Masivo respaldo popular a la oposición contra la Constituyente del mandatario

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se dirige a los venezolanos tras la victoria en el referéndum. MARCO BELLO (REUTERS) VIDEO: EPV

Los venezolanos demostraron de forma masiva el domingo al presidente Nicolás Maduro que es imposible solucionar el desastre económico e institucional que vive el país si no es mediante una solución dialogada que pase por el respeto a la legalidad. Que más de 7,5 millones de personas vencieran el miedo a la violencia y volvieran a convertir las calles en una manifestación contra el régimen es una señal clara del momento que se atraviesa. La oposición anunció ayer la próxima creación de un Gobierno paralelo de Unidad nacional y ha convocado una huelga general para el jueves.

Desgraciadamente hay que contabilizar otras dos víctimas mortales que cayeron cerca de un centro de votación por disparos de escuadrones paramilitares. Estos operan habitualmente en el entorno del chavismo. Las dos personas fallecidas acercan a 100 el número de muertos desde que comenzaran las protestas diarias contra Maduro por su decisión de convocar unilateralmente para el día 30 unas seudoelecciones a una Asamblea Constituyente que, dado el sistema de candidaturas y de designación, será completamente dócil al gobernante chavista.

La cifra de votos contrarios a esta convocatoria —cuya legitimidad era objeto del referéndum— es similar a la obtenida por la oposición en las legislativas de diciembre de 2015. Esto quiere decir que sigue contando con un respaldo en la calle parecido —si no mayor, dada la precariedad de medios en la consulta del domingo— a cuando infligió la mayor derrota que ha sufrido el régimen en las urnas. La oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional y se dispuso a aplicar escrupulosamente la ley —la misma impulsada por Hugo Chávez— para hacer de Venezuela un país gobernable. Durante todo este tiempo, la respuesta de Maduro ha sido ilegal y antidemocrática. Ha ignorado las resoluciones legítimas de la Cámara en la que reside la soberanía nacional. Ha acosado a sus parlamentarios. Ha utilizado ilegalmente otros poderes del Estado, como el judicial, para despojar de sus competencias a la Asamblea. Ha permitido que esta sea asaltada por elementos afines a su régimen y que sus diputados fueran desalojados a golpes. Y ahora pretende crear una Cámara paralela.

Algunos importantes países del continente americano, como EE UU, Canadá y México, ya han reconocido la legitimidad de la votación del domingo. España, que ha jugado un papel muy importante en la excarcelación —aunque sigue bajo arresto domiciliario— del preso político opositor Leopoldo López, debería también pronunciarse al respecto.

Además, y por coherencia, por amistad hacia el pueblo venezolano y por compromiso con los valores democráticos, el Ejecutivo español debería exigir a Maduro la suspensión de la votación convocada para el próximo día 30. Se trata de un montaje que en nada va a ayudar a mejorar la dramática crisis de Venezuela y que solo servirá para enquistar la insostenible situación. Hay que hacer saber a Maduro que, si sigue adelante, su régimen sufrirá sanciones internacionales. No debe ser el pueblo venezolano el único que pague los platos rotos.

Editorial de El País

La liberación de López no debe ser una excusa para bloquear el cambio político

El Gobierno de Nicolás Maduro ha liberado a Leopoldo López. El dirigente del partido Voluntad Popular (VP), y exalcalde del municipio caraqueño de Cachao, fue detenido durante las movilizaciones de 2014 y declarado culpable de instigación a la violencia por los 43 muertos con los que se saldaron aquellas protestas. Lo condenaron, en un proceso fraudulento y sin garantías, a pasar más de 13 años en la cárcel en unas condiciones de aislamiento tan lamentables como crueles. Desde la madrugada del sábado está de nuevo con los suyos gracias a la medida “casa por cárcel” que las autoridades conceden por motivos de salud. El país entero ha podido respirar por un momento tras meses de intensa conflictividad.

Todavía no se sabe el alcance que pueda tener la iniciativa tomada por el Gobierno y, por lo que se sabe, sin ninguna contrapartida por parte del joven político opositor y preso de conciencia. Lo que sí deja traslucir el gesto de Maduro es que el régimen necesita abrir una válvula de escape para reducir la tensión que se ha venido acumulando tras tres meses de protestas en las que han muerto 89 personas.

Reconducir la difícil situación en la que el régimen se ha precipitado, tras empeñarse en una suicida huida hacia adelante que no conduce a parte alguna, no va a resultar nada fácil. La liberación de López podría no ser nada más que una añagaza para desviar el foco de atención. Son muchas las organizaciones internacionales y personalidades de relieve que llevan pidiendo hace tiempo que salga de la cárcel. El llamativo gesto de liberar a López podría permitir a Maduro conseguir esa tregua que necesita para seguir adelante con su proyecto de convocar una Asamblea Constituyente. La violencia de los últimos meses, el acoso a la Asamblea Nacional —con el bochornoso asalto a la Cámara que realizó hace unos días un grupo chavista—, la voluntad de obstaculizar y denigrar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por su actitud crítica y las presiones internacionales han debilitado de forma notable e irreversible los apoyos internos con los que cuenta el régimen.

El regreso de López a casa no debe servir al Gobierno para ganar tiempo y culminar sus planes de disolver de facto el único reducto que le queda a la oposición, la Asamblea Nacional, y sustituirla por una Cámara afín ideológicamente. La última iniciativa de Maduro ha sido la de embarcarse en una gira para que los colegios electorales se llenen cuando los venezolanos elijan el próximo 30 la Asamblea Constituyente. Quedan pocos días: de ahí el golpe de efecto de la liberación de López.

El régimen bolivariano ha perdido el aura revolucionaria que un día quiso imprimirle su fundador, Hugo Chávez. Ni siquiera los más entusiastas se atreven ya a alzar la voz para defender a Maduro, que solo se sostiene en el poder gracias a una feroz represión y hostigamiento de la oposición. En vez de enrocarse en el poder, le toca dar un golpe brusco al timón: si así fuera, la liberación de López sería un primer paso. Debería seguirle la liberación del resto de los presos políticos, la suspensión del proceso constituyente y el inicio de negociaciones con la oposición para abrir un proceso de profundo y auténtico cambio político que restaure la democracia en el país.

Editorial de El País de España

Venezuela ha entrado en el mes que decidirá su futuro político e institucional

El diputado opositor Américo De Grazia es trasladado después de haber sido herido. FERNANDO LLANOAP
Venezuela ha entrado en el mes que decidirá su futuro político e institucional sumida en una espiral de violencia política que cada día suma episodios de mayor gravedad.

A la tragedia del goteo casi diario de víctimas mortales en las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro —que el próximo lunes cumplirán 100 días ininterrumpidos— y que ya alcanzan la cifra de 90, se suma el asalto ayer a la Asamblea Nacional venezolana tanto de simpatizantes del chavismo como del propio Ejecutivo venezolano.

Resulta alarmante la irrupción en la Asamblea Nacional, sin previo aviso, del vicepresidente, Tareck El Aissami —incluido en una lista de sanciones de EE UU por sus presuntos vínculos con el narcotráfico—, para realizar un acto político con motivo del día de la independencia venezolana. Peor es lo que sucedió después con la agresión por parte de militantes chavistas tanto a simpatizantes de la oposición presentes en el edificio y sus inmediaciones como a algunos parlamentarios.

Se trata de la enésima violación de la legalidad por parte de un régimen que ha centrado en las pseudoelecciones constituyentes del próximo día 30 sus esfuerzos para construir un Estado paralelo en el que no tendrá ninguna cortapisa para ejercer su poder autoritario. Por mucho que Maduro insista en que Venezuela está viviendo una epopeya lo que en realidad está sucediendo es un atroz intento de liquidar la democracia en uno de los principales países del continente americano.

La oposición ha convocado para el próximo día 16 un plebiscito contra la Asamblea Constituyente. Esta iniciativa constituirá una piedra de toque en la evolución de la crisis venezolana que cada vez parece más fuera de control. Lo que suceda en torno a la votación y la reacción del régimen medirá las fuerzas tanto de la oposición democrática como de Maduro y sus seguidores

Editorial de El País de España

Maduro no cede en su afán de conservar el poder pese al deterioro de la situación

Un manifestante, durante una movilización en Caracas el pasado día 23. FEDERICO PARRA (AFP)

El asesinato de un joven durante una protesta contra Nicolás Maduro cuyas imágenes han sido ampliamente difundidas muestra sin paños calientes cuál es la actitud del régimen venezolano ante la crisis institucional que atraviesa el país. Mientras un agente de la Guardia Nacional Bolivariana disparaba prácticamente a bocajarro contra David Valenilla, de 22 años, causándole la muerte, el mandatario aseguraba cínicamente a la prensa internacional que su policía apenas utiliza contra los manifestantes “agua y gasecito lacrimógeno” porque las armas mortales “están prohibidas”. La cifra de muertos desde que se iniciaron las protestas se eleva ya al menos a 76 y aumenta prácticamente a diario.

Lamentablemente, Maduro parece cómodamente instalado en esta especie de guerra de baja intensidad contra los manifestantes a la espera de que la población se amedrente, o se canse, de una protesta que no le ha hecho variar un milímetro de sus planes para aferrarse al poder. Por ello, sigue adelante con su convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente para el próximo 30 de julio, comicios desprestigiados en el interior y en el exterior de Venezuela por cuanto suponen un burdo truco para no acatar la legalidad vigente.

Resulta absolutamente desgraciado e inaceptable que un país como Venezuela se esté convirtiendo en un paria internacional. El que la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya sacado adelante una condena al régimen de Maduro no debe llevar a engaño. Basta con comparar la lista de países que han votado en contra o se han abstenido —entre ellos San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas o Granada— con la de quienes pedían una condena —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile…— para demostrar la soledad de un Nicolás Maduro empeñado en una sangrienta carrera hacia ninguna parte.

Editorial de El Paìs

La UE y el mundo deben unirse para aislar a EE UU y obligarle a rectificar su decisión de abandonar el acuerdo de París sobre el cambio climático

Fiel a su política de ensimismamiento, Donald Trump ha decidido que Estados Unidos se desentienda del futuro del planeta. El abandono del Acuerdo de Paríscontra el cambio climático es una decisión irresponsable, contraria a la evidencia científica, cuyas consecuencias se harán sentir en todo el mundo, pero muy especialmente en el propio EE UU. El país que históricamente más ha contribuido al calentamiento global y que ahora mismo sigue siendo el segundo emisor de gases de efecto invernadero no puede aislarse del consenso planetario sin pagar por ello un alto precio. Trump ha de entender que si EE UU ignora los problemas del mundo, el mundo lo aislará.

Los demás países deben seguir adelante con las medidas acordadas. La retirada de EE UU afecta directa y gravemente a intereses clave de los europeos. Por eso la Unión Europea ha de asumir, con el concurso de China y cuantos más países quieran sumarse, el liderazgo del Acuerdo de París y redoblar los esfuerzos por sacar adelante la agenda prevista. El cambio climático es ya una amenaza para la seguridad de todos. La evidencia científica no deja lugar a dudas. Los efectos del calentamiento global están teniendo enormes costes y se incrementarán en los próximos años con desarreglos climáticos graves y migraciones masivas. Podemos y debemos evitarlo. La lucha contra el cambio climático se ha convertido además en una oportunidad económica y de cambio tecnológico. Con su decisión, Estados Unidos se apea de una revolución que ya es irreversible y que tiene como objetivo cambiar por completo el modelo productivo.

Ahora, lo prioritario es trabajar para que EE UU rectifique lo más pronto posible. Demostrarle a Trump que está solo y que lo único que logrará con decisiones como esta es debilitarle como potencia geoestratégica y erosionar su economía. Y hacerle ver que ni siquiera dispone del consenso necesario en su propio país. En estos momentos, 29 estados norteamericanos tienen aprobadas políticas de reducción de emisiones y apoyo a las energías renovables, entre ellos California, que por sí sola sería la sexta economía mundial. Muchos de ellos ya han anunciado que no las van a cambiar.

Importantes sectores empresariales se han sumado también a las voces que claman contra este gravísimo error. Cada vez hay más empresarios que expresan su preocupación por los efectos que para sus negocios puede tener la falta de preparación, los prejuicios y la bravuconería de una presidencia errática que ignora todas las llamadas a la sensatez. Grandes empresas de la nueva economía como Facebook, Google, Apple, Microsoft, pero también de sectores tradicionales como Pepsi, Disney, Walmart o General Motors, y hasta algunos gigantes energéticos como Exxon, General Electric o Chevron, han manifestado su oposición a la descabellada política ambiental de Trump.

Desde Europa hemos de apoyar cuantas iniciativas internas contribuyan a la rectificación. La diplomacia europea debe hacer notar a Trump que su decisión deteriora las gravemente las relaciones transatlánticas y que eso va a tener consecuencias en todos los órdenes. Vivimos en un mundo globalizado en el que todos somos corresponsables de lo que nos ocurre. No podemos separar las cuestiones comerciales o económicas de las climáticas. Y todas tienen repercusiones sobre la seguridad colectiva. Es sintomático que Trump no se haya atrevido esta vez a justificar la retirada en base a las tesis negacionistas, que no reconocen la evidencia científica del cambio climático. Se ha limitado a decir que es un acuerdo lesivo y perjudicial para los intereses económicos de EE UU. Su pretensión de negociar un nuevo acuerdo más favorable es del todo inaceptable. Ni Europa ni el resto de países deben prestarse a una renegociación del Acuerdo de París. A diferencia de lo que ocurrió en 2001, cuando el presidente Bush decidió retirarse del protocolo de Kioto, el mundo ha tomado conciencia de que estamos en una emergencia planetaria. Solo dos países –Nicaragua y Siria- habían quedado fuera del consenso de París. Los norteamericanos deben entender que ya no estamos a tiempo de volver atrás. No podemos permitirnos ni dudas ni demoras. No es el mundo el que debe cambiar su agenda a conveniencia de EE UU. Es EE UU el que debe rectificar. Y con urgencia.

Editorial de El País

Las elecciones dirigidas que plantea Maduro no son la solución para Venezuela

Nicolás Maduro sigue avanzando en su huida hacia ninguna parte. En lugar de convocar elecciones presidenciales bajo supervisión internacional, insiste en violar la Constitución, asfixiar a la oposición y disolver la única institución con legitimidad democrática que queda en el país, la Asamblea Nacional.

 
La aprobación el martes de una convocatoria para elegir a 540 representantes encargados de elaborar una nueva Constitución es otro capítulo más en la charada representada por el chavismo con tal de no aceptar las reglas del juego democrático y permitir el —merecido y ya demorado por demasiado tiempo— retorno de Venezuela al grupo de naciones que viven en libertad. La medida del mandatario no resiste el menor análisis legal. Maduro se propone instaurar un parlamento paralelo ignorando completamente la legitimidad y soberanía de la Asamblea Nacional. Dicha institución sería elegida con un manipulado sistema, tanto de elección como de designación de candidatos, que en la práctica supondrá la desaparición de la oposición.

Pero ni siquiera en el teatrillo representado por Maduro y la presidenta de Consejo Nacional Electoral —un órgano títere controlado por el chavismo— durante la aprobación de la convocatoria, el mandatario logró ocultar la naturaleza dictatorial de su régimen: “O Constituyente o violencia; o balas o votos” fue el resumen que el propio Maduro hizo de su estrategia actual. Es decir, según sus propias palabras, la alternativa a su proyecto manifiestamente inconstitucional, arbitrario y golpista no es el permitir que el pueblo venezolano elija libremente a su Gobierno, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento de la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional, sino ahogar a los venezolanos en una represión feroz y en un desabastecimiento sin límites. Incluso para aquellos que todavía sostienen a Maduro, su intento de acabar con la Asamblea debería ser una línea roja inaceptable.

Editorial de El País

La espiral de violencia convierte a América Latina en una de las regiones del mundo más peligrosas para los periodistas

Un grupo de periodistas expresan su repulsa en México por el asesinato Javier Valdez. HENRY ROMEROREUTERS

 
Ejercer el periodismo allí donde la libertad de expresión está secuestrada por la violencia, el narcotráfico o el crimen organizado es un acto heroico. En América Latina, este periodismo se paga con la vida. El año pasado fueron asesinados 31 informadores, según los registros de Reporteros sin Fronteras, 13 de ellos en México. Este país lleva camino de marcar un nuevo récord: en lo que va de año son ya seis los profesionales abatidos.

Javier Valdez ha sido el último. Valdez murió esta semana acribillado a balazos mientras conducía su coche en el Estado de Sinaloa tras una vida dedicada a denunciar de manera infatigable la corrupción y la impunidad con la que actúan los carteles de la droga en México, país que ocupa el puesto 147 (de 180) en la clasificación mundial de libertad de prensa.

La presión a la que se ven sometidos los periodistas en América Latina, una de las regiones del mundo más peligrosas para los informadores, es intolerable. Sea en Guatemala, Brasil u Honduras, los carteles y las maras imponen un clima de terror para doblegar a los periodistas mediante el acoso, la amenaza o el secuestro. A menudo, esta espiral de hostigamiento termina en desapariciones forzadas o en el asesinato a sangre fría y a plena luz del día, como el caso de Valdez. Lamentablemente, gran parte de estos atroces actos de violencia quedan en la impunidad, fruto de la frecuente connivencia entre las autoridades policiales y judiciales, por un lado, y los grupos de sicarios y paramilitares, por otro.

Los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes, detener y juzgar a sus autores y otorgar una reparación adecuada a las víctimas. La protección de los periodistas debe ser una prioridad si se quiere salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y evitar que los informadores caigan en la autocensura o se vean obligados al exilio.

Editorial de El País

En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidenteNicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.

Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de las últimas décadas. Usando su habitual lenguaje incendiario, el mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus planes es la confrontación. Su apelación —criticada incluso desde el chavismo— a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en el que participarían 500 “representantes de la comunidad” que nadie sabe cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.

La soberanía popular de Venezuela está representada de forma legítima por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en diciembre de 2015 y en la que la oposición tiene una mayoría incontestable. Maduro ha tratado por todos los medios —legales e ilegales— de privarla de su derecho y obligación de legislar. Su mandato no puede ser anulado con el pretexto de convocar un proceso constituyente. Y la Constitución venezolana —impulsada por el propio Hugo Chávez— no puede ser anulada por la mera voluntad de un gobernante acorralado, incapaz de lidiar con la crisis económica y sin ningún diálogo con la oposición.

Durante más de un año, Maduro ha dejado escapar oportunidades que no solo hubieran supuesto una buena solución para Venezuela, sino que incluso le hubieran permitido salir airoso de la situación. Ha despreciado los llamamientos, intermediaciones y buenos oficios de personalidades, organizaciones y Estados que se han ofrecido a colaborar en la consecución de un acuerdo con esa mayoría de venezolanos a los que él pretende dejar al margen de la ley. Incluso ha despreciado e ignorado la tremenda penuria de su pueblo mediante el recurso a inconsistentes promesas imposibles de cumplir.

Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y, por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos. Tanto la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por ese camino. Y España, como puente y representante de los valores democráticos que hermanan a ambos continentes, debería implicarse a fondo en la supervivencia de la democracia en Venezuela.

 
Editorial de El País, España

Improvisación, imprevisibilidad e incertidumbre marcan su gestión

Donald Trump, saluda a sus seguidores desde el Air Force One en Atlanta. JIM WATSON AFP
Los primeros cien días de la presidencia de Donald Trump se han caracterizado por tres características preocupantes que, si no cambian las cosas, pueden marcar el resto de su permanencia en la Casa Blanca: improvisación, imprevisibilidad, e incertidumbre.

Trump ha visto como tres de sus medidas estrella no han podido ser ejecutadas, en gran parte debido a la falta de preparación y realismo para convertir rutilantes promesas electorales en efectivas medidas de su administración.

En dos ocasiones sus polémicas medidas migratorias han sido frenadas en seco por los tribunales de justicia. Por no mencionar el agrio enfrentamiento que tuvo en este contexto con la fiscal general del Estado Sally Yates, destituida a los pocos días de que Trump jurara el cargo tras recordar al presidente que por encima de su voluntad está la Constitución. Tras retirar el proyecto, debido al caos administrativo generado por una medida adoptada a toda prisa, Trump presentó un nuevo plan. Y otra vez fue paralizado, hasta el día de hoy, por la justicia federal.Después, el mandatario trató de destruir la reforma sanitaria introducida por su predecesor aprobando la suya propia. Pero ni siquiera fue apoyada por el Partido Republicano y no llegó a votarse en el Congreso. Y tampoco ha conseguido la aprobación de un presupuesto para construir el polémico muro con México.

El discurso populista tiene un recorrido corto. No es extraño que el millonario neoyorquino tenga el grado más bajo en décadas —43%— en aceptación de la gestión presidencial en los primeros días.

Además, Trump ha introducido un elemento en su forma de gobernar que se salta cualquier procedimiento establecido, incluyendo a su propio grupo de colaboradores: su cuenta personal de Twitter. En las largas noches frente al televisor, según él mismo ha revelado, le gusta utilizar la red social. Y lo hace igual para amenazar a Corea del Norte, presionar a la industria automovilística, atacar a la prensa, criticar a aliados como Alemania o discutir con el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. Realmente nadie sabe lo que va decir el presidente cuando activa su cuenta. Y no debería olvidar —como parece que lo hace a menudo— que cada palabra suya activa resortes en las Bolsas, ministerios de Defensa y cancillerías de todo el mundo.

Pero sin duda uno de los elementos más desequilibrantes de la gestión de Trump es la incertidumbre sobre el proceso de toma de decisiones. Tras estos cien días en la Casa Blanca la mayoría de Gobiernos —aliados, indiferentes y enemigos— siguen estando a ciegas sobre quién dice qué y cuándo. Continúa el interrogante sobre el verdadero papel de Ivanka Trump y su marido, cuyos negocios prosperan en paralelo a las gestiones gubernamentales, o el de los militares nombrados para puestos clave, como James Mattis, secretario de Defensa, y Herbert Raymond McMaster, consejero de Seguridad.

Con este panorama resulta muy reveladora —y alarmante— la frase pronunciada por el presidente en una entrevista concedida durante estos días: “Pensaba que sería más sencillo”. Nadie dijo que fuera fácil. Solo él, durante la campaña.

Editorial de El Paìs

Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para una “victoria electoral pronta”. En paralelo, decenas de miles de venezolanos llevan ya dos días saliendo a las calles del país exigiendo que el Gobierno acate la Constitución y que se celebren elecciones cuanto antes. No parece haber pues impedimento alguno para que el mandatario convoque inmediatamente unos comicios presidenciales libres y transparentes bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos.

Por el contrario, si las declaraciones de Maduro responden a la habitual retórica vacía populista cuyo único fin es arañar tiempo en el poder, entonces está cometiendo un gravísimo error de trágicas consecuencias para todo el país. Los tres muertos de la manifestación del jueves son un triste recordatorio del grado de tensión y desencuentro social al que la gestión chavista ha llevado a toda la sociedad.

Destaca ante una situación tan peligrosamente inestable la irresponsabilidad de Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela —y acusado por el Departamento del Tesoro de EEUU de ser un jefe del Cartel de los Soles encargado del narcotráfico en el Caribe—, quien en vez de tratar de calmar los ánimos, como correspondería a un gobernante, ha culpado de las muertes del jueves al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Se trata de una acusación calcada por la que el preso político y líder opositor Leopoldo López lleva ya en una prisión militar en régimen de aislamiento tres años.

Ante una situación de tensión creciente y de bloqueo político total, lo razonable y lo obligado es permitir a los venezolanos que expresen su opinión libremente. La convocatoria electoral probablemente reduciría el enfrentamiento en la calle y centraría los esfuerzos de todos en los comicios. Pero la decisión está en manos de una sola persona: Nicolás Maduro.

Editorial El Paìs, España