Maduro consideró que Venezuela logró ese lugar privilegiado por ser una nación amada

Todas las noches, a las ocho empiezan a sonar los barrotes de las celdas de la cárcel militar de Ramo Verde a 50 kilómetros de Caracas. Uno a uno, hasta que un sonido ensordecedor se impone por unos minutos para protestar, para mandarle un mensaje a los de afuera, y hablarle al oído a Nicolás Maduro por medio de un ruido, diario, sistemático, adolorido porque hasta el momento los argumentos de las palabras no han logrado que el mandatario del vecino país entienda o se preocupe por violar de manera flagrante los derechos humanos de los presos, que según él, no son políticos.

En 2014 han sido detenidas 3.383 personas en Venezuela, de las cuales 276 eran menores de edad
La madrugada del domingo pasado, los familiares de Leopoldo López acusaron a un coronel de nombre Homero Miranda de haberle ordenado a sus soldados defecar y orinar en bolsas plásticas y luego moverlas hasta romperlas y pringar con los desechos humanos a los presos. A la misma hora “racionaron” el agua y la luz del penal Ramo Verde. No era posible ver ni limpiar. Solo oler y sentir.

Del coronel Miranda saben poco en Venezuela. Algunas fuentes dicen que era suboficial de la policía militar y fue ascendido a coronel por Hugo Chávez. Lleva dos meses como director de Ramo Verde.

La situación no es nueva: Leopoldo López lleva nueve meses en prisión. Los primeros cinco, aislado. Estos últimos en el ala de castigo junto a los alcaldes opositores Daniel Ceballos, acusado de rebelión y de instigar la violencia en zona de frontera; y Enzo Scarano detenido por desacatar la orden del gobierno de levantar las barricadas de opositores.

La correspondencia de los presos es revisada, los dejan salir a caminar, pero solo para enloquecerlos con sus propios pensamientos circulares. En 2014 han sido detenidas 3.383 personas de las cuales 276 eran menores de edad. Las ONGs cifran en 91 los presos políticos, la mayoría están recluidos en Caracas, de esos 80 están en proceso y 11 tienen sentencia.

Pero la situación sí es peor: se ha agudizado desde el pasado 8 de octubre cuando el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU emitió, después de ocho meses de revisión de este caso, una resolución que ordenaba la liberación inmediata de Leopoldo López, que se emitió una semana antes de que Venezuela logrará un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Ellos hablan en plural, los dictadores, para esconder la veneración por sí mismos o justificarla
Maduro consideró que Venezuela logró ese lugar privilegiado en la ONU por tratarse de una nación amada y admirada. “Nos admiran”, dijo. Ellos hablan en plural, los dictadores, para esconder la veneración por sí mismos o justificarla. Normalmente son así quienes lideran las prácticas opresoras y sadomasoquistas. Así persiguieron a Trostky en la época de Stalin y entre los más tropicales en República Dominicana lo hacía Trujillo.

Susana Berreiros, una juez, de 33 años, soltera, con un puesto de carácter provisional, por lo general militante del partido de gobierno, no atendió la solicitud de la ONU. Su despacho no funciona desde el pasado 14 de octubre. Dice que está esperando instrucciones. Vive en Fuerte Tiuna, una unidad militar, donde estaría tan presa como Leopoldo, pero de sus propias convicciones políticas.

Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Es un carcelero de la oposición y está preso de los militares, a los que les subió en salario en los últimos días. Y les habría entregado la cabeza el ministro del Interior por presión de los llamados colectivos que hacen el control en los barrios. Maduro además tiene asiento en la ONU.

Difícil un escenario menos comprensible y que muestre cómo la política puede llegar a pervertir todo orden y cómo la libertad de las naciones nos obliga a convivir con un vecino que ordena rociar de excrementos a sus presos como la guerrilla colombiana obligó alguna vez a sus secuestrados, nuestros soldados, que llamaba prisioneros, a defecar en sus propios recipientes de comer mientras los tenía enjaulados.

Maduro es el presidente de Venezuela. Es un carcelero de la oposición y está preso de los militares
Son las mismas prácticas. Las usan quienes se hacen llamar líderes de los pueblos a los que les prometen liberar de la opresión de esa otra clase dirigente, que se sostuvo por décadas a punta de hacer reformas para garantizar su permanencia y maquillar su éxito económico y sus complicidades con los comisionistas de obras modernizadoras, evasores y traficantes….de votos.

Con conflictos muy diferentes a pesar de la similitud de muchas prácticas, hoy el Gobierno colombiano realiza un proceso de paz en La Habana mientras se profundiza la polarización entre nuestros líderes y se vuelve esquivo el consenso sobre los mínimos porque dejamos por muchos años profundizar el dolor, permitir la humillación, y hacer leyenda la soberbia de los guerreros y de otras especies, que no nos dejan vivir en paz. Venezuela tiene y debe iniciar su proceso de reconciliación. Un diálogo que acerque a esos extremos antes de que sea demasiado tarde.

El petróleo que le aceitaba sus relaciones ha dejado de llegar en las mismas cantidades a los países centroamericanos y del Caribe cuya alianza selló Chavez en 2005 y el programa de vivienda para los venezolanos que se alimenta de los ingresos que recibe el fisco por Pvdsa, más del 90 por ciento, empiezan a reducirse con la caída en el precio de petróleo a pesar de las reservas.

Fuente El País

Diana Calderón

Hay que elogiar a la auxiliar y a los profesionales que la han curado, y cerrar el capítulo de errores

La confirmación de que Teresa Romero está por fin libre del virus del ébola pone un punto y aparte positivo a la grave crisis sanitaria vivida tras detectarse, a principios de octubre, el primer contagio de ébola que se producía fuera de África. A la recuperación de la auxiliar de enfermería hay que añadir que ninguna de las personas sometidas a control por haber estado en situación de riesgo haya enfermado, lo que hace albergar razonables expectativas de que la crisis pueda cerrarse sin otras consecuencias. Para dar por definitivamente superado el episodio habrá que esperar, de acuerdo con los criterios de la OMS, 42 días a partir de hoy; es decir, dos periodos de incubación del virus.

La recuperación de Teresa Romero es una excelente noticia. La auxiliar ha estado en peligro de muerte por no haber eludido lo más preciado de la profesión sanitaria: el deber de asistir a los enfermos. Se había ofrecido voluntaria para cuidar al religioso enfermo repatriado en agosto y en estas cruciales semanas otros sanitarios la han cuidado a ella. Ahora hay que esperar que no sufra secuelas y agradecer a los médicos y a todo el personal implicado su dedicación y su desvelo. Los profesionales han demostrado un nivel de preparación similar o superior al de los países más desarrollados, lo que subraya las bondades del sistema público de salud en España.

Final feliz, pues, para una gestión desastrosa, que solo se enderezó cuando, cinco días después de conocerse el contagio, se nombró un comité científico que puso orden y serenidad en el manejo de la situación. De la crisis deben extraerse lecciones que permitan afrontar situaciones similares con mayores garantías, tanto en lo relativo a la gestión como a la idoneidad de los mecanismos de protección del personal sanitario. Y queda pendiente la asunción de responsabilidades políticas.

Aprender de los errores es importante también porque, aunque aquí podamos sentir alivio por este desenlace, la amenaza del ébola no se ha diluido; al contrario. Mientras la epidemia en África no esté bajo control, las posibilidades de que se extienda y el virus viaje a cualquier país siguen siendo muy altas. En las últimas semanas se ha incrementado el esfuerzo internacional, pero sigue siendo insuficiente.

La situación de Liberia, con más de 4.000 casos contabilizados, es paradigmática de las dificultades que hay que afrontar. De las 28 unidades de tratamiento que, de acuerdo con la OMS, se habían planificado en ese país, solo están operativas seis. Eso hace que muchos afectados acudan a centros sanitarios convencionales, donde entran en contacto con otros pacientes. Una vez diagnosticados, son transportados por carreteras llenas de fango y obstáculos durante horas hasta alcanzar un puesto habilitado para tratar el ébola.

Es urgente acelerar la construcción de centros de atención y aislamiento en las zonas más afectadas, y una red descentralizada de laboratorios que permita hacer las pruebas con mayor rapidez. El ébola sigue ahí. No podemos bajar la guardia.

Editorial El País

Los votantes de la potencia global eligen distintas formas de gestionar el éxito y salir de la crisis

Brasil pertenece al reducido grupo de países cuyas elecciones generan un interés global. Eso sucede porque es una nación grande, no sólo en términos geográficos sino también económicos y políticos, y porque ha protagonizado una espectacular evolución, dato fundamental a la hora de analizar los comicios presidenciales de hoy.

Hasta hace poco, el inmenso territorio brasileño albergaba hasta 30 millones de personas que vivían por debajo de la línea de la pobreza y tenía unas débiles clases medias; era considerado, en el ámbito económico e internacional, una eterna promesa que nunca acababa de despegar. Ahora, la decisión de los votantes girará en torno a lo conseguido por la ya potencia regional y global tras el regreso de la democracia, y sobre lo que demanda una sociedad que exige más precisamente porque tiene más.

Así, se someten a las elecciones —a las que están llamados casi 143 millones de brasileños— distintas visiones del futuro. Por un lado, la presidenta, Dilma Rousseff, que quiere seguir gozando del crédito obtenido por su antecesor, Luiz Inàcio Lula da Silva: un espectacular crecimiento económico que lleva a millones de personas a las clases medias, la consagración de la estabilidad política y el papel del país como líder regional y como potencia global.

Una notable hoja de servicios del Partido de los Trabajadores (PT) que se ha empañado recientemente con las dificultades económicas —un crecimiento estancado y una inflación que castiga a esas nuevas clases medias— y con los escándalos de corrupción. La progresiva insatisfacción popular derivada de todo ello exige una manera de gobernar más transparente y que responda a esos retos.

Esta insatisfacción es una de las principales bazas de la principal candidata opositora, Marina Silva, del Partido Socialista de Brasil (PSB). Silva, que formó parte del Gobierno de Lula (y, por tanto, puede reclamar parte de los éxitos de éste). La ecologista Silva aglutina a sectores no homogéneos, pero que coinciden en su reticencia a la manera de gobernar de Rousseff. De su discurso, a los seguidores de Marina Silva les atraen los llamamientos a la lucha contra la corrupción, la necesidad de hacer una política cercana al ciudadano y la preocupación medioambiental. Además, una parte del empresariado apoya sus planteamientos en economía, alejados del creciente intervencionismo del PT.

El tercero en discordia —y gran rival de Silva— es Aécio Neves, que promete reformas, descentralización y reducción del déficit público. Su partido, el PSDB, reclama el mérito de haber colocado a Brasil en la senda del despegue de la mano del expresidente Cardoso, antecesor de Lula.

Pase quien pase a la segunda vuelta —si es que la hay, porque la recta final de Rousseff ha sido arrolladora— en la elección definitiva será vital la televisión, que en buena medida decide las elecciones en Brasil y que dedicará los mismos tiempos a los dos candidatos en liza, a diferencia de la ventaja oficial de la que disfruta en primera vuelta la candidatura presidencial.

Editorial de El País

La muerte del jefe socialista brasileño puede complicar la reelección de la presidenta Rousseff

La desaparición en accidente aéreo del jefe de los socialistas brasileños, Eduardo Campos, tendrá presumiblemente mayor repercusión que la conmoción sufrida en su país por la prematura muerte de una joven figura política en ascenso. Campos, exministro de Lula Da Silva, era uno de los dos rivales a considerar en las elecciones presidenciales de octubre frente a Dilma Rouseff, aunque sus expectativas de voto resultaran claramente insuficientes.

Hasta el siniestro de su avión el miércoles, las elecciones se perfilaban como un duelo entre la presidenta Rousseff y el candidato del centroderecha —nominalmente socialdemócrata— Aécio Neves; con amplia ventaja según los sondeos (38% frente a 23%) para la jefa del Estado, pese a su progresivo desgaste. La muerte del líder socialista puede alterar sustancialmente ese guión si, como parece, su partido designa como cabeza de lista a su compañera de candidatura Marina Silva, la carismática exministra de Medio Ambiente de Lula. Silva, encabezando una plataforma ecologista, obtuvo 20 millones de votos en las presidenciales de 2010 y llevo a Rousseff a una segunda vuelta.

Hay entre los brasileños un deseo extendido de renovación política y de ruptura del diálogo a dos entre el gobernante Partido de los Trabajadores y el centroderecha de Neves. Rousseff es favorita, pero su popularidad se ha deteriorado rápidamente con el debilitamiento económico y las acusaciones de corrupción contra su Gobierno.

Su aprobación ha pasado en año y medio de casi el 80% a menos de la mitad. El malestar popular se ha puesto de manifiesto en las amplias protestas que han sacudido el país en los dos últimos años, coincidiendo con fastos deportivos de repercusión mundial.

En Brasil crece rápidamente una clase media que busca transparencia y servicios dignos. Hay también un enorme e indeciso voto joven para el que la candidatura de Marina Silva —una política poco convencional, de origen más que humilde e instintos idealistas— podría representar un revulsivo. Como aspirante de la izquierda arrebataría muchos más votos a Rousseff que a Neves.

Si la presencia de Silva se confirma, tanto la presidenta brasileña como su rival centroderechista tendrán que repensar su estrategia. Ese nuevo escenario haría más que probable una segunda vuelta en unos comicios que parecían rotundamente sentenciados.

Editorial de El País

Europa decide por fin sanciones económicas significativas para frenar a Rusia en Ucrania

Europa por fin, coordinada con Washington, ha decidido aumentar sus sanciones contra Rusia por su papel en Ucrania. Dos son las consideraciones que han arrancado a la Unión Europea de la pusilanimidad mostrada durante meses, y que llevan las relaciones con Moscú a su punto más bajo en décadas: el sostenido bloqueo del acceso a los restos del avión malasio derribado por separatistas prorrusos y el hecho de que el Kremlin sigue introduciendo en Ucrania armas pesadas en apoyo de los rebeldes.

La UE y EE UU apuntan a los sectores financiero, energético y armamentista. Se pretende excluir a Rusia de los mercados de capitales europeos y estadounidenses e impedir que llegue tecnología avanzada a su industria petrolífera, fuente de poder de un país con las mayores reservas combinadas de gas y petroleo del mundo. Europa, sin embargo, ha calibrado sus costes. El embargo de armas no se aplicará a los contratos en marcha; y las restricciones tecnológicas excluirán a la industria del gas natural, del que la UE depende en buena medida.

Desde que comenzó la crisis de Ucrania, Putin ha encadenado mentiras y falsas promesas. El derribo del avión de pasajeros por una batería de misiles rusa, manejada quizá por expertos rusos desde posiciones insurgentes en Donetsk, ha colmado una escalada de indecencia moral y cinismo político. También ha limitado drásticamente la capacidad del jefe del Kremlin para dividir a Europa y EEUU.

Ucrania representa un hito en el desprecio de Putin por las normas internacionales, pero no es un caso aislado en su inadmisible deriva. El régimen de Putin, catorce años ya, ha mostrado en los últimos tiempos su faz más real. En Rusia, con una redoblada represión de las libertades o, como muestra el caso Yukos, mediante la destrucción por cualquier medio de sus rivales políticos. Fuera, nada más relevante que su idilio con el genocida sirio Bachar el Asad. Moscú, sabemos ahora, ha violado también el tratado sobre misiles de 1987, un pacto crucial del final de la guerra fría.

Las nuevas sanciones enfrentan a Putin a un dilema: si dar marcha atrás en Ucrania para limitar daños o, por el contrario, acentuar su desestabilización. El primer camino no es fácil para alguien que impulsa una feroz campaña antioccidental y cuya popularidad interior se ha disparado con sus tropelías en el país vecino. Para Occidente ha llegado la hora de asumir que Putin prefiere la confrontación. Y de extraer las conclusiones oportunas.

Editorial de El País

Felipe VI llama a la ejemplaridad de las instituciones y a abrir puentes de diálogo

El discurso de Felipe VI ante las Cortes no fue un programa de objetivos políticos, sino una muy prudente hoja de ruta que, sin embargo, incluía llamamientos claros a ocuparse de grandes problemas, desde el empleo como “prioridad para la sociedad y para el Estado” hasta el mantenimiento de los puentes abiertos para el entendimiento, “uno de los principios inspiradores de nuestro espíritu constitucional”. Alusiones apreciables al valor del diálogo como método de resolución de problemas y al intento de lograr acuerdos en un país lleno de conflictos políticos y territoriales largamente enconados.

Tuvo particular valor su defensa del “patrimonio común” de todas las lenguas de España, momento en el que mencionó a un poeta de cada una de ellas: Machado, Espriu, Aresti, Castelao. Se observa un intento de sofocar incendios sobre recentralizaciones lingüísticas, lanzar guiños a los nacionalistas y realzar que el catalán, el euskera o el gallego también son lenguas plenamente españolas. Sin duda provocador para los centralistas pero demasiado poco para quienes, sin ser nacionalistas, quieren oír en su lengua propia las razones que les hagan creer en una de las frases que pronunció con mayor énfasis: en España “cabemos todos”. Lo remató con un agradecimiento —muchas gracias, moltes gràcies, eskerrik asko, moitas grazas— escaso para los que esperaban un mayor uso de esas lenguas españolas por parte del Monarca, pero que sin duda es un pequeño gesto hacia ellos ante las Cortes y los ciudadanos.

¿Y quién sostiene estas ideas? El rey constitucional. Una persona con funciones simbólicas y sin ningún poder efectivo, preocupado por exigirse a sí mismo autoridad moral. Parte de lo que dijo Felipe VI puede interpretarse como autocrítica del funcionamiento de las instituciones, al escuchar su llamamiento a la ejemplaridad en la vida pública y al compromiso personal de que la Monarquía observará “una conducta íntegra, honesta y transparente”, porque “solo de esta manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”.

El Rey se exige a sí mismo autoridad moral en una «Monarquía renovada para un tiempo nuevo»

La utilidad de la Monarquía se justifica por el pragmatismo más que por una cuestión de ideales. El rey que habló ayer en el Congreso y saludó después en las calles trata de convertirse en el eslabón que engarza la importante labor de sus padres con el compromiso de servir fielmente a la Constitución: una persona que se ofrece para ayudar, sabiendo que todos sus actos políticos necesitan el refrendo del Gobierno.

Retirado don Juan Carlos de las celebraciones —excepto la breve imposición a don Felipe del fajín de capitán general y el no menos breve saludo desde el balcón del palacio de Oriente—, toda la responsabilidad de la Corona queda depositada en “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Felipe VI se abstuvo de mencionar conceptos como “regeneracionismo” o segunda transición, aunque sí expresó su deseo de “acrecentar el patrimonio colectivo de libertades y derechos” y “revitalizar nuestras instituciones”. Nadie esperaba la unanimidad: minorías como Izquierda Plural se negaron a asistir a la proclamación, y Artur Mas se apresuró a manifestar su insatisfacción con el discurso.

Todo ello tras el reconocimiento expreso de las Cámaras como “depositarias de la soberanía nacional”, por parte de un monarca consciente de que accede a la primera magistratura del Estado “de acuerdo con una Constitución que fue refrendada por los españoles”. Lo que habrían sido obviedades en monarquías europeas más consolidadas sirve en este caso de recordatorio de que la institución es de los españoles —y no de un ser providencial— y de que la legitimidad de su titular nace de ellos.

El monarca subraya «el patrimonio común» de todas las lenguas de España y las usa en su despedida

A esas preocupaciones Felipe VI añadió mensajes para las víctimas del terrorismo y guiños a la modernidad: las nuevas tecnologías, la investigación, el medio ambiente, el papel de la mujer. Más las obligadas referencias internacionales que, salvo la inclusión de Europa no como política exterior, sino como “uno de los principales proyectos del reino de España”, tuvieron muy en cuenta que los destinatarios eran españoles preocupados por sus problemas internos, más que cancillerías o jefaturas de otros Estados.

Además, el Rey marcó su impronta con la sobriedad y aconfesionalidad en el desarrollo de las ceremonias. Lo demás —gestos cariñosos con la reina doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, abrazos con don Juan Carlos y doña Sofía en los momentos en que coincidieron— fueron instantes breves de calidez en el primer día del nuevo reinado (con la significativa ausencia de la infanta Cristina). La sombra del exceso de celo policial para impedir cualquier expresión pública de republicanismo no empaña la corrección, tranquilidad y respeto manifestado en las calles.

En suma: fueron positivos en el discurso tanto la claridad del mensaje, que no reivindica unos poderes políticos de los que carece, como el impulso para crear el ambiente institucional y emocional en el que sean posibles iniciativas de reforma y grandes acuerdos. Aun así se hubiera agradecido un mayor énfasis en esto último.

Un rey designado exactamente como la Constitución dice se encuentra ahora en el primer plano de la escena política. Con todo el terreno por delante para animar a que España salga del estancamiento.

Editorial de El País

El Rey que facilitó la democracia cede la Corona para profundizar en la modernización

Los más de 38 años de servicio del rey don Juan Carlos en el trono de España, del que abdicó hoy, se confunden con los de la democracia, finalmente recobrada tras una larga y negra dictadura.

Suya fue la primera gran decisión de renunciar a los poderes absolutos heredados del dictador, lo cual permitió organizar la democracia y elaborar la Constitución, en la que las funciones del Rey quedaron ajustadas a las usuales en otras monarquías parlamentarias. Suya fue también la determinación de intervenir contra los golpistas del 23-F, salvando una situación de gravísimo peligro para la continuidad de la democracia. Y suya ha sido la decisión de abdicar, lo cual deposita la responsabilidad de la Jefatura del Estado en la persona constitucionalmente designada para ello, don Felipe de Borbón.

Nadie puede negar a don Juan Carlos la utilidad de sus servicios a los españoles ni la iniciativa demostrada en los momentos más importantes. Cada una de esas tres grandes decisiones marca un proceso de extraordinario valor, incluida la sorpresa de su abdicación. Porque no se trata solo de proceder protocolariamente al relevo en la Jefatura del Estado, sino que este paso, meditado por el Monarca desde hace meses, facilitará la necesaria modernización y renovación de un sistema institucional necesitado de enfrentarse a los desafíos del futuro, como el propio don Juan Carlos supo hacerlo respecto a los del pasado.

Entre las grandes decisiones de su reinado y la renuncia comunicada este lunes han transcurrido periodos diferentes en la vida del Rey. Lo más importante ha sido su neutralidad respecto a las contiendas partidistas y el escrupuloso respeto a los procedimientos constitucionales, visibles en cada relevo en el Gobierno del Estado. Las cualidades demostradas por don Juan Carlos han contribuido decisivamente a la utilidad de la Monarquía porque, sin participar de ninguna de las opciones en conflicto, también ha atendido la labor moderadora y arbitral asignada al Rey por la Constitución.

Don Juan Carlos impulsó el cambio constitucional y mostró neutralidad ante las contiendas partidistas

Es cierto que don Juan Carlos ha tenido periodos de mayor y menor brillantez en el desempeño de sus funciones, y es forzoso reconocer que ello ha coincidido con las etapas de los diferentes presidentes del Gobierno. Adolfo Suárez y Felipe González —con el interregno de Leopoldo Calvo-Sotelo— supieron sacar partido al Rey, acentuando así los periodos de mayor incardinación con las necesidades y expectativas de los españoles. No fue así en la etapa de José María Aznar, un tanto celoso de la popularidad y del prestigio de don Juan Carlos, ni en la de José Luis Rodríguez Zapatero.

Han llegado después sus problemas físicos y un error personal por el que el propio Monarca supo pedir excusas a los españoles. En plena recuperación de las intervenciones quirúrgicas sufridas, el Rey ha hecho esfuerzos para recobrar la confianza de la ciudadanía y ha meditado el momento más oportuno para proceder a su propia sustitución. Es ley de vida que sea así: nadie le ha presionado ni obligado a ello.

En la línea de lo que han empezado a hacer otras casas reales europeas, que tampoco esperan a la muerte del monarca para proceder al relevo, don Juan Carlos abdica porque es plenamente consciente de la necesidad de un cambio en la Jefatura del Estado. El Rey sabe muy bien que esta no pertenece a la familia real, sino a los españoles: por eso ha preparado el relevo y se aparta voluntariamente, cuando se necesita una etapa de transformaciones —entre otras, una reforma constitucional— bajo el arbitraje y la moderación de un nuevo jefe de Estado, el príncipe don Felipe de Borbón, cuya edad, 46 años, se encuentra mucho más cercana a la media de los españoles de hoy, y a quien por ello cabe suponer mucho más próximo a su sensibilidad.

Don Felipe, cuya edad se acerca a la media de los españoles, tendrá que arbitrar las nuevas reformas

La noticia fue comunicada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes que por el propio don Juan Carlos. Es verdad que el jefe del Gobierno y de la mayoría parlamentaria tiene ahora un papel esencial para poner en marcha los mecanismos constitucionales necesarios para formalizar el cambio de titular de la Corona, pero también lo es que el Rey debería haber sido el primero en explicar su decisión personalmente a los españoles.

El proceso de relevo se produce en un entorno de plena normalidad y dentro de los cauces constitucionales. No cabe dudar del apoyo del Partido Popular, ni tampoco del principal partido de la oposición, cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, sin duda estaba informado del proceso en marcha y prestará toda su colaboración, puesto que la estabilidad parlamentaria no está en juego en el proceso abierto en su partido.

Que el cambio se efectúe en plena normalidad no significa que don Felipe de Borbón herede una situación plenamente estable y tranquila, ni que la institución monárquica goce ahora de general reconocimiento. Al contrario, España atraviesa por múltiples problemas, desde la desafección de una parte de la ciudadanía hacia los resultados del sistema institucional existente, hasta la amenaza secesionista en Cataluña. Pero el heredero de la Corona ha dado sobradas muestras de saber estar y de saber hacerlo.

La nación es la verdadera fuente de legitimidad de la Monarquía. Don Felipe tendrá que ganarse ahora la confianza de los españoles, profundizando en las cualidades demostradas por su padre y facilitando la modernización que España necesita con urgencia. No solo hereda un reinado de paz, progreso y entendimiento, sino problemas de muy diversa índole en los que se espera al futuro Rey.

Editorial de El País

Los nuevos disturbios en Caracas, días después de la segunda reunión entre el Gobierno y la oposición representada en la Mesa de Unidad Democrática, alertan de que se mantiene el foso entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus adversarios. Ese foso no ha dejado de crecer desde que comenzaran en febrero las masivas protestas que han causado decenas de muertos.

Es improbable que en su ámbito actual el diálogo auspiciado por Unasur y la Iglesia conduzca a la pacificación de Venezuela. Lo que cada vez más separa a Maduro y sus críticos no son matices, sino el cuestionamiento radical de una manera de entender el poder, caudillista y sectaria, que empuja al país latinoamericano por un tobogán alarmante.

La semana pasada se alcanzaron tímidos compromisos para sumar figuras respetadas a la comisión que investigará el uso excesivo de la fuerza; o agilizar la designación parlamentaria de autoridades electorales y judiciales. Pero las protestas tienen un carácter insurreccional y están respaldadas por una parte de la oposición que no se siente representada por la Mesa de Unidad. Ni los principales líderes en el origen de la crisis actual ni el movimiento universitario participan de una negociación en la que el Gobierno ya ha rechazado amnistiar a los dirigentes opositores encarcelados y a los centenares de detenidos en las manifestaciones.

A corto plazo, y a la espera de un nuevo encuentro, el diálogo solo puede avanzar con un cambio de la política de orden público por parte del presidente venezolano. Los elementos básicos son la desaparición de los grupos de choque gubernamentales y la exigencia de disciplina a las fuerzas de seguridad conforme a los estándares de un Estado democrático.

Venezuela ofrece un cuadro agónico un año después de que Maduro asumiera el infausto legado de Chávez tras unas elecciones poco creíbles, cuyos estrechísimos resultados fueron cuestionados por la oposición. La inflación puede llegar a finales de año al 75% y la escasez de alimentos y productos básicos no deja de aumentar, como la disparada tasa de homicidios o la violencia política. El Gobierno de Maduro, en nombre de imaginarias conspiraciones internas y externas, ha multiplicado la represión, el control informativo y las violaciones de libertades básicas. El escenario es insostenible sin un golpe de timón del que, por el momento, no hay indicios.

Editorial de El País de España

Con cada lote de novedades sobre lo que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) hace o deja de hacer aumenta el grado de alarma en la opinión pública europea y la complacencia de sus dirigentes políticos. Cada vez resulta más insostenible la resistencia norteamericana a dar explicaciones a países que apenas cuestionan las operaciones de inteligencia de Estados Unidos —entre otras poderosas razones, porque cooperan con ellas— y que habían adoptado un perfil bajo respecto a las cárceles secretas de la CIA, por ejemplo. Las delegaciones del Parlamento Europeo y de Alemania enviadas a Washington logran pocas o ninguna respuestas, mientras la Administración de Obama gana tiempo gracias a la falta de determinación que se advierte entre no pocos dirigentes europeos.

Para indignación de muchos, las filtraciones sobre el espionaje masivo tampoco han provocado una aceleración de la prometida ley de protección de datos, que la última cumbre de la Unión Europea aplazó sin fecha. El escándalo del espionaje se produce en medio del intenso seguimiento ejercido por altos funcionarios y expertos norteamericanos respecto a la nueva ley europea en preparación. Les preocupan la obligación de guardar los datos de los europeos en servidores alojados en Europa o hasta qué punto las empresas norteamericanas de Internet (Google, Facebook y otras) podrían verse obligadas a responder ante las leyes y la justicia de los países europeos, entre otros asuntos. Teniendo todo eso en cuenta, se comprende aún menos la relación coste / beneficio, para Estados Unidos, del espionaje ejercido sobre dirigentes políticos como la canciller Angela Merkel y, tal vez, sobre la presidencia del Gobierno español o la jefatura del Estado francés. ¿Merece la pena derruir la confianza entre los líderes europeos y la Administración estadounidense por unos gramos de información de más que dudoso alcance?

Cuando el general Keith Alexander, director de la NSA, viene a decir a los europeos que se preocupen de sus propios servicios secretos, ni siquiera se molesta en disimular el menosprecio que le inspiran esas denuncias. Claro que él es un militar y jefe de espías, no un político ni un diplomático, pero la ligereza de su respuesta es una tosca versión del lema “la mejor defensa es un buen ataque”.

Si un Gobierno lo quiere, si los servicios secretos lo quieren, es obvio que la tentación de rastrillar la vida electrónica de los políticos, las empresas o los ciudadanos seguirá siendo muy fuerte, sea por auténticas razones de seguridad o por otras mucho menos confesables. Y en ese terreno, Estados Unidos lleva gran ventaja. Pero la Unión Europea no puede renunciar a la seguridad de las comunicaciones de sus dirigentes y a la protección de sus intereses económicos, ni a dar por olvidado el derecho de los ciudadanos a la vida privada. Europa no debe perder esta batalla.

Editorial de El País de España