Estimados lectores, al iniciar mis artículos de opinión en este nuevo año 2022, quiero desearles un feliz año nuevo y que en este año se cumplan todos sus deseos, tanto personales, como los que todos anhelamos para Venezuela, como es el regreso de la democracia.

Hoy quiero iniciar este año hablando del tercer ciclo del Examen Periódico Universal al que fue sometido Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y donde se evaluó la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según la página web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el “Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos. El EPU es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como este”.

Para el EPU, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil envían sus informes donde expresan su criterio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con sus respectivas recomendaciones. Según Civilis DD HH, en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, las organizaciones venezolanas de derechos humanos  enviaron 112 informes que abordan 34 temas sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones de derechos humanos en el país, con el fin de brindar información actualizada y veraz a los Estados que deseen participar como evaluadores.

Según datos proporcionados por la misma organización, que ha hecho un  trabajo admirable en el seguimiento del EPU, además de asesorar a las organizaciones no gubernamentales que allí participaron, el informe oficializa 328 recomendaciones de 115 países. Igualmente aumentaron de 96 a 116 el número de Estados examinadores, así como aumentó de 276 a 328 el número de recomendaciones.

El primer EPU en que Venezuela participó fue el 7 de octubre de 2011, el segundo el 1 de noviembre de 2016 y ahora acabamos de concluir el tercer ciclo, en el que todos nos han reprobado.

Una clara muestra de la preocupación del mundo entero sobre la grave situación de violaciones de los derechos humanos que vivimos los venezolanos son los resultados del tercer ciclo del EPU. Son aterradores, expresan el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, los 112 informes de la sociedad civil y las 328 recomendaciones lo confirman.

Estoy claro que el régimen no le hará caso a ninguna como ha pasado en los 2 ciclos anteriores, seguiremos siendo un país forajido en materia de derechos humanos.

Carlos Nieto Palma

cnietopalma@gmail.com

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La situación penitenciaria de Venezuela, cada día empeora más, todos sufrimos del desastre económico que vive el país. Nunca imaginamos que viviríamos este caos colectivo del cual nadie se salva.

Hoy me voy a referir a algo que me tiene asombrado, realmente el realismo mágico al que el gran escritor colombiano nos tenía acostumbrados se quedó corto ante esto, que aconteció en el Reten de Cabimas en el estado Zulia el pasado lunes 28 de septiembre.

Un grupo, de aproximadamente 150 reclusos de este centro de detención preventiva salieron a la calle a protestar por la falta de agua, comida y las condiciones infrahumanas en que allí viven. La mayoría de los reclusos que prorrumpieron a la calle son los que padecen tuberculosis, desnutrición, VIH y otras enfermedades.

Supongo que mis lectores se preguntarán: ¿Cómo los presos salieron a protestar a la calle si están presos? Solo puedo decir que esto tiene que ver con el descontrol y la falta de autoridad de los encargados de su custodia. Como muchas veces lo he dicho, en Venezuela, en las cárceles mandan los presos.

Para entenderlo mejor les cito la nota que escribió la investigadora de la organización Una Ventana a la Libertad en el estado Zulia, Jessika Ferrer, en nuestro sitio web: “La situación amaneció tensa. Al mediodía, exactamente a las 12:22, y aprovechando que los funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), responsable de la custodia externa del penal, abandonaron la garita, unos 150 internos, entre ellos 4 reclusas empezaron la protesta. Con pancartas, algunos con tapabocas y otros sin camisa se apostaron en la avenida Andrés Bello del sector La Misión. ‘Antes de salir se acordó con los líderes de cada patio que no habría disparos. Una detonación y nos mataban a todos. Otra cosa es que debíamos estar en grupo para evitar que los funcionarios dispararan creyendo que había fuga’, detalló uno de los reos manifestantes.

Segundos después se divulgó el primer video. Para no alarmar a los vecinos, el recluso que grababa aclaró que no se trataba de una fuga masiva. Se les estaban violando sus derechos, su posibilidad de sobrevivir y salían a exigirlo. El primer grupo hizo con gritos su primera petición. ‘Dejen pasar la comida, el agua y la medicina y nosotros nos guardamos’¸ expresó otro interno.

Los guardias, recordaron los privados de libertad, accedieron a la demanda. Habilitarían una carretilla para que todos los familiares depositaran ahí sus insumos y la dejarían en la entrada del penal. ‘Eso iba a generar que nos matáramos unos con otros. Aquí para que no se pierda la comida ni nada, el familiar debe acercarse al portón y que su preso vea qué entrega. Por eso no se aceptó’.

Antes de la 1:00 de la tarde salió otro grupo mayor. Sacaron en hombros a los presos en condiciones más críticas. Hace más de 24 horas que al retén no entraba ni un litro de agua potable, del pozo artesanal en el frente del recinto emana agua salubre, por eso no se bebe, indicó un interno.

Motivados por las restricciones de movilidad por el COVID-19, muchos familiares desistieron, no esperaron más y volvieron a sus casas con sus viandas. A las 3:30 de la tarde dejaron entregar algunos alimentos. Tal como lo prometieron quienes lideraban la protesta, todos los privados volvieron al recinto”.

Como ya contamos, los presos salieron, protestaron y volvieron a su centro de reclusión, es algo inexplicable, pero que pasa en Venezuela.

Finalizo diciendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Reten de Cabimas, donde Una Ventana a la Libertad somos los peticionarios, el 6 de febrero de este año y ordeno:

a) adopte de forma inmediata las medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado atendiendo a las condiciones diferenciadas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en especial, las mujeres embarazadas y aquellas que sean madres;

b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, las cuales pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención, brindar atención médica a las personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas condenadas de las que aquellas que no lo están, entre otras medidas;

c) concerte las medidas a adoptarse con la representación de la presente medida cautelar;

d) informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición”.

El régimen sigue indiferente a todo esto y los presos muriendo cada día más.

 Carlos Nieto Palma

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

Es claro que en Venezuela estamos viviendo en un estado de terror, las actuaciones de la dictadura para reprimir, perseguir y en muchos casos asesinar, a todos los que aquí vivimos y pensamos diferente, cada día se incrementan más. Las actuaciones irracionales de las fuerzas opresoras del régimen ya suman más de 90 muertos en 84 días de protestas, en su mayoría jóvenes, incluidos 15 adolescentes entre ellos.

El respeto a los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Nacional son violados permanentemente por aquellos que deberían garantizar su respeto y ejercicio, estamos ante un régimen de terror, donde solo bastaría ver el ejemplo de lo sucedido recientemente en las Residencias Paraíso, ubicadas en la urbanización del mismo nombre y conocidas como “Los Verdes”, que es solo uno de los muchos ejemplos de cómo actúa el régimen para causar temor a la población civil, acciones que no pueden definirse de otra forma que como terrorismo de Estado.

La académica cubana Marlene Azor Hernández señala: “Los Estados poseen el monopolio de la fuerza para poder cumplir sus fines, pero deben usar ese derecho racionalmente y de acuerdo con las leyes. Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso”.

Esto que tan acertadamente define la Dra. Azor Hernández, lo vivimos en Venezuela diariamente, una dictadura que cada día pretende afianzarse más en el poder y para eso se vale de cualquier cosa, independientemente de su legalidad o no, con esta premisa, ataca, destruye, oprime, sanciona, encarcela a todo aquel que se interponga en sus planes de perpetuidad.

La fiscal general de la nación, Luisa Ortega Díaz, ha sido muy clara en definir a Venezuela como un Estado de terror; en reciente entrevista con el reconocido periodista Nelson Bocaranda en un programa radial fue enfática al hacer estos señalamientos: “Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana actualmente. El peligro de perder los derechos fundamentales (…) Si estuviéramos en un Estado de Derecho habría seguridad jurídica, pero acá está desmantelado. Estamos más bien en un Estado de terror (…) No hay justicia. Hay una justicia para aquellos que representan una amenaza para el oficialismo (…) Yo creo que se cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado”.

Estas declaraciones de la fiscal general nos dan una claridad del panorama que estamos viviendo en Venezuela y de las consecuencias que esto nos está trayendo a los venezolanos, que al no ser escuchados no nos queda otra alternativa que revelarnos y desconocer al régimen que nos oprime, declararnos en desobediencia civil.

El artículo 350 de nuestra Constitución Nacional establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. La desobediencia civil es un derecho que nos da nuestra carta magna y los venezolanos hemos decidido ejercerla.

La Mesa de la Unidad Democrática de la voz del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en compañía de los más prominentes líderes de la oposición venezolana ya fijó una hoja de ruta en un extenso documento que podríamos resumirlo de la siguiente manera: 1. Declaramos el desconocimiento del régimen basados en el Art. 350 de la Constitución. 2. Asumimos el compromiso de nombrar nuevos poderes públicos y conquistar un nuevo gobierno, facultados por el artículo 333 de la Constitución. 3. Declaramos el inicio de la fase decisiva de la lucha, lo que implica: a) iniciar el plan de desconocimiento activo del fraude constituyente; b) mantener la calle para continuar el debilitamiento de la dictadura y c) organizarnos desde ya para realizar la protesta nacional permanente indefinida.

Los venezolanos nos declaramos en desobediencia civil y seguiremos en la calle de manera pacífica y sin armas hasta que logremos la salida del régimen. A lo largo de la historia hemos visto cómo las dictaduras simulan fortaleza hasta el final de sus días, pero igualmente hemos visto cómo el pueblo unido logra siempre derrotarlas. Hacia eso vamos, a derrotar la dictadura y el retorno de la democracia en Venezuela.

Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

cnietopalma@gmal.com