Guyana ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que adopte medidas cautelares para limitar la consulta popular planteada por Nicolás Maduro sobre nuestra reclamación del Esequibo. En los hechos y según aquella, no así en cuanto al Derecho por su inconsistencia constitucional e irrelevancia para el ordenamiento jurídico internacional, la misma desconoce la competencia ya asumida por dicho tribunal para resolver definitivamente sobre la cuestión señalada. Sus jueces sentenciarán, incluso en ausencia de Venezuela, como lo han advertido.

Lo emocional en nosotros es lo que me preocupa, pues ha sido la constante que nos ha llevado hasta la pérdida de partes significativas del territorio desde la formación histórica de nuestro Estado. Y acaso, lo así pedido por nuestra vecina –que no hagamos el referéndum– es una inteligente provocación para que lo hagamos y para mantenernos como país en rebeldía ante los jueces de la Corte, quienes, al cabo, son los que decidirán si anulan o no el Laudo Arbitral de París de 1899 que nos despojó de nuestro oriente guyanés.

¿Media una ingenua creencia en Maduro o es un juego suicida suyo con los intereses superiores de la nación al pensar que tal consulta –sin carácter vinculante, por tratarse de la prevista en el artículo 71 constitucional– incidirá en el acatamiento o no por Venezuela de lo que al final sea sentenciado por la Corte? ¿Se retirarán de Guyana las petroleras?

En la ordenanza suscrita por el presidente de la CIJ el 8 de marzo de 2021 a objeto de organizar el procedimiento y habiendo decidido, el 18 de diciembre de 2020, sobre su competencia y el paso al conocimiento del fondo, consta que la representación del Estado venezolano desconoció a la Corte. Le indicó, en suerte de galimatías, que “todavía no ha decidido sobre la posición que adoptará de cara a dicho procedimiento”, agregando que, tratándose de una cuestión de soberanía debía proceder a consultas populares sobre la cuestión y que ello le tomaría “un lapso de tiempo importante”.

¿No repara Maduro que ha acreditado a sus agentes e incluso ya solicitó de la Corte la designación de un juez ad hoc –exigió que se eligiese como tal a un extranjero –por no existir un nacional venezolano dentro de la composición del tribunal? Lo cierto es que, aun insistiendo en su contumacia, lo inevitable es que Venezuela se encuentra a Derecho, es decir, sometida, quiéralo o no, a la jurisdicción de La Haya.

De sostenerse el referéndum, más allá del debate sobre sus preguntas, como acción unilateral y al margen de la Corte conllevará, en la práctica, no sólo al intento inútil de pretender burlar las obligaciones que el Derecho internacional le impone al Estado venezolano; antes bien, lo que sí es grave, descarrilará el gran logro de nuestra justa reclamación, a saber, al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Como paradoja, cabe observarlo, corre Maduro en línea contraria a la que impuso Chávez en 2004, cuando este pasa a ser deudor real de los hermanos Castro – aliados históricos de Guyana– luego del apoyo que le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarlo del poder y les retribuye a costa de nuestra soberanía. “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declara el presidente. Pero, a la vez, también enterró la práctica constante durante más de media centuria por parte de Venezuela, la de reclamar hacia afuera –permaneciendo en silencio– por cualquier actividad o concesión que se intentase realizar en el territorio bajo disputa: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…”, reza el artículo V, inciso 2 del Acuerdo ginebrino.

La cuestión de fondo, que es jurídica y política a la vez, en suma, hace relación con la consulta popular que Venezuela le anunció en La Haya desde 2021. Sus preguntas, insisto, revierten las páginas de uno de los mayores éxitos internacionales de la Venezuela democrática, que le encuentra salida a la injusta pérdida territorial que se nos impuso en 1899, el Acuerdo ginebrino. Nos retrotrae la consulta a nuestro trágico siglo XIX, cuando, sobre errores propios y domésticos, ocurre el lamentable desenlace de París y su despojo.

Estamos en La Haya no por una imaginaria contradicción que con los términos del Acuerdo de Ginebra nos hayan impuesto los jueces de dicha Corte. Estamos allí convocados para hacer valer el Acuerdo, que es nuestro éxito y los objetivos que nos trazáramos los venezolanos al firmarlo en 1966. Las palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges, al presentarlo ante el Congreso de la República, son concluyentes: “Venezuela propuso que se encomiende la función de escoger los medios de solución a la Corte Internacional de Justicia como órgano permanente… [y] de acuerdo con los términos del artículo 4, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse antes a una «solución satisfactoria», deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial”. En esa estamos.

La unidad de ánimos que amalgama a una parte importante de la nación desde 1966 y que declina a partir de 2004 ante el giro que impone la administración de la que Maduro es causahabiente, realizada como sea la consulta popular por razones subalternas y de mero oportunismo electoral, no hará sino pulverizar tal unidad. Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí nos es obligante: la defensa profesional, seria y calificada de nuestros derechos territoriales –que los títulos nos sobran– en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la Corte Internacional de Justicia son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Hugo Chávez y Bharrat Jagdeo, entonces presidente de Guyana

La guerra híbrida –categoría reciente y de factura militar norteamericana, que adquiere suceso comunicacional tras la guerra de Rusia contra Ucrania, animada por China con vistas a La Era Nueva– se caracteriza “por la integración en tiempo y espacio de procedimientos convencionales con tácticas propias de la guerra irregular”. Sostiene Guillem Colom Piella, de la Asociación Española de Escritores Militares, que en esta se suman actividades de guerra informativa, guerra legal, ciber-operaciones, mezcladas “con actos terroristas y conexiones con el crimen organizado para la financiación, obtención de apoyos y asistencia”.

Las guerras del siglo XXI encuentran asidero y explicación dentro de un inédito ecosistema producto de un «quiebre epocal» a partir de 1989 y en el que se suma el agotamiento del socialismo real con la tercera y la cuarta revoluciones industriales, la digital y la de inteligencia artificial. La virtualidad y la instantaneidad entierran a la lógica de la experiencia territorial e histórico temporal de las sociedades y de la organización del poder desde sus orígenes más remotos. Es lo inédito.

Por vía de efectos, la deconstrucción cultural, la liquidez en las ideas como lo señala Zygmunt Bauman, paradójicamente hacen viable el sueño de Antonio Gramsci, marxista italiano que bebe en las fuentes del fascismo y cultiva el régimen de la mentira. El cemento de lo social no es la ideología sino la cultura, cuya destrucción ha de ser el objetivo eficaz de toda revolución, según este.

Tres hitos fundamentales se me hacen presentes a propósito de los señalados conflictos híbridos. Uno, la acción deslocalizada del terrorismo islámico en 2001 sobre las Torres Gemelas de Nueva York –símbolos de las libertades económicas en el capitalismo– que dejó sin asidero al Derecho internacional moderno. El otro, que le precede de manera coetánea, la campaña de medios orientada a denunciar la pederastia en la Iglesia de Roma, casualmente el custodio de las raíces judeocristianas en Occidente.

No se olvide que 61 periódicos de California, en Estados Unidos, destapan sistemáticamente 2.000 historias, hechos del pasado en su mayoría ciertos, pero suficientes para disparar sobre los sólidos de la catolicidad fracturándolos; ello, a pesar de que, en la investigación realizada por el profesor norteamericano Philip Jenkins “99,7% de los sacerdotes católicos nunca se han visto implicados en este tipo de comportamientos delictivos”.

El tercer hito está a la vista. Lo comenté en mi reciente exposición ante el Grupo IDEA al abordar la cuestión de la Gobernanza Digital. Preguntaba sobre si ¿es razonable pedir de los israelitas y los palestinos, ambas víctimas de Hamás, mantenerse inermes –como lo pedía en 2005 el hoy expresidente español Rodríguez Zapatero– frente a actos de arbitraria desestabilización e inhumanidad ante la inacción del órgano de seguridad encargado de hacer valer la autoridad del Derecho internacional como Naciones Unidas? ¿Acaso no observamos el choque de relatos que avanza, aquí sí, a nivel global y sobre las redes, desde el instante en que se ejecutan los atentados terroristas contra los judíos? Se travisten los hechos y se exacerban los prejuicios. Lo que es más grave, tras el argumento falaz de la imparcialidad informativa se homologan la maldad absoluta y quienes luchan por sostener el sentido primario de la vida y las libertades. Esa es la guerra híbrida.

Debo decir, entonces, que el germen de la guerra híbrida o asimétrica y su marca de fábrica –salvo la cuestión del Lawfare o la judicialización del enemigo, forjada desde el Foro de Sao Paulo y renovada por el Grupo de Puebla treinta años más tarde– es de neto origen venezolano. Precede al trabajo del Pentágono de 2005.

Tras el referendo revocatorio de 2004, que el Centro Carter le quita a la oposición en Venezuela para moderar a Chávez, éste, antes bien, anuncia en noviembre “La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana”. Abordo sus contenidos en mi libro El problema de Venezuela (2016).

Al margen de su realidad o irrealidad, en líneas gruesas y precisas plantea Chávez la guerra asimétrica, que es internacional y también interna o endógena. Al referirse a La Nueva Estrategia Militar Nacional impone como tareas para la Fuerza Armada una mayor relación con las “misiones sociales” cubanas y una mejor relación “con fuerzas armadas amigas” en Latinoamérica.

Advierte sobre la necesidad de prepararse para abandonar los métodos convencionales y aprender de “la experiencia de la lucha guerrillera” con asistencia de exguerrilleros venezolanos. El teatro de operaciones se concreta en “las acciones defensivas en la zona fronteriza con Colombia (…) por la implementación del Plan Colombia”, según reza el documento presidencial.

La Nueva Etapa manda a “educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria, y obediencia”. Promueve la unidad cívico-militar “para acciones de seguridad” o, mejor todavía, “la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar”. Pide Chávez a sus alcaldes, expresamente, identificar a los “patriotas” que venidos del pueblo han de hacer parte de la reserva, según que uno sea “tirador de fusil”, “francotirador”, o “lanzador de granada”. Ya contaba, según lo dice, con 100.000 hombres.

Al plantear la guerra asimétrica –que la proyecta híbrida una vez como pacta su acuerdo logístico con la narcoguerrilla de las FARC en 1999, sumándole el control de los medios de comunicación social para imponer sus narrativas, y encomendándole a Cuba la instalación y control del andamiaje digital necesario para tales fines y al objeto, asimismo, de sujetar la data electoral– afirma Chávez lo siguiente: “Hace tres años atrás éramos Cuba y Venezuela, a nivel de gobierno, y ahora cómo ha cambiado la situación”. Y prosigue:

“Se han venido definiendo dos ejes contrapuestos, Caracas, Brasilia, Buenos Aires (…) sobre el cual corren vientos fuertes de cambio (…) [y que] el Imperio –es su criterio– va a tratar de debilitarlo siempre o de partirlo, incluso”. “Existe el otro eje, Bogotá – Quito – Lima – La Paz – Santiago de Chile, (…) dominado por el Pentágono”. “La estrategia nuestra debe ser quebrar ese eje”, dice.

La forma de hacerlo como guerra híbrida la explica Chávez así, en sus láminas:

“Desarrollar una estrategia de divulgación e información hacia Estados Unidos. para neutralizar elementos de acción imperial contra Venezuela” y crear “grupos de formadores de opinión, comunicólogos e intelectuales para contribuir a conformar matrices de opinión favorables al proceso”. “Utilizaremos todas las estrategias posibles, desde una estrategia de defensa móvil frente al gigante hasta el ataque. No está prevista la invasión a Estados Unidos, …”, indica, ya que su guerra, como se constata, es híbrida.

En cuanto a lo actual, cabe recordar que Chávez suma a Guyana, en 2004, como aliada para su estrategia y le paga un costo elevado. Ha demandado a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia.

“Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país, pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado, y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado”, enfatiza en su discurso sobre La Nueva Etapa.

“Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington, nos quisieron empujar a una guerra con Guyana, cuando en Guyana mandaba Forbes Burnham, para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Bharrat Jagdeo, que viene de esas filas, aun cuando es de línea moderada, no es un neoliberal”, añade.

“Tenemos que atraer a Guyana hacia la integración de Suramérica. Con Guyana, aun cuando ellos descienden de ingleses, hay raíces comunes: la música, el color, esa liga de negro con indio, los amerindios y europeos”, concluye.

Chávez, por lo demás, no se refugia en su patio. Avanza hacia el plano de lo global y lo logra.

“El acercamiento a España es algo vital para nuestra revolución, para nuestro gobierno”, plantea, y prosigue: “Los enfrentamientos entre los fuertes debemos aprovecharlos… para nuestra estrategia”. “En las repúblicas exsoviéticas … queda un nutriente… Ahí quedó una semilla que ahora parece está rebrotando”. “China tiene mucho dinero y quiere invertir en estos países. Vamos a invitar a esos capitales chinos. Estamos en el nuevo momento, ellos fortalecidos, nosotros fortalecidos, es el momento de ensamblar”, aduce.

Cabe, pues, una observación que es máxima de la experiencia y corolario inexcusable de lo explicado. El poder militar de Occidente, sujeto al Derecho internacional humanitario, atado a reglas desde 1945, a pesar de su superioridad material y supremacía tecnológica como para lograr objetivos rápidos sin daños colaterales, se encuentra inhibido y en palmaria desventaja ante las guerras híbridas del siglo XXI. Llegan desasidas de cánones y ataduras éticas, guiadas por el relativismo, son explotadoras de la virtualidad y la instantaneidad dominantes, buscan vencer en el teatro de la opinión pública, sin mengua de verse derrotadas en el territorio. Es otro el nuevo paradigma del poder.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Una vez cerrado para su edición el libro que reúne mis escritos académicos y periodísticos sobre la cuestión del Esequibo, el régimen de Nicolás Maduro Moros, causahabiente del teniente coronel (E) Hugo Chávez Frías y su ministro de Relaciones Exteriores, anuncia la convocatoria de un referendo consultivo sobre el tema que nos ocupa.

 

+

Entre tanto, avanza el proceso ante la Corte Internacional de Justicia –Venezuela habrá de presentar su contramemoria sobre el fondo en 2024– y en el que de un modo fatal se dirimirá la cuestión demandada por la República Cooperativa de Guyana, a saber, la validez o no del laudo arbitral de 1899 que nos arrancó a los venezolanos una parte importante del costado oriental de nuestro territorio.

 

Guyana le ha solicitado a la Corte la adopción de medidas cautelares al objeto de frenar o limitar la consulta popular planteada por Maduro Moros, por implicar, en los hechos y según aquella, no así en cuanto a Derecho por su irrelevancia, un pretendido desconocimiento de la competencia ya asumida por el Tribunal de La Haya. Este ya conoce y sentenciará en su momento, incluso en ausencia de Venezuela, como lo han advertido sus jueces.

 

Media, en efecto, la ingenua creencia por parte de gobernante venezolano mencionado o un juego suicida suyo con los intereses superiores de la Nación, en cuanto a pensar que tal consulta –sin carácter vinculante, por tratarse de la prevista en el artículo 71 constitucional– podría incidir en el comportamiento de sus agentes ya acreditados ante la Corte o en su acatamiento o no de lo que sea sentenciado.

 

En la ordenanza suscrita por el presidente de la Corte del 8 de marzo de 2021, a objeto de organizar el procedimiento y habiendo decidido dicho Alto Tribunal, el 18 de diciembre de 2020, sobre su competencia y el paso al conocimiento del fondo, consta en aquella que la representación del Estado venezolano desconoce a la Corte pero le indica, en suerte de galimatías, que “todavía no ha decidido sobre la posición que adoptará de cara a dicho procedimiento”; y agrega, que considera que, tratándose de una cuestión de soberanía, debía proceder a consultas populares sobre la cuestión y que ello les tomaría “un lapso de tiempo importante”.

Así, obviándose que Venezuela, finalmente, ha optado por acreditar a sus agentes e incluso solicita de la Corte la designación de un juez ad hoc –Maduro pide que se elija a un extranjero– por no existir un nacional venezolano dentro de la composición del tribunal, aquel, pasados dos años y medio y a través del Consejo Supremo Electoral publica el pasado 23 de octubre de 2023 las cinco preguntas que habrían de responder los venezolanos durante su consulta.

Guyana considera inaceptables la primera, tercera y quinta preguntas y así se lo hace saber a la Corte. Argumenta que dicho referéndum –que al paso revela inmediatez y contemporaneidad con las elecciones primarias en las que 92% de los venezolanos ha considerado que la señora María Corina Machado, opositora, ha de ser la candidata presidencial en 2024– sólo tiene como propósito el que Maduro abandone “la instancia pendiente en la Corte y recurrir a medidas unilaterales para resolver el diferendo con Guyana, y anexar e integrar el territorio bajo litigio”.

 

De ser esto así, toda acción unilateral en la práctica conllevará no sólo a desconocer a la Corte de La Haya y las obligaciones que el Derecho internacional le impone al Estado venezolano, sino que descarrilaría el gran logro de este en su justa reclamación, o sea, el Acuerdo de Ginebra de 1966. Como paradoja, ahora corre Maduro Moros en línea contraria a la que impone el mismo Chávez en 2004, cuando pasa a ser deudor real de los hermanos Castro –aliados históricos de Guyana– luego del apoyo que estos le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarlo del poder. Los retribuye a costa de nuestra soberanía: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declara el soldado presidente.

 

Entierra, de tal modo y desde entonces, la práctica diplomática que fue constante durante más de media centuria, la de reclamar Venezuela –afuera y no adentro– por cualquier actividad o concesión que se intentase realizar en el territorio bajo disputa: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…”, reza el artículo V, inciso 2 del Acuerdo ginebrino.

 

La cuestión de fondo, pero de orden exclusivamente doméstico, que es jurídica y política a la vez, en suma, hace relación con la consulta popular que Venezuela anuncia en La Haya desde el 2021. Ella no hace sino revertir las páginas de un éxito palmario de la diplomacia venezolana al encontrarle salida, a través del Acuerdo de 1966, a la injusta pérdida territorial que se le impuso en 1899; para volver a aquellas otras que, desdorosamente y a lo largo de nuestro trágico siglo XIX republicano, concluyeron, sobre la base de errores propios y domésticos, en el lamentable desenlace del laudo arbitral de París.

 

La unidad de ánimos que amalgamase a toda la nación desde 1966 y que declina ante el giro que impone la administración de la que es causahabiente Maduro Moros, realizada como sea la consulta popular por razones subalternas y de oportunismo electoral, no hará sino pulverizar tal unidad. Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí es obligante: la defensa profesional, seria, y calificada de nuestros derechos territoriales en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la Corte Internacional de Justicia son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.

 

¿Puede un gobierno politizar, con suma frivolidad y narcisismo, una cuestión de tan grave interés a fin de encubrir u omitir sus responsabilidades constitucionales, abroquelándose en la opinión circunstancial de la población? ¿El destino constitucional de una república puede quedar sujeto al azar, pidiéndosele a los electores que violen o no la propia Constitución una vez que voten sí o no?

 

El artículo 11 constitucional es claro: “La soberanía plena de la república se ejerce”. Han de hacerlo los poderes públicos representativos sobre el territorio que le pertenece –el de la Capitanía General de Venezuela, con anterioridad a 1810– con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.

 

En tal orden, si un laudo arbitral internacional como el de París está o no viciado, es algo que corresponderá ser determinado a través de los medios pacíficos de solución de controversias internacionales, tal como los prevé el artículo 152 constitucional; en el caso de la Guayana Esequiba, es la solución judicial o adjudicativa que ha asumido la Corte Internacional de Justicia. Defender los derechos territoriales de Venezuela, en suma, es algo imperativo para el Estado y en modo alguno, como cobarde escapatoria, puede matizarlo con una consulta populista.

 

Otro si, muy pertinente, es decir, más allá de lo alegado por Guyana, ¿puede consultarse al pueblo, reitero, sobre si los poderes públicos han de acatar o no los mandatos que les impone la Constitución y a la luz de las preguntas que se le formulan?

 

La primera pregunta es, de suyo, un galimatías. Es una provocación indebida al votante y en fraude a la Constitución: ¿Está o no de acuerdo con rechazar, conforme a Derecho, el laudo arbitral de París de 1899? ¿Le cabe preguntar al gobierno si atiende o no a esa cuestión, que es la que conoce hoy la Corte de La Haya, y si ha de defender o no la tesis nacional sobre la nulidad del laudo, “conforme a Derecho” y no por la vía de los hechos?

 

La segunda, ¿apoyamos o no al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria? ¿Obviamos que es el Acuerdo indicado el que fijó las pautas procesales que nos han llevado hasta la Corte Internacional de Justicia, y esa posibilidad la adelantó la misma Venezuela, por voz del canciller Ignacio Iribarren Borges, al momento de aprobar dicho Acuerdo el Congreso de la República hace casi 60 años?

 

La tercera, que es mendaz y sin fundamento histórico por lo anterior, ¿olvida que la negociación para un arreglo práctico era la regla, según el Acuerdo de Ginebra, y que de fracasar como ocurrió, por obra del propio Acuerdo fue Venezuela –con la molestia de Guyana– la que trasladó directamente el asunto y lo puso en manos del secretario general de la ONU para que decidiese lo pertinente, incluso ante la eventual negativa guyanesa?

 

La cuarta, es asimismo falsa y busca engañar al votante, pues no es asunto que se esté considerando en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia el de la disposición o delimitación de nuestro mar territorial sino, únicamente, el de la validez o no del laudo arbitral de 1899; que, de ser invalidado, daría sólo lugar a la delimitación territorial pendiente.

 

Y la quinta, es una ilusión retórica forjada por el fallecido Chávez –hasta que perdió el rumbo a partir de 2004 y cuando le autoriza a Guayana usar y explotar nuestro territorio en el Esequibo– y a cuyo efecto hizo redactar el artículo 14 constitucional: ¿Esperaba que, por libre determinación de sus habitantes, un territorio como el indicado se incorporase al de la república, según lo permite este?

 

Se trata de una mala relectura de la verdad histórica, la del fracaso de la revuelta del Rupununi en enero de 1969. Los amerindios –originarios sitos en el territorio Esequibo y en la parte aledaña a nuestro estado Bolívar– pidieron se les reconociese como venezolanos y les diesen sus cédulas de identidad como tales. El presidente Raúl Leoni, si bien acogió a los exilados participantes en el alzamiento y les dio un estatus legal, no apoyó la vía de los hechos, pues hubiese destruido su gran logro para la reivindicación de los derechos territoriales de Venezuela en la zona en reclamación, a saber, el Acuerdo suscrito tres años antes con Gran Bretaña y la Guayana todavía inglesa.

De los arrebatos pasionales, la desfiguración del verdadero sentido de lo patrio, y el someter a diatriba partidaria o a intereses políticos y de poder inmediatos, están llenas las páginas de nuestra historia nacional. Ellas explican, hasta la saciedad, las pérdidas territoriales que hemos sufrido, como lo mostraré en este libro acerca de la cuestión esequiba que les anuncio. Otro tanto nos pasó en 1833, cuando por ausencia de una perspectiva de Estado y responsable rechazamos, alegando que afectaba los intereses venezolanos, el Tratado Pombo Michelena por el que Colombia y su Congreso reconocían nuestra jurisdicción soberana sobre la totalidad de la Guajira. La perdimos, al igual que perdimos el Esequibo en 1899.

  Asdrúbal Aguiar

Tras ocho años de compromiso indeclinable con la libertad y la experiencia de la democracia, una parte de las tres decenas de exjefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), dentro de sus expresiones plurales volverán a un nuevo diálogo de ideas en sede académica; en esa en la que se forja la recta razón y se la blinda de voluntarismos estériles y la fugacidad característicos del actual Occidente y el ecosistema digital dominante. Junto a los expresidentes, que son los anfitriones, y contando con los respaldos del Miami Dade College, de Diario Las Américas y del Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, se encontrará como testigo e invitado especial don Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, durante los días 6 y 7 de noviembre.

Un breve foro sobre “La presencia del narcoterrorismo en las esferas política y del Estado” servirá de antesala al VIII Diálogo Presidencial en el Wolfson Campus, repitiéndose la metodología de nuestro primer diálogo inaugural –se dice fácil en tiempos de liquidez cultural y de realidades– y acicateados, a la vez, por la cuestión agonal y de momento, a saber, como tema paraguas, “La marginación del Estado de Derecho y la criminalización de la política en la Era digital”. Venezuela es el ejemplo protuberante. Mas media una cuestión de la que se escurren los análisis durante el curso del siglo que corre y ya frisa casi 5 lustros, a saber, la de la cooptación por el crimen del narcotráfico y, de suyo, por el lavado de los dineros de sangre y los provenientes de la corrupción, de las estructuras de gobierno en América Latina. Hay honrosas excepciones.

Cada vez más, por ende, se advierten crecientes dificultades para que el Estado Constitucional y de Derecho le ponga freno a eso que el expresidente Osvaldo Hurtado bien califica como dictaduras del siglo XXI. Ciertos académicos las morigeran y titulan como autoritarismos electivos o iliberales, con lo que el debate se desplaza, de manera mendaz, hacia al terreno formal de la legalidad o la ilegalidad; o se le opone en el camino, asimismo, el argumento de la voluntad popular, esta vez contenida, distorsionada y hasta falseada a través de los costosos aparatajes de la gobernanza digital. Los votos, salvo en las experiencias manuales que sobreviven, como la alemana, hoy quedan secuestrados por las aristocracias de los algoritmos.

El asunto es que, a diferencia de la vieja criminalidad, la de las mafias –donde los mafiosos, v.gr. la Cosa Nostra o la Camorra, se imponen a sí mismos códigos de honor– en el narcoterrorismo ocurre lo que a la par sucede en el ecosistema digital, donde todo es relativo y las verdades se rematan en pública almoneda, las reglas no existen, menos las morales.

Cuando en 1990 y 1991 se constituye el Foro de Sao Paulo, sus integrantes acusan para excusarse. Refieren que serán perseguidos atribuyéndoseles vínculos con el narcotráfico. Pasados 30 años, el Grupo de Puebla matiza la cuestión. Y señala –otra vez acusando para excusarse– que sus adversarios políticos, los que se dicen defensores de la democracia y las libertades, apelan LawFare a fin de criminalizar a sus líderes, llámense Correa, Evo, Kirchner o Lula. Nada dicen de los presos políticos venezolanos.

El giro del LawFare, o el uso del sistema legal e institucional para destruir a los oponentes, como cabe observarlo, lo copian los poblanos del núcleo de abogados que así se constituye e intitula en Estados Unidos, para hacerle seguimiento a las actuaciones de Donald Trump y denunciarlas sistemáticamente ante los tribunales federales como instrumento de lucha.

El crimen del narcotráfico –no generalizo, y lo reitero– ha estado cooptando las estructuras de gobierno y partidarias en la región y éstas, a quienes intentan desbancar y sustituir democráticamente a los titulares de aquellas comprometidos, les oponen –oh, paradoja– el valor de la ley y la justicia; eso sí, trastocan y corrompen las palabras de la ley y del sentido de la justicia a fin de que los jueces ganados para este fenómeno de degeneración institucional, dicten sentencias en el marco de una “legalidad adulterada, de una ilegalidad legalizada”. En esa estamos y es el problema que demanda una solución preferente.

Distintas sanciones en contra de estos narcorregímenes, enhorabuena, han sido aplicadas desde instancias europeas y americanas. Sin embargo, para peor se fijan o se levantan a discreción, según que medie o no algún interés de orden económico o geopolítico. Tal aporía, de consiguiente, hace difícil resolver sobre el desafío dada la ejemplaridad negativa que procura ese sistema del doble estándar; ese que, al cabo y en igual orden, explica el doble estándar que construyen a sus medidas los causahabientes del derrumbe soviético en materia de derechos humanos.

Ante los crímenes de lesa humanidad ejecutados por las dictaduras militares latinoamericanas de derecha, se hizo gala de la tesis sobre la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida. Se argumentaba que la impunidad de los crímenes de aquellas castigaba doblemente a las víctimas y sus familiares. Pero llegado el siglo XXI, el socialismo progresista, cada vez que se intenta perseguir judicialmente a un terroristas o narcotraficante vinculado a la esfera política –aquí Colombia es el ejemplo que destacar– se abroquela en la defensa de la necesaria justicia transicional, esgrimiendo a favor de la paz y la democracia la postergación del Estado constitucional y de Derecho.

En suma, sobre las mesas de la diplomacia se vienen purificando violaciones palmarias al Estado de Derecho, se olvidan crímenes que afectan el sentido de humanidad, y hasta son llevados al paredón de la opinión pública de redes a las víctimas que osan reclamar su derecho a la seguridad.

El debate está abierto, toca a la quinta essencia diría un presocrático, o a la propia esencia del bien para separarle de la maldad, argumentaría Platón.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

El socialismo del siglo XXI, transmutado en progresismo luego de treinta años desde su forja por Castro y Lula da Silva para sortear el fracaso del socialismo real y el derrumbe de la Unión Soviética, encuentra en el camino un hueso más que duro de roer: María Corina Machado. De allí que el pueblo llano, la gente común, haciendo gala de hilaridad repita que ¡cantan fraude en una elección ajena que no les dio la victoria!

Pero la cuestión, vuelvo al sitio, es de mayor anclaje que el que quisieran percibir, no solo los ofuscados actores del régimen y sus aliados del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sino quienes, por razones que quedan al desnudo, reducen las primarias ocurridas en Venezuela a la mera elección de un candidato cualquiera; para ver y saber si, al cabo, vencerá en las elecciones presidenciales de 2024 planteadas. Algo así como si tratase de una interna argentina.

Venezuela ha sido el eje y el laboratorio de la experiencia de deconstrucción, entiéndase, de destrucción cultural y de pulverización social que el marxismo-fascista, por maridados sus albaceas con el militarismo mal llamado bolivariano, han expandido por las Américas y en Occidente, en especial a partir de 1999. Con un nuevo catecismo a mano, paradójicamente elaborado por un comunista que bebe en las fuentes del régimen de Mussolini, Antonio Gramsci, los asesores cubanos del chavo-madurismo entendieron que el cemento de todo grupo social no es el ideológico, sino el cultural.

Contra eso, justamente, han arremetido, pues al ver destruidos los lazos que le han dado textura a ese ser permanentemente inacabado y en constante perfectibilidad que le da cuerpo a la nación venezolana, el camino del ejercicio del poder perpetuo –nutrido por la maldad absoluta– se les ha allanado. No por azar hicieron de Venezuela una diáspora, a fin de secuestrar a la república –a la cosa pública- y drenarle su ubre petrolera en medio de una insaciable e impúdica bacanal revolucionaria.

Atrás, por ende, quedaron los restos de lo ideológico y a lo cultural venezolano se le redujo al canturriar de Hugo Chávez y al baile caribe de la pareja presidencial sucesora. Entretanto, a las partes de nuestro mestizaje cósmico – copio a Vasconcelos – se las ha separado en esa empresa de ruptura de todo lazo de identidad, como para dejar al venezolano común a la vera y en la orfandad, sujetándolo al bozal de la sobrevivencia. Y en esa andadura, donde, quienes tenían el deber de salvaguardar el patrimonio moral de la Venezuela permanente, que trasvasa a partidos y a gobiernos, optan por cohabitar a la manera de cortesanos en los habitáculos de la república, de espaldas a la nación que hemos sido o hemos buscado ser y que esperamos encontrar, apalancados sobre nuestras medio-milenarias raíces. Sabemos bien que, sin nación, la república y la política son remedos de mal gusto.

Así las cosas, con temple y altivez la mayoría de los venezolanos optaron por transitar su desierto, para no morir. Se hicieron migrantes hacia afuera y hacia adentro, esperando por una tierra prometida que los ocupantes de la república le han entregado y han repartido entre potencias orientales y grupos del crimen organizado, en pública almoneda.

En ese contexto, preñado de frustraciones, de silencios que apostaban por un milagro en repetidas justas electorales controladas por sus beneficiarios, como aquel de 2015, es que aparece María Corina, denostada por tirios y troyanos. Se baja del pedestal de la política “correcta” y opta por comportarse más como la madre de unos desvalidos. Y allí ocurre, no un acto de magia sino lo que las páginas amarillentas del pretérito muestran como experiencia, con vistas a las oscuranas que viven pueblos desamparados por sus señores y regidores; los que habiendo de protegerles no lo hicieron.

Hasta ayer, en el caso venezolano, bastaba un caudillo de circunstancia que esgrimiese e hiciese resucitar el mito bolivariano. Se le recordaba al país a quienes dieron su vida por él durante las guerras de Independencia y que aún siguen cobrando una deuda insoluta. Pero ese mito se pisoteó enhorabuena y lo hizo el último gendarme, hasta volverlo repugnante.

Ante tal vacío, cada venezolana y cada venezolano sufriente y despreciado, sin proyecto de vida al cual apostar, optó por escuchar a esa voz que se limitaba a marcar un camino, es decir, volver a la idea movilizadora que a todos nos ha acompañado como venezolanos desde el tiempo auroral: querer ser libres como debemos serlo; y para, en libertad, sin opresiones, abrazar otra vez a los afectos que se nos han ido. Así de simple.

María, María Corina, sólo ha hecho lo que otros no han hecho hasta ahora, como lo es poner oído en la tierra para escuchar a quienes gimen por las selvas del Darién, en búsqueda de una incierta esperanza y tras décadas de desilusión.

El asunto de María, en suma, no es una cuestión formal de candidaturas ni de franquicias partidarias, menos de elaboración de programas que se quedan en los tinteros de los técnicos y que luego desconocen los ministros cuando toman el gobierno. Lo inédito es su llegada propicia, la de una mujer y madre venezolana, repito, sobre cuyo regazo simbólicamente se acuna la nación desperdigada y nómade. Esta espera de otro parto que le devuelva el orgullo de haber nacido en la Pequeña Venecia, en un momento agonal pleno de incertezas y animado por la desconfianza hacia todos.

Contra esto, falsificar verdades y cambiar realidades –como la de hacer ver inhabilitada a esta mujer de coraje sin que exista proceso, ni sentencia penal que la condene por hechicera y en la hoguera medieval que a diario forjan los narcisos digitales del régimen y sus bots– es no comprender el calado de lo que está pasando. Se cerró un tiempo con el covid-19 y emerge otro, mientras renace el terror en Occidente.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

En toda mesa de negociación, que no sea ficticia o de utilería, cada parte algo ha de ofrecer, algo ha de perder, y algo pide a cambio en modo de que no haya rendición total. Quien claudica, sin más, pierde la autonomía de la voluntad. Vicia lo acordado. La Plataforma Unitaria, contraparte en el Acuerdo de Barbados, es, quiérase o no, una expresión de virtualidad, en el mejor sentido del siglo que nos atrapa.

Si acaso hablase con total independencia y para reclamar con peso – no escatimo la auctoritas de su cabeza – sobre los secuestros, vejaciones, hambrunas, encarcelamientos y torturas que sufren los venezolanos, su papel es más próximo al de una ONG que exige de los carceleros mejorar el trato a los reclusos. ¿Es así? No lo sé, lo presumo.

El régimen, que tiene todo el poder y da y algo pide a cambio de la Plataforma, ante la imposibilidad de que esta ofrezca contraprestaciones que ni tiene ni posee, lo único que puede ofertar, teóricamente, es la mengua de la expresión de esta. ¿Lo sabe la Plataforma? ¿Intenta sólo sobrevivir y con ella los partidos «opositores» que dominaran en la Asamblea Nacional electa en 2015? Cabe la pregunta.

Han aceptado regresar sobre sus pies, sí. Atrás quedó lo declarado con toda solemnidad en 2019 y que fuera refrendado por la OEA a través de su resolución CP/RES. 1117 del 10 de enero, resolviendo no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro.

El Acta de Barbados “rechaza toda forma de violencia política en contra … del Estado y sus instituciones”. Los reconoce. Y en esa línea, que se subraya por los mediadores como entendimiento libre y propio “de los venezolanos, sin injerencias extranjeras”, sus partes solicitan “que sean levantadas las sanciones contra el Estado”. Nicolás Maduro las entenderá como las dictadas contra él y las autoridades dictatoriales, pues en Venezuela el gendarme encarna al pueblo y a su gobierno.

En todo caso, antes de las primarias, que es el hecho político más relevante de la experiencia opositora venezolana de actualidad y que no mencionan expresamente los acuerdos, la guerra de Rusia contra Ucrania dejó en lo subalterno nuestra aspiración de libertad. Es el otro dato de la realidad que cabe revertir, pues USA, ayer como ahora, más después de los ataques terroristas de Hamas contra Israel y de la alianza colombo-venezolana con Irán y el terrorismo islámico, maneja sus prioridades.

Espera morigerar – se entiende – el comportamiento de Maduro para reducir los riesgos geopolíticos que de suyo implica su desembozada adhesión al terrorismo. Ello, inevitablemente, le resta juego a la Plataforma, que por falta de poder no tiene más opción que apalancarse con quien se lo da en préstamo, bajo condición y que la deja abandonada a las leyes del caos o el azar, en espera de que la suerte haga la tarea.

Queda la Plataforma, entonces, aprisionada y sin respiro – salvo el oxígeno que encontrarán algunos pocos de sus miembros, quienes, como seguidores del Marqués de Casa León sólo echan los dados ante cada lance y empeñan prestigios para mantenerse a flote, entre dos aguas encrespadas, entre el régimen y el Departamento de Estado, a la manera de Ulises en su tránsito por el estrecho de Messina, lidiando con Caribdis y Escila.

La entente de Barbados podría volverse una aporía histórica. ¡Ojalá que no!

Si la comparamos con el Pacto de Puntofijo, se trató éste, antes bien, de una alianza entre actores políticos distintos a quienes les unía el doble y noble propósito de echar las bases de la democracia civil y de partidos en 1959. Y procuraba conjurar al gendarme necesario, acabar con el dominio en el país de los militares, quienes otra vez se han hecho del poder absoluto y al paso con venalidad desbordada a partir de 1999. Ahora y en la hora encuentran – se lo dirá para sus adentros la Fuerza Armada – una asociación provechosa y de conveniencia, con los restos de lo que fueran los partidos del siglo XX y sus desprendimientos en el siglo XXI.

No es tampoco el armisticio que pacta Bolívar y Morillo para darle fundamento al moderno Derecho humanitario. Menos encuentra paralelo con el Tratado de Coche de 1863, que cierra la Guerra Federal y le pone punto final a la mal denominada república conservadora, que era liberal y acepta, decorosamente, su derrota; pero que, a la sazón, le abrió senda ancha a la tutela militar-bolivariana, reduciendo el papel de los civiles al de meros cortesanos.

Vino de regreso cuarenta años más tarde, justamente, cuando los mismos partidos – cabe decirlo sin ambages – se ven anegados por el encono y abrazados al espíritu clientelar; tanto que, habiendo logrado de conjunto una mayoría para conducir al Congreso de la República electo en 1998, lo dejan en manos de un oficial designado por el teniente coronel Hugo Chávez y de Henrique Capriles, el renunciante a las primarias, para su entierro. No dan una sola escaramuza.

Barbados, en fin, cuya acta es clara y meridiana, autoriza a la Plataforma para que – “conforme a sus mecanismos internos” – selecciones a su candidato presidencial. Eso sí, ¿sólo podrá ser candidato aquel que se ajuste a “las normas jurídicas aplicables” por y bajo la dictadura, que tendrá la última palabra? ¿Es lo escrito?

Lo único cierto, lo dice bien el Quijote, es que “uno [una cosa] piensa el bayo y otro [otra cosa] el que lo ensilla”. Mientras en la azotea de la república transan los políticos, celebrados por la doblez de los oficiantes de la diplomacia, en la calle la nación toma su senda propia. Ha perdido el miedo. Pasadas las primarias cabrá reevaluar.

Eso sí, queda excluida la OEA y nos observará el Centro Carter, ese que nos arrebató a los venezolanos la oportunidad de resolver sobre la actual dictadura, en sus inicios, en 2004. Otra prioridad geopolítica acabó con el revocatorio.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

A raíz del derrumbe del comunismo en 1989, cuando Occidente ingresa alo que he llamado «El quiebre epocal» (2023) en mi libro del mismo título o a la Era de la gobernanza global y de la inteligencia artificial, lo que destaca, como he de subrayarlo,es la falsificación del Estado constitucional y de Derecho. Y por vía de efectos, la fractura de la convivencia universal que sostuviesenlos fundamentos del actual Derecho internacional forjados sobre el Holocausto, a partir de 1945.

La pandemia del COVID-19 y las guerras contra el mismo Occidente – las que los occidentales nos damos a nosotros mismos desmoronando nuestra estatuaria y símbolos intelectuales, la de Ucrania y, ahora,la vuelta del terrorismo sin límites sobre Israel –aceleran tal estado de cosas. Aquellas vienen sirviendo de justificativos, de modo particular en Hispanoamérica,para que sus dictaduras de nuevo cuño arrecien, ofreciendo el bien de la seguridad a precio de la pérdida de la libertad. Lo constatable, en todos los planos, es la cosificación del ser humano: autorizado para disponer de la vida y acelerar la muerte, forjar naturalezas humanas al detal, como lapidar a todo aquel que no comparta el credo dominante. Ya no se trata del pedido de respeto para la opinión ajena, sin compartirla, sino de borrarla para la memoria y en las redes.

Por lo grueso, me detengo en lo reciente, en la acción terrorista desplegada por Hamas sobre la población judía, con centenares de muertos y miles de heridos como de secuestrados, en un solo instante.De su clara comprensión y discernimiento – si imaginamos el bosque y no nos golpeamos con los árboles, matizando el giro orteguiano – y de su juicio apropiado por quienes aún no ceden a la banalización del patrimonio intelectual emergido de la Segunda Gran Guerra del siglo XX, depende el futuro del género humano.

Dejo como primera cuestión de analizar – no avanzaré conclusiones por respeto a la lectoría – la oportuna e inmediata respuesta que, desde este lado del planeta y condenando a secas el atentado de Hamás, hicieron 25 exjefes de Estado participantes del Grupo IDEA. Algunos contertulios, expedida esta, han observado que hubiese sido necesario alertar a los israelitas a objeto que no se dejasen perturbar en sus conciencias con el ojo por ojo y el diente por diente.

Ciertamente, cuando media el imperio de la ley y es respetada por todos y sus violaciones son las excepciones, cabe afirmar como principio invariable que toda sociedad y todo gobierno ha de perseguir al crimen y a la vulneración de derechos humanos en el marco del Estado de Derecho.No puede ni debe ser suspendido este en situaciones de emergencia.

Incluso, cuando media el terror como instrumento de violencia proscrito por el Derecho internacional humanitario – supe de ello durante mi ejercicio como juez, cuando la Corte Interamericana juzgaba al régimen de Alberto Fujimori por sus actos represores del movimiento terrorista Sendero Luminoso – es muy clarala enseñanza: Todo Estado tiene “el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y combatir el terrorismo. Sin embargo, no cabe admitir que, en nombre de la seguridad, aquel ejerza el poder sin límite alguno o que se valga de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”.

Pero, cabe preguntar ahora, ¿esto es así y puede sostenerse como premisa realen el marco de un ecosistema global que ha vuelto a los Estados piezas de utilería – incapaces de resolver por sí solos las amenazas y desafíos en curso – y que a la vez pulveriza los hilos culturales y éticos que sustentaran a nuestras sociedades durante la modernidad?

Algún autor ha referido que el horror del asesinato deliberado es catártico, pues si hay terror hay piedad ensu acción concisa. Mas, en los casos de terrorismo se busca romper la confianza en las relaciones humanas, para que sus víctimas desplieguen furia y resentimiento colectivos, y con ellosumar adeptos a la práctica de este crimen agravado y negador de todo lo humano.

He aquí, entonces,el ángulo que permitecaptar cabalmente el sentido finalista del acto de Hamas, a saber, destruir la enseñanza que, tomada del patrimonio judeocristiano y grecolatino, se concreta tras la tragedia del Holocausto; esa que, paradójicamente, buscan negar los padresde la deconstrucción moral en el siglo XXI que corre, a saber, el valor intangible de la persona.

La cuestión es que las potencias mundiales garantes del orden jurídico mundial y los grupos terroristas se han olvidado del hombre, varón o mujer.Lo relativizan, loven como “producto” a discreción.Esto lopredican los rusos y los chinos en la hora previa a la guerra contra Ucrania. Arguyen que cada pueblo es libre de elegir entre libertad y dictadura. Entre Ser o no ser.

En línea con tal predica, hija del cinismo posmoderno, quienes, hablando de libertad incluso para matar y para torturar a discreción – enterrando el valor de la ley y de la civilización – al verse interpelados o cuestionados o perseguidos, piden para sí y para los terroristas de Hamás que se resuciten las bondades de esos bienes que han despreciado sistemáticamentey vienen destruyendo desde 1989.

Hanna Arendt, que sí sabe de totalitarismos, tanto como el jurista italiano Piero Calamandrei – autor de «El régimen de la mentira» – de cara al fascismo, apunta algo que es descarnado diagnóstico de lo que hoy vivimos.Habla de la mentira política – Piero la acusa de doblez, de ilegalidad legalizada, de engaño legalmente organizado – como esa trampa epistémica que reduce la vida a manipulación y propaganda.

Anotemos, en fin, lo que es dato duro e incuestionable yvuelvo a la pregunta: ¿Pueden hacerse valer las normas del Derecho internacional cuandosus mismos garantes dentro de la ONU, Rusia y China, unidas a Irán con quien negocia USA, son partes de esas guerras y los actos de terror que presencia nuestra generación?

 Asdrúbal Aguiar 

correoaustral@gmail.com

Los ensayos que M. Picón Salas reúne en una obra, que apenas sobrepasa las 180 páginas, debería ser materia para todo aquel preocupado por doblegar nuestra ausencia de proyecto histórico

Mariano Picón Salas fue un insigne venezolano, fundador de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra antigua universidad de Caracas, quien cubre con su hacer intelectual la primera mitad de nuestro siglo XX y el tiempo inaugural de nuestra democracia civil a partir de 1959.

Para entender a nuestro país nos lega dos imágenes o metáforas que acaso puedan explicarnos nuestro desenlace actual, una tragedia que lleva 30 años de maceración sin opciones inmediatas a la vista. No me atrevo, ni a partir de estas ni de las trazas emborronadas del presente, otear el futuro. Y es que otra vez, como en una suerte de regreso a la hora germinal, se hace pendiente la tarea de encuadernar al país como cuando se nos descuadernó tras el sueño de la Independencia y a raíz de su guerra fratricida; que se repite con la Guerra Federal en procura de una libertad imaginaria y arbitraria que no alcanzamos; y que, al hacernos de ella como ocurriera durante el período de la democracia civil de partidos, entre 1958 y 1998, mal pudimos consolidarla, reformándola a tiempo. No cesa nuestro complejo adánico.

La primera imagen de Picón Salas es la del cuero seco rural, asimétrico, hecho por un cuchillo gastado. Así describe y nos presenta nuestra diversa geografía. Pero le escuchaba decir a mis mayores que era Venezuela, justamente, ese cuero que se pisa por un lado y se levanta por el otro, la de un ser que busca ser sin alcanzar a serlo o que se encuentra condenado al mito de Sísifo. De allí que al resolver sobre nuestras cuestiones las veamos como cosas de circunstancia y al término, quedemos como si nada hubiésemos hecho.

La otra imagen se refiere a los artesanos de nuestra historia, nuestras varias ilustraciones, la de 1810 o la de 1830, o la que se cuece en los años inaugurales de nuestro siglo XX, sirviéndole u oponiéndosele al gendarme necesario; pero empeñadas todas en encontrar la conciencia y razón de nuestro presente, invocando al pasado. “La historia cumplió una urgente tarea de salvación”, dice Picón Salas en su Comprensión de Venezuela, que publica en 1949, antes de agregar que, “en horas de prueba o desaliento colectivo se oponía al cuadro triste de lo contemporáneo, el estímulo y esperanza que se deducía del pasado heroico e idealizado”.

Esa labor de escribanía o de orfebrería de nuestra memoria, acometida en una nación pendiente de amalgamarse –que nace descoyuntada y se forja en las localidades durante la colonia– y que es desmemoriada, por atada a la cultura de presente, explica que ese mismo ser que no alcanzamos lo busquemos con obsesión, tras cada asonada o revuelta revolucionaria.

Resalta Picón Salas, aquí sí, la síntesis de lo que éramos y de allí nuestros repetidos reinicios, un “caliente almácigo de jefes”. Tanto que, estos medran solos o, de conjunto solo cuando lo ven útil y circunstancial, mediando el ideal que reducen a simple mito movilizador de voluntades como en el canto monótono que anima el corretear de las reses en el llano. Son los “hilos sutiles” que dicen sostener el sueño bolivariano de la nación grande que nunca ha llegado a ser, pero que no se la abandona como promesa: la Colombia grande imaginada por Francisco de Miranda; la realizada y frustrada por el mismo Bolívar; la Confederación Colombiana de José Tadeo Monagas, una esperanza sin destino; o la que es motivo de plácemes en Guzmán Blanco, después de anunciarse desde Lima la constitución del Congreso Americano, en el siglo XIX; o en el XX, la que intenta organizar desde Panamá el general Marcos Pérez Jiménez e irrita a Estados Unidos, o la Patria Grande pergeñada por Carlos Andrés Pérez, a partir de 1974.

La idea de la nacionalidad, la grande, lo dice el autor a quien invocamos, es “la verdadera tradición del Libertador”, su “legado moral”, que la entiende como “voluntad dirigida” que ha de mantenerse. Picón Salas –de cuyo último aserto dudamos, aquí sí– la ve e interpreta como “la línea de la nacionalidad” hecha para la defensa “contra los nuevos conflictos de poder y hegemonía que habrán de suscitarse en el mundo”.

La ilustración pionera venezolana mejor recepta la idea de nación –distinta de la de nacionalidad, de estirpe épica como de raíces muy europeas, a la vez que trágicas– en otros términos, que entresacamos de Picón Salas, a saber, como “conciencia poblada de previsión y de pensamiento que desde los días de hoy avizora los problemas de mañana”.

Los ensayos o pedacerías que reúne en una obra suya, que apenas sobrepasa las 180 páginas, debería ser materia para el examen de todo aquel quien se diga preocupado por doblegar nuestra ausencia de proyecto histórico o la falta de resolución sobre nuestro drama existencial. Ni optamos definitivamente por la prórroga de ese boceto mesiánico de república autoritaria y tutelar heredado de las espadas, bajo la guía de Bolívar –hijo de los “grandes cacaos”, enemistado con nuestra primera Ilustración– ni nos miramos, cabalmente, en la experiencia del hombre de la ruralidad, nuestro Facundo tropical, José Antonio Páez. Este, concluida la guerra por la Independencia, opta por construir o reconstruir al Estado a partir del respeto de nuestra cultura dispersa y de localidades, heredada de España; que es también la de los pueblos de doctrina que juntan a la miríada de naciones nómades e inconexas, sin asiento fijo, que fuimos desde el lejano amanecer.

El asunto es que las realidades del siglo XXI y las del «quiebre epocal» son tan inéditas que nos resultará insuficiente comprender todo lo anterior, para atar y corregir nuestro actual decurso de deconstrucción cultural y política.

correoaustral@gmail.com

@asdrubalaguiar

María Corina alzó su voz para denunciar ante el mismo Hugo Chávez el grosero latrocinio revolucionario

He comentado sobre la significación de María Corina Machado en el acontecer de la Venezuela contemporánea. Es un fenómeno social, liminar de lo político. Trasvasa a lo coyuntural y clientelar, como a una democracia de fingimiento que sólo es, por lo pronto y para los venezolanos, imaginería, vacua teatralidad.

A lo largo de dos décadas, María Corina o María Coraje, como se le llama, el mundo formal de los partidos –que no existían bajo la dictadura de Pérez Jiménez y que, tras el agotamiento de la república civil todavía creen existir, acaso como franquicias que subasta la dictadura– la ha preterido. Han usado de sus elevadas calificaciones, sí, para organizar eventos electorales, como el referendo revocatorio de 2004.

La cuestión es que al decidir insertarse dentro del entramado de la vida parlamentaria, como actora de la sociedad civil, aquellos buscaron limitarla, tamizarla partidariamente, tacharla luego por su manido «mantuanismo» –los Bolívar, los Toro, los Tovar, patriarcas de la Independencia sí lo eran– o por su falta de «tolerancia»; o por obedecer, se ha dicho, a una supuesta corriente antipolítica que amenaza a los profesionales de la política que se sirve a sí y que no sirve; esa que aún sobrevive y es desfiguración de la experiencia moral de la democracia, cuando se la entiende como una compra de espacios en pública almoneda.

En soledad elevó su voz para denunciar e intimar el grosero latrocinio revolucionario ante el mismo gobernante de turno fallecido, Hugo Chávez. Y en soledad acusó los golpes que recibiera su humanidad, en la cara, de manos de los esbirros del régimen mientras reía apacible el teniente Cabello. La oposición “partidaria”, misma que cerró su tiempo de manera deslucida con el traumático final del Interinato, al término la purgó. La dejó fuera de la Asamblea Nacional, para sumarla al país de los desheredados.

En suma, tal como se lo reclamase el expresidente José Mujica a quien fue su canciller, Luis Almagro, hoy secretario de la OEA, aún hoy se le recuerda a Machado, con socarronería, que es “esclava de los principios”, una “esclava del Derecho”.

Así, ante el vacío republicano y el fingimiento democrático, en una nación que se ha desmembrado, hecho diáspora hacia adentro y hacia afuera –cuya cruda imagen es la que corre por los caminos del Darién–, con tozudez ella se ha empinado desde el territorio de la orfandad en que se encuentran la mayoría de los venezolanos. Decidió interpretarlos en su «liminaridad», ofreciéndoles propósito a sus agonales tránsitos por espacios desérticos y sin alma.

Este símbolo lingüístico, propio de la filosofía y de la estética, es el que mejor interpreta al país despreciado, engañado y manipulado durante el curso de los veinte años precedentes, tras una prédica mendaz de participación protagónica. Se le ha situado en el estadio del no -ser y el no-hacer. ¡Y he aquí lo que sorprende a los que han malquerido a la Machado!

Silenciado, esquilmado, frustrado, el pueblo venezolano despierta para volver a ser y hacerse. Ocurre, de tal modo, simbólicamente, en un momento de tensión y apremio para la patria, como lo diría Mariano Picón Salas, el mítico regreso de lo personal y colectivo “al vientre materno”. Venezuela, casualmente, tiene nombre de mujer. En otras horas de oscurana le bastaba tremolar el mito bolivariano, pero lo han prostituido. Se instalan los venezolanos, pues, en un odre protector que sólo puede ofrecérselo y representarlo una mujer, una madre sincera, en ese tránsito dantesco entre círculos, desde el “estado transitorio” de comunidad indiferenciada, socialmente deconstruida le caracteriza hacia otro estructurado de libertad y de justicia. Es Machado, pues, un astrolabio para el rescate de la conciencia de nación.

Esa «liminaridad» –construir y reconstruir para que cobre “importancia lo subjetivo y el compromiso libre” del condenado a la nada– es el paso ritual indispensable. Es “el suelo fértil de la creatividad cultural”, es la situación que encierra “la semilla del desarrollo y del cambio social” que entre llantos y alegrías interpreta María Corina en cada rincón de una patria que buscar renacer y reencontrarse con el sentido de la plenitud.

Ingrid Geist, cuyo ensayo La liminaridad del rito (1999) me resulta seminal, la entiende como el momento de reflexión en vísperas del parto y cuando se “rompe la fuerza de la costumbre”, la del hábito, la del acomodamiento a la tragedia insoluble; eso sí, salvando las raíces, las ideas éticas que legitimen al porvenir. Es algo que mucho molesta a las escribanías diplomáticas y al voluntarismo partidario.

El proceso de disolución humana que ha cristalizado en Venezuela lo hizo posible la vileza del pueril ejercicio republicano y de ficción democrática inaugurado en 1999, que ha contado con el viento favorable del mundo digital de los no-lugares y del no-tiempo. No por azar el régimen de Maduro quiere primarias digitalizadas.

También es cierto que, en esa fase liminar del «rito de paso» que se realiza y cumple entre María Corina y el pueblo venezolano en cada rincón de nuestra geografía, se están dando revelaciones. Sólo alcanzan a verlas las gentes más inocentes, las víctimas de la maldad dictatorial, al redescubrir que sí existe la “esperanza de una vida verdadera”. La alcanzarán, sin lugar a duda. Es el regreso a la patria y el reencuentro, que es espacio y tiempo, “tiempo y espacio sagrados” ajenos a la práctica del narcisismo político a través de las redes e inmunes a los laboratorios de fake news.

La última de estas, obviamente, fue la de la inhabilitación forjada, celebrada por el régimen y sus contumaces contertulios para condicionar a la opinión. La experiencia demostró, enhorabuena, que mal se puede inhabilitar a lo que está en el útero de la venezolanidad y en estado liminar, a punto de nacer, en el instante de volver a ser. Machado, en suma, con o sin primarias ya ha forjado un liderazgo. Es lo relevante.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com 

En su obra seminal, El hombre y la historia, que estima de ensayo sobre la sociología venezolana el autor, José Gil Fortoul (1861-1943) y que publica en París en 1896, intenta explicar –tal como deberíamos hacerlo nosotros en el presente– el estado de la república.

Apela, desde el principio, al contrapunteo con otro venezolano de excepción e ilustrado de la época, J. Muñoz Tébar (1847-1909), quien en 1891 publica en Nueva York su texto Personalismo y legalismo, a fin de predicar cómo las leyes y las religiones influyen en aquellas; a lo que de entrada argumenta Gil que, si ello fuese así, el comportamiento de no pocos conquistadores nuestros hubiese sido más civilizado.

Agrega, seguidamente, lo que acaso nos es genético y determinante en cuanto lo venezolano y que la fatalidad luego nos impone llegado el siglo XXI, al afirmar que “no es el hombre cosmopolita por naturaleza”. Y prosigue, al decir que “muéstrase cosmopolita el hombre, solamente cuando ha llegado a una civilización muy avanzada, cuando la ciencia, el arte y la industria le han hecho capaz de neutralizar fácilmente o modificar las condiciones del medio que amenazan su salud y su vida. No habría determinismo en lo venezolano, en suma, salvo la afirmación de que el espacio y el tiempo –lo lugareño– es lo natural o connatural a su especie humana.

Esa fue, cabe decirlo, la mejor herencia trasladada por el español a América y que marca a los orígenes venezolanos, pues a la par de la monarquía la organización pública de la península y la nuestra fue esencialmente localista y municipal. “La vida local se desarrolló ampliamente en las tierras de Indias, como una consecuencia y objetivo de la obra colonizadora… La constitución de una ciudad –la primera en Venezuela es Nueva Cádiz– en Indias, se completaba con el establecimiento de su régimen local o municipal, que representaba el remate institucional de fundación ciudadana”, explica José María Font, catedrático de Valencia (José Tudela, editor, El legado de España en América, I, 1954).

Hoy, al espacio y al tiempo se le oponen tendencias de aniquilación que privilegian lo virtual y cultivan la instantaneidad; por lo que siendo éstas un logro inequívoco e inevitable de la ciencia posmoderna, al cabo, desbordadas, apagan todo síntoma de cultura en evolución.

Vuelve otra vez Gil Fortoul a Muñoz Tébar, así, para razonar sobre la tesis de este e ir avanzando sobre el diagnóstico de lo venezolano. “La causa única de las desdichas políticas en las repúblicas hispanoamericanas –dice este– es que en ellas sólo ha habido gobiernos personalistas, sostenidos por pueblos personalistas, lógica consecuencia de las costumbres españolas que heredamos y que no cambiamos cuando cambiaron nuestras instituciones políticas”, afirma Muñoz. A lo que Gil discierne precisando lo que sigue: “Empezó la evolución histórica de Venezuela con la guerra entre la raza española y la raza india, guerra que ocasionó, una vez destruida o domada la población indígena, la adaptación del régimen autoritario que es característico, sino de toda la nación española, sí de los españoles que realizaron la conquista”. Y agrega que, “al cabo de tres siglos, formada ya otra raza por la mezcla de españoles, indios y negros, estalló la guerra de la Independencia, que determinó la constitución de una nueva nacionalidad y de un nuevo Estado político, diferentes una y otro de la raza conquistadora y de la raza conquistada, pero conservando en su temperamento y costumbres la influencia de los elementos étnicos primitivos.”

Sobre dicho anclaje, el autor que releemos cuestiona la predica de no pocos historiadores y publicistas venezolanos, a cuyo tenor desde la hora inaugural de la república, a partir de 1830, pugnan dos visiones doctrinarias y partidarias, una liberal y otra conservadora; reflejos –cabe agregarlo– de ese ser que somos los venezolanos y es fatalmente inacabado.

Mas hace suya, Gil Fortoul, la tesis de Domingo A. Olavarría (1836-1898), plasmada en el Estudio Histórico Político que publica en Valencia, Venezuela, en 1893: “Los verdaderos liberales de Venezuela han sido los que llevan los apodos opuestos; pero los llamados liberales han tenido la habilidad de tomarse insistentemente ese calificativo … al paso que los otros han incurrido en la candidez de dejarse apostrofar al gusto de sus contrarios” se lee. No por azar se le atribuye a Antonio Leocadio Guzmán, padre del general Antonio Guzmán Blanco, al decir que era liberal pues sus opuestos se dicen conservadores; que de lo contrario él sería conservador.

Se fijó así la primera línea divisoria de voluntades entre los venezolanos de la época: Conservador es el “hombre perteneciente a una familia distinguida por sus antepasados, por su riqueza, por su ilustración o por sus simpatías hacia todo gobierno fuerte, despótico o cruel, y Liberal, y desde el 58 hasta el 70, federal, quería decir: hombre sin ideas políticas fijas, poco respetuoso de la ley, enemigo de la clase más rica o más instruida y amigo de las clases populares, inclinado al militarismo y a los cambios frecuentes de leyes y gobiernos”.

Visto esto serían unos cabales liberales –observando a lo actual– los gobiernos venezolanos entre 1999 y 2023, pues para éstos han sido conservadores y oligárquicos los gobiernos democráticos que cubre el tiempo del Pacto de Puntofijo (1959-1999). Ello, a pesar de que quienes los encabezaron, todos a uno, fueron ajenos a la élite mantuana, de clara extracción popular e ideas apropiadamente liberales.

Casualmente, es ahora y en este tiempo, en curso de cumplirse las dos centurias del nacimiento de la república, cuando se insiste en demonizar al general José Antonio Páez, un lancero de los llanos y primer presidente de la república de 1830, tachándole como reo de traición al Padre Libertador, Simón Bolívar; éste, heredero de familia criolla rica y extracción monárquica, formante de la aristocracia caraqueña, a saber, la misma que prosterna y entra en querella, por sus dudosos orígenes sociales al padre del Precursor, Francisco de Miranda.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com