La precandidata demócrata a la presidencia de EEUU propone la legalización de los inmigrantes sin papeles

Aunque no voten, el destino de 11 millones de personas, inmigrantes sin papeles, se presenta como uno de los factores decisivos en la carrera para determinar quién será la persona que ocupará la presidencia de Estados Unidos a partir de enero de 2017. Y así lo ha entendido correctamente la precandidata demócrata Hillary Clinton al anunciar su intención de regularizar a estas personas. Asume de esta forma como propio uno de los proyectos más emblemáticos de Obama, que chocó contra el muro opositor republicano en el Congreso.

Con su declaración de intenciones, Clinton ha vuelto a dar sobradas muestras de conocimiento del juego político. Por un lado, es la primera vez que se reafirma ante su propio electorado demócrata: según las encuestas, un 55% de los hispanos le volverían la espalda en las urnas en el caso de no apoyar esta regularización masiva. Por otra parte, asesta un golpe de imagen al que puede ser su rival republicano, Jeb Bush, casado con una mexicana, hispanoablante y habitual defensor de legislaciones que favorecen a los inmigrantes. La regularización es apoyada por la mayoría de los estadounidenses, independientemente del grupo al que pertenezcan.

Hillary Clinton ha lanzado una apuesta clara por la inclusión. Los republicanos deberían ahora recoger el guante, aunque hasta ahora han dado muestras de seguir enrocados, sin entender que la inmigración no es una cuestión secundaria ni un simple motivo de disputa partidista entre los poderes ejecutivo y legislativo en EE UU. La respuesta que Washington dé a este problema tendrá trascendencia también fuera de sus fronteras.

La otra gran derivada de este anuncio es la constatación de la importancia que tendrá la comunidad hispana en la elección presidencial de 2016. Una minoría en plena expansión en número e influencia. Así lo ha entendido Hillary Clinton.

Editorial de El País

La cumbre de Panamá refuerza la estrategia latinoamericana del presidente de EE UU

La cumbre de las Américas, que comienza mañana en Panamá, puede ser considerada como un éxito incluso antes de empezar. En un hecho impensable hace apenas seis meses, durante la cita de jefes de Estado del hemisferio americano compartirán presencia en las sesiones conjuntas los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro. Y además lo harán después de que ambos anunciaran a la vez, el pasado 17 de diciembre, la apertura de negociaciones para el pleno restablecimiento de relaciones, poniendo fin a 50 años de duro enfrentamiento.
La reunión puede convertirse en una buena prueba del acierto de la estrategia de Obama respecto a Latinoamérica, que ha hecho de la diplomacia con Cuba un punto de referencia. Un efecto inmediato de la nueva situación es la rebaja automática del antiamericanismo que habitualmente sobrevolaba estos encuentros y elevaba la tensión del debate. De hecho, en la cumbre de Cartagena de Indias de 2012 varios países amenazaron con un boicoteo a la reunión si Cuba no era readmitida. Mañana las cosas serán muy diferentes, tanto que alguno de los más fieles aliados de Cuba, como Venezuela o Nicaragua —que han hecho del discurso antiamericano una bandera política— pueden encontrarse en una situación incómoda.

El embargo comercial de Washington a La Habana tiene los días contados, y con él uno de los principales argumentos retóricos de los líderes populistas latinoamericanos. Además, Obama ha añadido más elementos de distensión con Cuba en los últimos días, al sugerir que EE UU sopesa sacar al país caribeño de la lista de Estados que respaldan el terrorismo. Cuba fue incluida en 1982 por su apoyo a diversas guerrillas latinoamericanas. En la recta final de su mandato, el presidente estadounidense puede dejar un importante legado a su sucesor en materia de política latinoamericana, históricamente uno de los puntos más sensibles de la acción exterior de Estados Unidos.

Sin embargo, este optimismo no puede hacer olvidar que el régimen castrista sigue presentando gravísimas deficiencias en materia de derechos humanos. Solo en marzo hubo 610 detenciones por motivos políticos, la cifra más alta de los últimos siete meses. Raúl Castro debe ser consciente de que el retorno de Cuba no solo es el disfrute de un derecho sino que conlleva obligaciones. La apertura a Cuba debe ser correspondida por La Habana.

Editorial de El País

Fueron las autoridades de EE UU las que desencadenaron la intervención del BPA andorrano y su filial al cien por cien el Banco Madrid por blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. Desde entonces los acontecimientos se han precipitado de tal forma que el banco domiciliado en España ha quedado al borde de la liquidación. La significación del episodio trasciende el tamaño reducido del banco o la ausencia de riesgo sistémico sobre el conjunto del sistema financiero español.

El Banco de España intervino el Banco Madrid una vez la autoridad supervisora de Andorra hizo lo propio con la matriz, el BPA, sustituyendo a su consejo de administración y paralizando la operativa del banco. La gravedad del blanqueo de capitales, la contribución a normalizar fondos provenientes de orígenes criminales, no debe pasarse por alto si se confirma. Desde hace años traficantes de droga, bandas mafiosas u organizaciones terroristas cuentan de forma más o menos cómoda con algunas instituciones financieras para lavar el dinero captado en operaciones que violaban la ley, incluida la que obliga a cumplir con las obligaciones tributarias.

La sorpresa, al menos para el común de los ciudadanos es que algunas de esas operaciones se estuvieran haciendo en el centro de Madrid, con mayor o menor autonomía de la matriz andorrana de la que existían antecedentes sobre las posibilidades de refugio que ofrecían a fondos de origen ilegal. La conexión con personas vinculadas a detenciones por operaciones irregulares, como las de algunos presuntos delincuentes detenidos no es un hecho conocido precisamente ahora.

La responsabilidad de las investigaciones de blanqueo de dinero es del Ministerio de Economía, del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, SEPBLAC. Si esta unidad había iniciado investigaciones hace tiempo llama la atención que la denuncia a la fiscalía solo se haya cursado ahora, una vez hecha la denuncia del Tesoro de EE UU. El tiempo transcurrido debería justificarse debidamente, así como el detalle de las evidencias de blanqueo de dinero irregular, ya sean las denunciadas por las autoridades americanas o las detectadas por los propios servicios del SEPBLAC, desde abril del pasado año, pero no denunciadas debidamente.

Si las autoridades españolas desconocían las prácticas que en esos bancos se llevaban a cabo, hay razones para la inquietud. Pero no son menores si, conocidas, se ha esperado a tomar cartas en el asunto. Por eso, Economía debe explicar con detalle cómo ha actuado ese servicio especializado, sus hallazgos y las razones de la demora en su denuncia. Una explicación igualmente preocupante sería que se hubieran dado confusiones funcionales entre el SEPBLAC y el Banco de España, como supervisor de las entidades bancarias que operan en nuestro país.

Despejar la inseguridad en un ámbito tan sensible como el que ha aflorado este episodio es tan urgente como garantizar que no van a ser nuevamente los contribuyentes los que acaben soportando las irregularidades de los responsables bancarios. El Ministro de Economía debe aclarar la situación con rapidez y aprovechar la ocasión para informar de las actuaciones de esa unidad, no sólo en el caso que ahora está sobre la mesa. La confianza descansa en la transparencia, y hasta ahora este episodio sigue proyectando muchas sombras.

Editorial de El País

La iniciativa de Felipe González de defender a López y Ledezma debe servir de ejemplo

La decisión del expresidente del Gobierno español, Felipe González, de ejercer la defensa de dos destacados líderes opositores encarcelados por el Gobierno venezolano tiene importantes connotaciones que pueden influir positivamente en el peligroso deterioro de la democracia y los derechos humanos bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Vaya por delante el reconocimiento del gesto audaz de González, al que deberían de sumarse cuanto antes otros líderes políticos de talla internacional.

La iniciativa, adelantada por EL PAÍS, recuerda a Maduro que el encarcelamiento de Leopoldo López y de Antonio Ledezma —los dos principales presos políticos del país— va contra cualquier convención democrática, y que en ningún caso va a ayudar a resolver los gravísimos problemas de Venezuela. Es, sobre todo, un recordatorio de que la comunidad internacional no puede olvidarse de ellos.

Además de lo que este gesto puede suponer para salvaguardar la integridad física de los dos encarcelados y del conjunto de la oposición, hay otro elemento sustancial. Buena parte de los Gobiernos de la región han asistido con cierta pasividad al deterioro de la democracia en Venezuela. Por las razones que sea, da la impresión de que no han hecho los esfuerzos suficientes para ayudar a disipar el cada vez más enrarecido clima político en Venezuela: la existencia de presos políticos —y no como dice Maduro, “políticos presos”— retrotrae a décadas ya superadas prácticamente en América Latina. La defensa que González asume de Santos y Ledezma ya desencadenó ayer reacciones muy positivas de aprobación que vienen a paliar esa indiferencia y falta de reacción ante el desastre político y social de Venezuela.

La decisión coincide con las voces que desde hace meses sugieren la conveniencia de un papel activo de mediación por parte de personalidades de prestigio que logren desatascar una situación cada vez más peligrosa. Ya hace pocas semanas el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció su concurso, pero la propuesta no tuvo acogida por parte de Caracas.

No se trata, en ninguno de los casos, de injerencias externas ni de actitudes agresivas. Al contrario. Maduro debe entender que el país que preside necesita de todas las ayudas posibles y, desde luego, de espacios de diálogo entre su Gobierno y la oposición, y que mantener en la cárcel a líderes políticos sin que ello tenga ninguna consecuencia es, sencillamente, imposible.

Editorial de El País

Las malas prácticas detectadas en el BPA ponen en peligro la estabilidad del Principado

No es extraño que la banca de un pequeño país que apenas acaba de abandonar su condición de paraíso fiscal se vea envuelta en un grandioso escándalo de blanqueo de capitales. Pero es menos frecuente que eso suceda al mismo tiempo —como en el caso del grupo Banca Privada d’Andorra/Banco de Madrid— que se desvelan los flujos de tres poderosas mafias internacionales (de origen chino y ruso y del chavismo venezolano), amén de trapicheos como los de la familia Pujol.

Y todavía lo es menos que el asunto acabe perjudicando al país vecino como sucede con la filial de BPA, el Banco de Madrid. Para España lo complicado del caso es que pone en cuestión la celeridad y la calidad de la actuación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Ministerio de Economía. El discurso del ministro de que el virus andorrano no contagiará al sistema español es sensato, pero ¿por qué no se evitó antes incluso el mínimo rebote registrado? Su inspección había detectado graves irregularidades en julio de 2014; ¿por qué no las notificó hasta el estallido del asunto, provocado por las investigaciones del Tesoro estadounidense?

La actuación del Tesoro en la detección de los flujos financieros vinculados al terrorismo, el narcotráfico y las grandes redes, que se ha sustanciado en cuantiosas multas a pequeños y grandes bancos desde el atentado contra las Torres Gemelas, ha sido beneficiosa para norteamericanos y europeos. El principal interrogante versa sobre la —aparentemente— escasa coordinación.

Para Andorra, el golpe reputacional y financiero es enorme. Porque los corralitos financieros no han menudeado en Europa a excepción del caso chipriota; porque el sistema financiero es columna vertebral de la economía andorrana; y porque BPA supone más de un quinto de ese sistema.

Pero, además, los efectos del escándalo desbordan la economía privada. En los años de crisis, el Estado andorrano creó unas mínimas redes de bienestar e infraestructuras que habían sido tradicionalmente inexistentes; dada la nula presión fiscal, los financió con deuda colocada en la banca local, de modo que si la crisis del sistema financiero aumenta, lo que se pondría en juego sería la propia pervivencia del Estado, que solo en los últimos años ha emprendido un lento esfuerzo de modernización.

Para asegurar la estabilidad, Andorra debe establecer cortafuegos entre la entidad dañada y el resto. Y acelerar la transparencia, el fin del secreto bancario y el intercambio total de información con los países vecinos para perseguir no solo la criminalidad organizada sino también los delitos fiscales. Cuanto antes lo haga, más vacunado quedará el país de las malas afecciones del pasado. Quizás todo eso no sea suficiente. Pero es indispensable.

Editorial de El País

Rousseff necesita carisma, sagacidad y sacrificio para enfrentarse al desencanto de millones de brasileños

A tan solo cinco meses de su reelección, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió el domingo un durísimo voto de castigo en las calles de las principales ciudades del país. Cientos de miles de manifestantes le exigieron un cambio de rumbo en lo que se considera la mayor marcha de protesta desde finales de la dictadura militar.

Fue, en cierto modo, el segundo aviso —tras las marchas de junio de 2013— de una sociedad en crisis de confianza, y sobre todo de expectativas: nuevas clases medias, convocadas más por las redes sociales que por unos líderes opositores que optaron por esperar y ver, plurales y sin banderas de partidos, luciendo mayoritariamente los colores de la selección nacional de fútbol y cantando “que nos devuelvan Brasil” y “no somos la élite, no somos de derechas: somos Brasil”.

Comprender en su complejidad el desencanto y la frustración de millones de brasileños debe ser el primer paso de Rousseff para salir de su aislamiento —desconectada de la calle, del Congreso y de su propio partido— y recuperar la iniciativa por el camino de las reformas.

No va a ser fácil. Exigirá carisma, sagacidad y sacrificios. Brasil está desde hace casi dos años en una tormenta perfecta: frenazo económico, corrupción política y bloqueo institucional. Atrás han quedado las dos décadas prodigiosas que protagonizaron los expresidentes Henrique Cardoso y Lula da Silva, cuando 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y el tirón de la demanda china estimulaba un crecimiento que llegó al 7,5% del PIB en 2010, fluían los créditos baratos al consumo y se extendían las políticas asistenciales. Hoy, Brasil coquetea con la recesión, el crecimiento apenas roza el 1% y la inflación, el dragón de la economía, escala hasta el 7,7%.

No es mejor el panorama político, sacudido por escándalos de corrupción como la gigantesca trama de sobornos en Petrobras que ha llevado a decenas de diputados, funcionarios y empresarios a prisión o al banquillo. Tampoco ayuda un Congreso dominado y desprestigiado por los intereses tácticos de un sinfín de pequeños partidos ni una Administración mastodóntica, cara, ineficiente e intervencionista en manos de 39 ministros.

No está en juego la renuncia o destitución de la presidenta —con escasas posibilidades de prosperar—, sino la salud de la democracia y el bienestar de la gente. Es la hora de la reforma política, del ajuste económico —ya iniciado por el actual titular de Hacienda, el social-liberal Joaquim Levy— y de una decidida lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Es la hora también de las convicciones. Dilma Rousseff ha recibido un doloroso aviso; aún tiene tiempo para corregir el rumbo.

Editorial de El País

El país caribeño necesita iniciativas que frenen la deriva de su situación política

La sociedad venezolana merece que se ponga fin lo más pronto posible a la situación de inseguridad, física y jurídica, que atraviesa el país y que empeora día a día. Gobierno y oposición tienen la responsabilidad —no en la misma medida, obviamente— de encauzar la situación cuanto antes. No es admisible la degradación material e institucional de un país que por sus recursos materiales y humanos debería estar en los puestos de cabeza en lo que respecta a prosperidad económica y política de Latinoamérica. En este contexto, el Ejecutivo de Nicolás Maduro y los políticos de la oposición (que necesita unirse sin más dilaciones) deben hacer un ejercicio de realismo que les lleve a aceptar algún tipo de iniciativa internacional —como la mediación propuesta ayer por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos— que abra una nueva perspectiva a la dificilísima situación del país.

El asesinato el martes del joven estudiantil de 14 años Kluvier Roa es la demostración del punto de tensión al que han llegado las cosas. Roa murió durante una manifestación opositora en el Estado de Táchira cuando un policía le disparó en la cabeza. Se trata de la quinta muerte de un adolescente por disparos en la cabeza acaecida en las diferentes zonas del país en las últimas semanas; muertes que no han sido aclaradas y generan entre los ciudadanos una sensación de indefensión absoluta. Solamente el miedo sujeta la ola de indignación —de consecuencias difíciles de prever— que todo ello está causando.

Es muy preocupante que Maduro haya dado muestras de estar perdiendo el control de la situación, porque debería ser uno de los interlocutores para desbloquear la gravísima crisis. Con la opinión pública todavía encrespada por la arbitraria y brutal detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el presidente abandonó el habitual tono desafiante, se apresuró a condenar el crimen y añadió que “en Venezuela está prohibida la represión armada”. Pero este es el tipo de juego retórico que no calma los ánimos: hace apenas unos días el mismo Maduro aprobó y justificó la utilización de armamento letal contra las manifestaciones opositoras.

Venezuela necesita una salida con urgencia. Si los actores internos son incapaces, no ya de alcanzar una solución sino de ponerse en el camino correcto para lograrlo, al menos deberían escuchar propuestas y atender a los gestos que les llegan desde el exterior.

Editorial de El País

La injustificable detención del alcalde de Caracas debe facilitar la unidad de la oposición

La detención —brutal en las formas e inaceptable por su significado político— del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, no puede ser justificada de ninguna forma, por más que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apele a teorías conspiratorias. El trato vejatorio y violento contra la persona que los caraqueños eligieron como su representante, la violencia empleada —incluyendo derribo de puertas y disparos— y la incertidumbre sobre la situación jurídica y física en la que quedó el detenido son absolutamente incompatibles con cualquier atisbo de existencia de un Estado de derecho.

Maduro no entiende que la democracia no consiste en alcanzar el poder y una vez logrado saltarse cualquier regla y justificar cualquier atropello siempre que esté envuelto en el gastado discurso grandilocuente del populismo. Un discurso que contrapone de forma falsa los intereses del país —de los que el gobernante venezolano parece ser el único intérprete— a los derechos de los ciudadanos y a las reglas de la democracia.

El presidente apunta a una fantasmagórica conspiración que habría urdido un supuesto “eje Madrid-Bogotá-Miami” que “saca barbaridades todos los días” sobre Venezuela. La realidad es la opuesta. Casi a diario se perpetran barbaridades oficiales contra la democracia en Venezuela: la autorización al Ejército para usar armamento de guerra contra las manifestaciones civiles, la detención —hace ya un año— y maltrato físico en prisión del líder opositor Leopoldo López, el despojo de su acta de diputada y la agresión a la opositora María Corina Machado, el acoso sistemático a la libertad de prensa, las expropiaciones arbitrarias y la detención del alcalde Ledezma como si fuera un peligroso terrorista son solo algunos ejemplos.

Con este panorama, es imprescindible que la oposición venezolana adopte una estrategia realista y generosa que supere sus divisiones y personalismos. El abismo ante el que está el país hace necesario dejar de lado ambiciones y agravios, reales o imaginarios, instalados en el pasado. Es urgente presentar un proyecto de unidad para garantizar la calidad democrática del sistema político y el bienestar material de una sociedad sumida en una escasez y una inseguridad inconcebibles hace apenas unos años. Venezuela atraviesa un momento crucial y es fundamental que la oposición democrática muestre que está a la altura del desafío.

Editorial de El País

El ‘número tres’ de Podemos continúa sin explicar sus cobros de la Alianza Bolivariana

 
Monedero no aporta datos del trabajo que le reportó 425.000 euros

El empeño de Juan Carlos Monedero por mantener en la oscuridad sus cobros de la Alianza Bolivariana empieza a rayar en la falta de competencia política. El número tres de Podemos se escuda en la lealtad debida al banco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba) para eludir la explicación de cuáles fueron los trabajos por los que cobró 425.000 euros a través de una empresa creada pocos días antes de recibir el dinero. Anteponer la confidencialidad supuestamente exigida por la entidad latinoamericana a la transparencia debida a los ciudadanos es insólito en quien se envuelve en la bandera de la ética para pedirles su confianza.

Monedero ha mostrado una factura emitida a título de honorarios por “un estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba” y análisis de “las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto”; conceptos sorprendentes para justificar el cobro por parte de quien no consta como experto en finanzas, pero tampoco en derecho. Ni presenta los trabajos correspondientes ni el contrato que dio origen a los mismos. Sostener verbalmente que se trató de un informe “muy voluminoso” es algo que solo puede creerse por fe, dado que no lo respalda con documentación alguna. Nos remite así a la actitud exigible a los fieles de una comunidad religiosa, antes que a ciudadanos conscientes de sus derechos en democracia.

Otra cosa distinta es que denuncie ante la fiscalía al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por presunta filtración de datos tributarios que le afectan. Esa denuncia merece ser investigada, puesto que pone en entredicho la credibilidad del Gobierno y de la Agencia Tributaria, cuyo responsable político es el ministro.

Monedero se embolsó 425.000 euros a través de una empresa interpuesta y eludió la gestión y el cobro en su universidad; pagó menos impuestos de los que le correspondían, y presentó después una declaración complementaria. Ante estos hechos, es erróneo enviar el conocido mensaje de circulen, aquí no hay nada que ver; pretender autodescartarse de toda sospecha sobre sí mismo y atribuir las dudas a una “caza de brujas” desatada por lo que él llama “el régimen del 78”. Mucha grandilocuencia para tan poca explicación por parte del dirigente de un partido erigido en azote moral de los demás. Más que en un activo electoral, Monedero se está convirtiendo en una rémora para Podemos.

Editorial de El Paìs

Cristina Fernández debe asumir la importancia del ‘caso Nisman’ y ayudar a aclararlo

La presidenta argentina, Cristina Fernández, debe entender que el escándalo originado en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman —que acusaba al Gobierno de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado antisemita contra la AMIA en 1994— no es un evento más en la política interna argentina: tiene gran profundidad y cada vez más derivadas internacionales. Y es urgente que la Administración que ella dirige muestre una línea clara para arrojar luz tanto sobre elcaso Nisman como sobre la peor acción terrorista en suelo argentino, registrada hace ya 20 años.

No ayuda en nada a crear un clima de serenidad el que, pocos días después de que Fernández se desdijera de la teoría del suicidio, denunciara una conspiración contra ella y disolviera los servicios secretos, su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompa con rabia en público las páginas del diario Claríny le acuse de mentir por informar de que el fiscal fallecido iba a pedir al Congreso argentino la detención de Fernández y varios de sus más próximos colaboradores. Sobre todo cuando, apenas horas después, aparece un borrador elaborado por el fiscal que confirma la versión del periódico argentino.

Ni tampoco ayuda el que la propia presidenta se enzarce en una absurda, estéril e inexplicable batalla en las redes sociales con una actriz, Mia Farrow, y una extenista, Martina Navratilova, sobre la autoría de la muerte.

Fernández tiene que ser consciente de que el problema no estriba en un intercambio de opiniones vía Twitter sino en un hecho gravísimo —Nisman apareció muerto en su casa, horas antes de acudir al Congreso, con un disparo en la cabeza, en un ángulo que prácticamente descarta el suicidio y sin rastros de pólvora en las manos— que arroja grandes sombras en cuanto a la relación de su Gobierno con Irán.

La relevancia de la muerte de Nisman ya ha trascendido las fronteras argentinas. El Congreso de Estados Unidos ha tratado en un comité el asunto y el periodista que primero informó del hecho se ha refugiado en Israel. Los llamamientos oficialistas a la soberanía nacional pueden ser fundamentados, pero deben ir acompañados de una actitud incuestionable al lado de las víctimas que son Nisman y las 85 personas que murieron en la AMIA.

La sociedad argentina sigue, con toda la razón, convulsionada por la muerte y sus implicaciones. El caso Nisman es mucho más que un escándalo.

Editorial de El País