Venezuela ha votado abrumadoramente por un drástico cambio de rumbo tras 17 años de gestión —primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro— de un modelo político y social que no solo se ha mostrado totalmente agotado sino que ha hundido al país en la pobreza material, la inseguridad jurídica, el autoritarismo político y el desprestigio internacional.

Hay que resaltar positivamente que tras una durísima campaña electoral en la que la oposición ha sufrido el acoso físico —incluyendo un asesinato en pleno mitin— y las declaraciones amenazantes por parte del Gobierno, la jornada del domingo transcurriera sin incidentes y que una vez conocidos los resultados, Maduro —seguramente presionado por los militares— saliera a reconocer la derrota del chavismo y a admitir que vencieron “la Constitución y la democracia”. Y que el líder opositor Henrique Capriles dijera ayer que hay que administrar la victoria “con humildad, madurez y serenidad”.

Resuelta la asignación completa de escaños, queda claro que comienza una fase de transición en la que la oposición tiene los dos tercios de la Cámara que le permiten una mayoría suficiente para designar y apartar autoridades y para promulgar leyes orgánicas. Es el momento de que todos se pongan manos a la obra para, mediante el diálogo, recuperar la convivencia que nunca debió haberse perdido.

Uno de los elementos básicos es la liberación de los presos políticos. Se trata de una medida que puede llegar mediante una ley de amnistía que apruebe el nuevo legislativo —como ya ha anunciado Lilian Tintori, mujer del encarcelado Leopoldo López—, aunque lo deseable sería que fuera el propio presidente Maduro el que tomara esa iniciativa como muestra del compromiso con la nueva senda que ha trazado la sociedad en las urnas.

La estabilidad institucional también es fundamental. Los venezolanos tienen múltiples demandas que exigen ser afrontadas con urgencia, desde el desabastecimiento de los productos básicos a la delincuencia desatada y la corrupción generalizada. Una contienda política, por muy legítima que sea, entre Ejecutivo y Legislativo que deje estas prioridades en un segundo plano puede hacer encallar definitivamente al país.

Venezuela no está dividida en dos bloques irreconciliables. La oposición, que no debe quemar etapas ni caer en provocaciones, incluye puntos de vista y sensibilidades distintas; y el chavismo, que ha ganado 18 de 19 elecciones, contempló el domingo cómo un gran número de sus partidarios han dado ahora los votos a la oposición. El diálogo es complicado, pero esta es la oportunidad para tender puentes.

En paralelo, la comunidad internacional debe estar con Venezuela —que, como Argentina hace dos semanas, experimenta un cambio de repercusión regional— y acompañar esta nueva etapa para contribuir al éxito de la transición hacia la normalización democrática.

Editorial de El País

Maduro debe tener presente que nadie va a cerrar los ojos si se altera el resultado de las elecciones legislativas

Venezuela vota mañana en las que probablemente sean las elecciones más importantes de su historia reciente. Los venezolanos están en disposición de otorgar la mayoría parlamentaria a representantes que hagan volver el país a la senda que nunca debió abandonar: la de la normalidad institucional, la seguridad jurídica, las prácticas democráticas y la libertad de expresión.

No son por tanto unas elecciones normales, ni por su significado ni por el escenario: Es imposible pasar por alto que varios representantes de la oposición se encuentran encarcelados, con Leopoldo López como máximo ejemplo de los atropellos cometidos por el régimen; la prisión injustificada, las acusaciones fabricadas y los juicios plagados de irregularidades no son precisamente un ejemplo de trato democrático hacia los rivales. Tampoco se puede olvidar el asesinato durante un mitin del opositor Luis Manuel Díaz —atribuido rápidamente por las autoridades al “sicariato” y al “paramilitarismo”— ni el hostigamiento permanente que ha sufrido Lilian Tintori, esposa de López, ni los ataques violentos hacia Henrique Capriles.

La oposición ha sido intimidada físicamente desde un poder que se arroga el derecho exclusivo a hablar en nombre de los venezolanos. Con estos antecedentes es fundamental vigilar y denunciar cualquier tipo de irregularidad durante el proceso de votaciones y en el recuento. El presidente Maduro —cuya escalada de declaraciones sobre lo que podría ocurrir en caso de derrota del oficialismo es más que preocupante— tiene que tener muy presente que ni dentro ni fuera de Venezuela se van a cerrar los ojos ante eventuales intentos de alterar el resultado real de la votación. Es lamentable, por todo ello, que el Parlamento Europeo, tan presente en muchos otros lugares arriesgados, no se haya atrevido, por “motivos de seguridad”, a enviar una misión observadora a estas elecciones.

Editorial de El País

El régimen tiene que investigar el asesinato de un opositor en un mitin

 
Lilian Tintori cuenta el asesinato de un opositor venezolano: “Me salpicó la sangre”

El asesinato del líder opositor venezolano Luis Manuel Díaz durante un acto electoral el pasado miércoles constituye un gravísimo hecho de violencia política en un país que el próximo 6 de diciembre acudirá a las urnas, y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias por la justicia venezolana.

La muerte a tiros de Díaz no es un hecho aislado. El político asesinado asistía a un acto electoral de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, en la cárcel desde hace casi dos años. Durante toda la jornada, Tintori fue acosada repetidamente por simpatizantes del régimen y en un momento dado llegó a ser retenida sin justificación alguna por parte de oficiales de policía. Ayer denunció que corre el riesgo de ser asesinada. Conviene no perder de vista que su marido, convertido en símbolo de las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel en un juicio farsa plagado de irregularidades y sin las mínimas garantías jurídicas, y que numerosas personalidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido al presidente venezolano que lo libere inmediatamente. Otro destacado líder opositor, Henrique Capriles, también ha denunciado ante las autoridades haber sido objeto de ataques armados.

Las elecciones legislativas de dentro de poco más de una semana son cruciales para el futuro de Venezuela. Es imprescindible que puedan celebrarse en un clima de libertad y normalidad democrática. Desgraciadamente, se trata de un escenario muy lejos del acoso que están sufriendo los opositores, tanto en su vida cotidiana como en sus desplazamientos y en los actos políticos que protagonizan.

El Gobierno venezolano que encabeza Maduro está obligado a corto plazo a dos cosas: en primer lugar, debe aclarar el asesinato de Díaz, tal y como ya han exigido la Organización de Estados Americanos y Unasur. Al mismo tiempo, tiene el deber de garantizar la seguridad de quienes participan en los actos organizados por la oposición. Es absolutamente incompatible con una democracia el que un político pueda ser acribillado entre una multitud y que el crimen quede impune. El desdén con el que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha calificado de “montajes” los atentados sufridos por los opositores no constituye precisamente una garantía de la voluntad oficialista de aclarar y poner freno a esta violencia.

Tampoco ayuda al clima de tranquilidad las repetidas declaraciones de Maduro en las que coloca la movilización callejera por encima de lo que puedan decir las urnas. Es muy peligroso reiterar, como hace Maduro, el propósito de ganar en las calles lo que no logre con los votos. En democracia, la máxima expresión de la voluntad popular no está en las demostraciones de fuerza en el asfalto, sino en las papeletas depositadas con seguridad y libertad en los centros de votación. Maduro debe aceptar de una vez por todas las reglas del juego democrático.

Editorial El Paìs

Hay que felicitarse por el compromiso de la mayor parte de la clase política española por la libertad de Leopoldo López

El amplio acuerdo alcanzado por la mayor parte de la clase política española sobre la inaceptable condena de cárcel para el líder opositor venezolano, Leopoldo López, y la más que preocupante situación en Venezuela merece una reflexión de elogio: es una buena prueba de que es posible alcanzar posiciones comunes sobre cuestiones fundamentales.

 
Ayer Lilian Tintori, mujer de López, se reunió con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Felipe González para contarles detalles del proceso y condena de su marido a 13 años y 9 meses en un juicio plagado de irregularidades y en el que fue declarado autor intelectual de la muerte violenta de 43 personas que protestaban en febrero de 2014 contra la desastrosa gestión del Gobierno de Nicolás Maduro. Los tres políticos se definieron sin matices a favor de la democracia en Venezuela y de la obligación moral del actual Gobierno de liberar a los presos políticos. Y lo hicieron cada uno según las responsabilidades que ocupan.

Así, Rajoy recibió a Tintori como presidente del Gobierno aunque ello pueda costar un nuevo roce diplomático con el régimen de Maduro, que ya tuvo una reacción desaforada cuando recibió a la mujer de López solo como líder del PP. Para despejar cualquier duda, el Gobierno se ha solidarizado con el líder encarcelado y los demás presos políticos. Sánchez fue más lejos en el lenguaje, describiendo el proceso a López como “un linchamiento político”; el líder del PSOE acertó al exigir disculpas a los partidos que en España justifican la condena. González, por su parte, describió las circunstancias del régimen chavista, la situación que viven los venezolanos y el peligro de irregularidades que se cierne sobre las elecciones del 6 de diciembre.

Son tres expresiones del compromiso de la gran mayoría de la clase política española —y de los ciudadanos a los que representan— con la lucha por la democracia y los derechos humanos. Un consenso del que hay que congratularse.

Editorial de El País

El régimen de Maduro debe liberar al líder opositor Leopoldo López e iniciar el diálogo

Lilian Tintori, mujer de Leopoldo López, en una rueda de prensa tras conocer la condena del opositor venezolano. /FERNANDO LLANO (AP)
La condena a 13 años y 9 meses de prisión sufrida por el opositor venezolano Leopoldo López no puede ser justificada desde ningún punto de vista más que desde el enrocamiento del régimen de Nicolás Maduro, que ha optado definitivamente por enturbiar el ambiente en el que se celebrarán las cruciales elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.

Absolutamente todo lo que ha rodeado la acusación, el encarcelamiento, el procesamiento y la condena de López ha sido irregular y no ha cumplido las garantías mínimas de cualquier país democrático. No es sostenible la acusación de incitación y autoría intelectual de López en la muerte de 43 personas durante las manifestaciones realizadas en Caracas y otras ciudades del país convocadas contra la violencia, pobreza y corrupción de la que los manifestantes culpaban a la desastrosa gestión de Maduro. Tampoco lo es el encarcelamiento durante 19 meses en una prisión militar con amplios periodos de aislamiento en los que ni su defensa ni sus familiares han podido tener acceso a López. Muchísimo menos observa una mínima garantía el juicio de 71 días de duración celebrado a puerta cerrada en el que el tribunal ha impedido al líder opositor presentar algunos vídeos como alegato de su defensa.

Es imprescindible recordar que López se entregó voluntariamente a la justicia para hacer frente a las graves acusaciones vertidas contra él desde la misma jefatura del Estado. En los meses transcurridos desde entonces, Maduro y su Gobierno se han negado sistemáticamente a escuchar los llamamientos realizados por numerosas personalidades y Gobiernos internacionales que le han solicitado la liberación del opositor, por justicia y como gesto de que estaba dispuesto a dialogar para reconducir la preocupante situación en su país. La condena de López es injustificable y debe ser liberado.

Editorial El País

La renuncia presidencial es la salida adecuada pese a toda la incertidumbre que pueda generar

La dimisión del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina —tras una masiva revuelta cívica, la revocación parlamentaria de su inmunidad y la emisión de una orden de detención en su contra— ha colocado al país centroamericano, que el domingo celebra elecciones legislativas, en una delicada situación política e institucional. Pérez Molina ha sido acusado formalmente de encabezar una extensa red de corrupción que involucra al sistema de Aduanas del país. La mitad de su gobierno dimitió al conocer la noticia. La renuncia presidencial es la salida adecuada pese a toda la incertidumbre que pueda generar.

Guatemala es el perfecto ejemplo del peligro que representa la corrupción para un sistema democrático: se convierte en la puerta de entrada y factor de expansión del crimen organizado. Colombia y México conocen bien este riesgo, por el que ya han pagado un alto precio y lo combaten. Otros países latinoamericanos deberían prestar atención a lo que está sucediendo en Guatemala. La corrupción endémica no es un problema menor ni un mal inevitable e incorregible, y siempre termina fusionándose con la delincuencia más peligrosa y destructiva. Por su naturaleza, los partidos políticos son estructuras territoriales, característica que comparten con las redes criminales; si se dejan corromper, esas redes terminan dominando el sistema con un gigantesco coste no solo en dinero sino, especialmente, en vidas.

Las acusaciones contra Pérez Molina y algunos de sus colaboradores —la exvicepresidenta está encarcelada— han causado una gran movilización popular contra la política en un país en el que no hay clase política en sentido estricto, fruto de la destrucción de los partidos tradicionales. Otra lección sobre la necesidad del fortalecimiento de las instituciones en los países y sobre los problemas que genera su debilitamiento o desaparición.

Editorial de El País

Venezuela y Colombia han de resolver sus diferencias por la vía de la negociación y el diálogo

La relación entre Venezuela y Colombia, dinamitada a raíz del cierre fronterizo ordenado por Nicolás Maduro, debe volver cuanto antes a los cauces de normalidad por el bien no solo de ambos países, sino de la estabilidad en toda la región. La llamada a consultas de embajadores —paso previo a la ruptura de relaciones— es una señal que indica la gravedad del desencuentro.

Bogotá ha visto cómo en una semana la frontera común era cerrada de forma unilateral por orden de Maduro, un millar de colombianos residentes en Venezuela eran deportados de forma expeditiva y otros 4.000 regresaban cruzando precariamente la frontera y denunciando hostigamiento por parte de las fuerzas venezolanas. Además, el defensor del pueblo colombiano fue objeto de un sonoro plantón por parte del gobernador venezolano del Estado fronterizo de Táchira en una reunión que debía tratar de los refugiados colombianos.

Aun en el caso de que Maduro tuviera razón en cuanto a la inestabilidad que genera el contrabando en la zona fronteriza —la razón aducida para el cierre—, esto no justifica en absoluto las medidas que ha adoptado. La deportación sin proceso de ciudadanos colombianos es completamente inaceptable en los usos habituales entre países amigos y el envío de tropas a la zona por donde huyen los refugiados tampoco constituye precisamente un gesto amistoso.

La tentación de apelar al enemigo o al conflicto exterior es recurrente en los regímenes que atraviesan grandes dificultades internas. Sería deseable que Maduro no cayera en ella. En la otra parte de la frontera, la respuesta de Colombia debe ser mesurada y con perspectiva. Bogotá se encuentra centrada en unas cruciales conversaciones de paz con la guerrilla, mientras el Gobierno venezolano debería hacer todo lo posible para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones de diciembre. Lo último que necesita Sudamérica es un conflicto incontrolado entre estos dos países.

     Editorial de El Paìs      

La ligera ventaja obtenida en las elecciones primarias por el candidato peronista Daniel Scioli anuncia un viraje más profundo

 
El kirchnerismo ha ganado las elecciones primarias en Argentina, pero no ha arrasado. La victoria del candidato del oficialismo, el peronista moderado Daniel Scioli, no le garantiza su triunfo en las presidenciales de octubre, donde podría ser necesaria una segunda vuelta. Su principal rival, el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, de centro-derecha, aunque obtuvo unos resultados ligeramente por debajo de las expectativas, aún tiene capacidad para unir voluntades políticas y votos para dar la batalla en otoño. Los próximos meses serán cruciales para fraguar alianzas y concretar propuestas, sobre todo en el terreno económico, el gran ausente en la reciente campaña.

Scioli, un político sin carisma que ha vivido los últimos 12 años a la sombra de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tendrá que conjugar para ser presidente la doble tarea de asegurarse el apoyo de la maquinaria electoral kirchnerista y abrirse a otros sectores de la sociedad argentina. Macri, percibido por las capas populares como el vástago de una de las grandes fortunas del país, deberá seducir, lo que a priori no se antoja fácil, a los votantes del peronismo disidente que representan Sergio Massa y José Manuel de la Sota.

El panorama, aún incierto, permite vislumbrar algunas tendencias. La primera, que probablemente estemos ante el principio del fin del kirchnerismo, un fin de ciclo político que se acompasa con el fin de ciclo económico sostenido, en Argentina y el resto de Sudamérica, por el boom de las materias primas. La segunda: quien gane en octubre tendrá que afrontar los problemas que atenazan la economía con medidas liberalizadoras, que reduzcan el excesivo proteccionismo y que rebajen la inflación, así como frenar la creciente inseguridad y pobreza de los últimos años. La sociedad argentina votó el domingo dividida y polarizada. Las presidenciales de octubre son una oportunidad para abrir una nueva etapa más centrada políticamente.

Editorial de El País de España

España pierde la oportunidad de ser un actor de primera fila en la nueva situación de Cuba

La reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Cuba —ayer la ceremonia se limitó a la legación cubana en Washington— consolida el diálogo como mecanismo de solución de los problemas entre dos países enfrentados durante más de medio siglo. Es un escalón más en un proceso que transciende el marco puramente bilateral; tiene vocación hemisférica por la influencia de EE UU y Cuba en América Latina y otros países.

A la espera de conocer los detalles de los acuerdos para hacer posible la reapertura de embajadas, cabe suponer que Obama ha renunciado al trabajo de la legación diplomática en La Habana —históricamente ejercido por las Administraciones republicanas— de ayudar a los opositores y forzar la transición hacia la democracia. Eso no debe significar que Obama desista de promover las libertades en la isla dentro de los cauces de la Convención de Viena.

Sería coherente, además —tarea del Congreso, no de la Casa Blanca—, levantar el embargo y apoyar la incipiente apertura económica y social registrada en el país caribeño con el cambio de rumbo de Raúl Castro hace cuatro años. El desarrollo y las mayores cotas de bienestar individual demostrarán que el pluralismo es mejor herramienta que el partido único y la estatización para administrar una sociedad y encaminarla hacia el progreso.

Valorar estos pasos y constatar la creciente presencia global de líderes hacia Cuba lleva a lamentar que la actividad española en la isla no mantenga un ritmo político y económico mucho más intenso. Es grave la pérdida de iniciativa en una zona estratégica para España: es llegar tarde al cambio y perder la oportunidad de ser un actor de primera fila en la nueva situación.

Editorial de El País

Salvaguardar el carácter universal de la televisión pública es una obligación de quien lidere el Gobierno británico

La reforma de la radiotelevisión pública británica, admirada en todo el mundo por sus criterios de calidad e independencia profesional, está en el punto de mira del Gobierno conservador de David Cameron, que cree haber percibido en la línea informativa de la corporación una cierta inclinación sectaria. Ese recelo se ha materializado en un informe sobre el futuro de la BBC presentado al Parlamento que aspira a frenar sus “ambiciones imperiales” modificando su régimen de financiación, estrechando el cerco a contenidos de grandes audiencias y jibarizándola.

Para los británicos, la BBC es el lugar en el que la nación se encuentra, un símbolo de la democracia que se ha mantenido firme ante los intentos de injerencias gubernamentales, anteponiendo su compromiso con el servicio público. Es cierto que hay aspectos, como el canon que se cobra a los dueños de un televisor, que tienen que adaptarse a los tiempos, y también que la imagen de la BBC se ha visto dañada por escándalos, como el del exlocutor Jimmy Saville, acusado de abusos sexuales, o los astronómicos sueldos de sus estrellas.

Pese a todo, la BBC no ha perdido su esencia. En un ecosistema mediático cada vez más contaminado, sigue siendo una referencia informativa dentro y fuera de Reino Unido gracias a sus servicios mundiales. Salvaguardar su carácter universal es una obligación de quien lidere el Gobierno británico, sea quien sea.

Editorial de El Paìs