“Mi temor por la violencia es el temor del padre. No quiero que perdamos más hijos. Es el temor del ciudadano. No perdamos más venezolanos”

 

 

 

 

No es necesario revisar estadísticas del Banco Central ni boletines epidemiológicos para saber dónde estamos parados: 28.000 homicidios al año; no hay medicinas en las farmacias ni pan en las panaderías; el aparato productivo destruido y no se produce casi nada; la gente muere a las puertas de los hospitales; de todas las regiones del país huyen al exterior en estampida, buscando una vida. Hay hambre.

 

 

 

No es posible callar ante tanta destrucción. Por eso el país ha salido a manifestar. En Caracas, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. En todas partes. No es sólo un reclamo de la oposición a través de sus partidos. Es eso y mucho más. Ya no importa por quién se votó en las últimas elecciones ni por quién se votará mañana. Lo que todos sabemos es que este gobierno está acabando con Venezuela y queremos que eso cese.

 

 

 

En las manifestaciones recientes ha muerto gente. Un venezolano que muera es mucho y ya han muerto varios los últimos días. Jairo Ortiz fue asesinado en Carrizal por un policía de la bolivariana el 6 de abril. Daniel Queliz fue asesinado en Valencia cinco días después. En Barquisimeto el 11 de abril fue asesinado Gurseny Canelón por un Guardia Nacional. Gurseny se encontraba manifestando en la Ribereña. ¿Qué reclamaba? ¿Seguridad, medicinas, alimentos? Eso le costó la vida.

 

 

 

También en Barquisimeto fue asesinado Miguel Colmenares y Bryan Principal, un niño de trece años, fue herido de bala y perdió la vida. Los homicidas fueron guarimberos, al decir de unos, colectivos, al decir de otros. Lo cierto es que fueron grupos paramilitares, civiles armados que actúan aquí y allá sin que autoridad alguna intervenga.

 

 

 

La violencia vive con nosotros. La violencia se acelera y anuncia que hará de las suyas.

 

 

 

Las manifestaciones son expresión de un descontento desbordado. La protesta es la comunidad hecha quejido y dolor. No queremos seguir viviendo así. No queremos que corruptos, incapaces y malandros acaben con Venezuela.

 

 

 

 

Para este 19 de abril los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática convocaron, desde hace semanas, una jornada cívica de calle para reclamar, una vez más, liberación de los presos políticos y respeto al voto emitido en diciembre de 2015 cuando se escogieron representantes a la Asamblea Nacional, quienes hoy han sido invalidados por las trampas del Tribunal Supremo de Justicia. Debe respetarse el derecho de los diputados a representar nuestras demandas, a legislar y a controlar la administración pública, como lo establece la Constitución.

 

 

 

Esa manifestación fue convocada también para exigir que se tome en cuenta los pareceres de los ciudadanos y que puedan votar por gobernadores porque los de hoy tienen mandato vencido. Maduro, encompinchado con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, se niega a la convocatoria de esas elecciones, como si con eso pudiera ocultarse el repudio que se tiene por su gobierno fracasado y por su talante autoritario.

 

 

 

 

También se protesta en las calles el drama de la falta de medicinas y alimentos. Ya tiene tiempo la solicitud de un canal humanitario, la ayuda de organismos internacionales y de países dispuestos a auxiliarnos. Maduro lo impide. Según él, no necesitamos ayuda de nadie. Al revés, salen aviones venezolanos cargados de alimentos y medicinas para socorrer a otros países, en una obscena operación de imagen política, mientras los venezolanos mueren de hambre y de mengua.

 

 

 

 

Hay que agregar la exigencia de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo que delinquieron. Cometieron delitos al atentar contra la Constitución. Así lo tipifica el Código Penal. Así lo denunció la Fiscal General. No podrá restablecerse un nivel mínimo de confianza hacia el gobierno cuando se sabe que quienes deben ser los garantes del orden constitucional han delinquido. No es posible convivir con esa aberración.

 

 

 

 

El gobierno de Maduro desatiende esos reclamos. Actúa bajo otros dictámenes y acciona retrecheramente con represión. Ataca estudiantes. Malogra gente inocente. Asesinan con balas y armas que deberían ser dirigidas contra traficantes de drogas, mafias de traficantes de armas, pranes y homicidas que diezman semana a semana nuestra población. Todo ese poder de fuego lo usan, en cambio, contra los manifestantes.

 

 

 

 

El gobierno arremete contra jóvenes, mujeres y trabajadores humildes. Lo hace con armas largas y tanques. Lo hace usando a civiles armados, práctica perversa que esconde a asesinos en el anonimato de capuchas y de turbas desenfrenadas.

 

 

 

 

Ahora el PSUV ha convocado marchas paralelas el mismo 19 de abril. Todo “a ver quién puede más”.

 

 

 

 

La violencia está tocando las puertas. La tragedia está a pocas horas. ¿No basta con el dolor de las muertes de Jairo Ortiz y de Daniel Queliz? ¿Ignoran los asesinatos de Miguel Colmenares, Bryan Principal y Gurseny Canelón? ¿O acaso su propósito es que haya un “escarmiento” colectivo y que quien ose manifestar sepa que expone su vida?

 

 

 

No percatarse de este riesgo al convocar marchas paralelas, o peor, al promover situaciones límite, es un acto criminal del gobierno. Merece el más rotundo rechazo. Llamo la atención de la espiral de violencia que puede desencadenarse, con graves consecuencias que algunos en aras de sus objetivos políticos se niegan a considerar.

 

 

 

El PSUV es un partido de gobierno. No debe seguir comportándose como promotor de choques y de conflictos callejeros. Esa convocatoria a marchas de activistas maduristas el mismo día cuando la Mesa de la Unidad había convocado su manifestación, es una grosera provocación.

 

 

 

Muchos grupos paramilitares que tienen años haciendo de las suyas, escondiéndose bajo la figura de colectivos, saldrán a la calle. Así lo han hecho por años e impunemente se pasean de aquí para allá con las manos llenas de sangre pero con el estímulo y aliento del gobierno.

 

 

 

 

La policía, la Guardia Nacional y el SEBIN estarán de su cuenta. Ignorando la Constitución y transgrediéndola, portarán armas, apostarán francotiradores, actuarán de consuno con los paramilitares arriba señalados. Ya ha ocurrido muchas veces. No dejará de pasar esta vez.

 

 

 

 

No les dará la gana que los manifestantes pasen por determinada calle y los atacarán con bombas lacrimógenas, como acostumbran a hacerlo hasta en hospitales, zonas residenciales y edificios de oficinas. Esos violentos no se paran en nada.

 

 

 

 

Así produjeron más de cuarenta muertos el año 2014.

 

 

 

Hace pocos días hubo disturbios en Los Teques. En las narices de la policía y de la Guardia se desvalijaron comercios y el vandalismo actuó a sus anchas. ¿Por qué esa policía que se deleita reprimiendo no actuó contra los saqueadores? ¿Por qué esos cuerpos represivos, que aumentaron en 188 personas la lista de presos políticos con los detenidos que se produjeron del 4 al 14 de abril, no hacen nada contra cierto tipo de manifestantes?

 

 

 

 

La respuesta es sencilla. Porque hay infiltrados en las marchas para convertirlas en eventos violentos, justificar la represión, desnaturalizar justos reclamos y hacer de las protestas cívicas actos de confrontación física y violenta.

 

 

 

 

La violencia trae violencia. La gente tiene sangre en las venas y eso está produciendo focos de choque peligrosos. Hemos visto manifestantes incendiando motocicletas de policías, lanzando bombas caseras contra patrullas y jaulas, quemando “ballenas”. En fin, la violencia ha comenzado a salir de lado y lado. En defensa propia. Es verdad. Con suprema valentía y coraje. También es verdad. Pero violencia en fin de cuentas y los resultados pueden llegar a ser muy dolorosos. Un muerto es mucho y ya llevamos varios.

 

 

 

 

Esto hay que detenerlo.

 

 

 

 

Protesto el ensalzamiento que describe actos violentos como “acciones heroicas”. Las bombas malas son las que lanzan “ellos”. Las que tiran los nuestros son las “bombas buenas”. Por ese camino no debemos seguir, aunque no le parezca a quienes quieren construirse su crónica de heroísmo y grandeza a costa de la vida de los demás.

 

 

 

Protesto el lenguaje supuestamente viril, lleno de perfidia, ese que en nombre de la democracia y de los derechos humanos, de la paz y del cambio, llama a “ir más allá”, a “ir al desenlace”. ¿Qué significa ir al desenlace o “ir más allá”? ¿Será ir a algún lugar donde a los marchistas dejarán pasar con los brazos abiertos y sin interferencia alguna? ¿O estarán llamando al diablo para que el 19 de abril estalle el infierno, o como algunos cínicos tararean, se calienten las calles hasta que hiervan?

 

 

 

Esa incitación a la violencia, que ha sido propia del gobierno que encarcela a quien le da la gana; que tortura a viejos y a jóvenes; que inhabilita a cualquier líder que asome sus narices, hasta para radicalizarlo a su antojo; que pone en riesgo la vida de bebés y pacientes en terapia intensiva con bombas lacrimógenas lanzadas en hospitales; esa no puede ser nuestra invitación. Con los esbirros basta. Eso no es lo que Venezuela aspira.

 

 

 

 

Confieso mi temor a la manoseada consigna de no dejar que la calle se enfríe. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que aunque se conquiste lo que estamos reclamando acudiremos a la anarquía, al caos, hasta que logremos el poder total, aun contrariando la Constitución que decimos acatar? Si los manifestantes no dejan la calle, ninguna razón tendría la policía, la Guardia y el SEBIN para dejarlas. Esto no es un juego de niños. Lo que queremos es recomponer un país que ha sido destrozado en los últimos dieciocho años por el malandraje, la improvisación y la arbitrariedad.

 

 

 

 

La violencia hay que desmontarla.

 
El gobierno es el gran responsable y debemos hacerlo cambiar de actitud, o al menos de conducta. Una contribución a ello es no caer en sus provocaciones. No imitarlo. No despreciar la moderación y la ecuanimidad, como los más extremistas del gobierno hacen a diario, lo que ha ensuciado el debate público y atizado odios hasta extremos peligrosos y costosos, lo que tardará tiempo en desandarse.

 

 

 

 

Esa violencia conviene al ala desesperada del gobierno, esa que busca una excusa para suspender las garantías, para inhabilitar a partidos recién validados, para eliminar los pocos programas de opinión y noticiarios que quedan en la televisión y la radio, para prohibir reuniones públicas, en fin, para implantar la dictadura en su más convencional acepción. Sería tener que empezar de cero.

 

 

 

 

¿Sería eso un triunfo político? Definitivamente no. Posiblemente algunos se labrarían la imagen de duros. Crecerían en imagen con su inflexibilidad y determinación a “hacer lo que sea” en aras del cambio político inmediato. Son capaces de ofrecer cualquier cosa: la salida de Maduro ya, mañana por la tarde, al terminar la manifestación. Pero, ¿Y Venezuela? ¿Dónde quedaría la paz? ¿Dónde las consultas populares para decidir quiénes deben gobernarnos?

 

 

 

 

Leo y sigo con preocupación artículos, textos en las redes y escucho amigos quienes afirman con vehemencia que aceptar la convocatoria a elecciones regionales sería un acto de entrega. Me engañaron entonces. Tengo tiempo siendo testigo de sus justos reclamos por un cronograma electoral para que las rectoras del Consejo Nacional Electoral y el gobierno dejen de hacer lo que les da la gana.

 

 

 

 

Pareciera que algunos olvidaron la torpeza de llamar a la abstención.

 

 
Es como si la historia no valiese de nada. Es una majadería sin sentido hacerle ver al ciudadano que su voto nada vale. Que lo único relevante es que el otro se vaya como sea. A la brava, porque yo digo. Algo así como copiándonos sus métodos y sus esquemas.  A lo malandro. Se hace así y si no, es una traición.

 

 

 

 

No estoy de acuerdo en que aceptar fechas para elecciones atrasadas, elecciones que nos han negado, sea un acto de rendición. Por lo contrario, sería una conquista ante un gobierno autoritario que las ha conculcado. Sería uno de los gruesos logros de esas manifestaciones a las que la ciudadanía ha acudido con pasión, sacrificios y pérdidas.

 

 

 

Nuestra lucha es pacífica, democrática, constitucional y electoral. Ponemos al ciudadano por delante, queremos que se respete su integridad, sus opiniones, su voluntad, y que todo ello se haga en el marco legal del país. No queremos violencia, ni emboscadas, ni que ganen los más “avispaos”, esos que saben tirar una parada, sino los escogidos por las mayorías. Queremos democracia.

 

 

 

Convencido estoy que ganando gobernaciones para la amplitud y la tolerancia, para la eficiencia y la probidad, para la descentralización y no para el autoritarismo centralista, se habrá dado un gran paso. El camino quedará despejado para grandes cambios políticos y económicos que los manifestantes en las calles de Venezuela reclaman. No entiendo ahora cómo puede eso ser una entrega o producto de una oscura negociación, cuando el cronograma electoral ha sido uno de los reclamos más voceados por la oposición democrática.

 

 

 

Esa no es la única conquista a alcanzar. Muchas están pendientes. La lucha es todos los días. La lucha sigue. Y este gobierno sordo, autoritario y déspota, seguirá enfrentando los reclamos de un país que quiere ser otro. Pero ya ese gobierno ha perdido la Asamblea Nacional. Ya habrá perdido las gobernaciones. La Fiscal ha denunciado que esos magistrados han delinquido. El mundo sabe lo que de verdad pasa. Almagro no ha perdido su tiempo. Tampoco centenares de miles que han marchado y reclamado, ni los millones que no van a marchas pero han puesto sus esperanzas en ese cambio tan anhelado.

 

 

 

El país seguirá en la calle, en los sindicatos, en la prensa y en la radio, en los campos y universidades reclamando un buen gobierno, un gobierno justo y decente. La mentira seguirá desmoronándose y los activistas que ayer votaron por Chávez se sumarán al reclamo por el cambio, lo que hoy susurran con temor o con timidez. ¿Pero querrán hacerlo por otros violentos? ¿No es acaso ese uno de los hechos políticos que los ha decepcionado?

 

 

 

Mi temor por la violencia es el temor del padre. No quiero que perdamos más hijos. Es el temor del ciudadano. No perdamos más venezolanos, ya bastante se van todos los días huyendo de la violencia. Es el temor del político que ve los avances de la lucha y no quiere arrancar de nuevo desde cero. No es igual luchar contra un régimen tambaleante que contra una dictadura abierta. Es el temor del demócrata que aspira la pronta reconciliación de nuestro pueblo. La violencia sólo lo hará más difícil.

 

 

 

Sé que lograremos el cambio. Lo haremos en paz. Predicando lo que creemos. Buscando aliados para esos sueños. Organizándonos en cada rincón del país. Reconociendo los talentos donde quiera que se encuentren. Promoviendo la amplitud y la tolerancia. Estableciendo un gobierno para hacer el bien, no para emprender retaliaciones y dar rienda suelta a odios reprimidos. Cuanto antes empecemos mejor, pero nada de eso se hará en un mes ni en un año. Por eso, entre otras cosas, me preocupa el discurso de los juancharrasqueaos que ofrecen hacerlo en tres días.

 

 

Claudio Fermín

 

Maduro ha sufrido tres derrotas en pocos días. Primero, elaboraron normas de difícil cumplimiento para impedir la legalización de los partidos políticos y la ciudadanía salió a la calle a validarlos, con lo cual las arbitrarias artimañas han sido desbaratadas.

 

 
Por estos días se han reunido representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y la abierta mayoría de los mismos están convencidos de continuas y graves violaciones a la Constitución de Venezuela por parte del gobierno en desmedro del sistema democrático que ella establece. Ya el mundo sabe lo que de verdad pasa en nuestro país. Se acabó el engaño a punta de propaganda.

 

 
Más recientemente, la Fiscal General de la República ha denunciado que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han violentado la Constitución. Los supuestos garantes del orden constitucional han delinquido.

 

 

Así como Luisa Ortega ha fijado posición, miles de abogados, estudiantes de Derecho, profesionales y dirigentes quienes votaron por Chávez, saben que la Constitución es violada una y otra vez, a diario, por Maduro y otros representantes del poder, incluidos jueces y magistrados. Pero callan porque los botarían del trabajo, correrían el riesgo del acoso y de la cárcel, como ocurre con los opositores.

 

 
El artículo 139 de la Constitución establece que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de las leyes. Es decir, los poderosos no pueden violar leyes impunemente.

 

 
El Código Penal tipifica como delito toda conducta que viole la Constitución. A quienes conspiren para destruir la forma republicana que se ha dado la Nación, que es el caso de los magistrados denunciados por la Fiscal, se les castigará con presidio de ocho a dieciséis años. Y quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución, serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años. Tal es el caso de quienes valiéndose del poder que el cargo les ha dado fueron denunciados por la Fiscal.

 

 
Esos delitos no se borran porque Maduro haya instruido a quienes delinquieron suprimir párrafos de una sentencia. El país espera ahora por la Fiscal.

 

 

Claudio Fermín

Necesitamos la ampliación y mejoramiento de la vialidad rural para que nuestros campesinos mejoren su sistema de transporte y distribución, planteamos a los diputados el problema para que se encarguen de hacer las gestiones respectivas

Cuando los diputados reciben solicitudes en los pueblos y barrios que visitan, los vecinos aspiramos a que esas demandas sean llevadas a las instancias correspondientes. Ellos son las correas de transmisión entre nosotros los ciudadanos y las instituciones públicas.

 

 

Si requerimos la ampliación de la planta física del liceo porque la población en edad escolar ha crecido en la parroquia, acudimos ante esos dirigentes para que busquen si existen partidas presupuestarias para ese fin, y tramiten ante los organismos respectivos la obra en cuestión.

 

 

 

Si necesitamos la ampliación y mejoramiento de la vialidad rural para que nuestros campesinos mejoren su sistema de transporte y distribución, planteamos a los diputados el problema para que se encarguen de hacer las gestiones respectivas.

 

 

 

Es así como funciona en democracia la lucha por las reivindicaciones. Se identifica el problema. Se acude a los dirigentes naturales, bien del consejo comunal, de la alcaldía, de los partidos políticos, del sindicato o de los gremios. Se organiza a la comunidad de solicitantes para hacer más eficiente el reclamo. Y se busca conseguir los fondos para acometer la obra en cuestión.

 

 

 

La discusión del proyecto de Presupuesto es el escenario y momento pertinente para que nuestros representantes, aquellos a quienes convertimos en diputados con nuestros votos, se esmeren en orientar el gasto público hacia las necesidades reales y más sentidas de la

 

 
población.

 

 

 

Los diputados a la Asamblea Nacional no tienen cómo hacer las diligencias para buscar apartados presupuestarios para las obras de infraestructura y los servicios públicos que requerimos porque la discusión del Presupuesto se le ha negado al país.

 

 

 

Hoy se oculta el Presupuesto. Se niega a los pueblos el derecho que tienen a que sus diputados incluyan en el plan de inversiones y gastos del próximo año las obras, servicios públicos y reivindicaciones a que aspiran. Eso es lo grave de esa violación del precepto constitucional que obliga a presentar el Presupuesto ante la Asamblea Nacional.

 

 

 

El atentado ha sido contra el pueblo que aspira a que se aparte el dinero para las obras que necesita, no contra los políticos de oposición.

 

 

 

@ClaudioEFermin

 

Los ingresos provenientes de la venta del petróleo pertenecen a los venezolanos. Lo que el Gobierno cobra en impuesto sobre la renta a empresas y a particulares, así como todos los demás impuestos, son dineros públicos. Les pertenecen a cada familia venezolana.El método democrático de disponer de esos miles de millones de bolívares, que hoy montan a billones de bolívares, es someter a consideración de los diputados representantes de cada circuito electoral y cada estado del país las propuestas que en esta materia formula el Ejecutivo nacional.

 

 

A ese proceso llamamos la discusión del Presupuesto de la Nación 2017. De esa manera, los diputados por el estado Mérida estarán pendientes de incluir partidas correspondientes a vías de penetración que los productores necesitan, y los de Sucre reclamarán los montos necesarios para que funcione el Hospital de Cumaná, que hoy está en el suelo.

 

 

Ese trabajo en las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, como los debates en la plenaria, buscan satisfacer las demandas de pueblos y ciudades que ven con asombro e indignación cómo con dinero venezolano se subsidia a países de la región mientras no hay gasas ni alcohol en nuestros deteriorados centros de salud.

 

 

Se han hecho en los últimos dieciocho años multimillonarias compras de aviones, tanques de guerra y armamento, cuando Venezuela no está en guerra con nadie. Los grandes negocios que han beneficiado a China, Rusia, y a intermediarios y gestores, se han puesto por encima de las urgencias de la salud y la educación.

 

 

El abandono de la infraestructura mantiene en situación penosa a los hogares venezolanos. Usted abre el grifo y no sale agua, pasa el suiche y no se prende la luz.

 

 

Ese momento de la discusión del presupuesto nacional es esperado en cada rincón del país. Todos quieren saber si su reclamo será atendido en el año 2017.

 

 

Maduro resolvió que aquí se gasta en lo que a él le da la gana. Que nadie tiene por qué meter sus narices en ese asunto. Chinos, rusos, brasileños, iraníes y cubanos, a quienes se les compra armas, contratan viviendas y obras públicas, además de otorgárseles cuantiosas donaciones, estarán felices.

 

 

Seguirá el mismo cuento chavista: luz para afuera y oscuridad para adentro.

 

Claudio Fermín

@claudioefermin

Lo que está pasando hoy en Venezuela tiene una explicación. Diversos sectores tienen muchos años reclamando que las cosas se hagan bien y esas voces no son atendidas. El control con copiosos recursos financieros por 18 años de todos los poderes públicos moldeó una clase política que se creyó dueña del país. Actúan sin oír a nadie, sin rectificar error alguno. Las consecuencias están dolorosamente a la vista.

 

 

 

Levantaron dinastías familiares. Gobiernan los hermanos, los padres, las mujeres, los hijos, los cuñados. El país se convirtió en una hacienda familiar. Se repartieron los cargos en la Contraloría, en la Asamblea Nacional, en las cementeras, en las empresas expropiadas, en los ministerios y en las gobernaciones.

 

 

 

Buscando más poder, enredaron a los militares en el festín y estos terminaron repartiendo el juego y siendo los verdaderos jefes. Ahora, el común los ve como los culpables.

 

 

 

Nunca élite alguna ha tenido tanto poder en 500 años. Ni en los 300 años de época española ni en los 200 de emancipación. Tanto poder para nada.

 

 

 

No hay comida. No hay medicinas. No hay repuestos para automóviles, como tampoco pesticidas ni insumos para la agricultura. Un país en la bancarrota. Un país donde sus hijos no quieren estar en él.

 

 

 

Hay hambre. Las madres comen una vez por día para que los muchachos puedan hacerlo dos veces. Las raciones en la mesa del venezolano común son cada vez más pequeñas. Los más abandonados hurgan en los basureros.

 

 

 

El país marcha al garete, sin rumbo. Los venezolanos no queremos vivir así. Queremos cambiar. Y aspiramos a que eso ocurra en paz.

 

 

 

Por eso reclamamos que el artículo 72 de la Constitución, que establece que podemos revocar a un mal gobernante, no siga siendo torpedeado por una élite política que, bajo el disfraz de rectoras del Consejo Nacional Electoral, hace el trabajo sucio de impedir que el pueblo exprese si quieren que Maduro siga al frente de los destinos del país.

 

 

 

Por eso la Toma de Caracas, para decir claramente que no queremos seguir viviendo en ruinas y a riesgo de perder la vida en cualquier esquina, mientras un grupo de militares y de comunistas mañosos se enriquece en la corrupción.

 

 

 

@ClaudioEFermin

El gobierno no encuentra el camino ni sabe qué hacer para normalizar el país, es decir, para devolverles la seguridad a los ciudadanos, el libre abastecimiento de bienes y la dotación de servicios públicos esenciales como luz y agua.El 14 de enero de este año Maduro decretó una polémica emergencia económica y entró en rigor por sesenta días un paquete de medidas cuya vigencia fue extendida después hasta el mes de mayo. Fueron cuatro meses de anuncios, de cadenas presidenciales casi que a diario, de nuevas expectativas. Sin resultado alguno.

 

 

 

El 15 de mayo, no pudiendo extender la controvertida legalidad de la emergencia anterior, Maduro decreta un estado de excepción con el cual se gobierna hoy a Venezuela.

 

 

 

Si algo ha quedado comprobado es que ninguna relación existe entre tener todo el poder, absolutamente todo, y resolver los problemas de la economía, de los servicios públicos y de la inseguridad.

 

 

En estos siete meses de 2016 cuando por primera vez en dieciocho años el chavismo perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, las mentes jurídicas del totalitarismo se las arreglaron para diseñar los decretos antes señalados, para extremar los poderes de la Sala Constitucional, integrar el Tribunal Supremo de Justicia con abogados de mandado y, en fin de cuentas, blindar “jurídicamente” los poderes absolutos concedidos a Maduro.

 

 

 

Para dar mayor sostén a esa arbitrariedad, el Presidente se arrodilló ante un privilegiado grupo de militares hambrientos de mucho poder, de más poder, y creó una improvisada empresa militar de minería, petróleo y gas, para que la oligarquía uniformada haga de las suyas aunque nada sepa de eso. Más recientemente, hizo de Padrino López una especie de zar de la economía poniendo en sus manos la responsabilidad del abastecimiento de bienes esenciales, alimentos y fármacos.

 

 

 

En suma, todo el poder. Decretos de excepción. Magistrados inclinados ante el Ejecutivo, sólo a la espera de instrucciones para hacer de las leyes y de los tribunales meros utensilios de los antojos del gobierno. Militares ciegos ante el desconocimiento y violaciones a la Constitución, mareados con el total control del aparato económico del Estado, lo que les atrae más que modestos camioneros y gandoleros quienes han sido y son sus víctimas en alcabalas y en fronteras.

 

 

 

Y todo ese poder de Maduro, para nada. Simplemente no sabe qué hacer. Sólo obedece al gastado guión de quienes creen que tener poder es gobernar.

 

 

 

@claudioefermin
@claudiocontigo

La impunidad va más allá de tribunales corrompidos. Crearon regiones de protección del delito a las que llaman zonas de paz

 

 
A cualquiera lo matan a plena luz del día, en el barrio, en el centro de la ciudad, en la puerta de su casa. No importa si son amas de casa, policías, ejecutivos de empresas o humildes mensajeros. Secuestran a quien sea, al dueño de finca, al profesional, al inocente niño por quien después pedirán rescate sin saber si ya lo han asesinado.

 

 

 

Ese desastre es todos los días. Los cuerpos policiales lucen impotentes ante sicarios, mafias de tráfico de drogas, de armamento y de municiones. A pocos detienen y quizás sea por la frustración de verlos después libres por decisión de jueces venales.

 

 

La impunidad va más allá de tribunales corrompidos. Crearon regiones de protección del delito a las que llaman zonas de paz. En esos espacios territoriales conviven asesinos, traficantes y maleantes. Andan por la libre. Allí ellos son la autoridad.

 

 

 

Para lavarse la cara, aparentando que algo hacía en contra del régimen de terror que se impuso a los venezolanos, el gobierno arremetió contra barriadas populares matando a quien se atravesara, sin saber quién era, sin someterlo a juicio.

 

 

Impusieron la pena de muerte. Plomo, sangre y luto. Abusos de toda naturaleza. A eso llamaron operaciones de liberación del pueblo, seduciendo con esa palabrería a una comunidad deseosa de que algo se hiciera.

 

 

Expropiaron fincas y haciendas, lugares de trabajo donde manos callosas y gente esforzada sembraba y criaba para que el pueblo comiera. Ordenaron invadir inmuebles. Saciaron sus resentimientos multando comercios y cerrando empresas donde trabajaban miles de hombres y mujeres. Hoy no hay comida, repuestos ni medicinas.

 

 

 

Con multimillonaria propaganda y abusivas cadenas de radio y TV han lavado el cerebro de quienes repiten lo que desde Cuba instruyeron: que la propiedad hay que eliminarla para que todos seamos iguales no teniendo nada. Y así acabaron con el aparato productivo.

 

 

 

Expropiaron fábricas de café y no hay café. También fábricas de aceite. Tampoco hay aceite. Estatizaron cementeras y no hay cemento.

 

 

 

Venezuela se ha vuelto una larga cola. La miseria cunde por doquier. Por eso, por haber arruinado el país, es que todos los quieren revocar. Esa es la razón. No hay otra.

 

 

Claudio Fermin

 

La impune apropiación de nuestros espacios por bandas armadas dedicadas a traficar drogas, al secuestro, al abigeato, otras tomando fincas, llanuras y bosques como aliviaderos a su actividad guerrillera en Colombia, se ha extendido. Lo sabe todo el mundo en Apure, Barinas, Táchira y en el Zulia.

 

 

 

Hasta a los llanos centrales ha llegado la cosa. Lo cuenta el peón de finca, el bombero de la estación de gasolina, el propietario quien ha dejado la supervisión del negocio en manos de encargados por temor a ser secuestrado.

 

 

 

Nadie habla. Nadie denuncia. Las retaliaciones no se harían esperar por parte de los guerrilleros y hasta de los mismos militares quienes denunciarían agravio a su honor. La taimada ocupación de nuestro territorio por extranjeros ilegales y armados es un hecho.

 

 

 

En el Sur los garimpeiros se llevan nuestro oro como les da la gana. Mineros y vecinos bajo el terror. La masacre de Tumeremo no fue la primera ni ha sido la última. Bolívar y Amazonas se han convertido en pueblos sin ley. Las mafias del oro tienen la situación bajo control.

 

 

 

¿Cuál es el papel de los militares en esos actos de usurpación y de despojo? ¿Combaten a esas fuerzas irregulares? ¿Ignoran su presencia? ¿Comparten la mesa con ellos? El país quedó impactado cuando vieron salir de Miraflores, agasajados por Chávez, a comandantes guerrilleros buscados por asesinatos, secuestros y terrorismo.

 

 

 

La prioridad de los jefes militares ha sido otra. Controlan grandes negocios. Suyas son las decisiones en Transporte y Obras Públicas, Finanzas y Banca Pública, Vivienda y Habitat, Producción Agrícola y Tierras, Pesca, y en Energía Eléctrica. No podía faltar Interior y Justicia. Han colonizado y controlado la administración pública, lo que no han hecho en las fronteras.

 

 

 

Ahora todos los ministros, no sólo los militares al frente de las carteras antes nombradas, rendirán cuenta a Padrino López y la excusa es que este oficial es el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, como pomposa y aparatosamente llaman al nuevo cambur.

 

 

 

Los deberes que la Constitución les impone los tienen abandonados pero se pusieron donde hay. Lo que falta es que Maduro en uno de sus frecuentes lapsus lo llame Presidente Padrino.

 

 

@claudiocontigo

Hace dieciocho años el chavismo inició su gobierno. Sucedieron al Movimiento al Socialismo y a Convergencia, quienes con Caldera a la cabeza administraron el país los cinco años precedentes al triunfo electoral de Chávez.

 

 

 

Dispusieron de una nueva Constitución que creaba las condiciones ideales para alcanzar los retos que se habían propuesto para hacer la revolución.

 

 

 

La Asamblea Constituyente que sirvió de marco para la aprobación de la Constitución cambió el poder judicial, juez por juez. También cambió la conformación del Consejo Supremo Electoral que pasaría a llamarse Consejo Nacional Electoral y a estar dirigido por rectoras en vez de conformado por representantes de los partidos políticos.

 

 

 

Cambios operaron por igual en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía. Convocaron nuevas elecciones en lo que se dio en llamar la relegitimación de los poderes y el chavismo obtuvo mayoría en la nueva Asamblea Nacional, en las gobernaciones y en las Alcaldías.

 

 

 

Con todo el poder transcurrieron diecisiete años hasta que este año 2016 se instaló una Asamblea Nacional en la que el chavismo está de minoría después de perder las elecciones del pasado 6 de diciembre.

 

 

Ese control institucional blindado ha servido para que la Contraloría se haga de la vista gorda con el saqueo de las arcas públicas y para que el Tribunal Supremo de Justicia de piso jurídico a grotescas violaciones de la Constitución y de las leyes.

 

 

 

Dinero tampoco les faltó. Impusieron el impuesto al valor agregado y crearon impuestos disfrazados de tasas para evadir el debate parlamentario. El Seniat anuncia cada año, con bombos y platillos, records de recaudación y esa fiesta propagandística ha dejado constancia de jugosos ingresos.

 

 

 

Por más de diez años el barril de petróleo se vendió por encima de los cien dólares y los y los demás años a setenta, ochenta dólares, más de siete veces lo que cuesta producir cada barril.

 

 

 

Ha sido un mandato sin interrupción, dieciocho años continuos. Han tenido, pues, tiempo, recursos financieros y apoyo institucional absoluto.

 

 

 

Sólo faltó capacidad y probidad en quienes se ataron a un modelo totalitario que suprimió libertades económicas y políticas, dando por resultado la ruina de hoy.

 

 
@claudioefermin

@claudiocontigo

Las raciones de comida se han reducido y los adultos dejan de comer para que puedan hacerlo los niños y los ancianos

 

 

Más de dos años de colas en todos los pueblos. Colas para conseguir algo de comida. Colas para tratar de dar con las medicinas que se necesitan en la casa.

 

 

 

Después de un plantón de varias horas apenas puede alguien llevarse un paquete de algo. Y en las farmacias la gente sale con las manos vacías.

 

 

 

Las raciones de comida se han reducido y los adultos dejan de comer para que puedan hacerlo los niños y los ancianos. Hipertensos, asmáticos y diabéticos andan a su suerte. Abandonaron sus tratamientos debido al desabastecimiento de fármacos.

 

 

 

El Gobierno continúa con las mismas políticas que llevaron al desmantelamiento del aparato productivo y a la escasez, con el agravante de negarse a aceptar ayuda humanitaria. Organismos internacionales y otros países resueltos a ayudar con alimentos y medicinas pero Maduro se niega porque afirma que estamos produciendo y que hasta tenemos capacidad para exportar.

 

 

La situación se ha agravado. Siguen largas colas en todas partes. Ni los bachaqueros consiguen productos para su reventa. La impotencia crece y el saqueo se convierte en noticia cotidiana. Saqueos en panaderías y mercados en La Urbina. Saqueos por varios días seguidos en diferentes barriadas y sectores de Petare. Saqueos en Catia. No hay organismo público que ponga orden y menos que ofrezca soluciones. El país está al garete.

 

 

 

En San Juan de los Morros el pueblo grita ¡tenemos hambre! Y saquea aquí y allá. En Cumaná el pasado martes se presentó el caos total. Ríos de viejos, muchachos y mujeres salían de La Llanada, de Brasil, de El Peñón y Las Palomas. Tomaron el centro de la ciudad. Saquearon panaderías, supermercados, ópticas, tiendas de ropa, depósitos de Pdval, licorerías, camiones y cuanto estuviera a su alcance.

 

 

 

Bandas de motociclistas armados disparaban con frenesí. Intentaron meterse a casas y edificios. Los saqueadores eran trasladados en autobuses. Un operativo bien montado. Las tanquetas disparaban bombas a las casas.

 

 

 

Hambre y vandalismo. Desesperación y malandraje. Hay que preguntarse a quién conviene este desastre.

 

 

 

Centenares de negocios no abrirán más sus puertas en Petare, ni en San Juan de los Morros ni en Cumaná. El país en ruinas y sin gobierno.

 

 

 

@ClaudioEFermin