Contra lo que pretenden Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos, no es ninguna anécdota que el profesor Juan Carlos Monedero se haya embolsado 425.000 euros a través de una empresa interpuesta, con la que eludió la gestión y el cobro en su universidad de un trabajo para los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua —como es el procedimiento habitual utilizado por sus colegas para llevar a cabo otros trabajos y proyectos de investigación—. Los dirigentes de un partido que tildan de corruptos a los demás han de ser escrupulosos con el manejo del dinero y el respeto a las normas, lo mismo —por cierto— que con el modo de presentar el currículo académico: dos centros académicos de Alemania y México negaron ayer tener constancia de la vinculación reclamada por el profesor español.

No se pagan 425.000 euros a cualquiera por un proyecto de investigación en la universidad. Y es un abuso intolerable presentar como un gesto patriótico que Monedero pague impuestos en España, lo mismo que hacen habitualmente millones de ciudadanos. (Claro, peor habría sido la rufianada de llevárselo a un paraíso fiscal). A medias entre enternecedor y falaz queda el argumento de que Monedero emplea el dinero para construir “una sociedad más libre”, cuando parece que financia el programa televisivo La Tuerka.

Y aunque tienen todo el derecho a apoyar a los medios de comunicación que les convengan, equiparar la construcción de un partido a la causa de la libertad recuerda el estilo de Jordi Pujol, que en algunos momentos ha pretendido justificar importantes irregularidades, o se ha declarado víctima de persecuciones sin cuento, alegando la causa de la libertad de Cataluña. Envolverse en estas nobles banderas para justificar trapisondas, corruptelas y corrupciones es propio de gente rancia y atrasada, no de los demócratas europeos en pleno siglo XXI.

No es fácil predecir un resultado electoral brillante a quienes reproducen algunos de los rasgos más característicos de esas minorías que escapan a las normas por cualquier intersticio o truco legal. Y que dan explicaciones confusas cuando se sienten pillados o las aplazan todo lo posible. Tampoco basta con esperar a que la Universidad Complutense complete su “información reservada” sobre Monedero: es él quien tiene que explicarse.

La regeneración de la democracia no consiste en quitar a partidos que han albergado a grandes corruptos para sustituirlos por otros de fachada resplandeciente y oscura trastienda. Así no se genera confianza en la honorabilidad de los administradores del dinero público, al contrario, se perpetúa la doble moral. Empieza a ser irritante que pidan a la ciudadanía que les lleve en volandas al Gobierno del Estado, presentándose como campeones de una España limpia, y tapar así todas las explicaciones pendientes.

Editorial de El País

La elección de hoy contiene más matices de los aparentes entre continuidad y ruptura

Grecia, el Estado miembro de la Unión Europea (UE) que ha sufrido el grado más devastador de la crisis económica y su consiguiente descalabro social, afronta hoy una nueva elección anticipada que suscita pasiones encontradas.

Se dirime, a primera vista, la continuidad de la política económica de austeridad y estabilidad financiera, que ya recoge frutos, aunque demasiado incipientes, pero que ha generado una preocupante inestabilidad social y tensión en las calles; o bien, su abrupto final. Así que la apariencia inicial apunta matices y contrapuntos: la mera continuidad económica no garantiza la salida del colapso social; a más programa de bienestar, más verosimilitud cobra la hipótesis de un serio quebranto financiero y monetario.

Como telón de fondo, el futuro inmediato de la estrategia fiscal de la UE y de la trayectoria de la unión monetaria, recién reencauzada con tino hacia la expansión gracias al BCE. Desde la óptica griega conviene que las opiniones de los otros europeos no sean invasivas. Y que la fiesta de la democracia en que toda elección consiste se celebre sin reservas en el marco de la Unión a cuya pertenencia una abrumadora mayoría de ciudadanos no está dispuesta a renunciar, ni tiene por qué.

Desde la perspectiva europea resulta imprescindible subrayar a la ciudadanía y a los próximos Parlamento y Gobierno griegos que el interés de la Unión reside en consolidar la estabilidad del euro, y no ponerla en peligro. Y que siempre los anhelos de cada parte en la Unión deben incardinarse —como en toda construcción federal— en el interés del conjunto.

También una eventual victoria de la izquierda radical, inédita en la más reciente historia europea, debe incorporar este elemento. No solo porque figura en el pacto fundacional de la UE y está solemnizado en los Tratados, sino también porque una opción de ruptura del entramado de la unión monetaria dejaría a sus postulantes sin margen de maniobra. Ello debilitaría al euro, sí, pero también generaría enorme frustración y perjuicios domésticos. Asimismo, un hipotético triunfo de la continuidad debiera garantizar el reequilibrio de la factura de la crisis en favor de los más perjudicados, porque Europa debe ser también un espacio social común.

Existen muchas vías para asegurar que toda opción discurra entre debates, y no desgarros. Mediante negociaciones, y no desplantes unilateralistas. De nadie.

Editorial de El País

El Gobierno y la justicia tienen que aclarar cuanto antes la muerte del fiscal del caso AMIA

Decía el expresidente argentino Carlos Menem que “nadie muere la víspera”. Eso es exactamente lo que le ha sucedido al fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en su domicilio, con un tiro en la sien, horas antes de una prevista comparecencia ante el Congreso para explicar las graves acusaciones que hizo la semana pasada contra la presidenta Cristina Fernández y su ministro de Exteriores, Héctor Timerman. Es precisamente el carácter de los cargos contra la jefa del Estado —el encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el peor atentado de la historia argentina— lo que obliga a la máxima prudencia, pero también exige la máxima celeridad, para aclarar una muerte que se añade a uno de los episodios más negros de la historia reciente del país sudamericano.

El atentado antisemita contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, segó la vida a 85 personas y causó más de 300 heridos. Ya han transcurrido dos décadas y la investigación se ha empantanado en diversas ocasiones. No puede extrañar la lógica incredulidad e indignación de las víctimas y de gran parte de la sociedad argentina, que considera que el crimen ha quedado impune a pesar de las reiteradas promesas de sucesivos Gobiernos, incluyendo el actual, de que se iba a saber la verdad.

No obstante lo complicado del sumario existen elementos meridianamente claros sobre las implicaciones internas e internacionales del atentado. La fiscalía siempre ha apuntado a la participación activa de servicios de inteligencia extranjeros, en particular los de Irán. Pero, tras seguir la línea marcada por el poder judicial y exigir la captura internacional de ocho altos funcionarios iraníes —entre ellos el expresidente Alí Rafsanjani— el Gobierno argentino dio en 2013 un giro de 180 grados en su estrategia y anunció por sorpresa la firma de un pacto político con Teherán para crear una Comisión de la verdad que arrojara luz definitiva sobre la matanza. Dos años más tarde, dicha comisión no se ha creado porque Irán no ha ratificado el pacto y la situación sigue siendo la misma: las víctimas, desamparadas, y la investigación, en un callejón sin salida.

El fiscal muerto había abierto una vía de incalculables efectos políticos. Acusó a Fernández y a Timerman de orquestar una trama para exculpar al régimen iraní a cambio de favores de Teherán a la asfixiada situación económica, lo que desató una tempestad política en Argentina y puso a Nisman en el centro de la diana, con amenazas contra su vida.

La prudencia obliga a no sacar conclusiones precipitadas; pero ni la imagen de Argentina ni, sobre todo, la memoria de las víctimas de la AMIA, merecen que la verdad siga oculta y que ocurran hechos como la extraña muerte de Nisman, que arrojan más confusión y sospecha al drama. El Gobierno y la justicia tienen la obligación de aclarar las circunstancias del fallecimiento del fiscal. Y de encontrar —y aplicarles la ley— a los autores de atentado contra la AMIA.

Editorial de El País

Amazon, la empresa de Jeff Bezos, ficha a Woody Allen para dirigir una serie ‘online’

Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dio la primera campanada hace dos años cuando anunció la compra del diario estadounidense The Washington Post. Uno de los empresarios más carismáticos del universo digital había puesto sus ojos (y su dinero, 250 millones de dólares, unos 212 millones de euros) en la histórica cabecera regida durante cuatro generaciones por la familia Graham. El diario, que alcanzó su cima periodística en los años setenta con la publicación de los Papeles del Pentágono y con el escándalo Watergate, que acabó con la presidencia de Nixon, cambió de manos acuciado por la irrupción de las nuevas tecnologías, que habían lastrado su difusión y sus ingresos publicitarios.

Bezos supo ver el cambio que se avecinaba y apostó por el Post como años antes se había lanzado al incipiente negocio del comercio electrónico. Pero el imperio de Amazon es mucho más. Posee, por ejemplo, Amazon Prime, una prometedora plataforma de contenidosonline. En esa división ha nacido Transparent, una serie protagonizada por Jeffrey Tambor que acaba de ganar dos Globos de Oro.

Para pelear en este competido mercado, Amazon ha dado un nuevo golpe sorpresa: el fichaje de Woody Allen. Ha sido una operación que ha dejado heladas a las grandes cadenas estadounidenses y a renombradas productoras como HBO. El genio neoyorquino, siempre esquivo a la hora de trabajar para la pequeña pantalla, se ha rendido ante Internet y se ha comprometido a escribir y dirigir una comedia que se emitirá en capítulos de 30 minutos a través de Internet.

El creador de películas como Manhattan, Annie Hall y Medianoche en París ha rechazado ofertas de los imperios audiovisuales estadounidenses y ha aceptado el proyecto de Amazon, lo que pone de relieve que la televisión ya no tiene el monopolio de las series. Lo demostraron antes compañías como Netflix, una plataforma de distribución de contenidos con producciones tan triunfadoras comoHouse of Cards y Orange is the New Black.

Habrá que esperar meses para ver el resultado la nueva alianza entre Bezos y Allen, sin duda dos creadores visionarios. Atentos a la web.

Fuente: El País

El Acento

Es importante defender la libertad de expresión frente a los fanáticos que intentan matarla

Este periódico publica hoy caricaturas de Charlie Hebdo como un homenaje a las víctimas del salvaje atentado sufrido la semana pasada en París, y también como forma de apoyo a la voluntad de seguir adelante en tan difíciles circunstancias, expresada por los supervivientes de la matanza. Pero tan importante como esos propósitos nos parece la necesidad de dar vida al deseo de sostener las libertades democráticas, las libertades que los autores de la carnicería de París han tratado de matar.

Nosotros también somos Charlie no porque nos gusten necesariamente su línea de humor ni los contenidos que publica, sino porque su existencia pone a prueba la forma de entender las sociedades abiertas. De ningún modo aceptamos que se nos intimide con violencia, ni que se invoque para ello una visión fundamentalista de la religión musulmana. No podemos matarnos entre nosotros cada vez que se publica algo que nos disgusta o no coincide con nuestros principios, y esa es la línea roja que los asesinos (y los que les indujeran a ello) se han saltado con el alevoso ametrallamiento del equipo de Charlie Hebdo, el asesinato de tres policías y la muerte de cuatro de los rehenes secuestrados en un comercio judío.

La intolerancia religiosa ha sido pródiga en violencias a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos años, el fanatismo se ha aprovechado de las versiones integristas del islamismo. El cineasta Theo van Gogh fue asesinado; el director y los dibujantes de Charlie Hebdo lo han sido ahora; el escritor Salman Rushdie se ha visto obligado a convivir mucho tiempo con una condena a muerte. Es imposible aceptar la escalada del odio y de la violencia con el pretexto de unas creencias religiosas, evidenciada no solo en la reacción a la forma en que algunos dibujan a Mahoma, sino en el renacimiento del antisemitismo virulento y la tentación de la islamofobia.

EL PAÍS defiende la coherencia en los pronunciamientos editoriales con el pluralismo en la opinión de los articulistas. Y sostiene también que toda persona debe ser respetuosa con las creencias de los demás. Con esas premisas, puede parecer contradictorio publicar contenidos ajenos al periódico; pero, aunque el estilo de Charlie Hebdo no coincide con la línea de EL PAÍS, defendemos su derecho a vivir en libertad.

Nos importa más la convivencia en las sociedades plurales que compartir más o menos la línea ética y estética del semanario. Nos hemos comprometido a “seguir publicando” junto con otros diarios europeos de primer nivel, exactamente igual que lo hicimos cuando EL PAÍS fue víctima, en el pasado, de un atentado y de amenazas terroristas de otras procedencias. Y nos proponemos hacerlo con todo el vigor del que seamos capaces para mantener abiertos los espacios de libertad alcanzados en las democracias europeas.

La resolución de los secuestros yihadistas sirve para recordar que la amenaza persiste

Lo sucedido ayer en París y en la localidad francesa de Dammartin-en-Goële debe servir a la sociedad de recordatorio de que la pesadilla yihadista va mucho más allá de un atentado puntual, la consternación que causa en las siguientes horas y la posterior vuelta a la vida habitual. Y muestra que la amenaza del yihadismo es constante y contra todos, tanto para aquellos que están públicamente señalados, como los caricaturistas de la revista satírica CharlieHebdo,como para cualquier ciudadano que está en su puesto de trabajo o realiza sus compras en su supermercado.

Las autoridades francesas se vieron ayer en una situación límite para cualquier Gobierno al tener dos secuestros yihadistas simultáneos, sabiendo además que, en un caso —una imprenta al norte de París—, sus protagonistas eran los autores de los 12 asesinatos perpetrados en CharlieHebdo, y en el otro —un supermercado judío en el centro de la ciudad—, uno de los secuestradores era previsiblemente el responsable de la muerte de una agente de policía. Con el mundo entero siguiendo en directo ambas situaciones, convertidas de esta manera en un escaparate inmejorable para los yihadistas, Francia tomó la legítima iniciativa de acabar por la fuerza con ambos secuestros.

Una decisión sin duda complicada a la vista de que en Dammartin-en-Goële los secuestradores habían declarado su intención de morir y en París retenían a numerosas personas entre las que se encontraba un bebé de pocos meses. No cabe sino felicitar a las fuerzas de seguridad francesas por el éxito que supone haber logrado la liberación de rehenes. Las víctimas mortales deben ser apuntadas en el macabro debe de los yihadistas.

El asalto, además de impedir que los terroristas hayan podido aumentar el número de víctimas, es un aviso a estas organizaciones de que aunque por su naturaleza las democracias estén más expuestas a ataques contra la población civil, sus fuerzas de seguridad están preparadas para repeler la agresión y neutralizar a los terroristas.

De lo sucedido en Francia durante estos días hay un aspecto inquietante que conviene no perder de vista. Es la constatación de que, en una derivada perversa de la sinrazón terrorista, Occidente se ha convertido en el terreno donde Al Qaeda y el Estado Islámico (EI) disputan su supremacía por abanderar el yihadismo. No se trata de otra cosa que de una guerra entre bandas mafiosas que tratan de ganar adeptos y robar militantes al rival mediante la comisión de actos lo más atroces posibles.

Aunque existan diferencias entre ambas organizaciones en cuanto a medios y objetivos, no debemos perdernos en disquisiciones que puedan rebajar su peligrosidad. Ambas bandas y sus asociados son enemigos de la democracia occidental y pretenden golpear con toda la crudeza posible siempre que puedan, ya sea decapitando a un hombre atado en el desierto sirio o disparando a un dibujante de ochenta años en un semanario de París. Lo importante para los países amenazados, entre los que se encuentra España, según reiteran constantemente tanto Al Qaeda como el Estado Islámico, es que esta lucha por el primado del terror redobla el nivel de riesgo de sufrir acciones criminales.

Francia ha llamado a sus ciudadanos a manifestarse mañana contra la barbarie, acto al que se han adherido políticos extranjeros, entre ellos Angela Merkel, Mariano Rajoy, David Cameron y Matteo Renzi. Después de tres días de sufrir la barbarie, será una demostración de civilización propiamente dicha. Un mensaje claro a los grupos yihadistas —no importa bajo qué siglas o banderas se enmascaren— de la voluntad de los franceses de no renunciar a los valores de la democracia y no ceder ante el chantaje del miedo. Y en los ciudadanos de Francia estarán representados todos los demócratas del mundo.

Editorial de El País

Si Maduro persiste en la huida hace adelante, la reparación del daño durará décadas

Mientras Nicolás Maduro sigue recurriendo al lenguaje belicista para justificar la ruina económica en la que se halla sumido el país que dirige, los venezolanos se encuentran en una situación de precariedad material absolutamente injustificable en la que, por sus recursos naturales y humanos, debería situarse entre las principales naciones de Latinoamérica.

A esas personas obligadas a guardar horas de fila para comprar productos de primera necesidad o que tienen que cerrar sus negocios porque no llegan los suministros —como la emblemática heladería Coromoto, por falta de leche— no es necesario que el Gobierno les confirme finalmente, tras varios meses de silencio, lo que ellos ya sabían: que el PIB se ha desplomado y que Venezuela ostenta el dudoso honor de ser el líder mundial en inflación con el 64% anual.

Con este panorama resultan poco más que ejercicios de retórica vacía las afirmaciones del mandatario venezolano sobre la “guerra económica” que vive el país o la elección de nombres orwellianos para los sucesivos equipos que tratan de lidiar con una situación económica catastrófica: el último es el “Estado Mayor de Recuperación Económica”. Además, a Maduro se le va agotando la lista de personas e instituciones a las que usar de chivo expiatorio. Con los principales líderes de la oposición democrática encarcelados o acosados sistemáticamente, ahora toca, de nuevo, a los sectores empresariales nacionales.

Si Maduro persiste en una permanente huida hacia adelante, caracterizada por el reforzamiento del autoritarismo en todos los campos de su régimen —social, político y económico—, llegará un momento en el que la reparación del daño causado no será cuestión de años sino de décadas. Venezuela se encuentra en una dramática situación en la que es imprescindible el consenso nacional, algo que pasa necesariamente por la liberación de los opositores y el regreso a los cauces democráticos.

Editorial El País

Podemos propone un cambio económico sin precisar cómo se financia ni sus consecuencias

El proyecto económico de Podemos ofrece de entrada una rectificación sustancial sobre dos cuestiones fundamentales: la deuda y la edad de jubilación. Donde antes se invocaba la quita o el repudio de la deuda, se argumenta ahora que se debe abrir una reestructuración ordenada; y si antes se proclamaba la jubilación a los 60 años como conquista fundamental, ahora se acepta a los 65 y con tratamiento flexible. Estas revisiones, más la conversión de la renta vital en una fantasmagórica renta de inserción, podrían dar pie a suponer que la estrategia ha ganado en realismo; pero lo cierto es que su Proyecto Económico para la Gente es poco más (y a veces incluso menos) que una declaración de intenciones.

La declaración, ambigua en lo económico, es en cambio muy clara en lo político: se trata de comer el terreno a los socialistas. Es una pretensión legítima, pero declararse socialdemócrata implica comportarse como tal; en ese comportamiento, que cuenta con referencias y experiencias claras en España y en Europa, es en donde se medirán estas y otras declaraciones.

No basta, volviendo a la economía, con rebajar los discursos incendiarios sobre la deuda o la jubilación para convertirse en una “opción socialdemócrata”, como sostiene ahora Pablo Iglesias. La estrategia de Podemos se sostiene poco y mal porque no explica de dónde se obtendrán los recursos para financiar una renta de inserción o cualquiera de las iniciativas que presenta; y cuando lo hace (imponer una tasa a las operaciones bursátiles y a las financieras, aumentar las cotizaciones sociales) no informa —probablemente porque sus autores piensan en decisiones sin costes— de cuáles serían los efectos sobre las transacciones gravadas o del aumento del coste del trabajo para la creación de empleo. La reforma fiscal también aparece en este nivel vaporoso; apenas la supresión de las deducciones fiscales parece algo concreto.

La mayor parte del documento sigue esta línea de imprecisión. Así, se propone un pacto estatal contra la pobreza y la exclusión, pero resulta que “un pacto estatal” es justo lo que desarrolla la acción económica de cualquier Gobierno; alude a un fortalecimiento de la banca pública y una “banca de ciudadanos” sin informar de cuantos recursos (inexistentes hoy) serían necesarios para sustituir a una parte sustancial de la banca privada; pide “una modificación del Estatuto del BCE” para que incluya el empleo entre sus objetivos, como si esto fuera posible así, de inmediato; y muestra una rancia hostilidad hacia el euro con argumentos abandonados desde el año 2000.

No es que el documento no contenga aciertos esporádicos, como la prioridad de la lucha contra el fraude fiscal y la denuncia de algo tan evidente como que las políticas de ajuste han sido dañinas. Pero el diagnóstico viene sesgado por la truculencia. Quizá Podemos consiga elaborar en el futuro una estrategia económica razonada; hoy no la tiene. Deberá limar mucha retórica. Los votantes, incluso los de Podemos, aspiran a soluciones posibles; las imposibles generan más frustración.

Editorial de El País

El secuestro de un general por las FARC amenaza el proceso de reconciliación en Colombia

El secuestro de un general colombiano y otras dos personas el pasado domingo a manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muestra hasta qué punto es frágil el proceso de paz para acabar con el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. La decisión del presidente, Juan Manuel Santos, de suspender las negociaciones de paz que desde noviembre de 2012 mantenían representantes de su Gobierno con líderes de las FARC en La Habana es la lógica consecuencia de una acción por parte de la guerrilla que quiebra la confianza depositada en las conversaciones no solo por el Gobierno de Bogotá sino por la inmensa mayoría de la sociedad colombiana.

Es cierto que Gobierno y guerrilla nunca decretaron un alto el fuego bilateral durante todo este periodo. Para hacer avanzar el proceso, Santos siempre se ha guiado por esta máxima: “Hacer la guerra como si no hubiera negociaciones y negociar como si no hubiera guerra”. Pero lo que han hecho las FARC —o una de sus facciones— es retomar una práctica que ha supuesto una verdadera pesadilla para miles de familias colombianas y, además, sobre la que existe una orden expresa emitida en 2012 por la cúpula guerrillera de no volver a secuestrar a nadie con fines extorsivos. Días antes del secuestro del general Rubén Alzate y sus dos acompañantes, las FARC anunciaron que tenían en sus manos a otros dos militares.

La suspensión de las negociaciones de paz pone en perspectiva la importancia de la gira europea realizada recientemente por Santos. El presidente colombiano fue atacado mezquinamente por la oposición interna con la acusación de que las visitas a Madrid, Lisboa, Bruselas, Berlín, París y Londres no eran otra cosa que una especie de petición de fondos para Colombia. En realidad se trataba de solicitar el respaldo político y la implicación internacional para un histórico proceso que, como se acaba de demostrar, puede sufrir un revés en cualquier momento.

Las FARC deben liberar inmediatamente a los militares secuestrados para permitir que los avances realizados en La Habana se plasmen en la firma de un tratado de paz. Europa, y España en particular, deben prestar todo el apoyo que solicite el Gobierno de Bogotá —que acaba de renovar la confianza de sus ciudadanos en las urnas— para hacer culminar el camino de la reconciliación en Colombia.

Editorial de El País

El compromiso de EE UU y China de reducir sus emisiones abre la puerta a un nuevo protocolo global contra el cambio climático

Por fin hay un compromiso. Estados Unidos y China, los dos países que más contribuyen a la difusión de gases de efecto invernadero, han sellado un acuerdo negociado en secreto por el que se comprometen a reducir de forma sustancial sus emisiones antes de 2030. Es una resolución importante y supone un espaldarazo definitivo para que la conferencia de París de 2015 pueda alumbrar un nuevo acuerdo mundial que sustituya al protocolo de Kioto. Hay que felicitarse por lo logrado, considerar que, como señaló Barack Obama junto al presidente chino, Xi Jinping, tiene “caracter histórico” y desear que se cumpla. Y que sirva de ejemplo.

China ha aceptado poner límites concretos a sus emisiones: en 2030 (y si puede, antes), el 20% de la energía que consuma tendrá que ser limpia; y empezará a reducir el nivel de emisiones. Este objetivo, que puede parecer limitado, supone un gran esfuerzo para un país con elevada tasa de crecimiento y dependencia casi total del carbón. Significa que en ese tiempo deberá conseguir tanta energía limpia de fuentes no contaminantes como ahora obtiene del carbón. Y EE UU se compromete a reducir —de aquí a 2020— en un 17% las emisiones respecto del nivel de 2005, y entre el 26% y 28% en 2030.

Es el doble del objetivo anterior. Hay que confiar en que el Partido Republicano, que ahora domina las dos Cámaras, esté a la altura del acuerdo y no obstaculice su desarrollo, aunque las primeras reacciones de sus máximos dirigentes en el Congreso no son muy alentadoras.

Es vital que las dos grandes potencias se sumen al esfuerzo que desde hace años lidera la Unión Europea para reducir el calentamiento global. Ahora hay que pedir al resto de los países, especialmente a los de la OCDE —como ayer hizo Jean-Claude Juncker— que asuman también objetivos concretos. Solo así se podrá alcanzar el desafío de limitar el calentamiento global a menos de 2°C a final del siglo.

Editorial El País