¿Tiene Maduro los días contados? No necesariamente

El detonante de la ola de protestas en Venezuela fue una decisión inconstitucional del Tribunal Supremo —órgano controlado por el chavismo— para anular el Parlamento con mayoría opositora. Ante la fuerte reacción nacional e internacional, el Gobierno se vio obligado a retroceder. Pero el hecho atizó el descontento de una población ya hastiada del creciente autoritarismo y la incompetencia de un régimen que ha hundido al país en la peor crisis económica y social de su historia.

 
No está claro qué va a ocurrir. Pero el temor del Gobierno no es infundado. Un temor que se deja traslucir en los videos y fotografías de la mortal represión a la protestas que pululan en las redes sociales. Aunque los manifestantes no pueden provocar un cambio por la fuerza, las protestas crean escenarios volátiles donde es más factible un resquebrajamiento interno de la dictadura que lleve a una transición. Y en esta ocasión se han juntado un grupo de condiciones que hacen este escenario más fácil de imaginar.

¿Cuáles son estas condiciones? En primer lugar la gravedad de la crisis. Una debacle económica que ha llevado a una emergencia humanitaria sin precedentes, con gente hambrienta escarbando basura en busca de restos de alimentos. Esta crisis ha provocado un profundo descontento: tres de cada cuatro venezolanos quieren que Nicolás Maduro abandone la presidencia. Y afecta a toda la población, incluyendo a los soldados y policías que el Gobierno utiliza para reprimir y que no deben estar contentos defendiendo a una elite corrupta que tiene a sus hijos pasando hambre.

A esta presión interna se suma la externa. Nunca antes el chavismo había se había enfrentado a un panorama internacional tan desfavorable. Ya son pocos los países de la región que no condenan los excesos autoritarios del Gobierno. A principios de mes, 19 miembros de la OEA y todos los países del Mercosur firmaron resoluciones y emitieron declaraciones reprobando la disolución del Parlamento.

Tampoco ayuda a Maduro que la oposición esté unida detrás de una sola estrategia: presionar al Gobierno en la calle hasta que ceda con varios puntos importantes, incluyendo la convocatoria de elecciones y el restablecimiento pleno de los poderes del Parlamento.

En parte este consenso se debe a que la oposición ha aprendido de sus errores. Pero también a que rechazar ahora la estrategia de calle tiene un costo. El pasado octubre el gobierno suspendió ilegalmente el proceso de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial. La coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reaccionó con un llamamiento a tomar las calles pero poco después lo abandonó para iniciar un “diálogo” con el Gobierno.

Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios
Esta decisión fue ampliamente criticada, incluso por algunos partidos de la coalición que se negaron a participar en las negociaciones. Muchos pensaban que el gobierno no tenía la más mínima intención de hacer concesiones y el “diálogo” era una mera estrategia dilatoria. Este argumento no era una suposición basada en el instinto sino en la experiencia. El gobierno ya había utilizado varias el diálogo para distender tensiones en momentos álgidos para luego seguir reduciendo rápidamente los espacios de acción democrática.

Los escépticos no se equivocaron. Maduro no cedió en nada sino más bien aprovechó las negociaciones para seguir atropellando a sus adversarios. Como muchos anticiparon esto, la MUD pagó un precio en la opinión pública y por eso ahora es poco probable que una facción de la coalición proponga dejar la calle conociendo el costo político de asumir esta posición.

Maduro, pues, tiene razones para estar nervioso. Hace frente a una población exhausta por una crisis cada vez más grave, consciente del altísimo riesgo que implica protestar pero también convencida de que el saldo de no hacer nada es mayor porque implica una prolongación de la emergencia humanitaria; una presión internacional que, aunque todavía podría ser más fuerte, ha aislado al chavismo como nunca antes; y una oposición blindada temporalmente de divisiones por la experiencia de sus pasados errores y las potenciales consecuencias de volver a cometerlos.

¿Tiene Maduro los días contados? No necesariamente. Si no hay fractura dentro del régimen, la oposición no tiene el poder de imponer su voluntad. Y, si no se vislumbra ninguna posibilidad de cambio, la gente podría cansarse de protestar. Por eso es importante no solo aumentar la presión externa sino promover la ruptura interna; acercarse a piezas importantes del andamiaje que sostiene a la dictadura y explotar los focos de descontento y el creciente temor a una repentina transición para estimular deserciones.

Pero no cabe duda de que en pocas semanas la realidad política venezolana se ha transformado. Un Gobierno que se sentía seguro ahora está contra la pared, reaccionando a los pasos decididos de una oposición rejuvenecida y cientos de miles de venezolanos que están dispuestos a darlo todo para alcanzar la libertad.

Alejandro Tarre es escritor y periodista.

 @alejandrotarre

La mejor manera de luchar contra los abusos del gobierno es saliendo a manifestar pacíficamente

El domingo un grupo seguidores del gobierno venezolano asaltó el Parlamentocuando se realizaba una sesión convocada por la mayoría opositora. La horda repartió insultos y golpes, se robaron y destrozaron equipos de TV y arrojaron sillas desde los balcones, hiriendo a varias personas. Ya antes grupos pro-gobierno habían apaleado a miembros de la oposición, pero nunca habían irrumpido violentamente en la sede de un poder público.

El asalto no fue el peor abuso de la semana. Pocos días antes, tribunales penales de Estados gobernados por el chavismo dictaron medidas cautelares que el gobierno utilizó como pretexto para suspender el proceso de convocatoria del referendo revocatorio. Durante más de una década, el chavismo se ha valido de su control sobre los poderes públicos para violar sistemáticamente la Constitución. Pero es la primera vez que el gobierno decide no realizar elecciones, despejando toda duda sobre su naturaleza dictatorial y arrastrando al país a orillas de una confrontación violenta.

La Mesa de la Unidad Democrática, la coalición de oposición, se declaró en rebeldía ante la suspensión del referendo. Anunció un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro, hizo un llamado a la Fuerza Armada para que no obedeciera órdenes inconstitucionales y convocó para el día de hoy una gran movilización nacional -bautizada La Toma de Venezuela- para presionar al gobierno.

La situación, pues, no puede ser más volátil. Hay un enorme descontento con la gestión de Nicolás Maduro. La mayoría de los venezolanos, alrededor del 70%, quiere revocar al presidente, y un porcentaje aún mayor tiene una percepción muy negativa de la situación del país. Hasta ahora la posibilidad de salir de la crisis a través del voto ha sido la válvula de escape de este descontento. Matar el referendo es el equivalente a sellar el orificio de la válvula: la olla donde hierve este malestar puede estallar.

La mayoría de los venezolanos, alrededor del 70%, quiere revocar al presidente

 
Para la oposición es difícil avanzar por este campo minado. Convocar manifestaciones como la de hoy implica un alto riesgo de represión y violencia. En 2014, cuando los venezolanos salieron a la calle para protestar contra este mismo gobierno, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal. Esa confrontación dejó un saldo de más de 40 muertos y 3.000 detenciones. Desde entonces los líderes de oposición han sido cautelosos a la hora de convocar protestas; saben que manifestar pacíficamente puede conducir a una tragedia.

El problema es que no hacer nada tiene un costo aún mayor porque el presente ya es una tragedia. Venezuela atraviesa la peor crisis económica y social desde su independencia. Tres lustros de políticas económicas irracionales y progresiva destrucción institucional han llevado al país a una emergencia humanitaria sin precedentes, con tasas de desnutrición, homicidios y mortalidad infantil peores a las de algunos países en guerra.

En Venezuela recuperar el derecho al voto significa que la oposición debe presionar al gobierno en la calle, lo cual expone a decenas de miles de venezolanos a la posibilidad de ser brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad. Pero preservar el statu quo implica la coexistencia pacífica e indiferente con una monumental tragedia.

El lunes el Vaticano anunció sorpresivamente que actuaría como mediador en un diálogo entre la oposición y el gobierno. La MUD ha enviado señales mixtas sobre su disposición a participar en esta iniciativa, razón por la cual ha recibido un aluvión de críticas sobre la falta de coordinación entre los miembros de la coalición.

El problema es que no hacer nada tiene un costo aún mayor porque el presente ya es una tragedia

 
Pero apartando la torpeza de la MUD, la renuencia a iniciar negociaciones en este preciso momento es justificada. A menos que el gobierno rectifique con el referendo, un nuevo esfuerzo para promover el diálogo, sobre todo si involucra a un actor tan respetado como el Vaticano, podría ayudar al gobierno a suavizar y diluir el impacto de su radical decisión de no realizar elecciones.

No hay que olvidar que, negando el derecho al voto, el gobierno acaba de asumirse abierta y frontalmente como una dictadura. Todo indica que este paso no se dio a la ligera, sino fue cuidadosamente premeditado. Es poco probable que Maduro esté buscando un diálogo real para revertir esta decisión poco días después de tomarla. Lo más probable es que el diálogo sea parte de su estrategia para atornillarse en el poder.

Ahora la mejor manera de luchar contra los abusos del gobierno y hacerlo sentir que sus acciones tienen consecuencias es saliendo a manifestar pacíficamente. La comunidad internacional, incluyendo el Vaticano, debe presionar a Maduro para que respete este derecho elemental de los venezolanos.

 es escritor y periodista.

Twitter: @alejandrotarre