Gustavo Petro volvió a ser alcalde de Bogotá por un fallo judicial que obligó al presidente Juan Manuel Santos a restituirlo en su cargo, pero ahora un referendo revocatorio y la impugnación contra la medida vuelven a amenazar su estancia en el segundo cargo más valorado de Colombia.
Lo que está por verse es si los enemigos del líder de izquierda le darán oxígeno político a un mes de las elecciones presidenciales, con varias opciones sobre la mesa para impedir su regreso al poder.
Este martes el Tribunal Superior de Bogotá acató un recurso de amparo y ordenó a Santos restituir a Petro en la Alcaldía cumpliendo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decisión que este miércoles el mandatario acató con reserva.
«Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar y a otros no» dijo Santos, resaltó Efe.
El mandatario acotó que debe hacerse una revisión jurídica al uso de los medidas cautelares, en un país donde los políticos suelen recurrir a ellas para saltarse decisiones de ley.
Ante esto, el procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que radicará ante la Corte Suprema de Justicia la impugnación del fallo judicial, por lo que la batalla jurídica tomará otro rumbo.
Santos destituyó a Petro el 19 de marzo al acatar una orden de la Procuraduría que en diciembre de 2013 argumentó que el alcalde había cometido «graves fallas» tras implementar un nuevo esquema de recolección de basuras en 2012 que generó caos en la ciudad por tres días.
José Gregorio Hernández Galindo, expresidente de la Corte Constitucional explicaba que las faltas de Petro no fueron «gravísimas, como las calificó la Procuraduría. No daban lugar a la destitución, y de ninguna manera a una inhabilidad de quince años», por lo que cree que las decisiones que vienen pueden terminar favoreciendo al exguerrillero.
Concretada la restitución de Petro, el referéndum revocatorio que había sido solicitado antes de que comenzara el proceso para su destitución queda reactivado, refirieron los medios colombianos, una prueba de fuego que medirá si realmente los bogotanos lo quieren.
Además, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso una multa de 212.472 dólares a Petro y a otros funcionarios, y ordenó el cese del sistema de recolección de basuras, motivó de su salida
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