Si aún se acepta en el siglo XXI que la democracia es soberanía del pueblo, que elige y no solo vota, puede afirmarse que María Corina Machado ha derrotado democráticamente al despotismo de Nicolás Maduro Moros. Cuenta hoy con suficiente legitimidad de origen, luego de su abrumadora victoria en las primarias y tal como palmariamente lo demuestran las encuestas no hipotecadas a éste y a la cohorte política de franquicias que le ha sido funcional para su estabilidad. La inhabilitación inconstitucional de Machado, sólo posible bajo el señalado despotismo que desmaterializó a la república como a su orden constitucional y ha pulverizado a la nación venezolana, es prueba cabal de esa derrota, por “walkover”.

El desbordante apoyo popular con el que cuenta Machado, tal como lo veo, es la causa del pánico de Maduro Moros, quien a la sazón se niega a medirse electoralmente con ella; pero todavía más desesperó al eje central de ese artificio de «franquicias partidarias» opositoras que no frisa siquiera el 7% del apoyo popular: “Nombremos a Manuel Rosales y luego vemos cómo atajar a la señora”, decía el anfitrión de estas, en reunión convocada, para mi tristeza, en el alma mater a la que me he entregado durante casi medio siglo. Y ese conciliábulo de marras, entre rostros que clonaban a los gamonales de nuestro siglo XIX y a sus pulperos endomingados, ante mi vista no hizo sino recrear el trágico desenlace venezolano de 1998. Pero Machado les quebró la ecuación. De allí la subsiguiente elección unitaria de Edmundo González Urrutia, para que llegue «hasta el final».

No se olvide que, desestructurado el país dado el «quiebre epocal» de 1989, cuando “las gentes dejan sus casas para irse a las calles sin querer regresar” (Ramón J. Velásquez dixit) y negándose esos mismos franquiciados a la reinstitucionalización por opuestos a la reforma constitucional y a las reformas económicas, optaron –lo recordaba el fallecido Jorge Olavarría– por validar nuestro regreso al pasado con su “gendarme necesario” a cuestas. Creyeron que asegurarían, así, sus privilegios a cambio de facilitarle a Hugo Chávez la ruta hacia la presidencia y el desmontaje de la Constitución civil de 1961, cuando este ocupaba el último lugar en las encuestas de enero de 1998.

Con el apoyo de Estados Unidos, al igual que ahora, dejaron en la estacada a Henrique Salas Römer, al que la opinión verificada situaba como opción victoriosa. Sacaron del foso, con dineros y medios, a un habilidoso traficante de ilusiones. ¡Y es que Salas no era complaciente con los cogollos de los partidos declinantes y tenía visión propia, y el pueblo le acompañaba! Era una amenaza para las logias políticas que se formaban en Venezuela a raíz de El Caracazo. Un militar que llegaba por los votos y no más con los tanques podía ser influenciable, les daría espacios para medrar y subsistir en zonas cómodas, y a la luz de la tradición, sería un modernizador. La miopía y la avaricia se los engulló.

La cuestión es que «el efecto Machado» y la designación de González Urrutia –hombre de consensos, de escuela diplomática y que cuenta con una sólida visión de Estado– ahora habrá de significar el cierre de ese ciclo o proceso que, otra vez y como experiencia (1830, 1935) retrasó el ingreso de la nación al siglo subsiguiente, el actual; siendo que debimos concluir el nuestro, el siglo XX, como excepción posible y con serena madurez, a partir de 1989, coincidiendo con el final de la república civil de partidos y el ingreso de Occidente a las tercera y cuarta revoluciones industriales: la digital y la de Inteligencia Artificial.

Al haberse modernizado Venezuela durante los treinta años precedentes a 1989, de los que ninguna memoria conservan las generaciones adánicas contemporáneas y en modo alguno defienden las franquicias partidarias en cuestión, menos los exdirigentes empresariales y bonistas que las usan y presionan en un país sin empresas como el nuestro, bien pudimos adelantar los tiempos rompiendo todos con la fatalidad del mito de Sísifo. No lo hicimos. Es lo pasado.

Lo cierto, también, es que sin que otra aporía ni el rubor les inhibiese, los franquiciados de finales de la IV República, falsificaciones de nuestros partidos históricos, como las élites que se beneficiaban de aquéllos –los mismos de ahora y sus causahabientes en la V República– optaron por tener como candidato a un compañero de Chávez en su hornada golpista, al comandante Francisco Arias Cárdenas. Nada les arredró el que llegaban a la política con el único cometido de borrarle al país sus recuerdos, como si nuestra modernidad hubiese sido el diluvio universal. Sólo les importaba revalidar las tarjetas de sus franquicias, de tanto en tanto. Tanto como luego aparecerá en la escena Manuel Rosales, en 2006, para servir sin serlo en propiedad como candidato presidencial “tapa”. Lo necesitaba Chávez y hubo lugar al reseñado entendimiento de este a través del mismo personaje –José Vicente Rangel– que le permitiese regresar luego a Venezuela, en 2015, tras su enjuiciamiento por enriquecimiento ilícito.

Los venezolanos, generosos, aceptando el símbolo de la Unidad y empeñados en ponerle fin al despotismo iletrado que nos ha maltratado con vesania y maldad absoluta, le dimos –como símbolo– su oportunidad, en 2015, sin endosar a quienes se ocultaban bajo sus banderas y que la destruyeron con el deslucido final del Interinato; pero, ahora, la Unidad, con rostro distinto y esperanzador, ha de hacerse por sí misma su otra oportunidad. Y se la ganará en buena lid si logra regresar al corazón de los venezolanos. Maria Corina se lo ganó y no lo puede transferir si no se lo acepta el propio pueblo. De no lograrlo la Unidad, sería sumada –es la lógica fatal de la historia, siempre caprichosa– al bloque de quienes serán recordados como responsables de la aniquilación de nuestra modernidad a partir de 1999.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

La aprobación de una ley antifascista en Venezuela, que proscribe movimientos políticos y a los adversarios del déspota Nicolás Maduro sus derechos de ser elegidos, inhabilitándoles, sólo se puede entender, a primera vista, como una ley anti-Corinas.

A Maduro – lo dice bien Carlos Malamud, cuya opinión sobre nuestra democracia “inmadura”endoso–le han dejado sólo y desnudo.Apenas le resta seguir en el ejercicio arbitrario del poder que ha secuestrado para sostenerse. No está dispuesto a medirse en unas elecciones libres con los venezolanos.

Caben, aun así, algunas consideraciones sobre dicha ley, que empuja al país, aquí sí, hacia la deriva nicaragüense. Refiero, en primer término, lo que omiten los diputados miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que la han aprobado. Nominalmente, se califican de marxistas e invocan 41 veces el legado de Carlos Marx desde las páginas de su Libro Rojo y al adoptar sus estatutos proclaman a su partido“socialista bolivariano”, en un menjurje difícil de desentrañar pues junta “los principios del socialismo científico, el cristianismo, y la teología de la liberación”. Y al hacer parte del Foro de Sao Paulo, cuyos integrantes afirman seguirla corriente socialista del siglo XXI, así se tamicen en el Grupo de Puebla como “progresistas”, al cabo son una caricatura totalitaria que ahora intenta condenar a su mellizo histórico, el fascismo.

Condenándolo y criminalizándolo, pero desfigurándolo en la ley como lo ha hecho consigo mismo en sus regulaciones internas, omite los ‘pesuvistas’ que su fuente matriz es el marxismo leninista-estalinista, que asesinó a más de un millón de personas por motivos políticos y a otros 8 millones los dejó morir de hambre. Esta vez, lo que en realidad se proponen sin mirarse en el espejo es declarar delitos al “conservadurismo moral” y al “neoliberalismo”, no al fascismo. Es lo mismo que hiciesen los nazis con los judíos. ¿Buscan llevar a sus cárceles a los curas o a los rabinos, o a quienes practiquen el capitalismo privado, les pregunto?

He aquí, entonces, una primera clarificación que, con vistas a ese dañado caleidoscopio de ideas movilizadoras de ánimos contenida en una ley que falsifica nociones e ideas como las señaladas, nos hace Piero Calamandrei. Él describe al auténtico fascismo en su obra sobre El régimen de la mentira a partir de una pregunta que le calza al régimen madurista: “¿Era revolución o no lo era? Era, sí y antes bien, un sistema donde la “mentira política” que es común a no pocos regímenes es, en este, en el fascista, “el instrumento normal y fisiológico del gobierno”, responde.

“¿Era la igualdad de todos ante la ley o, mejor, se introdujo una distinción entre los inscritos como fascistas que gozan de todos los derechos y los no inscritos, que soportan todos los deberes?”, repregunta el eximio maestro italiano de la posguerra: En el fascismo se desarrolla una “práctica política sistemáticamente contraria a las leyes”, donde aquello que está escrito en las mismas nada importa, sino lo que queda entre líneas y tiene un distinto significado, vuelve a contestar.

De modo que, el uso arbitrario de los conceptos sobre el marxismo o el fascismo, ambos socialistas y que realiza el mal llamado socialismo bolivariano al legislar en contra del fascismo o de sus “expresiones similares” – como para que nada quede fuera de su ojo y arbitrariedad despótica – en nada se compadece con la realidad histórica de Venezuela.

Sólo la ignorancia puede predicar la existencia entre los venezolanos de alguna “superioridad racial” entre sus gentes, menos la económica; pues a la par de ser la nuestra una sociedad integralmente mestizada, hecha de pobres que luchan por ascender, nuestros pocos ricos lo han sido de ocasión y no han durado más de una generación, y buena parte de ellos se hizo bajo la palmera de dictaduras y dicta blandas. La siguiente siempre los ha despojado de lo mal habido y hasta de lo trabajado. Es la constante.

El único de prosapia, colonial, de cuna, heredero de fortunas, es, entre nosotros, el apellido Bolívar, descendiente del primer empresario autorizado para comprar 3.000 esclavos en África y traerlos al país, Simón de Bolívar el viejo. El resto son los hijos de la panadera, como los Miranda, o quienes fueran simples dependientes de la Compañía Guipuzcoana antes de ser expulsada, trabajadores desclasados, pero al cabo hombres y mujeres de trabajo, nada más.

La única raza pura que se ha conformado a lo largo de las tres décadas precedentes son la élite de los «enchufados» y la corte del régimen despótico ala que aquella sirve con obsecuencia amoral y en línea diametralmente opuesta a la predominante decencia del pueblo venezolano, que es innovador y no le humilla trabajar a brazo partido. Lo saben nuestros emigrantes.

¿En qué quedamos, pues?

La condena y la criminalización que hoy se busca hacer, mediante una ley fascista que dice ser antifascista y en la que predominan sus entrelíneas, repito, es la de quienes, honrando los fundamentos de nuestra nacionalidad, adhieren a la cultura judeocristiana y son amantes de la libertad. Los venezolanos somos, en efecto, conservadores en lo moral y ahora se nos excluye por vía legislativa, mediante un apartheid, para enviarnos a las mazmorras.

El fascismo es patriotero, odia al disidente, es militarista, exige obedecer, elimina beneficios a quienes lo enfrentan, no respeta la dignidad humana, sus columnas son la corrupción y la mentira, controla fomentando el miedo, no rinde cuentas y ve a la religión y la cultura como enemigos a derrotar. Es la esencia de la ley antifascista, una vulgar aporía.

Creo, a pesar de ello, que lo rige en Venezuela es un despotismo iletrado, pues en los totalitarismos marxista y fascista existe el Estado. Entre nosotros desapareció la república y la nación como base se pulverizó, sustituyéndoselas por “el personalismo, la discrecionalidad, la hipocresía constitucional, la violencia, la corrupción, y el nepotismo”, diría Linz.

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

En la perspectiva de quien analice la cuestión venezolana desde el ángulo de su calendario electoral presidencial, que vencería el 28 de julio, día onomástico del fallecido Hugo Chávez Frías, o de quien, a la manera de Manuel Rosales, hombre con rostro de mármol, se inscribe como candidato en el último minuto para salvar “su” tarjeta sin haber participado en elecciones primarias, la corrección política les dirá que votar o no es un derecho político personal, así no se pueda elegir. Se repetirán, a sí, que se trata de un acto de libertad dentro de un orden que, incluso siendo deficiente como el venezolano, les facilita realizar comicios y con ello la experiencia de la democracia, así sea falsificada.

Creerán, además, que algo cambiará esta vez, cualitativamente, con relación a las elecciones presidenciales de 2018 – internacionalmente desconocidas y en las que se abstuvo la mayoría electoral para no hacerle comparsa a Nicolás Maduro. Podrán argumentar y de hecho lo hacen que, las de ahora, sin que sean cabalmente democráticas, cumplirán con el ritual de los Acuerdos de Barbados. Así, dejarán satisfechos a los observadores internacionales y facilitarán que se le levanten las sanciones económicas impuestas al mismo Maduro y sus colaboradores, pues la sufre Venezuela y podrán los venezolanos recuperar su bienestar.

No es casual que Eduardo Fernández, quien se inmola ante el país para defender a la democracia tras el golpe de Chávez Frías contra Carlos Andrés Pérez, esta vez y antes de viajar al extranjero proponga un “pacto de Estado” con los causahabientes de aquél. No le arredra que sean responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, dado que lo importante, se comentará para sus adentros, es que los venezolanos podamos «vivir bien», a despecho de no tener una «vida buena», es decir, virtuosa.

Me pregunto y pregunto si ¿son válidas estas perspectivas? Trillamos con una dictadura que no es tal y que tampoco es una tiranía o autocracia absolutista, menos militarista por no ser institucional como si lo fueron las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano. Estamos en presencia de un «despotismo iletrado», genuino y zorruno. Y preciso el término para evitar los equívocos. El despotismo expresa la relación entre el patrón y sus esclavos cuyo ejercicio de dominio desafía códigos, leyes y costumbres, sean políticas o morales e incluso las relativas a la decencia humana.

Maduro no solo ha despedazado la república y su Fuerza Armada, haciendo de ambas una caricatura y a esta incapaz de revertirle su status quo. Ha desmaterializado al orden constitucional militar-cívico de 1999. Lo que es más grave, ha pulverizado a la nación que formamos los mortales nacidos en territorio venezolano, en diáspora y víctimas del castigo de ostracismo que se nos impuso para sobrevivir.

Al pueblo venezolano, que no a las élites políticas y empresariales funcionales al mencionado despotismo, se les ha irrogado un severo daño antropológico, en lo familiar, en lo individual y como sociedad. Son datos objetivos y de la experiencia, pero se omiten en los análisis de la cuestión venezolana.

Se insiste, aviesamente, en los paralelismos con las transiciones de países cuyos órdenes constitucionales de facto o segregacionistas se sostenían sin adulterárselos. Eran inhumanos, pues conjugaban a favor del Estado o el dictador. Pero el despotismo es, antes bien, el reino de la arbitrariedad y el asalto, todavía más en un contexto de deconstrucción ética y cultural, característico del actual y declinante Occidente; que, al paso, lo aderezan las revoluciones que deslocalizan y cultivan la instantaneidad, en el marco de una naciente religión pagana, el «dataísmo», que reduce a número y a consumo a su feligresía.

¿Puede ejercitarse la ciudadanía, pregunto entonces, salvo que se sufra de una severa distopía o trastorno cognitivo en el marco de una república imaginaria como la venezolana, donde hay ausencia de nación por deconstruida y migrante? Su contexto casi que recrea – permítaseme la metáfora – la escena de nuestros indígenas a la llegada de los adelantados españoles durante la conquista. Vagamos como nómades por selvas posmodernas sin una Torá a cuestas, sin ataduras ni amarras de afecto que nos aproximen, anegados por la tristeza en soledad, signados, sí, por los enconos y la desconfianza, con padres y hermanos separados en lo interno y sus integrantes en procesión, que mejor se miran en el infierno de Darién.

Existen premisas en esta historia que se ha engullido a dos generaciones y media (1989-2019) y cuyos hitos vertebrales deben ser revisitados para un verdadero juicio sobre las posibilidades de la reconstrucción de Venezuela; sobre todo para la cabal comprensión de lo que emerge como inédito con María Corina Machado, sin que se la descontextualice o se la vea como una pieza más de recambio político.

La trama construida por Fidel Castro a partir de 1989, en vísperas del derrumbe comunista, es esencial a fin de ponderar sin errores de perspectiva y también para desnudar las desviaciones profundas que ocurren sea en el “gobierno” de Maduro, sea en la oposición que le acompaña a lo largo de su tiempo y les emparenta en un marco de progresiva banalización del mal radical; léase, la reconocida tendencia a buscar comprender y racionalizar al punto de justificar, sin disculpar, lo ocurrido en el pasado revolucionario venezolano a partir de 1999, en infierno dantesco. Los documentos son aleccionadores.

Castro anunció que la desaparición soviética y del modelo marxista en modo alguno le significaría el abandono de su condición de déspota caribeño, de suyo asociado al crimen transnacional del narcotráfico. Es una máxima de la experiencia. En 1990, junto a Lula da Silva forma el Foro de Sao Paulo cuyos propósitos este los ratifica en México al año siguiente, predicando el abandono de las armas e ir hacia la conquista del poder a través de los votos; y la decisión de modificar los sistemas electorales para que sus miembros permanezcan en el ejercicio del poder una vez conquistado. Desde entonces, cuidando estos objetivos Fidel y Lula se ocupan de auspiciar – con asistencia de profesores españoles de Valencia, parteros del partido Podemos quienes hacen lecciones en La Habana – el desmantelamiento de las constituciones históricas, democráticas y liberales hispanoamericanas.

El Foro y su sucesor intelectual, el conocido Grupo de Puebla, bautizados como socialistas del siglo XXI se rebautizan de «progresistas» 30 años más tarde en una suerte de ficción ideológica que deja de lado al Capital de Marx. Asumen, tácticamente, el catecismo de Antonio Gramsci al objeto de blindar sus narrativas mediante la prostitución de los valores judeocristianos e intentar derrotar a Occidente en las arenas de la liquidez moral.

Se impone, de tal forma, una suerte de «neoconstitucionalismo» culturalmente disolvente, de forja de identidades al detal y deconstructivas de lo nacional, como de concentración totalitaria del poder. El modelo o esquema es validado por Naciones Unidas de manos de Dante Caputo en 2004, sosteniéndose por el PNUD el argumento del «desencanto democrático» y la promesa de avanzar hacia un «círculo virtuoso».

A aquellos profesores los contrata desde antes Julián Isaías Rodríguez Díaz, vicepresidente de la Constituyente venezolana de 1999, quienes prosiguen con su zaga retórica deconstructiva – ¿neomarxista? – en Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008).

El Foro, en igual orden concreta una alerta a los suyos que después renueva el Grupo de Puebla esgrimiendo la tesis del Lawfare o la judicialización de la política. Sostienen que al término se les perseguirá acusándoseles de colusión con el narcotráfico y el lavado de dineros. De allí que, al ras con lo indicado, se empeñen en salvar y lavarle los rostros a Rafael Correa, Cristina Kirchner, Evo Morales y al propio Lula, patriarca del Lava Jato, cuyos actos de corrupción sistemática y generalizada provocan la caída de varios gobiernos democráticos; a otros los contaminan, sujetándoles, y hasta causan el suicidio de un expresidente. La Venezuela de Chávez, como dato de interés e importante, inaugura su maridaje con el narcoterrorismo colombiano en agosto de 1999, otorgándole por escrito un «modus vivendi».

Lo veraz del LawFare es, sin embargo, todo lo contrario, y cabe no olvidarlo con vistas a lo actual. Con la Constitución a la mano y para hacerle decir lo que no dice – recreando regímenes de la mentira que «legalizan la ilegalidad» a discreción, lo primero que hacen los déspotas del Foro es avanzar hacia el control total y el forjamiento de una Justicia políticamente sirviente e instrumental; misma que le facilitará a Chávez hacer elegir a Maduro inconstitucionalmente, como su sucesor; la que le acepta como constitucional, siendo aviesamente inconstitucional, la reforma que ha lugar en 2009 para establecer la reelección perpetua como derecho y la que luego acaba con la Asamblea Nacional electa en 2015.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es desmontada la soberanía popular y son cercados los 112 representantes opositores que ocupan curules virtuales, mientras le autoriza al déspota de Maduro legislar por decreto desde 2016. Las causas se simulan, como la que en el presente ha inhabilitado sin expediente a María Corina Machado. Y el Lawfare se cruza con las FakeNews, en tiempos de gobernanza de redes y para hacer ver que todo ocurre con sujeción al Estado de Derecho, mera simulación.

Cabe señalar, en esta apresurada y apretada relectura, que el gobierno virtual parlamentario de Juan Guaidó, que contara con amplio reconocimiento internacional y le acuna Estados Unidos a partir de 2019 luego de desconocer la OEA la primera reelección de Maduro, dura hasta que aquél decide enterrarlo. La inhumación se la impone como tarea a los partidos de la titulada Unidad y desde antes les compromete en unas negociaciones protegidas por López Obrador, aceptándose la observación rusa. Las reaniman Petro-Macron-Lula-Fernández y son las mismas que desembocan en Barbados, antecedidas por los «acuerdos secretos» de Qatar.

La consideración constitucional, a todas estas, es puesta de lado. Eso lo aceptan los propios autores de la llamada Transición Democrática. Sostener el control de los activos y dineros de Venezuela para restárselos al despotismo y usarlo la Casa Blanca como carta propia de negociación, pero con finalidades distintas a la democratización del país, termina siendo el desiderátum para todos los participantes. Sus víctimas, los venezolanos, que marchan sin destino cierto, dentro y fuera del territorio nacional.

El objetivo de la libertad – no sólo para Venezuela – se posterga y se le subordina, como ahora, a intereses geopolíticos definidos por la Administración Biden y su Consejo de Seguridad Nacional, a saber, la estabilización regional de los autoritarismos – he allí el caso de Nayib Bukele, en El Salvador – y el mantenimiento con éstos de relaciones prácticas efectivas, alianzas petroleras y financieras o sobre drogas, y para contener el fenómeno de las migraciones. La guía o astrolabio que se impone es la Agenda ONU-2030, una clonación de los documentos del Foro de Sao Paulo que retoma el Grupo de Puebla, y en la que no cuentan como tareas la democracia o el Estado constitucional y de Derecho.

¿No es esto mismo, como salida arbitraria e impuesta, que no alcanza a conjurar el anhelo colectivo de libertad, la que patentaran como modelo, previamente, los europeos y los canadienses, conocido con el nombre de Acuerdos para el Diálogo Político y la Cooperación (ADPC)? Cuba y Nicaragua, y de modo similar El Salvador, son sus actuales beneficiarios.

*

A la luz de lo explicado y de este traumático recorrido de disolución que ya frisa 25 años en Venezuela, resulta en un craso y peligroso error el obviar que La Habana y el socialismo-progresista del siglo XXI, que asumieron el camino de la democracia para vaciarla de contenido y que participan del capitalismo salvaje no competitivo, apalancándose con «tecnologías de eliminación» (TdE) digital, forjaron, deliberadamente, el engaño de la república imaginaria y los espacios de recreación teatral electoral, como una suerte de mundo paralelo y útil para distraer y relajar las tensiones políticas, mientras han avanzado en la deconstrucción total de lo institucional y lo social; y ese mundo, justamente, ha sido territorio fértil para la cristalización y afirmación de los despotismos, pues al mismo se le redujo al voto y a la transacción sobre

Ha sido la forma encontrada para mantener ocupadas a las élites partidistas que, finalizando el siglo XX, se acostumbraron al manejo de sus partidos como agencias administradoras de cuotas de poder y munidos de tácticas postizas – no más las convicciones, menos las ideologías o la retórica moral; tanto que, como se prueba recién, las tarjetas de partido y sus afiliaciones se cambian e intercambian según el ritmo de lo circunstancial y se privilegian, lo ha hecho Rosales, por encima de lo que haya expresado la voluntad popular.

Y esta cuestión o comportamiento cabe entenderla en el caso de Venezuela a la luz del daño antropológico sufrido por sus habitantes y cuya experiencia podemos verla en el espejo de quienes predican – como “demócratas” a la vez que feligreses del modelo chino – la idea del «vivir bien», ajena a las enseñanzas de nuestros Padres Fundadores: Libres como debemos serlo, decía Vicente Salias sobre el patriotismo esperado de los venezolanos, adelantándose a los liberales gaditanos de 1812.

No es que quienes así se comportan hoy sufran del síndrome de Estocolmo bajo el despotismo reinante. Es que, a lo largo de las tres décadas transcurridas entre 1989 – fecha del trágico Caracazo y final de la república de «Puntofijo» y el 2019 – hasta cuando ocurre la pandemia del COVID, los sobrevenidos dueños de los partidos venezolanos terminaron alineados con la tesis progresista del relativismo; esa que renovaron la propia China y Rusia en la antesala de  la agresión a Ucrania.

Desde Beijing les exigieron a los países occidentales construir democracias al detal, si aspiraban a tener paz, y abandonar por vía de efectos los principios de la moral universal; esos que, por causa del Holocausto, aún integran el patrimonio intelectual de Naciones Unidas. “Sí, por un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el escepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelarse los principios fundamentales de la ley moral natural, el mismo ordenamiento democrático quedaría radicalmente herido en sus fundamentos”, lo advirtió Joseph A. Ratzinger, el Papa Emérito fallecido, el 5 de octubre de 2007.  Es lo que ocurre. Ni más, ni menos.

Volvamos, para ir finalizando, al título de la posible resurrección de Venezuela que encabeza a estas consideraciones, pues creo y sostengo a pie juntillas que los venezolanos, sobrepasando a quienes los han explotado y esquilmado durante las recientes décadas, han inaugurado un proceso de reflexión íntima e individual y de movilización de voluntades en el que el ejercicio electoral es visto como mera etapa o circunstancia de lucha. No lo ven de agonal, pues conocen y saben del desenlace de las elecciones presidenciales de 2018, cuando se inicia el calvario del despotismo madurista y su aislamiento internacional.

Aquí debo subrayar que, el pueblo venezolano, lleno de angustias por las carencias de orden humanitario a las que sobrepone su dolor por el desarraigo y al constatar a la «venezolanidad en dispersión» – pasada la aventura “revolucionaria bolivariana” como gran engaño, habiéndose acostumbrado a vivir en libertad entre 1959 y 1999, siente, desde lo más hondo de su corazón, que ha vuelto a encontrar un rostro sin máscara, no un Mesías, que le interpreta auténticamente. Lo está internalizando. Y vuelvo a lo metafórico, pues lo imagino como al hijo que anda en busca de su madre y vuelve a ella para que le proteja ante el desamparo y el atropello, rogándole, luego de aproximársele a su regazo, le devuelta al útero para que se suceda otro parto, en una hora menos aciaga que la actual. No es huida, como cabe advertirlo. Es procura de lealtad en el acompañamiento.

Ese es significado estético del fenómeno inédito e intransferible de María Corina Machado, mujer y madre, tras el tiempo gastado en el que una consigna sin alma – la Unidad – secuestrara a la nación para sumarse a la inhumana tesis «cesarista» que mira al pueblo como impreparado para el bien de la libertad y urgido de tutela; y ello, ciertamente, le ha hecho cómoda al despotismo de Maduro su entronización.

Es esa la igual empatía que a la par revela Corina Yoris, como madre y abuela, quien mirando a los ojos del pueblo le anima para que luche por sí mismo bajo el ícono de la excelencia como bandera y propósito de vida; como desafío de cara al despotismo que le ha condenado, le ha irrespetado en su dignidad y degradado el valor de la educación y el trabajo como vías legítimas para la realización en bienestar.

Treinta años le duró a Venezuela concretar su democracia civil (1928-1959), derrotando al gendarme necesario. Otros treinta años se tomó su desarrollo y agotamiento, como democracia de partidos (1959-1989). La deconstrucción y el «quiebre epocal» corrientes, como sino o fatalidad que ha retardado por treinta años más nuestro ingreso de ciudadanos al siglo XXI y como en los siglos precedentes de nuestra historia institucional (1830 y 1935), hemos de tomarlo como signo de esperanza cierta (1989-2019).

Es el de las «Corinas», en suma, un hecho de hondo calado ético y antropológico, que traspasa a las mismas. Hará historia, probablemente. Sus activos mal pueden intercambiarse como si fuesen objetos, o votos que se reparten a conveniencia entre los oficiantes del narcisismo político venezolano y sobre las mesas del azar diplomático. Se ha iniciado otro ciclo en Venezuela, como lo creo y lo veo, que llena de terror a sus destructores y al globalismo.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Algunos observadores extranjeros se muestran confundidos con la dinámica de los acontecimientos políticos de Venezuela, en lo particular con la reciente decisión de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, quien, al impedírsele su registro electoral y volvérsele fatal el plazo fijado para ello por la dictadura, ha designado para que la represente y sustituya a otra Corina, a la académica y catedrática universitaria Corina Yoris Villasana. Admirada por sus generaciones de discípulos y colegas historiadores y filósofos, es desconocida por el despotismo iletrado imperante y sus cortesanos. Junto a su tocaya Machado ha descolocado a la élite política funcional y dejado sin sillas a los «segundos» aspirantes, promovidos por las franquicias partidarias sobrevivientes y malas causahabientes de la república civil puntofijista (1958-1998), que la cercaron aviesamente hasta el día anterior

Lo importante es el jaque que le ha dado esta doble Reina de las Corinas al déspota de Miraflores y a los mal llamados garantes de los acuerdos de Barbados: Joe Biden, Emmanuel Macron, y Gustavo Petro; que no han sido tales aquéllos, sino un fogonazo predispuesto para encandilar y encubrir los espurios negociados Rodríguez-González realizados en Qatar previamente.

Una de las contraprestaciones es pública y notoria: La Casa Blanca indultó al gran testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab. Y la renuncia posterior del consejero de Seguridad Nacional mencionado, Juan González, pudo tratarse, como lo creemos, de otra movida de peón sobre el tablero de ajedrez para disimular un intencionado acto de colusión diplomática y apaciguar el enojo del país que lidera Machado. Hacer creer que ella, Usa, sigue comprometida con el propósito de que Venezuela logre tener elecciones libres y democráticas.

Lo único veraz es que la inconstitucional inhabilitación de María Corina –sin expediente ni juicio penal, ni condena que acaso se le hubiese impuesto para impedirle el ejercicio de sus derechos políticos– prueba que la dictadura no está dispuesta a abandonar su poder. Y el desconocimiento por esta de las primarias que la escogieron como candidata de la oposición democrática, confirma que tampoco respetará la voluntad popular. Ambas premisas configuran, por ende, una conclusión que es absoluta si nos guiamos por la lógica aristotélica. “Sin la participación de María Corina Machado no serán democráticas las elecciones presidenciales venezolanas. De premisas absolutas no se puede deducir más que una conclusión absoluta”, precisa el estagirita.

La pregunta que sobreviene y es obligante, que ha de hacerse todo analista político serio si parte de otro dato objetivo adicional, así se lo matice por la academia como “autoritarismo electivo” o lo escamoteen algunos gobiernos extranjeros predicando que sólo es reconocible quien ejerce el poder efectivo tras el fracaso de la legitimidad democrática de Juan Guaidó: ¿Cómo se desaloja a un grupo de facinerosos que ha secuestrado a Venezuela y transformado al Estado en empresa del crimen transnacional organizado?

De modo que, es otro engaño contumaz el trazar paralelos como aún lo hacen los partidos franquicia venezolanos con las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano o la última dictadura venezolana y sus respectivos modelos de transición hacia la democracia, que mal calzan con la experiencia inédita de las narco-dictaduras del siglo XXI.

En un contexto de desmaterialización constitucional y pulverización de la república como de la misma nación que le ha servido de soporte –han migrado casi 8 millones de venezolanos– y ante la ausencia de una comunidad internacional negada a ejercer su responsabilidad de proteger: no lo hizo en Ruanda y ocurrió un genocidio; siendo otra vez “un error retroceder hacia un planteamiento pragmático, limitado a determinar un terreno común, minimalista en los contenidos y débil en su efectividad” como lo previene Papa Ratzinger, cabe entender que la vía electoral es un instrumento para resistir y superar obstáculos ante quien la desprecia, y nada más. Se trata de derrotarle ante cada movimiento conducente a hacer imperar el régimen de la mentira, que legaliza la ilegalidad para lavarse el rostro ante terceros y ocultarlo tras unas votaciones falsificadas y de utilería.

En ese orden, tras el primer movimiento que enfrentara Machado sobre el tablero, participando en unas elecciones primarias que la misma oposición partidaria aceptaba que las controlase la dictadura, logra frenarles en seco la mala jugada. Sucesivamente, al inhabilitársele para desestimular el creciente apoyo popular en su favor, les tumba ambos alfiles y se hace con el 90% de los votos. Del mismo modo, al cerrársele el camino para que se inscribiese, hace su jugada histórica e inteligente inscribiendo a Corina, su tocaya, otra mujer y madre como ella y por lo demás abuela. Le tuerce la mano a la misma dictadura y al paso le muestra el símbolo de excelencia y ponderación en el que se miran hoy los venezolanos.

Con generosidad inesperada por sus adversarios de ambos bandos, los pone en jaque ante un país ávido de cuidados, de rescate y de encontrar la protección afectuosa de una Venezuela que sea madre y que sea maestra. Enterrar al cesarismo trasformado en despotismo pretoriano e iletrado. que ha violentado y acosado a todos es el desiderátum.  Pero faltan otras jugadas hasta que haya el jaque mate, como el rechazo de la otra Corina por los cagatintas del dictador dentro del Poder Electoral o la eventual y milagrosa habilitación de Machado, que podría inscribirse hasta 10 días antes de la elección presidencial planteada.

Sea lo que fuese vayamos al fondo. Todo pueblo cuando se disuelve tras un severo daño antropológico imaginariamente regresa al seno materno –al de las Corinas– para que le acune y, si posible, vuelva a parirlo. El régimen comunista polaco, en igual orden, sólo pudo enfrentarlo y doblegarlo un movimiento social –Solidarnosc– sin propósitos clientelares inmediatos y bajo el espíritu de la No violencia. Sufrieron la ley marcial y la represión, y al final se impuso la negociación de unas elecciones libres. Contaban, casualmente, con una pareja de leales protectores, Lech Walesa y Karol Wojtyla, san Juan Pablo II.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail  

Sé que algunos y muy estimados amigos, juristas o dirigentes políticos, de preguntárseles sobre si es acaso importante plantear un nuevo debate constituyente que le permita a Venezuela el renacer de sus instituciones y la recomposición de su sociedad, hoy pulverizada como nación, dirán que lo primero es salir de la dictadura de sesgos criminales y destructora de las voluntades democráticas imperante. O que, al cabo, si el problema prioritario fuese la Constitución, bastaría con tener en el futuro jueces idóneos, probos e independientes, que reexaminen las desviaciones interpretativas a las que ha sido sometida la hoy vigente por el Tribunal Supremo dictatorial.

En cuanto a lo primero, cabe preguntar sobre si será posible –con la sola salida de la dictadura y la eventual realización de unas elecciones por lo pronto simuladas, al pretenderse excluir de las mismas a María Corina Machado– reensamblar a un país en diáspora hacia adentro y que, a contrapelo de su historia ha tenido que emigrar por vez primera, dispersándose en el mundo. Son casi 8 millones de compatriotas quienes vagan sin un decálogo o Torá que les permita sostener la identidad, sin que les baste compartir una misma documentación, tener un talante propio, o la realidad de ser hijos de una geografía privilegiada: la mejor del mundo, como decimos.

De ser cierto lo segundo, si lo que pesa y determina la vigencia de unos valores constitucionales que asumimos compartidos es que bastará una exégesis adecuada del texto constitucional de 1999, la hipótesis es que volveríamos al mismo punto de partida en el que se situó Hugo Chávez a partir de 2000, al hacer depender la existencia de Venezuela como nación y como patria del acto de autoridad de unos jueces constitucionales a quienes se les designa a dedo y controla o se les estima como ilustrados.

Lo último pasaría por alto datos de la experiencia que no deben ser subestimados: uno, que la Constitución Bolivariana, más allá de haberse originado sobre una violación palmaria del texto de su precedente, la de 1961, que fue el fundamento de la república civil, fue la obra de una constituyente absolutamente dominada por la autocracia militarista entonces emergente. Su aprobación hubo lugar en un referéndum al que acudió el 44% del padrón electoral nacional. El otro es que, dicha Constitución, más allá de su desbordante nominalismo libertario –se dijo y repitió que era la mejor del mundo en materia de derechos humanos– quedó atada y frenada por una ingeniería constitucional reforzadora de un presidencialismo totalizante del poder y sujeto a una triple visión atentatoria contra la libertad: a) la subordinación de la persona humana y no solo de la nación al Estado, conjugándose siempre a favor de este y su soberanía; b) la fijación del dogma doctrinario bolivariano, esencialmente dictatorial, como principio de la exégesis constitucional; y c) el carácter transversal sobre el mismo orden constitucional de la idea de la seguridad nacional, bajo un binomio militar-cívico en el que se privilegia la actuación de la Fuerza Armada. Podría decirse que ella contiene una narrativa consistente con la desviación histórica que ha hipotecado el devenir de Venezuela, la del gendarme necesario.

La prórroga de esa cosmovisión por razones de conveniencia – se supone que del crimen que ha secuestrado al poder político y la de quienes con afán como “alacranes” se lucran del mismo – al cabo no hará sino repetir las esencias de ese citado gran pecado de nuestra génesis nacional, que cristaliza tras la emancipación y la independencia (1810 y 1811) y sobre las cenizas de la Primera República (1812), a saber: a) la creencia bolivariana de que el pueblo, débil, no está preparado para el bien supremo de la libertad (Cartagena,1812); b) sostener que la independencia se debe a los hombres de armas (Angostura, 1819), significando antes que libertad cambió la forma de gobierno y separación de España, mientras, en el interregno se validaba el modelo de presidencialismo monárquico vitalicio, urdido en la Bolivia de 1826; todo ello a costa de una destructora guerra fratricida que describe el propio Libertador y recrea vívidamente el presente de los venezolanos:

“Los campos regados por el sudor de trescientos años, han sido agostados por una fatal combinación de los meteoros y de los crímenes. ¿Dónde está Caracas? Se preguntará Ud. Caracas no existe; pero sus cenizas, sus monumentos, la tierra que la tuvo, han quedado resplandecientes de libertad, y están cubiertos de la gloria del martirio” (A Esteban Palacios, 10 de julio de 1825).

“Yo concibo que el proyecto de Constitución que presenté a Bolivia puede ser el signo de unión y de firmeza (en el gobierno de Colombia) para estos gobiernos… Tan firme y tan robusto con un Ejecutivo vitalicio y un vicepresidente hereditario, evitará las oscilaciones, los partidos y las aspiraciones que producen las frecuentes elecciones” (A Antonio Leocadio Guzmán y Diego Ibarra, el 3 de agosto y el 6 de agosto de 1826).

Regresar al ámbito constituyente tras la forja para ello de una «conciencia de nación» como estado del espíritu y para se restablezca a sí misma y racionalmente ella pueda discernir sobre sus auténticos valores superiores y fundantes para asegurar su gobernabilidad, asusta a quienes, erróneamente, sostienen que hemos abusado los venezolanos de esa vía, al punto de acopiar más de 26 constituciones, o a los que aspiran a conservar la actual para con ella desmontar, autoritariamente, lo realizado por la dictadura.

Lo veraz es que Venezuela sólo conoce de dos grandes procesos constituyentes, uno para separarnos de España y otro para separarnos de la Gran Colombia. Y las constituciones, con sus particularidades y exquisiteces –como la suiza de Antonio Guzmán Blanco– son reformas o enmiendas de circunstancia sobre su precedente, apenas para asegurarle el ejercicio del poder al emperador de turno. Ninguna, eso sí, rompió con la genética de lo nacional como sí ocurrió a partir de 1999. Tras el diluvio, pues, urge reconstruir en libertad.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

La desaparición forzada, que fue tal, aun siendo temporal en el caso de Rocío San Miguel, y la desaparición, en territorio chileno, del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, revelan con escándalo que el terrorismo de Estado se ha reinstalado en América Latina.

No exagero. Vuelven por sus fueros prácticas que hasta ayer recreábamos como oscuranas del pasado: que si el nazismo o el fascismo, o el Gulag soviético, o las tenebrosas dictaduras militares del Cono Sur. Con ellas hemos nutrido disertaciones académicas o peroratas en las aulas universitarias en las que hemos enseñado sobre las cuestiones constitucionales o internacionales de derechos humanos. Mas alguno dirá que lo de Rocío es uno más dentro de la pléyade de violaciones que ahora se hace hábito. De allí la reflexión de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal que no hemos de olvidar: “Previamente se procura la supresión de la persona y de su carácter de ser humano, y posteriormente se borra todo rastro o recuerdo de su existencia misma. Por ello, el mal [radical] trasciende la muerte y procura la desaparición de las víctimas del mundo, negándoles, de este modo, la disposición de su propia muerte como cierre del trayecto de una existencia”.

La relectura de los casos hondureños con los que se inaugura la tutela judicial interamericana de derechos humanos en 1987 reaviva las enseñanzas sobre la desaparición forzada de personas (Velásquez Rodríguez, Frairén Garbi y Solís Corrales, Godínez Cruz). Permite visualizar que lo que vemos distinto, pero sí más perverso. Ayer se hacían desaparecer personas, se las torturaba y asesinaba, se las mantenía ocultas hasta extraerles confesiones, arguyéndose motivos de seguridad nacional. Las dictaduras no se travestían y, al término, como la chilena de Augusto Pinochet o la argentina de Jorge Videla, asumieron sus barrancos y se las condenó por crímenes de lesa humanidad. Hoy se hace lo mismo, pero con cinismo y cobardía inenarrables.

Los regímenes socialistas imperantes predican exclusiones no resueltas, o deudas sociales pendientes, o revoluciones gastadas que mudan en postulados progresistas, o proponen diálogos para definir qué es o no una democracia o cuál o no el requisito para que existan elecciones libres; y al objeto de liberar a algún desaparecido político que después han encarcelado oficialmente piden a cambio la excarcelación de un corrupto o narcotraficante que les sirve. Al paso, reclaman para sí formas de «justicia transicional».

En los casos mencionados recordaba la Corte de San José cómo el director de Inteligencia hondureño negaba que las Fuerzas Armadas tuviesen cárceles clandestinas, ya que ese no era su modus operandi sino, más bien, el de los elementos subversivos que las denominan «cárceles del pueblo»; añadiendo que “un servicio de inteligencia no se dedica a la eliminación física o a las desapariciones sino a obtener información y procesarla, para que los órganos de decisión de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas”. Ese era el motivo, la razón amoral justificadora de tal práctica sistemática y selectiva de desapariciones por ambos sectores, por razones ideológicas y políticas o simplemente fútiles.

Creía la Corte que como “técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor” en la población era relativamente reciente. De donde concluye que “el fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral”, por tratarse de un delito contra la humanidad. La OEA, al estimarlo igualmente agrega que «es una afrenta a la conciencia del hemisferio» (AG/RES.666) y calificaba las desapariciones como «un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal» (AG/RES. 742). “Ha implicado con frecuencia –añade la Corte– la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida”.

El solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa, por si fuese poco, un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad. Ninguna actividad del Estado, en suma, puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana, como lo hacen distintos regímenes que la literatura contemporánea asustadiza llama “autoritarismos electivos” o del siglo XXI.

Hiela la sangre lo de San Miguel. De modo especial asusta lo ocurrido con el teniente Ojeda Moreno. Un cable de 1978 publicado por El País trae a la memoria que “el norteamericano Michael Townley, que trabajaba para la policía política chilena (DINA) y presuntamente vinculado a la CIA, ha revelado al FBI detalles sobre el atentado en Washington del 21 de septiembre de 1976 que le segó la vida al exministro de Allende, el principal opositor al régimen militar chileno de Augusto Pinochet, Orlando Letelier”. ¿Grupos de asalto venezolanos en tierras australes?, cabe preguntar.

Que no haya aparecido ante todos nosotros y en clímax teatral este príncipe de los infiernos, hostis humani generis esculpido por la ideología y obra de los manuales diseñados para las policías políticas, sólo prueba que la hora de la normalización de la maldad, cuando resulta difícil discernir entre el bien y el mal, ha llegado. No por azar, en Auschwitz, observando las lápidas de las víctimas del Holocausto, Benedicto XVI interpela a sus oyentes: “Que del lugar del horror surja y crezca una reflexión constructiva, y que recordar ayude a resistir al mal”. Y si vale el silencio, que sea de grito interior en todos: ¿Por qué toleramos esto?

 Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Nietzsche creyó, en plena modernidad que, tras el desarrollo de las ciencias y las nacientes estructuras y organizaciones sociales y políticas, en un período conocido como de decadencia del mundo cristiano burgués o de «secularización de la esperanza», sobrevendría “una crisis como no ha habido igual en la tierra… Cuando la verdad entre en conflicto con la mentira de miles de años…”.

El deterioro actual del valor integrador de los pactos constitucionales de los Estados, mientras cada gobernante reelabora el suyo al arbitrio, o lo reescribe para hacerle decir lo que no dicen al fin de diluir los límites entre la verdad y la mentira: “la mentira política –la legalización de la ilegalidad – como instrumento normal y fisiológico del gobierno”, precisa Piero Calamandrei (1889-1956) en Il fascismo come regime della menzogna, 2014; o la misma experiencia de la libertad, que esta vez cede mientras crecen y son exacerbados – en suerte de paradoja – los derechos humanos como ríos sin cauce natural, desfigurados en su esencia y para responder de modo proselitista al deslave de identidades al detal que se observa y estimula; son, de conjunto, algunos de los síntomas demostrativos de una ruptura epistemológica que pocos alcanzan a comprender. Al desaparecer las solideces culturales e institucionales, que no se reducen a las políticas, al conjunto social se le desintegra y dispersa, se le hace migrante sin arraigo ni raíces hacia sus adentros y hacia afuera, y el lazo de afecto que le sostiene. anclado en el espacio y prorrogado en el tiempo – desaparece. Hoy, se cree, sólo restarían las identidades que a cada uno les ofrece su propio espejo y la percepción sensorial.

Lo que domina ahora es, lo repito, la liquidez. Es lo inédito. La recoge como idea Joseph Ratzinger para interpelarnos: “Se trata de elegir entre una ciudad «líquida», patria de una cultura marcada cada vez más por lo relativo y lo efímero, y una ciudad que renueva constantemente su belleza bebiendo de las fuentes benéficas del arte, del saber, de las relaciones entre los hombres y entre los pueblos”, dice a los venecianos, en 2011.

Es explicable, así, que en cada localidad y en una hora de deslocalización globalizada e instantaneidad acultural, mientras unos bregan para sobrevivir en medio de la incertidumbre, otros, confundidos, quienes no superan o no disciernen sobre el alcance de la deconstrucción en curso, apenas se afanen como indignados en la búsqueda de culpables por las inseguridades presentes; ora por desafiar o negarse estos al «culto de lo efímero» que avanza, y para llevarlos a la hoguera. Entre tanto, otros se dejan arrastrar, anestesiados, por el narcisismo digital y el mundo de los algoritmos, como religión profana de la soledad. Durante la modernidad citada, cuando menos, cada cristiano «privatiza» o reduce a cuestión estrictamente individual su relación con Dios. Esta vez, como en la cueva de Platón, lo hace con su sombra.

“Existe [para las generaciones del siglo XXI] sólo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo, autónomamente, una u otra cosa como naturaleza suya. Se trata de una negación radical de la creaturalidad y la filialidad del hombre, que acaba en una soledad dramática”, dice Benedicto XVI en 2013. Antes, en 2010, expresa lo siguiente “Hoy no pocos jóvenes, aturdidos por las infinitas posibilidades que ofrecen las redes informáticas u otras tecnologías, entablan formas de comunicación que no contribuyen al crecimiento en humanidad, sino que corren el riesgo de aumentar el sentido de soledad y desorientación”.

El complejo adánico surge, así y lo repetimos, como obra de la amnesia colectiva establecida y dada la reescritura de la historia que se impone. Se le hace creer a cada individuo que, como pequeño dios, puede, además, moldear a su antojo a la naturaleza humana hasta hacerla mutar. De donde se viene trastornando la experiencia vital y cultural de los hombres – varones y mujeres – y cada uno, por ende, se siente libre de poder decidir sin ataduras acerca de su conducta y juzgar su corrección dentro de una realidad que deconstruye a la vez que globaliza en medio de un desierto sin referencias ni astrolabios. Se niegan el sentido del lugar y el valor del tiempo, cabe enfatizarlo. Y a la manera de un Jupiter Tonante, cada uno y cada cual señala con su dedo y al capricho a los malvados de circunstancia. Se le podría llamar a eso, entre los americanos y a riesgo de darle una relevancia que no merece, el «efecto Bukele».

No es casualidad, lo narran las crónicas de Suetonio, que Augusto pusiese al Tonante como portero al lado del Júpiter Capitolino, como para restarle adoradores a este o discernir sobre quienes o no pueden ingresar a la iglesia, en el 22 a.C. Aquél le impresionó por tener la fuerza para fulminar truenos y rayos, mientras que el Capitolino, a la par que Roma dictaba sus leyes, imperaba en cielos y tierra como “verdadero señor y protector de las ciudades libres”, según lo narra la mitología de Hermann Steuding (1850-1917).

He aquí, in extensu, una primera enseñanza de papa Ratzinger que nos lega y es apropiada para la reflexión sobre este primer conjunto de aproximaciones o de hechos o fenómenos esbozado:

“Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario, precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica: es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir con su ciencia; es verdad porque funciona y así hace más cómoda y fácil la vida. Hoy parece que ésta es la única verdad cierta, la única que se puede compartir con otros, la única sobre la que es posible debatir y comprometerse juntos”, refiere en la encíclica que redacta y hace propia para su magisterio Francisco (Lumen Fidei, 25).

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

A Sebastián Piñera, in memoriam

Según el informe de la OEA sobre las recientes elecciones en El Salvador, allí se desmanteló al Estado constitucional de Derecho –el vicepresidente reelecto declara que sí, que están eliminando la democracia para forjar “otro modelo”. Y en Venezuela, su dictador, escoge a dedo a su oposición e inhabilita a quien puede derrotarlo democráticamente, María Corina Machado. La Casa Blanca, sin embargo, celebra la reelección de Nayib Bukele, a contravía de la prohibición de reelección vigente y dice ocuparse, en cuanto a Caracas, de “procesos”, no de candidaturas.

La democracia vive, pues, una importante crisis frente a estas nuevas formas de “dictadura”; ya no con el empoderamiento de dictaduras militares sino bajo democracias de utilería que imponen regímenes de la mentira. Sus jueces le hacen decir a la ley lo que no dice, condenan a inocentes, exculpan a criminales que se asocian al poder, legalizan la ilegalidad.

Atrás queda la enseñanza de la Corte Interamericana, a cuyo tenor, “para favorecer sus excesos, las tiranías clásicas que abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio invocaron motivos de seguridad nacional, soberanía, paz pública. Y con ese razonamiento escribieron su capítulo en la historia… Otras formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia (o la pobreza), para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad”.

Así, en medio de la anomia social y la desvalorización del Estado de Derecho, avanzan otras formas políticas que imponen sus códigos y decisiones unilaterales a fin de resolver sobre asuntos cotidianos, separados de la Constitución. Y contando, además, con el recurso de las plataformas digitales, sus redes y la misma Inteligencia Artificial, imponen sus narrativas de deconstrucción al mundo de los sentidos con avieso desprecio de la razón, es decir, de la libertad.

Las dictaduras forjadas de tal modo y sobre las indicadas premisas, como lo dicta la experiencia, son los nichos propicios y a disposición de corrupción y la criminalidad globalizada que, en simbiosis con la política, usan como instrumentos de esta y para la lucha por el poder todo medio, incluido el sicariato. Ecuador y Fernando Villavicencio son emblemas protuberantes y recientes.

En línea con los textos de Antonio Gramsci estas rupturas constitucionales y las iguales rupturas con las tradiciones culturales judeocristianas que se observan a ambos lados del Atlántico son consistentes. Se hacen avanzar las disoluciones de lo social, dándole cabida a lo plurinacional, a las autonomías o “autono-suyas” y a las identidades de género u origen racial, explotadas por un pensamiento que se dice neomarxista y que se apalanca sobre la revolución tecnológica. Entretanto, los “narcisos digitales” desmontan las bases del Estado moderno y sus raíces democráticas representativas, para hacerse de Señoríos neo medievales y a perpetuidad.

“La revolución de Gramsci –cabe recordarlo– es entendida como un proceso que es precedido por un cambio en las ideas dominantes (la nueva hegemonía cultural) … [Es] por lo tanto superadora del jacobinismo, como corriente de pensamiento que busca imponerlas desde arriba, desde la ocupación del poder por parte de una minoría iluminada”, explica Juan Pedro Arosena (Gramsci, su influencia en Uruguay, 2022). Y citando al sociólogo neogramsciano argentino J. C. Portantiero observa que “«hegemonía» tiene tantas (o más) potencialidades totalitarias que «dictadura»”; de donde refiere que el propio Gramsci critica a los socialistas haciéndoles ver que es un error creer en la perpetuidad de las instituciones democráticas y la necesidad de respetar sus fundamentos – para modificarlas desde adentro, como lo cree el “cretinismo parlamentario”.

En Gramsci “la conquista del Estado equivale a la creación de un nuevo tipo de Estado”, de allí las constituyentes y, aún más, la apelación al uso ambiguo de los conceptos constitucionales y democráticos, como “profundización democrática, radicalización de la democracia o reformas democráticas radicales”, que no son otra cosa, según Arosena, que “un camuflaje semántico que trata de esconder el tránsito hacia un gobierno autoritario que todo marxista persigue en última instancia y que es algo que alcanza también a los autores posmarxistas y neogramscianos de nuestros días”.

En suma, mientras unos apuestan a la reducción del Estado como Javier Milei en Argentina, otros impulsan su macrocefalia, como los integrantes del Grupo de Puebla, sin persuadirse ni uno ni otros que la desaparición de los fundamentos históricos e intelectuales de la organización social y política y para la administración de reglas compartidas cultural y políticamente, elaboradas sobre la experiencia temporal y localizadas, al cabo conspira contra las mismas bases existenciales del Estado moderno, sea liberal o autoritario. Están siendo aislados, como se constata, ante la avalancha de las realidades virtual e instantánea, generadas por la tercera y la cuarta revoluciones industriales, es decir, por la gobernanza global.

Joseph Aloisius Ratzinger, Papa Emérito recién fallecido, no fue ajeno a lo inevitable de la reforma del Estado contemporáneo, pero la sitúa en su adecuado contexto, sin demeritarlo. “En nuestra época, dice, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales financieros y los medios de producción materiales e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado el poder político de los Estados”, explica.

“Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con nuevas modalidades de ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los poderes públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la política nacional e internacional que tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil”, finaliza.

Asdrúbal Aguiar

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Los venezolanos venimos del futuro. Ver y observar lo que, más allá de las incidencias, se cuece en el fondo y mueve las placas tectónicas de un revisionismo marxista de factura gramsciana orientado a destruir de raíz las democracias en el continente, nos angustia, por lo dicho. Venimos del futuro y ayer, ingenuos, afirmábamos que Venezuela no era Cuba. Ya frisamos casi tres décadas, bajo la tutela de La Habana y la guerrilla colombiana, que son destructivas –no dicen qué pasará luego de la destrucción, observaba Joseph Ratzinger mirando a los comunistas rusos y sus falacias– si bien estas responden hoy a otra metodología o estrategia más ajustada al consejo del intelectual italiano que se separa del jacobinismo marxista.

En cuanto a la fórmula, Antonio Gramsci propone la ambigüedad discursiva, a saber, no atacar la democracia sino exacerbarla hasta reventarla en su naturaleza y desde adentro – radicalización de la democracia, profundización democrática, reforma democrática radical, son los ejemplos– a fin de vaciarla de estricto contenido; “un camuflaje semántico”, lo recuerda J.P. Arosena, para, sobre el mismo, pavimentar el gobierno autoritario.

Cuál fue la estrategia venezolana, que veo repetirse al calco en Colombia: a) Control de los jueces, para que le hagan decir a la ley lo que no dice y sentencien a favor del progresismo revolucionario siglo XXI, en émulo del añejo fascismo mussoliniano; b) parcelar a las fuerzas militares y policiales, trastornando a su pirámide institucional, homologando a los subalternos con los superiores, asignándoles tareas distintas a las propias para corromperles con la gestión de la economía y los servicios, al cabo, sin disciplina ni subordinación institucional posible, castrar cualquier reacción suya que haga peligrar a la dictadura; en fin, c) avanzar hacia una hegemonía comunicacional, que permita instalar narrativas deconstructivas de lo político, de lo social y de lo cultural. Y es esto, al término, lo más importante.

El poder real en el siglo XXI es el de la información y su colocación instantánea. De allí que, en Venezuela, Hugo Chávez, nunca se ocupó, realmente, de perseguir a partidos y políticos tradicionales. Sabía, al igual que la opinión – a la que condiciona haciéndole ver que éstos son los responsables del presente de frustraciones – que unos y otros – la casta, la denominan Milei y Bukele – son un “parque jurásico”. Vetustos, les califica Jorge Rodríguez desde Caracas.

Los medios, las redes, la opinión, aquí sí, son las joyas de la corona en la sociedad global de la gobernanza digital. De allí que, la táctica diseñada para doblegar a editores y periodistas, con ello a la prensa, la radio y la televisión tradicionales, haya sido, en primer lugar, descalificar a los periodistas, como asalariados de explotadores; crear leyes de censura de contenidos –con fines “democratizadores”– y para que el Estado cope, progresivamente, el espectro radioeléctrico; judicializar a los editores, golpeándolos por los costados con el aparato fiscal y confiscando las fuentes económicas de que dispongan –control del papel e insumos, juicios por lavados de dinero, compras por “terceros” controlados del medio que incomoda; siembra de robots para la vigilancia y el choque de mensajes dentro de las redes; al término, juicios por calumnia contra el Estado, sus instituciones y funcionarios, con sanciones patrimoniales confiscatorias y el anuncio –lo hizo Diosdado Cabello en Venezuela– de que tales dineros serán destinados a fines sociales y benéficos.

Venezuela no tiene libertad de expresión real y efectiva, que es la columna vertebral de la experiencia de la democracia; y si alguien dice u opina o ejerce su derecho a réplica, su capacidad comunicacional es ahora proporcionalmente inversa a la hegemonía establecida por el Estado despótico. No queda en pie prensa independiente alguna y los portales, no encuentran quienes se atrevan a financiarlos u ofrecerles publicidad, o se han vuelto, con audiencias parceladas, instrumentos para el diálogo político entre sordos o el ejercicio del narcisismo digital, o se autocensuran.

Que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se querelle contra el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, por una cuestión –los vínculos con el narcotráfico y sus financiamientos– que quienes la destapan son sus colaboradores más cercanos, Laura Sarabia, su jefe de gabinete, y el embajador en Caracas,Armando Benedetti, arrastrando al mismo hijo de Petro, no es lo relevante. Algunos lo verán como un asunto de Pastrana, por asomado y por disparar desde la cintura, para sostener su lucha opositora. Pero obvian lo que es de gravedad suma y puede llevar a Colombia al calco del infierno venezolano. Nadie se salva.

La enseñanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que benefició al inhabilitado gobernante neogranadino y quien permanece en silencio tras la inhabilitación de María Corina Machado por su par venezolano– cabe la lean con cuidado políticos y periodistas, antes de que sea tarde: La libertad de expresión “no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […]”.

“Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”, precisa la misma Corte en los Casos Canese y de Herrera Ulloa, en 2004.

No deberían olvidar ni Petro ni la prensa colombiana ni sus políticos, en suma, que cuando todo ciudadano señala, acusa, denuncia, tal como lo dice la jurisprudencia de la misma Corte en el Caso Mariripán contra Colombia, de 2005, “la búsqueda efectiva de la verdad le corresponde al Estado”. Su jefatura, por cierto, la ejerce el presidente querellante.

Asdrúbal Aguiar

correoaustral@gmail.com

Frustrada la intención de una candidatura presidencial única – reclamada por los comunistas – los partidos fundamentales se entregan en 1958 a la tarea de escoger sus propios candidatos. A inicios de octubre, Luis Miquilena, en nombre de URD le anuncia al país la aceptación por Wolfgang Larrazábal de su candidatura presidencial. Acto seguido Copei proclama como candidato a Rafael Caldera, y luego AD, arguyendo la insistencia en candidaturas propias, señala que tendrá como candidato a uno de sus militantes: Rómulo Betancourt, designado por acuerdo del Comité Nacional de su partido realizado los días 11 y 12 de octubre.

Los partidos en cuestión, conscientes de la delicada situación nacional y de los desafíos graves que le esperaban al país, deciden avenirse en un “pacto de unidad” suscrito el 31 de octubre y que en lo sucesivo se le conocerá como el Pacto de Puntofijo, nombre de la residencia de Rafael Caldera, situada en Las Delicias de Sabana Grande. El mismo implicaba el compromiso para la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, y la ejecución de un programa mínimo común a ser ejecutado por el candidato que resulte electo en los comicios de diciembre. “El mantenimiento de la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas” se afirma luego – en apéndice al Pacto que suscriben los candidatos el 6 de diciembre de 1958 y que incluye el programa mínimo común – como necesaria hasta el afianzamiento y permanencia de las instituciones republicanas.

El documento de octubre, que lleva las firmas de Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas, por URD; de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios, por AD; y de Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández, por Copei, no cuenta con la adhesión del Partido Comunista, quien luego respalda públicamente los “puntos positivos” del Pacto, pero haciendo constar que seguiría “luchando por una candidatura de unidad extra partido, [por lo que] mal puede suscribir acuerdos contrarios a esta justa aspiración popular”.

Larrazábal entrega la Presidencia de la Junta de Gobierno a Edgar Sanabria el 14 de noviembre, y al día siguiente inscribe su candidatura en el Consejo Supremo Electoral, luego de que lo hicieran, sucesivamente, Rafael Caldera, con 42 años, y Rómulo Betancourt, de 50 años. Larrazábal tiene para el momento 47 años, y días después recibe el apoyo electoral de los comunistas no sin advertir: “No soy comunista ni tengo relación política de ninguna especie con las teorías comunistas”.

Mientras ello ocurre, reunido Sanabria en su casa para celebrar su designación como nuevo gobernante interino hasta que asuma el gobierno que decidan las urnas electorales, un último movimiento subversivo queda al descubierto y es controlado, teniendo por cabecilla al coronel Héctor D’Lima Polanco, jefe de la Oficina Técnica del Ministerio de la Defensa,  y del que participan el capitán Ramírez Gómez y los tenientes Américo Serritiello, José María Galavis Cardier, Enrique José Olaizola Rodríguez y Alberto Ruiz González.

Sanabria, caraqueño, hijo de Jesús Sanabria Bruzual y de Teresa Arcia, formado por los Padres Franceses y el Instituto San Pablo, egresó como bachiller en 1928 del Liceo Caracas y más tarde como doctor en Ciencias Políticas, en 1935, alcanzando a titularse incluso como maestro normalista. Inicia su actividad pública durante los gobiernos de López Contreras y Medina, fungiendo ora como cónsul general en Nueva York, ora como Consultor Jurídico de la misma Cancillería o de los despachos de Hacienda y de Fomento, y más tarde, luego de su breve presidencia, será embajador con distintos destinos y casi a perpetuidad: pero alguna vez la chismografía popular le atribuye haber osado sentarse en la silla del Papa cuando fue Embajador de la República ante el Vaticano. Sea lo que fuere, el neo presidente de la Junta centra su vida en la docencia universitaria y en la academia, quedando marcado por las mismas y alcanzando, por mérito propio, ser Individuo de Número de las academias Venezolana de la Lengua (1939), de Ciencias Políticas y Sociales (1946) y de la Historia (1963).

Edgard Sanabria, de suyo, es en buena lid el primer gobernante de la República Civil y con tal sentido ejerce su breve pero fructífero gobierno.

“Al descender del poder, una de las mayores satisfacciones que, como profesor universitario, puedo experimentar, es la de que mis discípulos comprueben que no he traicionado mis prédicas, ni como ciudadano ni como gobernante. Aquí estamos destruyendo el mito de que, al frente de los destinos del pueblo venezolano, maestros y universitarios no podrían jamás concluir en paz su mandato. Me siento orgulloso de que, habiéndose respetado con dignidad al poder militar, me haya cabido la honra de reivindicar a José María Vargas, y junto con él, a la majestad augusta del poder civil”, reza su alocución pronunciada en el acto de transmisión de poderes a Rómulo Betancourt en 1959.

En propiedad, sobre la base incluso de la experiencia o de la simbiosis cívico-militar provocada por los acontecimientos que llegaron a cristalizar en el señalado “espíritu del 23 de enero”, Sanabria, en efecto, es quien desanda la madeja que impedía la relación constructiva entre los militares y el sector civil venezolano: determinante de todo ese complejo proceso de transición –la estira y encoge entre políticos y los hombres de uniforme, para decirlo de algún modo– que se da entre 1936 y 1958.

“Comenzamos a eliminar la desconfianza absurda por culpa de la cual se miraban como adversarios el civil lleno de presagios y el militar inficionado de prejuicios”, ajusta el presidente interino, catedrático romanista quien supo entender a cabalidad su rol en la transición hacia la república civil y de partidos. Inició su perorata del 31 de diciembre de 1958, al despedir el año, con inolvidable frase medieval e hispana: A los que la presente vieren, ¡salud!

 Asdrúbal Aguiar 

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