Independentista del ala dura pero sin experiencia en política, el editor y abogado catalán Quim Torra fue designado por Carles Puigdemont para sucederle en la presidencia de Cataluña con el encargo de mantenerse fiel a su estrategia.

En su primera entrevista tras ser nominado oficialmente como candidato, este hombre con grandes gafas y frente ancha de 55 años avanzó que su gobierno seguirá avanzando en «el proceso de construcción republicana».

Y para remarcar el carácter «excepcional y provisional» de su mandato, en la sede del gobierno regional colgará un lazo amarillo, símbolo de denuncia desde hace meses del encarcelamiento y exilio de los líderes independentistas.

Muchos ven en esta designación un intento de Puigdemont por mantener el control sobre la política catalana a pesar de estar en Berlín y pendiente de un proceso de extradición a España.

«Hombre de paja», «títere», se leía en varias portadas españolas sobre Torra, uno de los primeros que fue a visitar al líder independentista tras su arresto en Alemania a finales de marzo.

El mismo expresidente acotó en su discurso el margen de acción de Torra: encargarse de la «gobernanza interior» mientras él constituye una especie de gobierno catalán en el exilio.

Sin afiliación a los partidos independentistas, cada vez más distanciados de la estrategia de Puigdemont, el expresidente escoge a «un miembro destacado de la línea dura (…) que sólo responde ante él», afirma Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

«Es un hombre muy leal que va a hacer lo que él diga», coincide Antonio Barroso, analista de la consultoría Teneo Intelligence.

 «El más radical»

Su carrera política comenzó en diciembre al ser escogido diputado regional dentro de la heterogénea lista de Puigdemont.

En pocos meses ya dejó impronta en la cámara: «la causa de la libertad de Cataluña es una causa justa, la causa de la independencia de Cataluña es una causa legítima», lanzaba a finales de marzo desde el atril.

«No pensamos renunciar ni un milímetro a defender la justicia, la legitimidad y la honorabilidad de esta causa. Al contrario», proseguía.

Su nombramiento no gustó a la oposición.

«Es el candidato más radical que podía encontrar Puigdemont y el único que ha aceptado voluntariamente ser su títere», dijo Inés Arrimadas, la principal rival del independentismo del partido de centroderecha Ciudadanos.

«Lamentamos que el bloque independentista haya escogido una persona con uno de los perfiles más sectarios», afirmó el Partido Socialista Catalán en un comunicado.

Especial polémica despertaron una serie de antiguos tuits ya borrados de su cuenta pero de los que se conservan capturas de pantalla: «los españoles sólo saben espoliar», «los españoles vienen a vigilarnos, ¡fuera de aquí de una vez!».

«Si alguien ha entendido de estos tuis alguna ofensa, pido disculpas», declaró este viernes.

Una vida de cambios drásticos

Nacido en la villa costera de Blanes, donde empieza la turística Costa Brava, este hombre casado y padre de tres hijos no es ajeno a los cambios drásticos de profesión.

Después de una larga trayectoria profesional en la aseguradora suiza Winterthur, aprovechó el dinero de su despido para fundar una editorial A Contra Vent, especializada en recuperar textos de periodistas catalanes de la Segunda República (1931-1939) y el exilio franquista.

Fue a partir de entonces cuando se empezó a granjear un nombre en los círculos nacionalistas: colaboró con diferentes medios de comunicación, presidió la entidad Soberanía y Justicia dedicada a promover la independencia y entró a formar parte de la dirección de la asociación ANC, responsable de masivas manifestaciones por la secesión en Cataluña.

Esto lo llevó a ser nombrado en 2012 responsable del Born Centro Cultural, un espacio arquitectónico de exaltación nacionalista que exhibe las ruinas de la Barcelona de 1714 destruida tras su derrota ante las tropas francoespañolas de la monarquía borbónica.

En 2015 llegaría incluso a presidir durante unos meses la influyente asociación Omnium Cultural antes de ceder el relevo a Jordi Cuixart, actualmente en prisión provisional.

AFP

La retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní proclamada por Donald Trump y la escalada militar entre Irán e Israel anuncian una nueva dinámica estratégica en Oriente Medio, que aumenta los temores de un conflicto mayor.

Mientras que varias potencias mundiales buscan salvar el pacto destinado a garantizar el carácter no militar del programa nuclear iraní, otros países como Israel y Arabia Saudita acogieron con satisfacción la decisión de Trump.

Alianza «contra natura»

Israel y Arabia Saudita tienen una misma obsesión: impedir que Irán se convierta en una potencia regional que amenace, en el caso del primero, su seguridad, y del segundo, su liderazgo en Oriente Medio.

«Esto resulta en una coalición un poco contra natura», a la que se ha unido Donald Trump, estima Denis Bauchard, experto en Oriente Medio en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri) en París.

Para Agnes Levallois, vicepresidenta del Instituto de Investigación para el Mediterráneo y Oriente Medio (IREMMO), con la retirada del acuerdo y la transferencia de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, «Trump ha decidido satisfacer sin reservar a los israelíes».

El aumento de la presencia iraní en la región, sobre todo en Siria, a las puertas del Estado hebreo, se ha convertido en una línea roja para las autoridades israelíes, y por extensión para Washington.

Por su parte, el joven príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, ambiciona un papel más importante para su país en la región del Golfo y más allá, y no desea que Teherán le robe protagonismo, afirma Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el mundo árabe en Ginebra.

Para Arabia Saudita, unirse a Trump para denunciar un acuerdo que limitaba las ambiciones nucleares de Teherán a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales, era esencial.

El levantamiento de una serie de sanciones económicas impulsó la economía iraní, permitiendo que el país «florezca en el escenario regional e internacional», lo que provocó la preocupación de Arabia Saudita.

Mientras tanto, Israel considera que el acuerdo no garantiza que Teherán no desarrolle armas nucleares, sin contar que en los últimos años ha desarrollado un programa de misiles balísticos de proporciones considerables.

Al atacar el jueves posiciones iraníes en Siria, dos días después de que Trump anunciara que abandona el acuerdo, los israelíes quisieron decir a los iraníes: «Ahora, vayan a casar, dejen de estar presentes en diferentes terrenos y en particular en la frontera con Israel», apunta Levallois.

«Lenguaje de la fuerza»

«Los israelíes han elegido este momento para atacar ya que saben que Irán no puede responder militarmente si insiste en salvar un acuerdo que es muy importante tanto en términos económicos como políticos», explica Abidi.

Desde que Trump llegó al poder, «el enfoque multilateral, la diplomacia, está a media asta» y ha sido reemplazado por «un nuevo lenguaje basado en el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza», agrega.

Para algunos expertos, como Denis Bauchard, existe además un deseo de desestabilizar al actual gobierno iraní y provocar un cambio de régimen en ese país.

El Estados Unidos de Trump ha elegido «nuevos aliados, que no son los mismos de 1945, las democracias occidentales», señala Abidi.

Si Europa quiere salvar el acuerdo iraní, tendrá que «enfrentarse a los estadounidenses» sobre las sanciones que amenazan a sus compañías que trabajan con Irán y «ser fuertes», señala Angès Levallois.

Entre guerra y paz

«La escalada de las últimas horas nos muestra que se trata verdaderamente de la guerra o de la paz» en Oriente Medio, advirtió el jueves la canciller alemana Angela Merkel.

No obstante, para Abidi, ni Israel ni Irán tienen interés a estar en guerra. «Los israelíes no buscan un conflicto armado que podría eternizarse», señala.

Los iraníes se mantienen «prudentes para evitar una escalada a la que no podrían hacer frente», coincide Denis Bauchard.

Sin embargo, si el acuerdo iraní estalla en mil pedazos y si Teherán retoma su programa de enriquecimiento de uranio y desarrolla el arma atómica, el riesgo de una escalada aumentará considerablemente.

Si eso sucede, se abriría una «caja de Pandora» de la proliferación nuclear, advierten los occidentales. Arabia Saudita ya ha advertido que desarrollaría un arma nuclear e Israel no se mantendrá tampoco con los brazos cruzados.

AFP

El ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, empezará el sábado una gira diplomática para intentar salvar el acuerdo nuclear tras la retirada de Estados Unidos, en un contexto de tensiones por los ataques israelíes en Siria.

Zarif visitará China, Rusia y Bruselas con el fin de hablar sobre los medios para salvar el acuerdo, dijo a la AFP su portavoz.

Irán no parece dispuesto a dejarse arrastrar hacia un conflicto más amplio con Israel, una cuestión que también se abordará en las reuniones.

El ejército israelí realizó el jueves decenas de ataques contra objetivos en Siria, en represalia a los disparos de cohetes «iraníes» en dirección a la parte de los Altos del Golán ocupada por Israel.

Teherán, que apoya militarmente al régimen sirio de Bashar al Asad, desmintió este viernes la versión israelí de lo ocurrido la víspera. «Los ataques reiterados del régimen sionista contra territorio sirio se llevaron a cabo con pretextos inventados [por Israel] que carecen de fundamento», declaró portavoz de Exteriores iraní, Bahram Ghassemi, citado por la agencia Isna.

El presidente iraní, Hasan Rohani, había afirmado el jueves durante una entrevista telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, que su país no quería «nuevas tensiones» en la región.

Manifestaciones en Teherán

El viernes reinaba la calma en la frontera entre Israel y Siria, al tiempo que varios líderes mundiales llamaron a reducir las tensiones tras los ataques israelíes y la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el histórico acuerdo nuclear con Irán.

Según el pacto de 2015, Irán se comprometía a abandonar sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de parte de las sanciones internacionales contra su economía.

Irán se halla en una posición delicada. Por una parte quiere mostrar firmeza tras la decisión de Trump y los ataques israelíes, al tiempo que intenta obtener el apoyo europeo para mantener el acuerdo.

Pero los ultraconservadores iraníes se movilizaron contra la posibilidad de hacer cualquier concesión a los europeos. Y miles de personas se manifestaron en Teherán contra la decisión de Trump de retirar a su país del acuerdo sobre el programa nuclear, quemando banderas estadounidenses y gritando lemas antiisraelíes.

«Los responsables no deben confiar en Francia ni en Reino Unido. Nunca abandonarán a Estados Unidos por nosotros», dijo una manifestante.

Evitar la guerra

Los ataques israelíes han reforzado el temor a que Irán convenza a su aliado, el Hezbolá libanés, de lanzar cohetes hacia Israel desde el sur de Líbano como represalia.

Mientra tanto siguen las dudas sobre el verdadero alcance de los ataques iraelíes en Siria del jueves.

Varios analistas iraníes aseguran que Israel atacó primero y que la reacción vino de las fuerzas sirias, no iraníes.

El ejército israelí publicó este viernes imágenes por satélite de sus supuestos objetivos del jueves, que describió como cuatro centros de inteligencia iraníes en las localidad sirias de Tel Gharba, Tel Kleb, Tel Nabi Yusha y Tel Maqdad. También difundió fotos de un complejo militar en Al Kiswa y de un centro logístico situado a una decena de kilómetros de Damasco.

Otros analistas consideran que Israel tenía el aval de Estados Unidos para ser más agresivo contra la presencia iraní en Siria, sobre todo después de la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear.

En esta cuestión, Irán ya dijo que seguirá en el acuerdo si las otras cinco potencias que lo firmaron —China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania— aportan garantías de que se preservarán sus intereses económicos.

Paralelamente, el jefe de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Tero Varjoranta, presentó su dimisión el viernes, sin que la agencia diera a conocer las razones.

El OIEA es el encargado de verificar el cumplimiento de ese acuerdo nuclear.

Rusia, que tiene relaciones a la vez con Irán e Israel, intenta actuar como mediador para evitar un conflicto abierto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que defiende el acuerdo nuclear, multiplicó los contactos diplomáticos, hablando entre otros con la canciller alemana, Angela Merkel, y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

Según Yosi Mekelberg, del centro de reflexión Chatham House en Londres, Rusia «no está contenta de que Irán tenga demasiado poder, demasiada influencia» en Siria.

Según él los ataques israelíes fueron llevados a cabo probablemente con el acuerdo tácito de Rusia, que considera a Irán «como un peligro para sus propios intereses».

El periódico israelí Haaretz no dudó por su parte en lanzar una advertencia al gobierno. «Sería mejor no dejarse llevar por la espiral de la arrogancia (…) Teherán podría activar su arma pesada, el Hezbolá, y en ese caso el conflicto podría tomar una dimensión totalmente distinta».

AFP

En su primera campaña presidencial tras haber firmado la paz con las FARC, Colombia no logra pasar la página del conflicto armado. Todavía falta mucho por saber, y los espinosos esfuerzos por alcanzar la verdad y reparar a las víctimas se topan con la justicia de Estados Unidos. El inminente caso de Jesús Santrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, no solo ha tensado la implementación de los acuerdos, también reabrió el debate sobre la conveniencia de extraditar a los líderes de los grupos armados que asolaron por medio siglo al país.

El dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido del acuerdo de paz, fue capturado el 9 de abril, señalado de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Su caso pone en evidencia, una vez más, la tensión entre los derechos de las víctimas, contemplados como un eje fundamental del pacto alcanzado en noviembre de 2016, y el deber del gobierno colombiano de cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Ante la sorpresiva captura de Santrich, el presidente Juan Manuel Santos dijo que, de ser hallado culpable, no le temblaría la mano para enviarlo a una cárcel norteamericana. Pero la decisión recaerá casi con seguridad en su sucesor, pues el proceso suele durar en promedio unos 10 meses, aun sin involucrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional.

Todos los aspirantes en la primera vuelta del 27 de mayo se apresuraron a mostrarse favorables a sacarlo del país. “El que la hace la paga”, afirmó Iván Duque, el líder de las encuestas que cuenta con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, mientras Gustavo Petro, representante de la izquierda antiestablishment que marcha en segundo lugar, declaró que “si la JEP confirma los hechos… y soy presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado”.

Investido por su autoridad como exnegociador de paz, Humberto de la Calle, rezagado en los sondeos, dijo en un primer momento que lo extraditaría. Pero después, ante una versión del Wall Street Journal –desmentida por la Fiscalía colombiana- que apuntaba a un nuevo caso contra Iván Márquez, otro dirigente de la FARC, hizo un llamado a pensar las implicaciones que tendría para la paz. “Dados los intereses de seguridad nacional, creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas”.

Su postura no provocó ningún giro en los demás aspirantes, pero varias voces han señalado que extraditar a Santrich sería inconveniente. El debate ha revivido argumentos esgrimidos cuando el gobierno de Uribe (2002-2010), férreo opositor del pacto con las FARC, decidió extraditar apresuradamente la madrugada del 13 de mayo de 2008, por delitos relacionados con narcotráfico, a 14 jefes paramilitares que se habían sometido a la ley de Justicia y Paz pero seguían delinquiendo desde la prisión.

Esa decisión frenó las investigaciones sobre los crímenes del paramilitarismo, que incluían sus alianzas con la clase política. Además, varios jefes recibieron un trato indulgente, con penas reducidas por cooperar con las autoridades norteamericanas, y al menos dos incluso obtuvieron la residencia, según un reportaje del New York Times.

Un garrote con larga tradición

La extradición, con larga tradición en Colombia, ha sido una importante herramienta política y disuasoria. En tiempos de los grandes capos del narcotráfico, a finales del siglo pasado, se acuñó la frase de que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. El propio Santrich ha dicho que prefiere morir antes de ser condenado en una corte norteamericana, y se ha mantenido durante el último mes en huelga de hambre. Este jueves fue trasladado del hospital El Tunal a una sede de la Conferencia Episcopal, en lugar de la cárcel La Picota, por razones humanitarias.

El acuerdo con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia prevé que los exguerrilleros pierdan los beneficios judiciales y puedan ser extraditados si cometen un delito posterior a la firma, como ocurrió con Santrich según la Fiscalía. Aunque su caso debe pasar antes por la JEP, para determinar la fecha, y la Corte Suprema de Justicia, la decisión última recae en el presidente.

En un país donde no existe la pena de muerte ni el indulto presidencial, la extradición se ha convertido en un poder equivalente para los mandatarios, apunta el politólogo Alfonso Cuéllar, conocedor de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. “Es un ‘garrote’ que debe utilizar de manera estratégica, y no automáticamente”, señala. “No deberíamos ser tan impulsivos”.

Extraditar a Santrich “evitaría que acuda a la JEP, como ya se comprometió a hacerlo, y puede afectar la desmovilización y reincorporación” de los excombatientes, con el riesgo añadido de alimentar las disidencias de las FARC, advierte por su parte el jurista Rodrigo Uprimny, investigador del centro de pensamiento DeJusticia. Argumenta que existe una tradición jurídica colombiana sobre el derecho de las víctimas que debería prevalecer.

La extradición es vista como un castigo ejemplarizante, pero puede ser costosa en términos de verdad y reparación, además de enviar el mensaje de que el narcotráfico es más grave que los crímenes de guerra más atroces.

Los candidatos deben preguntarse “si la responsabilidad hacia adentro no es más importante con las víctimas que la responsabilidad hacia fuera en materia de la lucha contra las drogas”, señala Sandra Borda, decana de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “Es mucho más importante, en un momento de transición hacia un escenario de posconflicto tan frágil como el que tenemos, darle prioridad a la cuestión de las víctimas”.

En campaña, cuestionar la eventual extradición de Santrich es impopular, entre otras por el marcado rechazo a la exguerrilla entre la mayoría población y la desconfianza ciudadana hacia un desprestigiado sistema judicial. Ningún aspirante quiere lucir blando, ni enemistarse con Washington. Pero sorteadas las elecciones, la decisión presidencial puede tener otras implicaciones. Para entonces, tanto la JEP como la Comisión de la Verdad estarán a plena marcha, y en el nuevo Congreso la FARC tendrá los escaños garantizados en el acuerdo –en principio 10, aunque podría perder el que ya estaba asignado a Santrich -. Solo entonces el sucesor de Santos definirá si es conveniente apegarse a la retórica.

Queda a prueba las instituciones de la Paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 10 de abril de 2018

Captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las Farc no han entregado las rutas del narcotráfico. Gracias a solicitudes de EEUU se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas/Farc con vínculos criminales #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/650ZjPmQFV

— Iván Duque (@IvanDuque) 10 de abril de 2018

#Atención | Informamos a la opinión pública y organizaciones solidarias que @JSantrich_FARC fue trasladado a la sede ofrecida por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias, pero aún se encuentra en Huelga de Hambre #SantrichLibre pic.twitter.com/XcrLb4zTnE

— Lazos de Dignidad (@FLazosDignidad) 11 de mayo de 2018

El País

Hay bombas que mueven montañas. Literalmente. El pasado 3 de septiembre se detectó un movimiento sísmico en Corea del Norte de 6.3 seguido de otro de menor magnitud ocho minutos y medio después. La dictadura de Kim Jong-un confirmó que había detonado una bomba nuclear, probablemente en sus instalaciones de Punggye-ri, un secreto entramado de túneles y cámaras excavados bajo el monte Mantap, donde ya se habían probado otros cinco artefactos atómicos desde 2006. El anuncio hizo saltar todas las alarmas al tratarse de una detonación 10 veces más potente que las anteriores. El segundo temblor pudo deberse al derrumbe de los túneles, aunque los datos de los detectores sísmicos no bastaban para saber qué había sucedido exactamente.

“La explosión fue tan grande que las señales sísmicas eran muy diferentes a todas las anteriores, lo que hizo muy difícil localizar la posición exacta”, explica Steven Gibbons, geofísico de Norsar, en Noruega, una red sísmica que participa en el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. “Las ondas sísmicas avanzan por el terreno a miles de metros por segundo. Medir la distancia entre dos de ellas en la misma montaña, a apenas unos cientos de metros entre sí, implica que tenemos que medir con precisión diferencias de milésimas de segundo, lo que puede ser imposible, sobre todo cuando hay múltiples ecos producidos por las laderas de la montaña”, añade.

Pasados ocho meses, el régimen de Corea del Norte ha dado pasos hacia un posible desarme nuclear, pero el trabajo detectivesco sobre la potencia real de sus armas no ha cesado. Un nuevo estudio publicado hoy aborda el problema gracias a imágenes de radar tomadas por el satélite alemán TerraSAR-X. Los resultados, publicados en Science, apuntan a que la explosión sacudió el monte Mantap hasta 3,5 metros en el plano horizontal, un efecto que puede apreciarse claramente en las imágenes facilitadas por Airbus, fabricante del satélite.

Our friends at @AirbusDefence shared radar images of North Korea’s nuclear test site showing post-test subsidence.https://t.co/DtWBQY2jUN pic.twitter.com/jII5NNJzKs

— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) 13 de septiembre de 2017

En base a esta deformación del terreno, investigadores de China, Alemania, EE UU y Singapur estiman que la explosión se realizó a 450 metros de profundidad y tuvo una potencia media de 212 kilotones, equivalente a 16 bombas como la que EE UU lanzó en Hiroshima en agosto de 1945.

“Es la primera vez que se aplica esta técnica de imagen de radar a esclarecer explosiones nucleares subterráneas”, explica Shengji Wei, sismólogo de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) y coautor del estudio. “Cuatro de las cinco pruebas nucleares previas de Corea del Norte fueron relativamente pequeñas y no produjeron un desplazamiento observable. El cuarto, que se realizó en enero de 2016, produjo un desplazamiento de 15 centímetros que se observó usando interferometría de satélite radar. Esta vez no pudimos emplear esa técnica debido a que la deformación era mucho mayor”, detalla. En este caso los investigadores han medido el desplazamiento de cada píxel en las imágenes de radar, que reconstruyen el monte en tres dimensiones. Los datos muestran que el Mantap, de 2.205 metros, se hundió medio metro tras la explosión, lo que refuerza la posibilidad de que el sistema de túneles se haya venido abajo. El estudio detalla que el segundo evento sucedió a unos 700 metros al sur del punto de la explosión en la dirección de una de las entradas al complejo. “El hundimiento observado es relativamente pequeño y no parece que se haya abierto un cráter visible, por lo que la probabilidad de que haya una fuga importante de material radioactivo es relativamente pequeña, aunque habrá que esperar a tener más pruebas directas a través de la medición de gases radioactivos”, señala Wei.

Este tipo de imágenes de radar se usa desde hace más de dos décadas para estudiar terremotos o erupciones volcánicas que causan deformaciones mucho mayores, pero el avance de la resolución de los nuevos satélites y el aumento de la potencia nuclear de Corea del Norte han permitido aplicarlas a la vigilancia nuclear, explican José Fernández, experto en geodesia del CSIC, y Pablo González, geofísico de la Universidad de Liverpool. “Esta es una aplicación muy novedosa e importante, sobre todo aplicada a un país que no es fácil de observar con otros medios, y demuestra que se puede determinar con bastante precisión qué es lo que ha ocurrido”, opina Fernández. No obstante, este método de vigilancia también tiene limitaciones, puesto que se basa en modelos del interior de la montaña que pueden tener un margen de error de unos 150 metros en la profundidad, recuerda González. El trabajo refuerza la idea de que el 3 de septiembre hubo dos eventos “primero una explosión y luego una implosión y derrumbe interno de la montaña, pero aún habrá mucho debate sobre dónde exactamente sucedió este segundo evento”, comenta Gibbons. Es una pregunta clave para saber si la base sigue operativa.

El País

En 1967, en un texto que firmó desde su exilio en España, Juan Domingo Perón contó que la primera visita que recibió cuando llegó al poder en 1946 fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, el belga Camille Gutt, quien lo invitó a sumar a Argentina a la lista de asociados. Perón le dijo que se lo pensaría y pidió a dos de sus asesores que investigaran de qué se trataba este nuevo organismo surgido un año antes, de los acuerdos de Bretton Woods. “El resultado fue claro: se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo”, escribió Perón. Más de 70 años después de aquel diagnóstico, es poco lo que cambió la opinión que muchos argentinos tienen del FMI, de regreso ahora en el país gracias al rescate financiero que pidió esta semana el presidente Mauricio Macri. Esa persistencia tiene que ver con una larga historia de encuentros y desencuentros, coronada siempre por periodos de bonanza que terminaron en profundas crisis económicas, la más grave en 2001.

El rechazó argentino al FMI duró tanto como Perón en el Gobierno. En 1956, tras el golpe militar, el general Pedro Aramburu pidió asistencia financiera al Fondo e inició una relación que aún perdura. El FMI asistió más tarde al gobierno democrático de Arturo Frondizi (1958-1962) y al de facto de José María Guido (1962-1963). Por aquel entonces, la deuda con el FMI ya había ascendido a 2.100 millones de dólares. El espíritu de aquellos aportes no puede compararse con el actual. “En los 50 y 60 eran prestamos de corto plazo, para enfrentar problemas de liquidez y evitar devaluaciones desestabilizadoras”, explica Pablo Nemiña, investigador en economía política del Conicet, Unsam y Flacso. El gran cambio llegó en 1971, cuando EEUU pateó el tablero y devaluó su moneda para frenar el expansionismo comercial de Europa y Japón.

Muerto el compromiso de no aplicar devaluaciones competitivas, las monedas flotaron libremente y el poder de préstamo del FMI fue asumido por los bancos. El FMI perdió entonces su razón de ser. Es la década de la “travesía del desierto” del Fondo, cuando no encuentra su lugar en el mundo. En Argentina, sin embargo, apoyó sin reparos la ortodoxia económica de la dictadura. Fue el periodo de mayor crecimiento de la deuda argentina, que pasó de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones en 1982. “Entre el 76 y el 78 hubo 29 meses bajo acuerdo con el FMI. El PIB creció 1% y la inflación fue del 265%. Todo eso con el FMI controlando las cuentas”, recuerda el historiador económico Mario Rapaport. Para Nemiña, el FMI “tuvo un papel estratégico para dar apoyo técnico, político y financiero” a la apertura de los mercados diseñada por el ministro de Economía de los militares, José Martínez de Hoz.

Luego llegaron los años 80, la década de las grandes crisis de deuda que siguieron a la cesación de pagos decretada por México. Todo ese mundo de prestamistas multilaterales que parecía fantástico estalló por los aires y los bancos privados dejaron de prestar dinero. “Aparecen entonces los créditos del Fondo que te permiten mantener los pagos”, dice Nemiña, «es su época de mayor intervención, porque aumentan las condiciones para prestar”.

En Argentina había vuelto la democracia y gobernaba Raúl Alfonsín. Son los tiempos del “plan Austral” y el “plan Primavera”, todos fallidos, antesalas de la hiperinflación de 1989. Los argentinos recuerdan años de ajuste, fruto de las condiciones que impuso el Fondo para otorgar cinco líneas de crédito a una economía que no lograba despegar. Todo cambió en los 90, con el Plan Brady, que convirtió deudas externas impagables en títulos públicos con vencimientos a largo plazo. Ese año, Carlos Menem llegó al poder en Argentina.

El peronista impuso la convertibilidad, como llamó a la paridad uno a uno del peso con el dólar, y logró reducir a cero la inflación. El FMI se abrazó a la convertibilidad y acompañó el modelo con seis créditos hasta 1998. “No eran importantes en volumen, pero daban un sello de calidad, una legitimidad que te permitía bajar las tasas de interés ante los inversores”, dice Namiña. Las crisis mexicanas, rusas y del sudeste asiático de finales de la década volvieron insostenible el modelo menemista, dependiente del ingreso de dólares del exterior.

Argentina entró pronto en recesión, ya en manos del radical Fernando de la Rúa, y el FMI apostó hasta el final por sostener la convertibilidad. Los argentinos recuerdan aún el “blindaje” y el “megacanje”, 48.000 millones dólares que el FMI puso a disposición del país sudamericano. “El Fondo decía que había que atarse más al modelo neoliberal y Argentina fue el último ejemplo de éxito para mostrar al mundo. ‘Ven, el problema es la implementación, acá hay un país que lo hace bien’, decía”. La historia terminó en diciembre de 2001 con el corralito y la cesación de pagos de una deuda de 144.000 millones de dólares, la mayor jamás declarada. El fracaso de su alumno predilecto hundió al FMI en el descrédito, tanto que en 2003 elaboró un documento interno donde intentó explicarse los errores cometidos.

A finales de 2000, “la función del FMI [en Argentina] se desplazó hacia el manejo de la crisis”, escribieron los técnicos del Fondo en su informe. “En varias oportunidades durante el año siguiente, el FMI enfrentó un dilema crítico: proporcionar financiamiento, evitando de este modo una crisis, pero también prolongando una situación potencialmente insostenible o bien poner punto final a su respaldo, desatando consecuencias impredecibles”, agregaron. La imagen del Fondo no pudo ser entonces peor. “Sus mayores intervenciones fueron bajo políticas neoliberales, coincidentes con la hiperinflación de finales de los 80 y la deflación de finales de los 90. Lo que el FMI aportó a Argentina fue el control de la economía sobre la base de las políticas del consenso de Washington, con una variante que fue la convertibilidad”, resume Rapaport.

En 2001, Argentina devaluó su moneda un 40% y vio cómo su pobreza alcanzaba a 6 de cada 10 argentinos, un récord histórico. Llegaron entonces los años del krichnerismo y el auge de las materias primas. El dinero sobraba, el déficit fue pronto superávit y como un grito de guerra Néstor Kirchner canceló en 2006 la deuda de 9.800 millones que aún unía a Argentina con el Fondo. Fue una ruptura simbólica, pero muy potente. El Fondo cerró su oficina en Buenos Aires y Argentina quedó exenta de las revisiones periódicas de los técnicos del organismo. Hasta que llegó Mauricio Macri y decidió pedir un rescate. Fue una decisión también cargada de simbolismo, como la de Kirchner, pero en sentido contrario. Aún está por verse hasta donde afectará a Macri la pesada la historia del FMI en Argentina, llena de recuerdos ingratos.

El País