias de estafa de por medio como en el caso de la fantasmagórica Universidad Trump— es todo lo contrario a un manual de bienestar aplicable a la economía de un gigante como Estados Unidos.

Otra de las estrategias emponzoñadas que está empleando Trump es convertir unas elecciones presidenciales en una especie de plebiscito emocional donde lo importante es su personaje. Así quienes se sitúan en el campo contrario lo hacen por una irrefrenable manía personal. Pero al mismo tiempo él centra su discurso político en los insultos personales y las amenazas. En EE UU —y países vecinos— cada vez resulta más complicado encontrar algún colectivo que no haya sido insultado por el millonario: mexicanos, mujeres, periodistas, congresistas, el presidente de EE UU, varios expresidentes de EE UU, musulmanes, los republicanos que no le bailan el agua, hispanos, europeos… Los ataques que durante el debate de la madrugada de ayer dirigió contra Hillary Clinton son vergonzosos; las alusiones al escándalo sexual protagonizado por el marido de Clinton durante la presidencia de éste no tienen absolutamente nada que ver con las elecciones de dentro de cuatro semanas. Y las amenazas de encarcelar a Clinton en casa de victoria son más propias de un matón que de alguien que aspira a ejercer el puesto político más influyente del planeta.

Es importante no caer en la trampa de descartar las posibilidades de Trump y de no tomar en serio la hipótesis de su triunfo en noviembre. De hecho, su rival, Clinton, no lo hace. Es tal el poder distorsionador que este personaje ha introducido en la democracia estadounidense que sus escándalos lo refuerzan. Trump es peligroso para todos.

El País

Si el chavismo se salta las elecciones regionales de diciembre, el país será oficialmente un Estado autoritario

Tres son las medidas con las que Nicolás Maduro está apuntalando la creación de un Estado autoritario en Venezuela, despreciando la pluralidad política existente en el país, el mandato popular expresado en las urnas y la voluntad de la comunidad internacional de facilitar una salida a la crisis política que a su vez permita aliviar la extrema penuria en la que se ha hundido a la población.

La primera es la vergonzante táctica dilatoria para impedir en tiempo y forma la celebración de un referéndum revocatorio que, según las encuestas, desterraría a Maduro del poder y terminaría con 18 años de chavismo. El incumplimiento sistemático de los plazos legales, los obstáculos puestos a la oposición para reunir los requisitos, la escasez injustificada de material para la verificación de firmas y la ridiculez de unos plazos casi imposibles de cumplir representan una colección de argucias que desacreditan absolutamente cualquier atisbo de buena voluntad de Maduro para respetar una ley ideada y promulgada por el propio Hugo Chávez.

Igualmente grave es la ocurrencia del régimen de imputar al preso político Leopoldo López la muerte de 43 personas durante las manifestaciones antichavistas de febrero de 2014. Para el chavismo debe resultar frustrante que, lejos de quedar olvidados tanto dentro del país como por la comunidad internacional, la liberación de los presos esté a la cabeza de las exigencias para poder desbloquear la situación. López fue ilegalmente detenido, sometido a una vergonzosa farsa de juicio y encarcelado sin garantías para su integridad. Volver a juzgarlo revela la naturaleza abyecta de Maduro y su régimen.

Finalmente, están las insinuaciones respecto a las elecciones regionales de diciembre. El chavismo dice ahora que la prioridad es “la guerra económica”. Esperamos que no pretenda saltarse esos comicios, porque si es así, Venezuela será oficialmente un Estado autoritario.

Editorial de El País

Maduro debe liberar a los presos políticos y celebrar en plazo el revocatorio

La multitudinaria manifestación celebrada el jueves en Caracas para exigir que el Consejo Nacional Electoral agilice los trámites para celebrar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro es una muestra clara de la gravísima fractura social que está creando el mandatario al tratar de retrasar por todos los medios un proceso legal que, de realizarse en tiempo y forma, podría apartarle del poder no solo a él sino al chavismo en su conjunto.

A pesar de que el oficialismo trató de silenciarla, con una contramanifestación donde el mandatario venezolano exhibió su retórica amenazante, la convocatoria de la oposición fue un éxito completo y una ratificación de la amplia victoria obtenida en las urnas el 6 de diciembre del año pasado. Superando todas las advertencias del Gobierno sobre un fantasmagórico golpe, la deportación de algunos periodistas extranjeros en las jornadas previas, o la suspensión del metro para dificultar la asistencia, la manifestación atrajo a centenares de miles de personas sin que se registraran incidentes.

La cerrazón de Maduro está produciendo la tremenda paradoja de que mientras la oposición está cumpliendo estrictamente las condiciones ideadas por Hugo Chávez para la convocatoria de un referéndum revocatorio —figura introducida por el fallecido mandatario en el ordenamiento constitucional venezolano—, el Gobierno que se proclama continuador y guardián del chavismo se niega a cumplir una de las medidas que el propio Chávez convirtió en estandarte de su mandato. La estrategia de Maduro consiste en retrasar el referéndum hasta más allá del 10 de enero. Después de esa fecha, y según marca la ley, aunque el oficialismo perdiera la votación no se convocarían nuevas elecciones presidenciales sino que su vicepresidente ocuparía la jefatura del Estado hasta 2019. Lo grave desde el punto de vista formal es que todo el proceso, iniciado en abril, debería haber durado cuatro meses, pero el chavismo pretende —y está consiguiendo— demorarlo más del doble de ese tiempo.

Y además, el régimen sigue sin liberar a los presos políticos cuya mera existencia es una prueba de la nula buena voluntad que Maduro tiene para superar la crisis. Los esfuerzos de mediación internacional hasta el momento han resultado vanos mientras el mandatario se ha lanzado a una ciega huida hacia adelante que ha agudizado la situación de penuria material de los venezolanos y está llevando el enfrentamiento político a una situación sin salida. El presidente venezolano juega a ignorar que su constante desprecio a los esfuerzos internacionales para ayudar a Venezuela no tendrán consecuencia alguna para el chavismo, pero debe saber que el tiempo se le agota. Debe permitir que se celebre el referéndum en plazo y liberar a los presos.

Editorial de El País

La destitución de funcionarios opuestos a Maduro es inaceptable

 
La purga política ordenada en la administración pública venezolana por el presidente Nicolás Maduro viola los más elementales principios democráticos, además de la propia Constitución y legislación venezolanas. Es una intolerable agresión contra el principio de libertad de pensamiento que debe regir en cualquier democracia y dibuja un sombrío panorama sobre hasta donde está dispuesto a llegar el mandatario venezolano con tal de permanecer en el poder.

La semana pasada, en un amenazante discurso contra la oposición, Maduro se jactó de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, iba a quedar comparado con él “como un niño de pecho” en cuanto a lo que se refiere a purgas en la administración del Estado. Ayer, ordenó que en 48 horas fueran destituidos todos aquellos funcionarios, a partir de un cierto nivel, que hubieran avalado con su firma la petición de celebración de un referéndum revocatorio sobre su presidencia. La medida afecta a unas 19.000 personas, un tercio de todos los puestos directivos de la administración venezolana.

Las depuraciones que está llevando a cabo Erdogan son, en muchos casos —como entre los profesores—, más que cuestionables y abiertamente criticables pero habría que recordarle a Maduro que mientras Turquía ha sufrido un intento de golpe de Estado, en Venezuela quien está saltándose la legalidad es su propio Ejecutivo, con la existencia de presos políticos, juicios farsa, el boicoteo al Parlamento y ahora los intentos de boicotear por todos los medios una convocatoria sobre la figura presidencial ideada precisamente por el propio Hugo Chávez, incluida en la Constitución venezolana y utilizada como uno de los principales reclamos con los que el chavismo obtuvo el poder en las urnas. Aunque los puestos afectados son de libre designación, la medida podría incluso violar un decreto-ley firmado por el propio Maduro sobre “inmovilidad laboral” al introducir una motivación anticonstitucional como es la discriminación ideológica.

Las más de 400.000 firmas depositadas ante el Poder Electoral venezolano que, cumpliendo la ley, piden la realización de una consulta vinculante —se necesitaban 200.000— no se han presentado con el fin de que el aparato del Gobierno las coteje y proceda a adoptar represalias contra aquellas personas que han dado su nombre y número de identificación respaldando la iniciativa. Ninguno de los firmantes ha violado ley alguna. Sin embargo, han sido calumniados repetidamente desde la propaganda oficial. El número dos de facto del régimen, Diosdado Cabello, ha pedido tres veces durante este mes la destitución anunciada ahora calificando a los firmantes de “escuálidos”.

Maduro está recurriendo a todo tipo de artimañas para retrasar la celebración del referéndum. Si este se celebra después del próximo 10 de enero y el mandatario pierde, no será necesario convocar nuevas elecciones y Maduro sería sustituido por su vicepresidente. El hostigamiento a quienes piden una consulta legal y su demonización como “enemigos de la revolución” es una práctica inaceptable de un Gobierno que, en las urnas, ya ha perdido la confianza de su pueblo.

Editorial El País

Las instituciones multilaterales deberían cofinanciar proyectos de inversión en América Latina

El conjunto de la economía mundial necesita de impulsos inversores que, además de propiciar el crecimiento económico y del empleo, sienten las bases para aumentos de la productividad empresarial. En determinadas economías esa necesidad es absolutamente prioritaria en su materialización en destinos básicos como son las infraestructuras. Es el caso de América Latina, donde el crecimiento a largo plazo está ahora más amenazado que en las dos décadas precedentes.

Esas carencias en todo tipo de infraestructuras no son precisamente una novedad. Desde mucho antes de la fase expansiva en la demanda de materias primas que acaba de concluir, la región definía dos obstáculos básicos para su desarrollo a largo plazo: la elevada desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, por un lado, y la insuficiente dotación de cualquier forma de capital, físico, tecnológico y humano, por otro. En las dos últimas décadas ese tipo de inversión no ha superado en media el 3% del PIB en el conjunto de la región, una proporción muy inferior a la de la mayoría de las economías emergentes, desde luego las asiáticas. Las clases dirigentes de esos países han hecho oídos sordos a las recomendaciones que desde hace décadas vienen formulando las organizaciones multilaterales, la CEPAL entre ellas. Además del transporte, la región sigue adoleciendo de insuficientes inversiones en telecomunicaciones, energía o sanidad.

Ahora, con la demanda de materias primas debilitada, los precios reducidos y los flujos de capital extranjero más reticentes, el crecimiento económico de la región seguirá siendo bajo. Tras la contracción del año pasado y este, la expansión del PIB del conjunto de las economías latinoamericanas no superara el 1,6% el año que viene. Tendrá lugar en un contexto de mayor inestabilidad financiera, poco favorable para la asimilación del elevado endeudamiento empresarial y del deterioro de las finanzas públicas en las principales economías de la región. Un entorno, en definitiva, poco propicio para eliminar ese cuello de botella que para el desarrollo de la región constituye la ausencia de infraestructuras suficientes. No solo las más sofisticadas, sino las más elementales y esenciales para el transporte de personas y de mercancías, para conectar a las economías nacionales y aumentar el crecimiento potencial de la región.

Desde compromisos reformistas suficientemente vinculantes para los gobiernos, las instituciones multilaterales, desde luego el BID y el Banco Mundial, deberían cofinanciar proyectos de inversión con el concurso del capital privado, de dentro o fuera de la región, que permitan sentar las bases de un renovado crecimiento. Avanzar en convergencia real, en PIB por habitante, con el resto del mundo exige, además de sistemas fiscales suficientemente eficaces, de inversión pública sostenida en dotaciones de capital físico y humano que propicien la necesaria modernización económica del conjunto de América Latina. La nuevas inversiones no deberían bajar del 5% del PIB promedio, desde los niveles inferiores al 3% actuales. Sin una intensidad inversora tal, sin las consecuentes posibilidades logísticas, los nuevos acuerdos comerciales como la Alianza del Pacífico, o las cercanas relaciones de algunas economías con China apenas generaran mayor crecimiento potencial, no se traducirán en ganancias de prosperidad. Las ventajas de la participación en la dinámica de globalización, en definitiva, volverán a ser un mero espejismo para la mayoría y con él la necesaria estabilidad social y política de una región en la que el 28% de la población está sumida en la pobreza, según la OCDE, y una parte no menos significativa de su economía sigue moviéndose a sus anchas en la informalidad, sin cumplir las más mínimas exigencias fiscales.

Editorial de El País

Ha sido esa democracia la que Ortega ha ido retorciendo desde que recuperó la presidencia en 2007

Daniel Ortega, líder de los sandinistas y presidente de Nicaragua, ha dado un paso más en su deriva totalitaria. En junio ya maniobró para despejar el camino y conquistar su tercer mandato consecutivo en las elecciones de noviembre. Consiguió que la Corte Suprema anulara la candidatura de su rival Luis Callejas y forzó así a la oposición a renunciar a presentarse. Poco antes había logrado que los comicios se realicen sin la presencia de observadores internacionales. Pero ha sido esta semana cuando ha revelado la perversa envergadura de su proyecto. Con el nombramiento de su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia, asegura la continuidad en el poder de su círculo familiar. Y recupera así, en una vuelta de tuerca de amarga ironía, la abyecta tradición de la dictadura dinástica que en siglo XX fue encarnada en su país durante 45 años por los Somoza.

Fue en 1979 la revolución sandinista, en la que Ortega jugó un indiscutible papel, la que acabó con aquel régimen familiar que había agravado las desigualdades del país, y la que generó la esperanza en un país más justo y más próspero. El sueño duró lo que duró —con una guerra de por medio—, y en 1990 el Frente Sandinista entregó el poder tras perder las elecciones: había ganado la democracia.

Ha sido esa democracia la que Ortega ha ido retorciendo desde que recuperó la presidencia en 2007. Fue concentrando en sus manos todos los poderes del Estado, cambió la Constitución para optar a una reelección indefinida, colocó a sus hijos en puestos estratégicos para tener las riendas financieras y el control de los medios de comunicación, logró seducir a la Iglesia y se blindó tras un discurso populista a la manera de Chávez. Nicaragua es hoy uno de los países con mayor crecimiento económico de la zona y también de los más seguros. Pero eso no justifica convertir la democracia en una caricatura y el Gobierno en el feudo de una familia corrupta.

Editorial El País

Es irresponsable no dejar gobernar y no ofrecer una vía alternativa clara

Evitar otra repetición de elecciones es una prioridad compartida, al menos formalmente, por el PP, el PSOE y Ciudadanos. Sería por tanto un buen punto de partida para el acuerdo que se busca en la ronda que Rajoy inició ayer con Sánchez (sin ningún acercamiento) y proseguirá hoy con Rivera. Quien quiere el fin, quiere los medios. En este caso, todos deberían mostrar la mejor disposición para alcanzar los pactos necesarios para una investidura cuyo fracaso llevaría a nuevas elecciones.

Esos contactos han comenzado de forma desalentadora. Ciertamente, no ayuda la confusión creada por Rajoy sobre si se someterá o no a una votación, imprescindible desde el punto de vista constitucional para avanzar en este proceso. Pero más chocante aún es la actitud de Sánchez, empeñado en conducir a su propio partido y al país entero a un callejón sin salida en el que ni deja gobernar al PP ni ofrece, al menos explícitamente, una vía alternativa para cumplir con su deseo aparente de que se forme un Gobierno cuanto antes.

Sánchez practica un juego de verdades a medias o de simples falsedades para esconder su fracaso electoral en dos ocasiones consecutivas y su manifiesta incapacidad para afrontar este crítico momento. Por un lado, invita a lo que llama “las derechas” a formar un Gobierno sobre una mayoría inexistente. ¿O es que pretende que el Gobierno de España busque su estabilidad en un acuerdo con la pretendida derecha catalana que acaba de respaldar la independencia unilateral y fuera de la ley? ¿Es esa una recomendación sincera o tal vez una manera de justificar que el propio Sánchez intente negociar con los independentistas en el caso de que Rajoy fracase? ¿Y cuál es esa mayoría alternativa de cambio de la que habla? ¿Quiénes son las izquierdas que él separa con tanta nitidez de las derechas? Qué clase de juego arcaico es ese de dividir al país ideológicamente en dos con semejante simpleza en un momento tan complejo, precisamente cuando los electores acaban de decir que quieren pactar y superar la vieja política?

Esta estrategia destila un aroma insoportable de tacticismo orgánico. Es imposible escuchar a Sánchez sin deducir que está pensando únicamente en su cálculo personal para sobrevivir como secretario general del PSOE. Y eso solo le puede conducir a fracasar en ambas tareas: ni puede razonablemente intentar presidir un Gobierno con 85 diputados y una suma disparatada de siglas, ni merece dirigir un partido al que día a día condena a la irrelevancia.

Sánchez argumenta que el PSOE es la alternativa a Rajoy, por lo que sería absurdo que le facilitase su continuidad. Pero la cuestión previa es si cabe cualquier posibilidad de desbloqueo que no pase por permitir la investidura mediante la abstención.

Se ha dicho que abstenerse sería un suicidio para el PSOE, pero según Metroscopia, el 63% de los votantes socialistas dicen que, si fuera la única alternativa para evitar elecciones, estarían de acuerdo “a cambio de una serie de reformas pactadas”.Y se ha sugerido que Sánchez no ha descartado del todo volver a encabezar una alternativa con Podemos y los nacionalistas: para sumar los escaños necesarios habría que contar con al menos los 17 votos de ERC y la ex CDC, y en ese caso los socialistas (85 escaños) estarían en minoría frente a la combinación de populistas e independentistas (88). Eso sí que sería un suicidio.

Editorial de El País

Ningún otro país como México ha sido lastimado por el candidato republicano. El presidente Peña Nieto no debe adoptar la política del avestruz sino responder con valentía y dignidad a las agresiones y mentiras del magnate populista

 
Si Trump llega a ser presidente, por increíble que nos parezca, los mexicanos estaremos al borde de una nueva guerra con EE UU. No hay hipérbole en esto. La primera guerra fue devastadora; la segunda puede volver a serlo. Pero no estamos en un estado de indefensión. Podemos y debemos contribuir a evitarla.

En abril de 1846, EE UU declaró unilateralmente la guerra contra México. El pretexto fue una supuesta violación del territorio por parte de tropas mexicanas en la frontera del río Nueces. En el Congreso, el senador Abraham Lincoln exigió al presidente James K. Polk (esclavista, racista, supremacista, populista) que precisara el lugar exacto (the particular spot) en el que había ocurrido el incidente. Su intervención le valió que los frenéticos partidarios de la guerra, henchidos por la doctrina del Destino Manifiesto que justificaba su expansión hasta la Patagonia, le aplicaran el despectivo mote deSpotty Lincoln. Al cabo de 10 meses de batallas encarnizadas (con bombardeos a la población civil, matanzas de mujeres, ancianos y niños), la bandera de las barras y las estrellas ondeó en el palacio Nacional en la ciudad de México. EE UU (cuya población entonces era de 20 millones) perdió 13.768 hombres, proporción mucho mayor que la que sucumbió en Vietnam. Del lado mexicano murieron quizá 50.000, cifra enorme en un país de ocho millones. Y México perdió más de la mitad del territorio (los actuales Estados de Arizona, Nuevo México y California). Según Ulysses S. Grant, que participó en los hechos y años más tarde sería el general triunfador de la Guerra Civil, aquella fue “la guerra más perversa jamás librada”.

Más que un recuerdo vivo, la guerra del 47 ha dormido silenciosamente en la memoria mítica de México. Está en los libros de texto, en algunos monumentos públicos y en el himno nacional que se canta todos los lunes en las escuelas. De pronto, a 170 años de distancia, el pasado vuelve como pesadilla. De ocurrir, es obvio que la nueva guerra no será militar: será una guerra comercial, económica, social, étnica, ecológica, estratégica, diplomática y jurídica.

Comercial, por la amenaza creíble de que EE UU abandone el Tratado de Libre Comercio e imponga aranceles a nuestras exportaciones. Económica, por el secuestro anunciado de las remesas que son la principal fuente de divisas para México. Social, por las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados que recordarían episodios vergonzosos de confinamiento y persecución contra los japoneses residentes durante la II Guerra Mundial. Étnica, por el previsible encono que desataría esa política de deportación no solo en Estados Unidos (donde las tensiones raciales son cada día más graves) sino en México, donde viven pacíficamente más de un millón de norteamericanos. Ecológica, por la posible renuencia mexicana a cumplir con convenios en materia de agua en la frontera texana como respuesta a las agresiones estadounidenses. Estratégica, por la nueva disrupción de la vida en la frontera (ya de por sí frágil y violenta) y la cancelación potencial de los convenios de cooperación en materia de narcotráfico. Diplomática, por las inevitables consecuencias que la aplicación de la doctrina nativista y discriminatoria de Trump tendría en todos los niveles y órdenes de gobierno en los dos países, estatales y federales, ejecutivos y legislativos. Jurídica, por el alud de demandas que someterían a las cortes individuos, grupos y empresas mexicanas, públicas y privadas, para defender sus intereses.

De ganar Trump, ningún país (ni China o los países de la OTAN) corre más peligro que México. Y ninguno ha sido lastimado más por él verbalmente. Ha repetido que “mandamos a la peor gente”, a “criminales y violadores”. En su discurso de aceptación evocó la muerte de una persona a manos de un indocumentado para inferir, a partir de ese episodio aislado, el peligro que los mexicanos representan para los norteamericanos (el asesino, por cierto, era hondureño). Los medios serios de EE UU han refutado con estadísticas y hechos objetivos esta supuesta agresividad de nuestros paisanos. Ha habido muchos Lincoln que nos defiendan. Ahora nos toca a nosotros mismos defendernos.

EE UU librará una guerra comercial, financiera, social, étnica, ecológica, estratégica y diplomática

 
El Gobierno de Peña Nieto ha decidido adoptar una política de avestruz frente a Donald Trump. Se diría que la disposición explícita de “dialogar” indistintamente con quien resulte ganador honra la vieja tradición de no intervenir en los asuntos internos de otras naciones. O quizá se procede con cautela para no atizar más la animosidad del ahora candidato republicano contra nuestro país y nuestros compatriotas. Pero el presidente se equivoca.

Su actitud recuerda el famoso Appeasement de Chamberlain, que en Múnich en 1938 creyó apaciguar a Hitler y conseguir “la paz para nuestro tiempo”, cediendo territorios para ampliar su “espacio vital”. Lo que consiguió fue el desprecio de Hitler, que compró meses valiosísimos para desatar la II Guerra Mundial. De ganar Trump, ocurrirá algo similar. Y Peña Nieto habrá perdido la oportunidad de incidir en la elección. El electorado que apoya a un candidato fascista no modificará su voto porque el presidente de México hable en defensa de los mexicanos, pero al menos ese electorado sabrá que los mexicanos tenemos valentía y dignidad.

¿Dónde están los partidos políticos? Obsesionados con la carrera presidencial hacia 2018

 
La política es un teatro: un teatro que ocurre en la realidad. Frente a Trump, México necesita un golpe teatral, en el mejor sentido del término. Peña Nieto debe elegir el libreto, el escenario, el momento. Tal vez bastaría la lectura de un decálogo de refutaciones a las agresiones y mentiras de Trump, presentado en septiembre frente al muro que ya divide nuestros países en la frontera de Baja California.

Pero no solo debe reaccionar el Gobierno. A todo esto, ¿dónde están los partidos políticos? Viven absortos, obsesionados con la carrera presidencial hacia 2018. Pero, sobre todo, ¿dónde están las voces y liderazgos de la izquierda? ¿Es posible que ignoren el efecto devastador que tendría en millones de familias pobres el eventual embargo de las remesas que son su fuente primordial y a veces única de sustento? A juzgar por la indiferencia que (con pocas excepciones) han mostrado frente el ascenso de Trump, parecería que sus órganos de opinión albergan una secreta simpatía hacia el magnate fascista, no solo por su ataque a la globalización sino por su coqueteo con Putin. Hasta los imagino brindando por la putrefacción final del imperio americano.

Más allá del Gobierno y los partidos, ¿dónde está la sociedad civil? Hace tiempo que no se manifiesta en las calles. Quizá es una utopía, pero sería maravilloso verla en una marcha pacífica que —sin insultos ni histerias, sin mueras ni consignas agresivas— partiera del Ángel de la Independencia y culminara depositando una ofrenda en el monumento a Lincoln en el cercano parque de Polanco. Septiembre es el mes ideal, el “mes de la patria”. Sería el mejor homenaje a los caídos en aquella “guerra perversa”. La muestra de que México, a diferencia de un sector de EE UU, no ha perdido la civilidad, la razón y el corazón.

Enrique Krauze es escritor y director de la revista Letras Libres.

Nunca un candidato a la Casa Blanca causó tantos ni tan fundados temores

 
Destrozando los pronósticos de partida, que descartaban que un histrión con tentaciones autoritarias como Trump pudiera lograr la designación como candidato republicano, la Convención de este partido que concluyó anoche en Cleveland (Ohio) ha colocado en la carrera hacia la Casa Blanca a un candidato que representa un serio peligro, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.

No es el resentimiento del perdedor el que ha llevado a Ted Cruz —el senador ultraconservador que disputó la designación a Trump— a enfrentarse a unos enfervorecidos asistentes a la Convención negando su apoyo a Trump, sino el convencimiento, expresado públicamente, de que esa candidatura pone en peligro los principios que inspiran la Constitución de ese país.

Hay que lamentar que el Partido Republicano, en un gesto de incapacidad o cobardía que pasará a la historia, no haya sabido dar un paso al frente para tener, como reclamó Cruz, un candidato que deje a un lado la ira, que una a los republicanos bajo los valores que les son comunes y que garantice la defensa de los derechos y libertades que cimentan la democracia estadounidense. Sin duda que EE UU, como todas las sociedades democráticas y avanzadas, tiene múltiples problemas. Como se ha señalado una y otra vez, la crisis de representación política, que Trump tan bien ejemplifica, se alimenta de un malestar social que tiene su origen en las incertidumbres generadas por los profundos cambios económicos. Trump ha logrado esta designación buceando en esas ansiedades con la ayuda del racismo más descarnado y el populismo más simplista.

Preocupan, y mucho, las consecuencias internacionales de una eventual victoria de Trump (¿quién se atreve a descartarla por completo después del resultado del referéndum británico?). A su conocida exigencia de construir un muro con México y facturar el coste a su Gobierno y a su inconcebible propuesta de prohibir la entrada en el país a los musulmanes se ha añadido ahora el abierto cuestionamiento de la garantía de seguridad que cimenta la Alianza Atlántica.

En una nueva muestra de irresponsabilidad —leída sin duda con sumo interés en Moscú y Pekín, que mantienen una elevada presión sobre aliados clave de Estados Unidos en el Este de Europa y en el mar de la China Meridional—, Trump se desentiende del cumplimiento de la cláusula de asistencia mutua, establecida en el artículo 5 del Tratado de la Alianza, que obliga a todos sus miembros a considerar un ataque contra uno de ellos como un ataque contra todos ellos. Y todo precisamente en un momento en el que la Alianza acaba de reforzar su flanco oriental y mandar un claro mensaje a Moscú sobre la integridad de sus miembros, y cuando China sopesa su respuesta al negativo arbitraje de la Haya.

Queda en la conciencia de los votantes republicanos, divididos como nunca y abandonados por su partido, decidir si Trump debe ser el presidente de EE UU que ellos y el mundo se merecen. Un mal comienzo para un desenlace que ojalá no se produzca. Por el bien de todos.

Editorial El País