“Solo una orden emanada del Palacio de Miraflores les devolverá la libertad a los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) que aún quedan ilegalmente presos en la cárcel militar de Ramos Verde”, aseguró Laura Pérez de Molina, esposa del distinguido, Luis Enrique Molina Cerrada.

Por Yira Yoyotte

Visiblemente afectada por soportar 18 años de calamidades, Laura Pérez, no duda en decir que solo una “orden superior” permitirá que su esposo y los otros dos funcionarios, Erasmo José Bolívar y Héctor José Rovaín, sean puestos en libertad antes de cumplir los 30 años de prisión que les impusieron en el año 2009.

“La juez de la causa, Ada Marina Armas dijo que estaba esperando una llamada telefónica, una orden de arriba para darle la libertad a los funcionarios. Ella sabe que la libertad de estos hombres depende de una orden de Miraflores”, dijo Pérez de Molina.

Según la esposa del agente Molina, hasta los momentos la juez de la causa no ha presentado ningún argumento razonable para negar los beneficios procesales que por ley les corresponden a estos funcionarios.

“Es evidente que se trata de un caso político, que hay ensañamiento en contra de estos funcionarios”, dijo.

El caso de los Policías Metropolitanos del 11 de abril de 2002 ha sido una de las noticias más reseñadas en los últimos tiempos.

La prensa nacional e internacional, así como organismos internacionales, tales como la ONU, la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada se han pronunciado en reiteradas ocasiones condenando la arbitrariedad cometida contra estos funcionarios policiales.

Sin pruebas

A pesar de que, durante este juicio, se llevaron a cabo 230 audiencias y se presentaron 265 experticias, 5.700 fotografías, 20 vídeos y 198 declaraciones de testigos, además de la participación de 48 “expertos”, nada logró demostrar que estos funcionarios habían accionado sus armas de reglamento.

Las pruebas balísticas referidas al caso del 11 de abril de 2002 demostraron que la trayectoria de las balas no coincidieron con la ubicación de estos funcionarios, sin embargo, 9 hombres fueron condenados a las penas máximas de 16, 17 y 30 años de prisión.

Julio Ramón Rodríguez, Henry Vivas Hernández y Lázaro Forero, condenados a 30 años de prisión, se encuentran purgando condena en sus casas. Los tres recibieron una medida humanitaria por presentar graves problemas de salud (cáncer de próstata).  

Arube José Pérez Salazar y Marco Javier Hurtado, se encuentran en libertad por haber cumplido, en su totalidad, penas corporales de 16 y 17 años de prisión.

El 25 de junio de 2019, después de 15 años de torturas y encarcelamiento, el comisario Iván Antonio Simonovis Aranguren, ex Secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, logró escaparse de su vivienda ubicada en la urbanización La Florida, en Caracas. Actualmente se encuentra en los Estados Unidos.

Héctor José Rovain, Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada, condenados a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de responsabilidad correspectiva y lesiones graves y leves, aun se encuentran en Ramos Verde a pesar que desde el año 2012 les corresponden medidas sustitutivas de libertad.

El 11 de abril de 2002, luego de una multitudinaria marcha antigubernamental que se llevó a cabo desde Chuao hasta el centro de la ciudad, fueron asesinadas 19 personas. Los funcionarios de la PM fueron condenados solo por tres.

“Chávez me ordenó condenarlos”

En el año 2012, el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, huyó del país y estando en Costa Rica notarió una declaración en la cual relata que el Poder Ejecutivo en Venezuela ejerce una manipulación sistemática de la justicia.

Luego, al llegar a la ciudad de Miami y ofrecer una declaración al canal de televisión “Soi TV”, el mencionado funcionario dijo: “Chávez me llamó y me dijo: “jode a los comisarios, díctale la pena máxima”.

Según el relato de Aponte Aponte todos estos juicios eran planificados en la Vicepresidencia de la República, es decir, en la oficina de Elías Jaua Milano, quien ejercía el cargo en ese momento. Agregó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para entonces, Luisa Estela Morales, era partícipe de estos planes.

Aponte Aponte reconoció que con este juicio se dio inicio a una manera distinta de administrar justicia.

“Los Policías Metropolitanos fueron los culpables necesarios que el régimen chavista requería para establecer una justicia a la usanza de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, en lo adelante el Poder Judicial jamás volvió a ser imparcial y mucho menos administró justicia”, dijo Aponte Aponte.

Todos estos funcionarios están inhabilitados políticamente, no pueden hacer uso de sus bienes ni ejercer la patria potestad sobre sus hijos hasta tanto culmine la condena y una vez en libertad están sujetos a vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena.

¿Qué fue la Policía Metropolitana?

La Policía Metropolitana de Caracas (PM) fue un órgano policial venezolano con competencia para cumplir sus funciones dentro del Área Metropolitana de Caracas.

Fue creado formalmente el 21 de diciembre de 1969 y estuvo vigente hasta el 5 de abril de 2011 cuando fue sustituida por la hoy llamada Policía Nacional Bolivariana, adscrita al Ministerio del Poder Popular del Interior Justicia y Paz.

Se trataba de un cuerpo policial que contaba con aproximadamente 8.500 efectivos distribuidos en Agentes de Patrulla, de Vialidad y Seguridad Integral, entre otras funciones.

El uniforme de estos funcionarios era color azul oscuro y la sede se encontraba ubicada en el sector denominado Cotiza, al noreste de la ciudad capital.

Confirmado.com.ve