Trump amenaza la neutralidad en la Red a costa de los usuarios

Terminar con la neutralidad de Internet es una pésima noticia. Es lo que ha puesto en marcha Donald Trump a través de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Allí, el pasado jueves, los tres representantes nombrados por los republicanos votaron contra los dos demócratas a favor de suprimir los límites legales que en la actualidad prohíben a los proveedores de Internet discriminar entre proveedores de contenidos, favoreciendo a unos a costa de otros.

La decisión ha generado una importante polémica, pues supone un cambio fundamental en la manera en la que Internet ha funcionado hasta ahora, y, sin duda, dará paso a un gran número de litigios judiciales. De ahí el rechazo público de 21 de los creadores e impulsores de la Red, conocido ayer.

En la actualidad, las empresas proveedoras de servicio de acceso a Internet, que en muchos casos también comercializan sus propios contenidos en esas redes, no pueden primar sus productos frente a los de la competencia concediéndoles más ancho de banda ni tampoco pueden prohibir el acceso de empresas o particulares a la Red por razones comerciales, políticas, religiosas o morales.

Esa práctica —conocida como neutralidad— es buena para el usuario, que no tiene que pagar precios más altos por acceder con velocidades mayores de descarga a determinados contenidos. Es también positiva desde el punto de vista de la competencia y de la innovación, pues las empresas que ya están en el mercado no pueden bloquear ni discriminar a las que pretenden entrar. Y beneficiosa para la libertad de expresión y la democracia, pues no se pueden vetar los contenidos.

El anterior presidente, Barack Obama, legisló de manera preventiva hace dos años para mantener esta neutralidad. Y la Unión Europea dispone desde el año pasado de una legislación que la garantiza impidiendo que las operadoras restrinjan discrecionalmente el acceso a contenidos. Esta neutralidad, aunque no ha impedido una gran y preocupante concentración empresarial —que la legislación sobre competencia en algún momento tendrá que tratar— es la que ha permitido el nacimiento de nuevas plataformas y servicios a los que se puede acceder independientemente de la operadora que se utilice.

Este principio de base democrática es el que Trump pone en riesgo actuando, como viene siendo costumbre, a favor de los intereses empresariales de unos pocos, en contra de los intereses de los ciudadanos y consumidores y, sobre todo, con desprecio absoluto hacia el resto del mundo. Dada la hegemonía estadounidense en el ámbito digital, su iniciativa —una vez más, unilateral— no solo erosionará la libre competencia, la innovación y el acceso igualitario a Internet en EE UU, sino, a largo plazo, en el resto del mundo, que poco podrá hacer ante la dominación del mercado por empresas estadounidenses.

Una vez más, Trump muestra ser un presidente guiado por una ciega defensa de los intereses empresariales aun a costa de la mayoría de ciudadanos.

Editorial de El País

La entrega ayer por parte del Parlamento Europeo del Premio Sájarov de libertad de conciencia a la oposición venezolana envía un doble mensaje. Por una parte, que Europa respalda incondicionalmente a los políticos venezolanos implicados en la democratización del país; en segundo término, que la vía de salida de la dificilísima situación de Venezuela pasa por respetar la legalidad, liberar a los presos políticos, restaurar la Asamblea Nacional y convocar elecciones libres.

Resulta muy significativo que el premio fuera recogido por dos cargos políticos arbitrariamente despojados de las atribuciones para las que fueron elegidos. Se trata de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional ilegalmente degradada por una Cámara constituyente elegida de forma irregular a voluntad del chavismo en unas elecciones sin garantías, y de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y preso político que se exilió en noviembre después de lograr huir del arresto domiciliario al que había sido confinado tras su paso por prisión. Ambos son la prueba de que Maduro desprecia la voluntad popular cuando esta no se pliega a sus deseos.

Sin duda correrán mejor suerte los alcaldes elegidos en las municipales del pasado domingo en las que el chavismo obtuvo el 90% de las 335 alcaldías del país. Unos comicios a medida del oficialismo boicoteados por la mayor parte de la oposición democrática, con una participación que apenas alcanzó el 47,5% del censo electoral.

En este contexto se produce la revelación, hoy en EL PAÍS, de un gran escándalo de corrupción en el que están presuntamente implicados dirigentes políticos y directivos de la petrolera estatal PDVSA.

En el terrible marco político, económico y social de Venezuela, lo único que se le ha ocurrido a Maduro es amenazar a la oposición con no permitir que se presente a las elecciones presidenciales de 2018. Su solución a los problemas es preparar su reelección sin candidatos opositores.

El País

Argentina debe investigar todos los casos dudosos de la etapa kirchnerista

Cristina Fernández de Kirchner, este jueves en Buenos Aires. MARCOS BRINDICCI (REUTERS) / EPV

La hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina en 2013 cuando su Gobierno firmó un memorándum con Teherán que habilitaba a Irán para interrogar a los sospechosos del atentado contra la mutua judía AMIA (85 muertos en 1994). Aquel documento nunca entró en vigor porque Irán no lo ratificó, pero fue la base de las investigaciones del fiscal Nisman, que iba a presentar sus conclusiones ante el Congreso cuando apareció muerto de un disparo en su casa en Buenos Aires, en enero de 2015. Y lo es ahora en el caso que impulsa el juez Bonadio. El magistrado ha acusado a la expresidenta de presunta “traición a la patria” y “encubrimiento agravado” por intentar dar impunidad a los terroristas y ha solicitado el levantamiento del fuero al Senado para proceder a su detención. La expresidenta también está incursa en otra causa por corrupción.

En una primera reacción, Cristina Fernández acusó al actual mandatario, Mauricio Macri, de conspirar contra ella. Lo cierto es que algunas novedades han permitido reavivar la causa sin que eso implique politizar la actuación judicial.

Si la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman cuatro días después de atribuir a Kirchner un plan para dar inmunidad a los iraníes determinó en su día que había sido un suicidio, en septiembre un nuevo peritaje concluyó que fue asesinado. Y el juez Bonadio reabrió la causa que había sido archivada en 2015. Ha citado a 14 imputados y dictado el procesamiento de la expresidenta. Investida de la protección senatorial, procede ahora un desaforamiento que permita aclarar responsabilidades en un triste capítulo de la historia argentina, si lo hubiere, y el sometimiento como todos los ciudadanos a una justicia que ha sentado ya en el banquillo a diversos cargos del kirchnerismo por corrupción. Es hora de despejar la niebla de enriquecimientos ilícitos que ha rodeado su mandato.

Editorial de El País

Los negocios del secretario de Comercio con Venezuela no son una anécdota

La revelación de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, hace negocios con la Venezuela de Nicolás Maduro coloca en una posición muy complicada a Donald Trump. O bien el presidente prescinde de su colaborador o bien tendrá que dar amplias explicaciones de por qué permite a uno de sus hombres de confianza ganar dinero con un régimen al que él mismo ha impuesto sanciones.

Las informaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan diversos medios de comunicación de todo el mundo, muestran que Ross —un millonario inversor de capital privado a quien Trump ha definido en ocasiones como “el legendario genio de Wall Street”— mantuvo una participación de una compañía naviera que hace negocios con la compañía estatal de petróleo PDVSA, controlada directamente por el régimen chavista. Esta empresa es uno de los principales objetivos de las sanciones aprobadas por Trump en agosto contra líderes chavistas, hasta el punto de que se prohíbe que su filial en EE UU, Citgo, pueda enviar dividendos a Caracas.

Pero al parecer ni este flagrante conflicto de intereses ni las recurrentes amenazas de Trump contra el régimen venezolano —“tenemos un problema con Venezuela, que lo está haciendo muy mal” (marzo); “tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario” (agosto); “vamos contra la opresión socialista en Venezuela” (octubre)— constituyen contradicción alguna para Ross cuyos portavoces ya han asegurado que nunca ha tenido que buscar “exoneración ética alguna”.

Desde antes de que en enero Trump asumiera oficialmente, el cargo las contradicciones y la confusión entre lo público y lo privado son marca personal de su Administración. El comportamiento de Ross escandaliza a todos menos al interesado. Y probablemente tampoco al presidente.

Editorial de El País

Los efectos retardados de la secesión no ocultan su golpe a la democracia

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, presidente y vicepresidente de la Generalitat, durante la sesión de Parlamento sobre la declaración unilateral de independencia.

El golpe al Estatut y a la Constitución madurado a principios de septiembre con las leyes de ruptura o desconexión desembocó este martes en una declaración unilateral de independencia (DUI) asumida por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero con efectos retardados por “unas semanas”. Por más que esta declaración se haya procurado edulcorar con cláusulas restrictivas (se “asume” el presunto mandato del presunto referéndum, pero no se “proclama” abiertamente la república), suspensivas y ambiguas, una DUI es una DUI, y no otra cosa, y es fácil identificar esta maniobra como una burla más de Puigdemont al Estado de derecho.

Contra lo que sostuvo Puigdemont, no hubo mandato para la independencia en las elecciones del 27-S (sino de una minoría del 48% de los votos) ni lo hubo el pasado 1 de octubre, pues la votación del presunto referéndum fue además de ilegal, irregular, sin ninguna garantía, ni control, ni responsable fiable del recuento.

La prueba es que, contra lo que exigía el propio texto de la ley suspendida, no fue la Sindicatura electoral (la autoridad de control, destituida por el propio Govern), sino el presidente de la Generalitat quien proclamó los “resultados”. Mayor atentado, no ya a la legalidad, sino incluso a su apariencia, es difícilmente imaginable.

Es falso que el 1 de octubre hubiera un mandato electoral: no puede serlo una convocatoria ilegal

Incluso en su fórmula enmascarada, la DUI viola las normas supremas del ordenamiento. Porque adorna su abrogación en Cataluña. Porque desprecia el Estado de derecho y ningunea los mecanismos imprescindibles para emprender cualesquiera reforma legal. Porque desobedece la suspensión del Tribunal Constitucional contra todos los actos que pretendan aplicar y/o desarrollar el ilegítimo e ilegal referéndum del 1-O. Porque se realiza desafiando la mayoría cualificada parlamentaria necesaria incluso para cualquier cambio de la ley desde la ley.

Las sinuosas cláusulas suavizantes de la DUI podrían llevar a engaño a quien no estuviese avisado de que todo el procés viene siendo una continua sucesión de trampas y ambigüedades, tendentes a excitar a unos catalanes contra otros y a todos ellos contra el conjunto de los españoles.

Puigdemont busca un diálogo engañoso: se trata de otro ultimátum a la democracia
Pero no será así. Es una DUI. Y lo es porque no se limita a recoger una ensoñación o aspiración genérica e inconcreta a la independencia, algo que sería rechazable, pero legítimo. Al contrario: en ella, el president “asume el mandato” inapelable e irreversible de crear “un Estado independiente en forma de república”.

Lo es también porque, pese a ir acompañada de loas al diálogo y la mediación, solo los concibe como instrumentos para acompañar o facilitar la secesión, en ningún caso para impedirla. Dicho de otra manera, los resultados de la mediación están, como ha sido siempre el caso, pretedeterminados de antemano: solo pueden conducir a la independencia, único escenario posible después del 1-O según Puigdemont, ya que el pueblo de Cataluña, cuya representación se sigue arrogando, se habría ganado tal derecho ante sí y ante el mundo.

Esa demanda de mediación es un esfuerzo inútil, porque la comunidad internacional ya se ha expresado. Los Gobiernos y todas las instituciones se han pronunciado ya, de forma contundente e inapelable, contra la secesión, porque, como este mismo martes dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sería perjudicial “para Cataluña y España y para toda Europa”.

También porque incurre en ilegalidades flagrantes, como los letrados del Parlament han reiterado. Y sobre todo porque se trata de una decisión que se presenta como irreversible, aunque aplazada. No es que lo sea por principio, por cuanto bastaría que sus autores se desdijesen rotundamente de la misma, sino porque plantea como condición para su retirada un desafío imposible de cumplimentar por este o cualquier otro Estado de derecho, como es la violación de la Constitución. Podríamos estar hablando de otra forma si Puigdemont y los suyos se hubiesen comprometido a anular todas las disposiciones de las suspendidas leyes de desconexión.

Todo sucedió en un escenario aderezado de sombríos agravantes. La convocatoria de manifestaciones rodeando al Parlament, con el pretexto de apoyarlo, resulta una evidente amenaza a los diputados disidentes. El hallazgo de una hoja de ruta para balizar el proceso a la independencia a través de “desestabilizar económica y políticamente” el país, es más que inquietante. Y la acusación de la Guardia Civil a la dirección política de los Mossos de haberse abstenido de desbaratar el referéndum del 1-0 no es de menor cuantía.

La extrema gravedad de esos sucesos plasma la deslealtad del Gobierno de la Generalitat con las restantes instituciones catalanas y con el Estado del que forma parte en su conjunto. Es por ello que al Gobierno que preside Mariano Rajoy no le queda otro remedio que aplicar la ley con la severidad proporcional al caso, que es enorme.

No cabe sino reaccionar. Y por tanto, requerir al Govern que se instala en la desobediencia o la sedición a que aclare sobre qué entramado legal pretende fundamentar su autoridad; a que revierta su indisciplina y respete el ordenamiento, reconociendo como abolidas y carentes de efectos las leyes de “desconexión” y anunciando la serie de medidas a adoptar para que el respeto a la legalidad tenga efecto.

Muchas personas bien intencionadas -y otras que no lo son tanto- tendrán hoy la tentación de aferrarse a la suspensión y la oferta de diálogo ofrecida por Puigdemont. También a la frustración que muestran la CUP y sus afines como un elemento que avalaría la buena disposición de Puigdemont y Junqueras. Pero todos deben tener claro que la confusión que sembró Puigdemont es parte integral de su estrategia independentista y en ningún caso una oferta sincera de volver al marco constitucional para, desde ahí, plantear un diálogo sin condiciones sino, una vez más, otro ultimátum que el Estado de ninguna manera puede aceptar.

Editorial de El País

Es hora de no cejar en la presión internacional hasta lograr el completo aislamiento y deslegitimación de la dictadura chavista

Paso a paso, el régimen de Nicolás Maduro va completando la asfixia de todo atisbo de vida democrática en Venezuela. Como muestra la huida a Colombia de la ex fiscal general Luisa Ortega, que había osado cuestionar el vaciamiento de poderes de la Asamblea Nacional por parte, primero, del Tribunal Supremo y, ahora, de la Asamblea Constituyente, en el abismo en el que el fanatismo de Maduro y sus secuaces ha sumido al país no queda espacio para la mínima disidencia.

La Asamblea Nacional es la única institución democrática que queda en el país. De ahí que el régimen chavista haya utilizado mil y un subterfugios para desembarazarse de ella. En un proceso de asalto al parlamentarismo democrático que pasara a los libros de su historia por su inquina y mezquindad, los chavistas han ido despojándola de todos sus poderes. Para ello han contado con la anuencia de un Tribunal Supremo infame y servil, convertido en instrumento ejecutivo del totalitarismo en el que ha devenido un régimen que presume de representar la vía al socialismo democrático en el siglo XXI, así como de una Asamblea Constituyente ilegal e impostora. Esa Constituyente, nacida de un fraude constitucional y democrático, no solo pretende sustituir a la Asamblea Nacional, sino convertirse en otro instrumento de represión contra las libertades de los venezolanos.

Hacen bien los embajadores de la Unión Europea y de América Latina en solidarizarse con la Asamblea Nacional personándose en el Palacio Federal Legislativo para así proteger a los parlamentarios de la oposición del hostigamiento de los chavistas. La triste realidad de Venezuela hoy es la de un país donde los derechos y las libertades han sido secuestrados y los representantes legítimos del pueblo han sido convertidos en rehenes. Es hora de no cejar en la presión internacional hasta lograr el completo aislamiento y deslegitimación de la dictadura chavista.

Editorial de El País

El portavoz del PSOE yerra al criticar la cobertura informativa de la crisis

La destrucción de la democracia venezolana y el asalto continuado a los derechos y libertades de los ciudadanos de ese país a manos del régimen chavista es, sin ninguna duda, el hecho más relevante que experimenta en la actualidad la comunidad iberoamericana.

Precisamente porque tiene lugar en un continente con un extenso y pesado legado autoritario pero que ha progresado admirablemente en las últimas décadas tanto en libertades políticas como en prosperidad económica, un retroceso democrático tan dramático y tan pronunciado como el que está experimentando Venezuela merece, además de la solidaridad de todos, el máximo de atención política, diplomática y, por supuesto, periodística.

Así lo ha entendido la larga serie de actores internacionales, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) al Mercosur, pasando por la Unión Europea y Naciones Unidas, el Vaticano o un buen número de expresidentes —entre ellos varios españoles— que de una manera u otra se han involucrado a fondo en los últimos meses en el intento de poner fin a la deriva autoritaria emprendida por el presidente Nicolás Maduro.

Al abismo político en el que el régimen de Maduro ha sumado a Venezuela —recordemos el reciente informe de Naciones Unidas sobre la violación sistemática de los derechos humanos en ese país— se suma una gravísima crisis humanitaria, derivada de una desastrosa gestión económica, y una crisis de seguridad de enormes proporciones que hace aún más penoso el día a día de los venezolanos.

El dramatismo de la situación venezolana es por tanto tan real como grave y concierne de una manera natural y sentida a todo demócrata. Se trata de una solidaridad, por otra parte, que viene de antiguo y que ya se expresó en su momento con respecto a las dictaduras chilena o argentina, cuya evolución fue seguida con muchísimo interés por todos los demócratas españoles.

De ahí que no quepa juzgar sino como profundamente desafortunadas las declaraciones del portavoz del PSOE, Óscar Puente, calificando de “sobredimensionada” la cobertura mediática que la crisis venezolana recibe en España y atribuyendo lo que a su juicio serían un exceso de portadas periodísticas sobre ese país más al deseo de dañar a Podemos que al mérito informativo propio de la cuestión.

Tan grave como el reduccionismo de Puente, empeñado en observar el mundo a través del estrecho prisma de la política española y, de paso, atribuir a todos los venezolanos la responsabilidad de la crisis, es su negativa a reconocer el error —peor aún: ha exigido rectificaciones a los que han recogido sus preocupantes valoraciones—. Que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, haya asegurado posteriormente que la posición del PSOE sobre Venezuela no ha cambiado es sin duda una noticia tranquilizadora, pero no termina de aclarar si el portavoz oficial del PSOE, es decir, la persona que habla formalmente en nombre del partido, sigue considerando que los medios españoles prestan una atención exagerada a la crisis venezolana y que, además, lo hacen por razones de política interna española. Una aclaración así sería bienvenida.

Editorial de El País

Óscar Puente

La ONU responsabiliza al Gobierno de Maduro de excesos en la represión

La ONU ha tomado por fin la palabra en el caos venezolano. Y lo ha hecho con un informe contundente en el que emerge el rostro más siniestro del Gobierno de Maduro. La brutal represión desencadenada contra las movilizaciones ciudadanas que inundaron las calles del país una vez que el régimen convocó elecciones para fabricar una Asamblea Constituyente ha llenado Venezuela de cadáveres, y sus cárceles de prisioneros. Lo que ha hecho la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) es poner un poco de claridad en el brumoso desorden de las protestas. Y, como era previsible, el discurso de la propaganda oficial que acusaba a la oposición de instigar la violencia ha caído por los suelos. De las 124 muertes investigadas hasta el 31 de julio, el informe acusa a las fuerzas de seguridad de ser responsables de 46 de estas, y atribuye la responsabilidad de otras 27 a los grupos paramilitares próximos al chavismo. Pero lo que resulta más inquietante es la denuncia de una sistemática violación de derechos humanos por parte de las fuerzas represoras del régimen, que pasan por allanamientos violentos de viviendas y malos tratos, y que vienen a confirmar la inequívoca voluntad del Gobierno de doblegar a la oposición por los métodos más expeditivos: 5.000 detenciones arbitrarias, crueldad con los prisioneros, torturas.

El informe es una gota más que cae en el torrente de despropósitos en el que se ha embarcado Maduro desde que, por el propio curso de los hechos —una situación económica de emergencia y una deriva política cada vez más autoritaria—, son cada vez más los venezolanos que reniegan —y se oponen frontalmente, incluso arriesgando sus vidas— de aquel socialismo del siglo XXI que tantas expectativas despertó y que, finalmente, tan parcos resultados ha dado.

La situación de caos institucional en el que se ha instalado el país desde que se celebraron las elecciones del 30 de julio, sin ninguna garantía democrática y con denuncia de pucherazo por la propia empresa que ha hecho el recuento de los votos en Venezuela desde 2004, sería surrealista si no fuera dramático. Junto al legítimo Parlamento que surgió de los comicios de 2015 se ha puesto a funcionar la Asamblea Constituyente, que ajusta escrupulosamente sus dictados a los designios del Gobierno. Su primera medida fue destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, una fiel intérprete de la Constitución bolivariana que Hugo Chávez dejó como legado al pueblo venezolano, y que se le ha quedado corta a Maduro en su afán de enrocarse en el poder.

Un extraño golpe militar comandado por un capitán en el Estado de Valencia el domingo de madrugada, que quedó en nada, revela cuán inestable sigue siendo la situación, pero ha servido para confirmar que la cúpula del Ejército sigue apoyando al Gobierno de Maduro. Con el control de las fuerzas militares y policiales en sus manos, y ante una sociedad que confirma desmoralizada que su sacrificio y entrega en tantas movilizaciones de poco han servido, el chavismo podría prolongar esta agonía al frente de un régimen que tiene cada vez menos de democrático. La ONU ha sabido tomar nota, y los cancilleres latinoamericanos reunidos ayer en Lima también: la comunidad internacional no puede abandonar a los venezolanos.

Editorial de El País

No hubo ayer en Caracas sustitución de la legítima Asamblea Nacional, que salió de las urnas en 2015, por la llamada Constituyente que fue elegida el pasado domingo en unos comicios cuestionados por no cumplir los más elementales requisitos democráticos. El Gobierno de Nicolás Maduro intenta ahora la extravagante fórmula de que convivan en la misma sede del poder jurídico “esa Asamblea podrida que está ahí”, según sus propias palabras, con la que el chavismo puso en marcha para destruirla.

Como ya hizo antes de las elecciones, cuando excarceló a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma siguiendo el patrón “casa por cárcel”, Maduro ha vuelto a maniobrar para ganar tiempo (también ante otras facciones del chavismo). Forma parte de su manera de gobernar el dar falsas señales de aparente conciliación, mientras recompone las piezas sobre las que apoyarse y dar otro paso más en el control de los resortes de poder y en la estrategia de liquidar a la oposición. Y no parece importarle mucho si en el camino destruye al pueblo venezolano.

Cuando todavía se mantenían frescas las imágenes de los colegios electorales prácticamente desiertos en la votación del domingo, pese a que el régimen se atribuía una participación del 41% de participación y más de ocho millones de votantes, el aparato represor de Maduro devolvía a la cárcel de Ramo Verde a López y Ledezma. La reacción internacional no se hizo esperar y fueron decenas de países democráticos los que cuestionaron la legitimidad de la fraudulenta Asamblea Constituyente recién elegida. El miércoles era la UE la que no la reconocía, mientras que EE UU ya había ido más lejos adoptando sanciones. Pero fue la denuncia de Smartmatic, la empresa que gestiona el recuento de votos de las elecciones en Venezuela desde 2004, la que puso la guinda al denunciar que el domingo se infló la participación en al menos un millón de votos.

Maduro apretó el freno y, pocas horas después, Ledezma volvía a casa. Ayer evitó deliberadamente el previsible desalojo violento de los miembros de la Asamblea Nacional, pero nadie sabe cuánto durará esa estrambótica convivencia. Mucho más cuando Maduro ha reclamado de los diputados de la Constituyente que se apliquen para perseguir a una parte de sus colegas de la Nacional por la vía penal.

Frente a la presión a la que el chavismo tiene sometidos a los venezolanos, amén de la brutal represión que ya ha causado cerca de 130 muertos y que conduce a todo tipo de desmanes —como los tres cócteles molotov que aterrizaron en la Embajada española—, la oposición debe permanecer unida. Son 21 los partidos y movimientos que constituyen la Mesa de Unidad Nacional, y con propuestas tácticas diferentes frente al régimen, pero las maniobras dilatorias de Maduro buscan explotar sus fragilidades. La batalla para acabar con la deriva cada vez más autoritaria del chavismo puede prolongarse mucho tiempo. Conviene racionar las fuerzas, conservar la unidad y confiar en que, junto a las propias movilizaciones, la presión internacional ayude a fracturar a un Gobierno que se ha enrocado en el poder, sigue disponiendo de la fuerza militar y conserva el apoyo de países como Rusia y China.

Editorial de El País

El régimen chavista debe saber que su asalto al poder tendrá consecuencias

Nicolás Maduro celebra los resultados de las elecciones a la Constituyente.

Como no podía ser de otra manera, la farsa organizada por Nicolás Maduro el pasado domingo en Venezuela ha obtenido un amplio rechazo internacional, empezando por los principales países de la región. Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Chile han advertido que no reconocen la elección de una Asamblea Constituyente con la que Maduro pretende redactar una nueva Constitución a su medida y enterrar definitivamente a la democracia en su país. En términos idénticos se ha expresado la Organización de Estados Americanos. Perú ha convocado en Lima para el próximo 8 de agosto a casi todos los ministros de Exteriores de la región. Fuera de Latinoamérica, España, Estados Unidos, Suiza, el Parlamento Europeo y numerosas organizaciones no gubernamentales han recalcado su rechazo al montaje ideado por Maduro.

Es decir, numerosos Gobiernos, instituciones y organismos de países contrastadamente democráticos han condenado el desmantelamiento violento —desde el sábado por la noche se han producido al menos una decena de muertos, y más de un centenar desde que fueran convocados los polémicos comicios— de la legítima Asamblea Nacional venezolana elegida en diciembre de 2015. Incluso destacados simpatizantes del fallecido Hugo Chávez —artífice de la todavía vigente Constitución— consideran que Maduro ha traicionado el mandato que recibió y que ha provocado una ruptura irreparable con los 18 años precedentes de gobierno chavista en Venezuela.

Una ruptura en la que ni siquiera con las infladas cifras oficiales de participación —el Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura que votó el 41,43% del censo mientras que la oposición rebaja ese dato hasta el 12%— se refleja que la mayoría de los venezolanos con derecho a voto decidiera participar en el proyecto de Maduro. De modo que el mandatario no goza de apoyo y credibilidad dentro ni fuera de su país.

Sin embargo, y como viene siendo habitual desde el comienzo de la crisis institucional y económica que arrasa Venezuela, esto no supone obstáculo alguno para que el gobernante chavista siga con sus planes autoritarios. Ahora Maduro amenaza con “tomar el mando” de la Fiscalía del Estado en una —otra— maniobra claramente ilegal de invasión del poder judicial por parte del Ejecutivo. En paralelo ha revelado que planea despojar de la inmunidad de la que legalmente gozan a los diputados opositores para someterlos a la justicia. Es decir: una llana y simple persecución y purga política.

No vale quedarse en lamentaciones ante el atentado a la democracia que se ha producido en Venezuela. Es necesaria una coordinada acción internacional que, sin dañar ni crear más dificultades al pueblo venezolano, haga sentir a los responsables del régimen que sus acciones no gozan de impunidad. Al contrario: van a tener importantes consecuencias personales. En este sentido, entre otras iniciativas, resultan particularmente acertadas las medidas de carácter sancionador contra las personas responsables de esta debacle. Maduro debe ser consciente de que no se saldrá con la suya.

Editorial de El País