Harvey Weinstein ha perdido la oportunidad de trasladar su juicio por agresión sexual fuera de la ciudad de Nueva York, ya que un tribunal estatal rechazó el jueves las preocupaciones del magnate de la película de que no obtendría un juicio justo en la capital mundial de los medios.
Un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado emitió la decisión después de revisar las presentaciones escritas de los abogados y fiscales de Weinstein. El panel no dio una razón para el fallo, limitando su opinión sobre el asunto a tres oraciones cortas.
Los abogados de Weinstein, que sugirieron en los documentos judiciales que el juicio se trasladara al este a los suburbios de Long Island o a 150 millas (241,4 kilómetros) al norte de Albany, no hicieron comentarios de inmediato. Los fiscales declinaron hacer comentarios.
Weinstein, de 67 años, será juzgado en Manhattan en enero por cargos de que violó a una mujer en una habitación de hotel en 2013 y realizó un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.
Se declaró inocente y está en libertad bajo fianza de $ 1 millón. Sostiene que cualquier actividad sexual fue consensuada y su abogada, Donna Rotunno, ha dicho que ella piensa que «el caso en sí es débil».
Raramente se otorgan mociones para cambiar la ubicación de un juicio, pero los abogados de Weinstein argumentaron que debería haber sido en su caso debido a una «atmósfera de circo» e «histeria» alimentada por informes de noticias y publicaciones en las redes sociales.
En documentos de la corte, notaron que el nombre de su cliente fue mencionado en línea en la columna de chismes del New York Post, página seis, más de 11,000 veces.
«Es seguro decir que la ciudad de Nueva York es el lugar menos probable en la tierra donde el Sr. Weinstein podría recibir un juicio justo, donde los miembros del jurado podrían escuchar pruebas, deliberar y emitir un veredicto en una atmósfera libre de intimidación por presión para obtener un resultado que demandan los políticos, los activistas, las celebridades y los medios de comunicación ”, escribieron los abogados.
La asistente del fiscal de distrito Harriett Galvin respondió que Weinstein y sus equipos legales y publicitarios estaban alimentando parte de la atención de los medios en torno a su caso.
“Desde el principio, los abogados del acusado han contribuido a la cobertura mediática de la que ahora se quejan al hacer declaraciones extrajudiciales sobre el caso, retratando al acusado como un chivo expiatorio que ha sido blanco del movimiento ‘Me Too’, esto empleando a los bien gastados estrategia de juzgar su caso fuera de la sala del tribunal «, escribió Galvin en documentos judiciales.
Los abogados de Weinstein presentaron la moción de cambio de sede en agosto, solo unas semanas antes de que su juicio comenzara. En ese momento, los fiscales dijeron que la solicitud era un «intento transparente de retrasar los procedimientos».
Pero el juicio se retrasó de todos modos después de que los fiscales pusieran a Weinstein acusado de una nueva acusación para que pudieran reforzar su caso con el testimonio de la actriz Anabella Sciorra, quien lo acusó de una violación en 1993 .
Sciorra, conocida por su papel en «The Sopranos», no es una de las mujeres cuyas acusaciones llevaron a cargos criminales contra Weinstein, pero los fiscales han dicho que su testimonio es vital para respaldar los cargos que alegan que es un depredador sexual que cometió delitos sexuales contra Múltiples mujeres.
AP
Enrique y Meghan, Duques de Sussex, demandaron a los tabloides británicos / Foto: Dominic Lipinski/AP
El príncipe Enrique ha demandado a dos tabloides británicos a los que acusa de espionaje telefónico.
Los dos diarios son el Sun y el Mirror, informó la prensa británica el viernes por la noche, y el Palacio de Buckingham confirmó el sábado que se iniciaron demandas en nombre de Enrique por “intercepción ilegal de mensajes de voz”.
El palacio se negó a entrar en detalles, “dado que los aspectos particulares de las demandas aún no se han hecho públicos”.
Reconocimiento
El conglomerado News Group Newspapers, dueño del Sun, reconoció la demanda del príncipe.
Estos casos constituyen una escalada del enfrentamiento de Enrique con los tabloides. Su esposa Meghan, duquesa de Sussex, demandó al Mail on Sunday por violación de derechos de autor y otras violaciones civiles después que el diario publicó una carta que ella envió a su padre.
Londres / AP
La democracia vive amenazas cada vez más diversas. El dilema que confrontaba dictadura y democracia, o totalitarismo y democracia, ha perdido –y continuará perdiendo– su utilidad, arrinconado por la aparición de realidades más complejas, más evidentes y más sutiles, a un mismo tiempo.
Es importante advertir que las fuerzas que en América Latina condujeron a varios países a situaciones de insostenibilidad –corrupción extrema, políticas económicas destructivas, alianza con grupos de delincuentes, la politización de las fuerzas armadas, el objetivo de prolongar al costo que sea la permanencia en el poder como en Venezuela, Nicaragua y Bolivia– no han sido definitivamente derrotadas. Las lecciones no han sido aprendidas. El posible retorno del kirchnerismo al poder en Argentina, la deriva cada vez más alarmante del gobierno de López Obrador en México, la complicidad que Maduro recibe todavía de cierta izquierda en Europa, Estados Unidos y en nuestro propio continente son muestras papables de ello.
La idea de que la política no está al servicio de la convivencia sostenible –de un camino sostenible hacia un posible progreso social y económico–, sino que su única legitimidad consiste en complacer las necesidades y exigencias más inmediatas del “pueblo” –por lo que un buen político populista es aquel que dice aquello que el “pueblo” quiere oír y actúa presto en ese sentido– es, en lo esencial, antidemocrática.
Las democracias son una forma del tiempo. Se construyen, ajustan y renuevan a lo largo de los años y las décadas. Su fundamento es de largo plazo. Los consensos son siempre fruto de procesos de maduración. Ninguna convivencia se forja en plazos breves. Como la promesa del populista es indisociable de la inmediatez de ciertas emociones –en lo primordial, una paleta de resentimientos–, en el populismo subyace siempre la impaciencia, el apuro, la urgencia de actuar, incluso por encima de las leyes, de los deberes democráticos, como el diálogo, y actuando a contracorriente de la lógica de los procesos productivos.
El simplismo característico del populista lo impulsa en contra de la realidad y del sentido común. El populista abandona los mecanismos de acuerdo, dinamita las instituciones, rompe relaciones, impone reglas y crea mecanismos que desconocen el Estado de Derecho. Tampoco escucha a los actores sociales. Ante aquello que le resiste, establece el paradigma de la polarización: yo contra ellos, ellos contra mí. Por eso el populista, en particular el latinoamericano (que guarda algún parentesco con la vieja figura del caudillo), enuncia sus enemigos en voz alta: los medios de comunicación, los políticos demócratas, los empresarios, las universidades. Por eso golpea y destruye las instituciones. Por eso azuza el odio contra el pluralismo y la tolerancia. Por eso agita las aguas del fanatismo: el racismo, la xenofobia, la descalificación sistemática del adversario.
A esta amenaza vienen a sumarse ahora, con claro énfasis en los últimos cinco o seis años, las que provienen de la revolución digital. Se trata de peligros dotados de una propiedad especialmente perversa: no son fáciles de detectar. Según alcanzo a vislumbrar, una parte mayoritaria de las sociedades del mundo no parece haber advertido lo que está sucediendo. Aunque, cada vez con mayor frecuencia, en los medios de comunicación se publican denuncias, algunas de ellas sobre hechos bastante graves; y aunque la preocupación de los especialistas ha derivado en la recurrente publicación de libros que pueden encontrarse en cualquier buena librería, todo esto resulta insuficiente para alertar y contrarrestar los efectos de las prácticas de desfiguración de la realidad, que son constantes e inagotables.
Uno de esos fenómenos, quizás el más visible y también el más señalado, es el de las fake news. Me alarma que la propagación de noticias falsas y el desmentido de una parte de ellas –tengo que insistir en esto: se desmienten solo aquellas que son más grotescas, pero una parte considerable de su caudal circula impunemente–, se acepte como una especie de mal necesario, propio de la existencia de las redes sociales. Este argumento normaliza las mentiras, sin aclarar el daño estructural y, a veces irremediable, que hacen a las bases de las instituciones democráticas, a la credibilidad de los líderes de la sociedad, a cuestiones fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho de informar, el derecho a la intimidad o el derecho a la propiedad privada. En las redes sociales, además, se menoscaban elementos esenciales de la vida republicana, como la autoridad del conocimiento, la entidad de las autoridades, el respeto por la ley y los procedimientos.
Menos visible, pero mucho más peligroso, es el uso de los algoritmos, mejor dicho, de la ciencia de los algoritmos, para pronosticar percepciones, intereses, expectativas y posibles conductas, y proceder a su manipulación con distintos fines: campañas de desprestigio, procesos electorales, debilitamiento de los adversarios políticos. Paulatinamente, sin siquiera percatarnos, tomamos decisiones y configuramos opiniones, que son el resultado de sofisticadas técnicas de persuasión y engaño.
La unión entre los estrategas del juego sucio y los bots –programas informáticos que envían y replican falsas informaciones que circulan en las redes sociales– otorgan a quienes tienen dinero para pagarlo, y a intereses ajenos a los países, herramientas con una alta capacidad de alterar e indisponer a la opinión pública en contra de la democracia. Pero, además, con este agravante: lo hacen desde cualquier parte, bajo mecanismos imposibles de conocer y penalizar, a menudo con la protección de los gobiernos de otros países.
Esa es una de las luchas que, con enorme desventaja, también lleva adelante la oposición democrática venezolana, objetivo permanente de campañas de difamación, falsas acusaciones, siembra de dudas y sospechas, con el propósito de erosionar su vínculo con el país que quiere un cambio. Gobiernos y empresas contratadas para tales fines mantienen operaciones con el objetivo de dividir y deslegitimar a los líderes de la lucha democrática. Y no siempre los ciudadanos venezolanos se percatan de las prácticas que van dirigidas a sus emociones y pensamientos. Todavía estamos un tanto indefensos ante estos usos de las nuevas tecnologías. La cultura democrática está en la obligación de incorporar un nuevo capítulo a sus tareas: la de masificar la comprensión sobre los peligros de la manipulación digital.
Editorial de El Nacional