El Gobierno pierde apoyos entre sus bases y no controla a los grupos armados chavistas

Resulta revelador del grado de descomposición al que está llegando Venezuela que el pasado martes el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, fuera agredido con una andanada de huevos durante la celebración de un acto patriótico en una localidad de signo indiscutiblemente chavista. Al Gobierno se le están yendo las cosas de las manos, y un síntoma inquietante de la anarquía que azota al país es que sean ya cinco los fallecidos desde que la oposición empezó a movilizarse tras el fallido golpe de Estado en el que el Tribunal Supremo pretendió hace más de dos semanas asumir las competencias de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, hasta que no tuvo más remedio que recular. La violencia es cada vez mayor en las calles y al desorden contribuyen decididamente los llamados colectivos,grupos de choque afines al chavismo, a los que se ha acusado de ser responsables de algunas de las recientes muertes.

En su afán por enrocarse en el poder, y en no propiciar una salida al país a través de la convocatoria de elecciones y la liberación de todos los presos políticos, Maduro empieza a estar fuera de la realidad. No se trata solo de que sus bases empiecen a cuestionarlo y de que el Gobierno pierda el control sobre los grupos armados del oficialismo, es que además no deja de provocar a la oposición: hace poco facilitó la inhabilitación de Henrique Capriles, excandidato presidencial y gobernador del Estado de Miranda, para ejercer cargos públicos durante 15 años. Otro signo ostensible del deterioro general ha sido el intento de agresión que sufrió el arzobispo de Caracas cuando criticó al Gobierno por amparar a “los grupos armados que actúan con presunta impunidad”.

Estos signos contribuyen a que la tensión crezca ante la gran marcha convocada el miércoles por la oposición. Del Gobierno de Maduro depende ahora garantizar que las cosas no se descontrolen.

Editorial de El País

En comercio como en seguridad, EE UU y China deben encauzar sus conflictos

La paz y la prosperidad de todos dependen, más que nunca, de la capacidad de EE UU y China para establecer un marco de diálogo en el que, si no resolver definitivamente, por lo menos encauzar y contener los múltiples frentes que ambas superpotencias mantienen abiertos a fecha de hoy. Desde el cambio climático a la estabilidad del sistema comercial y cambiario internacional, pasando por la paz y seguridad en la península norcoreana y el mar de la China meridional, todos los caminos pasan por un acuerdo entre Washington y Pekín.

La inquietud por el devenir de esta relación está plenamente justificada tanto por la continuada hostilidad de Trump hacia China durante la campaña electoral, solo alcanzada por sus alusiones a México, como por las primeras actuaciones del presidente de EE UU, tanto durante el periodo de transición —cuando no dudó en afrentar a China estableciendo comunicación con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen— como por la designación de un equipo gubernamental manifiestamente hostil a China en materia comercial y cambiaria.

Y aunque el caos que ha dominado los primeros meses de la Administración de Trump ha permitido que las tensiones se rebajaran, algo en lo que tuvo un papel fundamental la visita a Pekín del secretario de Estado, Rex Tillerson, a mediados de marzo los problemas siguen en la mesa, incluso agravados, como es el caso del complicado dossier norcoreano, en el que el tiempo y la paciencia de EE UU parecen estar agotándose. Por eso, aunque la reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, celebrada la pasada semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago (Florida) no haya arrojado resultados tangibles, al menos ha permitido un primer intercambio de impresiones entre los dos presidentes y establecer un cauce de comunicación desde el que comenzar a avanzar.

Pero como el propio Trump ha reconocido con inusual candor delante del mismo Xi en las palabras con las que abrió la cena que le ofreció en Florida (“no he obtenido absolutamente nada de él”, dijo), no solo está todo por hacer, sino incluso por evitar que las tensiones se desborden. Porque justo después de que los dos mandatarios concluyeran su primer encuentro se conocía que EE UU había ordenado al grupo de combate del portaaviones Carl Vinson poner rumbo hacia la península norcoreana. El objetivo directo es añadir presión sobre el régimen de Kim Jong-un, al que Trump ha amenazado con una acción militar unilateral si prosigue adelante con el desarrollo de su programa de misiles balísticos intercontinentales con los que podría alcanzar con armas nucleares el territorio estadounidense. Pero el verdadero mensaje va dirigido a Pekín, protector de Pyongyang.

Trump y Xi se han dado 100 días para encauzar su relación comercial. La misma urgencia debería concederse a la apertura de un diálogo sobre seguridad. Un mundo sin acuerdo entre EE UU y China en seguridad y comercio no solo es un mundo sin gobierno, sino que además se desliza peligrosamente hacia la anarquía y el conflicto. Urge estabilizar esa relación y sentar las bases de una cooperación basada en el realismo y el interés de todos.

Editorial de El País

Solidaridad con Reino Unido en una lucha que nos atañe a todos

Agentes británicos montan guardia tras el atentado frente al Parlamento en Londres. WILL OLIVER EFE

 
El atentado en el puente de Westminster, junto al edificio del Parlamento de Londres, es un claro recordatorio de que nadie está a salvo de los ataques terroristas indiscriminados y que, desde los Gobiernos a los ciudadanos, pasando por las fuerzas de seguridad, no se puede bajar la guardia ante un fenómeno que amenaza un modo de vida basado en la libertad individual y la democracia.

Recordemos que Londres ya fue golpeado salvajemente por el terrorismo en julio de 2005, cuando sufrió tres atentados simultáneos con bomba que se saldaron con 56 muertos y 700 heridos. Con toda seguridad, las medidas adoptadas desde entonces han evitado hechos similares. Sin embargo, como el atentado prueba, la voluntad de hacer daño del terrorismo no puede darse nunca por desactivada.

El modus operandi no es nuevo. Un atropellamiento indiscriminado de viandantes es algo que desgraciadamente ya se ha visto anteriormente en las calles de Niza, Berlín y Jerusalén. Como lo son los apuñalamientos, que también hemos visto en Londres y otros escenarios de la barbarie terrorista en los últimos años. El que un policía fuera apuñalado y otro tuviera que disparar al atacante para evitar una agresión inminente despeja las dudas sobre la naturaleza criminal del hecho y confirma el efecto mimético que atentados anteriores tienen sobre individuos dispuestos a intentar acabar con la normalidad que se vive en las calles de los países democráticos.

En este contexto resulta especialmente simbólico que la sesión del Parlamento británico, que se celebraba a escasos metros del lugar de la tragedia, tuviera que suspenderse y la policía ordenara a sus miembros permanecer en el interior.

Estamos ante una patente demostración de que en este mundo globalizado la insularidad y el aislamiento no ofrecen salvaguardias adicionales frente al terror. El Reino Unido se encuentra inmerso en un complejo y, en bastantes sentidos, traumático proceso de redefinición tanto de su identidad nacional como de sus alianzas internacionales. El shock del terrorismo debería servir para recordarnos a todos que por encima de nuestras diferencias en torno al Brexit, que son profundas y no fáciles de resolver, compartimos un único espacio de libertad, prosperidad y seguridad que tenemos la obligación de preservar, y hacerlo de forma colectiva, en beneficio de los ciudadanos. Londres representa como ninguna otra ciudad el paradigma de la convivencia, la apertura y la tolerancia. Nuestra solidaridad con los londinenses y con el pueblo británico.

Editorial de El País

Pablo Iglesias y su entorno tienen que respetar la libertad de información

La libertad de información forma parte de los principios básicos de las democracias cuando funcionan realmente como tales y no como autocracias disfrazadas. Es muy grave que se menosprecie ese criterio, protegido por la Constitución como uno de los derechos fundamentales de los españoles. Por eso, el aldabonazo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) a propósito de la decena de periodistas que han pedido amparo por sentirse “acosados y presionados” por Podemos, apoyado en testimonios y pruebas documentales, han llevado a la APM a exigir a este partido “que deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones”.

Varios portavoces de Podemos se han apresurado a decir que no se reconocen en esa denuncia, pero ha dejado huellas. Las presiones son ahora distintas a las que hacía el propio Pablo Iglesias cuando acusaba en público de mentir —y medrar así en sus medios— a periodistas que cubren la actividad de Podemos. Según la denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid, hay un bombardeo de mensajes que intentan descalificar o ridiculizar a periodistas, origen del amparo pedido por un grupo de afectados.

El problema de fondo es que Podemos, y muy concretamente su líder, considera a los medios de comunicación un poder no electo; y que la existencia de medios independientes no le parece, en realidad, el estado natural de las cosas. Iglesias, sin duda un comunicador nato, es en gran parte fruto de los medios, y no les criticaba cuando le abrían sus programas o sus páginas, sobre los que construyó su imagen pública. Ahora que Podemos se ha convertido en la tercera fuerza política de este país, lógicamente está sometida a un mayor escrutinio de los medios, que —¡faltaría más!— no esconden las dificultades por las que atraviesa este partido, sus luchas internas por el poder o las diferencias entre los proyectos políticos de sus distintas corrientes.

Los choques y las críticas entre políticos y medios de comunicación vienen de lejos. El problema es que Iglesias —como Trump en EE UU— los considera poderes fácticos que intentan influir y condicionar sin haber recibido el mandato de las urnas. Jamás se ha planteado que las líneas informativa y editorial de los medios de las democracias avanzadas, desde The Washington Post o The New York Times, hasta los europeos más serios, necesiten adquirir una legitimidad electoral que les da o les niega su audiencia cotidianamente, como un contrapoder de la sociedad civil. No entenderlo así es impropio del líder del tercer partido español y de su entorno.

Y si el futuro ambicionado por Podemos fuera que de la información debe ocuparse el poder público, no tiene más que echar un vistazo a lo que ocurre en RTVE a favor del PP, o en TV-3 del independentismo, para comprender la razón de rechazar con energía el dirigismo y la manipulación desde las cúpulas políticas, sean de partidos tradicionales o procedan de nuevas formaciones.

Editorial de El Paìs

Cada día que pasa, la sombra de Rusia oscurece más el mandato de Trump

Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos. NICHOLAS KAMM (AFP)

 
Las revelaciones sobre las conexiones entre el Gobierno ruso y el equipo de Trump se han convertido en un juego de muñecas rusas en el que, por inverosímil que parezca, siempre acaba por aparecer una nueva matrioska dentro de la anterior.

 
Después de la dimisión del general Michael Flynn, elegido por Trump para el puesto clave de Consejero de Seguridad Nacional, esta vez el escándalo de las conexiones rusas ha salpicado al senador Jeff Sessions, designado por Trump nada menos que para el puesto de fiscal general del Estado, equivalente al ministro de Justicia en nuestro sistema. Como se ha conocido ahora, el senador Sessions se reunió con el embajador ruso en EE UU a comienzos de septiembre, durante la recta final de la campaña electoral, en pleno escándalo sobre el ciberasalto ruso a los servidores del partido demócrata.

La gravedad de dicha reunión con el embajador Kislyak es doble. Por un lado, Jeff Sessions, que fue el primer senador republicano en endosar la candidatura de Trump, desempeñaba un puesto clave en su campaña —asesor de seguridad nacional—. No puede por tanto alegar ignorancia respecto a la extrema sensibilidad de una cita celebrada solamente tres días después de que el presidente Obama pidiera personalmente a Putin en la reunión del G-20 celebrada en China que cesaran los ataques de Rusia contra el Partido Demócrata así como las interferencias de Rusia en la campaña electoral estadounidense.

Pero Sessions no solo ha mostrado tener escaso criterio político y peor aún capacidad de gestionar temas relacionados con la seguridad nacional. De forma más grave aún, mintió al respecto en las dos ocasiones que fue preguntado, oralmente y por escrito, sobre sus contactos con Rusia durante su proceso de confirmación como fiscal general. Y volvió a mentir sobre la cuestión el 1 de marzo, una vez ya nombrado para el puesto, al negar haberse reunido durante la campaña con ningún funcionario ruso.

Que el fiscal general del Estado, máximo garante de la legalidad dentro del poder ejecutivo, inicie su mandato sobre una serie de mentiras resulta intolerable. Y que pretenda zanjarlo ofreciendo abstenerse de participar en las investigaciones en curso del FBI sobre la interferencia de Rusia en la campaña electoral es una burla inconcebible cuya única virtud es dejar claro hasta dónde Trump y su equipo están denigrando las instituciones de su país.

Detrás de la victoria de Trump sigue y seguirá pesando la enorme losa de la interferencia rusa. Está claro que desde el principio, Putin vio en Trump una oportunidad de zafarse de la presión que tanto los republicanos tradicionales como los demócratas venían ejerciendo sobre Rusia y su política exterior, lo que llevó a poner en marcha una operación de apoyo y acercamiento. Lo increíble es que los hombres de Trump cayeran tan fácilmente en su juego. Si se dejaron “ayudar” a ganar las elecciones llevados por su odio a los demócratas, mal. Si lo hicieron porque simpatizaban con la idea de hombres fuertes que hablan claro a la nación y quieren un mundo sin ataduras, peor aún. En cualquiera de los casos, la sombra Putin no va abandonar nunca a Trump.

El régimen chavista debe sufrir las consecuencias de su represión política

El expresidente del Gobierno Felipe González y el expresidente José María Aznar, durante el acto celebrado en Madrid por Leopoldo López SERGIO BARRRENECHEA EFE

 
Mañana se cumplirán tres años del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien ha permanecido todo este tiempo aislado en una prisión militar acusado injustamente de ser el responsable de la muerte de 43 personas fallecidas en 2014 durante la durísima represión de la Guardia Nacional Bolivariana sobre las protestas desencadenadas en todo el país contra el régimen de Nicolás Maduro.

No se debe olvidar que, aunque muy representativo —tanto por su relevancia política como por la farsa de juicio al que fue sometido por parte de las autoridades chavistas—, el nombre de López forma parte de una larga lista que va creciendo a medida que pasa el tiempo y que ya suma más de un centenar de otros presos de conciencia encarcelados por Maduro y sus colaboradores.

Tal y como recordaron ayer en Madrid numerosas personalidades internacionales entre las que destacaban los expresidentes del Gobierno español Felipe González y José María Aznar, la existencia de presos políticos hace completamente inviable cualquier atisbo de reconocimiento de legitimidad democrática del régimen venezolano. Un Gobierno que, lejos de mostrar una mínima voluntad de diálogo con la oposición —que venció de forma arrolladora en los últimos comicios legislativos— para tratar de desbloquear una situación que ha hundido a Venezuela en la miseria, ha aprovechado las esperanzas creadas al hilo del diálogo auspiciado por el Vaticano para seguir encarcelando opositores. Es decir, ha tratado de engañar a la oposición y a la comunidad internacional en la creencia de que puede actuar con total impunidad violando los derechos humanos de sus ciudadanos.

Por eso resulta particularmente pertinente la propuesta realizada ayer desde Madrid a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que inicie el proceso de suspensión de Venezuela como miembro de pleno derecho de la institución. En su carta fundacional la OEA establece que sus objetivos son fomentar la paz, la justicia y la solidaridad, tres características de las que se encuentra completamente alejado el régimen chavista, caracterizado por un injustificado lenguaje belicista, una concepción de las relaciones bilaterales en términos de confrontación y una falta de respeto constante a las reglas del juego democrático. No se trata de perjudicar al pueblo venezolano —que ya sufre demasiado en seguridad, bienestar y libertad por culpa de la desastrosa gestión de Maduro— sino de mostrar claramente a su Gobierno que la comunidad internacional no le va a dejar las manos libres para que aumente sin restricción la represión política.

En este sentido apunta también la acusación lanzada por el Departamento del Tesoro de EE UU contra el recientemente nombrado vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, sobre su implicación en el tráfico de drogas a gran escala desde puertos y aeropuertos del país. El que Maduro haya ordenado cortar la señal en Venezuela de la emisora CNN tras emitir la noticia ahonda en la gravedad de los hechos denunciados. El margen de maniobra de Maduro cada vez es menor. De él depende que se agote por completo.

Editorial de El Paìs

El ofrecimiento de interlocución a Trump daña la imagen de España

La toma de posición de Mariano Rajoy en su conversación telefónica con Donald Trump, ofreciendo a España como interlocutora de la nueva Administración estadounidense en Europa y América Latina, no solo constituye un grave error sino un desaire hacia nuestros socios en la Unión Europea y los países de Latinoamérica.

No parece muy prudente asumir —y menos mediante una charla de unos pocos minutos al teléfono y con intérpretes de por medio— una posición tan relevante de política exterior sin previa discusión en el marco político español y europeo.

Rajoy parece haber olvidado que España es miembro de pleno derecho de la Unión Europea y no un lejano país que se puede permitir observar con distante curiosidad las amenazas y medidas perjudiciales hacia la UE del nuevo presidente de EE UU, como si estas no le afectaran. Por ende, la UE dispone de instituciones, personas y procedimientos específicamente encargados de elaborar y coordinar una política exterior y de seguridad común que ahora se prueba más necesaria que nunca y que Rajoy debería contribuir a reforzar y no a debilitar.

De igual modo, Latinoamérica es un área de interés estratégico vital tanto en términos políticos como económicos para España, que es el primer o segundo inversor extranjero en casi todos los países de Latinoamérica y que, por tanto, puede verse seriamente afectada por la agresiva política de Trump hacia México.

Como hemos reiterado, Rajoy debería haber optado por seguir la senda de otros mandatarios europeos como la conservadora Angela Merkel o el socialista François Hollande —por citar ejemplos de ambas orillas ideológicas— que no han dudado en expresar con claridad y firmeza al presidente estadounidense los principios democráticos, de solidaridad y de apertura al mundo sobre los que se basa el proyecto europeo.

Es extraño que Rajoy, muy reacio a liderar cualquier tipo de iniciativa y a correr riesgo alguno, se haya arrogado una interlocución que ninguna de las tres partes (América Latina, Europa o Washington) parece haberle solicitado. Una iniciativa de tal calado, si se tomara en serio, requeriría una sustancial inversión de tiempo y medios diplomáticos. Además, sus posibilidades de éxito serían escasas, pues España, aunque tenga influencia a ambos lados del Atlántico, carece del peso propio para llevar a ninguna de estas partes, especialmente a Washington, a una mesa de negociación.

Suponiendo la mejor de las voluntades y la intención más sincera, dudamos mucho de que tal iniciativa fuera viable. Pero más grave sería que, como parece, estuviéramos ante una oferta frívola y no suficientemente meditada, fruto de un deseo de congraciarse fácilmente y sin coste alguno con el presidente Trump.

Lo que debe preocupar, y mucho, al gobierno, es que sus socios y amigos europeos y latinoamericanos perciban esta oferta no como lo que podría o debería constituir, sino como lo que tiene visos de ser: un intento de quedar bien con todo el mundo que al final, por burdo y evidente, en lugar de mejorar la reputación de España, contribuya a dañarla.

Editorial El País

La arbitrariedad de Trump desencadena una oposición frontal

La confusión y las protestas que ha originado la orden de Donald Trump de vetar temporalmente la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de siete países de Oriente Medio y de refugiados sirios no solo ponen en evidencia un estilo de gobierno inmaduro e irreflexivo sino que, como ha señalado alarmado el presidente Obama y ha secundado el resto del mundo, muestran hasta qué punto la presidencia de Trump está poniendo en juego desde el primer minuto los valores más esenciales en los que se sustenta la democracia estadounidense.

 
Trump, fiel a su estilo populista, firmó sin detenerse a pensar en sus consecuencias —o peor aún, con plena consciencia de ellas— una orden ejecutiva que no solo despreciaba y ofendía a millones de personas al considerarlas peligrosas y sospechosas de terrorismo simplemente en función de su origen sino que, como se está demostrando, supone una grave violación de los derechos constitucionales de muchas personas legalmente establecidas en EE UU.

Las protestas desarrolladas tanto en los aeropuertos del país como en numerosos sectores de la población estadounidense subrayan que Trump va a encontrarse con una respuesta feroz por parte de una sociedad que considera sagrados sus derechos y libertades y, sobre todo, su identidad como una nación de inmigrantes. Designar como sospechosos a grupos enteros de personas, en función de su etnia, religión u origen, es desde luego incompatible con los valores americanos, como por fortuna lo está entendiendo todo el mundo, dentro y fuera de EE UU.

El agresivo lenguaje del presidente, su obsesión constante contra la prensa y su obcecación en no dar marcha atrás en situaciones de puro sentido común —o hacerlo únicamente obligado por la justicia— están abriendo un profundo conflicto social de consecuencias imprevisibles.

Es muy significativo que esta disparatada medida haya provocado además reacciones a todos los niveles, en el ámbito nacional y en el internacional. Las palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, han sido particularmente acertadas al advertir de que la lucha contra el terrorismo no puede justificar la sospecha generalizada contra las personas de un determinado origen geográfico o religión.

Como es especialmente simbólico el rechazo que está habiendo entre responsables de grandes empresas estadounidenses —y de Wall Street—, con alguno de ellos asistiendo en persona a las manifestaciones de los aeropuertos, con otros anunciando la contratación de miles de refugiados y, también, entre significados miembros del Partido Republicano.

Trump —cuya fortuna personal se fundamenta en el sector inmobiliario y los casinos— se autoproclama un campeón de la economía y la creación de empleo, pero con esta medida irreflexiva ha puesto en su contra a compañías que facturan miles de millones de dólares y generan decenas de miles de empleos, en Estados Unidos y en todo el mundo. Hacer América más grande y más segura es todo lo contrario a cerrar sus fronteras y humillar a millones de personas.

Editorial de El País

El presidente de EEUU puede convertirse en una amenaza a la libertad de expresión

 
Durante la campaña electoral, Donald Trump tuvo una relación de enorme tensión y abierta hostilidad hacia los medios de comunicación. Ya instalado en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos parece estar decidido a recrudecer su pulso con los periodistas, a quienes considera “los seres humanos más deshonestos de la Tierra”. Les ha acusado de falsear los datos y mentir solo por haber expuesto que la asistencia de público a su toma de posesión fue inferior a la registrada durante la inauguración del mandato de Barack Obama. Sus diatribas son insólitas, intolerables e impropias de un mandatario.

 
No hace falta más que ver las imágenes aéreas difundidas por los principales rotativos y televisiones norteamericanos para comprobar que Obama estuvo arropado por mucha más gente que Trump. Que el equipo del presidente de la nación más poderosa del mundo rebata datos de una obviedad aplastante afirmando que son “hechos alternativos” es un insulto a la inteligencia.

 
Siendo extremadamente graves las descalificaciones a la prensa, lo más aterrador es que ni Trump ni sus asesores parecen haber entendido que son los periodistas quienes tienen que someter a escrutinio al poder y no al revés. Cuestionar la credibilidad de los medios, burlarse de ellos, calificarlos de “escoria” y acusarlos de actuar por intereses políticos formó parte de una estrategia de campaña. Lo verdaderamente peligroso es que su Administración considere que los periodistas son un obstáculo para gobernar y deslegitime su labor. Si el presidente estadounidense sigue por ese camino, tiene todas las bazas para convertirse en una seria amenaza para la libertad de expresión y la democracia.

Editorial de El País

Cumpliendo las peores previsiones, las primeras palabras de Donald Trump como presidente de Estados Unidos han estado impregnadas de populismo, nacionalismo y agresividad. Si un discurso inaugural sirve para avanzar cómo pueden ser los próximos cuatro años, del de Trump se desprende que el mundo debe prepararse para atravesar tiempos difíciles llenos de turbulencias y actitudes tan hostiles como imprevisibles.

 
Siguiendo el guion básico del discurso populista, Trump ha subrayado repetidamente la división entre la gente y quienes considera sus enemigos, ya sean estos la clase política de Washington, la economía internacional o las naciones amigas en cuya defensa EE UU ha colaborado. Una vez más se ha prodigado en sus ataques al establishment de Washington y apelado a la solidaridad entre los ciudadanos más patriotas y humildes, obviando el hecho de que su trayectoria empresarial y declaraciones de impuestos revelarían, si accediera a publicarlas, cuán cínicas y falsas son sus promesas.

 
Resulta revelador del narcisismo de Trump que en su intervención no haya citado absolutamente a nadie relevante en la historia del país al que tanto ama. No ha encontrado a ningún presidente, pensador, político o filósofo del que tomar prestada una cita o una idea. Del principio al fin ha sido solo Trump. Y ha dibujado un país devastado y empobrecido que se contradice en la realidad con el legado de su predecesor, Barack Obama, a quien sí que le tocó asumir la presidencia en medio de la crisis económica más grave desde los tiempos de la Gran Depresión y ayer se despidió de su cargo con 12 millones de puestos de trabajo creados.

Igualmente distorsionada resulta la visión del mundo que ayer ofreció el nuevo presidente. Una comunidad internacional hostil que empobrece a los estadounidenses y a la que acusó de arrancar la riqueza de los hogares de la clase media para repartirla por el mundo. En medio de la nebulosa de amenazas no podía faltar la bravuconada habitual contra el terrorismo islámico, que prometió erradicar militarmente, en solitario y sin ayuda de nadie. En definitiva, una abdicación completa por parte de EE UU de su trayectoria y responsabilidades para pasarse al aislacionismo, unilateralismo y proteccionismo.

Tras protagonizar una de las transiciones más tumultuosas que se recuerdan, el ya presidente de EE UU demostró ayer no estar a la altura de la magistratura que aceptó desempeñar ni de la Constitución que prometió defender. Su discurso fue, otra vez, de campaña electoral, lleno de frases fáciles y vacías, clichés y tópicos que en lugar de disipar los peores temores, los confirman.

Ya sabemos que Trump es incapaz de hablar como un presidente. Y dudamos de que vaya a actuar como tal. Toca ahora, dentro y fuera de EE UU, estar vigilante. Igual que Obama anunció en su despedida que intervendría si Trump se extralimitaba y dañaba derechos o libertades básicos de los estadounidenses, los demás países también deberán fijar con toda claridad cuáles son las líneas rojas que no piensan dejar sobrepasar a Trump.

Editorial de El País